PROGRAMA Institucional de la Comisión Nacional Antimonopolio 2026-2030.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Economía.- Secretaría de Economía.- Comisión Nacional Antimonopolio.
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL ANTIMONOPOLIO 2026-2030
1. Índice
2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa
3. Siglas y acrónimos
4. Fundamento normativo
5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
6. Objetivos
6.1 Relevancia del Objetivo 1: Combatir las prácticas anticompetitivas que generan afectaciones en precios y disponibilidad de bienes y servicios para las personas consumidoras
6.2 Relevancia del Objetivo 2: Eliminar barreras a la competencia que restringen el funcionamiento eficiente de los mercados
6.3 Relevancia del Objetivo 3: Garantizar la eficiencia en el control de concentraciones para la prevención de riesgos anticompetitivos en los mercados internos
6.4 Relevancia del Objetivo 4: Fomentar la cultura de la competencia basada en la promoción de sus principios y beneficios entre agentes económicos, autoridades y personas consumidoras
6.5 Vinculación del Programa Institucional de la Comisión Nacional Antimonopolio 2026-2030
7. Estrategias y líneas de acción
8. Indicadores y metas
2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio respectivo.
APF: Administración Pública Federal
APE: Administraciones Públicas Estatales
Banxico: Banco de México
BM: Banco Mundial
Comisión Antimonopolio o Comisión: Comisión Nacional Antimonopolio
DENUE: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
ENAFIN: Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas
ENIF: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera
ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
FMI: Fondo Monetario Internacional
IHH: Índice de Herfindahl-Hirschman
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social
INPC: Índice Nacional de Precios al Consumidor
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
LFCE: Ley Federal de Competencia Económica
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
MiPyMES: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
PIB: Producto Interno Bruto
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030
PSE: Programa Sectorial de Economía 2025-2030
Programa: Programa Institucional de la Comisión Nacional Antimonopolio 2026-2030
SCIAN: Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte
SE o Secretaría: Secretaría de Economía
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Con fundamento en el artículo 28, párrafos décimo quinto y décimo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la autoridad en materia de libre competencia y concurrencia, prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de todos los mercados del país. Para tal efecto, podrá ordenar medidas a fin de eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia, así como la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos, y regular el acceso a insumos esenciales.
Asimismo, la Comisión Antimonopolio cuenta con las atribuciones necesarias y exclusivas para regular de forma asimétrica a los participantes en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión; imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica; así como la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de dichos límites.
Conforme al artículo 10 de la LFCE, la Comisión Antimonopolio es el organismo público descentralizado de la APF, sectorizado a la SE, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía de gestión y dotado de independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento. En ese sentido, el presente Programa se emite en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 25 y 26, apartado A, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9o., 17, fracción II, 22, 24, 27, 28 y 29, párrafo tercero, de la Ley de Planeación; 1o., 2o., 5o., último párrafo, 11, 47, 48, 49 y 59, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 22 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
El Programa también responde a los compromisos internacionales asumidos por México en materia de competencia, como lo establecido en el capítulo 21 del Tratado entre México, Estados Unidos de América y Canadá vigente, que obliga a los países parte a mantener legislaciones efectivas en materia de competencia y a cooperar entre autoridades para combatir prácticas anticompetitivas que puedan tener efectos transfronterizos.
La Comisión Antimonopolio es la entidad responsable de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas de este Programa.
5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo La ciencia económica estudia cómo las personas, las empresas y los gobiernos toman decisiones consumo en un contexto donde los recursos son limitados. En este proceso, los mercados desempeñan un papel central, al ser el espacio donde interactúan aquellos que ofrecen bienes y servicios con quienes los demandan, y así los precios y cantidades se determinan a partir de esas decisiones.
Sin embargo, la experiencia muestra que los mercados no siempre funcionan de manera eficiente por sí solos, algunos se caracterizan por presentar fallas que afectan su operación y dañan el bienestar de la población. Estas fallas pueden deberse a la estructura o naturaleza del mercado, o por conductas que realizan quienes participan en la interacción entre oferta y demanda, como son las empresas y las personas consumidoras. Cuando estas situaciones no se corrigen, los precios suben, la calidad de los productos disminuye y se reducen las opciones disponibles para las personas.
Entre las fallas que pueden presentarse en los mercados destacan aquellas asociadas a la concentración de la oferta y al ejercicio de poder de mercado por parte de algunas empresas. Estas situaciones ocurren cuando un número reducido de participantes concentra o acapara una proporción significativa del mercado o cuando una empresa cuenta con la capacidad de influir en precios, cantidades o condiciones de competencia en su favor, sin que otras empresas puedan ejercerle presión competitiva. En estos casos, se limita la entrada de nuevos competidores, se inhibe la innovación y se generan condiciones desfavorables para las personas consumidoras.
En respuesta a estos problemas, en el mundo surgió la política antimonopolio, orientada a prevenir y corregir la concentración indebida de los mercados, así como a combatir el abuso de poder económico en perjuicio del bienestar social. El objetivo detrás de esta política es claro: un crecimiento incluyente, equilibrado y sostenido no puede alcanzarse cuando el poder económico crece de forma descontrolada ni cuando se utiliza para bloquear la entrada de nuevas empresas, la inversión, los modelos de negocio emergentes o a las MiPyMES; lo cual, en última instancia, perjudica a la población.
En este contexto, las autoridades antimonopolio son un pilar del desarrollo económico. Su función no se limita a sancionar abusos, sino que busca crear condiciones para que los mercados funcionen mejor y generen prosperidad para todas y todos. Con reglas claras y justas, la competencia permite que los mercados operen para que las personas tengan una vida mejor. Una economía competitiva fortalece la justicia social y contribuye a un desarrollo democrático que no deje a nadie atrás.
En este sentido, la política de competencia constituye un instrumento fundamental del Estado para garantizar estas condiciones. A través de herramientas preventivas y correctivas, fortalece la protección del interés público, combate abusos y abre oportunidades, contribuyendo así a un desarrollo con bienestar, justicia social y prosperidad compartida.
De esta manera, los beneficios de una economía competitiva están profundamente ligados a la libertad económica y a la dignidad de las personas. Sin embargo, para que estos beneficios se materialicen, es indispensable que el Estado haga cumplir la ley, prevenga conductas anticompetitivas y sancione a quienes obtengan beneficios indebidos en perjuicio del interés público.
Bajo esta perspectiva, en México persisten desafíos importantes. Uno de los principales obstáculos para el empleo, la inversión, la innovación y la productividad es que muchas empresas enfrentan condiciones desiguales para competir, o bien operan en mercados altamente concentrados.(1),(2) Esta situación limita la posibilidad de un crecimiento económico verdaderamente incluyente que beneficie, por un lado, a las empresas, en especial a las MiPyMES, y, por otro, a las personas de todas las regiones del país, particularmente aquellas que históricamente han quedado rezagadas.
Además, la competencia también puede contribuir a reducir brechas de ingreso y de género en el ámbito laboral.(3) En este contexto, el presente diagnóstico expone los elementos centrales del problema y plantea una ruta de acción para avanzar hacia un bienestar tangible, digno, incluyente y compartido, con una visión sostenible y de largo plazo.
Análisis del entorno nacional e internacional
La evolución de variables macroeconómicas como el crecimiento del PIB, la inflación, el tipo de cambio o la tasa de interés, entre otras, resulta esencial para comprender el entorno en el que se desarrolla cualquier política pública. Estas variables permiten diagnosticar la salud general de la economía y anticipar el comportamiento de las empresas y las personas consumidoras. Por ejemplo, un entorno de alto desempleo suele traducirse en menores niveles de consumo y de demanda agregada; mientras que una inflación elevada erosiona el poder adquisitivo de los hogares, especialmente los de menores ingresos.
En este sentido, el análisis del entorno macroeconómico, tanto nacional como internacional, permite delimitar el contexto en el que operará la Comisión Antimonopolio y en el que deberá fomentar la competencia. Asimismo, facilita la identificación de riesgos y presiones que pueden incidir en la dinámica de los mercados, a fin de orientar de manera estratégica y oportuna las acciones de la política de competencia en sectores clave de la economía en beneficio de la población.
En los últimos años, la economía global ha mostrado una desaceleración significativa, influida por la inflación internacional, la implementación de políticas monetarias restrictivas, la desaceleración de la economía china y las tensiones geopolíticas que han derivado en disputas comerciales, entre otros. Como resultado, el crecimiento económico mundial pasó de 6.6% en 2021 a 3.3% en 2024, con una proyección de 3.3% para 2026 y de 3.2% para 2027.(4),(5)
En este contexto internacional, la economía mexicana ha seguido una trayectoria similar, aunque con particularidades propias. Durante el periodo de 2015 a 2018, el crecimiento económico en México mostró una desaceleración, al pasar de 2.7% en 2015 a 2% en 2018.(6) Tras la fuerte contracción provocada por la pandemia, la economía registró una recuperación en 2021, con un crecimiento de 6.0%. No obstante, en 2024 el crecimiento del PIB se redujo a 1.4%, una tendencia que se observó en otras regiones del mundo (ver Gráfico 1).
| Gráfico 1. Tasa de crecimiento del PIB anual (porcentaje)
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| Fuente: Elaborado con información del Grupo Banco Mundial. (2026). World Development Indicators. (Última actualización disponible a febrero de 2026). |
De acuerdo con el INEGI, en 2025 el PIB nacional creció 0.8% con respecto al año anterior.(7) Para 2026 y 2027, el Banxico prevé un crecimiento moderado, sujeto a riesgos asociados con la volatilidad financiera, los conflictos geopolíticos y la incertidumbre en la política comercial internacional. En particular, estima que el crecimiento para 2026 se ubique en un rango de entre 0.4 y 1.8%, y para 2027 entre 1.2 y 2.8%.(8) Por su parte, en el mercado de divisas, la SHCP estima que el tipo de cambio se ubique en 18.9 pesos por dólar al cierre de 2026, lo que representa una apreciación del peso de 5.6%, con respecto al nivel estimado para el cierre de 2025.(9)
En materia de precios, las perspectivas apuntan a una moderación de la inflación. El FMI proyecta que la inflación mundial disminuirá del 4.1% en 2025 al 3.8% en 2026 y 3.4% en 2027. No obstante, anticipa que exista cierta divergencia entre países, particularmente asociada al efecto de mayores aranceles en algunas economías.(10)
En México, se prevé una tendencia similar. Para 2026, la SHCP estima que la inflación mantenga una trayectoria descendente para alcanzar una tasa de 4.0% anual al cierre del año.(11) En febrero de 2026, el INPC registró un aumento de 0.5% con respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.0%, lo cual superó ligeramente el rango de variabilidad del Banxico de 3% +/- 1%. En específico, los rubros que tuvieron mayor incidencia en la inflación anual a febrero de 2026 fueron los alimentos, bebidas, tabaco, educación y otros servicios (Gráficos 2 y 3).(12),(13)
| Gráfico 2. Tasa de inflación anual (porcentaje). Inflación mensual anualizada. 2a. quincena julio 2018=100
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| Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. |
| Gráfico 3. Tasa de inflación anual (porcentaje). Inflación mensual anualizada. 2a. quincena julio 2018=100, por componente
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| Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. |
Por su parte, la Organización Mundial del Comercio prevé, para 2026, una tasa de crecimiento del comercio de mercancías de 1.9%, lo que contrasta con el crecimiento de 4.6% que tuvo en 2025. La tasa de crecimiento prevista para el comercio de servicios para 2026 es de 4.8%, menor al 5.3% registrado en 2025. Estas perspectivas se deben a la subida de los aranceles y la creciente incertidumbre en materia de políticas comerciales, lo cual también podría acentuarse si continúa el incremento de los precios del petróleo derivado de la situación geopolítica en el Medio Oriente.(14)
En este contexto de cambios en la dinámica de los mercados internacionales, resulta fundamental fomentar la competencia y la libre concurrencia, para que las empresas cuenten con mejores condiciones de acceso a insumos, capital, tecnología e infraestructura. Un entorno competitivo genera un mayor dinamismo en los mercados, favorece la competitividad de las empresas y mejora su posicionamiento en los mercados globales.
Finalmente, una de las principales estrategias de fomento industrial del país consiste en impulsar la relocalización de las cadenas de producción.(15),(16),(17),(18) Para que esta oportunidad se concrete, es indispensable generar condiciones de certidumbre jurídica y competencia efectiva que atraigan y mantengan la inversión en regiones clave, impulsen la industria nacional y favorezcan la integración de empresas locales en la reubicación de las cadenas de valor, particularmente de las MiPyMES, las cuales representaron en 2023 el 99.9% del total de unidades económicas registradas y emplearon a 70.7% de las personas ocupadas en el mismo año.(19)
Causas y efectos de la falta de competencia en los mercados La competencia económica es el proceso mediante el cual las empresas rivalizan por atraer a las personas consumidoras a través de mejores precios, mayor calidad, innovación y diversidad de bienes y servicios. Este proceso no solo beneficia a las personas consumidoras, sino que también incentiva a las empresas a utilizar de manera más eficiente sus recursos, promover la innovación y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, contribuyendo así al crecimiento económico y al bienestar general. Si bien la competencia puede surgir de manera natural en los mercados a partir de la interacción entre oferentes y demandantes, en la práctica su intensidad y efectividad pueden verse limitadas por diversos factores, ya sea por características propias del mercado como lo son barreras a la entrada de nuevas empresas (por ejemplo, altos costos fijos), o por conductas y acciones llevadas a cabo por los agentes económicos que participan en dicho mercado, como acordar precios o cantidades de un bien con el fin de obtener un mayor beneficio en detrimento de las personas consumidoras.
En este mismo contexto, otro elemento relevante de la estructura de los mercados es, particularmente, cuando en pocas empresas se puede encontrar la mayor parte de la oferta de un producto o servicio. A este fenómeno se le conoce como concentración de mercado. Esta situación no es necesariamente negativa por sí misma, ya que en algunos casos puede ser resultado de mayores niveles de eficiencia o innovación, lo que puede traducirse en mejores productos, mayor variedad o precios más accesibles para las personas. Sin embargo, cuando hay pocos competidores y el mercado no es contestable, es decir, que tampoco se espera que alguien entre al mercado o esté en posibilidades de hacerlo, puede disminuir la presión por ofrecer mejores condiciones o facilitar la coordinación entre empresas en perjuicio de las personas consumidoras. Así, la combinación de barreras a la entrada, conductas anticompetitivas y altos niveles de concentración puede generar efectos adversos sobre el funcionamiento de los mercados, como precios más altos, menor calidad, menor innovación y una distribución menos eficiente de los beneficios económicos. Por ello, resulta fundamental que la política de competencia identifique oportunamente estas condiciones y actúe para prevenir y corregir distorsiones, a fin de asegurar mercados más dinámicos, eficientes y en beneficio de la población.
Efectos en la productividad y el crecimiento económico
La concentración de mercado tiene un impacto significativo en la productividad de los factores, especialmente en economías como la mexicana. Existe evidencia de que niveles altos de concentración limitan la competencia y, en consecuencia, reducen los incentivos de las empresas para innovar, invertir en tecnologías eficientes o mejorar sus procesos. De acuerdo con el BM, una menor competencia puede derivar en la asignación ineficiente de recursos, ya que el poder de mercado y la existencia de barreras a la entrada pueden permitir que empresas menos productivas se mantengan en el mercado e incluso limiten la expansión o entrada de empresas más eficientes.(20) Lo anterior, se traduce en menores niveles de productividad y un menor dinamismo económico, especialmente en sectores donde el poder de mercado no se contrarresta por una competencia efectiva.
Un ejemplo es el sector de comercio minorista (retail) en diversos países de Europa, donde la existencia de restricciones regulatorias a la entrada (como limitaciones a la apertura de grandes establecimientos o requisitos administrativos complejos) ha limitado la competencia efectiva. En este contexto, el poder de mercado de las empresas dominantes no se contrarresta por presiones competitivas suficientes, lo que permite la permanencia de empresas menos productivas y reduce los incentivos para la adopción de nuevas tecnologías y mejoras operativas.(21)
Por su parte, la evidencia empírica para México muestra que reducciones en la concentración de mercado, medidas a través del IHH(22), se asocian con incrementos en la productividad total de los factores. En particular, una disminución de 10 puntos en el IHH, medida en una escala de 0 a 100, se relaciona con un aumento aproximado de 1% en la productividad. Este resultado se interpreta bajo el supuesto de que la menor concentración refleja una mayor presión competitiva, ya sea por entrada de nuevas empresas, expansión de firmas más eficientes o una redistribución de participaciones de mercado, lo que fortalece los incentivos a mejorar eficiencia y facilita una asignación más productiva de los recursos. Asimismo, los resultados muestran que tanto una menor concentración en los mercados locales, como una mayor exposición a la competencia internacional, se asocian con mayores niveles de productividad, lo que es consistente con la idea de que la presión competitiva y la reasignación de recursos hacia firmas más eficientes desempeñan un papel central.(23)
Impactos en el bienestar de los hogares y la desigualdad
Los estudios en la materia muestran que una mayor concentración de mercado puede generar pérdidas de bienestar para los hogares, principalmente a través de precios más elevados en bienes y servicios. En particular, estos efectos tienden a ser regresivos, afectando en mayor medida a los hogares de menores ingresos. En este sentido, un mayor poder de mercado no solo tiene implicaciones en términos de eficiencia, sino también sobre la distribución del bienestar.(24) Al respecto, un estudio realizado en 2018 muestra que:
· Derivado de la alta concentración de mercado, los hogares mexicanos pierden el 15.7% de su ingreso.
