PROGRAMA Nacional de Protección Civil 2026-2030.
PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2026-2030
1. Índice
1. Índice
2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa
3. Siglas y acrónimos
4. Fundamento normativo
5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
6. Objetivos
6.1 Relevancia del objetivo 1: Fortalecer el conocimiento de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, a efecto de reducir el riesgo de desastres y promover comunidades resilientes.
6.2 Relevancia del objetivo 2: Garantizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, para salvaguardar a la población ante el impacto de un fenómeno perturbador, en coordinación con autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno.
6.3 Relevancia del objetivo 3: Promover la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural.
6.4 Relevancia del objetivo 4: Promover el cumplimiento del marco normativo vigente en materia de gestión integral del riesgo de desastres y fortalecer la adopción de planes y programas de protección civil, con participación de los sectores público, privado y social.
6.5 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Protección Civil 2026-2030
7. Estrategias y líneas de acción
8. Indicadores y metas
9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa
2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa
La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo.
3. Siglas y acrónimos
ANR: Atlas Nacional de Riesgos.
APF: Administración Pública Federal.
CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres.
CNPC: Coordinación Nacional de Protección Civil.
DOF: Diario Oficial de la Federación.
ENAPROC: Escuela Nacional de Protección Civil.
FONDEN: Fondo de Desastres Naturales.
FOPREDEN: Fondo de Prevención de Desastres Naturales.
GIRD: Gestión Integral del Riesgo de Desastres.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
LGPC: Ley General de Protección Civil.
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación.
PIB: Producto Interno Bruto.
PND 2025-2030: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
PNPC 2026-2030 o Programa: Programa Nacional de Protección Civil 2026-2030.
SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SIG: Sistemas de Información Geográfica.
SINAPROC(1): Sistema Nacional de Protección Civil.
SNA: Sistema Nacional de Alertas.
SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
UNDRR: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (por sus siglas en inglés).
4. Fundamento normativo
El Programa Nacional de Protección Civil 2026-2030 (PNPC 2026-2030 o Programa) se desarrolla en cumplimiento a los artículos 1o., 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a los artículos 2o., 9o., 12, 16, fracciones IV y VIII, 26, y 29 de la Ley de Planeación; 30 Bis, fracción XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 4, 35 y 36 de la Ley General de Protección Civil (LGPC).
El Programa establece los objetivos, estrategias, metas y líneas de acción para cumplir con el objetivo del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), realizadas en coordinación con las autoridades de los gobiernos estatales, de la Ciudad de México, municipales y de las demarcaciones territoriales, y con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), con base en la amplia participación de la sociedad.
Bajo la adopción de las prioridades establecidas por el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030,(2) que son: comprender el riesgo de desastres; fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo; invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia, y aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y "reconstruir mejor" en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. El Programa establece 4 objetivos que abarcan aspectos significativos del Marco en comento.
Para ello, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), conforme a los artículos 2, apartado A, fracción II, numeral 10, y 57, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es la Unidad Administrativa de la SSPC responsable de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del Programa, en relación con lo establecido en los artículos 5, fracción I y 49, fracción IV, del Reglamento de la Ley General de Protección Civil, y en el Manual de Organización y Operación del SINAPROC, a fin de que este programa sea el instrumento de trabajo para el periodo 2026-2030 de la CNPC.
Así mismo, se fundamenta en el Decreto por el que se aprueban las bases para el establecimiento del SINAPROC,(3) publicado en el DOF el 6 de mayo de 1986; en el Acuerdo por el que se da a conocer la declaración de la Coordinación General de Protección Civil como Instancia de Seguridad Nacional,(4) publicado en el DOF el 23 de enero de 2009; en el Acuerdo por el que se emite el Plan Nacional de Respuesta MX de la APF,(5) publicado en el DOF el 13 de noviembre de 2015; en el Acuerdo por el que se establece la Escuela Nacional de Protección Civil,(6) publicado en el DOF el 19 de septiembre de 2011; en el Acuerdo por el que se emite la guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos,(7) publicado en el DOF el 21 de diciembre de 2016, y, en los programas y proyectos para atender los daños ocasionados por fenómenos naturales, en términos del artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Finalmente, la elaboración del PNPC 2026-2030 se sustenta en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND 2025-2030), particularmente en el Eje general 1: Gobernanza con justicia y participación ciudadana y el Eje general 2: Desarrollo con bienestar y humanismo. Lo anterior, bajo un enfoque humanista y solidario, priorizando el derecho a la vida y la integridad física y reducir con ello el impacto de emergencias climáticas o sociales, así como fortalecer la gestión integral de riesgos.
5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
Introducción
El PNPC 2026-2030 se enmarca en el Eje General 1: Gobernanza con justicia y participación ciudadana y en el Eje General 2: Desarrollo con bienestar y humanismo del PND 2025-2030, los cuales están alineados con las atribuciones de la CNPC y que de manera conjunta con las dependencias y entidades de la APF, sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, cuerpos de bomberos, así como los representantes de los sectores privado y social, medios de comunicación, centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico, forman parte del SINAPROC; con el objetivo de proteger a las personas, a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos.
Asimismo, el PNPC 2026-2030 toma en consideración los principios del Humanismo Mexicano, particularmente los siguientes:
- Prosperidad Compartida: contar con un programa efectivo de gestión de riesgos genera condiciones y entornos seguros, que mejoran la calidad de vida y contribuye al bienestar y desarrollo de la población.
- Desarrollo y bienestar con cuidado al medio ambiente: hacer frente al cambio climático permitirá disminuir la intensidad y frecuencia de fenómenos hidrometeorológicos que impactan significativamente al medio ambiente y a la población.
- La política se hace con amor y no con odio: la elaboración e implementación de este PNPC 2026-2030, se hace con un profundo amor al pueblo de México, y se pone al centro de esta política a la población, a fin de aumentar su bienestar.
México enfrenta una amplia gama de fenómenos perturbadores naturales y antrópicos que cada año pueden generar desastres, con impactos significativos. El país es afectado constantemente por actividad sísmica y volcánica, con dos terceras partes de su territorio en riesgo sísmico importante y zonas identificadas con potencial para sismos de gran magnitud, en virtud de que se encuentra situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico
Vinculación con Anexos Transversales del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
La problemática que aborda el PNPC 2026-2030 se vincula con diversos Anexos Transversales del PEF,(8) al contribuir a la atención de las condiciones estructurales que incrementan la vulnerabilidad social y territorial en México. De acuerdo con el INEGI (2025), el 29.6 % de la población nacional (equivalente a 38.5 millones de personas) vive en situación de pobreza multidimensional,(9) con una marcada diferencia entre los ámbitos rural (45.8 %) y urbano (25.0 %).(10) La incidencia de pobreza alcanza 66.3 % entre la población hablante de lengua indígena(11) y 32.3 % entre la población afrodescendiente,(12) lo que confirma la persistencia de desigualdades estructurales que agravan la vulnerabilidad frente a los fenómenos perturbadores. Estas brechas se acentúan por la limitada resiliencia de la infraestructura, la ubicación de los asentamientos en zonas de riesgo y la baja cobertura de instrumentos financieros de protección ante pérdidas.
Las mujeres (51 % de la población) enfrentan una tasa de pobreza ligeramente superior a la de los hombres (30.1 % frente a 28.9 %),(13) y mayores obstáculos para acceder a recursos productivos, información y mecanismos de recuperación post-desastre. Esta diferencia, ampliamente documentada a nivel internacional, refleja cómo las desigualdades de género pueden traducirse en mayor exposición y menor capacidad adaptativa (Oxfam, 2005; UNDP, 2006).(14) Los estudios sobre el tsunami del Océano Índico de 2004 mostraron que entre el 60 % y el 80 % de las víctimas fueron mujeres, debido a factores culturales y de movilidad como la falta de entrenamiento para nadar o trepar, y las cargas de cuidado familiar. En México, los sismos de 2017 también evidenciaron una mayor mortalidad femenina en zonas urbanas, vinculada a condiciones laborales y de cuidado, lo que confirma que las desigualdades estructurales y de género profundizan los efectos de los desastres y retrasan los procesos de recuperación (UNDRR, 2018).(15)
Las infancias y juventudes (que constituyen el 31 % de la población) presentan vulnerabilidades específicas ante la interrupción de servicios educativos y de salud, como se observó tras los sismos de 2017, siendo los estados de Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Oaxaca, los más afectados, en donde habitaban más de siete millones de niñas, niños y adolescentes (UNICEF, 2018).(16)
Asimismo, la exposición y el impacto de los fenómenos perturbadores muestran diferencias marcadas entre áreas urbanas y rurales: en las primeras, por la concentración de población e infraestructura crítica; en las segundas, por la precariedad material y la dependencia económica de actividades agropecuarias sensibles a sequías e inundaciones recurrentes (CEPAL, 2023;(17) INEGI, 2024).(18) En conjunto, estos datos confirman que las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad territorial continúan siendo determinantes en la generación del riesgo de desastres y en la capacidad diferenciada de recuperación frente a ellos.
El PNPC 2026-2030 integra y realiza acciones transversales de perspectiva de género y la inclusión como ejes transversales de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD), por lo que la profesionalización del personal de protección civil será con enfoque de género, interculturalidad y no discriminación, lo mismo aplicará para las campañas de sensibilización orientadas a las poblaciones más expuestas y vulnerables, lo que responde al propósito del Anexo 13 del PEF, sobre igualdad entre mujeres y hombres y al Anexo 14 del PEF, relativo a la atención a grupos en situación de vulnerabilidad. En ambos casos, el PNPC 2026-2030 busca que las políticas y acciones institucionales promuevan la participación plena de las mujeres en la toma de decisiones, reduzcan las desigualdades estructurales y mejoren las capacidades institucionales para atender las necesidades de las personas y comunidades en condiciones de mayor riesgo.
