SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 37/2025, así como el Voto Concurrente de la señora Ministra Sara Irene Herrerías Guerra.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 37/2025
PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
VISTO BUENO
SRA. MINISTRA
PONENTE: MINISTRA MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ
COTEJÓ
SECRETARIOS: ALEXANDRA VALOIS SALAZAR
ALEJANDRO VILCHIS ROBLES
COLABORÓ: MARÍA FERNANDA REBOLLAR CORTÉS
ÍNDICE TEMÁTICO
| | Apartado | Criterio y decisión | Págs. |
| I. | COMPETENCIA | El Tribunal Pleno es competente para conocer del presente asunto. | 4 |
| II. | PRECISIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA | Se tiene por impugnado el artículo 160 Bis, primer párrafo, en la porción normativa "o cualquier manifestación pública", del Código Penal para el Estado de Tabasco, adicionado mediante Decreto 084, publicado en el Periódico Oficial de la referida entidad, el primero de febrero de dos mil veinticinco. | 5 |
| III. | OPORTUNIDAD | La demanda se presentó de manera oportuna. | 5 |
| IV. | LEGITIMACIÓN | La acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada. | 6 |
| V. | CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO | La causa de improcedencia planteada por los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Tabasco, resulta infundada. | 6 |
| VI. | ESTUDIO DE FONDO | Resultan esencialmente fundados los conceptos de invalidez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es procedente declarar la invalidez de la porción normativa "o cualquier manifestación pública" contenida en el artículo 160 Bis, primer párrafo del Código Penal para el Estado de Tabasco, al actualizarse una violación a los derechos de libertad de expresión y de información, y al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. Adicionalmente, la invalidez de la porción normativa se hace extensiva en los siguientes términos: "o cualquier manifestación pública que altere la paz y el orden", con la finalidad de evitar que la disposición carezca de sentido normativo. | 7 |
| VII. | EFECTOS | La invalidez decretada tendrá efectos retroactivos al dos de febrero de dos mil veinticinco, únicamente en beneficio de las personas sancionadas, fecha en que entró en vigor el Decreto impugnado. La declaratoria de invalidez con efectos retroactivos surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Tabasco. Asimismo, para el eficaz cumplimiento de esta sentencia también deberá notificarse al Poder Ejecutivo, a la Fiscalía General y al Tribunal Superior de Justicia, todos del Estado de Tabasco, a los Tribunales Colegiados en Materia Penal, así como de Apelación del Décimo Circuito, al Centro de Justicia Penal Federal en el citado Estado y a los Juzgados de Distrito de la mencionada entidad federativa. | 14 |
| VIII. | DECISIÓN | PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez de la porción normativa "o cualquier manifestación pública que altere la paz y el orden" contenida en el primer párrafo del artículo 160 Bis del Código Penal para el Estado de Tabasco, adicionado mediante Decreto 084, publicado el uno de febrero de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, la cual surtirá sus efectos retroactivos al dos de febrero de dos mil veinticinco, a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso de dicho Estado. TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. | 14 |
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 37/2025
PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
PONENTE: MINISTRA MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ
COTEJÓ
SECRETARIOS: ALEXANDRA VALOIS SALAZAR
ALEJANDRO VILCHIS ROBLES
COLABORÓ: MARÍA FERNANDA REBOLLAR CORTÉS
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Por la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 37/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 160 Bis, primer párrafo, en la porción normativa "o cualquier manifestación pública", del Código Penal para el Estado de Tabasco, adicionado mediante Decreto 084, publicado el uno de febrero de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial de la entidad.
ANTECEDENTES
1. Presentación de la demanda. El tres de marzo de dos mil veinticinco, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó la demanda en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2. Órganos que emitieron y promulgaron la norma.
· Poder Legislativo del Estado de Tabasco.
· Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.
3. Norma general cuya invalidez se demanda. Artículo 160 Bis, primer párrafo, en la porción normativa "o cualquier manifestación pública", del Código Penal para el Estado de Tabasco, adicionado mediante Decreto 084.
4. Fecha de publicación de la norma impugnada. El uno de febrero de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.
5. Preceptos constitucionales que se estiman vulnerados. Artículos 6°, 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
6. Conceptos de invalidez. La accionante hizo valer fundamentalmente los siguientes:
· La porción normativa "o cualquier manifestación pública" es amplia y ambigua. No es posible conocer su alcance, debido a que permite un sinnúmero de supuestos que podrían encuadrar en la conducta típica, por lo que se deja a la autoridad competente determinar, conforme a su arbitrio, cuáles manifestaciones alteran o no la paz y el orden, en perjuicio del derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Norma Fundamental.
