PROGRAMA Nacional de Seguridad Pública 2026-2030.
PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2026-2030
1. Índice
1. Índice
2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa
3. Siglas y acrónimos
4. Fundamento normativo
5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
6. Objetivos
6.1 Relevancia del objetivo 1: Fortalecer la coordinación en inteligencia e investigación para disminuir la incidencia delictiva en el país, con énfasis en delitos de alto impacto y delincuencia organizada transnacional.
6.2 Relevancia del Objetivo 2: Fomentar la construcción de una cultura de paz y legalidad para prevenir la violencia y promover comunidades seguras con participación ciudadana.
6.3 Relevancia del objetivo 3: Consolidar el desarrollo integral de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno para fortalecer su capacidad operativa, profesionalización y eficacia, en beneficio de la ciudadanía.
6.4 Relevancia del objetivo 4: Impulsar la homologación y coordinación de los sistemas penitenciarios mediante el diseño de un Modelo Penitenciario que procure la reinserción social de las personas privadas de libertad y servicios postpenales para las personas liberadas y externadas.
6.5 Vinculación de los objetivos del PNSP 2026-2030 con otros instrumentos de planeación.
7. Estrategias y líneas de acción
8. Indicadores y metas
9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa
10. Entidades no sectorizadas y empresa pública del Estado
2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa
La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo.
3. Siglas y acrónimos
AGRICULTURA: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
ASEA: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
CEFERESO: Centro Federal de Reinserción Social
CHC: Cheques de Caja
CNB: Comisión Nacional de Búsqueda
CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos
CNE: Comisión Nacional de Energía
CNGMD: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México
CNSIPEF-E: Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales
CNSPE: Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal
CNSPF-E: Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal
COMUNICACIONES: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
CONASAMI: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
CONAPO: Consejo Nacional de Población
CUP: Certificado Único Policial
DNSP: Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria
DOF: Diario Oficial de la Federación
EDR: Estadísticas de Defunciones Registradas
ENDIREH: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
ENSU: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana
ENVE: Encuesta Nacional de Victimización de Empresas
ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
FDE: Reporte de Operaciones con Dólares en Efectivo de los Estados Unidos de América
FGR: Fiscalía General de la República
FTI: Reportes de Transferencias Internacionales de Fondos
GN: Guardia Nacional
IA: Inteligencia Artificial
IEPS: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
IGI-MEX: índice Global de Impunidad México
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
LFPIORPI: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
LGSNSP: Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
LGBTTTIQ+: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis, Intersexuales, Queer y + que incluye otras identidades y orientaciones sexuales
LNEP: Ley Nacional de Ejecución Penal
LNRD: Ley Nacional del Registro de Detenciones
LNUF: Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza
LSN: Ley de Seguridad Nacional
LSNIISP: Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública
MARINA: Secretaría de Marina
MP: Ministerio Público
MT: Formato de Montos Totales
MUJERES: Secretaría de las Mujeres
NNA: Niñas, niños y adolescentes
OADPRS: Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social
OIM: Organización integral para las Migraciones
PEMEX: Petróleos Mexicanos
PND 2025-2030: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030
PNSP 2026-2030 o Programa: Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030
PPL: Personas Privadas de la Libertad
RNPED: Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas
RELACIONES EXTERIORES: Secretaría de Relaciones Exteriores
RNIC: Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos
ROI: Reporte de Operaciones Inusuales
ROIP: Reporte de Operaciones Internas Preocupantes
ROR: Reporte de Operaciones Relevantes
SALUD: Secretaría de Salud
SAT: Servicio de Administración Tributaria
SE: Secretaría de Economía
SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional
SEGOB: Secretaría de Gobernación
SENER: Secretaría de Energía
SEP: Secretaría de Educación Pública
SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SPPA: Sistema Procesal Penal Acusatorio
SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
TRABAJO: Secretaría del Trabajo y Previsión Social
TURISMO: Secretaría de Turismo
UIF: Unidad de Inteligencia Financiera
4. Fundamento normativo
El Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030 (PNSP 2026-2030) se sustenta en un marco jurídico integrado por instrumentos internacionales, disposiciones constitucionales y legislación secundaria en materia de seguridad, investigación y persecución del delito. Este marco no solo define competencias y responsabilidades institucionales, sino que también establece los mecanismos de coordinación interinstitucional y cooperación internacional, garantizando la prevención y sanción de los delitos, la protección de los derechos humanos y la atención integral a las víctimas.
Su formulación se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo I: Sistema Nacional de Planeación Democrática del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND 2025-2030), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de abril de 2025.
México ha suscrito tratados internacionales que establecen obligaciones en materia de seguridad, derechos humanos y cooperación judicial, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Palermo, las Convenciones contra la Corrupción, el Convenio de Budapest y el Protocolo contra la Trata de Personas.
Todos estos instrumentos permiten perseguir delitos de alto impacto como la delincuencia organizada, corrupción, terrorismo, tortura, trata de personas y ciberdelitos, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos humanos, la atención a víctimas y el acceso a la justicia a nivel internacional.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 21 establece que la seguridad pública es una función del Estado, a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, bajo el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y regula la investigación de los delitos, la planeación democrática y las facultades del Congreso y del Ejecutivo para preservar la seguridad nacional, incluso con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Con la reforma de 2024 a este artículo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) coordina la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y es la dependencia responsable de la integración, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del PNSP 2026-2030, asegurando la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno.
La implementación de políticas se sustenta en normas que garantizan coherencia con los objetivos constitucionales, participación ciudadana, coordinación interinstitucional, respaldo presupuestal y evaluación sistemática de resultados. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública (LSNIISP), la Ley de Seguridad Nacional (LSN), la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (LNUF) y la Ley Nacional del Registro de Detenciones (LNRD) establecen competencias, límites de actuación y mecanismos de colaboración para fortalecer la prevención y atención de delitos, asegurar la legalidad en el uso de la fuerza y proteger los derechos humanos.
En materia de víctimas, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y la Ley General de Víctimas garantizan protección, asistencia integral, acceso a la justicia y reparación del daño, articulando esfuerzos federales, estatales y municipales.
En conjunto, este marco jurídico proporciona las bases para una acción estatal coordinada, efectiva y respetuosa de los derechos humanos, fortaleciendo la seguridad, la justicia y la protección de víctimas, y promoviendo un entorno más seguro y justo para la sociedad mexicana.
5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
En México, el deterioro de las condiciones de seguridad y de paz social representa un desafío estructural que afecta la convivencia ciudadana, la cohesión social y la confianza en las instituciones. Esta situación se refleja en niveles de violencia, expansión y diversificación de actividades delictivas, así como en la percepción de impunidad y la prevalencia de prácticas de corrupción. La población se encuentra expuesta a riesgos y amenazas que vulneran su seguridad, mientras que la desconfianza en las autoridades y la vulneración de derechos humanos debilitan el tejido social.
Entre los factores que explican esta problemática se encuentra la insuficiente coordinación en inteligencia e investigación, que disminuye la capacidad del Estado para prevenir y reducir la incidencia delictiva, particularmente en relación con delitos de alto impacto y delincuencia organizada transnacional. Además, la insuficiente construcción de una cultura de paz y legalidad dificulta la prevención de la violencia y limita la participación ciudadana en la generación de entornos seguros.
Aunado a lo anterior, las limitaciones institucionales de las corporaciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno afectan su eficacia operativa y profesionalización, repercutiendo directamente la atención a la ciudadanía. A esto se suma la ausencia de integralidad y homogeneidad en el Sistema Penitenciario Nacional, lo que obstaculiza la reinserción social de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) y el acceso a servicios postpenales, reforzando el ciclo de inseguridad y vulneración de derechos.
En este contexto, es posible observar que la problemática de deterioro de la seguridad genera brechas que afectan a distintos grupos en situación de vulnerabilidad. La exposición a la violencia y a actividades delictivas se manifiesta en mayor medida en comunidades marginadas, zonas rurales y barrios urbanos con alta densidad poblacional, donde los recursos de seguridad son insuficientes y la protección ciudadana limitada. La percepción de impunidad y la prevalencia de prácticas de corrupción incrementan la desconfianza hacia las instituciones, dejando a personas jóvenes, mujeres, niñas y niños, así como a grupos en situación de pobreza, con menor acceso a la justicia y protección efectiva.
En este sentido, el PNSP 2026-2030 orienta sus esfuerzos hacia el avance de un entorno de seguridad y convivencia pacífica en México, mediante la coordinación en inteligencia e investigación, el incremento de la eficacia en la prevención y persecución del delito, la promoción de la cultura de paz y legalidad con participación de la ciudadanía, así como la consolidación del desarrollo institucional de las corporaciones de seguridad pública para contribuir a una atención más profesional y eficiente. Asimismo, impulsa la homologación de procesos en el sistema penitenciario, con el objetivo de facilitar la reinserción social de las PPL y mejorar el acceso a servicios postpenales.
La efectividad de las políticas de seguridad pública depende de la capacidad institucional para integrar estrategias articuladas que incidan en las principales problemáticas del país. En este marco, el PNSP 2026-2030 plantea objetivos orientados a revertir los factores y efectos que debilitan la seguridad, la paz social y la confianza ciudadana, así como aquellos que vulneran los derechos humanos.
El Objetivo 1, fortalecer la coordinación en inteligencia e investigación para disminuir la incidencia delictiva en el país, con énfasis en delitos de alto impacto y delincuencia organizada transnacional, responde al problema de la deficiente coordinación de estas áreas críticas de la seguridad, que ha limitado la capacidad del Estado para prevenir y reducir la incidencia delictiva. Esta situación ha propiciado un incremento de la violencia, el deterioro de la paz social y de la percepción de seguridad, además de una mayor exposición de la población a riesgos y amenazas.
Las estrategias y líneas de acción que lo conforman se centran en fortalecer la coordinación en inteligencia e investigación para disminuir la incidencia delictiva, con énfasis en los delitos de alto impacto y la delincuencia organizada transnacional. Con ello, se busca afianzar la cooperación entre las instituciones de seguridad y justicia, promover el intercambio oportuno de información y aprovechar herramientas tecnológicas que faciliten la anticipación, prevención y desarticulación de conductas delictivas.
Bajo ese enfoque, se avanza hacia una acción institucional más articulada y eficaz, capaz de reducir la impunidad y mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos delictivos complejos, en beneficio de la seguridad pública, la seguridad nacional y la tranquilidad social.
El Objetivo 2, fomentar la construcción de una cultura de paz y legalidad para prevenir la violencia y promover comunidades seguras con participación ciudadana, atiende la problemática de la insuficiente construcción de una cultura de paz y legalidad, que ha dificultado la prevención de la violencia y la participación social en la generación de entornos seguros. Esta condición ha derivado en mayores niveles de violencia e ilegalidad, desconfianza hacia las instituciones y una creciente vulnerabilidad social frente al delito.
A través de la educación cívica, la participación comunitaria y la recuperación de espacios públicos, el programa impulsa la corresponsabilidad entre ciudadanía y autoridades, con el fin de fortalecer el tejido social y promover la resolución pacífica de los conflictos. De esta forma, las políticas de seguridad adquieren un enfoque preventivo y social, orientado no solo a reducir los delitos, sino también a construir las bases de una convivencia armónica y sostenible, sustentada en la legalidad, el respeto, la cooperación y la confianza mutua.
El Objetivo 3, consolidar el desarrollo integral de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno para fortalecer su capacidad operativa, profesionalización y eficacia, en beneficio de la ciudadanía, se relaciona con la debilidad en el desarrollo institucional de las corporaciones de seguridad pública, que ha reducido su capacidad operativa, su nivel de profesionalización y su eficacia en la atención a la ciudadanía. Esta condición se refleja en una limitada capacidad de respuesta ante los fenómenos delictivos, una operación ineficiente y una persistente desconfianza social hacia las autoridades.
Por lo anterior, el PNSP 2026-2030 plantea el fortalecimiento de las estructuras organizacionales, la profesionalización del personal, la modernización tecnológica y la mejora en los procesos de gestión y evaluación del desempeño. Estas acciones buscan consolidar instituciones más competentes, coordinadas y confiables, capaces de ofrecer servicios de seguridad con altos estándares de calidad. Con ello, se promueve mayor eficiencia institucional y efectividad en la implementación de las políticas públicas de seguridad, garantizando una atención oportuna, cercana y con enfoque de resultados para la ciudadanía.
El Objetivo 4, impulsar la homologación y coordinación de los sistemas penitenciarios mediante el diseño de un Modelo Penitenciario que procure la reinserción social de las personas privadas de libertad y servicios postpenales para las personas liberadas y externadas, se formuló para atender la falta de integralidad y homogeneidad en el Sistema Penitenciario Nacional, condición que limita la reinserción social de las PPL y obstaculiza el acceso a servicios postpenales. La heterogeneidad operativa entre entidades federativas, la ausencia de protocolos estandarizados en investigación, inteligencia y seguridad penitenciaria, así como la insuficiencia de mecanismos de evaluación continua, generan un entorno de gobernabilidad débil y resultados institucionales dispares.
A ello se suma la inexistencia de un servicio profesional de carrera penitenciario que garantice perfiles especializados, formación uniforme, disciplina institucional y procesos permanentes de profesionalización. Estas limitaciones se agravan por las brechas en infraestructura, equipamiento y conectividad tecnológica, que afectan la operación cotidiana y reducen la eficiencia en la gestión y el intercambio de información estratégica.
Frente a este diagnóstico, la alternativa de solución consiste en el desarrollo e implementación de un Modelo Penitenciario integral y homologado, que articule de manera coordinada los componentes de reinserción social y servicios postpenales, los procesos técnico-operativos y la profesionalización del personal penitenciario, lo que permitirá unificar criterios, fortalecer las capacidades institucionales y contribuir a la gobernabilidad.
Así, este Programa sirve como instrumento rector para planear, coordinar y evaluar las acciones de seguridad pública en todo el territorio nacional, alineadas con los objetivos estratégicos del PND 2025-2030, específicamente en el Eje General 1: "Gobernanza con justicia y participación ciudadana", el cual es considerado como el punto de partida para un Estado más democrático y eficiente. Asimismo, sustenta que la seguridad debe garantizarse con una visión integral que atienda las causas de la violencia y fortalezca las capacidades de las instituciones de seguridad.
En el marco del PNSP 2026-2030, los ejes transversales 1: Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, 2: Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional y 3: Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del PND 2025-2030 se incorporan como guías para garantizar que todas las políticas, programas y proyectos consideren la igualdad sustantiva, los derechos humanos y la innovación tecnológica.
La perspectiva de igualdad y derechos de las mujeres se refleja en la implementación de protocolos de atención específicos para víctimas de violencia, la capacitación del personal de seguridad en enfoque de género y derechos humanos, así como en el diseño e implementación de acciones para sectores de la población prioritarios.
De manera paralela, la innovación pública y el desarrollo tecnológico se incorporan mediante la implementación de sistemas de inteligencia y análisis de datos que faciliten la prevención y la atención de los delitos, así como el uso de herramientas digitales que promuevan la denuncia ciudadana, el monitoreo de riesgos y la coordinación entre corporaciones de seguridad. Este enfoque se complementa con la evaluación y actualización continua de tecnologías y metodologías, lo que asegura su eficiencia y cobertura a nivel nacional.
De igual forma, los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas se integran mediante la consideración de particularidades culturales, lingüísticas y territoriales en la formulación de políticas de seguridad, la inclusión de mecanismos de participación comunitaria en la prevención del delito y la resolución de conflictos, y la adaptación de protocolos de actuación que faciliten el acceso a la seguridad, la justicia y protección.
El Proyecto de Nación de la Presidenta de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se basa en los "100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación" emitidos el mismo día que asumió la presidencia del país, los cuales están integrados al PND 2025-2030 y en su apartado "República segura y con justicia"; específicamente en el "Compromiso 100", establece el fortalecimiento de la paz y la seguridad mediante la atención a las causas del delito, la inteligencia e investigación, el fortalecimiento de la Guardia Nacional (GN) y la coordinación con estados, municipios y fiscalías.
La construcción de una sociedad segura y en paz requiere la participación coordinada del Estado, el sector privado y la ciudadanía, cuyo compromiso conjunto contribuya a promover el bienestar y fortalecer la cohesión social.
Para la elaboración del PNSP 2026-2030 se integraron las aportaciones de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal con competencia en materia de: gobernanza, seguridad, economía, finanzas, salud, bienestar social, educación, turismo, desarrollo regional y urbano, relaciones exteriores, cooperación, energía y recursos estratégicos, así como comunicaciones y tecnologías.
Además, se consideraron los insumos obtenidos de los foros organizados para la elaboración del PND 2025-2030, en los que se recabó de manera sistemática información, opiniones y propuestas provenientes de autoridades, especialistas, académicos y sociedad civil en materia de seguridad pública, que constituyen un elemento estratégico para la planeación nacional, al permitir identificar prioridades, orientar políticas públicas, fortalecer la coordinación interinstitucional y asegurar que las estrategias de seguridad respondan a las necesidades reales del país.
El común denominador señalado por los distintos actores en estos procesos participativos y de intercambio de información es la existencia de un deterioro de las condiciones de seguridad y de paz social en México, que se manifiesta en la expansión y diversificación de actividades delictivas, exposición a riesgos y amenazas, percepción de impunidad, prevalencia de prácticas de corrupción, desconfianza en las instituciones y autoridades, así como afectaciones de derechos humanos, lo que incide directamente en el bienestar social.
Este deterioro constituye uno de los principales desafíos para el desarrollo nacional, pues afecta de manera directa el ejercicio de derechos; la vida cotidiana de las personas; la confianza ciudadana en las instituciones y entre vecinos; la cohesión social y comunitaria; y, en consecuencia, la calidad de la convivencia social, lo que lo convierte en un fenómeno producto de múltiples factores interrelacionados que han limitado la eficacia de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia.
La inseguridad a nivel nacional es un tema que preocupa a la población, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, el 64.2% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el principal tema de preocupación(1); mientras que en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada en enero de 2026, 63.8% de este mismo grupo etario percibe su ciudad como un lugar inseguro debido a la delincuencia.(2)
Esta situación no sólo afecta la libertad y seguridad de la población, sino que también genera impactos directos en las actividades empresariales, al aumentar riesgos, elevar costos de operación y desincentivar la inversión, especialmente en regiones con alta incidencia delictiva.
De manera integral, estas dinámicas restringen el crecimiento económico y el desarrollo nacional, al obstaculizar oportunidades de progreso, reducir la competitividad y debilitar la percepción de estabilidad y confianza necesarias para que la ciudadanía y los actores productivos participen en la construcción de un México seguro, próspero y en paz.
Entre las causas estructurales del deterioro de la seguridad en México, sobresale la deficiente coordinación en inteligencia e investigación, que limita la capacidad del Estado para prevenir y disminuir la incidencia delictiva en el país, con énfasis en delitos de alto impacto y delincuencia organizada transnacional.
En primera instancia, la falta de actualización del marco legal en materia de seguridad afecta la eficacia de las políticas de prevención, investigación y sanción de conductas ilícitas en México, lo que deja a las instituciones de seguridad con capacidades insuficientes para enfrentar los fenómenos delictivos y los desafíos emergentes.
La inseguridad en México genera costos significativos para la economía, la sociedad y las instituciones. Las pérdidas por delitos como robos, extorsiones y secuestros, junto con la reducción de inversión, la pérdida de productividad y el desplazamiento de empresas y población, reflejan el impacto económico directo e indirecto de la violencia. A nivel social, la inseguridad debilita el tejido comunitario, incrementa el miedo y el estrés, además de sobrecargar al sistema judicial y penitenciario.
Costo total del delito
De acuerdo con la ENVIPE 2025, el costo total derivado de la inseguridad y el delito en hogares durante 2024 fue de 269.6 mil millones de pesos; de los cuales 62% fueron por pérdidas económicas a consecuencia del delito.(3)
Nota: Pesos a precio de la segunda quincena de julio de 2018.
FUENTE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2025 del INEGI.(4)
Al comparar las cifras de 2024 con las de 2018, se observa una disminución en el costo total del delito equivalente a 16 mil millones de pesos.
Costo total de las medidas preventivas del delito
Por su parte, en la misma encuesta se señala que los gastos por las medidas preventivas tomadas por los hogares ascendieron a 91 mil 800 millones de pesos, que representan el 34%(5) del costo total del delito y la inseguridad en hogares, lo que refleja la carga financiera que recae directamente sobre la ciudadanía para proteger su seguridad y bienes. Este panorama evidencia que parte del costo del delito no solo se genera por pérdidas directas, sino también por la inversión privada en prevención.
La inversión en seguridad pública, que incluye personal, equipamiento, infraestructura tecnológica e inteligencia, es fundamental para reducir estos impactos. No obstante, la fragmentación de sistemas y la falta de interoperabilidad limitan la eficiencia de los recursos, generando costos adicionales y reduciendo la eficacia de las políticas de prevención y persecución del delito. Este escenario subraya la necesidad de un enfoque integral que combine coordinación interinstitucional, integración tecnológica y fortalecimiento del marco normativo para mejorar la seguridad, la confianza ciudadana y el desarrollo económico.
DELITOS DE ALTO IMPACTO
Delitos por cada 100 mil habitantes por entidad federativa
En relación con la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes, con base en la información reportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y con apoyo de las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población (CONAPO), se observa que durante 2025 las entidades con los niveles más elevados fueron Colima, que registró la tasa más alta (3 mil 495), seguida de Baja California Sur (2 mil 736), Quintana Roo (2 mil 657), Guanajuato (2 mil 546), Aguascalientes (2 mil 536), Ciudad de México (2 mil 287), Baja California (2 mil 225), Morelos (2 mil 210), Querétaro (2 mil 134) y Coahuila (2 mil 033), como se observa en la siguiente gráfica:
Nota: Con información de SG-CONAPO (2024). indicadores de población en México con base en la Conciliación demográfica de México 1950-2019 y Proyecciones de la Población de México y las Entidades Federativas 2020-2070.(6)
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Consulta 10 de febrero de 2026. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales.(7)
En las entidades que presentan altas tasas de incidencia delictiva, la vida cotidiana y la dinámica económica se ven profundamente afectadas. La inseguridad genera un clima de temor que desalienta la inversión y provoca la migración de empresas y talentos hacia lugares más seguros, reduciendo las oportunidades de empleo y la productividad local. Los recursos que podrían destinarse a educación, salud e infraestructura productiva se canalizan hacia medidas de seguridad, limitando el desarrollo social y económico de la región.
En el orden nacional, los municipios prioritarios en la agenda de seguridad pública son: Tijuana, Baja California; Culiacán, Sinaloa; Juárez, Chihuahua; Puebla, Puebla; Acapulco, Guerrero; Celaya, Guanajuato; Centro, Tabasco; Salamanca, Guanajuato; Tlaquepaque, Jalisco; Morelia, Michoacán; León, Guanajuato; Chihuahua, Chihuahua; Hermosillo, Sonora; Iztapalapa, Ciudad de México; Benito Juárez, Quintana Roo; Cajeme, Sonora; Irapuato, Guanajuato; Manzanillo, Colima; Zamora, Michoacán; Colima, Colima; Guadalajara, Jalisco; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Apatzingán, Michoacán; Toluca, Estado de México; Naucalpan, Estado de México; Cuernavaca, Morelos; Ecatepec, Estado de México; Gustavo A. Madero, Ciudad de México; Monterrey, Nuevo León; Nezahualcóyotl, Estado de México; Mexicali, Baja California; Zapopan, Jalisco; Mazatlán, Sinaloa; Uruapan, Michoacán; Chimalhuacán, Estado de México y Cuautla, Morelos.(8)
En estos territorios se registra la concurrencia de múltiples tipos de delitos, que afectan tanto la seguridad física como la socioeconómica de la población. Entre los delitos de alto impacto destacan los homicidios dolosos, secuestros, extorsiones y enfrentamientos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, que generan altos niveles de violencia y afectan la cohesión social.
Estos datos subrayan la necesidad de implementar políticas diferenciadas que integren prevención, coordinación interinstitucional, fortalecimiento de inteligencia, reinserción social y estrategias de desarrollo económico y social. La información desagregada por entidad y municipio constituye un insumo clave para orientar recursos, diseñar intervenciones basadas en evidencia y garantizar acciones de seguridad pública más efectivas, equitativas y sostenibles.
Homicidio doloso
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el homicidio doloso en México es una de las expresiones más graves de la violencia que enfrenta el país y refleja una combinación de causas estructurales y coyunturales que se entrelazan con profundas consecuencias para la sociedad.
La alta incidencia de este delito, al terminar con el bien jurídico de más alto valor, la vida, genera un clima de miedo e incertidumbre que rompe el tejido comunitario. Las familias y comunidades afectadas viven procesos de duelo a la par de la espera de las resoluciones judiciales.