Asimismo, el PNPC 2026-2030 incorpora acciones transversales de innovación pública y desarrollo tecnológico orientadas al fortalecimiento de los mecanismos de prevención, monitoreo y reducción del riesgo de desastres, en vinculación con el Anexo 12 "Programa de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación" del PEF. Estas acciones impulsan la investigación aplicada, la interoperabilidad de sistemas y el uso de tecnologías emergentes en el Atlas Nacional de Riesgos (ANR) y el Sistema Nacional de Alertas (SNA), promoviendo la soberanía tecnológica y la modernización institucional. Con ello, el Programa contribuye al desarrollo científico y a la innovación orientada al bienestar, la seguridad y la resiliencia del país.
El diagnóstico del Programa identifica el cambio climático como factor en la frecuencia e intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos recientes, como los huracanes Otis (2023) y John (2024), y reconoce la necesidad de fortalecer los sistemas de monitoreo, alerta temprana y planeación preventiva. Las estrategias relacionadas con la integración de tecnologías emergentes, el fortalecimiento del SNA y la actualización continua del ANR contribuyen a las acciones del Anexo 16 del PEF, que busca garantizar el derecho a un medio ambiente sano mediante acciones de mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático que incrementen la resiliencia de las comunidades.
La operación de la Red Nacional de Escuelas e Instituciones para la Capacitación, Certificación y Profesionalización, representan oportunidades para fortalecer la participación de personas jóvenes en actividades formativas y en el servicio público orientado a la gestión de riesgos. De igual forma, las campañas de sensibilización y los planes de continuidad de operaciones que promueve el Programa contribuyen a crear entornos más seguros y a fortalecer la protección integral de la infancia y adolescencia, en coherencia con las acciones de los Anexos 17 y 18 del PEF.
De esta manera, el PNPC 2026-2030 se articula con los instrumentos presupuestarios de carácter transversal al atender las causas estructurales de la vulnerabilidad, fortalecer las capacidades institucionales, reducir las desigualdades sociales y promover entornos resilientes, contribuyendo con ello al cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de desarrollo sostenible, igualdad, inclusión y cambio climático.
Problemática actual
En los últimos años diversos fenómenos perturbadores han impactado en territorio nacional, lo que ha puesto a prueba la coordinación del SINAPROC para salvaguardar la vida y el patrimonio de la población y su entorno.
En el ámbito de la protección civil en México, persisten áreas de oportunidad en cuanto al fortalecimiento de los mecanismos técnico-operativos para la colaboración, comunicación y coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno, así como con los sectores privado y social.
Por tal razón, la CNPC en su carácter de coordinadora ejecutiva del SINAPROC trabajará en promover entre sus integrantes la elaboración de políticas y programas, así como el mejoramiento de acciones y actualización de protocolos, con el propósito de salvaguardar a la población afectada o susceptible de ser afectada por los peligros que representan los fenómenos perturbadores, con la finalidad de aplicar con eficacia las etapas de la GIRD.
Para la coordinación del SINAPROC hace falta desarrollar su infraestructura y fortalecer sus capacidades institucionales, contar con fondos y recursos humanos y materiales, así como con ordenamientos jurídicos que ofrezcan mayor certeza de actuación en el campo de la protección civil.
Por ello, será necesario fortalecer la prevención con un enfoque estratégico y transversal de gestión de riesgos, las capacidades institucionales y de cooperación internacional, los instrumentos financieros y el marco jurídico, además de promover el desarrollo de una sociedad resiliente.
De acuerdo con la serie histórica "Impacto socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México", publicada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), desde el año 2000 hasta el 2024, en México se registraron 13,328 decesos y se estimaron pérdidas económicas por 709 mil millones de pesos. Durante este periodo, alrededor de 60 millones de personas sufrieron afectaciones directas o indirectas, ya sea por la pérdida de su patrimonio o de sus medios de vida debido al impacto de fenómenos perturbadores. En términos de infraestructura, se contabilizaron afectaciones en más de 2 millones de viviendas, 45 mil escuelas y cerca de 3 mil centros de salud y hospitales.(19)
En el contexto de la implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, México ha demostrado avances importantes en la transversalización de la GIRD dentro de la APF. De acuerdo con el Informe Voluntario Nacional de México al Medio Término de la implementación del Marco de Sendai de 2022, 77 % de las instituciones de la APF está involucrado en actividades clave para identificar y comprender los riesgos, como lo son el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la elaboración de mapas de riesgos, mientras que 70 % ha capacitado a su personal en temas relacionados con la GIRD;(20) Sin embargo, aún persisten desafíos significativos, como la falta de sistematización en el registro de información sobre riesgos (realizado solo por 37 % de las instituciones) y la elaboración limitada de evaluaciones de riesgo sobre la infraestructura.(21)
Por otro lado, el cambio climático impacta significativamente la intensidad y periodicidad de los fenómenos de origen hidrometeorológico, como es el caso de los huracanes Otis ocurrido en 2023 y John en 2024, los cuales impactaron en las costas de Acapulco, Guerrero, en un lapso no mayor a un año, provocando daños significativos en la infraestructura pública, viviendas y en el sector hotelero de la región.
Aunque se reconoce la creciente participación interinstitucional y la firma de convenios de colaboración, solo un tercio de las instituciones trabaja directamente con comunidades o sociedad civil,(22) evidenciando un área de oportunidad para fortalecer la dimensión comunitaria de la GIRD.
Este panorama subraya los logros alcanzados y las áreas prioritarias para consolidar un enfoque efectivo de reducción del riesgo de desastres en México, alineado con los objetivos de sostenibilidad y resiliencia del Marco de Sendai. En este sentido, la creación del Comité Nacional de Prevención en 2023, aún necesita consolidar su actuación como mecanismo de coordinación de las acciones de prevención de riesgos y desastres que deben realizar las dependencias y entidades de la APF, en el marco de sus atribuciones.(23)
Si bien existe un marco legal nacional que establece la importancia de contar con instrumentos de diagnóstico como los atlas de riesgo, actualmente se estima que solo alrededor del 24 % de los municipios dispone de un atlas local de riesgo actualizado.(24) Esta situación representa un reto para fortalecer la planificación preventiva y favorecer una asignación de recursos basada en evidencia, especialmente en contextos donde la exposición a fenómenos naturales y antropogénicos es alta.
Si bien existen experiencias de cooperación espontánea, la inversión preventiva y los mecanismos formales de colaboración entre sectores continúan por debajo de los niveles recomendados para economías de ingreso medio. La falta de marcos jurídicos compatibles y de incentivos fiscales adecuados frena la participación privada y social en proyectos de reducción de riesgo.
No todas las entidades federativas han constituido los fondos para la prevención y la atención de emergencias y desastres de origen natural que establece el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ni cuentan con esquemas de transferencia de riesgos para reducir los costos que implica la reconstrucción de la infraestructura, lo que se traduce en dependencia de los fondos federales para la prevención, la atención de emergencias y desastres de origen natural.
Por otra parte, las dependencias de la APF que fungen como cabeza de sector deben realizar diversos trámites ante la SHCP para acceder a los recursos destinados a acciones de reconstrucción. Estos procedimientos, orientados a asegurar la adecuada gestión y transparencia en el uso de los recursos públicos, pueden representar retos operativos que, en algunos casos, prolongan los tiempos de atención y ejecución.
Frente a este panorama, resulta prioritario consolidar un Sistema Nacional de Protección Civil más robusto, articulado y resiliente, capaz de responder de manera oportuna y eficaz a los crecientes desafíos que representan los fenómenos perturbadores. Por ello, el Programa fija como primer objetivo: Fortalecer el conocimiento de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, a efecto de reducir el riesgo de desastres y promover comunidades resilientes.
Tendencias e impactos recientes de los desastres (2019-2025)
Los desastres generan presiones adicionales sobre las finanzas públicas y limitan la capacidad del Estado para implementar políticas de largo plazo, como se describe a continuación:
Los daños y pérdidas estimados en 2019, derivados de fenómenos naturales, ascendieron a 4,915.7 millones de pesos, lo que representó una reducción del 67.2 % respecto a lo registrado en 2018.(25) Esta cifra equivalió apenas al 0.02 % del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año, a pesar de que en 2019 se cuantificaron 579 eventos -una cifra muy similar a los 583 registrados en 2018- el impacto económico fue significativamente menor. Esta disminución se explica por la ausencia de eventos de gran magnitud durante ese periodo, lo que convirtió a 2019 en uno de los años con menores afectaciones económicas por desastres en los últimos quince años, según los registros disponibles hasta 2025.
En 2020, a pesar de que se registró una disminución en el número de eventos respecto al año anterior -438 en total, es decir, un 26.4 % menos que en 2019- el impacto económico fue considerablemente mayor.(26) Los daños y pérdidas estimados alcanzaron los 32,736.3 millones de pesos, lo que representó un incremento del 311 % en comparación con 2019, y situó a este año como el octavo con mayor afectación económica desde el año 2000. Esta cifra representó el 0.14 % del PIB de 2020.(27)
El aumento en los daños se debió principalmente a eventos hidrometeorológicos significativos, particularmente lluvias intensas e inundaciones, como las ocurridas en Tabasco y Chiapas. Estos eventos evidenciaron la persistente exposición de infraestructura crítica y asentamientos humanos en zonas de riesgo, lo que sigue representando una alta vulnerabilidad para miles de familias en todo el país ante la ocurrencia de fenómenos naturales de gran intensidad.
Durante el año 2021, si bien se registró un aumento significativo en el número de eventos -614 en total, lo que representó un incremento del 43.7 % con respecto a 2020- los daños y pérdidas estimados alcanzaron los 15,333 millones de pesos.(28) Esta cifra representó una reducción del 52 % en comparación con el año anterior y equivalió al 0.06 % del PIB de 2021. A pesar de la disminución en términos económicos, los eventos registrados en ese año fueron particularmente significativos, destacando los impactos ocasionados por huracanes que afectaron regiones como Veracruz y Sinaloa.
