PROGRAMA Institucional de la Procuraduría Federal del Consumidor 2026-2030.

Al margen un logotipo, que dice: Procuraduría Federal del Consumidor.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 2026-2030

1. Índice

2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa

3. Siglas y acrónimos

4. Fundamento normativo

5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo

6. Objetivos

6.1 Relevancia del objetivo 1: Garantizar el acceso a información adecuada y clara sobre bienes, productos, servicios y derechos de las personas consumidoras.

6.2 Relevancia del objetivo 2: Impulsar relaciones de consumo justas por parte de los proveedores de bienes, servicios y productos.

6.3 Relevancia del objetivo 3: Fortalecer los mecanismos para la defensa de los derechos de las personas consumidoras.

6.4 Relevancia del objetivo 4: Fomentar una cultura de consumo responsable y sostenible basada en la educación y divulgación de información.

6.5 Relevancia del objetivo 5: Fortalecer el desempeño institucional de la Profeco para la atención de las personas consumidoras, con énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad y las nuevas generaciones.

6.6 Vinculación de los objetivos del Programa Institucional de la Procuraduría Federal del Consumidor 2026-2030.

7. Estrategias y líneas de acción

8. Indicadores y metas

Referencias

2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa

La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio respectivo.

Por lo que atañe a la Procuraduría Federal del Consumidor, cuenta con Programas presupuestarios sustantivos alineados al cumplimiento de los objetivos institucionales, así como con Programas presupuestarios de apoyo, enfocados en facilitar la operatividad interna de la institución.

3. Siglas y acrónimos

APF: Administración Pública Federal.

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ENCOAP: Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública.

ENDUTIH: Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares.

FMI: Fondo Monetario Internacional.

Gas L.P.: Gas Licuado de Petróleo.

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

ISeD: Índice de Seguimiento al Desempeño.

LFPC: Ley Federal de Protección al Consumidor.

LNPC: Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

ODECO: Oficinas de Defensa del Consumidor.

PACIC: Paquete Contra la Inflación y la Carestía.

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

Profeco: Procuraduría Federal del Consumidor.

Programa: Programa Institucional de la Procuraduría Federal del Consumidor 2026-2030.

PSE: Programa Sectorial de Economía 2025-2030.

RPCE: Registro Público de Casas de Empeño.

RPFC: Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor.

4. Fundamento normativo

El Proyecto de Nación se materializa en el PND, documento rector mediante el cual el Gobierno de México define los objetivos, estrategias y prioridades nacionales para dar continuidad a la transformación del país, orientándola hacia un desarrollo con bienestar, justicia social, sustentabilidad y una visión global e incluyente.

En apego al artículo 25 de la CPEUM, el 15 de abril de 2025 se publicó en el DOF el PND, que establece que el desarrollo económico y social debe sustentarse en el fortalecimiento de la capacidad de consumo, el crecimiento con justicia, la competitividad, la generación de empleo digno, la equidad social y el bienestar de las familias mexicanas.

En el marco del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, conforme a lo previsto en el artículo 26, apartado A, segundo párrafo de la CPEUM; 9o., 17, fracción II, 22, 24, 27, 28 y 29, párrafo tercero, de la Ley de Planeación; 1o., 2o., 11, 47, 48, 49 y 59, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 22 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las dependencias y entidades de la APF deben elaborar programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales, alineados con las prioridades del PND y evaluados mediante indicadores y metas que midan su impacto.

Particularmente, el artículo 24 de la Ley de Planeación establece que los programas institucionales deben sujetarse al PND y al Programa Sectorial correspondiente. En este sentido, la Secretaría de Economía, como dependencia coordinadora de sector, publicó en el DOF el PSE el 22 de diciembre de 2025.

En congruencia con este marco jurídico y en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 de la Ley de Planeación, la Profeco elabora y presenta su Programa, que establece los objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción de mediano plazo, con el propósito de consolidarse como una institución garante de la protección efectiva de los derechos de las personas consumidoras.