Esta violencia también provoca desplazamientos forzados y altera las dinámicas de convivencia, al tiempo que normaliza el uso de la fuerza como medio para resolver conflictos. además, pone de manifiesto la falta de protección efectiva a la vida y las limitaciones que persisten para garantizar justicia a las víctimas, pues el 93.2%(9) de los delitos ocurridos en 2024 no fueron denunciados o no fue iniciada una carpeta de investigación, lo que perpetúa un ciclo de violencia. A esto se suma la subclasificación de feminicidios como homicidios comunes, invisibilizando la violencia por razones de género.
La elevada proporción de delitos no denunciados, o en los que no se inicia de oficio una carpeta de investigación, como en el caso de los homicidios dolosos, muestra una brecha en la confianza ciudadana hacia el sistema de justicia, contribuyendo a la perpetuación de la violencia. En este contexto, el Programa enfatiza la coordinación con fiscalías y cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno mediante la implementación de estrategias integrales de inteligencia e investigación, con el objetivo de dar seguimiento a los delitos, fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que las denuncias reciban atención por medio de los canales formales establecidos, facilitando su judicialización.
De acuerdo con información del INEGI, durante el periodo de enero a junio de 2025 se registraron de forma preliminar 14 mil 488 defunciones por homicidio, mientras que en el mismo periodo de 2024 se contabilizaron 16 mil 306.(10) Esta variación representa una disminución absoluta de mil 818 homicidios, lo que equivale a una reducción aproximada del 11.1%.
En términos de incidencia, dicha reducción se traduce en una tasa interanual de homicidios por cada 100 mil habitantes de 11.1, inferior a la registrada en el mismo periodo de 2024, cuando se observó una tasa de 12.6 homicidios por cada 100 mil habitantes.(11)
La reducción observada en el número y la tasa de homicidios durante el primer semestre de 2025 sugiere una contención parcial en el corto plazo; sin embargo, el volumen absoluto de homicidios registrado en 2024 fue de 33 mil 550 a nivel nacional, se destaca que 71.5% fueron cometidos mediante disparos con arma de fuego(12); esta tendencia se mantiene en los resultados preliminares interanuales de 2025, en los que se identifica que 71.9%(13) de los casos fue por la misma causa.
FUENTE: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), enero-diciembre de 1990 a 2024.(14)
Con base en la información presentada sobre el número de homicidios a nivel nacional, se observa que no se ha registrado un incremento significativo en la incidencia general de homicidios respecto al pico observado en 2020, lo que evidencia que las estrategias implementadas en los últimos años contribuyeron a contener aumentos abruptos teniendo un efecto estabilizador, planteando el desafío de impulsar cambios estructurales orientados a reducir la letalidad del fenómeno, su concentración territorial y la recurrencia de los eventos violentos.
Con respecto al mismo tema, el SESNSP refleja una disminución de 25.07% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso al comparar diciembre 2024 contra el mismo mes de 2025, equivalente a 15.26 víctimas menos por día.(15)
Nota: El dato acumulado de víctimas de homicidio doloso de diciembre de 2025 fue de 1 mil 414, en tanto que en diciembre de 2024 este dato fue de 1 mil 887.
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Consulta 10 de febrero de 2026. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales.(16)
Estos datos corroboran la tendencia de contención del delito y de las víctimas de homicidio doloso; lo anterior, se logró gracias a la articulación de estrategias de seguridad pública, al fortalecimiento institucional y a la coordinación interinstitucional, impulsadas por el Gobierno de México desde diciembre de 2018.
En ese periodo se consolidaron las mesas de coordinación para la construcción de paz, cuyo objetivo se orientó a planear acciones conjuntas, priorizar zonas de atención y compartir inteligencia. Esta coordinación buscó evitar la dispersión de esfuerzos y mejorar la capacidad de respuesta ante brotes de violencia, con la participación de los tres órdenes de gobierno.
Asimismo, se implementó la estrategia especial de atención integral a 50 municipios prioritarios para la reducción del homicidio doloso; como resultado de esta intervención de seguridad, se logró contener la tendencia de crecimiento de este delito, hasta observar una disminución en el número de víctimas.
La extorsión
La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2024 (ENVE 2024)(17), publicó que la extorsión fue el delito de mayor incidencia del cual fueron víctimas las empresas durante 2023, sus resultados arrojaron un total de 747 mil eventos, lo que representa una tasa de mil 562 extorsiones por cada 10 mil unidades económicas; además, indica que en 14.9% de este total de delitos se entregó lo solicitado.
Esta misma fuente destaca que en 84.1% de los casos la extorsión se realizó mediante llamadas telefónicas, 15.2% fue en la calle y 0.7% a través de medios electrónicos(18), también detalla que las unidades económicas que se vieron más afectadas por este delito fueron, por gran sector, las del industrial y las de servicios; mientras que por tamaño fueron las micro y pequeñas empresas.
De acuerdo con los datos del SESNSP, este delito registró una mayor incidencia en las siguientes seis entidades federativas(19): Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz y Jalisco.
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Consulta 10 de febrero de 2026. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales.(20)
Algunas de estas entidades se distinguen por ser territorios de tránsito y distribución de mercancías diversas, este es el caso de los estados localizados en el centro y occidente de México; mientras que otras por flujos de migración y comercio internacional, como los estados que se ubican en frontera con Estados Unidos, con América Central y áreas portuarias con entrada y salida hacia el Océano Pacífico y el Golfo de México.
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Consulta 10 de febrero de 2026. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales.(21)
Los sectores de comercio, transporte y producción se han visto particularmente afectados por prácticas de extorsión, a través de las cuales grupos delincuenciales exigen pagos periódicos a fin de evitar agresiones que pongan en riesgo la integridad de las personas, así como la continuidad de las operaciones y el patrimonio de sus negocios.
Este fenómeno representa una amenaza para la cadena de suministro nacional, dado que limita la competitividad, genera pérdidas económicas importantes en el mercado formal y, a la vez, fortalece el mercado ilícito de mercancías.
Un análisis comparativo de los últimos dos años muestra una tendencia similar en la incidencia de homicidios dolosos y la extorsión.
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Consulta 10 de febrero de 2026. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales.(22)
La ENVIPE del INEGI reporta que la extorsión es uno de los delitos que afecta a las personas de 18 años o más, con una tasa aproximada de 5 mil 971 casos por cada 100 mil habitantes en 2024.(23) Esta cifra muestra que, además de la violencia letal, como el homicidio doloso, la extorsión constituye un riesgo importante para la seguridad ciudadana, afectando la vida cotidiana, la economía familiar y la confianza en las instituciones.
La extorsión tiene un impacto significativo en grupos en situación de vulnerabilidad, como personas mayores, jóvenes y personas con discapacidad, quienes pueden tener menor acceso a mecanismos de denuncia y protección efectiva. El delito genera costos directos, al requerir pagos o recursos para responder a amenazas, y costos indirectos, al afectar la percepción de seguridad, restringir la movilidad de las víctimas y limitar la participación social y económica.
El contexto nacional también muestra que la extorsión es un delito con alta cifra negra, ya que gran parte de los casos no se denuncian por temor, desconfianza en las autoridades o percepción de que la denuncia no resultará en acciones efectivas. Esto refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, atención a víctimas, coordinación interinstitucional e inteligencia policial, a fin de reducir su incidencia, mejorar la confianza ciudadana y proteger a los grupos más vulnerables.
Trata de personas
De acuerdo con la Organización integral para las Migraciones (OIM), "la trata de personas es un delito y una grave violación de los derechos humanos que afecta a hombres, mujeres y niños (...) los traficantes se aprovechan de las pérdidas humanas, materiales, sociales y económicas generalizadas y de las consiguientes vulnerabilidades causadas por las emergencias"(24) derivadas de desastres naturales o provocados por el hombre, especialmente en las situaciones que superan la capacidad de respuesta de las autoridades nacionales.(25)
El grupo vulnerable a la explotación que supone la trata, lo componen personas adultas y menores de edad(26) sometidas a explotación asociada a trabajos o servicios forzados, explotación sexual y al ejercicio forzado de la mendicidad. La trata de personas en México afecta de manera diferenciada a los grupos prioritarios.
En México, el fenómeno migratorio ha favorecido el aumento en la incidencia del delito de trata de personas, extorsión y secuestro. La migración irregular y la falta de un estatus legal incrementa la vulnerabilidad de las personas en tránsito, las hace susceptibles de abusos y violaciones de sus derechos humanos.
Las cifras de víctimas del fuero común del SESNSP(27), actualizadas a diciembre de 2025, muestran las diez entidades federativas con mayor incidencia de trata de personas(28): Quintana Roo, Estado de México, Ciudad de México, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Guanajuato, Puebla, Baja California y Michoacán. De forma subyacente, la pornografía y explotación sexual infantil se mantienen como un problema ligado a la trata de personas.
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Consulta 10 de febrero de 2026. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales.(29)
A través del marco jurídico e institucional para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, el Estado mexicano impulsa acciones de coordinación entre dependencias federales, estatales y municipales para mejorar la persecución del delito y la protección integral de las víctimas.
Asimismo, se han desarrollado campañas de prevención y prestación de servicios de atención multidisciplinarios. No obstante, persisten retos en la identificación oportuna de víctimas, la armonización operativa entre instancias y la evaluación de resultados, lo que demanda consolidar los mecanismos de cooperación y seguimiento interinstitucional en beneficio de mujeres, la niñez, personas indígenas, migrantes, personas con discapacidad y de la diversidad sexual que son especialmente susceptibles a distintas formas de explotación laboral, sexual o forzada.
Como resultado de la experiencia de las intervenciones en territorio se detectó la necesidad de profundizar en la igualdad sustantiva y la protección de los derechos humanos de mujeres, las niñas, niños y adolescentes (NNA), pueblos indígenas y afromexicanos y de las personas en tránsito en el país.
Además, es importante considerar que para superar las limitaciones en la implementación de políticas públicas de seguridad, acceso a la justicia y asistencia de los grupos de atención prioritaria, se requiere de la colaboración interinstitucional que en la suma de esfuerzos contribuya en la construcción de ambientes seguros, fomenten la participación ciudadana, permitan superar las desigualdades, la discriminación y contribuyan a prevenir o abordar la violencia desde una perspectiva integral e inclusiva.
Violencias multifactoriales cometidas hacia grupos de atención prioritaria
En nuestro país, se identifican grupos de atención prioritaria que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, múltiples formas de violencias, así como mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.
De manera particular, en el caso de las mujeres, la discriminación y las desigualdades estructurales de género han impedido que ejerzan su derecho a una vida libre de violencias, esto se puede ver reflejado en el incremento de la incidencia de delitos vinculados a la violencia por razones de género, familiar y sexual; pues a pesar de los avances logrados en los últimos años, los niveles de violencia cometidos en contra de las mujeres y niñas no han disminuido.
NOTA: El delito de violación contempla las modalidades simple y equiparada.
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Consulta 10 de febrero de 2026. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021(30), siete de cada diez mujeres de 15 años y más experimentaron algún tipo de violencia o discriminación a lo largo de su vida. La violencia sexual y psicológica afectó a cinco de cada diez mujeres, la física a cuatro de cada diez, mientras que la económica, patrimonial o laboral a tres de cada diez. La gravedad de esta situación se refleja en los feminicidios y las muertes violentas de mujeres.
En términos comparativos, diciembre de 2025 se ubica por debajo de diciembre de 2024, al pasar de 61 a 39 casos de feminicidio, lo que representa una disminución interanual aproximada de 36.1%. Este comportamiento confirma que, pese al repunte registrado durante el segundo semestre de 2025, la incidencia de feminicidio cierra el periodo con una reducción significativa respecto al punto de partida observado en diciembre de 2024.
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Consulta 10 de febrero de 2026. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales.(31)
Personas no localizadas
De manera paralela, la conjunción de violencia e inseguridad que persiste en algunas regiones del país derivó en un incremento de la problemática relacionada con personas desaparecidas y no localizadas. Este fenómeno representa un desafío para las capacidades institucionales y la asignación de recursos, al tiempo que incide en la garantía y el respeto de los derechos humanos.
De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en 2025 se documentaron 20 mil 621 personas desaparecidas y no localizadas, cifra mayor a la observada en 2024, cuando se registraron 17 mil 082 desapariciones y no localizaciones, lo que representa un incremento de 3 mil 539 personas.(32) Los resultados muestran un aumento en el volumen absoluto de los casos, confirmando que la desaparición y no localización de personas se mantiene como un tema toral que demanda una atención prioritaria y una coordinación interinstitucional sostenida.
Las entidades con mayor concentración de casos corresponden a Guanajuato, Estado de México, Sonora, Ciudad de México, Baja California, Tabasco, Michoacán y Sinaloa, que en conjunto reúnen el 60.6% de los casos.(33) Este comportamiento refleja la continuidad de patrones territoriales vinculados con factores demográficos, dinámicas sociales y presencia de diversas formas de actividad delictiva. El análisis por grupo de edad y sexo muestra que personas jóvenes, mujeres y adolescentes registran una mayor proporción de casos, lo que subraya la importancia de proporcionar un abordaje integral que articule acciones de seguridad con un enfoque de derechos humanos; además de fortalecer la incorporación de un enfoque diferenciado y de género en las estrategias de prevención, búsqueda y atención, contribuyendo a garantizar una respuesta institucional coordinada y basada en evidencia.
Cabe destacar que los esfuerzos institucionales, junto con la labor de los organismos de búsqueda y localización, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil y familiares de personas desaparecidas, han contribuido a posicionar el tema de las personas extraviadas o desaparecidas(34) en el centro de la agenda nacional de seguridad. Estas acciones han permitido avanzar en la visibilización del fenómeno y en la necesidad de priorizar tanto la protección de las víctimas como la de quienes intervienen en su búsqueda, así como de fortalecer la disponibilidad, articulación y eficacia de los recursos destinados a su localización.
Es de destacar que los delitos de trata de personas, abuso sexual, violación, violencia por razones de género, violencia sexual y desapariciones en México presentan patrones convergentes en términos de población afectada, ubicación geográfica y factores estructurales. En este sentido, comparten espacios específicos, como rutas migratorias, zonas con alta marginación y corredores urbanos o turísticos, y en contextos sociales caracterizados por desigualdad, pobreza y deficiencias institucionales.
Los factores estructurales y operativos que facilitan su comisión y persistencia son, entre otros, desigualdad de género, precariedad socioeconómica, dependencia en cuidados y recursos. Las desapariciones actúan como nodo crítico, vinculándose frecuentemente con explotación sexual, trata o feminicidio. La dinámica criminal se refuerza en entornos de violencia por razones de género, familiar y comunitaria.
DELITOS PATRIMONIALES, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS
Por otra parte, se observa una incidencia significativa de delitos patrimoniales, financieros y económicos, como robos violentos, fraudes, delitos financieros y prácticas de corrupción, que afectan la confianza en las instituciones y la estabilidad económica. Asimismo, se identifican delitos tecnológicos y cibernéticos, que incluyen ataques informáticos, fraude electrónico y delitos relacionados con datos personales, reflejando la necesidad de capacidades tecnológicas avanzadas para su prevención y persecución.
Las afectaciones económicas no sólo repercuten en el sector productivo, sino que también impactan directamente a la población, al exponerse a la pérdida de recursos, endeudamiento forzado o estafas que comprometen su seguridad y bienestar. Del mismo modo, los delitos tecnológicos y cibernéticos facilitan prácticas de extorsión, explotación o trata de personas, particularmente cuando las víctimas utilizan plataformas digitales para acceder a servicios, empleo, información o actividades de esparcimiento.
Robo de Hidrocarburos y contrabando de combustibles
El mercado de hidrocarburos en México opera bajo un esquema mixto de participación pública y privada, donde el Estado, a través de Petróleos Mexicanos (PEMEX), conserva la propiedad de los recursos y la mayor parte de la infraestructura estratégica, mientras que los particulares participan en las etapas de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización bajo la regulación de la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA). Este modelo, busca garantizar el abasto nacional, fomentar la competencia y fortalecer la seguridad energética del país.
En este contexto de apertura, el robo y la sustracción ilegal de hidrocarburos es actualmente uno de los principales riesgos operativos y financieros del sector. Estas actividades ilícitas -conocidas como huachicol- abarcan desde la perforación clandestina de ductos hasta la manipulación de válvulas, almacenamiento, aprovechamiento, resguardo, transporte, distribución, posesión, suministro, ocultamiento, alteración, adulteración y comercialización ilícita de combustibles. Las tomas clandestinas se concentran en regiones con alta densidad de ductos y presencia de redes criminales, ejemplo de ello son los Estados de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
Durante el sexenio anterior, se puso en marcha el Plan Conjunto del Gobierno de México para combatir el robo de hidrocarburos de PEMEX, en este marco se llevaron a cabo acciones coordinadas bajo tres ejes: 1) Prevención, para reforzar la seguridad y control; 2) Detección, mediante redes de vínculos y objetivos prioritarios; y 3) Reacción y sanción, para responder con rapidez, sancionar legalmente y evaluar los resultados.
La firma de convenios de colaboración entre PEMEX y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (2019-2024), permitió mantener un despliegue permanente de mil 066 efectivos para proteger 41 instalaciones y 16 campos de PEMEX. La intervención de las fuerzas federales, militares y marítimas se centró en los estados de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Puebla y Querétaro.
FUENTE: PEMEX. Reporte de tomas clandestinas anual. Documento interno. Datos a diciembre de 2025.
Entre los resultados relevantes de este Plan, se encuentra la reducción del 30.7% en las tomas clandestinas entre 2018 y 2025.(35) Esta tendencia refleja un escenario de contención y un fortalecimiento en el control del robo físico de hidrocarburos; no obstante, el análisis de contexto permite advertir una transición de modalidades de extracción ilegal visible a esquemas financieros y fiscales más sofisticados. Este desplazamiento muestra que la disminución de conductas detectables en campo no necesariamente equivale a una reducción estructural del fenómeno, sino que obedece a una reconfiguración de los mecanismos utilizados para la obtención y comercialización ilícita de combustibles.
Al igual que otros fenómenos delictivos, el robo de hidrocarburos y el contrabando de combustible (huachicol fiscal) han evolucionado hacia esquemas cada vez más complejos, que aprovechan lagunas legales y generan mecanismos de evasión y fraude fiscal aunado a prácticas ilícitas de corrupción. El huachicol fiscal ha emergido como un mecanismo complementario de defraudación, caracterizado por la simulación de operaciones de importación, venta o distribución de combustibles mediante empresas fachada, facturación apócrifa o alteración de volúmenes declarados.
Este fenómeno impacta tanto al sector público como al privado, al Estado, por la pérdida de recaudación fiscal y la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); y a los particulares formales, por la competencia desleal y la distorsión de precios en el mercado. Las acciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), han permitido identificar y bloquear operaciones sospechosas, así como fortalecer los mecanismos de trazabilidad y control aduanero.
Aunque el robo de hidrocarburos -a través de tomas clandestinas- cuenta con registros operativos de PEMEX y reportes interinstitucionales, actualmente no se dispone de cifras oficiales consolidadas sobre el denominado huachicol fiscal. La ausencia de datos se debe, en parte, a la complejidad del fenómeno, que involucra operaciones de facturación simulada, empresas fachada y esquemas de triangulación que dificultan la trazabilidad y la cuantificación del daño al erario público.
En México, este tipo de actividades ilícitas se encuentran presuntamente vinculadas a estructuras organizadas que operan en distintos niveles del mercado de combustibles, así como a personas servidoras públicas con posibles vínculos con dichas redes. El abordaje estratégico combina acciones de supervisión operativa y fiscal, fortalecimiento de capacidades tecnológicas para detección de irregularidades y promoción de mecanismos de denuncia y reporte interinstitucional, a fin de minimizar riesgos y contribuir a la seguridad energética y económica del país, aun en ausencia de datos cuantitativos oficiales.
Operaciones con recursos de procedencia ilícita
En México, el marco normativo para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, encabezado por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), su reglamento y reglas de carácter general, establece obligaciones precisas para los sujetos que realizan actividades vulnerables. Estas obligaciones incluyen la identificación, registro y reporte de operaciones sospechosas, proporcionando a la UIF información estratégica para la detección de fraudes, lavado de dinero y delitos fiscales, incluyendo los asociados al robo de combustible y al huachicol fiscal.
El Informe de Actividades de la UIF(36) muestra que, entre enero y diciembre de 2025, se recibieron 10 millones 122 mil 662 avisos de actividades vulnerables:
| Fracción
| Actividad Vulnerable
| Ene-dic 2025
|
| I
| Juegos con apuesta, concursos o sorteos | 476,185
|
| II
| Tarjetas de servicio o crédito, prepagadas, vales o cupones, monederos y certificados de devoluciones | 2,845,841
|
| III
| Cheques de viajero | 0
|
| IV
| Mutuo, préstamos o créditos | 921,289
|
| V
| Desarrollo inmobiliario, transmisión de derechos sobre bienes inmuebles | 182,260
|
| VI
| Metales y piedras preciosas, joyas o relojes | 17,102
|
| VII
| Obras de arte | 442
|
| VIII
| Vehículos aéreos, marítimos o terrestres | 1,240,957
|
| IX
| Servicios de blindaje | 2,652
|
| X
| Traslado o custodia de dinero o valores | 1,990,829
|
| XI
| Servicios profesionales | 175,965
|
| XII
| Fe pública | 524,102
|
| XIII
| Recepción de donativos | 20,597
|
| XIV
| Servicios de comercio exterior | 149,762
|
| XV
| Derechos personales de uso o goce de inmuebles | 351,365
|
| XVI
| Operaciones con activos virtuales | 1,223,314
|
| Total
| 10,122,662
|
FUENTE: Unidad de Inteligencia Financiera.(37)
Además, se receptaron un total de 27 millones 594 mil 910 reportes provenientes del sistema financiero y de actividades reguladas:
| Tipo de reporte
| Descripción
| Ene-dic 2025
|
| Reporte de Operaciones Relevantes (ROR) | Cuando un cliente o usuario realice alguna operación en efectivo, metales amonedados o cheques de viajero por un monto igual o mayor equivalente en moneda nacional por: 10 mil, 7 mil 500 o 5 mil dólares de los EUA. | 13,732,875
|
| Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) | Aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos de los cliente o usuarios que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional. | 391,342
|
| Reportes de Operaciones Internas Preocupantes (ROIP) | Aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras y demás sujetos obligados. | 918
|
| Reporte de Operaciones con Dólares en Efectivo de los Estados Unidos de América (FDE) | Las Entidades deberán remitir un reporte por cada operación de compra, recepción de depósitos, recepción del pago de créditos o servicios, o transferencias o situación de fondos, en efectivo que se realicen con dólares de los Estados Unidos de América, conforme a lo siguiente: · Tratándose de clientes, por un monto igual o superior a quinientos dólares. Para el caso de los Centros Cambiaros por un monto igual o superior a mil dólares. · Tratándose de usuarios, por un monto igual o superior a doscientos cincuenta dólares. | 3,494,474
|
| Reportes de Transferencias Internacionales de Fondos (FTI) | Cuando sus cliente o usuarios en lo individual hayan recibido o enviado cualquiera de sus clientes o usuarios, por un monto igual o superior a mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda extranjera en que se realice. | 9,559,409
|
| Formato de Montos Totales (MT) | Los Centros Cambiarios deberán remitir reportes de las operaciones de compra y venta de divisas extranjeras que hayan recibido y entregado como parte de las Operaciones que hayan efectuado. | 7,408
|
| Cheques de Caja (CHC) | Las Entidades deberán remitir un reporte por cada Operación de expedición o pago de cheques de caja, realizada con sus clientes o usuarios, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los EUA. | 408,484
|
| Total | 27, 594, 910
|
FUENTE: Unidad de Inteligencia Financiera.(38)
Como resultado de estas acciones, la UIF registró 150 denuncias formales que involucraron a mil 329 sujetos y emitió 78 acuerdos de incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas(39), lo que refleja la magnitud y complejidad de las redes financieras ilícitas identificadas, así como la persistencia de esquemas de ocultamiento y dispersión de recursos que requieren atención sostenida del Estado.
Así pues, los negocios ilícitos dentro y fuera del Sistema Financiero Mexicano generan un efecto negativo en la relación seguridad y economía, ya que al estar al margen de la ley se reduce el crecimiento económico a la par que aumenta la pobreza y la desigualdad; en consecuencia, persiste un detrimento en la calidad de vida de las personas y se convierte en un factor de riesgo que contribuye al incremento de los índices de inseguridad y delincuencia, lo que genera un círculo vicioso que, de forma inicial, requiere ser contenido para después romperlo.
Aunado a lo anterior, los casos de corrupción que involucran a personas servidoras públicas de los diferentes ámbitos de gobierno hacen más compleja esta situación, de este modo esta práctica no sólo se sesga hacia un tema de inseguridad, sino que también se afecta la percepción de confianza en las autoridades y resta legitimidad a las instancias públicas. Además, esta práctica socava la competitividad, reduce la inversión y propicia la reducción de recursos disponibles para la implementación de políticas que promuevan la seguridad social y pública.