· Este efecto daña desproporcionadamente a quienes menos tienen: mientras que los hogares más ricos pierden 5.7%, los hogares de menores ingresos pierden 30.9% de sus ingresos debido a los sobreprecios; es decir, 5.4 veces más.
· En ausencia de las distorsiones generadas por la alta concentración en los mercados, la desigualdad en el país se vería reducida en alrededor de 7.3%.(25)
Conductas anticompetitivas y afectaciones a los mercados
En el ámbito conductual, los acuerdos colusorios son la principal amenaza que enfrentan los mercados mexicanos. Las colusiones implican acuerdos ilegales para elevar artificialmente los precios, dividirse mercados o reducir la oferta de bienes o servicios. Con respecto a este tema, el BM señala que:
· El 25% de las colusiones en América Latina ocurren en mercados de canasta básica (e.g. azúcar, papel de baño, medicamentos, entre otros) y tienen alcance nacional.
· Las empresas coludidas aumentan precios hasta en 49% y, en mercados altamente concentrados, hasta 80%.
· En el 65% de los casos, el aumento en precios fue del 25%, pero existen casos con aumentos del 100% en precios.(26)
Competencia y resiliencia del mercado interno en el contexto internacional
Por lo anterior, el rol de la política de competencia es clave en fortalecer la resiliencia del mercado interno ante el escenario internacional. En ese sentido, la relocalización de cadenas productivas y el hecho de que 60% del comercio global corresponde a productos intermedios han creado una situación de dependencia excesiva de importaciones. En este contexto:
· Entre 1990 y 2020, la concentración de importaciones aumentó 50%, incrementando la vulnerabilidad ante choques externos.
· De los países de la OCDE, México es el 5º país más expuesto por dependencia de importaciones.
· La OCDE señala que economías con mercados internos competitivos sustituyen importaciones con producción y consumo nacional más fácilmente.(27)
En síntesis, la falta de condiciones de competencia en los mercados mexicanos es un problema que frena la productividad y, por ende, el desarrollo y crecimiento económico, lo cual afecta directamente el bienestar de la población de México, ya que:
· Aumenta los precios y reduce las opciones para las y los mexicanos;
· Obstaculiza el acceso de emprendedores, limita el crecimiento de las MiPyMES y genera incertidumbre para inversionistas, y
· Debilita la resiliencia del mercado interno, aumentando la dependencia de importaciones.
Efectos sobre el empleo, la innovación y los salarios
La falta de competencia, a su vez, desincentiva a las empresas a que inviertan e innoven para mejorar la eficiencia en sus procesos. Esto también tiene consecuencias sobre las condiciones laborales, en particular, sobre los niveles salariales. Cuando las empresas operan sin presión competitiva, no tienen incentivos para mejorar su desempeño ni para atraer o retener talento mediante mejores remuneraciones. En consecuencia, los salarios tienden a estancarse, ya que las empresas no requieren personal con mayores capacidades, ni enfrentan competencia para ofrecer mejores condiciones de contratación. En cambio, cuando existen condiciones de competencia, las empresas buscan diferenciarse mediante la innovación y, en ese proceso, también compiten por el talento, lo que contribuye a mejorar los ingresos laborales.(28)
Por otra parte, los bajos niveles de innovación y de inversión limitan la generación de empleo. Cuando las empresas no innovan ni destinan recursos a expandir o mejorar sus procesos productivos, la capacidad del aparato productivo para crecer y absorber mano de obra se ve restringida. La política de competencia, al incentivar tanto la innovación como la inversión, puede cambiar este panorama, ya que facilita la entrada de nuevos agentes económicos y la ampliación de capacidades productivas de las empresas. La eliminación de barreras de entrada obliga a los nuevos productores a invertir en instalaciones y contratar personal para operar, generando un efecto multiplicador en las industrias relacionadas. En ausencia de estos incentivos, el entorno económico permanece estancado, con una oferta laboral limitada y pocas oportunidades de empleo en sectores con potencial de crecimiento.(29)
En conclusión, lo anterior se traduce en un menor bienestar económico para la población, bajo el enfoque de que el bienestar material está determinado por los recursos económicos con los que cuentan las personas, como el ingreso, el consumo y la riqueza.(30) Cuando estos recursos son insuficientes o están mal distribuidos, las posibilidades de desarrollo y bienestar se ven limitadas. En un entorno donde los salarios se estancan, el empleo es escaso y el poder adquisitivo disminuye frente al aumento de precios, el nivel de vida de los hogares se deteriora. Así, el funcionamiento ineficiente de los mercados no solo limita el crecimiento económico, sino también restringe directamente las condiciones mínimas necesarias para el bienestar de las y los mexicanos.
La política de competencia en México
La política de competencia constituye un instrumento fundamental del Estado mexicano para garantizar el buen funcionamiento de los mercados, prevenir abusos de poder económico y asegurar que los beneficios de la actividad económica se traduzcan en bienestar para la población. En un contexto caracterizado por transformaciones en las cadenas globales de valor, presiones inflacionarias y retos para el crecimiento incluyente, su papel resulta estratégico para fortalecer el mercado interno, incentivar la inversión y promover condiciones equitativas para empresas y personas consumidoras. En México, la política de competencia se sustenta en un marco constitucional que dota a la autoridad antimonopolio de herramientas preventivas y correctivas para intervenir de manera oportuna y eficaz en los mercados. Estas herramientas permiten, por un lado, evitar la conformación de estructuras que limiten la competencia y, por otro lado, investigar y sancionar conductas que afectan su funcionamiento, contribuyendo así a una economía más dinámica, productiva y en beneficio de las y los mexicanos.
Herramientas preventivas
La herramienta preventiva más relevante para hacer que los mercados funcionen correctamente, es el control de concentraciones: el análisis detallado de todas las grandes compras o transacciones previo a que se concreten velando por el beneficio de los consumidores. La LFCE establece un control de concentraciones preventivo, es decir, que ciertas operaciones no pueden realizarse sin la autorización previa de la autoridad antimonopolio. Ello evita que se acumulen poder económico y capacidad de mercado en pocas manos, así como un desbalance entre las condiciones que ofrecen las empresas y lo que requieren las personas consumidoras.
Para coadyuvar al dinamismo de la inversión, la Comisión Antimonopolio debe distinguir de manera ágil y rigurosa entre aquellas operaciones que representan riesgos para la competencia y podrían afectar a las personas consumidoras y aquellas que no generan efectos adversos en los mercados. Dentro de este último grupo, algunas operaciones pueden, además, generar eficiencias, incentivar la inversión y favorecer el crecimiento económico. Este balance resulta fundamental para preservar condiciones de competencia efectiva, sin obstaculizar indebidamente aquellas transacciones que contribuyen al desarrollo económico.
Sin embargo, este ejercicio implica un análisis exhaustivo de los mercados a través de herramientas y métodos cuantitativos y cualitativos que permitan emitir resoluciones robustas, debidamente fundadas y motivadas ante el escrutinio judicial en beneficio de la población.
Herramientas correctivas
A diferencia de los instrumentos preventivos, las herramientas correctivas permiten a la autoridad de competencia intervenir ex post para investigar y, en su caso, sancionar conductas que generan efectos adversos en los mercados o eliminar obstáculos que impidan tener mercados competidos. Estos procedimientos son fundamentales para detectar y corregir prácticas o barreras que afectan el bienestar de las personas consumidoras, distorsionan los incentivos a la inversión y limitan la entrada y expansión de nuevas empresas, en particular de las MiPyMES. Al respecto, la LFCE prevé cinco tipos de investigaciones:
· Prácticas Monopólicas Absolutas: Acuerdos entre competidores para manipular precios, reducir la oferta o asignar cuotas de mercados o coordinar posturas en licitaciones.
· Prácticas Monopólicas Relativas: Conductas ilícitas de empresas con poder sustancial para bloquear la entrada o expansión de competidores en los mercados o limitar indebidamente su capacidad de competir.
· Concentraciones Ilícitas: Operaciones no notificadas que generan daños a la competencia.
· Barreras a la Competencia e Insumos Esenciales: Investigaciones enfocadas en eliminar obstáculos regulatorios, estructurales o conductuales que impiden mercados competidos.
· Declaratorias sobre condiciones de competencia: Cuando no existen dichas condiciones, el regulador sectorial puede dictar medidas para mejorar la competencia y así promover una operación eficiente del mercado.
Organismos internacionales como el BM han señalado que las conductas anticompetitivas, particularmente las colusiones, son por naturaleza encubiertas y difíciles de detectar, ya que las empresas involucradas destinan recursos y esfuerzos significativos para ocultarlas de las autoridades.(31) Asimismo, este carácter oculto ha sido reconocido en el ámbito jurisdiccional mexicano por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha sostenido que para acreditar prácticas monopólicas absolutas, la autoridad puede válidamente recurrir a pruebas indiciarias sin que ello contravenga el principio de presunción de inocencia.(32) En consecuencia, las autoridades antimonopolio requieren capacidades técnicas especializadas; incluyendo herramientas para análisis econométricos, tecnología de informática forense y de datos, para procesar grandes volúmenes de información y desmantelar estas prácticas.
En este sentido, el ejercicio efectivo de las facultades de investigación y sanción es indispensable para disuadir conductas anticompetitivas, fortalecer la confianza en los mercados y contribuir a un entorno económico más eficiente, competitivo e incluyente. Bajo esta lógica, la actuación de la Comisión Antimonopolio es un componente esencial para fortalecer el mercado interno, proteger el bienestar de la población y contribuir a un desarrollo económico más dinámico e incluyente, lo anterior, en línea con los objetivos de crecimiento y desarrollo planteados a nivel nacional.
Poblaciones afectadas
1. Universo de intervención: unidades económicas en México
Dada su naturaleza, la política de competencia incide de manera indirecta pero generalizada en la economía, a través de sus efectos sobre el funcionamiento de los mercados. En este sentido, su impacto se refleja, por un lado, en las condiciones de competencia que enfrentan las empresas que participan en los mercados y, por otro, en los beneficios que los mercados competidos generan para la población. Bajo esta lógica, y considerando que la intervención de la política de competencia recae directamente sobre los mercados, la población potencial directa está compuesta por unidades económicas que operan en el país. En México, este universo está integrado por 6,097,680 unidades económicas registradas en el DENUE.
De acuerdo con el DENUE, el número total de unidades económicas incorpora dos tipos:
· El establecimiento: unidad económica que, en una sola ubicación física, asentada en un lugar de manera permanente y delimitada por construcciones e instalaciones fijas, combina acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o controladora para realizar alguna actividad económica sea con fines de lucro o no; incluye a las viviendas en las que se realizan actividades económicas.
· La empresa: organización, propiedad de una sola entidad jurídica, que realiza una o más actividades económicas, con autonomía en la toma de decisiones de mercadeo, financiamiento e inversión, al contar con la autoridad y responsabilidad de distribuir recursos de acuerdo con un plan o estrategia de producción de bienes y servicios, pudiendo estar ubicada u operar en varios domicilios.(33)
2. Distribución regional y sectorial de las unidades económicas en México
De acuerdo con la última información disponible del DENUE (edición actualizada de mayo de 2025), las unidades económicas están ubicadas en las 32 entidades federativas y 2 mil 478 municipios a nivel nacional. El 50% de las unidades económicas se encuentran en siete entidades federativas: Estado de México (13.7%), Ciudad de México (7.7%), Puebla (6.7%), Jalisco (6.6%), Veracruz de Ignacio de la Llave (5.7%), Guanajuato (4.9%) y Michoacán de Ocampo (4.7%).
| Mapa 1. Distribución de unidades económicas por entidad federativa
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| Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. (2025). DENUE 2025 (Última consulta marzo 2026). |
Asimismo, las unidades económicas registradas están distribuidas en los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar(34),(35) de la siguiente manera: a) Seybaplaya I, Campeche (1,012 unidades); b) San Jerónimo, Chihuahua (47,136); c) Centro Logístico e Industrial de Durango, Durango (32,658); d) Nezahualcóyotl, Estado de México (55,461); e) Puerta Logística del Bajío, Guanajuato (21,716); f) Reserva Zapotlán, Hidalgo (1,572); g) Parque Industrial Bajío, Michoacán (56,690); h) Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad, Puebla (455); i) Chetumal, Quintana Roo (10,306); j) Topolobampo, Sinaloa (425); k) Bienestar e Innovación de Hermosillo, Sonora (38,533); l) Altamira, Tamaulipas (8,855); m) Huamantla, Tlaxcala (6,505) y n) Tuxpan, Veracruz (6,135).(36)
Asimismo, se destaca que el 92.1% de las unidades económicas se ubica en diez sectores económicos, de acuerdo con la clasificación del SCIAN:(37)
| Cuadro 1. Distribución de unidades económicas por sector.
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| Sector
(SCIAN)
| Descripción
| Número de unidades
económicas
| Porcentaje de
unidades
económicas
|
| 46
| Comercio al por menor a/ | 2,536,338
| 41.6%
|
| 81
| Otros servicios excepto actividades gubernamentales b/ | 934,572
| 15.3%
|
| 72
| Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas c/ | 801,050
| 13.1%
|
| 31
| Industrias manufactureras. Producción de alimentos, bebidas y tabaco d/ | 390,781
| 6.4%
|
| 62
| Servicios de salud y de asistencia social e/ | 272,413
| 4.5%
|
| 43
| Comercio al por mayor f/ | 162,228
| 2.7%
|
| 61
| Servicios educativos g/ | 148,406
| 2.4%
|
| 33
| Industrias manufactureras. h/ Manufacturas de madera. | 143,306
| 2.4%
|
| 32
| Industrias manufactureras. i/ Producción de textiles, prendas de vestir e industrias de cuero | 117,868
| 1.9%
|
| 54
| Servicios profesionales, científicos y técnicos j/ | 109,697
| 1.8%
|
| Otros
| Otros | 481,021
| 7.9%
|
| Total
| 6,097,680
| 100%
|
| Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. (2025). DENUE 2025 (Última consulta marzo 2026). Notas: a/ Incluye: abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco; tiendas de autoservicio y departamentales; productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado; artículos para el cuidado de la salud, de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal; enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de interiores y artículos usados; artículos de ferretería, tlapalería y vidrios; vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes, y la intermediación de comercio al por menor, y comercio al por menor a través de catálogos impresos, televisión y similares. b/ Incluye: reparación y mantenimiento de automóviles y camiones, equipo electrónico y de equipo de precisión, maquinaria y equipo agropecuario, industrial, comercial y de servicios, y artículos para el hogar y personales; salones y clínicas de belleza, baños públicos y bolerías; lavanderías y tintorerías; servicios funerarios y administración de cementerios; estacionamientos y pensiones para vehículos automotores; servicios de revelado e impresión de fotografías y otros servicios personales; asociaciones y organizaciones religiosas, políticas, civiles, comerciales, laborales, profesionales y recreativas, y hogares con empleados domésticos. c/ Incluye: hoteles, moteles y similares; campamentos y albergues recreativos; pensiones y casas de huéspedes, y departamentos y casas amueblados con servicios de hotelería; servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas y alimentos por encargo; centros nocturnos, bares, cantinas y similares. d/ Incluye: alimentos balanceados para animales; molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas; azúcares, chocolates, dulces y similares; conservación de frutas, verduras, guisos y otros alimentos preparados; productos lácteos; carne de ganado, aves y otros animales comestibles; envasado de pescados y mariscos; panadería y tortillas; refrescos, hielo y otras bebidas no alcohólicas, y purificación y embotellado de agua; cerveza; bebidas alcohólicas a base de uva y bebidas fermentadas, y bebidas destiladas. e/ Incluye: servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados; hospitales; residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud, y otros servicios de asistencia social. f/ Incluye: abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco; productos textiles y calzado; productos farmacéuticos, de perfumería, artículos para el esparcimiento, electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca; materias primas agropecuarias y forestales, para la industria, y materiales de desecho; de maquinaria, equipo y mobiliario para actividades agropecuarias, industriales, de servicios y comerciales, y de otra maquinaria y equipo de uso general; camiones y de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones, y la intermediación de comercio al por mayor. g/ Incluye: escuelas de educación básica, media y para necesidades especiales; de educación técnica superior y educación superior; comerciales, de computación y de capacitación para ejecutivos; de oficios; servicios de apoyo a la educación y otros servicios educativos. h/ Incluye: aserrado y conservación de la madera; fabricación de laminados y aglutinados de madera; y productos de madera para la construcción, embalaje y envases de madera, y otros productos de madera. i/ Incluye: confección de alfombras, blancos y similares; otros productos textiles, prendas de vestir, accesorios de vestir productos de cuero, piel y materiales sucedáneos. j/ Incluye: servicios legales, de contabilidad y auditoría, arquitectura e ingeniería; diseño especializado, de sistemas de cómputo; de consultoría administrativa, científica y técnica; de investigación científica y desarrollo; de publicidad, investigación de mercados y encuestas de opinión pública, fotografía y videograbación, traducción e interpretación, servicios veterinarios, y otros servicios profesionales, científicos y técnicos. |
La distribución de las unidades económicas por sector brinda una aproximación respecto del número de empresas que se podrían beneficiar por las intervenciones que realice la Comisión en mercados relacionados con los sectores del SCIAN, debido a que, por la naturaleza de la política de competencia, no es posible contar con un padrón de beneficiarios previsto.