· Ese estado de incertidumbre jurídica se agrava a la luz del segundo párrafo del artículo impugnado, pues bastará que una persona elabore, fabrique, imprima, proporcione, desplace, traslade, aplique, coloque o tenga en su posesión, algún escrito en el que se contenga cualquier manifestación pública que altere la paz y el orden, para que sea sancionado penalmente, aún y cuando no existan bases objetivas que permitan determinar cuáles manifestaciones y expresiones pueden alterar o no el orden social.
· La porción impugnada incluye la persecución penal de conductas emanadas del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, protegido por el artículo 6 de la Constitución Federal, lo que puede generar un efecto inhibitorio en los medios expresivos de las personas y limitar, incluso, su participación en manifestaciones y protestas.
7. Radicación y turno. Mediante proveído de presidencia de diez de marzo de dos mil veinticinco, se registró la acción de inconstitucionalidad y se turnó al Ministro en retiro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
8. Admisión. Por acuerdo de once de marzo de dos mil veinticinco, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad; dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Tabasco y les concedió quince días para rendir su informe; asimismo, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
9. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Mediante oficio recibido el diez de abril de dos mil veinticinco, la Directora de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, expresó sustancialmente lo siguiente:
· El artículo impugnado fue reformado mediante el Decreto 096, publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el dos de abril de dos mil veinticinco, donde se suprimió la porción normativa "o cualquier manifestación pública", por lo que se actualizan las causas de improcedencia establecidas en los artículos 19, fracciones V, VIII y IX, así como el 20, fracciones II y III, en relación con el diverso 59 de la Ley Reglamentaria de la materia.
· La reforma pretendía fortalecer los conceptos de manifestación pacífica, orden y paz, erradicando situaciones de infamia y promoción de la violencia y amenazas.
· La conducta establecida en el precepto impugnado no versa en simplemente prohibir o hacer punibles las manifestaciones y/o expresiones públicas, pues requieren de un elemento condicionante que es la alteración de la paz y el orden a través de diversos medios físicos, por lo que no vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.
10. Informe del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. Por oficio presentado el catorce de abril de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tabasco manifestó, en síntesis, lo siguiente:
· Sobreviene la causa de improcedencia, prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la materia, pues los efectos de la norma general impugnada han cesado, en virtud de que el Congreso local reformó la porción normativa controvertida. Lo anterior, con motivo de que el órgano legislativo valoró las diversas opiniones e inquietudes de la ciudadanía y las consideraciones jurídicas efectuadas por profesionales de derecho, así como de un análisis minucioso y sistemático respecto de los conceptos de invalidez esgrimidos en la presente acción de inconstitucionalidad.
· La porción normativa "o cualquier manifestación pública" del Código Penal local, se originó por la necesidad imperante de tipificar conductas desplegadas por grupos criminales y generadores de violencia, pertenecientes a la delincuencia organizada y consistentes en la exposición pública de mensajes amenazantes a grupos rivales, policías, políticos, empresarios y particulares, o con la intención de justificar sus atentados o ejecuciones.
11. Vista para formular alegatos. Mediante acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil veinticinco, se tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tabasco rindiendo su informe y se ordenó que los autos quedaran a la vista de las partes para que formularan sus alegatos.
12. Alegatos. Por oficios recibidos el seis, siete y nueve de mayo de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, formularon sus alegatos.
13. Cierre de instrucción. Por auto de diecinueve de mayo de dos mil veinticinco, se declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
14. Returno. En proveído de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte ordenó el envío de los autos a la ponencia de la Ministra María Estela Ríos González para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 1/2025 (12a.) de este Pleno.
I. COMPETENCIA
15. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g)(1), de la Constitución General y 16, fracción I(2), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como en el Punto Segundo, fracción II(3), del Acuerdo General 2/2025 (12a.) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que se impugna una ley local en materia penal.
II. PRECISIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA
16. De la lectura integral de la demanda se deriva que la accionante impugna el artículo 160 Bis, párrafo primero, en su porción normativa "o cualquier manifestación pública", del Código Penal para el Estado de Tabasco, adicionado mediante Decreto 084.