Estos fenómenos dejaron en evidencia, una vez más, la alta exposición de infraestructura crítica y de comunidades asentadas en zonas de riesgo. Aunque el monto de los daños fue inferior al de 2020, el número elevado de incidentes y la recurrencia de afectaciones en zonas vulnerables mostraron la necesidad de seguir fortaleciendo las políticas de prevención y adaptación en el marco de la GIRD.
En 2022, los fenómenos naturales que afectaron al país generaron daños y pérdidas estimadas en 16,600 millones de pesos, lo que representó un incremento del 8 % respecto a lo registrado en 2021.(29) Este monto equivale al 0.1 % del PIB del mismo año. A pesar del aumento en el costo económico, se contabilizaron 570 eventos distintos, lo que supuso una disminución del 7 % en el número de incidentes con relación al año anterior.
Durante ese año, la CNPC emitió 26 declaratorias por el impacto de fenómenos perturbadores en 11 entidades federativas. De estas, el 31 % correspondieron a emergencias y el 69 % a desastres, reflejando una reducción del 57 % en el número total de declaratorias respecto a 2021. Si bien la frecuencia de los eventos disminuyó y las declaratorias se redujeron notablemente, el incremento en los daños totales pone de manifiesto que persiste una alta vulnerabilidad en ciertas regiones del país, lo que subraya la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos preventivos y de resiliencia en materia de GIRD desde lo local.
En 2023, los daños y pérdidas por desastres ascendieron a 88,910 millones de pesos, equivalentes al 0.3 % del PIB, a pesar de una disminución del 31 % en el número de eventos (393 en total), respecto a 2022.(30) El huracán Otis, que impactó Acapulco como categoría 5, fue el principal responsable de estas pérdidas, representando la mayor afectación económica del año. Este fenómeno evidenció la vulnerabilidad de zonas densamente pobladas ante ciclones tropicales, los cuales concentraron el 98.4 % del total de los daños, mientras que lluvias e inundaciones representaron solo el 1.6 %.
En 2024, los desastres dejaron 14,434 millones de pesos en daños y pérdidas (0.046 % del PIB), distribuidos en 283 eventos, con predominio hidrometeorológico (83.6 % de las pérdidas).(31) Se registraron 633 defunciones, de las cuales 65 % se asociaron a fenómenos hidrometeorológicos y las temperaturas extremas concentraron la mayor proporción de muertes dentro de los fenómenos de origen natural. Los daños económicos se concentraron principalmente en Guerrero (55.2 %), Veracruz (23.4 %) y Nuevo León (12.4 %), mientras que la mortalidad se presentó con mayor frecuencia en Veracruz, Sonora y Baja California, vinculada a olas de calor (CENAPRED, 2025).(32)
En 2024, el huracán John generó lluvias, en 76 horas, de 1442 mm en Acapulco, las cuales provocaron severas inundaciones y un gran número de deslaves en Acapulco y Chilpancingo, en el estado de Guerrero, así como en el estado de Oaxaca.
En relación con las brechas y desigualdades, se observa que la desagregación por sexo de las defunciones de 2024 presenta limitaciones de información (40.8 % sin sexo identificado). Con los casos identificados, 47.4 % correspondió a hombres y 11.9 % a mujeres, lo que confirma la necesidad de fortalecer los registros con enfoque de derechos y perspectiva de género para dimensionar adecuadamente los impactos diferenciales y orientar la política preventiva (CENAPRED, 2025).(33)
En 2025, los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí sufrieron inundaciones catastróficas por el desbordamiento de ríos y arroyos. En total 109 municipios tuvieron afectaciones; sin embargo, los que tuvieron mayor impacto fueron Poza Rica y Álamo Temapache, ambos pertenecientes al estado de Veracruz, debido al incremento y desbordamiento del río Cazones.
En materia de territorialidad y capacidades, de conformidad con cifras del análisis histórico del impacto socioeconómico de los desastres en México entre 2000 y 2023 (CENAPRED),(34) se muestra una alta concentración territorial de daños y pérdidas, lo que refleja la desigual exposición del territorio nacional frente a los fenómenos perturbadores. En este periodo las afectaciones se concentraron principalmente en Guerrero, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Ciudad de México y Oaxaca, entidades caracterizadas por alta exposición a fenómenos hidrometeorológicos y elevados niveles de vulnerabilidad social y económica.
Los estados con mayor número acumulado de defunciones asociadas a desastres fueron Veracruz (948), Oaxaca (692), Chiapas (632), Nuevo León (536), Ciudad de México (493) y Guerrero (511), (CENAPRED, 2024).(35)
En este contexto, el PNPC 2026-2030 reconoce que las capacidades institucionales locales para la prevención y recuperación son desiguales y que no existe una base de información homogénea o sistemática sobre las mismas. Por ello, el PNPC 2026-2030 busca fortalecer la generación, homologación e interoperabilidad de información que permita identificarlas progresivamente, considerando acciones de impulso a la modernización de los sistemas de registro y bases de datos de daños y pérdidas, la articulación de información sectorial y territorial, y la adopción de lineamientos técnicos de interoperabilidad entre los tres órdenes de gobierno, con el propósito de construir una base sólida de evidencia para la planeación preventiva y el desarrollo resiliente del territorio.
Los desastres continúan generando presiones significativas sobre las finanzas públicas, afectando no solo la infraestructura y el bienestar social, sino también la capacidad del Estado para implementar políticas de desarrollo sostenible a largo plazo. En este contexto, el segundo objetivo del presente programa se orienta en: Garantizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, para salvaguardar a la población ante el impacto de un fenómeno perturbador, en coordinación con autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno.
Causas estructurales
Problemáticas como la anterior, dan cuenta de la necesidad de asignar recursos para invertir en acciones de prevención de desastres. México cuenta con la experiencia del FOPREDEN, creado desde el 2003 como estrategia financiera para disminuir la carga del FONDEN y con el propósito de fortalecer las acciones orientadas a la reducción del riesgo y la mitigación de desastres mediante el financiamiento de proyectos integrales de prevención de desastres. Estos proyectos están dirigidos prioritariamente a beneficiar a las poblaciones más expuestas y vulnerables ante fenómenos de origen natural. Si bien, la asignación presupuestaria federal es sostenida, su alcance e impacto podría robustecerse aún más con la inversión desde lo local.
De conformidad con el PND 2025-2030, las fases de prevención, auxilio, recuperación y reconstrucción, objeto de los instrumentos financieros de gestión de riesgos, se vinculan con el Eje General 1: Gobernanza con justicia y participación ciudadana en tanto que requieren de la acción coordinada y subsidiaria entre los tres órdenes de gobierno con el objetivo de prevenir los desastres, así como atender a la población y reconstruir la infraestructura que resultara afectada por el impacto de un fenómeno natural perturbador asegurando el uso honesto, responsable y eficiente de los recursos públicos bajo los principios de austeridad republicana.
La reducción del riesgo de desastres se refuerza también a través de procesos de planeación con enfoque de GIRD. De este modo, al integrar criterios de evaluación de amenazas, vulnerabilidades y capacidades en la planificación territorial, sectorial y comunitaria, se contribuye a disminuir el impacto de emergencias climáticas o sociales en el bienestar de las personas y sus familias.
Al consolidar capacidades locales y articular mecanismos interinstitucionales, la gestión integral de riesgos se robustece, garantizando el ejercicio de los derechos humanos incluso en contextos de crisis. Este enfoque proactivo y planificado no solo anticipa y atenúa los efectos adversos de los fenómenos, sino que también propicia entornos más seguros, equitativos y sostenibles para toda la población.
La inversión en la prevención de desastres ayuda a reducir significativamente el gasto reactivo en la atención de emergencias y desastres. Para la atención de las emergencias se ha instituido la conformación de una reserva estratégica que se adquiere bajo los principios de calidad y precio, lo que se traduce en una política de gasto eficiente, equitativo y sustentable en tanto permite optimizar la distribución de los recursos públicos para mejorar el beneficio de la población a diferencia de como se hacía en el pasado, cuando se adquirían los insumos necesarios hasta que ocurría el desastre, lo que generaba oportunidades de abuso a los proveedores que aplicaban sobreprecios a los consumibles adquiridos. Lo mismo ocurría con la reconstrucción, ya que una vez que se transferían los recursos, las dependencias de la APF y estatales podían demorar años e, incluso, no ejecutar las obras o dejarlas inconclusas.
En cuanto a la transversalidad del Programa, garantizar la participación plena y sustantiva de las mujeres en la toma de decisiones promoviendo su liderazgo e impulsando la innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional a través del financiamiento de proyectos, son acciones orientadas a la fase de prevención de la gestión integral del riesgo de desastres.
Los desastres actúan sobre los sistemas expuestos, los cuales se conforman por la población y la infraestructura que resiente los efectos del impacto de un fenómeno natural perturbador.
En lo que a población se refiere, es principalmente, la población en situación de pobreza extrema la que resulta más afectada dado el conjunto de vulnerabilidades que padece; esto es, es físicamente vulnerable en tanto el tipo de vivienda que habita es mayoritariamente precaria; socialmente, en virtud de factores tales como la desigualdad, la falta de acceso a oportunidades y recursos, a la debilidad de sus redes sociales y sistemas de apoyo; económicamente, en tanto sus ingresos les mantienen en niveles de sobrevivencia que no les otorgan el soporte para recuperarse de un desastre.