3. MiPyMES como actores del tejido productivo
Por otro lado, las unidades económicas pueden clasificarse de acuerdo con el tamaño del establecimiento, es decir, con base en el número de personas que laboran en ellas. En ese sentido, la distribución de unidades económicas se da de la siguiente manera:
| Cuadro 2. Distribución de unidades económicas por tamaño.
|
| Tamaño del establecimiento
| Número de unidades económicas
| Clasificación de unidades
económicas (empresas)(38)
|
| 0 a 5 personas | 5,377,538
| Micro
|
| 6 a 10 personas | 370,547
|
| 11 a 30 personas | 237,809
| Pequeñas
|
| 31 a 50 personas | 46,308
|
| 51 a 100 personas | 32,078
| Medianas
|
| 101 a 250 personas | 20,903
|
| Más de 250 personas | 12,497
| Grandes
|
| Total
| 6,097,680
| |
| Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. (2025). DENUE 2025 (Última consulta marzo 2026). |
Esto refuerza la relevancia de la política de competencia como un instrumento para incidir en el bienestar económico agregado, dado que sus intervenciones afectan de manera transversal a un conjunto amplio de empresas, en su mayoría MiPyMES.
4. Efectos diferenciados por género
Más allá de su impacto agregado, la política de competencia también genera efectos diferenciados entre grupos de población. En particular, el análisis reciente ha incorporado un enfoque de género que reconoce que las condiciones de competencia pueden afectar de manera distinta a mujeres y hombres en su participación en los mercados.(39) Desde la política de competencia, este enfoque también se ha traducido en la incorporación de criterios de priorización que pueden permitir la identificación de mercados y conductas con mayores efectos potenciales sobre distintos grupos de población.
En este contexto, y tomando en cuenta que detrás de estas unidades económicas se encuentran personas que participan en los mercados como trabajadoras, empresarias y consumidoras, la política de competencia requiere incorporar un enfoque que reconozca los impactos diferenciados en las mujeres, tanto en su papel de consumidoras como de trabajadoras y empresarias.
En este sentido, la evidencia internacional muestra que persisten brechas legales que limitan la participación económica de las mujeres. De acuerdo con el BM, ninguna economía en el mundo ha alcanzado la igualdad legal plena entre mujeres y hombres en las áreas analizadas, y las mujeres cuentan, en promedio, con una menor proporción de los derechos reconocidos a los hombres.(40)
En el ámbito laboral, por ejemplo, una proporción significativa de mujeres participa en unidades económicas de menor tamaño, donde las condiciones de competencia son más determinantes para el empleo y los ingresos. De acuerdo con la OCDE, las mujeres enfrentan barreras normativas y prácticas que limitan su participación plena en los mercados, tales como acceso limitado al financiamiento, la falta de redes empresariales o la insuficiente infraestructura de apoyo, lo cual reduce su capacidad de competir en condiciones de igualdad. Estas barreras también se reflejan en diferencias en el marco legal aplicable a mujeres y hombres en ámbitos como el empleo, la remuneración, la maternidad, el emprendimiento y la seguridad en el retiro. El BM documenta que estas brechas legales están presentes en la mayoría de las economías y que inciden en las oportunidades económicas de las mujeres a lo largo de su vida laboral.(41)
En 2023, el 41.4% de las personas ocupadas fueron empleadas por unidades económicas micro. De este porcentaje, las mujeres trabajadoras tuvieron una participación de 50% en dichas unidades, en tanto que en unidades económicas medianas y grandes esta proporción se reduce a 37.1%. Esta disparidad en la participación de las mujeres en unidades económicas más grandes es aún más marcada cuando se considera su participación entre personas propietarias, familiares y otro personal no remunerado.(42),(43)
Asimismo, existen indicios de que ciertos mercados como el de juguetes, ropa, productos de cuidado personal, productos sanitarios y los productos financieros, entre otros, tienen efectos de género, lo cual significa que afectan desproporcionadamente a las mujeres consumidoras, ya sea por estrategias de diferenciación de precios o por una menor respuesta a sus preferencias. Al respecto, se ha planteado que la identificación de este tipo de mercados constituye una oportunidad para la política de competencia, en la medida en que permite focalizar esfuerzos de investigación en sectores donde las fallas de mercado pueden tener efectos diferenciados sobre el bienestar de las mujeres.
En este contexto, la incorporación de una perspectiva de género en la política de competencia no implica modificar sus objetivos, sino enriquecer los criterios analíticos para la identificación y priorización de casos, considerando sus posibles efectos diferenciados.
En suma, la ausencia de condiciones adecuadas de competencia no sólo compromete la eficiencia del mercado, sino que también impacta en las desigualdades estructurales de género que deben ser consideradas como parte del diagnóstico de brechas y rezagos relevantes.(44) En este sentido, avanzar hacia condiciones de igualdad legal y de facto para las mujeres no sólo constituye un objetivo de equidad, sino también un elemento necesario para fortalecer la competencia, la productividad y el crecimiento económico. A continuación, se presentan algunos aspectos relevantes sobre estos sectores.
Mercados estratégicos
En congruencia con los objetivos del PND y del PSE, la Comisión Antimonopolio definió un conjunto de mercados estratégicos que orientarán su actuación durante el periodo 2026-2030. Esta selección se alinea con las mejores prácticas internacionales impulsadas por la OCDE y el BM, al priorizar ámbitos de alto impacto económico y social más allá de clasificaciones sectoriales tradicionales.
Se consideran estratégicos aquellos mercados que representan una proporción significativa del gasto de los hogares y cuentan con amplia cobertura poblacional. Este enfoque parte de la premisa de que mercados con reglas claras y competencia mejoran la eficiencia en la asignación de recursos, ayudando a que el gasto de los hogares rinda más y contribuyendo al bienestar de las familias mexicanas.
El objetivo es orientar la política antimonopolio hacia aquellos ámbitos donde su intervención pueda generar mayores beneficios para la población, particularmente para los hogares de menores ingresos. En ese sentido, la Comisión Antimonopolio identifica como estratégicos aquellos mercados relacionados con los sectores agroalimentario, salud, financiero, transporte y logística, telecomunicaciones y radiodifusión, y compras públicas.(45),(46)
Asimismo, la Comisión incorporará una perspectiva de género en el análisis de estos mercados, reconociendo que la falta de competencia puede generar efectos diferenciados entre mujeres y hombres.(47) En este sentido, promoverá condiciones de competencia que se traduzcan en mejores precios y servicios de calidad, contribuyendo a reducir brechas en el acceso a bienes y servicios y a una economía más inclusiva.
Mercados vinculados con el sector financiero
Los mercados vinculados con el sector financiero desempeñan un papel central en la economía al facilitar la intermediación de recursos, ampliar el acceso al crédito, fortalecer los mecanismos de ahorro y apoyar las decisiones de inversión. Su funcionamiento incide de manera transversal en múltiples sectores productivos, al determinar las condiciones de acceso, costo y disponibilidad de financiamiento para empresas y hogares.
En este contexto, estos mercados resultan relevantes por su contribución al crecimiento económico; al cierre de 2024, los servicios financieros y de seguros representaron el 4.3% del PIB y en años recientes han aportado incrementos cercanos a un punto porcentual a la variación del PIB.(48) De igual forma, en 2025 generaron alrededor de un millón de empleos en México.(49)
Adicionalmente, la expansión de la infraestructura y el uso de productos financieros refleja una mayor integración de estos mercados en la actividad económica. En 2024, los créditos otorgados a personas físicas se incrementaron en 16% a nivel nacional, mientras que la infraestructura financiera también mostró un crecimiento, ya que el número de cajeros automáticos aumentó 3% y las sucursales bancarias crecieron 1% respecto de 2023. Asimismo, el número de transacciones y transferencias electrónicas realizadas por la población ascendió a 9.1 mil millones, lo que representó un crecimiento de 16% de 2023 a 2024.(50)
En años recientes, los servicios financieros digitales han adquirido una mayor relevancia en México. De acuerdo con datos de la ENIF, de 2021 a 2024, el porcentaje de la población que utilizó las transferencias electrónicas o aplicación de celular para compras de más de 500 pesos pasó de 2.8% en 2021 a 7.6%. Asimismo, el uso de aplicaciones de celular para consultar o hacer movimientos en las cuentas aumentó de 54.3 a 69.1% entre la población con cuenta de ahorro formal, en un contexto en el que el 83% de la población posee un teléfono inteligente, siendo así que los dispositivos de telecomunicaciones se han consolidado como una puerta de entrada al sistema financiero.(51),(52)
También la relevancia estratégica del sector financiero se relaciona con los mercados vinculados al sector de telecomunicaciones y a los servicios digitales. Entre 2021 y 2024, el porcentaje de población adulta que contrató su última cuenta bancaria mediante internet o aplicación móvil pasó de 4% a 6%, mientras que en el caso del último crédito el incremento fue de 5% a 9%.(53),(54)
Por otro lado, estos mercados también son fundamentales para el desarrollo de las empresas, principalmente para las MiPyMES, las cuales requieren acceso a capital para ampliar su capacidad de producir, innovar y diversificar riesgos. De acuerdo con los Censos Económicos 2024, solo el 10.8% del total de las unidades económicas obtuvieron financiamiento, de las cuales el 4.8% fueron financiadas por bancos.(55) Por su parte, de acuerdo con la ENAFIN 2024, el costo y la falta de financiamiento fueron identificadas por las propias empresas como factores que más afectaron su crecimiento.(56)
El acceso a los servicios financieros es un factor relevante para el bienestar económico, al permitir a las personas y a las empresas no solo planificar objetivos de largo plazo (como la adquisición de vivienda), sino también enfrentar contingencias, por ejemplo, en materia de salud, para contar con ingresos que permitan afrontarlas.(57) En este sentido, el acceso efectivo a los servicios financieros puede verse favorecido por condiciones de competencia que incentiven una mayor oferta, menores costos y productos más adaptados a las necesidades de la población, lo que incide en la capacidad de los hogares para mantener su estabilidad económica y acceder a oportunidades de desarrollo.
Asimismo, contar con una cuenta bancaria facilita el uso de otros servicios financieros, como el crédito y los seguros, lo que contribuye a iniciar o expandir negocios o invertir en educación, entre otros. En contraste, barreras de acceso o condiciones desfavorables limitan estas capacidades y profundizan brechas económicas entre la población.
Al respecto, en 2024, 7 de cada 10 personas adultas contaron con al menos un producto financiero y 6 de cada 10 personas al menos con una cuenta de ahorro formal.(58),(59) Si bien los datos muestran avances importantes en la inclusión financiera en los últimos años, aún persisten diferencias significativas en términos de acceso, uso y condiciones de los servicios financieros. Por ejemplo, mientras en el norte del país el 85% de la población tiene al menos un producto financiero, en el sur esta proporción se reduce a 68%; de manera similar, el 83% de la población urbana cuenta con algún producto financiero, frente a solo 66% en localidades rurales.(60)
Por su parte, desde una perspectiva de género, persisten brechas estructurales en el acceso a los servicios financieros. En 2024, solo 72.8% de las mujeres tuvo acceso a estos servicios, frente al 80.9% de los hombres.(61) Esta desigualdad se acentúa en instrumentos de ahorro para el retiro, en donde únicamente el 34.2% de las mujeres contó con un fondo de este tipo, frente al 51.4% de los hombres.(62) Factores como el diseño de productos, los criterios de evaluación de riesgo y las condiciones de acceso al crédito pueden no ajustarse plenamente a los perfiles de las mujeres, lo que limita su participación en estos mercados.(63)
Desde la perspectiva de competencia económica, estos mercados son estratégicos debido a su impacto en las condiciones de acceso, diversidad y calidad de los servicios financieros. La existencia de barreras a la entrada, altos niveles de concentración o prácticas anticompetitivas puede limitar la disponibilidad de opciones, encarecer el crédito y restringir el acceso a servicios financieros para hogares y empresas, particularmente para las MiPyMES y la población de menores ingresos.
Si bien la política de competencia no incide de manera directa en la inclusión financiera de la población y las empresas, sí puede coadyuvar a generar condiciones más favorables de acceso mediante una mayor competencia entre oferentes, el desarrollo de productos más adaptados a distintos perfiles de usuarios y la reducción de costos asociados a los servicios financieros. En este sentido, promover condiciones de competencia en estos mercados puede contribuir, junto con otras políticas públicas complementarias en materia de inclusión financiera, educación y regulación, a ampliar el acceso y reducir brechas estructurales en beneficio de la población y de la actividad productiva.
Mercados relacionados con los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión
Los mercados relacionados con los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión desempeñan un papel estratégico como habilitadores del desarrollo económico y social. En un entorno cada vez más digitalizado, estos mercados no solo contribuyen directamente al crecimiento económico, al representar alrededor de 1.7% del PIB, sino que también funcionan como habilitadores de múltiples actividades económicas al impulsar la productividad, la competitividad y la conectividad en ámbitos como la educación, la salud, el comercio, la manufactura y los servicios financieros.(64)
En particular, estos mercados inciden en las condiciones de acceso a redes, información y herramientas digitales que operan como insumos para el funcionamiento de otros mercados. Asimismo, favorecen la generación de empleo y la ampliación de la cobertura de diversos bienes y servicios, particularmente en regiones que han sido menos beneficiadas por su integración comercial debido a su ubicación, lo que contribuye a reducir rezagos en infraestructura y a atraer mayor inversión.
En este contexto, la expansión de la infraestructura y de los servicios de conectividad constituye un elemento relevante para el desarrollo regional, al facilitar la integración económica de los territorios y generar condiciones más favorables para la actividad productiva y la atracción de inversiones. En particular, el fortalecimiento de estos servicios resulta fundamental para el desarrollo de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, ya que contribuye a reducir brechas de conectividad y a favorecer un crecimiento más equilibrado entre regiones.(65)
Además, el acceso a servicios de conectividad se ha convertido en una condición cada vez más relevante para el ejercicio de derechos como la educación y el acceso a la información, así como para la participación en actividades económicas y financieras. En 2024, se estimó que 100.2 millones de personas eran usuarias de internet y 98.6 millones utilizaban teléfono celular, lo que refleja el carácter masivo y cotidiano de los servicios de telecomunicaciones para la población.(66)
Asimismo, las personas realizan actividades cada vez más vinculadas con la economía digital, como compras de productos o servicios (35.8%), pagos digitales (33%), operaciones bancarias (30.3%) y ventas por internet (11.2%).(67) De acuerdo con la ENIF 2024, el principal medio utilizado para consultar saldos y realizar movimientos en cuentas bancarias fue la aplicación móvil, con 62% de las personas usuarias, lo que representó un incremento cercano a 10 puntos porcentuales respecto de 2021. Esta proporción fue además casi tres veces superior a la de personas que utilizaron cajeros automáticos y casi cinco veces mayor a la de quienes acudieron a sucursales bancarias.(68) Lo anterior refleja una creciente interdependencia entre los mercados de telecomunicaciones y los servicios financieros digitales, en la medida en que la conectividad y el acceso a dispositivos móviles se han convertido en elementos necesarios para el uso cotidiano de servicios financieros.
Por otra parte, la relevancia de estos servicios se refleja en la economía doméstica, donde el rubro de telecomunicaciones representó, en promedio, el 4.7% del gasto trimestral de los hogares.(69) De ese porcentaje, el 92.5% corresponde al pago de servicios, impulsado principalmente por el uso de telefonía celular (recargas y planes) y paquetes de conectividad (internet, teléfono fijo y TV de paga). Sin embargo, la carga financiera que representan no es uniforme entre los hogares, ya que los de menores ingresos destinan una proporción mayor de sus recursos (hasta un 5.4% para el decil con menores ingresos y 3.5% para el decil con mayores ingresos) para acceder a estos servicios esenciales. Además, el gasto absoluto de los de mayor poder adquisitivo (decil 10) es casi 4 veces superior al de menor (decil 1).(70)
Asimismo, desde una perspectiva de género, persisten brechas en el acceso y uso de internet entre mujeres y hombres. En 2022 la brecha fue de 8.4% a nivel mundial, es decir, por cada 100 hombres con acceso a internet, aproximadamente 92 mujeres contaban con este servicio, siendo dicha brecha aún mayor en países en desarrollo. Asimismo, las mujeres tienen menores probabilidades que los hombres de contar con un teléfono celular y de poseer las habilidades digitales necesarias para aprovechar los beneficios de la transformación digital.(71)
Más allá del acceso, la evidencia muestra que las características propias de estos mercados (como la concentración y la segmentación, así como la personalización de precios y la publicidad dirigida) pueden generar efectos diferenciados entre mujeres y hombres. En determinados contextos, estas dinámicas pueden traducirse en menores posibilidades de comparar opciones, una menor capacidad de elección y un acceso más limitado a ciertas oportunidades económicas, particularmente para quienes enfrentan restricciones de acceso a dispositivos o habilidades digitales.(72)
En este sentido, promover condiciones de competencia en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión puede contribuir a ampliar las alternativas disponibles para las personas usuarias, facilitar la comparación y el cambio entre servicios e incentivar mejoras en calidad, cobertura y precios. Lo anterior resulta particularmente relevante en un contexto en el que la conectividad constituye un insumo fundamental para la participación económica y social, así como para el acceso a servicios digitales en otros mercados, incluidos los financieros.
Mercados correspondientes al sector transporte y logística
Los mercados relacionados con el transporte y la logística constituyen un componente clave de la infraestructura económica del país, ya que inciden directamente en el funcionamiento de múltiples actividades al facilitar el traslado de bienes, insumos y personas entre regiones, lo que influye en los costos, tiempos y condiciones de operación de diversos mercados.