III. OPORTUNIDAD
17. En términos del artículo 60, párrafo primero(4), de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, la demanda fue oportuna, ya que el Decreto impugnado se publicó el uno de febrero de dos mil veinticinco(5) y la acción de inconstitucionalidad fue presentada el tres de marzo del mismo año, por lo que su presentación se hizo dentro del plazo de treinta días naturales que refiere el precepto citado.
IV. LEGITIMACIÓN
18. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene legitimación para interponer la acción de inconstitucionalidad, en términos de los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(6).
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
19. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo ambos del Estado de Tabasco señalan que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la materia, pues los efectos de la norma general impugnada han cesado, en virtud de que el Congreso local reformó el artículo 160 Bis del Código Penal para el Estado, respecto de la porción normativa tildada de inconstitucional, mediante el Decreto 096, publicado en el Periódico Oficial de la referida entidad federativa el dos de abril de dos mil veinticinco.
20. Este planteamiento debe desestimarse, ya que, si bien el artículo 160 Bis del Código Penal para la entidad fue reformado para suprimir la porción normativa "o cualquier manifestación pública", lo cierto es que la causa de improcedencia alegada(7) no se actualiza cuando las normas que se impugnan son de naturaleza penal, debido a que pueden adoptar efectos retroactivos, en términos del artículo 45 de la Ley Reglamentaria de la materia(8).
21. De manera que procede el estudio de la norma impugnada, pues una eventual declaratoria de inconstitucionalidad puede llegar a tener impacto en los procesos en los que dicha norma fue aplicada(9).
22. Al no existir otro motivo de improcedencia planteado ni advertirse alguno de oficio por este Tribunal Pleno, se procede a realizar el estudio de fondo.
VI. ESTUDIO DE FONDO
23. Los derechos de libertad de expresión y de información(10), así como el principio de legalidad en materia penal en su vertiente de taxatividad(11), se prevén, respectivamente, en los artículos 6, 7 y 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen:
Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
[...]
Artículo 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.
Artículo 14.
[...]
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
24. El principio de legalidad en su vertiente de taxatividad converge con los derechos a la libertad de expresión y a la información, cuando se analiza la constitucionalidad de una norma que tipifica como delito una conducta como la expresión, manifestación u obtención de ideas o información.
25. Así, un tipo penal será inconstitucional si es sobreinclusivo desde dos perspectivas: la de la persona ciudadana, quien no podrá anticipar qué tipo de acción comunicativa está prohibida, y desde la perspectiva de la autoridad, quien se ve beneficiada con la falta de definición precisa para adquirir un poder ilícito de prohibir acciones comunicativas con las cuales no coincide. De ahí que, si un tipo penal criminaliza una categoría amplia de discurso en la circunstancia específica punible, especialmente, si es público, debe concluirse que sobre ella pesa una presunción de inconstitucionalidad.
26. Ahora bien, la norma impugnada, dispone lo siguiente:
"Artículo 160 Bis. Cuando se realicen amenazas o cualquier manifestación pública que altere la paz y el orden, a través de imágenes o escritos en mantas, cartulinas, lonas, cartón o por cualquier medio físico, se impondrán de dos a seis años de prisión, y multa de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Las mismas penas se impondrán al que elabore, fabrique, imprima, proporcione, desplace, traslade, aplique, coloque o tenga en su posesión, cualquier escrito señalado en el párrafo anterior.
En este caso, el delito se perseguirá de oficio."
27. Este Pleno estima que son fundados los conceptos de invalidez en los que la Comisión accionante señala que el artículo 160 Bis, párrafo primero, en la porción normativa "o cualquier manifestación pública", del Código Penal para el Estado de Tabasco, vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, el derecho de libertad de expresión y de información.
28. Del primer párrafo del precepto impugnado se advierte que el delito de amenazas contiene los siguientes elementos:
· La existencia de dos conductas consistentes en realizar amenazas o cualquier manifestación pública que altere la paz y el orden (verbos rectores del tipo o conductas prohibidas).
· La segunda conducta debe llevarse a cabo a través de imágenes o escritos en mantas, cartulinas, lonas, cartón o por cualquier medio físico (el tipo penal señala los medios utilizados).
· El sujeto activo puede ser cualquier persona.
· El sujeto pasivo puede ser cualquier persona.
· El bien jurídico tutelado es la paz y la seguridad de las personas.