Si bien México cuenta con un marco legal sólido para la prevención de operaciones ilícitas y el control de actividades vulnerables, persisten brechas en la transformación de reportes en acciones efectivas. Es necesario fortalecer la integración y el análisis de la información, mejorar la coordinación interinstitucional y agilizar la conversión de reportes en denuncias y sanciones, con el fin de mejorar la supervisión, proteger la recaudación fiscal y garantizar la seguridad de la infraestructura energética.
Tecnologías de la Información al servicio de la seguridad
Para hacer frente a esta problemática, se requiere de una infraestructura tecnológica robusta; sin embargo, la limitada integración de sistemas tecnológicos y de telecomunicaciones ha restringido la posibilidad de contar con plataformas interoperables para la gestión de información, reduciendo la capacidad del Estado para anticipar amenazas, coordinar respuestas interinstitucionales y aprovechar herramientas de análisis de inteligencia.
Esta limitación incrementa la exposición de diversos segmentos de la población a riesgos y amenazas de seguridad de alto impacto.
Entre los grupos afectados se incluyen los ciudadanos en general, susceptibles a delitos como extorsión y secuestro; los empresarios y comerciantes, expuestos a cobros ilícitos y presiones económicas derivadas de la actividad criminal; los usuarios de transporte y logística, cuya movilidad y cadenas de suministro pueden verse comprometidas; las comunidades con menor cobertura institucional y tecnológica, donde la presencia de la delincuencia organizada es más frecuente; y las personas servidoras públicas locales, quienes enfrentan presiones que afectan la capacidad de gobernanza y la coordinación interinstitucional frente a delitos de alto impacto y crimen organizado transnacional.
Actualmente, en el país existen diferentes plataformas de comunicación utilizadas por los tres órdenes de gobierno; sin embargo, su intercomunicación no es total, y en muchos casos son poco seguras y vulnerables, lo que provoca una fragmentación de datos en los que los cuerpos de seguridad operan con sistemas aislados, que impide compartir información en tiempo real.
Las bases de datos no interoperables dificultan el análisis conjunto de inteligencia criminal, existen retrasos en la toma de decisiones por la falta de integración tecnológica, lo que ralentiza la respuesta ante incidentes y los mandos operativos no cuentan con información actualizada para coordinar acciones efectivas; esto afecta la eficacia operativa de las fuerzas de seguridad dado que no pueden coordinarse adecuadamente ante situaciones críticas y se reduce la capacidad de prevención y disuasión del delito.
Entre las plataformas tecnológicas está Plataforma México, diseñada para integrar datos de seguridad, incluye registros biométricos, fichas delictivas, geolocalización, balística forense, entre otros, pero su aprovechamiento es limitado por el problema de vinculación tecnológica y operativa entre dependencias.
La vigilancia y monitoreo se ven limitados dado que los sistemas de videovigilancia, sensores y telecomunicaciones no están conectados ni centralizados por lo que se pierde la capacidad de reacción ante eventos en tiempo real, lo cual puede provocar deficiencias en la trazabilidad, dado que no se puede seguir adecuadamente el historial de eventos, personas o vehículos involucrados en delitos y dificulta la identificación de patrones delictivos.
Las repercusiones en la seguridad pública se reflejan en el incremento de la impunidad, al no tener evidencia digital integrada se dificulta la judicialización de casos; además, los delincuentes aprovechan vacíos tecnológicos para operar sin ser detectados.
La delincuencia organizada y los ciberdelitos requieren respuestas tecnológicas avanzadas; sin integración, las instituciones quedan rezagadas frente a estas amenazas, si a esto se suma una inversión financiera en tecnologías sin considerar la interoperabilidad se generan costos adicionales y baja rentabilidad social.
El uso intensivo de las tecnologías de la información ha incrementado la exposición de la población y de las instituciones a riesgos cibernéticos, lo que convierte a la ciberseguridad en un componente estratégico de la seguridad pública. De acuerdo con el Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos (RNIC) (40), durante 2024 se registraron 96 mil 147 incidentes, mientras que en 2025 se contabilizaron 92 mil 61, lo que confirma la persistencia y diversificación de las amenazas en el entorno digital.
Los principales tipos de incidentes correspondieron a acoso cibernético (22 mil 507), robo de contraseñas (8 mil 489), extorsión (17 mil 281), fraude electrónico (12 mil 415), cobranza ilegítima (6 mil 313), suplantación de identidad (4 mil 193) y amenazas (3 mil 961), conductas que afectan de manera directa la integridad, el patrimonio y la privacidad de las personas.(41)
Este panorama deja ver que la delincuencia tradicional ha trasladado y adaptado sus esquemas al entorno digital, aprovechando vacíos normativos, debilidades institucionales y una baja cultura de ciberseguridad, lo que refuerza la necesidad de fortalecer los instrumentos normativos y los mecanismos de prevención, detección y respuesta frente a estos riesgos.
FUENTE: Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos (RNIC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.(42)
Entre los principales retos destacan el fortalecimiento de las Unidades de Policía Cibernética (UPC) en capacidades técnicas, recursos humanos especializados y herramientas forenses; la interoperabilidad de bases de datos y plataformas de denuncia digital, y la actualización del marco legal para incorporar modalidades emergentes como phishing(43), ransomware(44) o sextorsión.(45)
Asimismo, se requiere desarrollar inteligencia cibernética aplicada a la seguridad pública que permita anticipar riesgos, prevenir ataques y neutralizar operaciones delictivas en el entorno digital. La consolidación de un ecosistema nacional de ciberseguridad, articulado y basado en evidencia es fundamental para proteger la infraestructura tecnológica, reducir vulnerabilidades y fortalecer la confianza ciudadana en el espacio digital.
Mecanismos de legalidad y diálogo ciudadano
De manera paralela, se observan limitaciones en los mecanismos de legalidad, diálogo ciudadano y fomento del bienestar social, lo cual genera un entorno poco propicio para las acciones conjuntas en la prevención del delito. La fragmentación de espacios de participación, la escasa confianza en los canales institucionales y la percepción de corrupción en algunos ámbitos de gobierno debilitaron el vínculo entre ciudadanía y autoridades, reduciendo la legitimidad de las políticas públicas.
La insuficiente atención a víctimas refleja y amplifica las debilidades institucionales en materia de legalidad y bienestar social. La falta de aplicación y actualización de protocolos integrales de protección, asistencia psicológica, jurídica y social, así como de mecanismos de reparación del daño, genera que las víctimas de delitos y sus familias enfrenten barreras para acceder a justicia y apoyo. Esto no sólo incrementa la vulnerabilidad de los afectados, sino que también debilita la confianza ciudadana en las instituciones, al percibir que el Estado no garantiza protección ni acompañamiento efectivo.
Al mismo tiempo, la persistencia de desigualdades sociales y la insuficiencia de oportunidades económicas generan un entorno en el que amplios sectores de la población permanecen en situación de vulnerabilidad a pesar de la cobertura en programas de bienestar. Esta realidad limita la capacidad del Estado para prevenir factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia, y dificulta la consolidación de una cultura de paz y legalidad.
Lo anterior se agrava con las restricciones en la operación y desempeño de las instituciones de seguridad pública, que enfrentan limitaciones en recursos humanos, financieros y tecnológicos, así como deficiencias en sus procesos de profesionalización y control interno.
En los últimos seis años, las dependencias federales han implementado programas de prevención del delito, jornadas interinstitucionales, ferias comunitarias y capacitación ciudadana, estableciendo un esquema de institucionalidad y corresponsabilidad. Pese a ello, se requiere fortalecer el intercambio de información, que permita alinear acciones preventivas, programas de formación y seguimiento, se compartan recursos para generar un impacto mayor en cuanto a la reducción de riesgos, la prevención de la violencia y la consolidación de la cultura de legalidad en el país.
Percepción de confianza en autoridades de seguridad e impartición de justicia
La falta de facultades plenas en materia de investigación impactó en la baja judicialización de los delitos, lo que derivó en una percepción ciudadana de impunidad y desconfianza hacia las instituciones. De manera paralela, la insuficiencia de mecanismos de inteligencia, el rezago tecnológico y la fragmentación de la información entre corporaciones se configuraron como debilidades estructurales frente a la expansión de la delincuencia organizada, la diversificación de actividades ilícitas y la creciente exposición de la sociedad a riesgos y amenazas emergentes.
Sobre el nivel de confianza en autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional y procuración e impartición de justicia, la ENVIPE 2025 indica que el 91.0 % de los encuestados identificó a la Marina como la autoridad que mayor confianza inspira, con mucha o algo de confianza. Siguió la Fuerza Aérea Mexicana, con 89.3%.(46)
La ENSU 2025, indaga la percepción de la población de 18 años y más respecto a las labores de prevención y combate a la delincuencia de diversas autoridades de seguridad pública. De acuerdo con los resultados del cuarto trimestre de 2025, esta encuesta reveló que el 83% de los encuestados consideró que el desempeño de la Marina fue muy o algo efectivo, mientras que la Fuerza Aérea Mexicana alcanzó 81.4% y el Ejército, 79.7%. Con menores porcentajes en la percepción de un desempeño muy o algo efectivo figuraron la Guardia Nacional con 70.0%, la policía estatal con 51.8% y la policía preventiva municipal con 46.0%.(47)
De acuerdo con la ENVIPE 2025, en 2024, de los 33.5 millones de delitos ocurridos, sólo 9.6% se denunció, que equivale a 3.2 millones aproximadamente; y de estos, el Ministerio Público (MP) o fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación en 70.5% de los casos, alrededor de 2.3 millones, lo que lleva a un aproximado de 31.2 millones de delitos ocurridos no investigados, o sea el 93.2%, dato conocido como cifra negra.(48)
Al comparar los resultados más recientes de la ENVIPE, la cifra oculta pasó de 92.9% en 2023 a 93.2% en 2024(49), lo que representa un incremento de 0.3 puntos porcentuales; aunque este aumento es moderado, el indicador se mantiene en niveles elevados. En el marco de esta encuesta se advierte que la cifra oculta está asociada a factores vinculados con la percepción ciudadana sobre la eficacia institucional, las condiciones de acceso a la denuncia y los costos sociales que implica acudir a las autoridades. Estos elementos inciden directamente en los niveles de confianza y en la calidad de la relación entre el Estado y la población, influyendo en la decisión de denunciar y, en consecuencia, en la visibilidad real del fenómeno delictivo.
El hecho de que 93.2% de los delitos no deriven en una investigación formal, junto con la baja proporción de carpetas de investigación abiertas, contribuye a la persistencia de altos niveles de impunidad, al limitar la capacidad del sistema de justicia para esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y generar efectos disuasivos sobre la criminalidad.
Vulnerabilidad social
En México, la vulnerabilidad social representa una expresión de desigualdad estructural, y también constituye un factor de riesgo que incide directamente en la generación y reproducción de contextos de inseguridad e impunidad. Esto se refleja en la persistencia de amplios sectores de la población con carencias en materia de salud, educación, vivienda y seguridad social, tal como lo documenta el INEGI.
El reporte más reciente del INEGI(50) muestra que, en 2024, 29.6% de la población mexicana -equivalente a 38.5 millones de personas- se encontraba en situación de pobreza multidimensional, mientras que 48.2% carecía de acceso a la seguridad social y 34.2% no contaba con servicios de salud. Estas cifras evidencian que, incluso en un contexto de recuperación económica, la vulnerabilidad social persiste como un desafío estructural vinculado a la informalidad laboral y la insuficiencia de ingresos.
FUENTE: INEGI, Análisis de los resultados de la medición de la pobreza multidimensional, 2024.(51)
En cuanto a la pobreza extrema, Chiapas y Guerrero registraron las mayores incidencias del país, con 27.1% y 21.3% de su población, respectivamente, ambas por encima del 20%. Además de encabezar los porcentajes, Chiapas concentró el mayor número absoluto de personas en esta condición, con aproximadamente 1.6 millones (1,589.7 mil), seguido por Guerrero, con 769 mil, y Veracruz, con 713.9 mil personas. En contraste, entidades como Baja California (0.4%), Nuevo León (0.5%) y Aguascalientes (0.6%) presentaron los niveles más bajos de incidencia, lo que refleja una marcada disparidad regional en la distribución de la pobreza extrema en el país.
Bajo este contexto, se generan entornos propicios para la violencia y la delincuencia, en tanto que las referidas condiciones de pobreza reducen las oportunidades de desarrollo y favorecen dinámicas de exclusión, desconfianza institucional y ruptura del tejido social. En comunidades con alta marginación o rezago social, la ausencia de opciones educativas y laborales sostenibles facilita la captación de personas por parte de organizaciones delictivas, mientras que la falta de acceso a la justicia reproduce la impunidad.
En este mismo sentido, el Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) (2024)(52) advierte que la población que carece de condiciones de desarrollo humano enfrenta también exclusión en el acceso a los bienes públicos fundamentales, entre ellos la seguridad, la justicia y la protección de los derechos humanos. Desde esta perspectiva, la impunidad opera como un proceso de doble vulnerabilidad social, al negar tanto la garantía de derechos como la posibilidad de reparación ante su violación.
Ante este escenario, se requiere fortalecer las políticas integrales de seguridad, bienestar social, empleo y desarrollo, orientadas a ampliar las oportunidades de inclusión productiva, educativa y comunitaria en los territorios de mayor rezago. Asimismo, deben impulsarse estrategias de prevención social del delito, acompañadas de mecanismos de coordinación interinstitucional y participación ciudadana.
Estas acciones permitirán reducir la exposición de la población vulnerable a la criminalidad, consolidar entornos seguros y contribuir al ejercicio efectivo de los derechos humanos y al desarrollo sostenible del país en beneficio de jóvenes, mujeres, personas liberadas del sistema penitenciario, comunidades indígenas, población en situación de calle o desplazamiento forzado, y habitantes de zonas rurales o urbanas marginadas, entre otros.
Estado de fuerza y capacidad de respuesta
El estado de fuerza de las instituciones de seguridad pública en México muestra avances sustantivos en cobertura operativa, pero también se observan retos en materia de profesionalización, presencia territorial y resiliencia institucional.
De acuerdo con datos del INEGI, el personal de seguridad pública total asciende a 449 mil 295 personas, distribuidos por nivel de gobierno de la siguiente forma: en el ámbito federal 132 mil 036 personas adscritas a la GN y en el ámbito estatal 151 mil 168 personas, esto de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal (CNSPE) 2025 del INEGI(53); finalmente, en el ámbito municipal, el personal adscrito a las instituciones de seguridad pública ascendía a 166 mil 091 personas, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025(54) del INEGI.
Parte indispensable para el desarrollo y permanencia de las personas servidoras públicas que integran las agrupaciones de seguridad es contar con el Certificado Único Policial (CUP), el cual consiste en realizar una formación inicial o equivalente y aprobar diversas evaluaciones: control de confianza, competencias básicas o profesionales y de desempeño. Al 31 de diciembre de 2025, el SESNSP informó que el 84.9% del total de integrantes de las instituciones de seguridad cuenta con el CUP:
| AVANCE GLOBAL EN LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL
|
| (al 31 de diciembre de 2025) 1/
|
| No.
| Ámbito
| Universo
| Policías con CUP
|
| Mujeres
| Hombres
| Mujeres
| Hombres
|
| 1 | Federal | 32,417
| 105,999
| 27,918
| 86.1%
| 89,395
| 84.3%
|
| 2 | Estatal | 45,640
| 130,932
| 39,418
| 86.4%
| 116,166
| 88.7%
|
| 3 | Municipal | 34,281
| 90,580
| 26,854
| 78.3%
| 73,576
| 81.2%
|
| Total | 439,849
| 373,327
| 84.9%
|
| NOTA: El universo CUP está compuesto por los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de los Lineamientos para la emisión del Certificado Único Policial. |
| 1/ La información disponible corresponde al corte del 31 de diciembre de 2025, ya que los datos del Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública se consolidan y reportan de manera mensual al mes vencido. |
| FUENTE: Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, documento interno. |
De acuerdo con la LGSNSP, la certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las instituciones policiales se someten a las evaluaciones periódicas a cargo del centro de control de confianza correspondiente. Estas evaluaciones permiten verificar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, ética, situación socioeconómica y condición médica, tanto en los procedimientos de ingreso como en los de promoción y permanencia.
La desagregación del personal de seguridad pública estatal, que considera estatales y municipales es la siguiente:
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL
(Al 31de diciembre de 2025)
|
| No.
| Entidad
| TOTAL
| No.
| Entidad
| TOTAL
|
| 1 | Aguascalientes | 1,588 | 17 | Morelos | 1,119 |
| 2 | Baja California | 1,301 | 18 | Nayarit | 1,494 |
| 3 | Baja California Sur | 514 | 19 | Nuevo León | 6,987 |
| 4 | Campeche | 1,232 | 20 | Oaxaca | 7,579 |
| 5 | Chiapas | 9,824 | 21 | Puebla | 5,530 |
| 6 | Chihuahua | 3,270 | 22 | Querétaro | 700 |
| 7 | Coahuila | 2,904 | 23 | Quintana Roo | 2,139 |
| 8 | Colima | 617 | 24 | San Luis Potosí | 4,355 |
| 9 | Ciudad de México | 78,752 | 25 | Sinaloa | 1,049 |
| 10 | Durango | 1,330 | 26 | Sonora | 1,683 |
| 11 | Guanajuato | 5,680 | 27 | Tabasco | 6,657 |
| 12 | Guerrero | 4,473 | 28 | Tamaulipas | 4,769 |
| 13 | Hidalgo | 1,833 | 29 | Tlaxcala | 2,215 |
| 14 | Jalisco | 8,197 | 30 | Veracruz | 6,076 |
| 15 | México | 15,482 | 31 | Yucatán | 4,118 |
| 16 | Michoacán | 6,735 | 32 | Zacatecas | 2,754 |
| SUBTOTAL
| 143,732 | SUBTOTAL
| 59,224 |
| TOTAL
| 202,956 |
| FUENTE: Con información proporcionada por las entidades federativas para el último Diagnóstico de las capacidades institucionales de las Secretarías de Seguridad Pública Estatales que da cumplido al Acuerdo 11/LII/2025. Presentación del diagnóstico correspondiente al Artículo Séptimo Transitorio del Decreto Constitucional en Materia de Guardia Nacional, aprobado en la LII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el 11 de diciembre del 2025 y publicado en el DOF el 27 de diciembre del mismo año(55). Fecha de corte: 31 de diciembre de 2025. |
El análisis del estado de fuerza muestra brechas importantes: la cobertura policial por habitante varía significativamente entre entidades federativas; los procesos de certificación y control de confianza requieren refuerzo continuo; y la violencia dirigida contra los propios elementos de seguridad señala riesgos institucionales que afectan la operatividad.
Con base en los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se tiene que todas las entidades federativas cuentan con al menos una Academia o Instituto de formación, capacitación, profesionalización, especialización y actualización de personas aspirantes y servidoras públicas en las funciones de seguridad pública, policial, ministerial, pericial y penitenciaria.
Sin embargo, no están en igualdad de condiciones. Por ejemplo, Tabasco y Jalisco no cuentan con áreas especializadas en inteligencia en Seguridad Pública y análisis; en cuanto a la capacidad de investigación, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, y Sonora están en proceso de integración, mientras que Coahuila, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz no cuentan con esta área.
En este contexto, es fundamental que la política de seguridad pública incluya como prioridad robustecer el estado de fuerza policial, mediante la ampliación del número de efectivos, la mejora de su formación técnica y ética, la modernización de equipamiento y sistemas de inteligencia, y la distribución territorial basada en criterios de incidencia delictiva, vulnerabilidad social y densidad poblacional. Solo así la presencia policial será efectiva y capaz de cumplir con su misión de salvaguardar la vida, las libertades y el patrimonio de las personas.
Salarios de las personas policías
El nivel de remuneración del personal policial constituye un componente estructural clave para el fortalecimiento del cuerpo de seguridad y el cumplimiento efectivo de sus funciones. Al respecto, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), realizó diferentes análisis para estimar un ingreso suficiente que garantice a las personas policías, así como a sus familias, una vida digna. Estos estudios consideran la cobertura de sus necesidades básicas, incluyendo alimentación, calzado, vivienda, salud, educación y recreación.
De acuerdo con los registros del SESNSP y los datos de la CONASAMI, al 31 de diciembre de 2025, solamente el cuerpo policial estatal de Aguascalientes contaba con ingresos superiores a lo establecido por la CONASAMI.
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, documento interno elaborado con información de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) a diciembre de 2025.
Los salarios de policías estatales presentan disparidades geográficas y cuantitativas, con un rango de percepciones mensuales que va de 10 mil 412.04 pesos en Tlaxcala a 21 mil 765.20 pesos en Baja California.
Esta variabilidad refleja la necesidad de alinear las políticas salariales con criterios de equidad y retención del talento, incrementando los recursos públicos destinados a la seguridad y fortaleciendo la profesionalización policial en todo el país. Esta disparidad resalta la necesidad de mejorar y adecuar la remuneración del personal policial acorde al costo de la vida y condiciones económicas de sus respectivas entidades federativas, a fin de permitirles contar con recursos adecuados para cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias; estas acciones suman a la motivación y la permanencia del personal dentro de las instituciones de seguridad.
Capacidades de las instituciones de seguridad
La dinámica actual delictiva, los avances tecnológicos y las nuevas exigencias sociales demandan una mayor capacidad institucional de seguridad para responder de manera integral, moderna y con perspectiva de derechos humanos a las necesidades actuales de la sociedad.
La LGSNSP(56) establece que el desarrollo de las instituciones de seguridad pública comprende un conjunto de procesos orientados a su fortalecimiento y eficiencia sostenible, con el propósito de prevenir, investigar y perseguir los delitos de manera efectiva, y así cumplir con su misión de proteger a la ciudadanía y garantizar el Estado de Derecho.
En el marco del Sistema Procesal Penal Acusatorio (SPPA), se exige la profesionalización de las policías con un nivel académico superior y capacidades técnicas reforzadas. Su papel se ha redimensionado: el actuar policial adquiere mayores responsabilidades en la investigación y en la función de primer respondiente, mientras que el MP asume un rol central en la conducción procesal y la litigación en audiencias. De esta forma, se fortalece la coordinación interinstitucional y se garantiza una respuesta más eficaz frente a los fenómenos delictivos.
Para ello, estas instituciones deben contar con reglas y procesos estructurados que regulen su organización y funcionamiento, los cuales incluyen, al menos, el Servicio Profesional de Carrera, los esquemas de profesionalización y el régimen disciplinario de sus integrantes. Asimismo, deben consolidar órganos colegiados de decisión, responsables de la planeación, dirección, ejecución y control interno de procesos como reclutamiento, selección, promociones y demás asuntos estratégicos vinculados con su operación.
A pesar de la existencia de marcos normativos que establecen la necesidad de contar con reglas y procesos estructurados, muchas instituciones de seguridad enfrentan deficiencias en la consolidación de su organización y funcionamiento, lo que impacta directamente en la profesionalización y desempeño del personal. La ausencia o insuficiencia de un Servicio Profesional de Carrera sólido, de esquemas de capacitación continua y de un régimen disciplinario limita la capacidad de los cuerpos policiales para asegurar procedimientos transparentes y meritocráticos en reclutamiento, selección, promociones y otras decisiones estratégicas.
De igual manera, la falta de órganos colegiados de decisión plenamente operativos reduce la eficiencia en la planeación, dirección, ejecución y control interno de procesos críticos, afectando la gobernanza institucional y la confiabilidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.
De acuerdo con información del CNSPE 2025 del INEGI, únicamente nueve entidades reportaron información sobre menciones honoríficas, distinciones, citaciones y recompensas, siendo un total de 2 mil 213 reconocimientos; de los cuales 82.8% fueron otorgadas a hombres y 17.2% a mujeres. En lo que respecta a las promociones, 13 entidades informaron la entrega de mil 696 ascensos al personal policial, distribuidos en 76.8% para hombres y 23.2% para mujeres(57). Estos datos revelan que existen brechas adicionales, disparidades de género en los procesos de reconocimiento y promoción del personal policial, lo que sugiere la necesidad de fortalecer el Servicio Profesional de Carrera Policial que fomente la profesionalización en igualdad de condiciones, así como la generación de mecanismos de rendición de cuentas.
SISTEMA PENITENCIARIO
La gestión penitenciaria no está desvinculada de la seguridad pública, ya que las condiciones internas de los centros, la gobernabilidad y la reinserción social de las PPL impactan directamente en la seguridad de la sociedad en general.
El sistema requiere la incorporación de procesos de inteligencia e investigación, orientados a prevenir delitos, detectar riesgos internos y mejorar la gestión de la población privada de la libertad. La inteligencia penitenciaria permite identificar patrones de conducta delictiva, detectar la operación de estructuras criminales al interior de los centros, anticipar conflictos y reducir la posibilidad de incidentes que comprometan la seguridad y la reinserción social.
Asimismo, la integración de la investigación contribuye a generar información confiable y oportuna, que sirve de base para la toma de decisiones estratégicas, la asignación de recursos, la planeación de programas de tratamiento y reinserción, y la coordinación con autoridades judiciales y de seguridad pública.