En este sentido, su desempeño condiciona la integración de cadenas productivas, la competitividad de las empresas y el acceso a mercados nacionales e internacionales. En un contexto de creciente interconexión económica, estos servicios resultan determinantes para la distribución eficiente de mercancías y la movilidad de la población.
Esta relevancia también se refleja en su papel dentro de las estrategias de desarrollo productivo del país. En el marco del Plan México, la logística y la conectividad nacional se consideran elementos clave en el diseño de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, tanto por su papel como habilitadores de su funcionamiento como por su potencial como vocaciones productivas estratégicas.(73)
En términos de su contribución económica, en conjunto, estos mercados representan alrededor de 7% del PIB y de este porcentaje, 50.3% corresponde al autotransporte de carga, 26.1% a transporte terrestre de pasajeros (excepto por ferrocarril), 10.9% a servicios relacionados con el transporte y el restante 12.7% a otros rubros.(74) Tan solo en 2025, generó alrededor de 3.5 millones de empleos.(75) Asimismo, en años recientes, su aporte al crecimiento económico ha registrado variaciones superiores a un punto porcentual del PIB, evidenciando su relevancia para la dinámica económica nacional.
El transporte también actúa como un insumo transversal en el funcionamiento de las cadenas productivas, al facilitar la distribución de mercancías y bienes desde distintas ubicaciones, lo que influye en los precios de múltiples mercados estratégicos. Asimismo, la eficiencia en los servicios de transporte y logística incide directamente en la integración de mercados, al reducir costos de transacción, tiempos de traslado y pérdidas asociadas a la distribución, lo que impacta en la productividad de otros sectores económicos. Además, fortalece el turismo e impulsa el desarrollo regional y la generación de empleo, convirtiéndose en un factor clave para la competitividad de las empresas y el comercio nacional e internacional.
En suma, el desarrollo de estos mercados enfrenta el reto de avanzar hacia esquemas más sostenibles y eficientes, atendiendo al compromiso de México para reducir sus emisiones, en el marco de la Agenda 2030, y considerando que tan solo el transporte terrestre representa el 25% de las emisiones del país. En este contexto, la política de competencia puede contribuir a ampliar las alternativas disponibles, favorecer esquemas más eficientes y, potencialmente, más sostenibles.
Adicionalmente, la relevancia de estos mercados no solo radica en su contribución a la economía nacional y en su papel como insumo para otros sectores, sino que además incide de manera directa en el bienestar de los hogares, al facilitar la movilidad de las personas para satisfacer necesidades básicas como salud, empleo y educación.
Su impacto es particularmente crítico para los hogares de menores ingresos, que dependen en mayor medida del transporte público y destinan una proporción más alta de su gasto al traslado cotidiano, lo que, en conjunto con mayores distancias y tiempos de traslado, así como a la mala calidad de las unidades de servicio o la inseguridad, se asocia con menores niveles de bienestar, al reducir el tiempo disponible para otras actividades y elevar los costos de la movilidad. (76)
En esa misma lógica, estas diferencias también se reflejan en los patrones de movilidad de los distintos niveles de ingreso. En los deciles más bajos, más del 70% de los viajes diarios se realizan en transporte público o no motorizado, a diferencia de los hogares de mayores ingresos, donde predomina el uso del automóvil privado.(77)
En este contexto, los incrementos en las tarifas de transporte tienen un efecto regresivo, ya que estos hogares cuentan con opciones limitadas de sustitución, lo que afecta directamente su acceso al empleo, la educación y los servicios de salud.(78) Para estas familias, aumentos en tarifas, menor calidad del servicio o falta de opciones se traducen directamente en menores oportunidades laborales, mayores tiempos de traslado y una reducción efectiva de su ingreso disponible.
Desde una perspectiva de género, las condiciones de acceso, costo y diseño de los servicios en estos mercados pueden afectar de manera diferenciada a mujeres y hombres, particularmente considerando que las mujeres realizan con mayor frecuencia viajes asociados a tareas de cuidado. Por ejemplo, ellas llevan a sus hijos al colegio con tres veces más frecuencia que los hombres, tienen un 25% mayor de probabilidad de hacer múltiples paradas durante sus viajes (como al supermercado o a la tienda) y mujeres con hijos menores de 5 años tienen una probabilidad 87% menor de conducir un automóvil, lo que evidencia una movilidad más compleja y condicionada por las tareas de cuidados.(79) Como resultado, las mujeres enfrentan mayores restricciones para acceder a oportunidades laborales, educativas y de servicios, al depender en mayor medida de esquemas de transporte que no siempre se ajustan a sus patrones de movilidad.
En este sentido, promover condiciones de competencia en estos mercados puede contribuir a ampliar la oferta y diversidad de servicios, mejorar su cobertura y condiciones de acceso, así como generar incentivos para el desarrollo de soluciones de movilidad más flexibles y adaptadas a distintos perfiles de personas usuarias, lo que resulta particularmente relevante para atender las necesidades de movilidad de las mujeres.
Mercados vinculados al sector agroalimentario
Los mercados relacionados con la producción, transformación, distribución y comercialización de alimentos desempeñan un papel central en la economía, al incidir en el funcionamiento de diversas actividades productivas y en el abasto de bienes esenciales para la población. En 2024, la agricultura, ganadería y la industria manufacturera de alimentos y bebidas representaron cerca del 9% del PIB.(80) Por ello, la actuación de la Comisión Antimonopolio busca promover condiciones de competencia que favorezcan un funcionamiento más eficiente de estos mercados, lo que puede incidir en mejores precios, mayor disponibilidad y mejores condiciones para productores y consumidores.
Estos mercados se articulan a través de una amplia cadena de valor que va desde la producción primaria hasta la transformación, distribución y comercialización de alimentos para el consumo final. Para operar de manera eficiente y garantizar el abasto oportuno a la población, este sector se apoya de forma estratégica en la interacción con otros mercados clave, como el financiero, el de transporte y logística, y el de comercio mayorista y minorista. Por ello, la competencia en estos mercados es fundamental para evitar prácticas que encarezcan los alimentos, limiten el acceso de pequeños productores a los canales de distribución o reduzcan la variedad y calidad de los productos disponibles para las familias.
Por otra parte, la identificación de los mercados vinculados al sector agroalimentario como un mercado estratégico de la Comisión Antimonopolio se complementa con una de las acciones establecidas en el Plan México. En el diseño de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, se identifica a la agroindustria de alto valor agregado como una de sus vocaciones productivas estratégicas. Ésta se entiende como transformación, procesamiento, empaque y logística de productos agroalimentarios orientados al mercado nacional y de exportación.(81)
Además de su relevancia económica, los mercados vinculados con el sector agroalimentario son estratégicos por su vínculo con el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad en la medida en que las condiciones de competencia pueden incidir en los precios, disponibilidad y acceso a los alimentos. En 2024, existían 18.8 millones de personas que presentaban carencia de acceso a este derecho.(82) Además, una parte sustancial del gasto en los hogares se destina a la compra de alimentos y bebidas, rubros que representan en promedio 37.7% del gasto total; por lo tanto, precios elevados en este sector tendrían un impacto negativo en el bienestar de los hogares y profundizarían la situación de pobreza y vulnerabilidad.(83)
La relevancia de promover la competencia en este sector se hace evidente al observar que, de entre los componentes del INPC, los que han registrado una tendencia creciente más pronunciada en el periodo 2018-2025 corresponden a frutas y verduras; alimentos, bebidas y tabaco; y productos pecuarios.
Gráfico 4. Componentes del INPC. 2a. quincena julio 2018=100  Alimentos,
bebidas y
tabaco
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| Fuente: Elaboración propia con datos del INPC de INEGI. |
En ese sentido, promover condiciones de competencia en los mercados agroalimentarios puede contribuir a reducir barreras de acceso a insumos, financiamiento y canales de comercialización, así como a ampliar las alternativas disponibles para los distintos agentes económicos a lo largo de la cadena. No obstante, la reducción de brechas estructurales requiere también de políticas complementarias en materia de desarrollo rural, financiamiento e inclusión productiva.
Mercados relacionados con el sector salud
Los mercados relacionados con el sector salud desempeñan un papel central en la economía y en el bienestar de la población, al incidir en el acceso a servicios médicos, medicamentos e insumos necesarios para la atención de la salud. Su funcionamiento condiciona la disponibilidad, calidad y costo de estos servicios, con efectos directos en la calidad de vida de las personas y en la productividad. Asimismo, el acceso a servicios de salud adecuados se asocia con mayores niveles de productividad, al reducir el ausentismo laboral y favorecer el desempeño de la economía. Cuando estos mercados no funcionan correctamente por alguna práctica anticompetitiva, pueden generarse incrementos en precios y restricciones de acceso que afectan de manera desproporcionada a los hogares de menores ingresos.
El sector salud en México es muy relevante, ya que, según datos del INEGI, en 2024 aportó el 5.2% del PIB nacional. Esta cifra no solo considera la producción de bienes y servicios finales relacionados con la prevención, recuperación y mantenimiento de la salud humana, sino también el valor económico del trabajo no remunerado que realizan las personas al cuidar la salud de otros. Por otro lado, en este mismo año la oferta de bienes y servicios de salud se originó principalmente en el país (78.1%) y, en menor medida, en el extranjero (13.1%). Asimismo, destaca la importancia de la competencia en las adquisiciones públicas, ya que, la mayor parte de estos bienes y servicios los adquirió directamente Gobierno (35.9% del total), seguido por el consumo de los hogares (34.6%) y posteriormente, el consumo intermedio (16.5%).
Además, el empleo en el sector salud se ubicó en 2 millones 191 mil 339 puestos de trabajo ocupados remunerados, lo que representó 5.4% del total de la economía. Estos puestos de trabajo se concentraron en actividades de servicios hospitalarios con 31.5% y en consultorios médicos con 23.7%.(84)
Adicionalmente, la inclusión de mercados relacionados con la salud complementa las acciones del Plan México. Específicamente, el diseño de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar integra a la industria farmacéutica y de dispositivos médicos como una de sus vocaciones productivas prioritarias. En esta vocación se agrupan actividades relacionadas con la producción, formulación, empaque y logística especializada bajo estrictos estándares regulatorios nacionales e internacionales.(85)
Los hogares constituyen un componente central en estos mercados, tanto por su papel como consumidores de bienes y servicios de salud como por su contribución mediante el trabajo no remunerado en cuidados. Desde una perspectiva de bienestar, para 2024, los hogares mexicanos destinaron 1.1 billones de pesos en total, en gastos y trabajo no remunerado por cuidados a integrantes de los hogares.(86) Los costos asociados a la atención de la salud representan una carga relevante para los hogares.
En 2024, el gasto en salud alcanzó en promedio 6 mil 421 pesos por hogar y la compra de medicamentos concentró alrededor del 38% de dicho gasto a nivel nacional. Sin embargo, esta proporción es mayor en los hogares de menores ingresos.(87) En el decil más bajo de ingresos, la compra de medicamentos puede representar alrededor de la mitad del gasto de bolsillo en salud.(88) Esto evidencia que el gasto en medicamentos tiene un impacto desproporcionado en los hogares de menores ingresos y la mayor vulnerabilidad de estos hogares ante aumentos de precios o restricciones de acceso, lo que refuerza la relevancia de fortalecer condiciones de competencia en estos mercados.
Adicionalmente, el sector salud concentra una elevada demanda por parte de la población. En 2022, el 24.6% de la población reportó haber tenido una necesidad de atención médica en los tres meses previos a la encuesta. De este grupo, aproximadamente 56% recibió atención en unidades privadas de salud, lo que confirma la alta presión sobre los servicios de salud y la importancia de promover condiciones que favorezcan mercados accesibles y eficientes.(89)
Las condiciones de competencia en los mercados de medicamentos, insumos médicos y servicios de atención se reflejan en los precios, la disponibilidad y la calidad de los tratamientos, a través de factores como la concentración de mercado, las barreras de entrada y las condiciones de distribución.
Por su parte, desde una perspectiva de género, existen diferencias relevantes en el uso y provisión de servicios de salud que se reflejan en una mayor interacción de las mujeres con estos mercados. En 2022, el 27.4% de las mujeres reportó haber tenido necesidad de atención médica en los tres meses previos, frente a 21.6% de los hombres, lo que refleja un uso más intensivo de los servicios de salud por parte de las mujeres.(90) Estas diferencias responden a factores biológicos, reproductivos y sociales, así como a su mayor participación en las tareas de cuidados dentro del hogar, lo que puede amplificar los efectos de las fallas de mercado en el sector salud y generar impactos diferenciados que profundicen brechas existentes.
Por otro lado, en cuanto a los cuidados de salud, las mujeres realizaron el 69.9% del tiempo total de cuidados, mientras que los hombres contribuyeron con el 30.1% restante, es decir, 4.3 horas de los hombres por cada 10 horas de trabajo no remunerado en salud de las mujeres.(91)
En este contexto, promover condiciones de competencia en los mercados de medicamentos, insumos médicos y servicios de atención puede contribuir a ampliar la disponibilidad de opciones, mejorar la calidad de los servicios y contener incrementos en precios. No obstante, la reducción de las brechas en el acceso y en la carga de cuidados también requiere de políticas complementarias en materia de provisión de servicios de salud y sistemas de cuidados. Esto resulta particularmente relevante para las mujeres, dado su mayor uso de estos servicios y su papel central en las tareas de cuidado.
Mercados vinculados con las compras públicas
Las compras públicas constituyen un mecanismo transversal a través del cual el Estado adquiere bienes y servicios indispensables en la provisión de funciones públicas y la atención de necesidades de la población. La forma en que estos procesos se diseñan y ejecutan incide en los precios, la calidad y la eficiencia con la que se asignan los recursos públicos.
Además, las compras públicas son relevantes para la economía porque convierten el gasto público en actividad productiva directa. A través de ellas, el gobierno no solo activa la economía, sino que también influye en la estructura y dinámica de los mercados, al incidir en los incentivos de participación de las empresas y en la asignación de recursos públicos. En este sentido, el diseño de los procesos de contratación puede afectar las condiciones de competencia, al facilitar o limitar la participación de distintos proveedores. Por otra parte, las compras públicas pueden contribuir a una distribución más equitativa de los beneficios del gasto público, por ejemplo, al favorecer condiciones de participación más abiertas y competitivas que reduzcan barreras de entrada y faciliten la concurrencia de empresas de distintos tamaños, incluidas las MiPyMES.
En México, con base en información de la OCDE, en 2023, las adquisiciones representaron un 17.2% del total del gasto público.(92) Con base en el Censo Nacional de Gobierno Federal y Gobiernos Estatales 2025 elaborado por el INEGI, durante 2024, se realizaron 206,051, de los cuales el 63.7% correspondió a la APF y 36.3% a las APE. Del total de contratos realizados por parte de la APF, 97.3% fue en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y 2.7% en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma. Mientras que, en el caso para la APE, estos rubros fueron de 82.5% y 17.5%, respectivamente.(93)
La relevancia de las compras públicas no solo se explica por su peso macroeconómico sino porque pueden facilitar el acceso a programas sociales a la ciudadanía. De acuerdo con la ENIGH 2024, las transferencias monetarias se constituyen como la segunda fuente de ingreso de los hogares en México. Por otra parte, el gasto público se concentra principalmente en sectores como educación, salud, infraestructura, energía, transporte y servicios administrativos.(94) Aproximadamente 4 de cada 5 escuelas de educación básica, media superior y superior son financiadas por el Estado, cubriendo 84.6% de la matrícula en el ciclo escolar 2022-2023.(95) En salud, 49.5% de las personas que reportaron una necesidad de atención acudió a servicios públicos.(96),(97)
En este contexto, la política antimonopolio en las compras públicas puede contribuir a mejorar la eficiencia del gasto público, promover mercados más abiertos y reducir riesgos de prácticas anticompetitivas. Un ejemplo del impacto de la política de competencia en las compras públicas, puede mostrarse en la intervención que realizó la autoridad de competencia en México en 2020 que, después de investigar y sancionar a empresas involucradas en la provisión del servicio integral de laboratorio y banco de sangre al IMSS e ISSSTE, logró una caída en los precios promedio de 29.6% para los servicios e insumos que forman parte del servicio integral de banco de sangre y de 4.8% para los del servicio de estudios de laboratorio clínico.(98)
Por otra parte, debido al impacto que tienen las contrataciones públicas en la economía, es importante que los procesos de adquisiciones del sector público tengan una perspectiva de género, particularmente considerando las condiciones de acceso y participación de los distintos proveedores en estos mercados. En este contexto, factores como los requisitos de participación, los criterios de evaluación, el diseño de las licitaciones y las condiciones contractuales pueden incidir de manera diferenciada en la capacidad de distintos grupos para competir en igualdad de condiciones, lo que puede traducirse en una menor participación relativa en estos procesos. Lo anterior se refleja en que, a nivel global, los negocios liderados por mujeres representan apenas el 1% de las adquisiciones públicas, evidenciando las barreras que enfrentan para integrarse en estos mercados.(99) Estas dinámicas pueden reflejarse a lo largo de las diversas cadenas de valor, incidiendo en la distribución de oportunidades económicas y en la persistencia de brechas existentes.