29. Así, la acción típica descrita en el citado artículo 160 Bis, párrafo primero, en lo que interesa(12), incluye cualquier manifestación pública que se ejecute a través de imágenes o escritos plasmados en cualquier medio físico, y que altere la paz y el orden, lo que sin duda se trata de una limitante a la libertad de expresión, pues penaliza la expresión impresa de las y los ciudadanos frente a la sociedad, por lo que es necesario analizar si el tipo penal es claro y taxativo, de tal manera que no restrinja, indebidamente, tal derecho.
30. En su sentido gramatical, una manifestación, según el Diccionario de la Real Academia Española, significa "acción y efecto de manifestar o manifestarse" y "reunión pública, generalmente al aire libre y en marcha, en la cual los asistentes a ella reclaman algo o expresan su protesta por algo"(13). Mientras que el verbo manifestar, en su acepción más aceptada, es "declarar, dar a conocer" y "tomar parte en una manifestación pública"(14). El término pública significa "dicho de una cosa: que se hace a la vista de todos" y "dicho de una cosa: accesible a todos"(15).
31. En ese contexto, la expresión normativa "cualquier manifestación pública" engloba un conjunto amplio de actos, sobre todo porque la propia disposición no limita la conducta a determinados tipos de manifestaciones o expresiones difundidas, portadas o colocadas a través de medios físicos, como pudieran ser imágenes o escritos violentos, agresivos, crueles, despiadados, nocivos, perjudiciales y dañinos que, justamente, logren alterar la paz y el orden.
32. Ciertamente, con el primer párrafo del artículo impugnado, el Congreso local pretendió garantizar un fin legítimo, como es proteger la paz y la seguridad de las personas.(16) Sin embargo, la descripción típica es susceptible de que, con cualquier manifestación escrita o incluso visual, se cause molestia o incomodidad a cualquier persona, incluidas las autoridades, pues no contiene en la propia ley las aclaraciones y precisiones necesarias para evitar su aplicación arbitraria.
33. La norma impugnada no delimita la conducta que puede actualizar ese tipo penal y que amerita la respuesta punitiva del Estado, puesto que la porción normativa controvertida es abierta al grado de que, en cada caso, la autoridad ministerial o judicial es quien puede calificar, según su arbitrio, las manifestaciones públicas contenidas en cualquier medio físico que alteren la paz y el orden, con la única referencia a la comprensión social o contextual de lo que constituye cualquier manifestación o expresión pública que amerita el reproche penal, lo que sin duda genera incertidumbre y confusión en los destinatarios de la norma.
34. La porción impugnada también tiene un impacto desproporcional sobre las personas, pues al criminalizar cualquier manifestación pública a través de imágenes o escritos en cualquier medio físico, sin poder saber si sus expresiones o actos son considerados o no como delictivos, genera un efecto inhibitorio del derecho a la libertad de expresión, ante el miedo de que por expresar sus opiniones en medios escritos sean sujetos de la acción penal del Estado.
35. Máxime que, de acuerdo con los considerandos séptimo y noveno del Decreto por el que se introduce la norma impugnada, el Congreso del Estado de Tabasco consideró que era necesario tipificar los mensajes expuestos pública y notoriamente por grupos criminales y generadores de violencia, esto es, amenazas a través de narcomensajes o narcomantas, con el fin de preservar la paz y seguridad en el Estado.
36. Al respecto, este Tribunal Pleno aprecia que el propósito del legislador estatal se encuentra directamente asociado con la conducta típica que consiste en realizar "amenazas", tan es así que el tipo penal previsto en el artículo 160 Bis del código punitivo local se denomina "amenazas". No obstante, la justificación del Congreso se encuentra desvinculada de la descripción impugnada relativa a realizar "cualquier manifestación pública", en virtud de que esta expresión normativa puede comprender todo tipo de manifestación pública sin que esté delimitada a generar un estado de amenaza.
37. Con base en lo expuesto, se concluye que asiste la razón a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues la porción normativa "o cualquier manifestación pública" del artículo 160 Bis, primer párrafo del Código Penal para el Estado de Tabasco es excesivamente amplia y ambigua. Ello impide conocer con claridad cuándo se actualiza el tipo penal y deja a la autoridad su calificación discrecional, lo que puede derivar en la sanción de expresiones protegidas por el derecho de libertad de expresión y generar un efecto inhibitorio en su ejercicio.
38. Consecuentemente, la porción normativa "o cualquier manifestación pública" es inconstitucional, al vulnerar el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad y los derechos de libertad de expresión y de información, por lo que procede declarar su invalidez.