En lo que a infraestructura se refiere, es particularmente sensible aquella que a lo largo del tiempo ha recibido escaso mantenimiento o a la que no se le han aplicado medidas preventivas; por ejemplo, en el sector carretero, una carretera que no cuenta con alcantarillas o cunetas, es más susceptible de resentir los efectos de un fenómeno natural perturbador que aquella otra que sí cuenta con mantenimiento o construcciones que facilitan el escurrimiento y evitan la erosión de sus cimientos.
La experiencia reciente en la gestión del riesgo de desastres en México ha puesto de manifiesto la importancia de contar con instrumentos financieros oportunos, mecanismos jurídicos claros y capacidades institucionales sólidas que permitan prevenir, atender y recuperarse de manera eficaz ante fenómenos naturales perturbadores. En este sentido, el tercer objetivo del presente programa se centrará en: Promover la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural.
Efectos
La CNPC, en el marco del SINAPROC, promueve en las 32 entidades federativas la elaboración de Programas Especiales de Protección Civil, de acuerdo a su taxonomía y vulnerabilidad, elabora y difunde boletines de alertamiento con recomendaciones de protección civil dirigidas a las autoridades de protección civil y al público en general, de igual manera, trabaja con mecanismos de coordinación interinstitucional que fortalecen la respuesta de manera eficiente, evitando la duplicidad de funciones y empleando los recursos con los que cuenta el Gobierno de México.
Esta labor parte del reconocimiento de que los desastres no son eventos aislados, sino que provienen del contexto de las vulnerabilidades preexistentes generadas por procesos deficientes del desarrollo. Por ello, es indispensable tomar acción para reconocer la naturaleza transversal de la GIRD y promover acciones que permitan su implementación en todas las políticas públicas asociadas al desarrollo sostenible, promoviendo un país más seguro, sostenible y resiliente.
Aunque se han impulsado planes de continuidad de operaciones, su adopción fuera del ámbito federal sigue siendo limitada. Para 2021, solo 18 dependencias contaban con planes activos y evaluados. La falta de protocolos homogéneos ha provocado interrupciones en servicios críticos y cadenas de suministro durante emergencias prolongadas, así mismo se cuenta con 2,501 planes de continuidad de operaciones de unidades administrativas evaluados y actualizados al 31 de diciembre de 2025.(36)
Entre las acciones, destacan la coordinación entre los actores del SINAPROC, para reforzar las etapas de la GIRD; se ha logrado reducir la vulnerabilidad social, a través del fortalecimiento de las instituciones miembros del Sistema, con mecanismos de mejora de la gestión, difusión de información, capacitación interna de los integrantes del sistema y, mejor comunicación de la información recopilada y obtenida de los Sistemas de Alerta Temprana que coadyuvan en la generación de medidas de prevención.
Sin embargo, persisten retos importantes. Muchas entidades federativas siguen dependiendo de las declaratorias de emergencia o desastre por la CNPC, así como de la autorización de fondos por parte del Fondo de Prevención de Desastres Naturales.
Por otro lado, los fenómenos naturales y las acciones humanas que generan emergencias y desastres han tenido efectos profundos en la población y en el entorno. En los últimos años, eventos como huracanes, lluvias torrenciales, incendios forestales, sismos, sequías y fugas de sustancias peligrosas han requerido la intervención de la protección civil en comunidades rurales y urbanas, impactando de manera particular a mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes y pueblos indígenas, quienes enfrentan mayores barreras para la recuperación.
Las consecuencias no solo se reflejan en pérdidas humanas, daños a la vivienda e infraestructura y en la disminución de ingresos económicos, sino también en efectos prolongados sobre la salud y la cohesión social: desnutrición, carencias alimentarias, pérdida de documentos de identidad, migración forzada, y afectaciones emocionales como ansiedad, depresión y estrés postraumático. Asimismo, los desastres impactan en la biodiversidad, alterando ecosistemas, contaminando cuerpos de agua y afectando hábitats de especies endémicas.
Estos impactos evidencian la necesidad de contar con Normas Oficiales Mexicanas que integren los principios de la GIRD y establezcan criterios técnicos para prevenir y mitigar los efectos adversos de los fenómenos, garantizando la protección de la vida, los bienes, la salud, el ambiente y la estabilidad social de las comunidades.
Finalmente, el cuarto objetivo se orienta a: Promover el cumplimiento del marco normativo vigente en materia de gestión integral del riesgo de desastres y fortalecer la adopción de planes y programas de protección civil, con participación de los sectores público, privado y social.
Visión a largo plazo
Para 2030, México será un país más resiliente, donde la GIRD se constituya como un eje transversal y permanente del desarrollo sostenible, plenamente integrada en las políticas públicas, la planificación territorial, la inversión pública y privada, y la cultura institucional y comunitaria.
La sociedad mexicana habrá fortalecido sus capacidades para anticipar, prevenir, reducir y gestionar los riesgos derivados tanto de fenómenos naturales como antrópicos, a partir de una sólida articulación interinstitucional. La consolidación del Comité Nacional de Prevención, como un mecanismo eficaz de coordinación federal, y una robusta gobernanza multinivel que incorpore activamente a los gobiernos locales, la academia, el sector privado y la sociedad civil.
Gracias a sistemas de información geoespacial integrados, la interoperabilidad de plataformas y el uso extendido de modelos de riesgo y herramientas tecnológicas, el país contará con atlas de riesgos actualizados que respalden la toma de decisiones basadas en evidencia científica. La planeación del desarrollo se sustentará en la comprensión del riesgo y en la reducción de vulnerabilidades estructurales y sociales, incluyendo estrategias de adaptación al cambio climático.
Toda dependencia federal y la infraestructura considerada crítica contarán con planes de continuidad probados para 2030, los cuales contarán con funciones esenciales, líneas sucesorias y protocolos de recuperación de sistemas de información, asegurando que los servicios vitales se mantengan antes, durante y después de un desastre.
Las comunidades serán agentes activos en la gestión del riesgo, con capacidades fortalecidas para su autogestión, resiliencia local y preparación ante emergencias.
El trabajo comunitario se habrá institucionalizado como componente esencial de la política pública en materia de reducción del riesgo de desastres.
Con una normativa coherente, planes sólidos y una vinculación efectiva entre los sectores público, privado y social, México puede transitar de la reacción a la prevención, asegurando que los desastres no reviertan los avances sociales ni comprometan la prosperidad futura.
En este escenario, los impactos humanos, sociales y económicos derivados de los desastres se habrán reducido de forma significativa, y México será reconocido como un referente regional en prevención y gestión integral del riesgo, gracias a su compromiso con el cumplimiento del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la Agenda 2030 y los principios de una transición justa hacia un desarrollo seguro, inclusivo y sostenible.
Los objetivos del PNPC 2026-2030 orientan la política pública hacia la reducción del riesgo de desastres mediante la prevención, la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de las capacidades nacionales y locales. Estos objetivos buscan consolidar el conocimiento del riesgo y la resiliencia comunitaria; garantizar el funcionamiento efectivo del SINAPROC para salvaguardar a la población; impulsar el fortalecimiento de los sistemas estatales de protección civil a través del desarrollo de capacidades técnicas, operativas y de coordinación, y asegurar el cumplimiento del marco normativo vigente, promoviendo la participación corresponsable de los sectores público, privado y social.
| Objetivos del Programa Nacional de Protección Civil 2026-2030
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| 1.- Fortalecer el conocimiento de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, a efecto de reducir el riesgo de desastres y promover comunidades resilientes. |
| 2.- Garantizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, para salvaguardar a la población ante el impacto de un fenómeno perturbador, en coordinación con autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno. |
| 3.- Promover la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural. |
| 4.- Promover el cumplimiento del marco normativo vigente en materia de gestión integral del riesgo de desastres y fortalecer la adopción de planes y programas de protección civil, con participación de los sectores público, privado y social. |
6.1 Relevancia del objetivo 1: Fortalecer el conocimiento de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, a efecto de reducir el riesgo de desastres y promover comunidades resilientes. México enfrenta una alta exposición a múltiples amenazas como sismos, huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas, sequías y deslaves que, combinadas con factores estructurales como la urbanización acelerada, la desigualdad social, la pobreza multidimensional (29.6 % de la población nacional, INEGI, 2025)(37) y la degradación ambiental, generan pérdidas humanas y económicas significativas.
En 2024, los desastres ocasionaron 14,434 millones de pesos en daños y pérdidas (0.046 % del PIB) y 633 defunciones, concentradas principalmente en Guerrero, Veracruz y Nuevo León (CENAPRED, 2025).(38) Esta realidad evidencia que los riesgos en México no son naturales, sino el resultado de procesos sociales, económicos y territoriales desiguales, lo que exige fortalecer el conocimiento aplicado para anticipar, prevenir y reducir los impactos.
Fortalecer el conocimiento en gestión integral del riesgo de desastres implica transformar la información en acción pública, mediante la generación, sistematización y uso estratégico de datos científicos, técnicos y comunitarios para orientar la toma de decisiones, diseñar políticas preventivas y mejorar la comunicación del riesgo. Este conocimiento, cuando es accesible, articulado y útil, no elimina los riesgos, pero reduce la vulnerabilidad y fortalece las capacidades de anticipación, preparación y respuesta en todos los órdenes de gobierno y de la sociedad.
Este objetivo contribuye directamente al modelo de desarrollo del Segundo Piso de la Transformación al situar la prevención como una política de bienestar y justicia social, coherente con la visión del PND 2025-2030. En un país donde las brechas sociales y territoriales siguen determinando quiénes son más afectados por los desastres, fortalecer el conocimiento de la GIRD permite democratizar el acceso a la información, reducir desigualdades estructurales y proteger la vida y los medios de subsistencia, especialmente de mujeres, pueblos indígenas, población afrodescendiente, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, personas migrantes, entre otros grupos vulnerables.
Asimismo, el objetivo alinea al país con los compromisos internacionales establecidos en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, que es el instrumento específico en la materia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, promoviendo la cultura de la prevención y la resiliencia comunitaria.