Este mandato se refuerza con lo dispuesto en el artículo 28 de la CPEUM, que reconoce la rectoría del Estado en la protección de las personas consumidoras, así como en los preceptos de la LFPC. En particular, el artículo 20 de la LFPC define a la Profeco como un organismo descentralizado de servicio social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, facultado para promover y proteger los derechos e intereses de las personas consumidoras y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones de consumo.

Aunado a lo anterior, obedece al artículo 19 de la LFPC y artículo 9 del RPFC, respecto a la Política de Protección al Consumidor que constituye uno de los instrumentos sociales y económicos del Estado para proteger y promover los intereses de la población consumidora.

Con el propósito de fomentar la transparencia y la confianza ciudadana, se señala que la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Profeco es la unidad administrativa responsable de coordinar la publicación, seguimiento y reporte de avances y resultados del presente Programa, conforme a lo señalado en el artículo 21, fracciones I, III y VI del RPFC.

Asimismo, la LFPC y el RPFC establecen la obligación de planear y organizar sus funciones a través de sus oficinas centrales y las ODECO, garantizando cobertura nacional y cercanía con la población.

En consecuencia, el Programa se sustenta en la CPEUM, la Ley de Planeación, la LFPC y su Reglamento, el PND y el PSE, asegurando coherencia normativa, alineación con los objetivos de la Cuarta Transformación y la consolidación de un Estado que coloca a las personas en el centro de las relaciones de consumo al garantizar su derecho a consumir de manera justa, informada, segura y sustentable.

5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo

5.1 Diagnóstico de la situación actual

Las relaciones de consumo son relaciones de poder, por lo que no deben entenderse como simples relaciones contractuales entre iguales, sino como vínculos sociales y económicos caracterizados por una asimetría estructural. Las personas proveedoras ejercen poder al estructurar los términos en los contratos, la información disponible y las posibilidades de elección de las personas consumidoras.

Así, el mercado no es un espacio neutral, sino un escenario de relaciones sociales en el que las personas consumidoras suelen enfrentar sesgos de información, menor poder de negociación y limitadas opciones reales de elección, lo que los pone en una situación de vulnerabilidad.

Ante esta problemática central, la asimetría en las transacciones de consumo se acentúa con el poder del mercado que ejercen las empresas. De acuerdo con el FMI(1), el creciente poder de mercado de las empresas puede traer un impacto negativo en el crecimiento económico y los ingresos de las personas, principalmente ante el aumento de los mercados globales.

Estudios recientes del FMI(2) han mostrado un aumento en los márgenes de beneficio globales, esto es, lo que cobra una empresa por sus productos en comparación con lo que le cuesta producirlos, en más del 30%, en promedio, desde 1980, por lo que es necesario implementar diversas políticas públicas para preservar el vigor de la competencia en el mercado.

De esta manera, la importancia de atención a este problema radica en que el consumo constituye uno de los principales motores de la economía nacional, al representar alrededor de 71% del Producto Interno Bruto (PIB)(3). Su relevancia no se limita al crecimiento económico, sino que se refleja en la vida cotidiana de millones de hogares generando mejores condiciones de consumo, en la competitividad de las empresas y en la estabilidad del mercado interno.

Factores como la información asimétrica en los mercados, la publicidad engañosa, la presencia de productos que podrían poner en riesgo la salud o integridad de las personas, las prácticas comerciales abusivas y las brechas digitales generan entornos de vulnerabilidad que afectan de manera directa a la ciudadanía y propician relaciones de consumo en condiciones de inequidad y poca transparencia.

Este diagnóstico se centra en identificar y analizar los problemas públicos asociados a las relaciones de consumo, entendidos como situaciones que limitan la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas, justas y responsables en el mercado. Además, retoma los principios que establece la LFPC, así como los principios para buenas prácticas comerciales de las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor(4). Reconocer estos desafíos constituye el primer paso para plantear objetivos y estrategias que garanticen un entorno de consumo más seguro, sostenible y orientado al bienestar social y económico del país.