La falta de competencia en las compras públicas no solo implica que el Estado gaste más y la ciudadanía reciba menos, sino que también puede limitar la entrada y participación de nuevos proveedores, reduciendo la diversidad de oferentes y ampliando brechas en el acceso a oportunidades económicas. En este sentido, promover procesos de contratación abiertos, competitivos y transparentes puede contribuir a prevenir colusiones, reducir riesgos de corrupción y mejorar el uso de los recursos públicos, al tiempo que favorece una mayor participación de proveedores y condiciones más equitativas de acceso, lo que puede incidir positivamente en la inclusión de empresas con distintas características, incluidas aquellas lideradas por mujeres.
Contribución al modelo de desarrollo del Segundo piso de la Cuarta Transformación y visión de largo plazo
Ante la situación actual, los retos descritos en este diagnóstico y en congruencia con una visión de desarrollo de largo plazo, el Programa se organiza en ejes estratégicos que permiten articular intervenciones, alinear capacidades y enfocar los esfuerzos de la Comisión en ámbitos clave para el desarrollo económico con bienestar. Los ejes que estructuran el Programa son los siguientes:
I. Mercados sin abusos que impulsen la competitividad de las empresas y mejoren la vida de las personas: enfocados en corregir prácticas que distorsionan el funcionamiento de los mercados, fortaleciendo condiciones de competencia que incentiven la inversión, la innovación y un desarrollo económico con beneficios tangibles para la población.
II. Mercados abiertos con mayor participación de empresas, especialmente micro, pequeñas y medianas: orientados a generar condiciones de acceso y permanencia que amplíen la participación, favorezcan la diversidad de actores y promuevan entornos dinámicos que detonen la innovación y el crecimiento.
III. Mercados menos concentrados que favorezcan la competencia y amplíen las opciones para las personas y empresas: enfocados en prevenir y reducir estructuras que limiten la competencia, promoviendo una mayor diversidad de opciones y condiciones que impulsen mercados más incluyentes, eficientes e innovadores.
IV. Mercados informados que promuevan el cumplimiento, fortalezcan la competencia y eviten prácticas que afecten a las personas y a las empresas: orientados a desarrollar una política activa de abogacía de la competencia que, mediante la generación de evidencia, la emisión de recomendaciones y la difusión de información clara y oportuna, fortalezca la cultura de competencia entre empresas y personas, facilite la toma de decisiones informadas y contribuya a prevenir riesgos en los mercados.
A partir de estos ejes, se define un objetivo para cada uno de ellos, mismos que guían el quehacer institucional de la Comisión y permiten traducir esta visión estratégica en acciones concretas orientadas a resultados. En ese sentido, los objetivos del Programa son los siguientes:
1. Combatir las prácticas anticompetitivas que generan afectaciones en precios y disponibilidad de bienes y servicios para las personas consumidoras.
2. Eliminar barreras a la competencia que restringen el funcionamiento eficiente de los mercados.
3. Garantizar la eficiencia en el control de concentraciones para la prevención de riesgos anticompetitivos en los mercados internos.
4. Fomentar la cultura de la competencia basada en la promoción de sus principios y beneficios entre agentes económicos, autoridades y personas consumidoras.
Con estas prioridades, la Comisión Antimonopolio contribuye al modelo de desarrollo impulsado por el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, mediante la aplicación de una política de competencia que ayude en:
I) Reducir desigualdades para los participantes en la economía: combatir las prácticas monopólicas y fomentar mercados más abiertos, evitar la concentración excesiva de riqueza y poder económico, para facilitar el crecimiento de la economía.
II) Tener bienes y servicios con precios más asequibles y mejor calidad: tener mayor competencia para que las empresas mejoren los precios y la calidad de sus productos y así beneficiar a las personas consumidoras, especialmente a los hogares de menores ingresos.
III) Promover mayor innovación y productividad: crear condiciones que generen mayor presión competitiva para que las empresas se motiven a optimizar sus procesos de producción, a través de la innovación tecnológica y la eficiencia productiva, y así impulsar el crecimiento económico sostenible y compartido.
IV) Impulsar a la entrada y expansión de MiPyMES: promover un entorno competitivo para que las empresas, en especial a las pequeñas y medianas, participen en igualdad de condiciones y se eliminen las barreras a la entrada que permitan que nuevos emprendedores se incorporen a los mercados.
V) Combatir la corrupción y privilegios: sancionar y eliminar colusiones y prácticas anticompetitivas limita redes de favoritismo y fortalece el Estado de derecho económico.
Ante esta perspectiva, el Programa se alinea con los principios del Humanismo Mexicano, particularmente con la prosperidad compartida, al enfocarse en el bienestar social y no solo en la eficiencia económica. Esto implica considerar que se evalúen los mercados considerando impactos en comunidades, empleo y acceso a bienes y servicios esenciales, promoviendo condiciones de competencia que coadyuven en la reducción de desigualdades sociales y regionales. En este sentido, la política de competencia busca, entre otros aspectos, favorecer el acceso equitativo a bienes y servicios, promover competencia en zonas rezagadas o con desigualdades regionales y fomentar una cultura ética y de responsabilidad empresarial alineada con valores sociales, no solo con maximización de ganancias. Por lo anterior, la política de competencia se reorienta hacia la justicia social, donde el mercado esté al servicio de las personas.
En ese sentido, la Comisión Antimonopolio tiene una misión clara, defender el derecho de la población al acceso equitativo a bienes y servicios, mediante la promoción de mercados abiertos y competidos, evitando la concentración ilegal del poder económico y sancionando las prácticas monopólicas, para proteger a las personas consumidoras y contribuir al desarrollo y a la reducción de desigualdades.
En congruencia con este enfoque, la Comisión proyecta como visión institucional ser una autoridad de competencia referente, confiable y técnicamente sólida, que contribuya a una economía más dinámica, innovadora e incluyente, con mayor productividad y crecimiento sostenido, en beneficio de la población.
Asimismo, el Programa abona al cumplimiento de los Cien Compromisos 2025-2030, agrupados en sus Catorce Repúblicas. De forma específica, se contribuye tangencialmente en la Relocalización para crear Polos de Desarrollo Económico y Regional, vinculados con el apartado "República próspera y conectada", al vigilar que las condiciones de competencia existan en los mercados de las regiones que formarán parte de dichos polos.
Además, con el logro de los objetivos y metas establecidas en el Programa se contribuye a concretar las Metas 2030 establecidas en la Estrategia de Desarrollo Económico Equitativo y Sustentable para la Prosperidad Compartida, Plan México, particularmente para estar dentro del ranking de las 10 economías más importantes del mundo; coadyuvar a elevar la proporción de inversión respecto del PIB y a reducir el tiempo total para concretar una inversión, mediante el análisis de concentraciones, de manera ágil y expedita, dentro de los plazos legales, a fin de dar certeza a la inversión, facilitar los flujos de capital y dinamizar la economía.
Visión de largo plazo
Al 2030, la implementación del Programa de la Comisión será una herramienta que coadyuve a alcanzar un mayor poder adquisitivo de las familias mexicanas, mediante precios más bajos en bienes y servicios; mejor calidad y variedad, de modo que las personas accedan a mejores productos y más opciones; a tener mercados menos concentrados y dinámicos, que favorezcan la creación de empresas y empleos, con menos abusos de mercado; a fortalecer la cultura de competencia en los sectores público, privado, académico y población en general; generar una mayor certidumbre para quienes desean emprender o innovar e incrementar la movilidad social, al abrir oportunidades económicas, más personas pueden mejorar su situación.
Estos cambios incidirán positivamente en la productividad, la innovación y el bienestar económico, en línea con una visión de desarrollo centrado en la justicia económica y la equidad de oportunidades. Asimismo, con un horizonte de veinte años, la aplicación de una política de competencia que priorice el bienestar colectivo contribuirá que México sea líder a nivel mundial en decisiones de política pública orientada a un modelo de desarrollo y crecimiento económico sostenible e inclusivo, mediante mercados que operen al servicio de las personas, en especial en aquellos sectores con mayor incidencia en el bienestar de los que menos tienen.
El presente Programa se encuentra alineado con el PND, particularmente con su Eje General 3: Economía moral y trabajo, el Objetivo prioritario 3.9: Impulsar el crecimiento y desarrollo económico equilibrado entre todas las regiones del país con respeto a su diversidad para crear prosperidad compartida, y la Estrategia 3.9.3: Fomentar la competencia económica, la competitividad y la formalidad de los mercados para mejorar las condiciones de creación y operación de empresas en el territorio nacional. Asimismo, el Programa está vinculado al PSE en su objetivo 4. Impulsar la innovación y la competencia en el mercado interno, mediante la Estrategia 4.5 Generar las condiciones del ambiente de negocios para la sana competencia, competitividad y formalidad de los mercados.
Los Objetivos del Programa derivan del análisis puntual de las problemáticas más relevantes que limitan la competencia económica y la libre concurrencia en los mercados de la economía nacional, con el propósito de combatir prácticas monopólicas, prevenir concentraciones ilícitas, eliminar barreras y condiciones anticompetitivas, así como fortalecer marcos regulatorios, promover una cultura de competencia económica y que sean tangibles los beneficios que la política de competencia genera en el bienestar de las personas. Con ello, se busca generar condiciones de certidumbre que estimulen la inversión, incentivar la innovación y propiciar la cooperación y colaboración entre el sector público, social y privado, tanto en el ámbito nacional como internacional, para el diseño de proyectos estratégicos de mediano y largo plazo, orientados a lograr mercados más eficientes que contribuyan a alcanzar un desarrollo económico inclusivo, justo y sostenible que mejore la vida de las familias mexicanas.
En este sentido, el Programa se estructura con los siguientes objetivos:
| Objetivos del Programa Institucional de la Comisión Nacional Antimonopolio 2026 - 2030
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| 1. Combatir las prácticas anticompetitivas que generan afectaciones en precios y disponibilidad de bienes y servicios para las personas consumidoras |
| 2. Eliminar barreras a la competencia que restringen el funcionamiento eficiente de los mercados |
| 3. Garantizar la eficiencia en el control de concentraciones para la prevención de riesgos anticompetitivos en los mercados internos |
| 4. Fomentar la cultura de la competencia basada en la promoción de sus principios y beneficios entre agentes económicos, autoridades y personas consumidoras |
6.1 Relevancia del Objetivo 1: Combatir las prácticas anticompetitivas que generan afectaciones en precios y disponibilidad de bienes y servicios para las personas consumidoras En los mercados mexicanos persisten conductas que distorsionan la competencia y limitan el bienestar de la población, particularmente las colusiones y abusos de poder de mercado de empresas sobre otras (prácticas monopólicas absolutas y relativas). Las primeras incluyen acuerdos o intercambios de información entre competidores para fijar precios, limitar la producción y oferta de bienes y servicios, repartirse mercados o manipular licitaciones; las segundas se refieren a conductas como obligar a comprar un producto junto con otro, negarse a vender o dar acceso a un producto o servicio, usar las ganancias de un producto para vender otro artificialmente barato y sacar a competidores, vender por debajo de sus costos con la expectativa de recuperar pérdidas mediante aumentos futuros de precios, o vender el mismo producto a diferentes clientes con precios distintos sin una justificación válida, entre otras.
Estas prácticas o conductas tienen un impacto sobre la operación de los mercados, lo cual repercute en las condiciones de vida de los hogares. En sectores clave como el de salud, estas conductas se traducen en sobreprecios significativos: las familias pueden pagar hasta 17.8% más por sueros y soluciones, y hasta 76.3% más por insulina.(100) Asimismo, se ha encontrado evidencia de que el daño estimado que pueden generar estas prácticas en las compras públicas es significativo, por ejemplo, en licitaciones para la compra de estudios de laboratorio y bancos de sangre, el daño estimado fue de al menos 1,389.7 millones de pesos, monto con el que se podría cubrir el presupuesto necesario para adquirir 46 mil 987 marcapasos o 927 ambulancias.(101)
Además de su efecto sobre las familias, estas conductas hacen que las empresas se vuelvan menos innovadoras. En lugar de competir con ideas nuevas o trabajar mejor, algunas empresas prefieren ponerse de acuerdo de manera ilegal o actuar indebidamente para sacar a otros del mercado. Esto limita la variedad de productos y frena la creación de empleos de calidad.
También existen las concentraciones ilícitas, que son operaciones que, al realizarse pueden tener efectos negativos para la competencia en los mercados. Cuando ocurren, las personas consumidoras tienen menos opciones y los precios pueden subir. Por ello, la Comisión Antimonopolio investigará estas operaciones para proteger el interés público, mantener mercados competitivos, y proteger tanto a las familias como a los negocios que desean competir de forma justa.
De esta forma, garantizar precios justos evita que las familias mexicanas vean comprometido su presupuesto por prácticas ilegales, abusivas o concentraciones ilícitas, lo que permite que accedan a mejores productos y servicios sin pagar sobreprecios y, por ende, mejore su la calidad de vida. Esto se alinea con el Segundo Piso de la Transformación al colocar la competencia económica como un pilar del desarrollo, asegurando que los beneficios del crecimiento se distribuyan de manera equitativa y que la población cuente con más y mejores opciones de consumo.
6.2 Relevancia del Objetivo 2: Eliminar barreras a la competencia que restringen el funcionamiento eficiente de los mercados
En la economía mexicana existen barreras y condiciones que restringen la competencia en diversos mercados, particularmente en sectores de alta inversión y complejidad como telecomunicaciones, energía o transporte. Estas barreras pueden originarse tanto por características propias del mercado (por ejemplo, altos costos fijos), como por conductas de las empresas que impiden o dificultan la entrada o permanencia de nuevos competidores o limiten su capacidad para competir, o por regulaciones que afecten el proceso de competencia.
Asimismo, existen elementos (i.e. infraestructura, redes, derechos, entre otros) que son primordiales para la producción de otros bienes o servicios. A estos se les conoce como insumos esenciales, los cuales tienen como característica el ser insustituibles o irreproducibles y suelen estar controlados por uno o varios agentes económicos con poder sustancial o que hayan sido determinados como preponderantes. En ocasiones, la forma de acceder a un insumo esencial puede producir efectos anticompetitivos o ineficiencias en los mercados.
En conjunto, este tipo de situaciones genera que los costos de entrada y/o de operación de las empresas incrementen, que los precios aumenten y que haya una baja calidad en los productos o servicios. La persistencia de estas condiciones tiene implicaciones directas sobre el bienestar de las personas, al limitar la participación de nuevos actores como las MiPyMES y profundizar desigualdades regionales y sectoriales. Por ello, la eliminación de barreras y la instrumentación de acciones regulatorias es fundamental para garantizar un acceso equitativo a los insumos esenciales, fomentar la inclusión de más empresas en las cadenas de valor, especialmente MiPyMES, y evitar que la concentración de recursos estratégicos limite el desarrollo económico y tecnológico del país.
De igual forma, este objetivo es clave para evitar que la concentración de recursos estratégicos limite el desarrollo económico y tecnológico del país y se alinea con el Segundo Piso de la Transformación al promover entornos de competencia efectiva en sectores críticos para la conectividad y el crecimiento.
En este marco general, los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión adquieren una relevancia particular, ya que se busca que la conectividad a través del acceso a internet, telefonía y servicios de información sea un derecho tangible para las y los mexicanos. Para lograrlo, es indispensable que las empresas participen en mercados competidos y puedan acceder equitativamente, en condiciones de no discriminación, a la infraestructura y a los insumos esenciales necesarios para la prestación de estos servicios.
Para lo anterior, la Comisión determinará la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión y les impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia. Estas acciones tienen como objetivo de manera diferenciada a las empresas que no son iguales en tamaño o en posición dentro de los mercados y establecer reglas que permitan equilibrar el piso para todas las empresas que participan en un mercado. De esta forma, se busca corregir desbalances y abrir espacio para que otras empresas de menor tamaño puedan crecer o que las empresas puedan competir en condiciones más justas.(102)
Dichas medidas son esenciales para que la competencia se traduzca en beneficios tangibles para la población. Al promover una mayor participación de empresas, se amplía la cobertura de los servicios, se reducen los costos para los usuarios y se incentiva la innovación, contribuyendo a que la conectividad deje de ser un privilegio y se consolide como un derecho accesible para todas y todos.
En conjunto, estas acciones permiten avanzar hacia mercados más abiertos, dinámicos e inclusivos, en los que la competencia efectiva no solo impulse la eficiencia económica, sino que también garantice el ejercicio de los derechos de las familias mexicanas, mejore la calidad y cobertura de los servicios y contribuya a un desarrollo con mayor equidad y prosperidad compartida.
6.3 Relevancia del Objetivo 3: Garantizar la eficiencia en el control de concentraciones para la prevención de riesgos anticompetitivos en los mercados internos Cuando las empresas deciden fusionarse, pueden obtener beneficios como aumentar su capacidad de producción o mejorar la forma en que realizan sus procesos; sin embargo, estas operaciones también pueden reducir el número de participantes en el mercado especialmente cuando involucran a competidores directos o se llevan a cabo en sectores con pocos productores u oferentes. En tales escenarios, disminuye la presión competitiva para innovar, ofrecer mejores precios o elevar la calidad de los bienes y servicios, lo que limita las opciones de consumo disponibles para las familias mexicanas.
Por ello, el análisis de concentraciones y, en su caso, el establecimiento de condiciones o la no autorización de operaciones indebidas constituye una tarea fundamental de la Comisión Antimonopolio para proteger la competencia y evitar la concentración excesiva de los mercados. Cuando se concentra el poder económico en pocas manos, las MiPyMES enfrentan mayores barreras para crecer y participar en igualdad de condiciones, lo que frena su desarrollo y reduce las oportunidades de empleo a nivel local y regional.