Este enfoque proactivo fortalece la gobernabilidad, la prevención de riesgos y la profesionalización de la operación, asegurando que los centros penitenciarios no funcionen únicamente como espacios de reclusión, sino como entornos seguros y gestionados estratégicamente.
Heterogeneidad normativa y procedimental
Actualmente, el Sistema Penitenciario Nacional enfrenta una ausencia de integralidad y homogeneidad, la cual se refleja en la diversidad de criterios, procedimientos y estándares operativos entre los distintos centros penitenciarios. Esta falta de uniformidad genera disparidades en la administración y operación de los centros, afectando de manera directa áreas críticas como la clasificación de la población penitenciaria, la asignación de recursos humanos y materiales, así como la implementación de programas de capacitación, formación académica y educación para la reinserción social.
La heterogeneidad en los procesos internos también contribuye a la fragmentación de la gestión institucional, manifestada en vacíos de coordinación interinstitucional, duplicidad de esfuerzos administrativos y retrasos en la toma de decisiones estratégicas. Esta situación impacta negativamente en la eficiencia operativa, limitando la capacidad de supervisión, control interno y aplicación de protocolos de seguridad y reinserción, así como la eficacia en la planificación y ejecución de políticas penitenciarias a nivel nacional.
Se observa, además, que la gestión penitenciaria no puede considerarse aislada de la seguridad pública, dado que las condiciones de gobernabilidad de los centros penitenciarios inciden directamente en la estabilidad y seguridad de la sociedad. La ausencia de criterios estandarizados y de coordinación estructurada reduce la efectividad de las estrategias de inteligencia e investigación necesarias para identificar riesgos, prevenir la violencia y desarticular estructuras delictivas que operan dentro y fuera de los centros.
En consecuencia, se analiza la necesidad de implementar mecanismos de estandarización, profesionalización y coordinación interinstitucional, incorporando elementos de inteligencia, análisis de riesgo y evaluación continua de resultados, con el objetivo de garantizar la coherencia, eficiencia y efectividad de los procesos penitenciarios. La consolidación de un sistema penitenciario integral, homogéneo y alineado con los objetivos de seguridad pública permitirá fortalecer la gobernabilidad interna, eficientar el uso de recursos y promover la reinserción efectiva de la población privada de la libertad, contribuyendo de manera directa a la reducción de riesgos para la sociedad en su conjunto.
Población penitenciaria y capacidad operativa
De acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales (CNSIPEF-E) 2025, al cierre de 2024, la infraestructura penitenciaria nacional se conformó por un total de 325 centros: 14 centros penitenciarios federales, 261 centros penitenciarios estatales y 50 centros especializados.(58)
En cuanto a su ocupación, se reportó una tasa(59) de 72.4% en los centros penitenciarios federales y 118.7% en los centros penitenciarios estatales, la tasa general de ocupación penitenciaria fue de 113%. La entidad que concentró la mayor tasa de ocupación fue Nayarit con 191.65%, le sigue el Estado de México con 157.92% y en tercer lugar Morelos con 104.79%.(60) En los últimos años se incrementó gradualmente la población nacional de PPL internadas en los centros penitenciarios y centros especializados como se muestra en el siguiente gráfico:
FUENTE: Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social.(61)
A partir de los datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, publicado por Prevención y Reinserción Social en diciembre 2025, se observa que la mayor parte de la población privada de la libertad reside en centros bajo jurisdicción estatal; al cierre de dicho ejercicio fiscal ascendía a 235 mil 716(62).
En contraste, los Centros Penitenciarios Federales mantienen una población relativamente estable y marginal respecto al total. Si bien la población federal fluctúa -alcanzando su punto más bajo en 2021 con 16 mil 060 PPL y su máximo en 2023 con 20 mil 852-, el incremento poblacional en los centros penitenciarios federales de 2017 a 2025 es de 2.5%, a diferencia de los centros penitenciarios estatales que es de 22.8% para el mismo periodo.
FUENTE: Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social.(63)
En este contexto, el Sistema Penitenciario Nacional demostró una capacidad operativa sostenida para gestionar una población en constante crecimiento. Aun con la presión estructural derivada del incremento continuo de PPL, el componente estatal, que concentra la mayor parte de la población penitenciaria, logró mantener su funcionamiento y absorber el grueso de los ingresos, lo que deja ver una resiliencia institucional frente a las demandas crecientes de internamiento y administración.
No obstante, para consolidar esta capacidad y sostenibilidad, se requiere una mayor asignación de recursos humanos, financieros y de infraestructura, así como el fortalecimiento de los mecanismos de planeación, supervisión e interconexión institucional entre los ámbitos federal y estatal. Solo mediante un marco normativo uniforme y una operación coordinada, en congruencia con los principios de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), será posible avanzar hacia un Modelo Penitenciario orientado a la gobernabilidad, la seguridad, la reinserción social efectiva y servicios postpenales.
Con base en el CNSIPEF-E 2025, al analizar el aspecto de distribución del personal penitenciario se muestra una concentración prioritaria en funciones de seguridad y vigilancia. No obstante, este perfil funcional pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las áreas técnicas y profesionales vinculadas con la reinserción social y la atención especializada, a fin de lograr un equilibrio institucional entre las tareas de seguridad y los procesos de tratamiento, educación, salud y apoyo psicosocial que contribuyan efectivamente a los fines de reinserción previstos en la LNEP.
| PERSONAL ADSCRITO A LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y CENTROS ESPECIALIZADOS SEGÚN CARGO, 2024
(Porcentaje)
|
| Cargo
| Federales
| Estatales
|
| Personas titulares de los centros
| 0.2
| 0.9
|
| Personal directivo
| 0.6
| 2.0
|
| Personal técnico o de
operación
| Médico
| Cirugía general
| 0.0
| 0.5
|
| Familiar
| 0.0
| 0.8
|
| Ginecología y
obstetricia
| 0.0
| 0.0
|
| Medicina interna
| 0.0
| 0.2
|
| Pediatría
| 0.0
| 0.01
|
| Psiquiatría
| 0.1
| 0.1
|
| Urgencias
| 0.0
| 0.04
|
| Odontología
| 0.3
| 0.6
|
| Otra especialidad
médica
| 2.4
| 1.0
|
| Trabajo social
| 2.9
| 3.1
|
| Psicólogo
| 3.9
| 2.3
|
| Criminológico
| 1.0
| 1.1
|
| Jurídico
| 8.1
| 4.5
|
| Pedagógico
| 5.0
| 1.4
|
| Interpretación y traducción
| 0.0
| 0.01
|
| Otro tipo
| 7.7
| 2.0
|
| Personal de custodia y/
o vigilancia
| Primer nivel jerárquico
| 0.1
| 0.8
|
| Nivel intermedio
| 4.5
| 4.5
|
| Nivel operativo
| 35.0
| 56.2
|
| Personal administrativo y de apoyo
| 28.3
| 15.3
|
| FUENTE: Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2025(64)
|
Durante la administración anterior, los centros federales, en particular, lograron una presencia de personal jurídico y pedagógico, lo que indica un compromiso por fortalecer la base legal de los procesos de internamiento y ofrecer programas de formación educativa. Este énfasis en la dimensión legal y educativa es fundamental para asegurar que las PPL tengan acceso a herramientas que faciliten su eventual reinserción y que sus expedientes sean tratados con la rigurosidad procesal requerida.
Reinserción social
La reinserción social se ha consolidado como un objetivo estratégico del Sistema Penitenciario Nacional, se orienta a reducir la reincidencia y a promover la integración de las personas liberadas y externadas mediante educación, capacitación laboral, atención en salud, deporte y actividades culturales.
En el ámbito federal, durante los últimos seis años, se implementaron estrategias que promueven la reinserción social con perspectiva de género, enfoque interseccional y atención diferenciada a grupos en situación de vulnerabilidad. Este enfoque permitió dar atención a grupos prioritarios, tal es el caso de personas adultas mayores, personas con discapacidad, integrantes de comunidades indígenas y afromexicanas, así como a la comunidad de la diversidad sexual.
Entre las acciones orientadas a la inclusión y al acceso equitativo de PPL a los beneficios institucionales, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS) implementó estrategias de sensibilización en materia de igualdad, diversidad sexual y derechos humanos. Asimismo, se fortalecieron los mecanismos de atención a la salud mental, se promovió la incorporación de personas adultas mayores y con discapacidad en programas sociales federales, y se desarrollaron conmemoraciones que fomentan la tolerancia, la diversidad cultural y lingüística.
En su conjunto, estas acciones consolidan un modelo de reinserción social con enfoque de derechos humanos, igualdad de género e interseccionalidad, orientado a garantizar la dignidad, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad de las PPL.
Prevención y Reinserción Social impulsó la coordinación interinstitucional como eje articulador de los esquemas de reinserción, mediante alianzas estratégicas que potencian su capacidad operativa en los ámbitos esenciales del sistema penitenciario.
Si bien las acciones implementadas permitieron avanzar en la reinserción social incluyente, con enfoque de derechos humanos, de género e interseccionalidad, persisten áreas que requieren fortalecimiento para afianzar su sostenibilidad y mayor impacto.
Resulta necesario ampliar la cobertura y especialización en la atención a la salud mental de las PPL, otorgando acompañamiento integral y continuidad terapéutica. De igual forma, es prioritario transversalizar de manera más profunda los enfoques de género e interseccionalidad en todas las etapas del proceso de reinserción, de modo que las acciones respondan de manera diferenciada a las necesidades específicas de mujeres, personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis, Intersexuales, Queer y + que incluye otras identidades y orientaciones sexuales (LGBTTTIQ+), indígenas, afromexicanas, adultas mayores, extranjeras y con discapacidad.
Otro aspecto que demanda fortalecimiento es la vinculación interinstitucional y con el sector social y privado, para ampliar las oportunidades de educación, capacitación y empleo al egreso, favoreciendo una reinserción efectiva a la comunidad. En este sentido, la formación y sensibilización continua del personal penitenciario en temas de derechos humanos, igualdad, salud mental y atención diferenciada resulta clave para consolidar prácticas institucionales más humanas y empáticas.
Un tema toral para el Sistema Penitenciario Federal es el desarrollo de capacidades institucionales y la profesionalización del personal mediante la implementación de un Servicio Profesional de Carrera Penitenciario. Actualmente, dicho esquema no se encuentra desarrollado, lo que representa una limitante estructural para garantizar la permanencia, especialización y reconocimiento del personal operativo, técnico y administrativo.
La ausencia de un servicio profesional y de un régimen disciplinario homogéneo genera disparidades en los procesos de reclutamiento, selección, capacitación, evaluación del desempeño, promoción y reconocimiento del personal. Esta situación repercute directamente en la estabilidad laboral, la motivación institucional y la eficacia en la ejecución de los programas de reinserción social.
Su establecimiento e implementación permitirían institucionalizar criterios de mérito, transparencia y desarrollo continuo, reforzar la identidad y pertenencia del personal penitenciario, así como asegurar la estandarización de competencias en materia de seguridad, tratamiento, derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad. Además, se favorecería la consolidación de una cultura organizacional basada en la ética, la vocación de servicio y la mejora permanente de la gestión pública.
En este sentido, resulta prioritario avanzar en el diseño e implementación de un modelo integral de profesionalización penitenciaria, que contemple la formación inicial y continua, mecanismos de evaluación y certificación de competencias, sistemas de incentivos y reconocimientos, así como un régimen disciplinario claro, justo y uniforme. La consolidación de este servicio constituiría un pilar estratégico para elevar la calidad institucional, fortalecer la gobernanza penitenciaria y contribuir en la eficacia de los procesos de reinserción social en el ámbito federal.
En cuanto a los programas de reinserción, tanto en el ámbito federal como estatal, la educación formal, la capacitación laboral y el desarrollo de habilidades socioemocionales constituyen herramientas clave para reconstruir proyectos de vida y facilitar oportunidades de empleo al egreso. La atención integral en salud, incluyendo programas de salud mental y de adicciones, fortalece la capacidad de adaptación y autocuidado de las PPL, mientras que las actividades culturales, deportivas y de participación comunitaria contribuyen al desarrollo de competencias sociales, disciplina y autoestima.
Finalmente, la carencia de estándares en materia de infraestructura, equipamiento e interconexión tecnológica en los centros penitenciarios federales constituye una limitante significativa para la operación eficiente y segura del sistema penitenciario. La falta de lineamientos técnicos homogéneos en el diseño, mantenimiento y modernización de las instalaciones, así como en la dotación de equipos especializados, genera disparidades en la calidad de los servicios, la capacidad operativa y las condiciones de habitabilidad.
Asimismo, la insuficiente interconexión tecnológica entre los centros penitenciarios y las instancias del sector seguridad y justicia obstaculiza el flujo de información, el monitoreo de incidentes y la coordinación interinstitucional. Esta situación reduce la capacidad de respuesta ante eventos críticos, limita la trazabilidad de los procesos y dificulta la generación de inteligencia penitenciaria.
Fortalecer los estándares de infraestructura, equipamiento e interconectividad resulta esencial para avanzar hacia un modelo penitenciario moderno, eficiente y sustentado en la gestión basada en evidencia, que permita mantener las condiciones dignas de internamiento, la seguridad institucional y la eficacia de los programas de reinserción social.
En suma, el fortalecimiento del Sistema Penitenciario Federal requiere consolidar un modelo integral de reinserción social sustentado en la profesionalización del personal, la modernización de la infraestructura y la transversalización efectiva de los enfoques de derechos humanos, género e interseccionalidad.
Avanzar hacia un servicio profesional de carrera, con estándares homogéneos y mecanismos de evaluación y capacitación continua, permitirá garantizar la eficiencia institucional y la sostenibilidad de las políticas de reinserción. De igual forma, la mejora en las condiciones físicas, tecnológicas y operativas de los centros penitenciarios, junto con la ampliación de las oportunidades educativas, laborales, culturales y de salud, contribuirá a la construcción de un sistema penitenciario moderno, humano y orientado a la reintegración social efectiva de las PPL.
Servicios postpenales
La reincidencia delictiva constituye uno de los desafíos más relevantes en el ámbito penitenciario y de la seguridad pública en México. La repetición de conductas delictivas por personas que egresan de los centros muestra limitaciones en la continuidad de la atención posterior al internamiento.
La ausencia de mecanismos consistentes de seguimiento, la insuficiente vinculación con oportunidades laborales y educativas, y la limitada cobertura de programas de desarrollo socioemocional contribuyen a que muchas personas liberadas y externadas enfrenten condiciones que dificultan su reintegración efectiva a la sociedad. Este escenario no solo representa un riesgo para la seguridad pública, sino que también deja ver la necesidad de consolidar políticas orientadas a la prevención de la reincidencia mediante la atención integral de las causas que originan la conducta delictiva.
En este contexto, los servicios postpenales en México requieren reforzar la atención y el acompañamiento a las personas liberadas. Si bien existen programas de seguimiento, asesoría legal, vinculación laboral y apoyo psicológico, su cobertura y alcance son limitados, y en muchos casos carecen de criterios homogéneos y mecanismos de coordinación entre los ámbitos federal y estatal. Esta fragmentación reduce la eficacia de los esfuerzos de reinserción y dificulta la consolidación de trayectorias de vida estables que disminuyan la probabilidad de reincidencia.
Se analiza, por tanto, la necesidad de reforzar los servicios postpenales mediante la armonización normativa, la integración de protocolos de seguimiento estandarizados y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, de manera que las personas liberadas cuenten con oportunidades concretas de empleo, educación, capacitación laboral y acceso a servicios de salud física y mental. Asimismo, resulta fundamental incorporar sistemas de evaluación continua y monitoreo de resultados, que permitan ajustar las políticas y programas de manera eficiente, asegurando que los recursos disponibles contribuyan a la reducción de la reincidencia y al fortalecimiento de la seguridad pública.
La implementación de un modelo penitenciario representa una necesidad estratégica para cimentar un sistema moderno, articulado y eficiente. Este modelo permitiría integrar las políticas, procesos y prácticas penitenciarias bajo un marco común que fortalezca la gobernabilidad, promueva la coordinación interinstitucional y garantice la continuidad de los programas de reinserción y seguimiento postpenal. Con ello, se avanzaría hacia una gestión penitenciaria más coherente, orientada a la reinserción efectiva de las PPL y a la reducción de los factores que inciden en la reincidencia delictiva, contribuyendo de manera sostenida a la seguridad y bienestar social.
Visión de Largo Plazo
En un escenario prospectivo, México avanzará hacia la consolidación de un modelo de seguridad integral, preventivo y centrado en las personas; a partir de 2030, la reducción sostenida de los índices delictivos se realizará con la coordinación corresponsable, estratégica y continua entre instituciones nacionales, sociedad civil, comunidades locales y aliados internacionales.
El fortalecimiento de la cooperación nacional e internacional permitirá a México integrarse activamente en iniciativas multilaterales contra el crimen organizado, facilitando el intercambio de información, el desarrollo conjunto de capacidades técnicas y operativas, así como la adopción de buenas prácticas, tecnologías emergentes y marcos normativos armonizados que refuercen la seguridad pública con pleno respeto a los derechos humanos y a los principios del Estado de Derecho.
En este contexto, se proyecta una respuesta más inteligente y articulada ante las amenazas delictivas complejas, basada en la prevención de las violencias, la contención del delito y la construcción de paz, donde la legitimidad institucional, la legalidad y la confianza ciudadana se convierten en los pilares de una convivencia más segura, justa y sostenible.
Como parte de este enfoque, la atención integral a víctimas se consolidará como una contribución estratégica para la construcción de paz y la recuperación del tejido social. La implementación de servicios especializados con enfoque diferencial y de género, el acceso efectivo a la justicia, la reparación integral y la difusión de derechos mediante campañas incluyentes, permitirán además de atender las consecuencias del delito o de violaciones a derechos humanos, también reforzarán la prevención de nuevas violencias. Estas acciones fortalecerán la confianza ciudadana en las instituciones y promoverán entornos seguros, corresponsables y resilientes.
La atención estructural a las causas de la violencia -como la desigualdad, la exclusión social, la impunidad o la falta de oportunidades- estará incorporada de forma transversal en las políticas públicas. La inversión en programas sociales, educativos, de salud mental, cultura de paz y desarrollo comunitario será prioritaria, lo que permitirá disminuir los factores de riesgo del delito y fortalecer el tejido social en los territorios más afectados.
La construcción de paz se consolidará, dejará de ser una consigna abstracta, se convertirá en una práctica institucionalizada a través de mecanismos de diálogo, mediación, justicia restaurativa y resolución pacífica de conflictos, con participación de comunidades y grupos prioritarios.
Paralelamente, el fortalecimiento del marco de legalidad permitirá mejorar la respuesta institucional en materia de investigación y persecución de delitos, incrementar la percepción de seguridad y restituir la confianza ciudadana en las autoridades.
Este enfoque integral, que articula de manera estratégica las dimensiones de seguridad y justicia se sustenta en una cooperación interinstitucional sólida, proyecta una reducción sostenida de los índices delictivos, particularmente en los delitos de alto impacto, así como una pacificación progresiva de los territorios más afectados por la violencia.
En un horizonte de 20 años, México habrá consolidado instituciones de seguridad pública más profesionalizadas, tecnológicamente articuladas y con alta capacidad de respuesta, avanzando hacia un entorno más justo, seguro y socialmente cohesionado. La paz dejará de ser únicamente el resultado de la acción estatal para convertirse en una construcción colectiva, sustentada en la participación activa de las comunidades, el fortalecimiento del tejido social y la creación de entornos resilientes, que se desarrollan desde lo local hacia lo nacional, garantizando una convivencia sostenible y basada en la confianza mutua.
Con respecto a la infraestructura tecnológica integrada, interconectada y eficiente, se proyecta que funcione como columna vertebral de las labores de inteligencia, investigación y operación en materia de seguridad pública. El fortalecimiento sostenido de esta red nacional de sistemas de información y telecomunicaciones permitirá detectar, anticipar y neutralizar amenazas delictivas con mayor precisión, velocidad y cobertura territorial, especialmente frente a fenómenos complejos como la delincuencia organizada y el cibercrimen.
Gracias a un marco estratégico homologado, se eliminarán las barreras técnicas y operativas entre instituciones, lo que permitirá un intercambio ágil, seguro y legalmente sustentado de información entre los tres niveles de gobierno y con organismos internacionales, garantizando siempre el respeto a los derechos humanos. A su vez, la inversión en la profesionalización del personal asegurará un mejor uso de los recursos tecnológicos, lo que se traducirá en capacidades humanas efectivas para el análisis criminal y la toma de decisiones estratégicas.
Este esquema robusto de inteligencia tecnológica no solo mejorará la efectividad operativa del Estado frente al delito, sino que también fortalecerá la confianza ciudadana, al demostrar resultados concretos en prevención, persecución y disminución de la impunidad. Así, México avanzará hacia una seguridad pública moderna, profesional y centrada en el bienestar colectivo, donde la tecnología potencie el alcance, la legalidad y la legitimidad de la acción institucional.
México avanzará hacia una cultura de paz y legalidad que incentive la participación ciudadana en la prevención de la violencia y la construcción de comunidades seguras, mediante una combinación de reformas judiciales, programas educativos y acciones comunitarias. Aunque los desafíos persisten, especialmente en seguridad y justicia penal, el enfoque integral y multisectorial ofrece una base sólida para construir comunidades más seguras y resilientes.
Para lo cual resulta imprescindible fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales, así como mejorar el diálogo con los sectores de la sociedad para la pacificación del país (en cumplimiento), tal como se establece en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
En este contexto, el gobierno se encaminará hacia el fortalecimiento de las instituciones de seguridad a través de tres pilares fundamentales: el estado de fuerza policial, clave para mejorar la operatividad y el bienestar de los elementos activos; la modernización de la formación profesional mediante academias equipadas y programas de capacitación continua; y la consolidación de un Servicio de Carrera Policial que fomente la profesionalización y garantice la rendición de cuentas. Estos factores son esenciales para transformar las Instituciones Policiales en instituciones confiables y eficaces, pilares fundamentales de la seguridad y la confianza ciudadana.
Incrementar el número de policías conforme a las necesidades locales no solo mejorará la capacidad de respuesta ante emergencias, sino que también aliviará la carga laboral de los agentes activos, lo que favorecerá su desempeño y bienestar. Este fortalecimiento impactará positivamente a las Instituciones de Seguridad Pública, consolidando un sistema integral y eficaz.
Por su parte, la formación policial enfrenta actualmente limitaciones significativas, como la insuficiencia de recursos en muchos centros de formación. Sin embargo, esta situación representa una oportunidad para invertir estratégicamente en la modernización de instalaciones y equipos en institutos y academias. Modernizar los espacios de estudio, integrar tecnología avanzada en la enseñanza, y crear espacios adecuados para entrenamiento físico y táctico permitirá ofrecer una formación inicial de calidad y fomentar la capacitación continua. Esta última es esencial para mantener a las fuerzas policiales actualizadas en técnicas de seguridad, manejo de tecnologías, derechos humanos y perspectiva de género. Programas de formación dinámicos y relevantes pueden minimizar errores operativos, asegurar un desempeño ético y profesional, y posicionar a las instituciones como garantes de confianza ciudadana.
Finalmente, una policía más profesional y motivada requiere un Servicio de Carrera Policial homologado a nivel nacional, que garantice condiciones laborales justas y transparentes. Esto incluye mecanismos de reconocimiento, ascensos basados en mérito, y prestaciones relacionadas con salud, seguros de vida, vivienda y desarrollo académico. Paralelamente, fortalecer el régimen disciplinario mediante sistemas sólidos de supervisión y sanción fomentará una cultura de rendición de cuentas y transparencia dentro de las corporaciones policiales. Estas medidas no solo ayudarán a erradicar la impunidad, sino que también fortalecerán la relación entre ciudadanía e instituciones de seguridad. Con un enfoque estratégico y compromiso sostenido, México puede transformar sus Instituciones Policiales en modelos de profesionalismo, confianza y eficacia, contribuyendo al bienestar colectivo y a una sociedad más segura y justa.
La capacitación en áreas clave como inteligencia, investigación criminalística, y operaciones especiales será la formación necesaria para utilizar eficazmente las herramientas de inteligencia disponibles y realizar investigaciones complejas que son fundamentales para desmantelar redes delictivas. Además, los programas de formación en operaciones especiales y liderazgo de alto mando proporcionarán la capacidad de respuesta táctica y estratégica en situaciones de alto riesgo.
En suma, se fortalecerá la capacidad de las Instituciones Policiales para combatir y prevenir el delito mediante la modernización de sus recursos y el desarrollo integral de sus integrantes. Se impulsará la formación profesional en inteligencia, investigación policial y criminalística para el personal activo, así como la actualización continua en tecnologías, técnicas, tácticas y procedimientos operativos con pleno respeto a los derechos humanos. La capacitación de alto mando policial busca desarrollar las capacidades en gestión, liderazgo y planeación estratégica, además de fomentar una visión integral de la seguridad pública.