En los últimos años, las relaciones de consumo en México han experimentado transformaciones profundas impulsadas por factores tecnológicos, económicos y culturales. Estas dinámicas han consolidado al consumo como un motor central de la economía nacional, pero al mismo tiempo, han abierto nuevas áreas de vulnerabilidad para las personas consumidoras. La digitalización de los mercados, la creciente orientación hacia la sostenibilidad y la expansión del comercio electrónico son hoy fenómenos que no solo redefinen la forma en que se adquieren bienes y servicios, sino que también plantean retos en materia de equidad, transparencia y acceso a la información.

La primera tendencia corresponde a la digitalización del mercado. Con más del 83% de la población conectada a internet en 2024(5) -equivalente a 100.2 millones de personas-, el consumo digital ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en un componente esencial de la vida económica. Plataformas de comercio electrónico, servicios de entrega y aplicaciones financieras han modificado la forma en que proveedores y personas consumidoras interactúan, al tiempo que han introducido nuevos riesgos relacionados con la seguridad de datos, la publicidad engañosa y el acceso desigual a tecnologías digitales.

En segundo lugar, se observa una creciente orientación hacia la sostenibilidad. Los datos de seguimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12 sobre producción y consumo responsables muestran avances significativos en la incorporación de prácticas ambientales en los hogares, como la separación de residuos o la reducción en el uso de plásticos de un solo uso(6). Esta tendencia marca un cambio en los patrones de consumo tradicionales, aunque todavía convive con prácticas de consumismo intensivo y sobreendeudamiento.

La tercera tendencia clave es la expansión del comercio electrónico, que ha situado a México como uno de los mercados con mayor crecimiento digital en América Latina. En 2023, el comercio electrónico representó 6.4% del PIB nacional(7), con un valor agregado bruto de 2,047,362 millones de pesos a precios corrientes.

Este dinamismo ha ampliado la oferta de bienes y servicios, mejorado el acceso a mercados globales y ha generado nuevas oportunidades económicas. Sin embargo, también ha multiplicado los riesgos de fraudes digitales, prácticas abusivas y asimetrías de información, que afectan de manera especial a personas consumidoras con baja educación financiera o acceso limitado a herramientas de verificación.

En conjunto, estas tres tendencias muestran que el consumo en México no solo es un pilar macroeconómico, sino también un espacio de transformación tecnológica y cultural que redefine las relaciones entre proveedores y personas consumidoras.

Los hábitos de consumo en México están determinados por una interacción compleja de factores económicos, sociales y tecnológicos. La ENDUTIH 2024 confirma que el acceso a internet alcanzó al 83.1% de la población, lo que equivale a 100.2 millones de personas; mientras que en las zonas rurales la penetración pasó de 56.5% en 2021 a 68.5% en 2024(8). Estas cifras evidencian avances importantes en cobertura digital, pero también reflejan la persistencia de brechas territoriales, ya que millones de personas en comunidades rurales e indígenas continúan en desventaja frente a las oportunidades que ofrece el entorno digital.

Los registros internos de la Profeco refuerzan este diagnóstico al mostrar que casi el 70% de las visitas a los medios digitales de la institución provienen de la Ciudad de México. Esto indica que el acceso a información confiable sobre derechos de las personas consumidoras sigue estando concentrado de forma principal en áreas urbanas, mientras que en diferentes regiones del país se requiere promover acceso a información en línea.

A ello se suma un problema de confianza social. La ENCOAP 2023 revela que solo el 53.1% de la población considera que sus solicitudes ciudadanas serían atendidas con imparcialidad(9). Esta percepción limitada de equidad y transparencia en los procesos de atención ciudadana desalienta el uso de los mecanismos de defensa de las personas consumidoras y contribuye a que gran parte de la población opte por no presentar quejas formales, incluso cuando enfrenta abusos.

En el contexto internacional, México se ubica en el lugar 55 de 69 economías(10) dentro del World Competitiveness Ranking 2025 del International Institute for Management Development, que si bien ha avanzado una posición respecto a 2024, aún existen áreas de oportunidad en las políticas gubernamentales y normatividad que regulan a las instituciones y el mercado, lo que puede derivar en fallas en el entorno económico.