De igual forma, cuando las empresas no informan sobre las operaciones que deben ser evaluadas por la Comisión, se limita la capacidad de la autoridad para intervenir de forma oportuna. Esta omisión puede permitir que se consoliden estructuras de mercado anticompetitivas con efectos negativos en la competencia y el bienestar social, por lo que la Comisión investigará y sancionará aquellas que no sean autorizadas cuando requieran dicha autorización, conforme a lo establecido en la LFCE.
En este marco, también cobra relevancia la emisión de opiniones vinculadas a la participación cruzada, incluidas aquellas solicitadas por otras autoridades como la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, lo que contribuye a prevenir riesgos a la competencia desde el diseño de los mercados y a promover un uso eficiente de los recursos públicos en beneficio de la sociedad. Asimismo, la Comisión revisa y da su opinión acerca de bases de licitación, y sobre los participantes en los procesos licitatorios y el otorgamiento o cesión de concesiones y permisos, con el fin de que los procesos sean más abiertos y competitivos, asegurando mejores resultados en precio, calidad e innovación.
Este objetivo es esencial para mantener mercados dinámicos, incentivar la innovación y prevenir que existan las condiciones propicias para abusos de poder económico. Estas acciones se alinean con los principios del Segundo Piso de la Transformación, al promover un crecimiento económico justo, competitivo y orientado al bienestar general.
6.4 Relevancia del Objetivo 4: Fomentar la cultura de la competencia basada en la promoción de sus principios y beneficios entre agentes económicos, autoridades y personas consumidoras La efectividad de la política de competencia no reside únicamente en la capacidad sancionatoria de la autoridad, sino también en la prevención y el cumplimiento voluntario del marco normativo. El desconocimiento de las reglas de mercado incrementa los riesgos de conductas que perjudican a las personas consumidoras y a las empresas; por ello, resulta primordial promover la certificación de programas de cumplimiento que generen incentivos para prevenir conductas anticompetitivas y favorezcan una cultura de legalidad en beneficio del interés público al interior de las empresas.
Por otra parte, para que los mercados funcionen con eficiencia, es indispensable que la Comisión oriente a otras autoridades, reguladores y empresas mediante la emisión de recomendaciones basadas en estudios de condiciones de competencia. Esta labor se potencia a través de la coordinación interinstitucional, nacional e internacional, estableciendo convenios con órganos reguladores para facilitar la detección de prácticas anticompetitivas, así como alianzas con autoridades en materia de competencia de otras jurisdicciones para el intercambio de mejores prácticas y el fortalecimiento de capacidades técnicas.
Asimismo, para que la política de competencia permee en todos los sectores de la sociedad, es necesario posicionarla en la agenda pública. Además de la evaluación técnica de las resoluciones; se requiere difundir los beneficios de la competencia en lenguaje ciudadano y propiciar espacios de divulgación con los sectores público y privado para fomentar el interés y conocimiento de sus principios. De esta manera, un entorno procompetitivo e informado asegura que los beneficios de la competencia económica se traduzcan en prosperidad compartida.
6.5 Vinculación del Programa Institucional de la Comisión Nacional Antimonopolio 2026 - 2030 Los objetivos prioritarios del Programa se encuentran estrechamente vinculados con los objetivos y estrategias definidos en el PSE, lo cual garantiza que los esfuerzos realizados tanto por la Comisión como por la Secretaría vayan en una misma dirección para alcanzar los compromisos establecidos en la planeación nacional:
| Objetivos del Programa Institucional de la Comisión
Nacional Antimonopolio 2026 - 2030
| Objetivos del PSE 2025 - 2030
| Estrategias del PSE 2025 - 2030
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| Objetivo 1. Combatir las prácticas anticompetitivas que generan afectaciones en precios y disponibilidad de bienes y servicios para las personas consumidoras. | Objetivo 4. Impulsar la innovación y la competencia en el mercado interno. | Estrategia 4.5 Generar las condiciones del ambiente de negocios para la sana competencia, competitividad y formalidad de los mercados. |
| Objetivo 2. Eliminar barreras a la competencia que restringen el funcionamiento eficiente de los mercados. |
| Objetivo 3. Garantizar la eficiencia en el control de concentraciones para la prevención de riesgos anticompetitivos en los mercados internos. |
| Objetivo 4. Fomentar la cultura de la competencia basada en la promoción de sus principios y beneficios entre agentes económicos, autoridades y personas consumidoras. |
Asimismo, los objetivos del Programa contribuirán al cumplimiento de la Agenda 2030 impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, la cual está integrada por 17 objetivos de Desarrollo Sostenible. A continuación, se presenta la vinculación a dichos objetivos y metas de la Agenda 2030:
| Objetivos del Programa Institucional de la Comisión
Nacional Antimonopolio 2026 - 2030
| Objetivos de Desarrollo Sostenible
2030
| Metas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030
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| Objetivo 1. Combatir las prácticas anticompetitivas que generan afectaciones en precios y disponibilidad de bienes y servicios para las personas consumidoras. | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. | Meta 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra. |
| Objetivo 2. Eliminar barreras a la competencia que restringen el funcionamiento eficiente de los mercados. |
| Objetivo 3. Garantizar la eficiencia en el control de concentraciones para la prevención de riesgos anticompetitivos en los mercados internos. |
| Objetivo 4. Fomentar la cultura de la competencia basada en la promoción de sus principios y beneficios entre agentes económicos, autoridades y personas consumidoras. |
El Programa se vincula con el Objetivo 8 y, de manera específica con la meta 8.2 de la Agenda 2030, al establecer acciones orientadas a garantizar mercados competidos que incrementen la productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación. Al prevenir y sancionar prácticas anticompetitivas, eliminar barreras de entrada y promover marcos regulatorios que promuevan la competencia, la Comisión Antimonopolio busca crear condiciones que estimulen la inversión, impulsen sectores de alto valor agregado y favorezcan un uso más eficiente de los recursos. De este modo, contribuye al crecimiento económico inclusivo y sostenible, en beneficio de las personas consumidoras, las empresas, los trabajadores y el desarrollo nacional.
7. Estrategias y líneas de acción Los cuatro objetivos establecidos en el Programa se alcanzarán mediante una serie de estrategias, las cuales a su vez se implementarán por medio de líneas de acción puntuales y concretas. Asimismo, el Programa incorpora una estrategia transversal cuyo objetivo es fortalecer las capacidades institucionales de la Comisión para asegurar una implementación eficaz, coordinada y basada en evidencia de la política de competencia. Estas líneas de acción se traducirán en actividades que serán ejecutadas por las distintas áreas responsables de la Comisión Antimonopolio, encargadas de llevar a cabo los procedimientos enmarcados en su mandato constitucional, lo cual contribuirá al cumplimiento de los objetivos, estrategias y acciones plasmadas en el PND y en el PSE.
Objetivo 1.- Combatir las prácticas anticompetitivas que generan afectaciones en precios y disponibilidad de bienes y servicios para las personas consumidoras
Estrategia 1.1.- Fortalecer la detección y desarticulación de conductas anticompetitivas para promover entornos económicos competidos y el bienestar de la población. | Líneas de acción
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| 1.1.1 Implementar acciones de detección sobre la probable realización de prácticas monopólicas y concentraciones ilícitas, mediante sistemas de monitoreo y análisis de información económica en mercados estratégicos. |
| 1.1.2 Promover el Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones entre agentes económicos mediante campañas de información sectoriales. |
Estrategia 1.2.- Facilitar el acceso a mecanismos de denuncia y de reporte para personas y empresas con el fin de fortalecer la investigación de conductas anticompetitivas.
| Líneas de acción
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| 1.2.1 Implementar acciones que promuevan la presentación de denuncias ante la Comisión por probables prácticas anticompetitivas, a través de canales presenciales y plataformas digitales seguras, accesibles y que protejan la confidencialidad del denunciante. |
| 1.2.2 Promover la presentación de denuncias y reportes por parte de personas y empresas, mediante la difusión de guías, requisitos y materiales informativos a través del portal de la Comisión. |
Estrategia 1.3.- Sancionar las prácticas monopólicas y las concentraciones ilícitas que afectan la competencia, con el fin de contar con mercados más equitativos para el bienestar de la población y el crecimiento de las empresas.
| Líneas de acción
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| 1.3.1 Identificar los elementos necesarios que acrediten violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica mediante la investigación de prácticas monopólicas y concentraciones ilícitas en los mercados, con apego al debido proceso. |
| 1.3.2 Desarrollar herramientas que concentren y sistematicen información estadística y económica de los procedimientos de la Comisión, mediante plataformas y esquemas de gestión de información, para fortalecer la investigación y sanción de prácticas monopólicas y concentraciones ilícitas. |
| 1.3.3 Defender las actuaciones de la Comisión Nacional Antimonopolio en materia de prácticas anticompetitivas ante el Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de los medios de defensa previstos en la normativa aplicable. |
| 1.3.4 Presentar querellas penales en materia de competencia económica ante el Ministerio Público, mediante el impulso al uso de esta atribución como herramienta para la persecución de conductas anticompetitivas. |
| 1.3.5 Ejercer acciones colectivas, mediante su tramitación conforme a la legislación aplicable, para contribuir a la sanción y reparación de daños ocasionados por prácticas monopólicas y concentraciones ilícitas en beneficio de las personas consumidoras. |
Estrategia 1.4.- Fortalecer la verificación del cumplimiento de resoluciones de la autoridad de competencia para asegurar la eliminación y corrección de conductas anticompetitivas. | Líneas de acción
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| 1.4.1 Verificar el cumplimiento de las resoluciones del Pleno derivadas de investigaciones por prácticas monopólicas relativas, mediante el seguimiento y revisión de las obligaciones impuestas. |
| 1.4.2 Iniciar procedimientos por posibles incumplimientos a las resoluciones emitidas por el Pleno, mediante su detección y análisis, para sancionarlos y corregirlos cuando se acrediten. |
Objetivo 2.- Eliminar barreras a la competencia que restringen el funcionamiento eficiente de los mercados
Estrategia 2.1.- Incidir en las condiciones que afectan la competencia en los mercados, con el fin de eliminar restricciones que limiten la participación de las empresas, favoreciendo su entrada, permanencia y expansión. | Líneas de acción
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| 2.1.1 Investigar la existencia de insumos esenciales y barreras a la competencia en los mercados, mediante el análisis de condiciones de competencia, a fin de aportar elementos para que se ordene la eliminación de barreras y/o regulación de los insumos esenciales correspondientes. |
| 2.1.2 Identificar los elementos necesarios que determinen la existencia de las condiciones de competencia efectiva en los mercados mediante el procedimiento de investigación en la materia, a fin de emitir la resolución o, en su caso, la opinión, a efecto de que la autoridad coordinadora del sector establezca la regulación y medidas correspondientes. |
| 2.1.3 Evaluar el diseño e implementación de las medidas para eliminar los problemas de competencia identificados, mediante el seguimiento y análisis de sus resultados. |
| 2.1.4 Verificar el cumplimiento de las resoluciones del Pleno derivadas de investigaciones por insumos esenciales y barreras a la competencia, mediante el seguimiento y revisión de las obligaciones impuestas conforme a la normativa aplicable. |
Estrategia 2.2.- Propiciar condiciones que reduzcan las asimetrías entre los agentes económicos en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, para favorecer el desarrollo de competencia efectiva.
| Líneas de acción
|
| 2.2.1 Determinar agentes económicos preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, así como la imposición y revisión de medidas a dichos agentes económicos y aquellos con poder sustancial en estos sectores, mediante la evaluación de la efectividad de la regulación, para prevenir afectaciones a la competencia y libre concurrencia. |
| 2.2.2 Verificar el cumplimiento de medidas específicas impuestas a los Agentes Económicos Preponderantes o con poder sustancial en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, mediante la supervisión y evaluación de su implementación. |
Objetivo 3.- Garantizar la eficiencia en el control de concentraciones para la prevención de riesgos anticompetitivos en los mercados internos
Estrategia 3.1.- Prevenir una mayor concentración de los mercados, a fin de preservar condiciones de competencia que favorezcan el acceso equitativo a los mercados y dinamicen la economía. | Líneas de acción
|
| 3.1.1 Analizar las concentraciones notificadas mediante la aplicación de criterios técnicos y conforme a los plazos legales. |
| 3.1.2 Verificar el cumplimiento de las resoluciones del Pleno respecto de concentraciones condicionadas y no autorizadas, mediante los procedimientos que correspondan conforme al marco legal aplicable, y, en su caso, los procedimientos incidentales para sancionar los incumplimientos. |
| 3.1.3 Analizar y, en su caso, emitir opiniones sobre licitaciones, concesiones y permisos que son notificadas mediante la aplicación de la normativa aplicable. |
Estrategia 3.2.- Fortalecer la supervisión oportuna de concentraciones que debieron sujetarse a revisión conforme a la normativa aplicable, para preservar condiciones de competencia en los mercados. | Líneas de acción
|
| 3.2.1 Identificar el indicio sobre el incumplimiento de la obligación de notificar una concentración cuando legalmente debió hacerse, mediante herramientas y fuentes de identificación de las operaciones. |
| 3.2.2 Sancionar el incumplimiento de la obligación de notificar una concentración cuando legalmente debió hacerse, mediante la acreditación de la responsabilidad de los agentes involucrados. |
Objetivo 4.- Fomentar la cultura de la competencia basada en la promoción de sus principios y beneficios entre agentes económicos, autoridades y personas consumidoras
Estrategia 4.1.- Fortalecer las condiciones de competencia en los mercados y el cumplimiento del marco legal en la materia, para prevenir conductas anticompetitivas y promover un entorno procompetitivo en beneficio del interés público.
| Líneas de acción
|
| 4.1.1 Impulsar acciones orientadas a la prevención de conductas anticompetitivas y el cumplimiento del marco legal mediante la certificación de programas de cumplimiento en materia de competencia. |
| 4.1.2 Emitir recomendaciones para mejorar el funcionamiento de los mercados estratégicos, mediante estudios de condiciones de competencia. |
Estrategia 4.2.- Ampliar la coordinación interinstitucional nacional e internacional, para la implementación de medidas que promuevan mercados más abiertos.
| Líneas de acción
|
| 4.2.1 Establecer mecanismos de coordinación con autoridades regulatorias y sectoriales, mediante convenios de colaboración que promuevan la cultura de la competencia y faciliten la detección de prácticas anticompetitivas. |
| 4.2.2 Establecer alianzas estratégicas con autoridades de competencia de otras jurisdicciones, mediante mesas de trabajo y grupos técnicos especializados en los que se promueva el intercambio de mejores prácticas y el fortalecimiento de capacidades técnicas. |
Estrategia 4.3.- Posicionar la política de competencia, para contribuir a su incorporación en la agenda pública en beneficio del interés social.
| Líneas de acción
|
| 4.3.1 Difundir los beneficios de la política de competencia, mediante la evaluación técnica de las determinaciones y resoluciones de la Comisión Antimonopolio. |
| 4.3.2 Promover el interés y conocimiento de los principios de competencia, mediante la organización espacios de divulgación con los sectores público y privado. |
| 4.3.3 Promover la comprensión y la cultura de la competencia en la sociedad, mediante la implementación de campañas de comunicación en lenguaje ciudadano. |
Con el propósito de dar seguimiento puntual al cumplimiento de los cuatro objetivos del Programa, se han diseñado indicadores estratégicos que permiten conocer, de manera oportuna y precisa, los avances en el quehacer institucional y el impacto de las acciones emprendidas.