Además, se crearán unidades especializadas de inteligencia y se mejorarán los tiempos de respuesta de la policía preventiva, con el fin de atender de manera más rápida y efectiva los reportes de presuntos hechos delictivos. Este enfoque integral también promueve una policía proactiva, capaz de identificar, solucionar, prevenir y reducir los riesgos de delito y violencia, fortaleciendo así la seguridad pública y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Con el fortalecimiento en la operación y desempeño de las instituciones de seguridad pública se garantizará un entorno seguro, justo y confiable para la ciudadanía. Estas instituciones consolidarán su papel clave en la protección de los derechos humanos, la prevención del delito, y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Para 2030, se transita hacia un modelo penitenciario consolidado, con un sistema penitenciario moderno, seguro y con verdadero sentido de reinserción social, articulado bajo un modelo integral basado en inteligencia, legalidad, profesionalización y respeto a los derechos humanos.
Desde la perspectiva de investigación e inteligencia penitenciaria, se proyecta una transformación profunda que permitirá desarticular redes delictivas al interior de los centros de penitenciarios, mediante mecanismos de control electrónico y vigilancia especializada. Esta capacidad reforzada anticipará amenazas, evitará delitos como la extorsión, la corrupción carcelaria y la creación de vínculos con el crimen organizado externo, incidiendo positivamente en la seguridad pública nacional.
En cuanto a la gobernabilidad y normatividad penitenciaria, se prevé un entorno institucional más ordenado y transparente, sustentado en una legislación actualizada y homologada entre la federación y las entidades federativas. Esta base jurídica común fortalecerá la gestión penitenciaria, reducirá prácticas discrecionales y elevará la rendición de cuentas, sentando las bases de una gobernanza más justa, estable y respetuosa de la dignidad humana.
El nuevo enfoque de reinserción social efectiva proyecta un sistema penitenciario humanizado, con acceso real de PPL a educación, salud mental, empleo y acompañamiento postpenitenciario. Este modelo facilitará su reintegración, reducirá la reincidencia y aportará a la pacificación de comunidades, gracias a alianzas con sectores públicos, privados y sociales.
Este modelo contemplará un plan integral de reinserción social y servicios postpenales con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, articulado con los procesos de investigación, inteligencia y seguridad, orientados a la prevención de incidentes y a la consolidación de entornos seguros en los centros penitenciarios. Asimismo, contempla la armonización normativa para unificar criterios de operación y gestión, la creación de un servicio profesional de carrera penitenciaria que promueva la vocación, la responsabilidad y el sentido de pertenencia del personal, y el establecimiento de estándares en materia de infraestructura, equipamiento e interconexión tecnológica, que aseguren el funcionamiento integral, eficiente y transparente del Sistema Penitenciario Nacional.
En su conjunto, el modelo penitenciario representa una oportunidad estratégica para modernizar y armonizar el Sistema Penitenciario Nacional, fortaleciendo su gobernabilidad, capacidad operativa y orientación social, en beneficio tanto de las PPL como de la seguridad pública nacional.
La situación de seguridad en México enfrenta retos derivados de la complejidad del fenómeno delictivo, el fortalecimiento de estructuras de delincuencia organizada transnacional, la persistencia de delitos de alto impacto y la necesidad de consolidar la confianza ciudadana en las instituciones.
En este contexto, el PNSP 2026-2030, se concibe como un instrumento integral para atender el deterioro de la seguridad y la paz social en México, mediante un enfoque estratégico que combina prevención, investigación y persecución del delito, fortalecimiento institucional, innovación tecnológica y reinserción social. Su propósito central es generar un entorno seguro, consolidar el Estado de Derecho y promover la participación ciudadana, articulando esfuerzos de manera coordinada entre dependencias del gobierno y con la sociedad.
Su estructura comprende cuatro objetivos:
| Objetivos del PNSP 2026-2030
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| 1. Fortalecer la coordinación en inteligencia e investigación para disminuir la incidencia delictiva en el país, con énfasis en delitos de alto impacto y delincuencia organizada transnacional. |
| 2. Fomentar la construcción de una cultura de paz y legalidad para prevenir la violencia y promover comunidades seguras con participación ciudadana. |
3. Consolidar el desarrollo integral de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno para fortalecer su capacidad operativa, profesionalización y eficacia, en beneficio de la ciudadanía. |
4. Impulsar la homologación y coordinación de los sistemas penitenciarios mediante el diseño de un modelo penitenciario que procure la reinserción social de las personas privadas de libertad y servicios postpenales para las personas liberadas y externadas. |
Uno de los ejes prioritarios consiste en contribuir a la reducción de la incidencia delictiva en México mediante el uso de inteligencia e investigación como herramientas fundamentales para la persecución de delitos, incluyendo aquellos vinculados con la delincuencia organizada transnacional. Esta acción permitirá generar respuestas más efectivas y oportunas frente a fenómenos delictivos de carácter complejo.
En paralelo, se impulsará el fomento de la construcción de una cultura de paz y legalidad, mediante acciones que incentiven la confianza en las instituciones de seguridad, la atención integral a la población, aunado a la participación de la ciudadanía en la prevención de la violencia y la conformación de comunidades seguras. Esta estrategia reconoce la corresponsabilidad social en la consolidación de un entorno de seguridad sostenible y en el fortalecimiento de la cohesión social.
Asimismo, se plantea la consolidación del desarrollo integral de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, mediante procesos de profesionalización, capacitación, certificación y control de confianza, lo que permitirá contribuir a su eficacia operativa, legitimidad, cumplimiento de normas de conducta y observancia de principios éticos, a la par de incrementar la cercanía con la población.
El PNSP 2026-2030 establece como otro de sus objetivos impulsar un modelo penitenciario con estándares homologados y mecanismos de coordinación entre autoridades penitenciarias y corresponsables, lo que permitirá fortalecer la gobernabilidad institucional y la efectiva reinserción social de las PPL, así como la prestación de servicios postpenales.
En prospectiva, la instrumentación de estos objetivos permitirá contar con un sistema de seguridad pública integral, tecnológicamente fortalecido, con instituciones confiables y con ciudadanía corresponsable, capaz de enfrentar los desafíos actuales y prevenir riesgos emergentes, con miras a construir un entorno de paz, justicia y desarrollo sostenible para México.
6.1 Relevancia del objetivo 1: Fortalecer la coordinación en inteligencia e investigación para disminuir la incidencia delictiva en el país, con énfasis en delitos de alto impacto y delincuencia organizada transnacional. Este objetivo atiende el problema público de la deficiente coordinación en inteligencia e investigación, que limita la capacidad del Estado para prevenir y disminuir la incidencia delictiva en el país, con énfasis en delitos de alto impacto y delincuencia organizada transnacional. En México, la persecución del delito y la inteligencia criminal enfrentan desafíos persistentes que limitan la eficacia del sistema de seguridad y justicia.
La inseguridad representa uno de los principales desafíos de la agenda pública nacional. De acuerdo con la ENVIPE 2025, el 64.2% de la población de 18 años y más identifica la inseguridad como su principal preocupación.(65) De manera consistente, la ENSU del cuarto trimestre de 2025 señala que el 63.8% de este grupo etario considera su ciudad como insegura.(66) Esta percepción se asocia con los altos niveles de impunidad, ya que el 93.2% de los delitos no se investigan, dato conocido como cifra oculta(67), lo que evidencia limitaciones institucionales en materia de procuración de justicia.
La cifra oculta constituye un indicador clave del desempeño institucional en seguridad y justicia. La ENVIPE 2025 estimó que en 2024 ocurrieron 33.5 millones de delitos, de los cuales solo 9.6% fueron denunciados (3.2 millones de casos). De ese total, el MP o las fiscalías estatales iniciaron carpeta de investigación en 70.5% de los casos, equivalentes a 2.3 millones. En consecuencia, 31.2 millones de delitos (93.2%) quedaron fuera de un proceso formal de investigación.(68)
Desde una perspectiva económica y social, la inseguridad y la impunidad generan costos significativos. En 2024, el costo total del delito en los hogares alcanzó 269.6 mil millones de pesos, de los cuales 62% correspondió a pérdidas económicas directas y 91.8 mil millones (34%) a medidas preventivas.(69) Estos datos reflejan que la población asume una carga económica adicional derivada de la insuficiente efectividad institucional.
En este contexto, la inteligencia y la investigación criminal constituyen herramientas estratégicas para reducir la violencia, fortalecer el Estado de Derecho y restablecer la paz social. Su implementación permite transitar de un modelo reactivo a uno preventivo, orientado a anticipar conductas delictivas, identificar patrones operativos y focalizar recursos en zonas de riesgo.
El Gobierno de México impulsa el fortalecimiento de estas capacidades mediante la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, la consolidación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y la interoperabilidad entre bases de datos. Este esquema promueve una actuación preventiva, coordinada y basada en evidencia, que mejora la toma de decisiones y la trazabilidad de los casos. Las acciones se complementan con la capacitación especializada del personal y la colaboración interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, orientadas a incrementar la eficacia operativa, optimizar recursos y fortalecer la respuesta ante delitos complejos.
Una prioridad estratégica de la política de seguridad pública es reducir la incidencia delictiva de alto impacto, con énfasis en homicidios dolosos, secuestros, extorsiones, delitos patrimoniales y ciberdelitos, así como debilitar las estructuras de delincuencia organizada que afectan directamente a la población y deterioran la confianza institucional. En este sentido, la investigación y la inteligencia criminal fortalecen las capacidades de persecución penal, permiten integrar carpetas sólidas, judicializar casos y reducir los márgenes de impunidad, lo que incide en la percepción de justicia y legitimidad del Estado.
El comportamiento de los principales delitos de alto impacto refleja resultados diferenciados. En 2024, se registraron 33 mil 550 homicidios dolosos, de los cuales 71.5% fue cometido con arma de fuego(70); y aunque en los resultados interanuales de 2025 persiste esta tendencia, el fenómeno requiere promover transformaciones de fondo dirigidas a disminuir su gravedad, su focalización en determinados territorios y la repetición sistemática de hechos violentos. Entre noviembre de 2024 y el mismo periodo de 2025, el promedio diario de víctimas se redujo 31.03%(71), resultado de la coordinación operativa interinstitucional y la priorización territorial.
En contraste, la extorsión mantiene niveles elevados, la ENVE refiere 747 mil eventos registrados en 2024 (mil 562 casos por cada 10 mil unidades económicas)(72); y la ENVIPE 2025 refiere una tasa ciudadana de 5 mil 971 casos por cada 100 mil habitantes(73), concentrada en Guanajuato, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León.
FUENTE: ENVIPE, septiembre de 2025.(74)
Con respecto al mismo fenómeno, el SESNSP, muestra una focalización territorial muy similar a la presentada por la ENVIPE, además de las ya mencionadas se agrega el estado de Veracruz. Estos territorios destacan en población, dinámicas económicas y urbanas que facilitan las modalidades de extorsión telefónica y digital.
La trata de personas continúa como un delito de alto impacto, con mayor incidencia en Quintana Roo, Estado de México, Ciudad de México, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Puebla, Guanajuato, Baja California y Michoacán, donde los contextos de vulnerabilidad, migración irregular y desigualdad incrementan el riesgo de explotación. De manera paralela, las violencias multifactoriales -especialmente aquellas que afectan a mujeres, niñas, migrantes, pueblos indígenas y afromexicanos- exigen respuestas integrales. Según la ENDIREH 2021, siete de cada diez mujeres de 15 años o más han enfrentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida(75); en lo que respecta a la incidencia de feminicidio, al comparar noviembre de 2024 con el mismo periodo de 2025 se observa un aumento de 12.70%.(76)
El fenómeno de personas desaparecidas y no localizadas presenta una tendencia al alza. En 2025 se reportaron 20 mil 621 casos, lo que representa un incremento del 20.72% respecto al año anterior(77). Las entidades con mayor incidencia son Guanajuato, Estado de México, Sonora, Ciudad de México, Baja California, Tabasco, Michoacán y Sinaloa que concentran más de la mitad de los casos en el territorio nacional.
En este contexto, la persistencia de la violencia por razones de género que afecta a mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como a otros grupos de atención prioritaria, y que se manifiesta en diversos ámbitos sociales -incluida la problemática de las personas desaparecidas-, pone de relieve la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Resulta prioritario consolidar políticas públicas integrales que contribuyan a asegurar una atención diferenciada y con enfoque de derechos humanos a víctimas, a sus familiares y a las personas testigos de delitos, así como reforzar las acciones de prevención, búsqueda, acompañamiento integral y acceso efectivo a la justicia.
En cuanto al robo y contrabando de hidrocarburos, las tomas clandestinas disminuyeron 30.7% entre 2018 y 2025(78). No obstante, el huachicol fiscal, asociado con simulación comercial, importaciones irregulares y facturación falsa, conserva relevancia operativa. El Gobierno de México reforzará las acciones de fiscalización, control aduanero y supervisión de operaciones, mediante la coordinación entre SENER, PEMEX, SAT y SEDENA, con el fin de garantizar la trazabilidad del combustible, prevenir el contrabando y asegurar el cumplimiento fiscal.
Asimismo, se implementarán mecanismos digitales de control y seguimiento logístico a lo largo de la cadena de suministro -importación, transporte, almacenamiento y distribución- para reducir la evasión fiscal y fortalecer la transparencia del sector energético. Estas medidas contribuyen al fortalecimiento de la seguridad energética, al incremento de la recaudación tributaria y a la disminución de flujos financieros ilícitos vinculados con la delincuencia organizada.
En el ámbito financiero, las operaciones con recursos de procedencia ilícita siguen representando un reto para la integridad institucional. De enero a diciembre de 2025, la UIF registró más de 10 millones de avisos de actividades vulnerables y 27.5 millones de reportes financieros. Como resultado de las acciones de inteligencia financiera, la UIF registró 150 denuncias formales, que involucraron a mil 329 sujetos, y emitió 78 acuerdos de incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas, lo que evidencia la magnitud, sofisticación y complejidad de las redes financieras ilícitas detectadas.(79) Estos resultados dan cuenta de la persistencia de esquemas de ocultamiento y dispersión de recursos, tanto dentro como fuera del Sistema Financiero Mexicano, que requieren una atención sostenida y coordinada por parte del Estado.
Los negocios ilícitos generan un impacto negativo directo en la relación entre seguridad y economía, al inhibir el crecimiento económico, profundizar la pobreza y ampliar las desigualdades sociales. El deterioro en la calidad de vida de la población se convierte en un factor de riesgo estructural que contribuye al incremento de la inseguridad y la delincuencia; este comportamiento evidencia la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional, la supervisión y la cooperación internacional para mejorar la judicialización y el intercambio de información sobre delitos transnacionales.
Resulta prioritario debilitar las capacidades operativas, financieras y logísticas de las estructuras delictivas mediante inteligencia financiera, análisis de redes y acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales. Estas acciones incluyen el combate al robo y contrabando de hidrocarburos, delitos que afectan la seguridad energética, los ingresos tributarios y la estabilidad territorial.
La persecución del delito de extorsión, uno de los principales generadores de violencia territorial, requiere enfoques de inteligencia y análisis criminal orientados a la identificación, desarticulación y detención de objetivos prioritarios, con impacto directo en la pacificación de comunidades y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
De igual manera, el fortalecimiento de la coordinación intergubernamental en los ámbitos operativo, logístico y tecnológico resulta esencial para garantizar la seguridad de las personas, bienes y mercancías en el territorio nacional. Esto requiere el uso de tecnologías avanzadas, sistemas de monitoreo en tiempo real y protocolos conjuntos de actuación entre instituciones de seguridad.
En síntesis, la reducción de la incidencia delictiva mediante la inteligencia, la investigación y la coordinación institucional constituye un pilar estratégico para transformar la seguridad pública bajo una visión integral, multidimensional y colaborativa. Este enfoque permite enfrentar al crimen organizado transnacional, proteger los recursos del Estado, salvaguardar a la población y fortalecer la gobernabilidad democrática, avanzando hacia un México más justo, seguro y en paz.
6.2 Relevancia del Objetivo 2: Fomentar la construcción de una cultura de paz y legalidad para prevenir la violencia y promover comunidades seguras con participación ciudadana. El Gobierno de México orientó sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de una política de seguridad centrada en la construcción de paz, la cohesión social y el bienestar colectivo. Desde un enfoque integral, se mejoraron los mecanismos de coordinación interinstitucional y territorial para atender las causas estructurales de la violencia, se privilegió el diálogo, la mediación y la participación comunitaria como instrumentos para la resolución pacífica de los conflictos. Estas acciones permitieron dar forma al esquema de seguridad con sentido humano, que coloca en el centro la reconstrucción del tejido social y la promoción de entornos seguros y libres de violencia.
Sin embargo, persisten prácticas sociales tolerantes a la ilegalidad, la desconfianza hacia las instituciones y la normalización de la violencia en los ámbitos comunitario y familiar. Esta situación redujo la capacidad de la ciudadanía para involucrarse en procesos de cohesión social y corresponsabilidad, lo que reflejó una insuficiente cultura de paz y legalidad que limita la prevención de la violencia y la participación ciudadana en la construcción de entornos seguros.
La ausencia de una cultura de respeto a la norma y corresponsabilidad social se vincula con factores estructurales de pobreza, desigualdad y marginación. Según el INEGI, los estados con mayores niveles de pobreza extrema son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla.(80) Estas condiciones restringen el acceso a la educación, la salud, la justicia y la seguridad, y amplifican los factores de riesgo asociados a la violencia.
A su vez, la mayoría de los delitos (93.2%)(81) no se investigan ni derivan en una carpeta formal, lo que refleja la brecha entre legalidad formal y confianza ciudadana. Esta falta de credibilidad institucional reduce los incentivos para la denuncia y normaliza las conductas ilícitas. En el ámbito de las violencias por razones de género y familiares, se registra una alta incidencia de violencia familiar, abuso sexual y violación, concentrada en entidades con alta densidad poblacional y desigualdad social.
Por otra parte, los delitos de trata de personas y desaparición se asocian directamente con las violencias estructurales que afectan a mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas migrantes. La vulnerabilidad social y la migración irregular generan condiciones propicias para la explotación sexual, laboral y el reclutamiento forzado. El diagnóstico identifica mayor incidencia de trata de personas en Quintana Roo, Estado de México, Ciudad de México, Chihuahua, Zacatecas y Guerrero, mientras que los casos de personas desaparecidas y no localizadas ascendieron a 20 mil 621 en 2025, con concentración en Guanajuato, Estado de México, Sonora, Ciudad de México, Baja California, Tabasco, Michoacán y Sinaloa.
Estos fenómenos confirman la relación entre violencia por razones de género, desigualdad social, pobreza y delincuencia organizada, lo que exige políticas públicas integrales que articulen la prevención del delito, la atención a víctimas y la educación cívica para la paz. Asimismo, los mecanismos de legalidad siguen debilitados por la aplicación desigual de normas y la limitada supervisión institucional. El diálogo ciudadano se mantiene fragmentado, con escasa participación organizada y comunicación insuficiente entre población y autoridades, mientras que las acciones de bienestar social no siempre se vinculan con las estrategias de seguridad, lo que reduce su impacto en la prevención de riesgos.
Ante este panorama, resulta prioritario articular tres dimensiones estratégicas: fortalecer la legalidad, promover la participación ciudadana y coordinar acciones de bienestar social. Fomentar una cultura de paz y legalidad se consolida como una estrategia esencial para transformar los entornos comunitarios, al promover el respeto a las normas y los derechos humanos, incentivar la participación ciudadana y fortalecer el tejido social.
El fortalecimiento del diálogo entre autoridades y sociedad civil, basado en la mediación comunitaria y la resolución pacífica de conflictos, genera confianza institucional y promueve la inclusión y el respeto mutuo. Brindar una atención integral en seguridad y justicia con enfoque territorial, diferencial y de derechos humanos fortalece la proximidad institucional y refuerza la legitimidad del Estado.
Del mismo modo, el fomento de una cultura de corresponsabilidad entre ciudadanía y autoridades es indispensable: la seguridad no puede entenderse como tarea exclusiva del Estado, sino como una labor compartida que demanda vigilancia comunitaria, denuncia y promoción de valores cívicos. Por lo que, la articulación del bienestar social con la seguridad pública constituye la base para reducir vulnerabilidades, promover la inclusión y generar condiciones de desarrollo humano sostenible.
6.3 Relevancia del objetivo 3: Consolidar el desarrollo integral de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno para fortalecer su capacidad operativa, profesionalización y eficacia, en beneficio de la ciudadanía. El fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública es una prioridad del Gobierno Federal, en estos seis años se orientó a consolidar estructuras más profesionales, coordinadas y cercanas a la ciudadanía. A través del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPJC) se impulsó una transformación institucional hacia la proximidad social, la prevención de la violencia y la justicia cotidiana. Se contemplaron aspectos para la resolución pacífica de conflictos, el fortalecimiento de la legalidad y la construcción de confianza entre ciudadanía y autoridades.
Al inicio de la presente administración, se implementaron cambios en las atribuciones en materia de seguridad, su estructura institucional-operacional y la función policial. Derivado de este proceso, se identificó la necesidad de consolidar recursos humanos especializados en investigación e inteligencia, con la capacidad de sustentar con evidencia técnica y analítica las tareas de investigación, persecución del delito y análisis criminal.
Las capacidades operativas actuales revelaron limitaciones en el desarrollo institucional de las corporaciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, lo que afecta su eficacia, profesionalización y capacidad de respuesta ante las demandas ciudadanas. Esta situación impacta de manera directa en la prevención, atención y resolución de incidentes, además de influir en los niveles de confianza y legitimidad social hacia las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Conforme a censos del INEGI, el estado de fuerza nacional ascendía a 449 mil 295 elementos, de los cuales 132 mil 036 son federales, 151 mil 168 pertenecen a corporaciones estatales(82) y 166 mil 091 a municipales(83). No obstante, la distribución es desigual: Tabasco, Oaxaca, Yucatán, Chiapas y Guerrero cuentan con tasas de elementos de las corporaciones policiales estatales por cada mil habitantes entre 2.1 y 1.5, mientras que entidades como Durango, Sinaloa, Querétaro, Colima y Baja California presentan tasas entre 0.5 y 0.2(84). Esta asimetría reduce la cobertura territorial y la capacidad de respuesta ante emergencias y fenómenos delictivos locales.
En este contexto, se plantea el fortalecimiento policial con capacidades técnicas, tácticas y analíticas que consoliden un modelo policial profesional, eficiente y con presencia estratégica en el territorio nacional. En materia de certificación policial, al 31 de diciembre de 2025, el 84.9 % del personal cuenta con CUP(85), que acredita control de confianza, formación inicial, competencias básicas y evaluación de desempeño. A pesar del avance, persisten rezagos en algunos municipios, lo que limita la homologación profesional. Por ello, se promoverá la actualización permanente de certificaciones y la recertificación periódica, garantizando que el personal operativo mantenga estándares uniformes y una conducta profesional alineada al marco normativo.
Respecto al Servicio Profesional de Carrera Federal, se identifican vacíos normativos y operativos que dificultan la evaluación del desempeño, la promoción y el reconocimiento al mérito. La estrategia busca institucionalizar un sistema integral de carrera policial, que garantice estabilidad laboral, desarrollo profesional, movilidad y evaluación continua. El régimen disciplinario se fortalecerá mediante procedimientos uniformes, transparentes y vinculados al Servicio de Carrera, con lineamientos claros, mecanismos de control y trazabilidad de sanciones, a fin de consolidar una cultura institucional basada en la responsabilidad, la integridad y la rendición de cuentas.
En cuanto a profesionalización y formación, las 32 entidades federativas cuentan con academias o institutos policiales, aunque con distintos niveles de infraestructura, especialización y oferta curricular. En particular, Tabasco y Jalisco no disponen de áreas formales de inteligencia, mientras que Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Sonora continúan en proceso de desarrollo en lo que a capacidad de investigación se refiere. El fortalecimiento policial implica modernizar la infraestructura de capacitación, incorporar tecnología avanzada y consolidar programas de especialización en investigación criminal, inteligencia operativa, derechos humanos y perspectiva de género.
En materia de remuneraciones, se identifican disparidades significativas entre las corporaciones, con sueldos que varían entre 10 mil 412 pesos a 21 mil 765 pesos mensuales(86). De acuerdo con los registros del SESNSP y los datos de la CONASAMI, al 31 de diciembre de 2025, solamente los cuerpos policiales estatales de siete entidades federativas contaban con ingresos superiores a lo establecido por la CONASAMI: Baja California, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Veracruz y Yucatán(87) . En contraste, estados como Tlaxcala, Guerrero y Michoacán registran un ingreso promedio 10 mil 495 pesos.
La remuneración del personal policial acorde al costo de la vida y condiciones económicas de sus respectivas entidades federativas, bajo criterios de equidad, desempeño y nivel de riesgo operativo, constituye una medida prioritaria para dignificar la función policial y garantizar la permanencia de los elementos en el servicio.
FUENTE: SSPC. (s. f.). Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública del SESNSP: Diagnóstico interno, elaborado con información de CONASAMI. Documento interno.