Lo anterior puede derivar en mayores asimetrías de mercado si no se continúa fomentando la regulación a favor de las personas consumidoras, más aún cuando los mercados digitales han emergido de manera súbita.

En el ámbito específico de la defensa de las personas consumidoras, a nivel internacional se ha fomentado el uso de mecanismos de reclamación mediante plataformas digitales, como el caso de la Unión Europea(11), lo cual representa un reto para el país, en el que algunos procedimientos siguen dependiendo de mecanismos presenciales o burocráticos, lo que limita su eficacia y accesibilidad.

Aunque México ha avanzado en cobertura digital e impulsó a mecanismos alternativos de resolución de controversias, el avance de los mercados digitales hace que persistan desafíos para garantizar la confianza en las relaciones de consumo, principalmente en territorios y grupos etarios con menor apropiación tecnológica.

Alcanzar estándares similares a los de economías con mayores niveles de protección a las personas consumidoras requerirá cerrar las brechas territoriales, fortalecer la educación digital y financiera, y mejorar los mecanismos de resolución de conflictos en beneficio de la ciudadanía.

Derivado de varias décadas de implementación de políticas neoliberales, las relaciones de consumo en México se desarrollan en un entorno complejo marcado por asimetrías de información, prácticas comerciales abusivas, publicidad engañosa, productos que ponen en riesgo la salud o integridad de las personas y desigualdades en el acceso a mecanismos de defensa.

Estos problemas limitan la capacidad de las personas consumidoras para ejercer plenamente sus derechos y tomar decisiones informadas. Sus efectos se traducen en pérdidas económicas para los hogares, debilitamiento de la competencia leal, riesgos para la salud pública y una creciente desconfianza hacia las instituciones.

Comprender la naturaleza y magnitud de estos desafíos resulta indispensable para delinear estrategias que garanticen un mercado más justo, transparente y sostenible. En este contexto, con base en los artículos 4o. y 20 de la Ley de Planeación, referentes a la participación y consulta de los diversos grupos en el marco de la construcción de los programas que derivan del PND, la Profeco consideró una consulta en línea en la que convocó a participar a más de 110 actores de todas las entidades federativas para fortalecer las estrategias y líneas de acción que permitan contribuir a solventar estas problemáticas. Con este ejercicio de consulta, se logró contar con 44 aportaciones de actores sociales, empresariales, académicos y de la APF, de las ODECO, así como del Consejo Consultivo del Consumo de la Profeco.

Con dichas aportaciones se constataron los desafíos actuales en la política de protección a las personas consumidoras ante una economía global y ante los avances tecnológicos; el impulso a transparentar información de productos, bienes y servicios sostenibles y no perjudiciales para la salud; mecanismos de defensa de derechos más eficaces, así como esquemas de regulación y protección ante el aumento del comercio digital, lo que en conjunto conlleve a mejorar la confianza del consumidor.

A continuación, se presenta el diagnóstico para cada una de las principales problemáticas identificadas por la Profeco, las cuales dan origen al Programa.

5.1.1 Publicidad engañosa y productos inseguros o de mala calidad.

La publicidad engañosa, que puede incluir información falsa, promesas exageradas o ambiguas, lleva a las personas consumidoras a tomar decisiones de compra equivocadas, lo que puede resultar en insatisfacción, riesgos para la salud y pérdidas económicas. Según el Informe Anual de Actividades de la Profeco 2023(12), una de cada tres quejas registradas ante la institución se relaciona con publicidad engañosa, etiquetado incompleto o información incorrecta en contratos, lo que refleja la magnitud de este fenómeno.

Estos casos se presentan con frecuencia en sectores como telecomunicaciones, alimentos y bebidas, productos financieros y comercio electrónico, donde la opacidad en la información o la exageración en las promociones generan pérdidas económicas recurrentes para los hogares.