6.2 Relevancia del objetivo 2: Garantizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, para salvaguardar a la población ante el impacto de un fenómeno perturbador, en coordinación con autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno. Debido a la ubicación geográfica de nuestro país, México se encuentra expuesto a las amenazas que representan diversos fenómenos naturales y adicionalmente a los de origen antropogénicos, mismos que provocan enormes daños a la población, sus bienes y entorno, situación que ha puesto a prueba los mecanismos de preparación y respuesta del SINAPROC, evidenciando una deficiente coordinación entre sus integrantes.
Los fenómenos perturbadores que han resultado más devastadores en nuestro país en los últimos años han sido aquellos de origen hidrometeorológico, provocando afectaciones severas en la infraestructura, como carreteras, puentes, redes eléctricas, sistemas de agua potable y alcantarillado, así como en viviendas. Estos daños no solo provocaron una crisis humanitaria inmediata, sino que también afectaron el turismo, la economía del país y el bienestar social, dejando un impacto prolongado en la calidad de vida de las y los habitantes.
La SSPC, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, realiza acciones de coordinación con los tres órdenes de gobierno en territorio nacional en las emergencias que rebasan la capacidad de respuesta de las entidades federativas, con el objetivo de salvaguardar a la población, sus bienes y entorno.
Así mismo, el objetivo contribuye al Segundo Piso de la Transformación al fortalecer la gobernanza y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la protección de la población ante fenómenos perturbadores. Su implementación consolida un Estado eficaz y humanista que prioriza la vida y el bienestar del pueblo, promueve la justicia social y la resiliencia comunitaria, impulsa un desarrollo sostenible y reafirma la presencia solidaria del Estado en todo el territorio nacional.
Por lo antes expuesto, es necesario fortalecer las acciones de coordinación con los integrantes del SINAPROC, mediante herramientas que garanticen la preparación y el auxilio ante las amenazas que representan los fenómenos perturbadores a la población.
6.3 Relevancia del objetivo 3: Promover la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural. Ante la dependencia de las entidades federativas de los fondos federales para atender las etapas de prevención, emergencia, recuperación y reconstrucción, se vuelve crucial difundir y adoptar mejores prácticas que permitan mejorar la eficiencia en la gestión de estos recursos.
Promover la constitución de fondos en las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres naturales es fundamental para la gobernanza del riesgo con enfoque de corresponsabilidad, ya que fortalece la capacidad financiera desde el ámbito local para una gestión sostenible y segura del desarrollo. Esta acción contribuye directamente al modelo del Segundo Piso de la Transformación planteado en el PND 2025-2030 al sentar las bases de una República más justa y segura; el acceso oportuno a estos recursos reduce las desigualdades regionales al blindar las finanzas del pueblo ante la adversidad, protegiendo la inversión social y la infraestructura productiva, y asegurando que la acción ante un desastre no deje a nadie atrás en las oportunidades de desarrollo y con ello mejorar la coordinación efectiva con estados y municipios.
Además, el desconocimiento de los procedimientos, definidos en los lineamientos emitidos para solicitar un Acuerdo por el que se Establece una Situación de Emergencia o una Declaratoria de Desastre, así como de los lineamientos para acceder a fondos para prevenir desastres, genera que las entidades federativas no consigan sus objetivos de tener recursos de apoyo para atender temas preventivos, de recuperación, de emergencia o de reconstrucción.
Esta situación evidencia la necesidad urgente de fortalecer las capacidades institucionales en los tres órdenes de gobierno, armonizar los marcos normativos, y promover una cultura de planeación preventiva con enfoque de gestión de riesgos. Con acciones coordinadas, con procesos claros, capacitación continua y mecanismos ágiles de financiamiento, será posible garantizar una respuesta eficaz, reducir vulnerabilidades y proteger a la población ante el impacto creciente de los fenómenos naturales, a través de la constitución de Fondos Estatales que operen con independencia a los recursos que la Federación pudiera facilitar para tal fin.
Por otra parte, el INEGI realizó el Censo Nacional de Gobiernos Estatales a las 32 entidades federativas y se identificó que únicamente 7 entidades federativas(39) cuentan con recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto en las finanzas estatales, lo anterior con fundamento en los artículos 9 y 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, todo lo anterior para el período del 1ro de enero a diciembre de 2024.(40)
En consecuencia, se vuelve relevante la promoción de la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural, como lo indica el artículo 19, fracción XII, de la LGPC, lo que ayudará a fortalecer la capacidad de resiliencia a nivel local, en beneficio de la población afectada.
Para lograrlo, es necesario realizar acciones de capacitación, asesoría y elaborar materiales de apoyo para que los fondos promovidos incorporen acciones específicas que atiendan las necesidades de los grupos vulnerables de la población en las etapas de prevención y atención de emergencias y desastres.
Asimismo, en la promoción de estos fondos se debe enfatizar el apoyo de los poderes ejecutivo y legislativo de las entidades federativas para su constitución, no obstante que puede existir concurrencia de los gobiernos municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, incluso de la iniciativa privada y sociedad civil.
6.4 Relevancia del objetivo 4: Promover el cumplimiento del marco normativo vigente en materia de gestión integral del riesgo de desastres y fortalecer la adopción de planes y programas de protección civil, con participación de los sectores público, privado y social. México combina una alta exposición a amenazas naturales y antrópicas con marcos normativos dispares entre Federación, estados y municipios. Esta fragmentación significa que solo uno de cada cuatro ayuntamientos cuenta con un atlas local de riesgo vigente y reglas homogéneas para prevenir y atender desastres, lo que incrementa las pérdidas humanas y económicas cuando ocurre un evento extremo.
La articulación entre sectores público, privado y social es crucial para revertir esa brecha, demostrando que la colaboración contractual y voluntaria acelera la prevención y la reconstrucción, alinea incentivos financieros y amplía la cobertura de recursos.
Para que dicha vinculación funcione en la práctica, el país necesita armonizar los ordenamientos jurídicos y asegurar que cada plan y programa contenga cláusulas explícitas de continuidad de operaciones. La Guía de Planes de Continuidad recomienda definir funciones esenciales, líneas sucesorias y protocolos de recuperación de sistemas de información, aplicables tanto a dependencias públicas como a empresas estratégicas. Este enfoque coincide con el criterio internacional de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias de los Estados Unidos de América (FEMA, por sus siglas en inglés), que concibe la continuidad como la capacidad de mantener servicios críticos antes, durante y después de una interrupción. La UNDRR ha subrayado que la continuidad gubernamental y la cadena productiva es un pilar del Marco de Sendai y de la seguridad nacional.
Del 2019 al 2025 se han realizado 319 asesorías en materia de continuidad de operaciones, con la participación de 21,317 personas servidoras públicas, de las cuales el 70 % son hombres y el 30 % mujeres, responsables de funciones sustantivas dentro de sus instituciones.(41) En el mismo periodo se han evaluado y actualizado más de 2,501 planes de continuidad, que garantizan el cumplimiento del marco normativo vigente y permiten que las dependencias mantengan operando los servicios públicos esenciales -como salud, educación, seguridad, energía y comunicaciones- durante emergencias o desastres. Estas acciones fortalecen la capacidad institucional del Estado para proteger a la población, reducen la interrupción de servicios críticos y benefician de manera prioritaria a las comunidades y grupos en situación de mayor vulnerabilidad, al asegurar la atención oportuna, equitativa y continua en momentos de crisis.
La armonización del marco jurídico y la promoción de convenios marco con empresas y organizaciones sociales permitirán que los sistemas de alerta, los fondos contingentes y los programas de reconstrucción operen bajo procedimientos compatibles. Con ello, se acortan los tiempos de respuesta, se reduce la presión fiscal y se protegen el empleo y el patrimonio de las familias. Además, impulsa la innovación, infraestructura crítica y capacitación comunitaria, fortaleciendo la resiliencia territorial y la continuidad de las operaciones esenciales para el bienestar de todas y todos los mexicanos.