Asimismo, las limitaciones en equipamiento, tecnologías de información y sistemas interoperables de inteligencia condicionan la capacidad de respuesta. Superar estas brechas requiere fortalecer la planeación estratégica, la gestión eficiente de recursos y la inversión sostenida en formación y equipamiento táctico.
En conjunto, las estrategias de este objetivo del PNSP 2026-2030 y la consolidación del Cuerpo Policial Operativo se orientan a profesionalizar, certificar y dignificar a las instituciones de seguridad pública, garantizando que cuenten con personal altamente capacitado, ético y bien remunerado, con procesos estandarizados, mecanismos de disciplina y supervisión eficaces, y una estructura organizacional sólida y confiable.
Este proceso de transformación institucional constituye un pilar estratégico para la gobernabilidad, la eficacia operativa y la legitimidad social del sistema nacional de seguridad pública, orientado a consolidar un modelo policial moderno, profesional y cercano a la ciudadanía. 6.4 Relevancia del objetivo 4: Impulsar la homologación y coordinación de los sistemas penitenciarios mediante el diseño de un Modelo Penitenciario que procure la reinserción social de las personas privadas de libertad y servicios postpenales para las personas liberadas y externadas. El Sistema Penitenciario Nacional enfrenta retos estructurales en su capacidad, gobernabilidad y coordinación interinstitucional, lo que limita su contribución a la reinserción social de las PPL, a la seguridad pública y al acceso efectivo a la justicia. Tradicionalmente, el ámbito penitenciario se percibe como una función aislada del sistema de seguridad pública; sin embargo, ambos son componentes interdependientes de una misma política de Estado. La inteligencia y la investigación constituyen el eje común para combatir la criminalidad, prevenir conductas delictivas y evitar amenazas a la gobernabilidad penitenciaria, cuyo impacto trasciende los muros de los centros y repercute directamente en la seguridad exterior y la paz social.
Al cierre de 2025, se registraron 256 mil 127 PPL, de las cuales 92% se encuentran en centros estatales y 8% en centros federales(88). Esta distribución confirma que la carga operativa del sistema penitenciario recae principalmente en las entidades federativas.
El perfil poblacional muestra que 93.81% de PPL son hombres, mientras que las mujeres representan el 6.19%(89), enfrentando mayores condiciones de vulnerabilidad por la falta de espacios adecuados, atención materno-infantil y servicios con enfoque de género
El Sistema Penitenciario Nacional enfrenta una presión estructural significativa, derivada de una tasa general de ocupación del 113%(90), producto de una distribución desigual de la población privada de la libertad entre los ámbitos federal y estatal. Si bien la mayor concentración de PPL se registra en los centros penitenciarios estatales, esta situación evidencia desequilibrios en la gestión penitenciaria, en el uso de las medidas privativas de la libertad y en la implementación de alternativas al internamiento.
Asimismo, pone de relieve la necesidad de fortalecer una planeación interinstitucional sostenida que contribuya a garantizar condiciones dignas de internamiento, fortalecer la seguridad y promover de manera efectiva la reinserción social de las PPL.
En este contexto, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), muestra que, a nivel nacional, los servicios destinados a las PPL continúan enfrentando brechas sustantivas en cobertura, calidad y efectividad, tanto en el ámbito estatal como en el federal.
Aunque los Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESOS) muestran mayor control institucional y mejores condiciones de infraestructura, los servicios orientados al bienestar y la reinserción presentan deficiencias similares a las de los centros estatales, aunque con distinta intensidad y origen.
En ambos niveles del sistema se identifican servicios básicos de salud, alimentación, educación, trabajo y atención psicosocial, sin embargo, éstos no operan como un sistema coordinado de atención integral. Predomina un modelo centrado en la seguridad y el control, donde los servicios sustantivos cumplen una función complementaria más que transformadora.
Aunado a esta situación, el sistema presenta deficiencias de personal penitenciario especializado en salud mental y adicciones; educación y capacitación con valor laboral; y de atención psicosocial y familiar, concebidos como instrumentos estratégicos de reintegración.
El diagnóstico nacional identifica la ausencia de un modelo penitenciario homogéneo, situación que genera disparidades en los procedimientos, la infraestructura y los servicios de reinserción en los centros penitenciarios federales. Esta falta de integralidad y coordinación limita la trazabilidad de la información, reduce la eficiencia operativa y afecta la capacidad institucional para garantizar los derechos humanos y la seguridad al interior de los centros.
Para atender este problema público, el PNSP 2026-2030 plantea por medio de este objetivo la construcción de un modelo penitenciario con estándares homologados y mecanismos de coordinación entre autoridades. Este modelo busca fortalecer la eficacia, la profesionalización y la gobernabilidad del sistema, garantizando una operación consistente, articulada y orientada a resultados.
Entre las acciones estratégicas destacan la implementación de un plan integral de reinserción social y servicios postpenales con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género; el fortalecimiento de la inteligencia e investigación penitenciaria mediante el desarrollo de modelos operativos basados en evidencia y buenas prácticas internacionales; la creación de un Servicio Profesional de Carrera Penitenciario, orientado al desarrollo, especialización y certificación del personal; y la modernización de la infraestructura, equipamiento e interconexión tecnológica de los centros para mejorar su trazabilidad, seguridad y eficiencia.
Durante el sexenio anterior, el Gobierno de México avanzó en la consolidación de un sistema penitenciario más seguro, ordenado y orientado a la reinserción social efectiva. La coordinación interinstitucional permitió reforzar la gobernabilidad y el control en los CEFERESOS, reducir incidencias internas y fortalecer la seguridad institucional.
Asimismo, se ampliaron los programas educativos, laborales, deportivos y culturales en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), garantizando la continuidad académica y la certificación laboral de las PPL. Se implementaron acciones con enfoque diferenciado dirigidas a mujeres, adultos mayores, personas indígenas y afromexicanas, con discapacidad y población LGBTTTIQ+, además de mecanismos de detección y atención temprana de riesgos psicosociales y suicidas.
En el ámbito de la gobernabilidad, se reforzaron los protocolos de actuación, la capacitación del personal y los procesos de clasificación y traslado, fortaleciendo el control institucional y la protección de los derechos humanos. La revisión y modernización de los procedimientos de clasificación, en coordinación con instancias nacionales e internacionales, permitió avanzar hacia una planeación penitenciaria más técnica y preventiva.
En conjunto, estos avances reflejan una transformación gradual hacia un sistema penitenciario más humano, profesional y eficiente, sustentado en la coordinación institucional, la profesionalización del personal y la reinserción social efectiva. La consolidación de un modelo penitenciario representa un eje estratégico para reducir la reincidencia delictiva, fortalecer la seguridad pública y consolidar la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho en México.
6.5 Vinculación de los objetivos del PNSP 2026-2030 con otros instrumentos de planeación. El PNSP 2026-2030 es uno de los instrumentos del Sistema de Planeación Democrática establecido por la Ley de Planeación. Su diseño se deriva del PND 2025-2030 y se encuentra alineado con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como con el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana. Además, incorpora las prioridades del desarrollo integral del país.
Su naturaleza como programa especial, conforme a lo establecido en la Ley de Planeación, implica la participación coordinada de diversas instancias de la administración pública federal. Esta configuración multisectorial responde a la necesidad de abordar de manera integral los factores que impactan la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.
Al articular esfuerzos entre diversas dependencias, el Programa busca avanzar hacia un entorno de seguridad y convivencia pacífica en México. Se reconoce que la coordinación multisectorial permite integrar recursos, capacidades y conocimientos especializados para abordar de manera conjunta las múltiples dimensiones de la inseguridad, abarcando desde la prevención del delito hasta la atención a víctimas y la reinserción social.
Además, la colaboración interinstitucional facilita una respuesta más eficiente y coherente frente a fenómenos complejos como la delincuencia organizada, la violencia comunitaria y la desigualdad social. Al trabajar en sinergia, las dependencias pueden diseñar y ejecutar políticas públicas alineadas, evitando duplicidades y optimizando el uso de recursos.
A continuación, se presenta una explicación detallada sobre cómo los objetivos del PNSP 2026-2030 se articulan con otros instrumentos estratégicos de planeación. Esta vinculación asegura que las acciones propuestas no solo respondan a las necesidades actuales de seguridad, sino que también se ejecuten en estricta congruencia con los mandatos jurídicos y las directrices nacionales de desarrollo.
De este modo, se fortalece la coherencia, eficacia y sostenibilidad de la política pública en materia de seguridad, garantizando el respeto a los derechos humanos e incorporando la promoción de la igualdad con perspectiva de género, así como un enfoque interseccional y diferenciado que atiende las diversas realidades sociales del país.
| Objetivos del PNSP 2026-2030
| Objetivos del PND 2025 - 2030
| Estrategias del PND 2025 - 2030
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| 1. Fortalecer la coordinación en inteligencia e investigación para disminuir la incidencia delictiva en el país, con énfasis en delitos de alto impacto y delincuencia organizada transnacional. | Objetivos 1.5 y 1. Objetivos T2.2 y T2.4 | Estrategias 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.6.5 y 1.6.6 Estrategias T2.2.4 y T2.4.5 |
| 2. Fomentar la construcción de una cultura de paz y legalidad para prevenir la violencia y promover comunidades seguras con participación ciudadana. | Objetivos 1.1, 1.2, 1.5 Objetivos T1.4, T2.2, T3.2, T3.3 y T3. | Estrategias 1.1.1, 1.2.3, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6 Estrategias T1.4.2, T1.4.5, T2.2.4, T2.2.5, T3.2.3, T3.3.1 y T3.6.7 |
| 3. Consolidar el desarrollo integral de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno para fortalecer su capacidad operativa, profesionalización y eficacia, en beneficio de la ciudadanía. | Objetivo 1.5 | Estrategias 1.5.2 y 1.5.3 |
| 4. Impulsar la homologación y coordinación de los sistemas penitenciarios mediante el diseño de un modelo penitenciario que procure la reinserción social de las personas privadas de libertad y servicios postpenales para las personas liberadas y externadas. | Objetivos 1.2 y 1. Objetivos T1.5 y T3.6 | Estrategias 1.2.9, 1.5.2 y 1.5.3 Estrategias T1.5.1 y T3.6.8 |
7. Estrategias y líneas de acción A continuación, se presentan las estrategias y líneas de acción vinculadas a los objetivos del PNSP 2026-2030, detallando los mecanismos de implementación y las acciones específicas correspondientes. Estas iniciativas contemplan prevención, investigación y persecución del delito; construcción de una cultura de paz y legalidad; fortalecimiento institucional; así como reinserción social y servicios postpenales.
Objetivo 1. Fortalecer la coordinación en inteligencia e investigación para disminuir la incidencia delictiva en el país, con énfasis en delitos de alto impacto y delincuencia organizada transnacional. Estrategia 1.1 Disminuir la incidencia delictiva de alto impacto, los ciberdelitos y la delincuencia organizada con el propósito de contribuir a mejorar la seguridad pública y restaurar la paz social. | Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar
la línea de acción (instituciones coordinadas)
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| 1.1.1 Contribuir en la investigación y persecución de delitos a través de actos de inteligencia, acciones operativas y de gabinete, en coordinación con las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno. | SSPC / SEDENA / MARINA / SHCP / SE
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| 1.1.2 Atender los reportes o solicitudes ciudadanas sobre posibles hechos delictivos mediante los canales oficiales de denuncia. | SSPC / SEDENA
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| 1.1.3 Ejecutar e instruir medidas de inteligencia a partir del uso de equipos especializados y tecnología avanzada de monitoreo y análisis para detectar, neutralizar y combatir organizaciones criminales a nivel local, nacional y transnacional. | SSPC / SHCP
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| 1.1.4 Identificar integrantes de grupos delictivos, redes de protección y patrones de operación en distintas regiones para neutralizar generadores de violencia, a través del análisis de información para el despliegue estratégico coordinado. | SSPC / SEDENA / SHCP
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| 1.1.5 Diseñar e implementar acciones coordinadas contra fenómenos delictivos comunes, mediante mecanismos de colaboración e intercambio de información entre instancias nacionales. | SSPC / SE
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| 1.1.6 Participar en las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, mediante estrategias interinstitucionales coordinadas con autoridades de los tres órdenes de gobierno conforme a los protocolos y la legislación especiales vigentes. | SSPC / SEGOB / SEDENA
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| 1.1.7 Contrarrestar el reclutamiento de juventudes por grupos delictivos mediante monitoreo tecnológico y análisis de perfiles de riesgo, fortaleciendo la protección y seguridad de los usuarios en entornos digitales en coordinación con las instancias competentes. | SSPC
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| 1.1.8 Implementar mecanismos de gestión y control de activos digitales mediante la baja de sitios web, eliminación de perfiles y protección de datos sensibles para prevenir ciberdelitos. | SSPC
|
| 1.1.9 Impulsar la armonización de procedimientos de inteligencia, investigación y persecución de delitos económicos, patrimoniales, financieros y fiscales mediante la coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno. | SSPC / SHCP
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| 1.1.10 Participar en mesas interinstitucionales sobre delitos económicos, patrimoniales, fiscales y financieros, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante la aportación de criterios técnicos y jurídicos especializados para fortalecer su seguimiento y judicialización. | SSPC / SHCP
|
Estrategia 1.2 Impulsar un esquema integral de coordinación, intercambio de información, investigación y persecución de delitos de orden internacional, a fin de fortalecer la seguridad pública nacional.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar
la línea de acción (instituciones coordinadas)
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| 1.2.1 Coordinar esfuerzos, recursos y estrategias mediante mecanismos de cooperación internacional para fortalecer la seguridad pública nacional. | SSPC / RELACIONES EXTERIORES / SHCP
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| 1.2.2 Atender casos de alto impacto vinculados con delitos transnacionales a través de intercambio de información y mecanismos de coordinación de índole nacional e internacional. | SSPC / SEDENA / RELACIONES EXTERIORES / SHCP
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| 1.2.3 Generar inteligencia estratégica, operacional y táctica de la delincuencia organizada nacional y transnacional, mediante la recopilación, procesamiento y explotación de información de diversas fuentes. | SSPC / SEDENA / MARINA / SHCP
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| 1.2.4 Integrar sistemas tecnológicos interoperables para cruzar bases de datos nacionales e internacionales y detectar patrones de operación criminal. | SSPC
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| 1.2.5 Fortalecer la profesionalización y capacitación del personal en técnicas de investigación transnacional y manejo de información clasificada mediante cursos y talleres internacionales. | SSPC / RELACIONES EXTERIORES
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| 1.2.6 Coordinar la gestión de productos de inteligencia e investigaciones fiscales y financieras en contra de la delincuencia organizada mediante análisis de datos y cooperación interinstitucional. | SSPC / SHCP
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| 1.2.7 Participar en investigaciones conjuntas para fortalecer los casos contra estructuras económicas del país empleando intercambio de información, reuniones técnicas y colaboración interinstitucional. | SSPC / SHCP
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| 1.2.8 Atender el fenómeno migratorio y prevenir la comisión de crímenes relacionados a través de la celebración de reuniones de alto nivel en materia de seguridad en la frontera sur de México y consultas con países clave. | SSPC / RELACIONES EXTERIORES / SEGOB
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| 1.2.9 Promover la participación de instituciones mexicanas de seguridad y procuración de justicia en foros internacionales especializados en seguridad pública, prevención y combate al delito. | SSPC / RELACIONES EXTERIORES
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Estrategia 1.3 Debilitar las capacidades operativas, financieras y logísticas de las estructuras delictivas dedicadas al robo y contrabando fiscal de hidrocarburos para combatir la violencia asociada a estas actividades ilícitas, proteger los ingresos tributarios y salvaguardar los recursos energéticos. | Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar
la línea de acción (instituciones coordinadas)
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| 1.3.1 Reforzar las capacidades institucionales de las unidades especializadas en investigación, inteligencia y reacción inmediata mediante herramientas tecnológicas avanzadas para el seguimiento de operaciones clandestinas y el aseguramiento de evidencias. | SSPC / SEDENA
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| 1.3.2 Fortalecer la inteligencia operativa mediante el uso de tecnología, monitoreo avanzado y análisis de riesgos para identificar estructuras operativas y redes de distribución vinculadas al robo y contrabando fiscal de hidrocarburos. | SSPC / SEDENA / SENER / SHCP / MARINA / PEMEX
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| 1.3.3 Fortalecer la coordinación interinstitucional contra el mercado ilícito de combustibles mediante una plataforma interoperable, que concentre y comparta información en tiempo real que contribuya al seguimiento y toma de decisiones. | SSPC / SENER / SEDENA / PEMEX
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| 1.3.4 Implementar protocolos unificados de control y verificación en ductos e instalaciones de hidrocarburos, mediante sensores inteligentes, sistemas de alerta temprana y plataformas de vigilancia aérea y terrestre. | SEDENA / MARINA / PEMEX / SHCP
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| 1.3.5 Realizar operaciones interinstitucionales con fuerzas de seguridad de los diferentes órdenes de gobierno, para desmantelar la infraestructura logística y financiera utilizada por las organizaciones delictivas, priorizando la protección de los recursos energéticos estratégicos. | SSPC / SEDENA / MARINA / SHCP
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| 1.3.6 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los permisos otorgados por la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía mediante la realización de visitas de verificación e inspección y requerimientos de información o documentación. | SENER / PEMEX
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| 1.3.7 Colaborar con las autoridades competentes mediante la entrega de información y documentación de los permisionarios para integrar y gestionar expedientes relacionados con posibles delitos en materia de hidrocarburos. | SSPC / SEDENA / SENER / SHCP / PEMEX
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| 1.3.8 Aplicar medidas precautorias o cautelares y sanciones jurídicas por incumplimiento de obligaciones derivadas de permisos energéticos para prevenir actividades ilícitas en el sector hidrocarburos. | SENER
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Estrategia 1.4 Debilitar las redes criminales vinculadas al delito de extorsión para contribuir a la pacificación territorial y al fortalecimiento del Estado de Derecho.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar
la línea de acción (instituciones coordinadas)
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| 1.4.1 Incrementar la inteligencia operativa para detectar a grupos extorsionadores, a partir del uso de tecnología para análisis de llamadas, geolocalización e inteligencia financiera. | SSPC / SHCP
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| 1.4.2 Fortalecer los patrullajes preventivos en zonas con alta incidencia del delito de extorsión mediante asignación estratégica de personal, uso de tecnologías, coordinación operativa interinstitucional e implementación de rutas dinámicas basadas en análisis delictivo. | SSPC / SEDENA / MARINA
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| 1.4.3 Desplegar operativos coordinados en puntos de revisión y accesos estratégicos de los territorios con alta incidencia de extorsión, mediante personal especializado, tecnologías de monitoreo y control vehicular y planeación táctica basada en análisis de inteligencia. | SSPC / SEDENA / MARINA
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| 1.4.4 Fortalecer la coordinación interinstitucional para la prevención y combate efectivo de la extorsión mediante el análisis conjunto de casos y la ejecución de operativos coordinados. | SSPC
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| 1.4.5 Impulsar la creación de Unidades Antiextorsión locales bajo la supervisión de la Unidad de Antisecuestro y Antiextorsión Federal, por medio de lineamientos y procesos operativos. | SSPC
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| 1.4.6 Generar detenciones relacionadas con el delito de extorsión, así como el congelamiento de cuentas bancarias e incorporación a la lista de personas bloqueadas relacionadas con esta actividad ilícita mediante acciones coordinadas de investigación e inteligencia. | SSPC / SHCP
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| 1.4.7 Fortalecer la capacitación del personal encargado de la atención a víctimas del delito de extorsión mediante programas de formación en manejo de crisis y negociación a partir de cursos y talleres, a fin de homologar procesos de atención y seguimiento en apego al protocolo de atención a víctimas. | SSPC / CEAV
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Estrategia 1.5 Fortalecer los mecanismos de coordinación, colaboración, vigilancia y supervisión intergubernamental operativa, logística y tecnológica con el propósito de contribuir en la seguridad de personas, bienes y mercancías que se trasladan por cualquier modo de transporte dentro del territorio nacional. | Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar
la línea de acción (instituciones coordinadas)
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| 1.5.1 Fortalecer la seguridad en carreteras y zonas de jurisdicción federal a través de acciones preventivas y operativas apoyadas en inteligencia e investigación, orientadas a reducir el robo a transporte de carga, pasajeros y particulares. | SSPC / SEDENA / COMUNICACIONES
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| 1.5.2 Brindar apoyo logístico de seguridad a los usuarios de las carreteras de jurisdicción federal mediante vehículos de auxilio vial, personal capacitado, centros de monitoreo, sistemas de comunicación en tiempo real y plataformas digitales de información y orientación. | COMUNICACIONES / SEDENA
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| 1.5.3 Promover la coordinación operativa entre dependencias mediante programas de prevención y atención de incidentes de tránsito para contribuir a la seguridad y protección del transporte de carga, pasajeros y particulares. | SSPC / COMUNICACIONES
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| 1.5.4 Proporcionar información carretera y servicios de emergencia a las personas usuarias de la Red operada por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) mediante sistemas de comunicación en tiempo real y mecanismos de auxilio vial que fortalezcan la seguridad durante el tránsito. | COMUNICACIONES / SEDENA
|
| 1.5.5 Elaborar instrumentos estadísticos y herramientas de análisis, apoyados en protocolos de colaboración interinstitucional, para respaldar la toma de decisiones en materia de seguridad vial. | COMUNICACIONES
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| 1.5.6 Fortalecer los mecanismos de supervisión y verificación del autotransporte federal y privado, mediante inspecciones físicas y sistemas tecnológicos, con el objetivo de prevenir incidentes de tránsito en la red carretera, en zonas de jurisdicción federal y administraciones portuarias. | COMUNICACIONES / SEDENA
|
| 1.5.7 Reforzar las inspecciones de los permisionarios del Autotransporte Federal, transporte privado y sus servicios auxiliares, a partir de la normatividad y procedimientos vigentes para contribuir en el traslado seguro de personas, bienes y mercancías en los caminos de jurisdicción federal. | COMUNICACIONES
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| 1.5.8 Desarrollar lineamientos de diseño para paraderos de servicios, que incorporen protocolos de seguridad para personas, bienes y mercancías, sustentados en criterios técnico-operativos que mejoren la protección de usuarios y recursos. | COMUNICACIONES
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Estrategia 1.6 Robustecer la red integrada de sistemas tecnológicos de información, telecomunicaciones e infraestructura de seguridad para fortalecer la generación de inteligencia y el intercambio interinstitucional de datos.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar
la línea de acción (instituciones coordinadas)
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| 1.6.1 Fortalecer y modernizar las infraestructuras críticas de comunicación y seguridad, para potenciar su resiliencia mediante tecnologías cifradas, sistemas redundantes e innovaciones. | SSPC
|
| 1.6.2 Impulsar el empleo de tecnologías avanzadas en las instituciones de seguridad, mediante plataformas aéreas y mecanismos para neutralizar dispositivos ilícitos. | SSPC
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| 1.6.3 Fortalecer la infraestructura y capacidades de los C4/C5, promoviendo procesos estandarizados, comunicación interinstitucional efectiva y el uso de sistemas de análisis avanzado para mejorar la planeación y ejecución operativa en seguridad pública. | SSPC
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| 1.6.4 Gestionar la Red Integrada Nacional de Radiocomunicación Estándar P25 mediante sistemas de comunicación seguros y encriptados, que impulsen la interoperabilidad y la coordinación operativa en todo el territorio. | SSPC
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| 1.6.5 Integrar y homologar bases de datos y plataformas tecnológicas a través de interfaces accesibles y protocolos nacionales, garantizando un intercambio ágil, seguro y sostenible de información estratégica entre instituciones. | SSPC
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| 1.6.6 Optimizar los procesos de obtención y análisis de información estratégica en espacios cibernéticos, aéreos y territoriales, para transformar datos en inteligencia operativa al servicio de la seguridad pública. | SSPC