A continuación, se presentan las fichas de los indicadores estratégicos:
Indicador 1.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| 1.1 Porcentaje de investigaciones de prácticas anticompetitivas terminadas con determinación de responsabilidad y/o imposición de compromisos. |
| Objetivo
| Objetivo 1. Combatir las prácticas anticompetitivas que generan afectaciones en precios y disponibilidad de bienes y servicios para las personas consumidoras. |
| Definición o
descripción
| El indicador mide la eficacia en la investigación para sancionar y/o corregir prácticas anticompetitivas (monopólicas y concentraciones ilícitas), al comparar el número de investigaciones de prácticas anticompetitivas que terminaron con determinación de responsabilidad y/o imposición de compromisos, respecto del total de investigaciones de prácticas anticompetitivas terminadas en el año de medición. En virtud de la variabilidad anual de este dato, se utiliza una proporción acumulada móvil de cinco años para aislar este efecto. Notas: (1) Para fines del indicador, se consideran como prácticas anticompetitivas: las prácticas monopólicas absolutas y relativas, y las concentraciones ilícitas, de conformidad con lo establecido en los artículos 53, 54, 55, 56, 62, 80 a 85 de la LFCE. (2) El denominador contabiliza las investigaciones terminadas (incluye asuntos terminados en sanción o cierre de investigación por compromisos o falta de elementos) en el periodo de los cinco años inmediatos: t, t-1, t-2, t-3 y t-4 (donde t es el año que se reporta, por ejemplo 2026, y considera los años 2025, 2024, 2023 y 2022). Por su parte, el numerador solo refleja los asuntos terminados en sanción y/o cierre de investigación por compromisos, en el mismo periodo de cinco años. (3) Dada la naturaleza del procedimiento, se incluyen investigaciones provenientes de años anteriores, debido a los plazos de investigación, emplazamiento y resolución establecidos en el marco legal. Por lo anterior, se utiliza una proporción acumulada móvil para suavizar el efecto que podrían tenerse en los límites del año, por lo que el resultado reportado por año no corresponde únicamente al porcentaje de los asuntos resueltos en ese mismo año, sino el promedio de ese año más cuatro años previos. (4) Dada la imposibilidad operativa de medir, de forma precisa y exacta, las afectaciones en precios y la disponibilidad de bienes y servicios ocasionadas por las prácticas anticompetitivas, dentro de las resoluciones de la Comisión que terminan con determinación de responsabilidad y/o imposición de compromisos, se incluye un apartado en el que se estima el daño causado por la práctica y, en su caso, la orden de supresión y corrección de la práctica monopólica relativa correspondiente. En ese sentido, el indicador mide la proporción de investigaciones que terminan con la imposición de sanciones y/o medidas correctivas, como proxy de la función correctiva de la Comisión Antimonopolio en materia de prácticas anticompetitivas. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2016, p. 48), un indicador proxy o indicador indirecto, se usa ante la imposibilidad de medir lo que efectivamente es de interés. El indicador mide una variable distinta a la que nos ocupa específicamente, pero presentando una relación lo más directa posible con el fenómeno de interés. Disponible para su consulta en: https://www.gob.mx/shcp/documentos/guia-para-el-diseno-de-indicadores-estrategicos |
| Derecho
asociado
| Derecho de acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones (Artículo 6o. Constitucional); Derecho a la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio (Artículo 7o. Constitucional); Derecho de acceso a mercados con competencia y libre concurrencia, combatiendo los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones que perjudican el funcionamiento eficiente de los mercados (Artículo 28 Constitucional). |
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o
frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad
de la
información
| Enero del año siguiente
|
| Unidad de
medida
| Porcentaje
| Periodo de
recolección de
los datos
| Enero a diciembre
|
| Tendencia
esperada
| Ascendente
| Unidad
responsable de
reportar el
avance
| Dirección General de Evaluación de Impacto Económico
|
| Método de
cálculo
| [Suma de investigaciones de prácticas anticompetitivas terminadas con determinación de responsabilidad y/o imposición de compromisos en un periodo de cinco años / Número total de investigaciones de prácticas anticompetitivas terminadas en un periodo de cinco años]* 100 |
| Observaciones
| |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable
1
| Suma de
investigaciones de
prácticas
anticompetitivas
terminadas con
determinación de
responsabilidad y/o
imposición de
compromisos en un
periodo de cinco años
| Valor
variable 1
| 15
| Fuente de
información
variable 1
| Buscador de opiniones y resoluciones de la
Comisión Nacional Antimonopolio
Está disponible al público en general a través de:
https://resoluciones.antimonopolio.gob.mx/
|
| Nombre variable
2
| Número total de
investigaciones de
prácticas
anticompetitivas
terminadas en un
periodo de cinco años
| Valor
variable 2
| 23
| Fuente de
información
variable 2
| Buscador de opiniones y resoluciones de la
Comisión Nacional Antimonopolio
Está disponible al público en general a través de:
https://resoluciones.antimonopolio.gob.mx/
|
| Sustitución en
método de
cálculo
| |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 65.22%
| |
| Año
| 2025
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 66.50%
| |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| ND
| ND
| ND
| ND
| 60.00%
| 55.88%
| 64.29%
| 65.22%
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 65.50%
| 65.75%
| 66.00%
| 66.25%
| 66.50%
|
Indicador 2.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| 2.1 Porcentaje de procedimientos sobre barreras a la competencia terminados que derivan en la imposición de medidas. |
| Objetivo
| Objetivo 2. Eliminar barreras a la competencia que restringen el funcionamiento eficiente de los mercados. |
| Definición o
descripción
| El indicador mide la eficacia en la eliminación de barreras, así como en determinación de la existencia de insumos esenciales, al comparar el número de casos de investigaciones terminadas con la emisión de medidas, con el número total de casos de investigaciones sobre insumos esenciales y barreras a la competencia (IEBC) terminados. En virtud de la variabilidad anual de este dato, se utiliza una proporción acumulada móvil de cuatro años para aislar este efecto. Notas: (1) Para fines del indicador, se consideran como barreras: estructurales, hechos o conductas de los agentes económicos y regulatorias, de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción IV, 94 y 95 de la LFCE. (2) El denominador contabiliza las investigaciones terminadas (asuntos terminados con la emisión de medidas y cierres de investigación) en el periodo de los cuatro años inmediatos con información disponible (t, t-1, t-2 y t-3). Por su parte el numerador solo los asuntos terminados con la emisión de medidas, en el mismo periodo de cuatro años. (3) Dada la naturaleza del procedimiento, se incluyen investigaciones provenientes de años anteriores, debido a los plazos de investigación, emplazamiento y resolución establecidos en el marco legal. Por lo anterior, se utiliza una proporción acumulada móvil para suavizar el efecto que podrían tenerse en los límites del año, por lo que el resultado reportado por año no corresponde únicamente al porcentaje de los asuntos resueltos en ese mismo año, sino al promedio de ese año más tres años previos. En los años en los que, debido a los plazos legales, no se resuelva algún asunto sobre IEBC se considerará el dato del año inmediato anterior con información disponible. (4) La emisión de medidas podrá consistir en: la orden de eliminar barreras y/o desincorporación de activos, la determinación de la existencia de insumos esenciales y lineamientos para regularlos, o recomendaciones para las autoridades, de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la LFCE. (5) Dada la imposibilidad operativa de medir, de forma precisa y exacta, la eliminación de barreras a la competencia que restringen el funcionamiento eficiente de los mercados en todos los casos, el indicador mide la proporción de investigaciones que terminan con la orden de eliminar barreras y/o desincorporación de activos, la determinación de la existencia de insumos esenciales y lineamientos para regularlos, o recomendaciones para las autoridades, como proxy de la función correctiva de la Comisión Antimonopolio en materia de barreras a la competencia. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2016, p. 48), un indicador proxy o indicador indirecto, se usa ante la imposibilidad de medir lo que efectivamente es de interés. El indicador mide una variable distinta a la que nos ocupa específicamente, pero presentando una relación lo más directa posible con el fenómeno de interés. Disponible para su consulta en: https://www.gob.mx/shcp/documentos/guia-para-el-diseno-de-indicadores-estrategicos |
| Derecho
asociado
| Derecho de acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones (Artículo 6o. Constitucional); Derecho a la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio (Artículo 7o. Constitucional); Derecho de acceso a mercados con competencia y libre concurrencia, combatiendo los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones que perjudican el funcionamiento eficiente de los mercados (Artículo 28 Constitucional). |
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o
frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad
de la
información
| Enero del año siguiente
|
| Unidad de
medida
| Porcentaje
| Periodo de
recolección de
los datos
| Enero a diciembre
|
| Tendencia
esperada
| Ascendente
| Unidad
responsable de
reportar el
avance
| Dirección General de Evaluación de Impacto
Económico
|
| Método de
cálculo
| [Suma de investigaciones terminadas con la emisión de medidas en un periodo de cuatro años / Número total de investigaciones sobre insumos esenciales y barreras a la competencia terminadas en un periodo de cuatro años]* 100 |
| Observaciones
| |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable
1
| Suma de investigaciones
terminadas con la emisión de
medidas en un periodo de
cuatro años
| Valor variable
1
| 4
| Fuente de
información
variable 1
| Buscador de opiniones y
resoluciones de la Comisión
Nacional Antimonopolio .
Está disponible al público en
general a través de:
https://resoluciones.antimonopoli
o.gob.mx/
|
| Nombre variable
2
| Número total de
investigaciones sobre insumos
esenciales y barreras a la
competencia terminadas en un
periodo de cuatro años
| Valor variable
2
| 7
| Fuente de
información
variable 2
| Buscador de opiniones y
resoluciones de la Comisión
Nacional Antimonopolio .
Está disponible al público en
general a través de:
https://resoluciones.antimonopoli
o.gob.mx/
|
| Sustitución en
método de
cálculo
| |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 57.14%
| Para el cálculo de la línea base, se utilizaron los datos de los siguientes años | | 2025
| 2023
| 2020
| 2019
| | investigaciones terminadas con la emisión de medidas | 1
| 2
| 1
| 0
| | Número total de investigaciones terminadas | 2
| 2
| 1
| 2
| No se consideraron los años 2024, 2022 y 2021, toda vez que durante esos años no se resolvieron investigaciones sobre IEBC, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 94 de la Ley Federal de Competencia Económica vigente en dichas anualidades. |
| Año
| 2025
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 61.00%
| |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| ND
| ND
| ND
| ND
| ND
| ND
| ND
| 57.14%
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 60.00%
| 60.25%
| 60.50%
| 60.75%
| 61.00%
|
Indicador 3.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| 3.1 Tiempo promedio en el análisis preventivo de concentraciones en los mercados internos. |
| Objetivo
| Objetivo 3. Garantizar la eficiencia en el control de concentraciones para la prevención de riesgos anticompetitivos en los mercados internos. |
| Definición o
descripción
| El indicador mide la eficiencia en la resolución de las notificaciones de concentraciones que no requieren ampliación de plazo durante el año t, de conformidad con los plazos de la normativa aplicable. El plazo máximo legal para resolver sobre el análisis de concentraciones es de 30 días hábiles, contados a partir de la recepción de la notificación o, en su caso, de la documentación adicional solicitada, de conformidad con lo señalado en el artículo 90, fracción V de la Ley Federal de Competencia Económica. |
| Derecho
asociado
| Derecho de acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones (Artículo 6o. Constitucional); Derecho a la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio (Artículo 7o. Constitucional); Derecho de acceso a mercados con competencia y libre concurrencia, combatiendo los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones que perjudican el funcionamiento eficiente de los mercados (Artículo 28 Constitucional). |
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o
frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de
la información
| Enero del año siguiente
|
| Unidad de
medida
| Número absoluto (días hábiles)
| Periodo de
recolección de
los datos
| Enero a diciembre
|
| Tendencia
esperada
| Descendente
| Unidad
responsable de
reportar el avance
| Dirección General de Evaluación de Impacto Económico
|
| Método de
cálculo
| [Suma de días hábiles transcurridos de cada concentración tramitada sin ampliación de plazo, desde la fecha en que los notificantes presentan la totalidad de la información requerida hasta la fecha de la resolución en el año t / Número de notificaciones de concentraciones tramitadas sin ampliación de plazo en el año t] |
| Observaciones
| |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable
1
| Suma de días hábiles
transcurridos de cada
concentración tramitada sin
ampliación de plazo, desde
la fecha en que los
notificantes presentan la
totalidad de la información
requerida hasta la fecha de
la resolución en el año t
| Valor
variable 1
| ND
| Fuente de
información
variable 1
| Buscador de opiniones y resoluciones de
la Comisión Nacional Antimonopolio.
Está disponible al público en general a
través de:
https://www.gob.mx/antimonopolio
|
| Nombre variable
2
| Número de notificaciones
de concentraciones
tramitadas sin ampliación
de plazo en el año
| Valor
variable 2
| ND
| Fuente de
información
variable 2
| Buscador de opiniones y resoluciones de
la Comisión Nacional Antimonopolio.
Está disponible al público en general a
través de:
https://www.gob.mx/antimonopolio
|
| Sustitución en
método de
cálculo
| No aplica
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| ND
| Como se trata de un indicador de nueva creación, no se cuenta con valores a reportar en la línea base. La línea base será el resultado 2026. |
| Año
| 2026
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 25
| |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| ND
| ND
| ND
| ND
| ND
| ND
| ND
| ND
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 29
| 28
| 27
| 26
| 25
|
Indicador 4.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| 4.1 Porcentaje de mercados estratégicos analizados bajo el enfoque de promoción de los principios y beneficios de la competencia. |
| Objetivo
| Objetivo 4. Fomentar la cultura de la competencia basada en la promoción de sus principios y beneficios entre agentes económicos, autoridades y personas consumidoras. |
| Definición o
descripción
| Mide la proporción de mercados estratégicos (definidos por la Comisión Antimonopolio) que han sido analizados, mediante al menos un documento de abogacía, estudio y/o trabajo de investigación publicados para promover los principios y beneficios de la competencia, a partir de la identificación de áreas de mejora en el funcionamiento de dichos mercados. Notas: (1) Los mercados estratégicos están definidos con base en los criterios de relevancia en el gasto de los hogares, participación en el PIB, o incidencia en el bienestar social, señalados en la sección "Mercados Estratégicos" del presente documento. Estos mercados son: financiero, telecomunicaciones y radiodifusión, transporte, agroalimentario, salud y compras públicas. (2) Un mercado estratégico se considera "analizado" con la publicación de al menos un documento de abogacía, estudio o trabajo de investigación sobre las condiciones de competencia relacionadas con dicho mercado. Cada mercado se contabiliza una sola vez, independientemente del número de documentos publicados. (3) El indicador es acumulativo, por lo que los mercados analizados en años previos se mantienen en el numerador, esto es, si en el año 1 se publicó un estudio, trabajo de investigación o documento de abogacía relacionado con un mercado estratégico, para el año 2 se considera ese mercado analizado más los que se analicen en el año 2. (4) Dado que el número de mercados estratégicos ya se encuentra definido (seis mercados), el denominador de la fórmula del indicador no cambia en el tiempo, pero sí el numerador, lo que permite que el porcentaje vaya incrementando y, por ende, sea ascendente. |
| Derecho
asociado
| Derecho de acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones (Artículo 6o. Constitucional); Derecho a la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio (Artículo 7o. Constitucional); Derecho de acceso a mercados con competencia y libre concurrencia, combatiendo los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones que perjudican el funcionamiento eficiente de los mercados (Artículo 28 Constitucional). |
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o
frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de
la información
| Enero del año siguiente
|
| Unidad de
medida
| Porcentaje
| Periodo de
recolección de los
datos
| Enero a diciembre
|
| Tendencia
esperada
| Ascendente
| Unidad
responsable de
reportar el avance
| Dirección General de Evaluación de Impacto Económico
|
| Método de
cálculo
| (Número acumulado de mercados estratégicos analizados con al menos un documento de abogacía, estudio o trabajo de investigación sobre condiciones de competencia elaborado en el año / Total de mercados estratégicos definidos por la Comisión) x 100 |
| Observaciones
| |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable
1
| Número acumulado de
mercados estratégicos
analizados con al
menos un documento
de abogacía, estudio o
trabajo de
investigación sobre
condiciones de
competencia.
| Valor
variable 1
| ND
| Fuente de
información
variable 1
| 1) Datos reportados en los Informes
trimestrales. Disponible al público en general
a través de:
https://www.antimonopolio.gob.mx/
Micrositios/publicaciones/
|
| Nombre variable
2
| Total de mercados
estratégicos definidos
por la Comisión
| Valor
variable 2
| 6
| Fuente de
información
variable 2
| Programa Institucional de la Comisión
Nacional Antimonopolio 2026-2030
|
| Sustitución en
método de
cálculo
| No aplica
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| ND
| Como se trata de un indicador de nueva creación, no se cuenta con valores a reportar en la línea base. La línea base será el resultado 2026. |
| Año
| 2026
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 83.32%
| |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| ND
| ND
| ND
| ND
| ND
| ND
| ND
| ND
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 0%
| 16.66%
| 33.33%
| 66.67%
| 83.32%
|
Ciudad de México, a veintiséis de junio de dos mil veintiséis.- Programa Institucional de la Comisión Nacional Antimonopolio 2026-2030 aprobado por el Pleno de la Comisión Nacional Antimonopolio durante su vigésima segunda sesión ordinaria dos mil veintiséis, celebrada el veintiocho de mayo del año en curso.- Comisionada Presidenta, Andrea Marván Saltiel.- Rúbrica.- Comisionados: Ana María Reséndiz Mora, Oscar Alejandro Gómez Romero, Ricardo Salgado Perrilliat, Haydeé Soledad Aragón Martínez.- Rúbricas.- Secretario Técnico, Juan Francisco Valerio Méndez.- Rúbrica.
_______
1 Rodríguez-Castelan, C., López-Calva, L. F., & Cabanillas, O. B. (2020). The Effects of Local Market Concentration and International Competition on Firm Productivity: Evidence from Mexico. En World Bank, Washington, DC eBooks.
https://doi.org/10.1596/1813-9450-9210
2 Amini S., Kumar R. & Shome D. (2024). Product market competition and corporate investment: An empirical analysis. International Review of Economics & Finance, Volume 94, 2024.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056024003976
3 OCDE. (2023). Herramientas para una política de competencia con perspectiva de género.
https://doi.org/10.1787/c00dcb4c-es
4 FMI (2025). World Economic Outlook, Global Economy in Flux, Prospects Remain Dim, October 2025.
https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2025/october/english/text.pdf
5 FMI (2026). World Economic Outlook Update, Global Economy: Steady amid Divergent Forces, January 2026.
https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2026/january/english/text.pdf
6 BM. (s.f.). Producto Interno Bruto (México), 1960-2024:
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?end=2024&locations=MX&start=1960
7 INEGI. (2026). Boletín de indicador 93/26.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/pibt/pib_Pconst2026_02.pdf.
8 Banxico. (2025). Informe trimestral julio-septiembre 2025.
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/%7B4E193594-78B1-E4E0-DA60-CB83CCDCE84E%7D.pdf
9 SHCP. (2025). Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2026.
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2026.pdf.
10 FMI (2026). World Economic Outlook, Global Economy: Steady amid Divergent Forces, January 2026.
https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2026/january/english/text.pdf
11 SHCP. (2025). Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2026.
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2026.pdf.