Por su parte, la venta de productos inseguros o de mala calidad constituye un riesgo permanente. El LNPC ha realizado estudios de calidad en los que detectó irregularidades en alimentos básicos, bebidas alcohólicas, electrodomésticos y materiales escolares. En 2023, por ejemplo, Profeco ordenó el retiro de varias marcas de quesos y yogurts que no cumplían con los estándares de composición, engañando a las personas consumidoras que pagaron por productos distintos a lo que creían adquirir. Asimismo, se emitieron llamados a revisión de automóviles y electrodomésticos por defectos de fabricación que ponían en riesgo la seguridad de los usuarios.

Este problema también tiene un impacto ambiental. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estima que cada persona en México genera 1.2 kilogramos de residuos sólidos urbanos al día, gran parte provenientes de envases y empaques de un solo uso promovidos por campañas publicitarias. Así, la publicidad no solo incide en decisiones económicas, sino que también fomenta patrones de consumo insostenible que contribuyen a la crisis ambiental y a la saturación de los sistemas de gestión de residuos.

En resumen, la publicidad engañosa y la presencia de productos inseguros o de mala calidad constituyen un problema complejo y multidimensional. Sus efectos abarcan la economía familiar, la salud pública, la confianza en el mercado y la sostenibilidad ambiental. Atenderlo requiere fortalecer los mecanismos de supervisión, garantizar información clara y verificable para las personas consumidoras, y sancionar de manera efectiva a proveedores que incumplen con las normas de seguridad y transparencia.

5.1.2 Prácticas comerciales abusivas.

Las prácticas comerciales abusivas constituyen un problema público que afecta la equidad en las relaciones de consumo y, por ende, los derechos de las personas consumidoras. Estas prácticas incluyen cláusulas contractuales injustas, cobros indebidos, ventas forzadas o con información incompleta, y omisión de datos relevantes sobre productos o servicios.

En cuanto al número de quejas que se registraron al mes de marzo de 2024(13) como producto de estas malas prácticas, los sectores de telecomunicaciones, tiendas departamentales y aerolíneas encabezaron la lista con más quejas en materia de consumo, con el 34, 16 y 15 por ciento, respectivamente, considerando los 25 proveedores de la iniciativa privada con más quejas registradas en la Profeco.

En el caso de telecomunicaciones, los problemas más frecuentes incluyen cargos no reconocidos, incumplimiento en la velocidad contratada de internet y cláusulas que impiden la cancelación sin penalización, mientras que en el caso del sector de las aerolíneas se presentaron quejas relacionadas con cancelaciones unilaterales de vuelos, cobros por equipaje no incluidos en la tarifa y cambios de itinerario sin consentimiento.

El alto grado de concentración en sectores estratégicos es un factor que agrava este problema. Según la OCDE, México mantiene niveles de concentración de mercado que limitan la competencia efectiva, no solo en el sector de telecomunicaciones, sino también en otros sectores como energía y servicios financieros(14). Este contexto permite que proveedores con poder sustancial en el mercado impongan condiciones contractuales poco favorables para las personas consumidoras, quienes, ante la falta de alternativas reales, se ven obligados a aceptarlas. La concentración también inhibe la innovación, ya que las empresas dominantes no enfrentan suficiente presión competitiva para mejorar sus prácticas comerciales.

A nivel productivo, las pequeñas y medianas empresas (PyMES) también son víctimas de prácticas abusivas por parte de grandes cadenas de distribución, que imponen condiciones de compra y pago inequitativas. Estudios realizados por la Comisión Federal de Competencia Económica (ahora Comisión Nacional Antimonopolio) documentan que proveedores locales enfrentan plazos de pago desproporcionados, descuentos obligatorios y exclusividades contractuales que deterioran su viabilidad financiera(15).

Estas condiciones no solo afectan la capacidad de crecimiento de las personas productoras locales, sino que también controlan y restringen la diversidad de la oferta disponible para las personas consumidoras, perpetuando un círculo de desigualdad económica y territorial.