6.5 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Protección Civil 2026-2030 Para cada uno de los cuatro objetivos del PNPC 2026-2030, se establece la vinculación de éstos con los objetivos y estrategias del PND 2025-2030, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
Objetivos del Programa Nacional de Protección Civil 2026-2030 | Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
2025 - 2030
| Estrategias del Plan Nacional de
Desarrollo 2025 - 2030
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| 1. Fortalecer el conocimiento de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, a efecto de reducir el riesgo de desastres y promover comunidades resilientes. | Objetivos 1.6, 1.7, 2.2 y 2.10
| Estrategias 1.6.2
Estrategias 1.7.4, 1.7.6 y 1.7.8
Estrategias 2.2.3
Estrategias 2.10.3
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| 2. Garantizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, para salvaguardar a la población ante el impacto de un fenómeno perturbador, en coordinación con autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno. | Objetivos 1.5 y 1.6
| Estrategias 1.5.6
Estrategias 1.6.2 y 1.6.6
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| 3. Promover la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural. | Objetivos 1.4, 1.5, 1.6 y 1.7
| Estrategias 1.4.2
Estrategias 1.5.6
Estrategias 1.6.2 y 1.6.6
Estrategias 1.7.4, 1.7.6 y 1.7.8
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| 4. Promover el cumplimiento del marco normativo vigente en materia de gestión integral del riesgo de desastres y fortalecer la adopción de planes y programas de protección civil, con participación de los sectores público, privado y social. | Objetivos 1.5, 1.7 y 2.2
| Estrategias 1.5.6
Estrategias 1.7.4, 1.7.6 y 1.7.8
Estrategias 2.2.3
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7. Estrategias y líneas de acción Objetivo 1. Fortalecer el conocimiento de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, a efecto de reducir el riesgo de desastres y promover comunidades resilientes. Estrategia 1.1 Impulsar el conocimiento de los peligros, las vulnerabilidades y los riesgos de los desastres a través de la investigación técnico-científica y la innovación tecnológica. | | Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
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| 1.1.1 Realizar estudios, investigaciones, análisis, escenarios y mapas de peligros y riesgos que permitan prever, reducir y mitigar el riesgo de desastres asociados a los fenómenos geológicos, hidrometeorológicos y antrópicos, considerados en la Ley General de Protección Civil (LGPC), que permitan prever, reducir y mitigar el riesgo de desastres. | SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres)
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| 1.1.2 Brindar asesoría técnica y científica a las instituciones integrantes del SINAPROC sobre el origen, comportamiento y consecuencias de los fenómenos geológicos, hidrometeorológicos y antrópicos considerados en la LGPC, causantes de desastres. | SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres)
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| 1.1.3 Fortalecer y actualizar el ANR mediante la integración continua de datos e información geoespacial con enfoque multiamenaza a fin de que sea utilizado como herramienta de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la GIRD. | SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres)
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| 1.1.4 Brindar el acompañamiento para la generación o actualización de atlas de riesgos estatales, municipales y de Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, de acuerdo con lo establecido en las metodologías, para su integración al ANR. | SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres)
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| 1.1.5 Elaborar estudios sobre el impacto social y económico de los desastres con el fin de generar información que oriente la toma de decisiones para la GIRD. | SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres)
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| 1.1.6 Implementar diagnósticos de política pública con el fin de orientar la toma de decisiones de las autoridades correspondientes para el fortalecimiento de la GIRD en el SINAPROC. | SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres)
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Estrategia 1.2 Integrar tecnologías emergentes y mejorar el acceso oportuno a sistemas de alerta temprana multiamenaza, a fin de fortalecer el Sistema Nacional de Alertas.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
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| 1.2.1 Dar seguimiento a la información de los sistemas de monitoreo y alerta que operan en el país, para poner a disposición del público en plataforma digital. | SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres)
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| 1.2.2 Impulsar el uso del protocolo de alerta común para difundir bajo una sola plataforma en el país, mediante la coordinación con las instituciones que realizan algún tipo de monitoreo o alertamiento. | SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres)
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| 1.2.3 Promover proyectos para el fortalecimiento y actualización de sistemas de monitoreo y alerta por fenómenos naturales. | SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres)
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| 1.2.4 Asesorar técnicamente al SINAPROC para fortalecer las capacidades locales en la implementación y mejora de sistemas de monitoreo y alerta. | SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres)
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Estrategia 1.3 Profesionalizar al personal de protección civil de los tres órdenes de gobierno, con enfoque inclusivo, intercultural y con perspectiva de género, a efecto de robustecer las acciones preventivas frente a los desafíos actuales. | Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
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| 1.3.1 Consolidar la profesionalización del personal de protección civil de los tres niveles de gobierno, así como las capacidades de los integrantes del SINAPROC, mediante la actualización y especialización de sus conocimientos en materia de la protección civil con un enfoque en la GIRD. | SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres)
|
| 1.3.2 Impulsar la profesionalización del personal responsable en materia de protección civil y GIRD por medio de la acreditación y certificación en estándares de competencia. | SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres)
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| 1.3.3 Diseñar e impartir programas de profesionalización y capacitación a distancia para la formación del personal de las diferentes instituciones integrantes del SINAPROC. | SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres)
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| 1.3.4 Impulsar el funcionamiento estratégico de la Red Nacional de Escuelas e Instituciones para la Capacitación, Certificación y Profesionalización en Protección Civil y GIRD como un mecanismo de cooperación académica e institucional. | SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres)
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Estrategia 1.4 Promover una cultura de prevención y reducción de riesgos, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad e inclusión, a fin de fortalecer una gestión del riesgo centrada en las personas, con la capacidad de anticipar, reducir y transformar las condiciones de vulnerabilidad. | Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
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| 1.4.1 Fomentar en la sociedad una cultura de prevención de desastres a través de la difusión del conocimiento científico sobre fenómenos perturbadores, avances tecnológicos y medidas de preparación orientadas a la reducción de riesgos. | SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres)
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| 1.4.2 Desarrollar campañas de sensibilización enfocadas en la prevención de riesgos y la autoprotección, dirigidas especialmente a las poblaciones más expuestas y vulnerables frente a agentes perturbadores. | SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres)
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| 1.4.3. Fortalecer la Estrategia Nacional de Comunidades Resilientes mediante acciones de acompañamiento técnico, formación y apoyo en la aplicación y mejora de metodologías en la materia. | SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres)
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Estrategia 1.5 Impulsar redes de colaboración e intercambio de experiencias y buenas prácticas en Gestión Integral del Riesgo de Desastres tanto a nivel nacional como internacional, promoviendo el uso y difusión de información científica y tecnológica, y la articulación entre los distintos niveles de gobierno y sectores social, académico y privado.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
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| 1.5.1 Fomentar la colaboración nacional e internacional en materia de GIRD, con los distintos organismos, foros, órdenes de gobierno, sector social, académico y privado para fortalecer el intercambio de experiencias y la sistematización de buenas prácticas que contribuyan a la implementación del PNPC 2026-2030. | SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres)
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| 1.5.2 Promover la participación de México en foros internacionales en materia de GIRD, con el propósito de fortalecer el liderazgo regional del país y consolidar al CENAPRED como un referente técnico en la generación, intercambio y aplicación de conocimiento para la reducción del riesgo de desastres. | SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres)
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| 1.5.3 Impulsar la participación de expertos en espacios internacionales orientados al intercambio de conocimientos y mejores prácticas en gestión del riesgo, propiciando la difusión y aprovechamiento de los resultados en beneficio de los integrantes del SINAPROC. | SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres)
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Objetivo 2. Garantizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, para salvaguardar a la población ante el impacto de un fenómeno perturbador, en coordinación con autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno. Estrategia 2.1 Fomentar en la Administración Pública Federal y autoridades estatales y municipales de protección civil, la elaboración de instrumentos de planeación y operación, así como mecanismos de coordinación que permitan prevenir y atender posibles impactos de los fenómenos perturbadores en la población. | Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
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| 2.1.1 Promover entre las entidades federativas, dependencias e instituciones de la APF, la elaboración de mecanismos e instrumentos de coordinación técnico operativo, en el marco del SINAPROC. | SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil),
Administración Pública Federal, Autoridades de las Entidades
Federativas(42)
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| 2.1.2 Difundir alertamientos con recomendaciones de protección civil, dirigidos a las autoridades de protección civil y población susceptible de ser afectada por un fenómeno perturbador, a través del protocolo de alerta común. | SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil),
Administración Pública Federal, Autoridades de las Entidades
Federativas*
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| 2.1.3 Coordinar, con autoridades de los tres órdenes de gobierno, acciones de preparación y auxilio ante el impacto de un fenómeno perturbador desde un puesto de mando en sitio. | SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil),
Administración Pública Federal, Autoridades de las Entidades
Federativas*
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Objetivo 3. Promover la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural.
Estrategia 3.1 Fortalecer la promoción de la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural. | Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
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| 3.1.1 Capacitar a las entidades federativas en materia de constitución de fondos estatales para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural. | SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil)
Autoridades de las Entidades Federativas*
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| 3.1.2 Elaborar material para fomentar la constitución de fondos estatales para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural. | SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil)
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| 3.1.3 Dar seguimiento al instrumento financiero preventivo de gestión de riesgos federales en el país, en apego a la normatividad vigente. | SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil)
|
Objetivo 4. Promover el cumplimiento del marco normativo vigente en materia de gestión integral del riesgo de desastres y fortalecer la adopción de planes y programas de protección civil, con participación de los sectores público, privado y social. Estrategia 4.1 Fortalecer el conocimiento, armonización y cumplimiento del marco normativo vigente en materia de gestión integral del riesgo de desastres con los sectores público, privado y social. | Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
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| 4.1.1 Impulsar la incorporación de la GIRD en el marco normativo de los tres órdenes de gobierno, así como en los sectores social y privado, con enfoque de perspectiva de género y no discriminación. | SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil)
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| 4.1.2 Asesorar a los sectores privado y social sobre la importancia del marco normativo en materia de GIRD para fortalecer la resiliencia de la sociedad en caso de desastres. | SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil)
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| 4.1.3 Promover la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas en materia de protección civil y GIRD. | SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil)
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| 4.1.4 Evaluar la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de protección civil y GIRD, para emitir recomendaciones de mejora. | SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil)
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Estrategia 4.2 Formalizar instrumentos jurídicos de coordinación y concertación interinstitucional e intersectorial, a fin de incorporar buenas prácticas de inclusión y fortalecer la gestión integral del riesgo.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
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| 4.2.1 Desarrollar acuerdos con representantes de los sectores privado y social con la finalidad de establecer alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la GIRD. | SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil)
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| 4.2.2 Realizar acciones de coordinación y colaboración con la APF, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, para promover la GIRD en el ámbito de su competencia. | SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil)
Administración Pública Federal
Entidades Federativas*
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Estrategia 4.3 Impulsar y gestionar acciones en materia de continuidad de operaciones y manejo de incidentes en los tres órdenes de gobierno, con enfoque de derechos humanos, género, interculturalidad y no discriminación.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
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| 4.3.1 Impulsar la elaboración de planes de continuidad de operaciones y manejo de incidentes, con la APF, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, enfocados a la prevención para la atención de emergencias o desastres. | SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil)
Administración Pública Federal
Entidades Federativas*
|
| 4.3.2 Desarrollar herramientas que ayuden a establecer esquemas de colaboración con la APF, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, para el desarrollo de acciones enfocadas a la prevención de riesgos. | SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil)
Administración Pública Federal
Entidades Federativas
|
| 4.3.3 Diseñar mecanismos de seguimiento en colaboración con la APF, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, que permitan identificar las estrategias de continuidad de operaciones ante una emergencia o desastre. | SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil)
Administración Pública Federal
Entidades Federativas*
|
Objetivo 1. Fortalecer el conocimiento de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres a efecto de reducir el riesgo de
desastres y promover comunidades resilientes.