12 Alimentos, bebidas y tabaco Incluye alimentos procesados, bebidas y tabaco; no incluye productos agropecuarios. El rubro de Educación considera colegiaturas. En Otros servicios incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio de telefonía móvil, mantenimiento de automóvil, consulta médica, servicios turísticos en paquete, entre otros.
13 INEGI. (2026). Boletín de indicador 179/26. INPC. 9 de marzo de 2026.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/inpc/inpc_2q2026_03.pdf
14 Organización Mundial del Comercio (2026). Global Trade Outlook and Statistics. Marzo 2026. Disponible en:
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gtos0326_e.pdf
15 Gobierno de México. (2025). Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (p. 19).
https://www.dof.gob.mx/2025/PRESREP/PND%202025-2030.pdf
16 Gobierno de México. (2025). Plan México. Estrategia de Desarrollo Económico Equitativo y Sustentable para la Prosperidad Compartida.
https://www.planmexico.gob.mx/
17 SE (s.f.). Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar.
https://api.podecobi.com/admin/content/library/5/files/085f4b64dc_polos-de-desarrollo-economico-para-el-bienestar-es.pdf.
18 SE (2025). Programa Sectorial de Economía 2025-2030. Objetivo 1 Diversificar la relocalización de empresas en sectores estratégicos.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5776840&fecha=22/12/2025#gsc.tab=0
19 INEGI. (2025). Boletín de indicador 71/25. Estadísticas a Propósito del día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 25 de junio de 2025. En dicho documento se señala que, en 2023, 95.5 % de las unidades económicas del país eran micro.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_MIPYMES_25.pdf#::text=Las%20unidades%20econ%C3%B3micas%20se%20clasifican%20en:%20micro,las%20que%20laboraban%2027%20785%20505%20personas.
20 Cusolito, A. P., & Maloney, W. F. (2018). Productivity Revisited: Shifting Paradigms in Analysis and Policy. World Bank Group. https://hdl.handle.net/10986/30588
21 OCDE (2026). Regulation and growth reloaded: Lessons from 25 years of retail trade and professional services reforms. No. 1860.
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/03/regulation-and-growth-reloaded_780e59ec/4326cd65-en.pdf
22 El Índice Herfindahl-Hirschman es un indicador referencia de la concentración del mercado de una industria (el tamaño de las empresas en relación con la industria en la que pertenecen) y se utiliza para determinar la competitividad del mercado.
23 Rodriguez-Castelan, C., Lopez-Calva, L. F., & Cabanillas, O. B. (2020). The Effects of Local Market Concentration and International Competition on Firm Productivity: Evidence from Mexico. En World Bank, Washington, DC eBooks. https://doi.org/10.1596/1813-9450-9210
24 Rodriguez-Castelan, C., (2015). The Poverty Effects of Market Concentration. World Bank Group. Poverty and Equity Global Practice Group.
https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/49cae68f-c5d3-5192-a07b-9d9e74991c54/content
25 Comisión Federal de Competencia Económica (2018). Poder de mercado y bienestar social.
https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2018/10/Libro-CPC-PoderyBienestar-ver4.pdf#pdf
26 BM (2021). Fixing Markets, not prices: Policy Options to Tackle Economic Cartels in Latin America and the Caribbean.
https://documents1.worldbank.org/curated/en/148021625810668365/pdf/Fixing-Markets-Not-Prices-Policy-Options-to-Tackle-Economic-Cartels-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf
27 OCDE (2025). OECD Supply Chain Resilience Review. Navigating Risks.
https://www.oecd.org/en/publications/oecd-supply-chain-resilience-review_94e3a8ea-en/full-report.html
28 U.S. Department of the Treasury (2022). The State of Labor Market Competition, p.3.
https://home.treasury.gov/system/files/136/State-of-Labor-Market-Competition-2022.pdf
29 Dauda, S. (2020). The Effects of Competition on Jobs and Economic Transformation. World Bank.
https://documents1.worldbank.org/curated/en/360861602285878538/pdf/Equitable-Growth-Finance-and-Institutions-Insight-The-Effects-of-Competition-on-Jobs-and-Economic-Transformation.pdf
30 Stiglitz, J.,Sen, A. y Fitoussi, J. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/8131721/8131772/Stiglitz-Sen-Fitoussi-Commission-report.pdf
31 BM. (2021). Fixing Markets, not prices: Policy Options to Tackle Economic Cartels in Latin America and the Caribbean.
https://documents1.worldbank.org/curated/en/148021625810668365/pdf/Fixing-Markets-Not-Prices-Policy-Options-to-Tackle-Economic-Cartels-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf
32 Suprema Corte de Justicia de la Nación (2015). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Práctica monopólica absoluta..., Libro 21. Tomo I. Registro digital 2009659, 2a./J. 101/2015 (10a.), Segunda Sala, Décima Época, agosto de 2015, p. 814.
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/gaceta/documentos/tomos/2016-12/21_AGO_1.pdf
33 INEGI. (2025). Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. DENUE Interactivo 05/2025. Documento Metodológico.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/temas/directorio/doc/metodologia.pdf
34 Los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar son plataformas industriales que buscan facilitar la localización de inversión productiva mediante infraestructura preparada, incentivos y certidumbre. Además, ofrecen ubicaciones diseñadas para acelerar la instalación industrial, reducir costos logísticos y generar condiciones de operación competitivas para proyectos de diversas escalas.
35 SE (s.f.). Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar.
https://api.podecobi.com/admin/content/library/5/files/085f4b64dc_polos-de-desarrollo-economico-para-el-bienestar-es.pdf.
36 INEGI. (2025). Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. DENUE Interactivo 05/2025.
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
37 El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2025, proporciona información actualizada de las unidades económicas cuyas actividades están clasificadas en todos los sectores del SCIAN, 2023 (SCIAN México), excepto aquellas realizadas por las unidades de producción agropecuaria, que son objeto del Censo Agropecuario. De igual forma, se excluyen del sector transporte a los transportistas independientes sin domicilio fijo registrado.
38 INEGI. (2025). Boletín de indicador 71/25. Estadísticas a Propósito del día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 25 de junio de 2025.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_MIPYMES_25.pdf#::text=Las%20unidades%20econ%C3%B3micas%20se%20clasifican%20en:%20micro,las%20que%20laboraban%2027%20785%20505%20personas
39 OCDE. (2023). Herramientas para una política de competencia con perspectiva de género.
https://doi.org/10.1787/c00dcb4c-es
40 BM (2024). Women, Business and the Law 2024.
https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/853a55af-f1ba-4979-949c-61979af2fbb9
41 Ibid.
42 INEGI. (2025). Censos Económicos 2024. Las mujeres y los hombres en las actividades económicas.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463926443.pdf
43 INEGI. (2025). Censos Económicos 2024. Resultados definitivos. Sistema Automatizado de Información Censal. https://www.inegi.org.mx/app/saic/
44 OCDE. (2023). Herramientas para una política de competencia con perspectiva de género.
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/publications/reports/2023/09/gender-inclusive-competition-toolkit_60844c97/c00dcb4c-es.pdf
45 El concepto de sector plasmado en la presente sección se refiere a las líneas temáticas, mas no a categorías o rubros de catálogos, clasificadores o sistemas de información estadística.
46 La definición de mercados estratégicos relacionados con sectores específicos no significa que la Comisión Antimonopolio vaya a desatender el resto de los sectores y mercados, o que deban realizarse investigaciones o procedimientos cada año en todos los señalados como estratégicos; sino que sea un instrumento que guíe el trabajo institucional hacia donde sea más necesario y donde pueda generar un mayor beneficio para la población.
47 OCDE. (2023). Herramientas para una política de competencia con perspectiva de género.
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/publications/reports/2023/09/gender-inclusive-competition-toolkit_60844c97/c00dcb4c-es.pdf
48 INEGI (s.f.). Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto Trimestral. Año Base 2018:
https://www.inegi.org.mx/temas/pib/#tabulados
49 INEGI (s.f.). ENOE.
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/
50 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (2025). Panorama Anual de Inclusión Financiera 2025, páginas 8, 9 y 79/25:
https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Panorama_Inclusion_2025.pdf
51 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (2022). ENIF 2021: Reporte de resultados.
https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Anexos%20Inclusin%20Financiera/Reporte_Resultados_ENIF_2021.pdf
52 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (2025). ENIF 2024: Reporte de resultados.
https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Anexos%20Inclusin%20Financiera/Reporte_ENIF2024.pdf
53 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (2022). ENIF 2021: Reporte de resultados.
https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Anexos%20Inclusin%20Financiera/Reporte_Resultados_ENIF_2021.pdf
54 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (2025). ENIF 2024: Reporte de resultados.
https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Anexos%20Inclusin%20Financiera/Reporte_ENIF2024.pdf
55 INEGI (2025). Censos económicos 2024. Tabulados. Características principales de las unidades económicas por tema. Datos 2023.
https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2024/#tabulados
56 INEGI (2025). ENAFIN 2024. Resultados principales:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enafin/2024/doc/Presentacion_ENAFIN.pdf
57 BM (2017). Financial Inclusion and Inclusive Growth. A Review of Recent Empirical Evidence:
https://hdl.handle.net/10986/26479
58 En el caso de la cuenta de ahorro formal, el dato considera a personas de 18 a 70 años.
59 INEGI (2025). ENIF 2024. Comunicado de prensa 49/25:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/enif/ENIF2024_CP.pdf
60 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (2025). ENIF 2024: Reporte de resultados.
https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Anexos%20Inclusin%20Financiera/Reporte_ENIF2024.pdf
61 INEGI (2025). ENAFIN 2024. Reporte de Resultados 12/25.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/enafin/ENAFIN_24_RR.pdf
62 Ibid.
63 Cseres, K. (2026). Fem-Invisible: The Gender Blind Spot in Competition Law. A Womens Day Reflection. Centro Competencia UAI.
http://www.centrocompetencia.com/category/investigaciones
64 INEGI (s.f.). Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto Trimestral. Año Base 2018. Conforme a las cifras preliminares del PIB correspondientes al cuarto trimestre de 2025, a partir de las cuáles 0.2% representó radio y 1.5% telecomunicaciones.
https://www.inegi.org.mx/temas/pib/#tabulados
65 SE (s.f.). Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar.
https://api.podecobi.com/admin/content/library/5/files/085f4b64dc_polos-de-desarrollo-economico-para-el-bienestar-es.pdf.
66 INEGI. (2025). Reporte de Resultados 9/25. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de la Información en los Hogares 2024. 6 de mayo de 2025.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/endutih/ENDUTIH_24_RR.pdf
67 Ibid.
68 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (2025). ENIF 2024: Reporte de resultados.
https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Anexos%20Inclusin%20Financiera/Reporte_ENIF2024.pdf
69 El dato corresponde al gasto reportado en Comunicaciones, el cual incluye los rubros: equipo telefónico móvil (teléfono celular); larga distancia internacional; llamadas locales de línea particular; instalación y reinstalación de la línea de teléfono particular; teléfono público; servicio de recarga telefónica celular; servicio de telefonía celular con plan; servicios de acceso a internet; servicios de acceso a internet público (cibercafé); servicios de almacenamiento en la nube, en la red o correo electrónico; paquete de internet y teléfono fijo; paquete de teléfono fijo y TV de paga; paquete de internet y TV de paga; paquete de internet, teléfono fijo y TV de paga (triple play); paquete de internet, teléfono fijo, TV de paga y teléfono móvil (cuádruple play); otros servicios de información y comunicación: renta de decodificadores para TV, servicio de instalación de software. Excluye los rubros Servicio de envío de cartas y postales; Servicios de mensajería y paquetería y Pago por servicio de entrega a domicilio.
70 INEGI. (2025). ENIGH 2024. Tabulados básicos:
https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2024/#herramientas
71 United Nations Industrial Development Organization. (2023). Gender, Digital Transformation and Artificial Intelligence. Páginas 21 y 22/102:
https://hub.unido.org/sites/default/files/publications/GENDER%2C%20DIGITAL%20TRANSFORMATION%20AND%20AI%20REPORT.pdf
72 Cseres, K. (2026). Fem-Invisible: The Gender Blind Spot in Competition Law. A Womens Day Reflection. Centro Competencia UAI.
http://www.centrocompetencia.com/category/investigaciones
73 SE (s.f.). Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar.
https://api.podecobi.com/admin/content/library/5/files/085f4b64dc_polos-de-desarrollo-economico-para-el-bienestar-es.pdf.
74 INEGI (s.f.). Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto Trimestral. Año Base 2018: https://www.inegi.org.mx/temas/pib/#tabulados
75 INEGI. (2026). ENOE 2025. Indicadores de Ocupación y Empleo. Página 6/15:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/iooe/IOE2026_01.pdf
76 Stutzer, A. y Frey, B. (2008). Stress that Doesnt Pay: The Commuting Paradox. Scandinavian Journal of Economics, 339-366. https://www.bsfrey.ch/wp-content/uploads/2021/08/stress-that-doesnt-pay-the-commuting-paradox.pdf
77 INEGI. (2025). ENIGH 2024.
https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2024/
78 BM. (2023). Moving for Prosperity: Urban Mobility and Poverty Reduction. Washington, DC: World Bank, 2023. https://www.bancomundial.org/es/topic/transport/overview
79 Granada, I., Urban, A., Monje Silva, A., Ortiz, P., Pérez, D., Montes, L., & Caldo, A. (2016). El porqué de la relación entre género y transporte.
https://doi.org/10.18235/0006303
80 INEGI. (s.f.). Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto Trimestral. Año Base 2018. Con base en dicha referencia, se consideran las participaciones en el PIB de los subsectores 111 Agricultura, 112 Cría y explotación de animales, 311 Industria alimentaria y la rama 3121 Industria de las bebidas.
https://www.inegi.org.mx/temas/pib/#tabulados
81 SE (s.f.). Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar.
https://api.podecobi.com/admin/content/library/5/files/085f4b64dc_polos-de-desarrollo-economico-para-el-bienestar-es.pdf.
82 INEGI (2025). Indicadores de pobreza:
https://inegi.org.mx/contenidos/desarrollosocial/pm/tabulados/pm_ip_2024.xlsx
83 INEGI (2025). ENIGH 2024. Comunicado de prensa 112/25. 30 de julio de 2025.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/enigh/ENIGH2024.pdf
84 INEGI. (2024). Cuenta Satélite del Sector Salud de México. Comunicado de Prensa 191/25.
https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/saludsat/CSSSM2024_CP.pdf
85 SE (s.f.). Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar.
https://api.podecobi.com/admin/content/library/5/files/085f4b64dc_polos-de-desarrollo-economico-para-el-bienestar-es.pdf.
86 INEGI. (2024). Cuenta Satélite del Sector Salud de México. Comunicado de Prensa 191/25.
https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/saludsat/CSSSM2024_CP.pdf
87 Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. (2025). Gasto de bolsillo en salud: resultados de la ENIGH 2024. Ciudad de México, 2025.
https://ciep.mx/gasto-de-bolsillo-en-salud-resultados-de-la-enigh-2024/
88 Ibid.
89 Instituto Nacional de Salud Pública. (2025). La salud de los mexicanos en cifras: resultados de la Ensanut 2022. https://www.insp.mx/informacion-relevante/la-salud-de-los-mexicanos-en-cifras-resultados-de-la-ensanut-2022
90 Ibid.
91 INEGI. (2024). Cuenta Satélite del Sector Salud de México. Reporte de Resultados 89/25. 9 de diciembre de 2025.
https://www.inegi.org.mx/programas/saludsat/2018/
92 OCDE (2025). Government at a Glance 2025 Report.
https://www.oecd.org/en/publications/government-at-a-glance-2025_0efd0bcd-en.html
93 INEGI. (2025). Censo Nacional de Gobierno Federal y Gobiernos Estatales. Reporte de Resultados 52/25. 4 de diciembre de 2025.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngf/2025/doc/cngf_2025_resultados.pdf
94 OCDE (2025). Government at a Glance 2025: Country Notes - Mexico.
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/06/government-at-a-glance-2025-country-notes_9de36e82/mexico_9ec6b765/d77b42c9-en.pdf
95 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2024). Estudio diagnóstico del derecho a la educación 2024.
https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales_2024/EDDE_2024_IF.pdf
96 Considera la suma del 23.5% que se atendió en el IMSS; 20% en el centro de salud u hospitales de la Secretaría de Salud; 5% en el ISSSTE y 1% en otros servicios públicos de salud.
97 Instituto Nacional de Salud Pública (2024). Resultados nacionales de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua (Ensanut) 2023.
https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2023/doctos/informes/ensanut_23_112024.pdf
98 Comisión Federal de Competencia Económica (2024). Evaluación ex post por las sanciones impuestas a los cárteles en la provisión del servicio integral de laboratorio y banco de sangre al IMSS e ISSSTE.
https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2024/11/Expost-EstudiosLaboratorio-VF.pdf
99 Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (2023). Adquisiciones públicas que incorporan la perspectiva de género.
https://www.unops.org/es/expertise/procurement
100 Comisión Federal de Competencia Económica (2022). ¿Qué gana México cuando hay competencia? Página 55/349:
https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2022/09/Que_gana_Mexico_cuando_hay_competencia.pdf
101 Comisión Federal de Competencia Económica (2024). Evaluación ex post por las sanciones impuestas a los cárteles en la provisión del servicio integral de laboratorio y banco de sangre al IMSS e ISSSTE.
https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2024/11/Expost-EstudiosLaboratorio-VF.pdf
102 De conformidad con el artículo 140, párrafo segundo de la LFCE.