En suma, las prácticas comerciales abusivas constituyen un problema que afecta a toda la cadena de consumo. Para las familias mexicanas, representan gastos adicionales y frustración; para las empresas, un obstáculo a la competencia leal; y para la sociedad en su conjunto, una barrera al desarrollo de un mercado justo, dinámico y confiable.

Atender este problema implica no solo sancionar los abusos existentes, sino también fortalecer la supervisión, reducir la concentración en sectores estratégicos y garantizar condiciones de equidad para las personas productoras y consumidoras.

5.1.3 Asimetría de información en las transacciones de consumo que requiere de mecanismos de defensa para las personas consumidoras.

En las relaciones de consumo existe una asimetría de información que coloca a las personas consumidoras en desventaja frente a los proveedores, quienes suelen contar con mayor conocimiento sobre las características, calidad o condiciones reales de los bienes y servicios que ofrecen. Esta desigualdad informativa puede derivar en decisiones de consumo poco informadas y prácticas abusivas, por lo que resulta indispensable contar con mecanismos de defensa y protección que garanticen la equidad, la transparencia y el ejercicio pleno de los derechos de las personas consumidoras.

De acuerdo con el Informe Anual de Actividades de la Profeco 2023(16), una de cada tres quejas recibidas por la institución se relaciona con contratos poco claros, cláusulas ambiguas o publicidad que omite información relevante. Esta opacidad no solo vulnera el derecho básico a la información, sino que también dificulta que las personas consumidoras puedan demostrar el incumplimiento de un proveedor durante un procedimiento de queja o arbitraje.

Un caso recurrente son los contratos de adhesión, que concentran un alto número de controversias. En sectores como telecomunicaciones, por ejemplo, los contratos suelen redactarse con un lenguaje técnico y complejo que resulta inaccesible para la mayoría de la población.

Otro ámbito de la asimetría de información se presenta en el entorno digital. El crecimiento del comercio electrónico y de los servicios digitales ha multiplicado los contratos electrónicos y los términos de servicio, que con frecuencia se extienden a decenas de páginas, sin que a la fecha exista regulación al respecto.

La OCDE señala que la mayoría de los usuarios no lee ni comprende dichos documentos, lo que deja a las personas en una situación de riesgo frente a cobros indebidos, uso no autorizado de datos personales o condiciones de cancelación desfavorables(17). Este problema se agrava cuando, en caso de controversia, las personas consumidoras deben presentar pruebas técnicas o legales para demostrar abusos, situación para la cual carecen de los recursos necesarios.

Las consecuencias de la asimetría de información en la resolución de controversias son múltiples. En primer lugar, produce inequidad procesal, pues los proveedores cuentan con departamentos legales especializados que pueden defender sus intereses, mientras que las personas consumidoras enfrentan limitaciones de conocimiento y recursos. En segundo lugar, genera pérdidas económicas y de tiempo, ya que muchas personas consumidoras desisten de presentar quejas o abandonan los procedimientos al no contar con pruebas suficientes o por desconocer sus derechos. Finalmente, contribuye a la desconfianza hacia las instituciones encargadas de la defensa del consumidor, al percibirse que los mecanismos de resolución no garantizan condiciones equitativas para las partes.

El etiquetado de alimentos y bebidas es un ejemplo ilustrativo. Antes de la entrada en vigor del etiquetado frontal de advertencia en 2020, el Instituto Nacional de Salud Pública encontró que más del 70% de la población no comprendía adecuadamente la información nutrimental en los empaques, lo que afectaba su derecho a elegir de manera informada(18). En la práctica, esto se traducía en que las personas consumidoras adquirían productos distintos a lo que creían estar comprando, y al presentar quejas sobre incumplimiento, no contaban con elementos técnicos para demostrar su reclamo.

En suma, la asimetría de información limita la efectividad de los mecanismos de defensa de las personas consumidoras en México. Su persistencia produce un círculo vicioso: las personas consumidoras no cuentan con información suficiente para prevenir abusos ni con herramientas adecuadas para resolverlos cuando ocurren, lo que deriva en pérdidas económicas, exclusión y una baja confianza en la posibilidad real de hacer valer sus derechos. Abordar este problema requiere estrategias integrales de transparencia, simplificación contractual y alfabetización digital, con el fin de equilibrar las condiciones en las que se desarrollan las controversias.