Indicador 1.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
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| Nombre
| Porcentaje de personas capacitadas en GIRD y Protección Civil a nivel federal respecto a la meta programada.
|
| Objetivo
| Fortalecer el conocimiento de la GIRD a efecto de reducir el riesgo de desastres y promover comunidades resilientes.
|
| Definición o
descripción
| Indicador que cuantifica el número de participantes capacitados en relación con la meta anual establecida. Refleja
la cobertura y eficacia de las estrategias de capacitación para reducir riesgos de desastres.
|
| Derecho asociado
| El derecho a la educación, protección a la salud de las personas y un medio ambiente sano, a la protección civil, a servicios públicos
ininterrumpidos y a la seguridad pública.
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional.
| Periodicidad o
frecuencia de medición
| Anual.
|
| Acumulado o
periódico
| Acumulado.
| Disponibilidad de la
información
| Los 10 primeros días después de cada ejercicio fiscal.
|
| Unidad de medida
| Porcentaje.
| Periodo de recolección
de los datos
| Enero-Diciembre.
|
| Tendencia esperada
| Ascendente.
| Unidad responsable de
reportar el avance
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Centro
Nacional de Prevención de Desastres.
|
| Método de cálculo
| (Número de personas capacitadas en GIRD y PC en el año/ Total de personas programadas) *100
|
| Observaciones
| El total de personas programadas equivale al valor de la meta programada para 2030 (17,000)
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Número de personas
capacitadas en
GIRD y PC en el año
| Valor variable 1
| 14,433
| Fuente de
información
variable 1
| bases de datos de la Escuela
Nacional de Protección Civil
(ENAPROC)
|
| Nombre variable 2
| Total de personas
programadas
| Valor variable 2
| 17000
| Fuente de
información
variable 2
| bases de datos de la Escuela
Nacional de Protección Civil
(ENAPROC)
|
| Sustitución en método
de cálculo
| (14,433 / 17,000) * 100
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 87.1 %
| Considerando la naturaleza continua de la actividad, la línea base para 2025 se ajustó
en alineación con la meta proyectada al 2030.
|
| Año
| 2025
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 100 %
| En el 2025 se alcanzó el 87.1 % de la meta comprometida de las 17,000 personas
capacitadas para 2030.
|
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| 84.9 %
| 85.10 %
| 85.60 %
| 85.90 %
| 86.20 %
| 86.60 %
| 86.90 %
| 87.1 %
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 88.8 %
| 91.2 %
| 93.5 %
| 96.5 %
| 100 %
|
Objetivo 2. Garantizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, para salvaguardar a la población
ante el impacto de un fenómeno perturbador, en coordinación con autoridades de protección civil de los tres
órdenes de gobierno.
Indicador 2.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Porcentaje de Misiones de Enlace y Coordinación desplegadas en territorio nacional.
|
| Objetivo
| Garantizar el funcionamiento del SINAPROC, para salvaguardar a la población ante el impacto de un fenómeno perturbador, en
coordinación con autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno.
|
| Definición o
descripción
| Este indicador mide el porcentaje de Misiones de Enlace y Coordinación (ECO) para coordinar acciones de preparación y respuesta
con autoridades de los tres órdenes de gobierno.
|
| Derecho asociado
| Derecho a la vida, a la seguridad personal y a la protección de la salud.
|
| Nivel de
desagregación
| Autoridades de protección civil de los
tres órdenes de gobierno.
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Anual.
|
| Acumulado o
periódico
| Acumulado.
| Disponibilidad de la
información
| Los 10 primeros días después de cada ejercicio fiscal.
|
| Unidad de medida
| Porcentaje de Informes de Misiones
Enlace y Coordinación.
| Periodo de recolección de los
datos
| Anual.
|
| Tendencia esperada
| Ascendente.
| Unidad responsable de
reportar el avance
| Coordinación Nacional de Protección Civil.
Dirección General de Protección Civil.
|
| Método de cálculo
| (Número de emergencias atendidas/ Total de Misiones de Enlace y Coordinación) x 100
|
| Observaciones
| El cumplimiento de este indicador puede variar debido a la presencia de fenómenos perturbadores en territorio nacional y, toda vez
que son impredecibles, la meta programada puede variar. La meta se obtiene a través de un histórico de Misiones de Enlace y
Coordinación desplegadas en territorio nacional.
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Número de
emergencias atendidas
| Valor variable 1
| 22
| Fuente de
información
variable 1
| Registros de la Dirección de
Administración de Emergencias
|
| Nombre variable 2
| Total de Misiones de
Enlace y Coordinación
| Valor variable 2
| 132
| Fuente de
información
variable 2
| Registros de la Dirección de
Administración de Emergencias
|
| Sustitución en
método de cálculo
| (22/132) *100
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 16.6 %
| La línea base fue determinada conforme al valor definitivo para el 2025.
|
| Año
| 2025
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 100 %
| Debido a que los fenómenos perturbadores son impredecibles, la meta de cumplimiento de
Misiones de Enlace y Coordinación puede variar. Asimismo, la meta sexenal es
correspondiente a 132 Misiones de Enlace y Coordinación.
|
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| 0
| 0
| 0
| 16.8 %
| 49.4 %
| 75.2 %
| 100 %
| 16.6 %
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 33.3 %
| 49.2 %
| 66.6 %
| 83.3 %
| 100 %
|
Objetivo 3. Promover la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de
emergencias y desastres de origen natural.
Indicador 3.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Porcentaje de fondos estatales promovidos para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural en las
entidades federativas.
|
| Objetivo
| Promover la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres de
origen natural.
|
| Definición o descripción
| Mide el porcentaje de Fondos Estatales promovidos con relación a las 32 entidades federativas, tomando en consideración que no
todos conocen que deben contar con un fondo propio para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural.
|
| Derecho asociado
| Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la alimentación nutritiva y derecho a la vivienda.
|
| Nivel de desagregación
| Entidades Federativas.
| Periodicidad o frecuencia
de medición
| Anual.
|
| Acumulado o periódico
| Acumulado.
| Disponibilidad de la
información
| Los 10 primeros días después de cada ejercicio fiscal.
|
| Unidad de medida
| Porcentaje de Fondos Estatales.
| Periodo de recolección de
los datos
| Enero a diciembre.
|
| Tendencia esperada
| Ascendente.
| Unidad responsable de
reportar el avance
| Dirección General para la Gestión de Riesgos de la
Coordinación Nacional de Protección Civil de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
|
| Método de cálculo
| (Número de fondos estatales promovidos para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural / Número
total de entidades federativas del país) * 100
|
| Observaciones
| |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Número de fondos estatales
promovidos para la prevención
y atención de emergencias y
desastres de origen natural
| Valor variable
1
| 0
| Fuente de
información
variable 1
| Coordinación Nacional de
Protección Civil.
Dirección General para la Gestión
de Riesgos
|
| Nombre variable 2
| Número de entidades
federativas en el país
| Valor variable
2
| 32
| Fuente de
información
variable 2
| Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
|
| Sustitución en método
de cálculo
| (0/32) * 100
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 0
| La línea base es cero, toda vez que la actividad es de nueva creación y por tal motivo no se dispone de
datos históricos ni de un antecedente verificable sobre los fondos estatales promovidos con anterioridad.
|
| Año
| 2025
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 100 %
| |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| ND
| ND
| ND
| ND
| ND
| ND
| ND
| NA
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 18.8 %
| 37.5 %
| 56.2 %
| 78.1 %
| 100 %
|
Objetivo 4. Promover el cumplimiento del marco normativo vigente en materia de gestión integral del riesgo de
desastres y fortalecer la adopción de planes y programas de protección civil, con participación de los sectores
público, privado y social.
Indicador 4.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Porcentaje de Planes de Continuidad de Operaciones evaluados que cumplen con los requisitos del artículo 76, apartado A, fracción
III, del Reglamento de la Ley General de Protección Civil.
|
| Objetivo
| Promover el cumplimiento del marco normativo vigente en materia de gestión integral del riesgo de desastres y fortalecer la adopción
de planes y programas de protección civil, con participación de los sectores público, privado y social.
|
| Definición o
descripción
| Este indicador mide el porcentaje de Planes de Continuidad de Operaciones (PCO) evaluados que cumplen con los requisitos
establecidos en el artículo 76, apartado A, fracción III, del Reglamento de la Ley General de Protección Civil.
|
| Derecho asociado
| El derecho a la protección civil, el derecho a servicios públicos ininterrumpidos y el derecho a la seguridad institucional.
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional.
| Periodicidad o
frecuencia de
medición
| Anual.
|
| Acumulado o
periódico
| Acumulado.
| Disponibilidad de la
información
| Los 10 primeros días después de cada ejercicio fiscal.
|
| Unidad de medida
| Porcentaje de Planes de Continuidad de
Operaciones Evaluados.
| Periodo de
recolección de los
datos
| Enero a diciembre.
|
| Tendencia esperada
| Ascendente.
| Unidad responsable
de reportar el avance
| Coordinación Nacional de Protección Civil.
Dirección General de Vinculación, Innovación y
Normativa en Protección Civil.
|
| Método de cálculo
| Número de planes de continuidad de operaciones evaluados que cumplen con los requisitos / total de número de planes de
continuidad de operaciones evaluados) * 100
|
| Observaciones
| Este indicador refleja el compromiso del Estado mexicano por garantizar la continuidad de las funciones críticas del gobierno federal
frente a emergencias, contribuyendo a una gobernanza resiliente y eficaz. Alineado con los principios del Marco de Sendai y la mejora
de la gobernanza institucional.