39. Asimismo, conforme a la doctrina sobre la invalidez por extensión, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 117/2024 determinó que también existe una invalidez con efectos extensivos cuando solo se impugnan porciones normativas de un artículo y la declaración de invalidez de esas porciones haga ilegible la totalidad del artículo impugnado. Esto se debe a la íntima dependencia gramatical de las porciones normativas declaradas inválidas, con las porciones normativas del artículo que no fueron impugnadas.
40. En el caso, la Comisión accionante controvirtió la expresión "o cualquier manifestación pública"; sin embargo, dicha porción se inserta en el enunciado más amplio "o cualquier manifestación pública que altere la paz y el orden", cuya estructura y significado dependen directamente de la expresión impugnada. Por tanto, a fin de preservar la congruencia normativa y evitar que la disposición resulte fragmentada, incoherente o inoperante, la invalidez debe extenderse a la totalidad del segmento referido.
VII. EFECTOS
41. En términos del artículo 73, en relación con los diversos 41, 43, 44 y 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara la invalidez de la porción normativa "o cualquier manifestación pública que altere la paz y el orden" contenida en el primer párrafo del artículo 160 Bis del Código Penal para el Estado de Tabasco, adicionado mediante Decreto 084, publicado el uno de febrero de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.
42. La declaración de invalidez surtirá efectos retroactivos al dos de febrero de dos mil veinticinco, únicamente en beneficio de las personas sancionadas, fecha en que entró en vigor el Decreto impugnado a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Tabasco.
43. Para el eficaz cumplimiento de esta sentencia, también deberá notificarse al Poder Ejecutivo, a la Fiscalía General y al Tribunal Superior de Justicia, todos del Estado de Tabasco, a los Tribunales Colegiados en Materia Penal, así como de Apelación del Décimo Circuito, al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa y a los Juzgados de Distrito en la mencionada entidad federativa.
VIII. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.
SEGUNDO. Se declara la invalidez de la porción normativa "o cualquier manifestación pública que altere la paz y el orden" contenida en el primer párrafo del artículo 160 Bis del Código Penal para el Estado de Tabasco, adicionado mediante Decreto 084, publicado el uno de febrero de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, la cual surtirá sus efectos retroactivos al dos de febrero de dos mil veinticinco, a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso de dicho Estado.
TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución por medio de oficio a las partes; devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de nueve votos de las personas Ministras Herrerías Guerra; Espinosa Betanzo; Ríos González; Esquivel Mossa; Batres Guadarrama; Ortiz Ahlf apartándose de la metodología y con consideraciones distintas; Figueroa Mejía; Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz. Las personas Ministras Herrerías Guerra y Espinosa Betanzo reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes.
El señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.
Firman el señor Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Ministra Ponente, con el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.
Presidente, Ministro Hugo Aguilar Ortiz.- (Esta sentencia se suscribe con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación [FIREL]).- Ponente, Ministra María Estela Ríos González.- (Esta sentencia se suscribe con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación [FIREL]).- Secretario General de Acuerdos, Daniel Álvarez Toledo.- (Esta sentencia se suscribe con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación [FIREL]).
DANIEL ÁLVAREZ TOLEDO, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: CERTIFICA: Que la presente copias fotostática constante de diez fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente de la sentencia emitida en la acción de inconstitucionalidad 37/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veintiséis.- Rúbrica.
VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA LA MINISTRA SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 37/2025
En sesión de veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 37/2025, en la que se determinó -por mayoría de votos- invalidar la porción normativa "o cualquier manifestación pública que altere la paz y el orden", contenida en el artículo 160 bis, del Código Penal para el Estado de Tabasco(17).
El Tribunal Pleno determinó que la disposición normativa impugnada vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad porque no delimita la conducta que puede actualizar el tipo penal y que amerita la respuesta punitiva del Estado. Además, porque limita el derecho de libertad de expresión y genera un efecto inhibitorio en el ejercicio de este derecho.
En la sentencia se estableció que el estándar de regularidad constitucional que debe ser utilizado cuando se alega que la falta de taxatividad de un tipo penal que es susceptible de afectar la expresión, manifestación u obtención de ideas o información es específico, y debe permitir tratar de forma vinculada el problema de taxatividad y las posibles afectaciones a la libertad de expresión. Esto implica observar que el tipo penal es sobreinclusivo a partir de dos perspectivas: (i) la de la persona ciudadana, quien no podrá anticipar qué tipo de acción comunicativa está prohibida; y (ii) la perspectiva de la autoridad, quien se ve beneficiada con la falta de definición precisa para adquirir la aptitud de prohibir acciones comunicativas con las que no coincide.