5.1.4 Desigualdad en la información para el desarrollo de una cultura de consumo informado, responsable y sostenible.

La desigualdad en el acceso a información clara, veraz y oportuna representa un reto significativo para el desarrollo de una cultura de consumo informado, responsable y sostenible. Este problema se manifiesta en la existencia de brechas informativas entre distintos sectores de la población, especialmente aquellas personas consumidoras con menor nivel educativo, acceso limitado a tecnologías de la información o que residen en zonas rurales o de difícil acceso.

De acuerdo con la ENDUTIH 2024, el acceso a internet alcanzó al 83.1% de la población nacional; sin embargo, en las zonas rurales, la penetración apenas llegó al 68.5%, lo que implica que más de una cuarta parte de la población rural sigue sin acceso pleno a herramientas digitales. Esta disparidad evidencia que, mientras en las grandes ciudades la digitalización abre nuevas oportunidades para informarse y presentar quejas en línea, en amplias regiones del país estas posibilidades permanecen limitadas o inexistentes.

Los registros internos de la Profeco refuerzan este diagnóstico al mostrar que casi el 70% de las visitas a los medios digitales de la institución provienen de la Ciudad de México. Esta concentración geográfica demuestra que los canales digitales de atención no han logrado llegar de manera equitativa a todas las regiones del país. El resultado es que, mientras las personas consumidoras de zonas urbanas cuentan con acceso a información inmediata sobre derechos y mecanismos de defensa, las de comunidades rurales, indígenas o marginadas enfrentan obstáculos estructurales para acceder a información confiable y ejercer sus derechos.

La desigualdad informativa no es únicamente territorial o geográfica. Grupos sociales en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar y comunidades indígenas, suelen enfrentar barreras adicionales de tipo cultural, económico y educativo que limitan su capacidad para acceder a información clara y relevante. Esto se traduce en una exclusión diferenciada, donde los sectores con menor nivel educativo y menor conectividad digital permanecen más expuestos a abusos comerciales, fraudes digitales, productos que afectan la salud o seguridad de las personas y menor acceso a los mecanismos de defensa.

Al mismo tiempo, la generación más joven se enfrenta a nuevos riesgos derivados de la digitalización del consumo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (ahora Comisión Reguladora de Telecomunicaciones) señala que más del 70% de adolescentes y jóvenes ha enfrentado publicidad engañosa, fraudes en línea o prácticas abusivas en plataformas digitales. Aunque este sector tiene un mayor acceso a internet y dispositivos móviles, su exposición constante a la publicidad digital y la falta de educación financiera los vuelve particularmente vulnerables a abusos y endeudamiento.

En síntesis, la desigualdad en la información no solo impide el desarrollo de una cultura de consumo informado y responsable, sino que también profundiza las brechas sociales y territoriales existentes en el país. Avanzar hacia un modelo de consumo sostenible requiere garantizar acceso equitativo a información clara, fortalecer la educación digital y financiera, y ampliar la cobertura de los canales institucionales de defensa en todo el territorio. Solo de esta forma se podrá construir una ciudadanía consumidora empoderada, consciente y capaz de tomar decisiones que favorezcan tanto su bienestar como el de la sociedad en su conjunto.

5.1.5 Baja confianza en las instituciones públicas.

Cuando la ciudadanía percibe falta de transparencia, eficacia o cercanía en las instituciones, disminuye su disposición a acudir a ellas para resolver conflictos o participar en procesos de mejora, por lo que se debilita la confianza y legitimidad de las instituciones.

De acuerdo con la ENCOAP 2023(19), apenas el 53.1% de la población considera que sus solicitudes serían atendidas con imparcialidad. Este dato refleja una percepción extendida de que las instituciones públicas no siempre actúan de manera equitativa o eficiente frente a los reclamos ciudadanos. En el ámbito del consumo, esta falta de confianza se traduce en la decisión en muchos hogares de no presentar quejas formales, incluso cuando enfrentan abusos o incumplimientos por parte de proveedores.