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| 1.6.7 Fortalecer las capacidades del personal técnico y operativo mediante programas de formación en ciberseguridad, análisis de datos, protección de información y uso responsable de tecnologías. | SSPC
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| 1.6.8 Implementar métricas estratégicas de evaluación para dar seguimiento a la efectividad de la infraestructura, la interoperabilidad y los sistemas de comunicación. | SSPC
|
Objetivo 2. Fomentar la construcción de una cultura de paz y legalidad para prevenir la violencia y promover comunidades seguras con participación ciudadana. Estrategia 2.1 Fortalecer los mecanismos de diálogo y colaboración social para promover la cultura de paz y legalidad en comunidades del país. | Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar
la línea de acción (instituciones coordinadas)
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| 2.1.1 Fomentar la cultura de denuncia ciudadana de presuntos delitos mediante campañas de comunicación masiva, difusión de canales accesibles y plataformas digitales con enfoque en municipios con bajas tasas de denuncia a nivel nacional. | SSPC / MARINA / SEDENA / SE
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| 2.1.2 Capacitar al personal de seguridad y de las fuerzas armadas mediante cursos especializados, talleres prácticos y programas de formación continua. | SSPC / SEDENA / MARINA
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| 2.1.3 Llevar a cabo acciones coordinadas para la recuperación y construcción de entornos pacíficos, seguros y libres de violencias mediante mesas de seguridad con autoridades de los tres órdenes de gobierno. | SSPC / SEDENA / MARINA
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| 2.1.4 Establecer y dar seguimiento a mesas de trabajo intersectoriales para atender problemáticas de seguridad, gobernabilidad y diálogo, con la participación y coordinación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. | SEGOB / SSPC / INPI
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| 2.1.5 Fortalecer los mecanismos de diálogo e intercambio estratégico de información entre instituciones de seguridad y, en su caso, actores sociales, mediante el uso de sistemas de información compartidos, espacios de coordinación permanente y rendición de resultados. | SSPC / SEGOB
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| 2.1.6 Establecer mecanismos de mediación y resolución de conflictos, apoyados en los sistemas normativos y derechos de los pueblos y comunidades indígenas, metodologías interculturales con enfoque de género, diferencial y especializado, herramientas técnicas, formación de mediadores y espacios de diálogo. | SSPC / SEGOB / INPI / MUJERES
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| 2.1.7 Impulsar el desarrollo, implementación, actualización y difusión de criterios, modelos y protocolos de atención en favor de la población en general, con enfoque de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, a partir de elaboración de guías, capacitación, sistemas de seguimiento y evaluación. | SSPC / SEDATU / SEP / TURISMO / MUJERES / SEGOB /
CEAV / INPI
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| 2.1.8 Promover jornadas deportivas y actividades comunitarias de convivencia y diálogo social, apoyadas en materiales, personal capacitado y coordinación con autoridades locales, con especial atención en regiones prioritarias. | SEP
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Estrategia 2.2 Brindar atención integral en seguridad y justicia a la población para fortalecer la confianza y la cultura de legalidad en las instituciones. | Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar
la línea de acción (instituciones coordinadas)
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| 2.2.1 Colaborar con los tres órdenes de gobierno en la rehabilitación de comunidades afectadas por la violencia, mediante la implementación de acciones de disuasión. | SSPC / SEDENA / MARINA
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| 2.2.2 Fortalecer la proximidad con víctimas, familiares, testigos de delitos y de grupos prioritarios mediante mecanismos de atención y canalización de solicitudes, a fin de investigar la comisión de delitos, promover la coordinación interinstitucional y consolidar la confianza en las autoridades. | SSPC
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| 2.2.3 Atender a víctimas, familiares y testigos de delitos mediante servicios integrales de asistencia jurídica, psicológica y social, con enfoque diferenciado y pertinencia cultural para fortalecer su protección, acceso a la justicia y recuperación integral. | SSPC / MUJERES / CEAV / INPI
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| 2.2.4 Prevenir y atender riesgos de ciberseguridad y delitos asociados a la prestación de servicios turísticos, de transporte, hospedaje y compra de viajes, mediante la implementación de mecanismos de coordinación interinstitucional, sensibilización y fortalecimiento de capacidades en seguridad digital. | SSPC / TURISMO / SE
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| 2.2.5 Promover acciones de asistencia, auxilio y atención integral en seguridad turística en los pueblos mágicos mediante mecanismos coordinados entre los tres órdenes de gobierno y la participación comunitaria. | TURISMO
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| 2.2.6 Reducir las causas de violencia relacionadas con la salud mediante el fortalecimiento de los servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación de adicciones y salud mental, así como la implementación de programas especializados que contribuyan al acompañamiento psicosocial. | SALUD
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| 2.2.7 Implementar medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, conforme a estándares técnicos y éticos en derechos humanos, para fortalecer la cultura de paz y legalidad. | CEAV
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Estrategia 2.3 Fomentar la participación y la colaboración entre ciudadanía y autoridades para construir comunidades pacíficas, seguras y justas. | Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar
la línea de acción (instituciones coordinadas)
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| 2.3.1 Continuar con el Programa "Sí al desarme, sí a la paz", mediante la instalación de puntos de recolección estratégicos y el apoyo de campañas de difusión para reducir la circulación de armas y fortalecer la seguridad comunitaria. | SSPC / SEDENA /
SEGOB
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| 2.3.2 Consolidar redes comunitarias de seguridad y paz, mediante la provisión de herramientas para la gestión conjunta de la seguridad y la implementación de acciones de prevención del delito, priorizando localidades con altos niveles de percepción de inseguridad y zonas que requieren reconstrucción social. | SSPC / SEGOB / INPI
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| 2.3.3 Capacitar a los operadores del 089 y 911 y al personal de seguridad pública en protocolos de atención y canalización ciudadana, mediante cursos, talleres prácticos y material de apoyo técnico para mejorar la atención ciudadana. | SSPC
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| 2.3.4 Impulsar la acción conjunta de las dependencias responsables de seguridad pública, a partir de los acuerdos emanados de los mecanismos de coordinación interinstitucional. | SSPC
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| 2.3.5 Promover la participación del sector turístico en gabinetes de atención y mejora de la seguridad en destinos turísticos, con acciones de alerta temprana ante desastres naturales, protocolos de contingencia basados en sistemas de inteligencia y vigilancia para la prevención y atención de delitos. | SSPC / TURISMO
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| 2.3.6 Sensibilizar a los prestadores de servicios turísticos sobre la prevención de delitos de trata de personas, explotación de niñas, niños y adolescentes y trabajo infantil en el sector de viajes y turismo, mediante acciones de visibilización, talleres y cursos de capacitación especializados. | TURISMO / SEGOB
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| 2.3.7 Contribuir en la recuperación de espacios públicos deteriorados, con prioridad en zonas urbanas vulnerables y marginadas, con infraestructura accesible, segura, incluyente y resiliente al cambio climático, en coordinación con las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno. | SSPC / SEDENA / MARINA / SEGOB /
COMUNICACIONES
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Estrategia 2.4 Contribuir al bienestar social en comunidades en situación de vulnerabilidad para prevenir la violencia y fortalecer la convivencia comunitaria.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar
la línea de acción (instituciones coordinadas)
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| 2.4.1 Implementar jornadas de labor social, campañas de salud y programas de atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso o comunidades que concentren grupos de población prioritarios, mediante la coordinación con dependencias competentes. | SEDENA / MARINA / SALUD / INPI
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| 2.4.2 Fortalecer la vinculación laboral de la población en búsqueda de empleo mediante programas de capacitación y mecanismos de intermediación laboral. | TRABAJO
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| 2.4.3 Realizar intervenciones territoriales en zonas de alta incidencia delictiva para acercar a las juventudes que no estudian ni trabajan a oportunidades de capacitación laboral, actividades de prevención de adicciones y del delito, así como acciones de promoción de la salud. | TRABAJO
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| 2.4.4 Impulsar la producción y comercialización de alimentos sanos derivados de sistemas agroforestales, promoviendo la inclusión productiva de la población rural y la reducción de desigualdades, con perspectiva de género y pertinencia cultural, a través de los programas sociales. | AGRICULTURA / BIENESTAR / INPI
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| 2.4.5 Fortalecer la cobertura y la articulación de los programas sociales dirigidos a poblaciones prioritarias mediante la coordinación interinstitucional. | BIENESTAR / AGRICULTURA / TRABAJO / SEDATU
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| 2.4.6 Fortalecer la autonomía y el bienestar de poblaciones vulnerables mediante apoyos, pensiones no contributivas y el acompañamiento para el acceso a servicios básicos. | BIENESTAR / AGRICULTURA/ INPI
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Objetivo 3. Consolidar el desarrollo integral de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno para fortalecer su capacidad operativa, profesionalización y eficacia, en beneficio de la ciudadanía. Estrategia 3.1 Desarrollar y consolidar el Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública del país. | Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar
la línea de acción (instituciones coordinadas)
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| 3.1.1 Regular la organización y funcionamiento del sistema integral del Servicio Profesional de Carrera mediante la emisión y aplicación de reglas, lineamientos y procesos operativos. | SSPC
|
| 3.1.2 Impulsar la estabilidad en el empleo, con base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones, así como de igualdad sustantiva para las personas integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública. | SSPC
|
| 3.1.3 Promover la homologación de la normativa jurídico-administrativa para la actuación policial a partir de procesos de coordinación intergubernamental y definición de estándares comunes. | SSPC
|
| 3.1.4 Emitir las políticas y lineamientos para el desarrollo policial, penitenciario, ministerial y pericial, mediante análisis técnico-normativo, revisión comparada de buenas prácticas y validación institucional. | SSPC
|
| 3.1.5 Mejorar el desempeño del personal policial a través de la articulación de mecanismos de coordinación, acuerdos y convenios de colaboración en el ámbito del desarrollo policial, penitenciario, ministerial y pericial. | SSPC
|
| 3.1.6 Fortalecer el desempeño del personal de investigación de la seguridad mediante el desarrollo de capacidades operativas, procesos de reclutamiento, programas de formación y estrategias de despliegue. | SSPC
|
| 3.1.7 Implementar y supervisar los procedimientos del Servicio Profesional de Carrera en las Instituciones Policiales, incluyendo las etapas de reclutamiento, selección, ingreso, permanencia, promoción y terminación, mediante lineamientos, evaluaciones de desempeño y mecanismos de control administrativo. | SSPC
|
| 3.1.8 Impulsar el otorgamiento de condecoraciones, estímulos, reconocimientos y recompensas a integrantes de las Instituciones Policiales, a través de la definición de criterios, implementación de procedimientos, utilización de sistemas de registro y seguimiento, así como la supervisión de su aplicación. | SSPC
|
Estrategia 3.2 Fortalecer la profesionalización, certificación y gestión de los recursos institucionales con el propósito de consolidar la eficiencia operativa y el desempeño integral de las instituciones de seguridad pública. | Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar
la línea de acción (instituciones coordinadas)
|
| 3.2.1 Definir y vigilar la implementación del Programa Anual de Profesionalización de las Instituciones Policiales, a partir de las disposiciones jurídicas aplicables y la planificación estratégica. | SSPC
|
| 3.2.2 Fomentar la profesionalización continua, actualización, especialización y alta dirección de las Instituciones Policiales, mediante cursos especializados, diplomados, talleres prácticos y procesos de evaluación de desempeño. | SSPC
|
| 3.2.3 Actualizar el Programa Rector de Profesionalización mediante la revisión de contenidos, incorporación de nuevas metodologías de capacitación, fortalecimiento de la formación continua y la integración de mecanismos de evaluación y seguimiento, con enfoque de género. | SSPC
|
| 3.2.4 Supervisar que los planes, programas, proyectos y documentos normativos que rijan la actuación policial incorporen con transversalidad la perspectiva de derechos humanos y de género, mediante revisiones técnicas. | SSPC
|
| 3.2.5 Apoyar a las instituciones de seguridad en la creación de Estándares de Competencia en materia de seguridad, mediante mesas de trabajo, investigación comparada y validación técnica. | SEP
|
| 3.2.6 Certificar a las personas integrantes de las instituciones de seguridad en estándares de competencia mediante la coordinación con organismos certificadores nacionales, implementación de mecanismos de evaluación y emisión de constancias oficiales. | SSPC / SEP
|
| 3.2.7 Fortalecer la gestión de los fondos de ayuda federal mediante la implementación de un esquema integral de distribución de recursos a entidades y municipios, así como la rendición de cuentas ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. | SSPC
|
Estrategia 3.3 Fortalecer el Régimen Disciplinario de las Instituciones de Seguridad Pública del país a fin de mejorar la actuación policial y la percepción de las instituciones por parte de la sociedad.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar
la línea de acción (instituciones coordinadas)
|
| 3.3.1 Establecer el Sistema de Régimen Disciplinario en las Instituciones Policiales, mediante lineamientos normativos, protocolos de actuación y mecanismos de coordinación, que contribuyan a su integridad. | SSPC
|
| 3.3.2 Fomentar la conducta profesional, ética y legal del personal policial mediante el desarrollo de procedimientos disciplinarios, la operación de instancias colegiadas en la materia y la aplicación del Régimen Disciplinario. | SSPC
|
| 3.3.3 Brindar seguridad al personal policial mediante políticas internas claras, canales de denuncia accesibles y mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas. | SSPC
|
| 3.3.4 Fortalecer la supervisión en unidades y órganos administrativos con mayor incidencia de conductas reiteradas en contra de los principios de actuación policial por medio de mecanismos de seguimiento, control, aplicación de correctivos y sanciones. | SSPC
|
| 3.3.5 Contribuir a la trazabilidad de los casos y prevenir la reincidencia de conductas en contra de los principios de actuación policial con apoyo de sistemas de seguimiento, registro de incidencias, análisis de patrones de conducta y aplicación de medidas correctivas y sanciones. | SSPC
|
Objetivo 4. Impulsar la homologación y coordinación de los sistemas penitenciarios mediante el diseño de un Modelo Penitenciario que procure la reinserción social de las personas privadas de libertad y servicios postpenales para las personas liberadas y externadas. Estrategia 4.1 Implementar un plan integral de reinserción social y servicios postpenales, que articule mecanismos, proyectos, programas y políticas de actuación, con enfoque en derechos humanos, interseccionalidad e igualdad sustantiva para mejorar los servicios ofertados por los centros penitenciarios del país.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar
la línea de acción (instituciones coordinadas)
|
4.1.1 Formular el plan integral con fundamento en el análisis de las obligaciones del Sistema Penitenciario Nacional y los derechos de las personas privadas de libertad, liberadas y externadas. | SSPC
|
| 4.1.2 Consolidar alianzas con los tres órdenes de gobierno, con sociedad civil y empresariado dirigidas al desarrollo integral de las capacidades de las personas privadas de libertad, liberadas y externadas mediante la ejecución de programas de reinserción social y servicios postpenales. | SSPC / TRABAJO / SE / SEP / SALUD
|
| 4.1.3 Impulsar la implementación del plan integral de reinserción social y servicios postpenales en la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, mediante acuerdos de coordinación interinstitucional entre autoridades corresponsables. | SSPC / TRABAJO / SE / SEP / SALUD
|
| 4.1.4 Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación del plan de reinserción social y servicios postpenales, a fin de asegurar el cumplimiento de los mecanismos, proyectos, programas y políticas, de actuación definidos mediante sistemas de monitoreo continuo. | SSPC
|
Estrategia 4.2 Homologar los procesos de investigación, inteligencia, seguridad y la normatividad de los centros penitenciarios a fin de fortalecer su operación y gobernabilidad.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar
la línea de acción (instituciones coordinadas)
|
| 4.2.1 Desarrollar el modelo de operación de las áreas de inteligencia e investigación penitenciaria, a través del análisis situacional, la revisión de buenas prácticas nacionales e internacionales, en coordinación con las autoridades competentes. | SSPC
|
| 4.2.2 Diseñar procesos y protocolos de actuación en materia de investigación e inteligencia penitenciaria, así como actualizar los relacionados con la seguridad, con fundamento en el marco normativo y la incorporación de mecanismos participativos para su elaboración. | SSPC
|
| 4.2.3 Definir mecanismos de seguimiento y evaluación en las áreas de investigación, inteligencia y seguridad penitenciaria, a partir de metodologías y herramientas técnico-operativas y de control para su mejora continua. | SSPC
|
| 4.2.4 Fomentar la adopción del modelo de operación, procesos, protocolos y mecanismos de seguimiento y evaluación de las áreas de investigación, inteligencia y seguridad penitenciaria, mediante acuerdos aprobados en la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. | SSPC
|
| 4.2.5 Proporcionar apoyo metodológico y técnico a los centros penitenciarios del país para la creación y operación de las áreas de investigación, inteligencia y seguridad penitenciaria, con personal especializado y recursos técnicos y operativos necesarios para su funcionamiento. | SSPC
|
| 4.2.6 Impulsar y homologar la armonización normativa de los sistemas penitenciarios del país, mediante la alineación al nuevo modelo e incorporación de buenas prácticas que fortalezcan la eficiencia operativa y la gobernabilidad. | SSPC
|
Estrategia 4.3 Establecer el servicio profesional de carrera penitenciario para impulsar el desarrollo integral del personal y fortalecer su responsabilidad, vocación de servicio y sentido de pertenencia. | Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar
la línea de acción (instituciones coordinadas)
|
| 4.3.1 Definir políticas para la selección, ingreso, permanencia, remuneración, estímulos, promoción, reconocimiento y terminación del servicio del personal sustantivo, en coordinación con los sistemas penitenciarios del país mediante criterios normativos estandarizados. | SSPC
|
| 4.3.2 Desarrollar los contenidos y metodologías de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección del personal mediante talleres de diseño curricular, consultas técnicas, revisiones de propuestas de programas, con la participación de las autoridades competentes y academias. | SSPC
|
| 4.3.3 Actualizar el contenido de formación profesional del sistema penitenciario en el Programa Rector de Profesionalización con la incorporación de revisiones técnicas, nuevas metodologías y mecanismos de seguimiento del desempeño para su adopción y ejecución a nivel nacional. | SSPC
|
| 4.3.4 Impulsar la profesionalización y certificación del personal penitenciario conforme al Programa Rector de Profesionalización, mediante procesos de formación, evaluación y acreditación de competencias que promuevan eficiencia y respeto a los derechos humanos. | SSPC
|
| 4.3.5 Formular el régimen disciplinario del personal penitenciario que permita mejorar el cumplimiento de sus obligaciones, la observancia de valores éticos y el respeto a los derechos humanos mediante la aplicación de normas, principios y procedimientos que regulen su conducta. | SSPC
|
| 4.3.6 Promover la entrega de reconocimientos, condecoraciones, distintivos, estímulos y recompensas que impulsen la calidad y efectividad en el desempeño del servicio, fortalezcan las actividades de promoción y refuercen la identidad institucional del personal mediante la definición de mecanismos. | SSPC
|
Estrategia 4.4 Promover el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y la interconexión de los centros penitenciarios, a fin de optimizar su funcionamiento, operación e integración. | Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar
la línea de acción (instituciones coordinadas)
|
| 4.4.1 Formular estándares de adquisición, mantenimiento y actualización del equipo e instalaciones de los centros penitenciarios del país mediante un proceso técnico, normativo y participativo. | SSPC
|
| 4.4.2 Definir políticas y lineamientos para homologar la integración de proyectos de infraestructura y equipamiento de los centros penitenciarios del país mediante planeación estratégica con fundamento en el marco normativo y legal. | SSPC
|
| 4.4.3 Facilitar la interconexión tecnológica y el acceso seguro a registros, sistemas y bases de datos penitenciarios y de seguridad pública del país, mediante infraestructura interoperable, controles de acceso y plataformas digitales que permitan el flujo de información en tiempo real. | SSPC
|
| 4.4.4 Implementar procedimientos de evaluación y control de las acciones acordadas para el equipamiento, la mejora de la infraestructura y la interconexión de los centros penitenciarios del país mediante sistemas de monitoreo. | SSPC
|
Los indicadores son herramientas fundamentales para el seguimiento, evaluación y mejora continua del PNSP 2026-2030. Más allá de ser instrumentos de medición, se configuran como insumos estratégicos que permiten conocer, de manera oportuna y sistemática, los avances, retos y áreas de oportunidad en la implementación de las estrategias y acciones institucionales.
Indicador 1.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Tasa de víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes.
|
| Objetivo
| Fortalecer la coordinación en inteligencia e investigación para disminuir la incidencia delictiva en el país, con énfasis en delitos de alto
impacto y delincuencia organizada transnacional.
|
| Definición o
descripción
| Este indicador mide la incidencia de homicidios dolosos en una población determinada, expresando el número de víctimas registradas
por cada 100 mil habitantes en un periodo específico (generalmente anual).
|
| Derecho asociado
| Derecho a la vida, a la seguridad integridad personal.
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o
frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la
información
| Enero del año posterior
|
| Unidad de medida
| Víctimas por cada 100,000
habitantes
| Periodo de
recolección de los
datos
| Información correspondiente al periodo de enero a diciembre
|
| Tendencia esperada
| Descendente
| Unidad responsable
de reportar el
avance
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial
|
| Método de cálculo
| Tasa de víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes=
(Número de víctimas de homicidio doloso/Población Total) x 100,000
|
| Observaciones
| Si bien, se espera que la tendencia de este indicador sea descendente; un aumento no necesariamente refleja únicamente un
deterioro de la seguridad, también puede estar vinculado a mejoras en la calidad de los registros.
Por tal motivo, el análisis debe hacerse en conjunto con otros indicadores relacionados con la seguridad y justicia, la interpretación
tendrá que considerar aspectos del contexto de seguridad e incluso de carácter normativo y metodológico.
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Número de
víctimas de
homicidio doloso
| Valor
variable 1
| 23,374
| Fuente de
información
variable 1
| https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-
abiertos-de-incidencia-delictiva
|
| Nombre variable 2
| Población Total
| Valor
variable 2
| 133,367,428
| Fuente de
información
variable 2
| https://datos.gob.mx/dataset/proyecciones-de-poblacion
|
| Sustitución en
método de cálculo
| Tasa de víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes= [(23,374/133,367,428) x 100,000]
= 17.5
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 17.5
| Se consideraron datos anuales del ejercicio 2025.
|
| Año
| 2025
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 16.7
| |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR.
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 20251
|
| 26.78
| 27.29
| 26.96
| 25.86
| 23.84
| 22.67
| 22.73
| 17.5
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 17.3
| 17.2
| 17.0
| 16.9
| 16.7
|
1 Con datos del SESNSP al cierre de diciembre de 2025.
Indicador 2.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Porcentaje de la población de 18 años y más que percibe inseguridad en su entidad federativa
|
| Objetivo
| Fomentar la construcción de una cultura de paz y legalidad para prevenir la violencia y promover comunidades seguras con
participación ciudadana.
|
| Definición o
descripción
| Mide el porcentaje de la población de 18 años y más que percibe que vivir en su entidad federativa es inseguro en términos de
delincuencia.
|
| Derecho asociado
| A la seguridad, derecho a la paz y a la integridad personal, a la libertad de tránsito y a la vida comunitaria, al bienestar y desarrollo.
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de medición
| Anual
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la información
| Septiembre de cada año.
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de los datos
| La ENVIPE se realiza anualmente.
Generalmente, la recolección de información se lleva
a cabo durante el primer trimestre del año (enero a
marzo), con referencia a los hechos delictivos y
percepción de inseguridad del año anterior.
|
| Tendencia esperada
| Descendente
| Unidad responsable de reportar el
avance
| Secretaría de Gobernación
|
| Método de cálculo
| Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguridad en su entidad federativa=
(Población de 18 años y más que percibe inseguridad en su entidad federativa/Total de la población de 18 años y más a nivel
nacional) x 100
|
| Observaciones
| Es importante considerar otros indicadores para un análisis objetivo, por ejemplo, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes,
incidencia delictiva y confianza en autoridades. Esto ayuda a validar la percepción.