Convengo con el sentido de la ejecutoria. Sin embargo, respetuosamente, emito el presente voto concurrente a efecto de expresar consideraciones adicionales por las que considero que la falta de taxatividad en la porción normativa impugnada representa una afectación a la dimensión colectiva de la libertad de expresión, específicamente en relación con el derecho a la protesta. Lo cual, no fue abordado de manera robusta en la sentencia.
En efecto, a mi consideración, el vicio de constitucionalidad de la porción normativa impugnada surge fundamentalmente porque mediante el empleo de una formulación como "cualquier manifestación pública que altere la paz a través de imágenes o escritos en mantas, cartulinas, o por cualquier medio físico" se condiciona el legítimo ejercicio del derecho a la protesta, lo cual, debió constituir la razón medular del análisis.
Al respecto, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla el derecho de toda persona a la libertad de expresión y pensamiento, y establece que no se puede impedir la comunicación y circulación de ideas. A partir de este precepto, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como esta Suprema Corte de Justicia de la Nación han desarrollado jurisprudencialmente las dos dimensiones de la libertad de expresión: la individual y la colectiva(18).
Si bien ambas dimensiones revisten de igual importancia, tienen una concepción diferenciada que ayuda a comprender cómo deben ser garantizadas: Mientras que la dimensión individual protege el derecho de cada persona a expresar sus ideas y opiniones; la dimensión social o colectiva tutela el derecho de la sociedad a recibir información y a participar en el intercambio de ideas que resulta indispensable para la vida pública.
La protesta social es un mecanismo fundamental para la visibilización colectiva de demandas sociales en el espacio público. Esta forma de participación en la vida pública, en tanto ejercicio de la libertad de expresión, reviste un interés social imperativo. Por ello, el Estado se encuentra sujeto a un marco aún más estricto para justificar cualquier limitación a tal derecho.
Este derecho representa, además, un mecanismo de vigilancia ciudadana que permite a los sectores sociales -particularmente aquellos que han sido históricamente discriminados como personas indígenas, con discapacidad, LGBTIQ+, mujeres, entre otros- hacer escuchar sus demandas y participar activamente en sociedad. Cuando las disposiciones penales se formulan de manera ambigua o excesivamente amplia, se corre el riesgo de que sean utilizadas para desincentivar la expresión de este tipo de demandas sociales o para legitimar respuestas represivas frente a manifestaciones legítimas.
Para que cualquier disposición normativa susceptible de afectar el derecho a la protesta social pueda ser compatible con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, debe cumplir con los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En el presente asunto, la porción normativa impugnada no satisface siquiera el primer requisito: el de legalidad en su vertiente de taxatividad.
Bajo una disposición que sanciona "cualquier manifestación pública que altere la paz y el orden a través de imágenes o escritos en mantas, cartulinas, o por cualquier medio físico" prácticamente cualquier expresión de protesta social podría ser considerada como una alteración de la paz y el orden por parte de autoridades que busquen inhibir expresiones críticas o disidentes pues, por su propia naturaleza, la protesta implica cierto grado de disrupción en el espacio público.
Además, este tipo de formulaciones normativas indeterminadas propician una asociación de la protesta con lo violento y lo subversivo, lo cual, puede resultar estigmatizante del ejercicio del propio derecho. El Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio legítimo de la protesta social e impedir la aplicación de restricciones desproporcionadas que puedan ser utilizadas para inhibir o reprimir expresiones críticas o disidentes.
Por las razones expuestas es que emito el presente voto concurrente. Si bien, coincido con la determinación del Tribunal Pleno de invalidar la porción normativa "o cualquier manifestación pública que altere la paz y el orden", a mi consideración, el análisis debió abordar con mayor profundidad la afectación que este tipo de disposiciones penales indeterminadas tienen específicamente sobre el derecho a la protesta como manifestación de la dimensión colectiva de la libertad de expresión.
Atentamente
Ministra Sara Irene Herrerías Guerra.- Firmado electrónicamente.
DANIEL ÁLVAREZ TOLEDO, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: CERTIFICA: Que la presente copia fotostática constante de tres fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente voto concurrente de la señora Ministra Sara Irene Herrerías Guerra, formulado en relación con la sentencia del veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 37/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veintiséis.- Rúbrica.