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Número de planes de
continuidad de
operaciones evaluados
que cumplen con los
requisitos
| Valor variable 1
| 142
| Fuente de
información
variable 1
| Registros administrativos de la
CNPC y reportes de cumplimiento
normativo
|
| Nombre variable 2
| Total de Planes de
Continuidad de
Operaciones evaluados
| Valor variable 2
| 852
| Fuente de
información
variable 2
| Registros administrativos de la
CNPC y reportes de cumplimiento
normativo.
|
| Sustitución en
método de cálculo
| 142/852*100
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 16.6 %
| Corresponde al total de los 142 planes evaluados en 2025.
|
| Año
| 2025
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 100 %
| La meta 2030 consiste en incrementar a 852 el número de planes validados, con
metas intermedias anuales.
|
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| ND
| 16.7 %
| 33.3 %
| 50 %
| 66.7 %
| 83.3 %
| 100 %
| 16.6 %
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 33.3 %
| 50 %
| 66.6 %
| 83.3 %
| 100 %
|
9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa Para fines de este programa, se enlistan las dependencias y entidades de la APF que conforman al SINAPROC:
Secretaría de Bienestar.
Secretaría de Cultura.
Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
Secretaría de las Mujeres.
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Secretaría de Salud.
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Secretaría de Economía.
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Secretaría de la Defensa Nacional.
Secretaría de Gobernación.
Secretaría de Marina.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Secretaría de Energía.
Secretaría de Educación Pública.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Secretaría de Relaciones Exteriores.
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Secretaría de Turismo.
____________________________
1 El SINAPROC se encuentra integrado por todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, por los sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, los cuerpos de bomberos, así como por los representantes de los sectores privado y, social, los medios de comunicación y los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico.
2 Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). (2015). Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030. https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
3 Secretaría de Gobernación. Decreto por el que se aprueban las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil y el Programa de Protección Civil que las mismas establecen (1986, 6 de mayo). http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Compilacion/977.pdf
4 Secretaría de Gobernación. Acuerdo por el que se da a conocer la declaración de la Coordinación General de Protección Civil como Instancia de Seguridad Nacional. (2009, 23 de enero). https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5078305&fecha=23/01/2009#gsc.tab=0
5 Secretaría de Gobernación. Acuerdo por el que se emite el Plan Nacional de Respuesta MX de la APF. (2015, 13 de noviembre). https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5415383&fecha=13/11/2015
6 Secretaría de Gobernación. Acuerdo por el que se establece la Escuela Nacional de Protección Civil. (2011, 19 de septiembre). http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5209605&fecha=19/09/2011
7 Secretaría de Gobernación. Acuerdo por el que se emite la guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos. (2016, 21 de diciembre). https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5466288&fecha=21/12/2016
8 Anexo 12, Programa de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; anexo 13, Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; anexo 16, Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático; anexo 18, Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes.
9 Pobreza, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI). (2025). Medición de la pobreza multidimensional en México, 2025. https://inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados
10 Pobreza Multidimensional, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI). (2024). Cuadro 1 Indicadores de Pobreza según ámbito. https://inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados
11 Pobreza Multidimensional, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI). (2024). Cuadro 3 Indicadores de Pobreza según condición de habla indígena. https://inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados
12 Pobreza Multidimensional, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI). (2024). Cuadro 8 Indicadores de Pobreza según condición de afrodescendencia. https://inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados
13 Pobreza Multidimensional, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. (2024). Cuadro 1 Indicadores de Pobreza según sexo. https://inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados
14 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2006). Informe sobre Desarrollo Humano 2006: Más allá de la escasez: poder, pobreza y la crisis mundial del agua. PNUD. https://hdr.undp.org/reports-and-publications?keys=&field_type_target_id%5B5%5D=5&field_date_value%5B2006%5D=2006, p. 120
15 Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). (2018). Disasters reveal gender gap. https://www.undrr.org/news/disasters-reveal-gender-gap
16 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2018). Informe sobre la situación humanitaria de la infancia y la adolescencia a un año de los terremotos en México. https://www.unicef.org/mexico/media/321/file/Informe%20a%20un%20a%C3%B1o%20de%20los%20sismos.pdf, p. 12
17 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2023). América Latina y el Caribe en la mitad del camino hacia 2030: Avances y propuestas de aceleración. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/48823, p. 50
18 Pobreza Multidimensional, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. (2024). Cuadro 1 Indicadores de Pobreza según ámbito https://inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados
19 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). "Base de datos sobre el impacto socioeconómico de los daños y pérdidas ocasionados por los desastres en México de 2000 a 2024." Atlas Nacional de Riesgos, 2025. Consultado el 4 de febrero de 2026. http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/descargas/Basehistorica_2000_a_2024.xlsx
20 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Informe voluntario nacional de México sobre la implementación del Marco de Sendai, Ciudad de México, 2022, p. 37. https://sendaiframework-mtr.undrr.org/publication/mexico-voluntary-national-report-mtr-sf
21 Ibíd.
22 Ibíd.
23 I. Coordinar acciones entre dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, relativas a la implementación de medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres, con una visión de gestión integral;
II. Definir y coordinar la instrumentación de las estrategias nacionales en materia de prevención y reducción del riesgo de desastres, así como promover su incorporación en los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales de la Administración Pública Federal;
III. Vigilar el cumplimiento de las acciones acordadas y dar seguimiento a la efectividad de las políticas públicas en materia de prevención o reducción del riesgo y de desastres;
IV. Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación sobre prevención y reducción del riesgo de desastres, así como difundir sus resultados;
V. Promover la sistematización de información nacional relevante en materia de prevención y reducción del riesgo de desastres;
VI. Establecer mecanismos para poner a disposición de la población la información oportuna que permita tomar las medidas necesarias frente a la ocurrencia de algún fenómeno natural o antrópico;
VII. Proponer el establecimiento de acciones en materia de prevención de desastres que vinculen al Sistema Nacional de Protección Civil con los sistemas de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de protección civil.
24 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres. (CENAPRED). (2026). Cobertura de Atlas Municipales [Conjunto de datos]. Atlas Nacional de Riesgos. http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/cob-atlas-municipales.html
25 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres. (2020). Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México en 2019, Resumen Ejecutivo. https://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/429-RESUMENEJECUTIVOIMPACTO2019.PDF
26 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres. (CENAPRED). (2021). Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México en el Año 2020, Resumen Ejecutivo. México. 20 Pp. https://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/455-RESUMENEJECUTIVOIMPACTO2020.PDF
27 Ídem.
28 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres. (CENAPRED). (2022). Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México en el año 2021, Resumen Ejecutivo. México. 14 Pp.https://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/487-RESUMENEJECUTIVOIMPACTO2021.PDF
29 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres. (CENAPRED). (2023). Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México en el año 2022, Resumen Ejecutivo. México. 15 Pp.https://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/494-RESUMENEJECUTIVOIMPACTO2022.pdf
30 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres. (CENAPRED). (2024). Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México en el año 2023, Resumen Ejecutivo. México. 15 Pp. https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/504-RESUMENEJECUTIVOIMPACTO2023.PDF
31 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres. (CENAPRED). (2025). Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México en el Año 2024, Resumen Ejecutivo. México. 15 Pp. (URL directa del PDF aún no indexada. Consultar: https://www.cenapred.gob.mx/PublicacionesWebGobMX/buscar_buscaSubcategoria)
32 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres. (CENAPRED). (2025). Impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en México: Resumen ejecutivo 2024, p. 8 (URL directa del PDF aún no indexada. Consultar: https://www.cenapred.gob.mx/PublicacionesWebGobMX/buscar_buscaSubcategoria)
33 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres. (CENAPRED). (2025). Impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en México: Resumen ejecutivo 2024, p. 7 (URL directa del PDF aún no indexada. Consultar: https://www.cenapred.gob.mx/PublicacionesWebGobMX/buscar_buscaSubcategoria)
34 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). "Base de datos sobre el impacto socioeconómico de los daños y pérdidas ocasionados por los desastres en México de 2000 a 2024." Atlas Nacional de Riesgos, 2025. Consultado el 4 de febrero de 2026. http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/descargas/Basehistorica_2000_a_2024.xlsx
35 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). "Base de datos sobre el impacto socioeconómico de los daños y pérdidas ocasionados por los desastres en México de 2000 a 2024." Atlas Nacional de Riesgos, 2025. Consultado el 4 de febrero de 2026. http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/descargas/Basehistorica_2000_a_2024.xlsx
36 CNPC, Dirección General de Vinculación, Innovación y Normativa en Protección Civil. (2025). Datos históricos sobre planes de continuidad de operaciones, 2019-2025. Elaboración propia.
37 Pobreza Multidimensional, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI). (2024). Cuadro 1 Indicadores de Pobreza https://inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados
38 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres. (CENAPRED). (2025). Impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en México: Resumen ejecutivo 2024, p. 6 y p. 8. https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/521-RESUMENEJECUTIVOIMPACTO2024.PDF
39 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI). Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2025. Tabulados básicos. Protección Civil: Fondos y Seguros. Liga: https://www.inegi.org.mx/programas/cnge/2025/#tabulados
40 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI). Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2025. Tabulados básicos. Protección Civil: Fondos y Seguros. Liga: https://www.inegi.org.mx/programas/cnge/2025/#tabulados
41 CNPC, Dirección General de Vinculación, Innovación y Normativa en Protección Civil. (2025). Datos históricos sobre planes de continuidad de operaciones, 2019-2025. Elaboración propia.
42 La participación de las autoridades de las Entidades Federativas y Municipales, en el ámbito de su competencia en la ejecución de las líneas de acción donde se mencione, se llevará a cabo en los términos que se establezca en el convenio que al efecto se celebre, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Planeación.