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Población de 18 años y
más que percibe
inseguridad en su
entidad federativa
| Valor variable 1
| 72,379,508
| Fuente de
información
variable 1
| V. Percepción sobre la seguridad
pública.
https://www.inegi.org.mx/programa
s/envipe/2025/#tabulados
|
| Nombre variable 2
| Total de la población
de 18 años y más a
nivel nacional
| Valor variable 2
| 95,795,780
| Fuente de
información
variable 2
| V. Percepción sobre la seguridad
pública.
https://www.inegi.org.mx/programa
s/envipe/2025/#tabulados
|
| Sustitución en
método de cálculo
| Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguridad en su entidad federativa=
(72,379,508/95,795,780) X 100= 75.6%
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 75.6%
| Se consideraron datos anuales del ejercicio 2025.
|
| Año
| 2025
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 70%
| |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| 79.4%
| 78.9%
| 78.6%
| 75.6%
| 75.9%
| 74.6%
| 73.6%
| 75.6%
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 72.52%
| 72%
| 71.5%
| 71%
| 70%
|
Indicador 3.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Índice de Capacidades Institucionales de Seguridad Pública
|
| Objetivo
| Consolidar el desarrollo integral de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno para fortalecer su capacidad
operativa, profesionalización y eficacia, en beneficio de la ciudadanía.
|
| Definición o
descripción
| Mide el nivel promedio de desarrollo de las capacidades institucionales de las instituciones de seguridad pública, procuración de
justicia y sistema penitenciario de las entidades federativas a través de cinco dimensiones:
|
| Derecho asociado
| Derecho a vivir en paz y derecho a la seguridad ciudadana
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la
información
| Marzo de cada año
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de los
datos
| Enero - diciembre
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad responsable de
reportar el avance
| SSPC
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública
|
| Método de cálculo
| ICISP = (DH + DTO + DT + DI + DG) / 5
Donde:
DH = (Entidades federativas que cuenta con las prestaciones mínimas de ley / Total de entidades federativas) * 100;
DTO = [(Porcentaje individual de equipamiento institucional por persona policía encuestada) / Total de persona policía encuestado] * 100 DT = (Calificación de bases de datos: Informe Policial Homologado, Licencias de conducir, Mandamientos judiciales, RNIP,
RNPSP, Registro de Vehículos Robados) / Número de bases de datos evaluadas;
DI= [(Número de Centros de Control y Comando que subieron un nivel respecto a la evaluación inicial + Número de Centros de Control y Comando que se encuentran en el nivel más alto) / Total de Centros de Comando y Control evaluados] * 100; DG = Evaluación de oportunidad, consistencia, validación de proyectos e integridad de informes trimestrales FASP (escala 0-100).
|
| Observaciones
| |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| | Dimensión Humana (DH)
| Valor variable 1
| NA
| Fuente de
información
variable 1
| Base de datos bajo resguardo de
la DGAT-SESNSP.
|
| Nombre variable 2
| Dimensión Técnico-
Operativa (DTO)
| Valor variable 2
| NA
| Fuente de
información
variable 2
| Encuesta institucional FASP
|
| Nombre variable 3
| Dimensión Tecnológica
(DT)
| Valor variable 3
| NA
| Fuente de
información
variable 1
| Registros de las evaluaciones, en
resguardo del CNI - SESNSP
|
| Nombre variable 4
| Dimensión de
Infraestructura (DI)
| Valor variable 4
| NA
| Fuente de
información
variable 2
| Registros de las evaluaciones, en
resguardo del CNI - SESNSP
|
| Nombre variable 5
| Dimensión de Gestión (DG)
| Valor variable 5
| NA
| Fuente de
información
variable 2
| Sistema de Recursos Federales
Transferidos
|
| Sustitución en
método de cálculo
| NA
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| NA
| Es un indicador de nueva creación por lo que la línea base está por estimarse de
forma anual.
|
| Año
| NA
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 90%
| Se proyecta alcanzar un 90% como meta aspiracional con el objetivo de lograr una
homogeneidad en el desempeño institucional y el fortalecimiento de la seguridad
pública.
|
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 55.25%
| 62.93%
| 70.61%
| 78.44%
| 90%
|
Indicador 4.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Desarrollo del Modelo Nacional Penitenciario
|
| Objetivo
| Impulsar la homologación y coordinación de los sistemas penitenciarios mediante el diseño de un Modelo Penitenciario que procure la reinserción social de las personas privadas de libertad y servicios postpenales para las personas liberadas y externadas. |
| Definición o
descripción
| Es un indicador de proceso que mide el grado de desarrollo del diseño del Modelo Nacional Penitenciario. Evalúa el cumplimiento de etapas críticas (análisis normativo, viabilidad técnica y estructuración de parámetros), asegurando que el modelo resultante sea objetivo y contextualizado antes de su implementación operativa. Para la generación de un insumo objetivo, viable y contextualizado, se propone el siguiente flujo lógico de acciones dividida en cinco fases: - Fase 1: Análisis Jurídico/ Normativo, así como de las recomendaciones hechas por la CNDH en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (CNDH). (10%) - Durante la primera parte del año 2026, se llevará a cabo la revisión del marco legal vigente y aplicable (leyes y tratados internacionales), así como de los puntos revisados por la CNDH: garantía de la integridad, de una estancia digna, de la reinserción social y de la atención a las necesidades específicas de las PPL. - Producto: Documento de alineación normativa del que partirán ejes y variables para la fase 2. - Fase 2: Valoración diagnóstica y análisis de variables. (35%) o 2.1 Diseño de instrumentos de valoración. Creación de cuestionarios, listas de cotejo y guías de observación para la recopilación de datos en campo (Consideración de variables asociadas a infraestructura, procesos y resultados). o 2.2: Realización de visitas. Elaboración y ejecución de cronograma de visitas a centros penitenciarios para la aplicación de instrumentos y recopilación de datos. o 2.3 Análisis y vinculación de hallazgos. Procesamiento de datos cuantitativos y cualitativos para detección de brechas entre la norma y la realidad operativa, situación actual de los centros penitenciarios, principales retos y áreas de mejora. o 2.4 Generación de ejes de operación. Definición de los pilares del modelo basados en la evidencia recolectada y los resultados obtenidos en el punto 2.3 - Fase 3: Redacción del Modelo Nacional Penitenciario. (20%) - Generar estándares técnicos y procesos a implementar en los centros penitenciarios. Esta acción se desarrollará de manera progresiva entre los años 2026 y 2027, integrando los resultados del análisis normativo y del diagnóstico. - Fase 4: Lineamientos de certificación y herramienta de evaluación. (20%) - Derivado del Modelo Nacional Penitenciario se realizarán lineamientos de certificación de los centros penitenciarios, al igual que se creará la herramienta de evaluación mediante la cual será posible medir que los centros penitenciarios cumplen con los estándares del Modelo. Esta fase se prevé que sea concluida durante el año 2027. - Fase 5: Difusión de la primera versión para su valoración y publicación oficial. (15%) - Difusión del modelo con autoridades penitenciarias para retroalimentación. Posterior a la integración de cambios (en caso de que aplique) difusión oficial del modelo para su implementación. Esta fase se prevé que tenga lugar a inicios de 2028, a fin de que el modelo entre en operación durante los años 2028 y 2029. |
| Derecho asociado
| Derecho a la seguridad, derecho a la reinserción social.
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o
frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o
periódico
| Acumulado
| Disponibilidad de la
información
| Marzo de cada año
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de
recolección de los
datos
| Enero - diciembre
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad responsable
de reportar el
avance1
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública
|
| Método de cálculo
| Suma de las siguientes variables: 1. Análisis jurídico normativo 10% 2. Valoración diagnóstica y análisis de variables 35% (total) 2.1. Diseño de instrumentos 8.75% 2.2. Realización de visitas 8.75% 2.3. Análisis de hallazgos 8.75% 2.4. Generación de ejes de operación 8.75% 3. Redacción del modelo integrando los puntos rectores y niveles de acreditación 20% 4. Lineamientos de certificación y herramienta de evaluación 20% 5. Difusión de la primera versión para su valoración y publicación oficial 15% |
| Observaciones
| El 100% del cálculo implica que el Modelo Nacional Penitenciario y sus instrumentos (lineamientos de certificación y herramientas de evaluación) se ha desarrollado y está listo para su implementación. |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.
|
| Nombre variable 1
| Análisis jurídico-
normativo
| Valor variable 1
| NA
| Fuente de información
variable 1
| Normatividad a nivel federal y
estatal sobre centros
penitenciarios. Informes,
diagnósticos y demás
documentos suscritos por la
CNDH
|
| Nombre variable 2
| Diseño de
instrumentos de
valoración
| Valor variable 2
| NA
| Fuente de información
variable 2
| Metodología para diagnósticos
(literatura académica)
|
| Nombre variable 3
| Trabajo de campo y
recolección
diagnóstica
| Valor variable 3
| NA
| Fuente de información
variable 3
| Información recolectada a
distancia y visitas en campo de
centros penitenciarios.
|
| Nombre variable 4
| Avance del análisis y
vinculación de
hallazgos.
| Valor variable 4
| NA
| Fuente de información
variable 4
| Información recolectada a
distancia y visitas en campo de
centros penitenciarios.
|
| Nombre variable 5
| Redacción del
Modelo Nacional
Penitenciario
| Valor variable 5
| NA
| Fuente de información
variable 5
| Insumos realizados en el
proceso de construcción del
Modelo.
|
| Nombre variable 6
| Estructuración de
lineamientos de
certificación
| Valor variable 6
| NA
| Fuente de información
variable 6
| Modelo Nacional Penitenciario
|
| Nombre variable 7
| Difusión y publicación
oficial
| Valor variable 7
| NA
| Fuente de información
variable 7
| Diario Oficial de la Federación
|
| Sustitución en
método de cálculo
| NA
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| NA
| No se cuenta con línea base para este indicador, la medición propuesta
corresponde a un enfoque metodológico recientemente implementado.
|
| Año
| NA
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 100%
| Esta meta corresponde a la creación de un Modelo Nacional Penitenciario y al desarrollo de instrumentos de certificación conforme a la Política Nacional de Acreditación y Certificación de la LGSNSP. La implementación del Modelo deberá medirse una vez que se cuente con el mismo a partir del año 2029. |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 45%
| 85%
| 100%
| 100%
| 100%
|
1 El SESNSP actualizará anualmente el indicador, con base a la emisión del Modelo Nacional Penitenciario, a los lineamientos de certificación y a la herramienta de evaluación.
Indicador 4.2
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Porcentaje de avance en la implementación del Plan Integral de Reinserción Social y Servicios Postpenales en el Sistema
Penitenciario Federal
|
| Objetivo
| Impulsar la homologación y coordinación de los sistemas penitenciarios mediante el diseño de un Modelo Penitenciario que procure la
reinserción social de las personas privadas de libertad y servicios postpenales para las personas liberadas y externadas.
|
| Definición o
descripción
| Este indicador refleja el grado de avance en la implementación del Plan Integral de Reinserción Social y Servicios Postpenales en el
Sistema Penitenciario Federal.
Permite evaluar el cumplimiento de las acciones previstas para procurar la reinserción social de las PPL y la atención postpenal de las
personas liberadas y externadas, en concordancia con los estándares del Modelo Penitenciario.
|
| Derecho asociado
| Derecho a la reinserción social.
|
| Nivel de
desagregación
| a) CEFERESO No. 1, "Altiplano"; b) CEFERESO No.4, "Noroeste"; c) CEFERESO No.5, "Oriente"; d) CEFERESO No.7, "Nor-Noroeste"; e) CEFERESO No.8, "Nor-Poniente"; f) CEFERESO No.11, "CPS Sonora"; g) CEFERESO No.12, "CPS Guanajuato"; h) CEFERESO No.13, "CPS Oaxaca"; i) CEFERESO No.14, "CPS Durango"; j) CEFERESO No.15, "CPS Chiapas"; k) CEFERESO No.16, "CPS Femenil Morelos" l) CEFERESO No.17, "CPS Michoacán" m) CEFERESO No.18, "CPS Coahuila" n) Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial; o) Área de Servicios Postpenales de OADPRS | Periodicidad o frecuencia
de medición
| Anual
|
| Acumulado o
periódico
| Acumulado
| Disponibilidad de la
información
| Marzo de cada año
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de
los datos
| Enero - diciembre
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad responsable de
reportar el avance1
| SSPC
Prevención y Reinserción Social
|
| Método de cálculo
| Porcentaje de avance en la implementación del Plan Integral de Reinserción Social y Servicios Postpenales en el Sistema
Penitenciario Federal =
(Número de áreas con avance conforme a lo programado / Total de áreas del Sistema Penitenciario Federal) * 100
|
| Observaciones
| El Plan Integral es el documento estratégico del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social que establece las directrices generales para proporcionar los servicios y actividades educativas, culturales, deportivas, recreativas, de trabajo, de capacitación para el trabajo, de protección para la salud y otras similares, a las personas privadas de libertad, con el propósito de adquirir conocimientos y habilidades que permitan su reincorporación a la sociedad. En el diseño e implementación del Plan, se determinará el esquema de avance. |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Número de áreas con avance
conforme a lo programado
| Valor variable 1
| NA
| Fuente de
información
variable 1
| Avance en la implementación del Plan
Integral de Reinserción Social y
Servicios Postpenales en el Sistema
Penitenciario Federal Órgano
Administrativo Desconcentrado de
Prevención y Reinserción Social de la
SSPC.
|
| Nombre variable 2
| Total de áreas del Sistema
Penitenciario Federal
| Valor variable 2
| NA
| Fuente de
información
variable 2
| Avance en la implementación del Plan
Integral de Reinserción Social y
Servicios Postpenales en el Sistema
Penitenciario Federal Órgano
Administrativo Desconcentrado de
Prevención y Reinserción Social de la
SSPC.
|
| Sustitución en
método de cálculo
| NA
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| NA
| No se cuenta con línea base para este indicador, toda vez que el Plan
Integral de Reinserción Social y Servicios Postpenales en el Sistema
Penitenciario Federal es de nueva creación.
|
| Año
| NA
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 70%
| La implementación se llevará a cabo en los 13 CEFERESOS, en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y en el Área de Servicios Postpenales de OADPRS, con acciones claramente definidas y programadas para procurar la reinserción social de las PPL y la atención postpenal de las personas liberadas y externadas. Se establece un avance de nivel medio - alto en la meta como reflejo del cumplimiento del plan estructurado toda vez que el Plan en mención es de nueva creación. |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NAN
| NA
| NA
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 10%
| 25%
| 40%
| 55%
| 70%
|
9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Secretaría de Bienestar.
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Secretaría de la Defensa Nacional.
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Secretaría de Economía.
Secretaría de Educación Pública.
Secretaría de Energía.
Secretaría de Gobernación.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Secretaría de Marina.
Secretaría de las Mujeres.
Secretaría de Relaciones Exteriores.
Secretaría de Salud.
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Secretaría de Turismo.
10. Entidades no sectorizadas y empresa pública del Estado Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Petróleos Mexicanos.
____________________________
1 INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 19). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf
2 INEGI. (2026, enero 23). ENSU 2026: Reporte de resultados (p. 3). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/ensu/ENSU2026_01_RR.pdf
3 INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 13). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf
4 INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Presentación nacional (p. 17). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf
5 INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 13).
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf
6 CONAPO. (s. f.). Proyecciones de población: Indicadores demográficos.
https://www.datos.gob.mx/dataset/proyecciones-de-poblacion/resource/e9160552-769b-41ee-88d1-afc765552608.
7 SESNSP. (s. f.). Incidencia delictiva estatal (2015-2025, fuero común - delitos). Consultado el 10 de febrero de 2026. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva.
8 SSPC. (s. f.). SESNSP. Documento interno.
9 INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 15).
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf
10 INEGI. (2026, enero 21). Defunciones por homicidio: Reporte de resultados 1/26 (p. 8).
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/edr/dh2025_RR_en-Jn.pdf
11 INEGI. (2026, enero 21). Defunciones por homicidio: Reporte de resultados 1/26 (p. 3). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/edr/dh2025_RR_en-Jn.pdf
12 INEGI. (s. f.). Defunciones por homicidio por causas detalladas CIE, según año de registro (EDR: tabulados). Consultado en: https://www.inegi.org.mx/programas/edr/#tabulados Nota: Seleccionar Año de registro y Causas detalladas CIE en los tabulados de EDR.
13 INEGI. (2026, enero 21). Defunciones por homicidio: Comunicado de prensa 2/26 (p. 1).
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/edr/dh2025_CP_en-Jn.pdf
14 INEGI. (s. f.). Defunciones por homicidio por causas detalladas CIE, según año de registro (EDR: tabulados). Consultado en: https://www.inegi.org.mx/programas/edr/#tabulados Nota: Seleccionar Año de registro y Mes de registro en los tabulados de EDR
15 SESNSP. (s. f.). Incidencia delictiva estatal (2015-2025, fuero común-víctimas). Consultado el 10 de febrero de 2026. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales.
16 SESNSP. (s. f.). Incidencia delictiva estatal (2015-2025, fuero común-víctimas). Consultado el 10 de febrero de 2026. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales.
17 INEGI. (2024, diciembre 10). ENVE 2024: Principales resultados (p. 20).
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enve/2024/doc/enve_2024_presentacion_ejecutiva.pdf
18 INEGI. (2024, diciembre 10). ENVE 2024: Principales resultados (p. 21).
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enve/2024/doc/enve_2024_presentacion_ejecutiva.pdf
19 SESNSP. (s. f.). Incidencia delictiva estatal (2015-2025, fuero común-delitos). Consultado el 10 de febrero de 2026. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales.
20 SESNSP. (s. f.). Incidencia delictiva estatal (2015-2025, fuero común-delitos). Consultado el 10 de febrero de 2026. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales.
21 SESNSP. (s. f.). Incidencia delictiva estatal (2015-2025, fuero común-delitos). Consultado el 10 de febrero de 2026. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales.
22 SESNSP. (s. f.). Incidencia delictiva estatal (2015-2025, fuero común-delitos). Consultado el 10 de febrero de 2026. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales.
23 INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 7).
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf
24 ONU Migración. (s. f.). Lucha contra la trata de personas. Consultado el 21 de mayo de 2025. https://www.iom.int/es/lucha-contra-la-trata-de-personas.
25 ONU (s. f.) Respuesta a crisis y emergencias. Consultado el 15 de abril de 2026. Respuesta a crisis y emergencias | Naciones Unidas.
26 SSPC. (s. f.). Diagnóstico interno, elaborado con información de la Unidades Administrativas adscritas a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial. Documento interno.
27 SESNSP. (s. f.). Incidencia delictiva estatal (2015-2025, fuero común-víctimas). Consultado el 10 de febrero de 2026. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales.
28 SESNSP. (s. f.). Incidencia delictiva estatal (2015-2025, fuero común-víctimas). Consultado el 10 de febrero de 2026. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales. Nota: Presentadas por nivel de incidencia.
29 SESNSP. (s. f.). Incidencia delictiva estatal (2015-2025, fuero común-víctimas). Consultado el 10 de febrero de 2026. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales.
30 INEGI. (2022, agosto 30). ENDIREH 2021: Principales resultados (p. 24). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf.
31 SESNSP. (s. f.). Incidencia delictiva estatal (2015-2025, fuero común-víctimas). Consultado el 10 de febrero de 2026. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales.
32 SEGOB. (s. f.). Consulta pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (consulta por rango de fecha de hechos y entidad federativa). https://consultapublicarnpdno.segob.gob.mx/consulta.
33 SEGOB. (s. f.). Consulta pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (consulta por rango de fecha de hechos y entidad federativa). https://consultapublicarnpdno.segob.gob.mx/consulta.
34 Término tomado del RNPED. (Gobierno de México, s. f.). https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped
35 PEMEX. (s. f.). Reporte de tomas clandestinas anual. Documento interno. Datos a diciembre de 2025.
36 UIF. (2025). Informe de actividades, enero-diciembre de 2025. Gobierno de México. https://www.gob.mx/uif/documentos/aqui-podras-encontrar-el-informe-de-actividades-de-la-uif. Nota: Información consultada el 11 de febrero de 2026. Los informes se actualizan mensualmente y se publican dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes, sustituyendo el correspondiente al periodo inmediato anterior.
37 UIF. (2025). Informe de actividades, enero-diciembre de 2025. Gobierno de México. https://www.gob.mx/uif/documentos/aqui-podras-encontrar-el-informe-de-actividades-de-la-uif. Nota: Consultado el 11 de febrero de 2026. Los informes se actualizan mensualmente y se publican dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes, sustituyendo el correspondiente al periodo inmediato anterior.
38 UIF. (2025). Informe de actividades, enero-diciembre de 2025. Gobierno de México. https://www.gob.mx/uif/documentos/aqui-podras-encontrar-el-informe-de-actividades-de-la-uif . Nota: Consultado el 11 de febrero de 2026; los informes se actualizan mensualmente y sustituyen al del periodo inmediato anterior.
39 La Lista de Personas Bloqueadas constituye un instrumento de carácter preventivo y cautelar, orientado a establecer medidas y procedimientos para la identificación, prevención y mitigación de actos, omisiones u operaciones que puedan favorecer, facilitar o encubrir la comisión de los delitos previstos en el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables.
UIF. (2025). Informe de actividades, enero-diciembre de 2025. Gobierno de México. https://www.gob.mx/uif/documentos/aqui-podras-encontrar-el-informe-de-actividades-de-la-uif. Nota: Consultado el 11 de febrero de 2026; los informes se actualizan mensualmente y sustituyen al del periodo inmediato anterior.
40 SSPC. (2024-2025). Diagnóstico en materia de seguridad para programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Con información de la base de datos de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas.
41 SSPC. (2024-2025). Diagnóstico en materia de seguridad para programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Con información de la base de datos de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas.
42 SSPC. (2024). Diagnóstico en materia de seguridad para programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Con información de la base de datos de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas.
43 Microsoft (s. f.). Protéjase del fraude en línea. https://support.microsoft.com/es-es/security/protect-yourself-from-phishing
44 Microsoft (s. f.). ¿Qué es el ransomware? https://www.microsoft.com/es-co/security/business/security-101/what-is-ransomware
45 Consejo ciudadano para la seguridad y justica de la Ciudad de México (s. f.). Sextorsión en la era digital: Impacto en niñas, niños y adolescentes. Reporte 2023 - 2025 (p.5) Reporte Sextorsión.pdf
46 INEGI. (2025, septiembre 18). ENIVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 28). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf.
47 INEGI. (2026, enero 23 ENSU 2026: Reporte de resultados (p. 17). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/ensu/ENSU2026_01_RR.pdf.
48 INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 15). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf.
49 Se refiere a los datos de cifra oculta o cifra negra. INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 15). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf.
50 INEGI. (2025, agosto 13). Análisis de los resultados de la medición de la pobreza multidimensional 2024 (pp. 9, 14, 20). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/pm/pm2025_RR_08.pdf.
51 INEGI. (2025, agosto 13). Análisis de los resultados de la medición de la pobreza multidimensional 2024 (p. 13). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/pm/pm2025_RR_08.pdf.
52 Universidad de las Américas Puebla. (2024). Índice Global de la Impunidad 2024 (p. 54). https://www.udlap.mx/APII/files/indices/IGI-global-2024-UDLAP.pdf.
53 INEGI. (2025, agosto 14). CNSPF-E 2025: Resultados generales (p. 4). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspf/2025/doc/cnspf_2025_resultados.pdf.
54 INEGI. (2026, marzo 19). CNGMD 2025: Versión ejecutiva (p. 41). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngmd/2025/doc/cngmd_2025_resultados_ve.pdf.
55 SSPC. (2025, diciembre 27). Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobados en su Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 11 de diciembre de 2025. DOF. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5777197&fecha=27/12/2025#gsc.tab=0.
56 Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. (2025, julio 16). LGSNSP, artículo 62. DOF. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5763159&fecha=16/07/2025#gsc.tab=0.
57 INEGI. (2025, agosto 14). Tabulados del CNSPE 2025: Estructura organizacional y recursos [Archivo de datos, XLSX, cnspe2025_est_org_rec, índice 21: Personal de la institución encargada de la función de seguridad pública reconocido, por nivel de gobierno y entidad federativa según tipo de reconocimiento o estímulo y sexo, 2024]. https://www.inegi.org.mx/programas/cnspe/2025/#tabulados.
58 INEGI. (2025, julio 17). CNSIPEF-E 2025: Presentación de resultados generales (p. 9). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnsipee/2025/doc/cnsipee_2025_resultados.pdf.
59 La tasa de ocupación en centros penitenciarios y centros especializados se calcula al dividir la cantidad de las PPL internadas entre el número de espacios por cien.
60 SSPC. (2025, diciembre). Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional (p. 13). Gobierno de México. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1048555/CE_2025_12.pdf.
61 Los datos correspondientes al periodo 2017-2024 fueron consultados en el CNSIPEF-E 2025: Presentación de resultados generales, publicado el 17 de julio de 2025 (p. 10). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnsipee/2025/doc/cnsipee_2025_resultados.pdf. Para el año 2025, la información fue obtenida del Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, correspondiente a diciembre de 2025 (pp. 13). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1048555/CE_2025_12.pdf.
62 SSPC. (2025, diciembre). Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional (p. 5). Gobierno de México. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1048555/CE_2025_12.pdf.
63 Los datos correspondientes al periodo 2017-2024 fueron consultados en el CNSIPEF-E 2025: Presentación de resultados generales, publicado el 17 de julio de 2025 (p. 21). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnsipee/2025/doc/cnsipee_2025_resultados.pdf. Para el año 2025, la información fue obtenida del Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, correspondiente a diciembre de 2025 (p. 5). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1048555/CE_2025_12.pdf.
64 INEGI. (2025, julio 17). CNSIPEF-E 2025: Presentación de resultados generales (p. 13). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnsipee/2025/doc/cnsipee_2025_resultados.pdf.
65 INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 19). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf.
66 INEGI. (2026, enero 23). ENSU 2026: Reporte de resultados (p. 3). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/ensu/ENSU2026_01_RR.pdf.
67 INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 15). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf.
68 INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 15). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf.
69 INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 13). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf.
70 INEGI. (s. f.). Defunciones por homicidio, por causas detalladas CIE, según año de registro [Tabulados de las EDR]. https://www.inegi.org.mx/programas/edr/#tabulados. Nota: Información consultada en el apartado de tabulados de las EDR, opción Defunciones por homicidio, seleccionando año de registro y causas detalladas CIE.
71 SESNSP. (s. f.). Incidencia delictiva estatal (fuero común, víctimas), 2015-2025 [Datos abiertos]. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva. Nota: Información preliminar reportada por las fiscalías estatales. Consulta realizada el 10 de febrero de 2026.
72 INEGI. (2024, diciembre 10). ENVE 2024: Principales resultados (p. 20). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enve/2024/doc/enve_2024_presentacion_ejecutiva.pdf
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87 El orden de las entidades está relacionado con el monto de salarios de mayor a menor salario en comparación con el salario propuesto por CONASAMI.
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