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1 Artículo 105 de la Constitución Federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: (...)
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: (...)
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas; (...)
2 Artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La admisión de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto de normas generales no dará lugar en ningún caso a la suspensión de la norma cuestionada; (...)
3 SEGUNDO. Competencia reservada del Pleno de la SCJN. La SCJN conservará para su resolución: (...)
II. Las acciones de inconstitucionalidad, previstas en el artículo 105, fracción II, de la CPEUM, así como los recursos interpuestos en éstas; (...)
4 Artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. (...)
5 El plazo para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del domingo dos de febrero al lunes tres de marzo de dos mil veinticinco.
6 Artículo 15. El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones: [...]
XI. Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, y [...].
7 Artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal. Las controversias constitucionales son improcedentes: (...)
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; (...)
Artículo 65. En las acciones de inconstitucionalidad, la ministra o el ministro instructor de acuerdo con el artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20.
Las causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 19 sólo podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten respecto de otra acción de inconstitucionalidad.
8 Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.
9 Véase la tesis de rubro: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O ABROGA.
P. IV/2014 (10a.), Pleno, Aislada, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 4, marzo de 2014, Tomo I, registro 2005882, página 227.
10 Este Alto Tribunal, en la acción de inconstitucionalidad 29/2011, fallada en sesión de veinte de junio de dos mil trece, estableció que estos derechos tienen una doble faceta o dimensión: por un lado, aseguran a las personas espacios esenciales para el despliegue de su autonomía y, por otro, gozan de una vertiente pública, colectiva o institucional que los convierte en piezas básicas para el adecuado funcionamiento de una democracia representativa.
En específico, el derecho a la libertad de expresión se encuentra sujeto a límites estrictos, esto es, cuando se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.
11 Este principio ha sido desarrollado ampliamente por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En particular destacan los siguientes criterios:
Tesis aislada P. XXI/2013 (10a.), Tribunal Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XX, mayo de 2013, tomo 1, página 191, registro 2003572, de rubro: EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, CONTENIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SALVAGUARDA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS.
Jurisprudencia 1a./J. 10/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, marzo de 2006, página 84, registro 175595, de rubro: EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR.
Jurisprudencia 1a./J. 54/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 8, Julio de 2014, tomo I, página 131, registro 2006867, de rubro: PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS.
12 Cabe señalar que, respecto de la conducta de realizar amenazas, la cual no es controvertida por la accionante, para conocer su significado se puede acudir al artículo 161 del propio Código Penal para el Estado de Tabasco, que contiene el tipo básico de amenazas, describiéndolo de la forma siguiente: A quien intimide a otro con causarle daño en su persona o en sus bienes, o en la persona o bienes de un tercero con quien el amenazado tenga vínculos afectivos de cualquier índole, se le impondrá prisión de uno a tres años y multa de doscientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de la pena aplicable si el agente realiza el mal con el que amenaza.
13 https://dle.rae.es/manifestaci%C3%B3n [Consultado el 26 de febrero de 2026].
14 https://dle.rae.es/manifestar?m=form [Consultado el 26 de febrero de 2026].
15 https://dle.rae.es/p%C3%BAblico [Consultado el 26 de febrero de 2026].
16 De las denominaciones del Título Quinto DELITOS CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS y Capítulo II AMENAZAS en que se encuentra la disposición impugnada, se advierte que el bien jurídico que busca proteger la norma es, precisamente, la paz y seguridad de la ciudadanía; siendo la seguridad pública la que contribuye a la generación y preservación de éstas.
En ese sentido, el artículo 21 de la Constitución Federal, establece, en lo conducente: La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. de esta Constitución que garantiza los deberes reforzados de protección del Estado con las mujeres, adolescentes, niñas y niños; así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, así como por la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
17 Código Penal para el Estado de Tabasco
Artículo 160 bis. Cuando se realicen amenazas o cualquier manifestación pública que altere la paz y el orden, a través de imágenes o escritos en mantas, cartulinas, lonas, cartón o por cualquier medio físico, se impondrán de dos a seis años de prisión, y multa de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
(...)
18 Cfr Amparo en Revisión 27/2011, resuelto en sesión de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno y Acción de Inconstitucionalidad 59/2021, resuelta en sesión de tres de marzo de dos mil veintidós.