La baja confianza tiene raíces múltiples. En primer lugar, los procesos de atención y resolución de quejas suelen percibirse como lentos y burocráticos. Aunque la Profeco ha avanzado en la digitalización de servicios, gran parte de los procedimientos de arbitraje y conciliación aún requieren trámites presenciales o extensos tiempos de espera, lo que desincentiva a las personas consumidoras a iniciar un proceso.

En segundo lugar, existe una percepción de asimetría en el poder de negociación entre personas consumidoras y grandes proveedores. Empresas con capacidad económica y departamentos legales especializados pueden prolongar los procesos o imponer sus propios términos, mientras que las personas consumidoras carecen de recursos para sostener un procedimiento largo. Esto genera la percepción de que las instituciones no logran equilibrar las condiciones entre las partes, reforzando la idea de indefensión ciudadana.

En contraste, algunos avances muestran que es posible revertir esta tendencia. La digitalización parcial de los servicios de la Profeco, como las plataformas de Concilianet y Conciliaexprés, han permitido resolver controversias de manera más ágil y con menor costo para las personas consumidoras. Sin embargo, su cobertura sigue siendo limitada y concentrada en zonas urbanas.

5.2 Contribución al modelo de desarrollo del Segundo piso de la Transformación.

El Segundo Piso de la Transformación es la guía de la Administración 2025 - 2030 para consolidar un modelo de desarrollo que se enfoca en el bienestar, justicia social y sustentabilidad. En la propuesta de cambio en el modelo económico, la promoción del consumo responsable e informado y el fortalecimiento del mercado interno son parte de la búsqueda del bienestar de las personas, a través de la garantía de los derechos y la justicia social.

En este sentido, la Profeco asume el compromiso de empoderar a las personas consumidoras mediante la protección efectiva de sus derechos y el fomento de la confianza ciudadana; promover un consumo informado, responsable, sostenible, además de seguro y saludable, con el objetivo de corregir los comportamientos abusivos del mercado, equilibrar y consolidar el mercado interno y contribuir a la prosperidad compartida en el país.

Asimismo, el Programa encuentra sustento en los Cien Compromisos para el Segundo Piso de la Transformación, documento rector que establece los grandes objetivos de la política pública durante el sexenio, a los cuales la Profeco contribuye a los siguientes:

a) Compromiso 3. Gobierno sensible y cercano a la gente, a través del fortalecimiento de los canales de atención ciudadana y la promoción de una relación directa y transparente con la población consumidora.

b) Compromiso 5. Respeto a los derechos y combate a la discriminación, al garantizar la no discriminación de los servicios de la Profeco y la promoción de los siete derechos fundamentales de las personas consumidoras con un enfoque incluyente.

c) Compromiso 12. Gobierno honesto y sin nepotismo, mediante el reforzamiento de los procesos de verificación administrativa con criterios técnicos y sin privilegios, a fin de contribuir a la confianza ciudadana y la rendición de cuentas.

d) Compromiso 16. No aumentarán los precios de energéticos ni canasta básica, al contribuir mediante el monitoreo de precios de productos de la canasta básica, así como de los combustibles, con el fin de que la población pueda acceder a estos a precios justos.

e) Compromiso 17. Digitalización más grande de la historia (trámites y servicios), mediante el mantenimiento y mejora continua de sistemas y sitios web, así como el impulso a trámites y servicios digitales.

f) Compromiso 30. Las escuelas serán espacios de prevención de la salud, a través de acciones educativas para promover programas de educación y de consumo responsable.

g) Compromiso 33. México será potencia tecnológica y de innovación, al contar con información sobre estudios de calidad de productos en formato digital, promover el uso de comparadores de precios y generar contenido educativo en línea.

h) Compromiso 38. Desarrollo y acceso a la cultura, con el fortalecimiento a la educación para el consumo mediante materiales impresos y digitales dirigidos a niñas, niños y familias, con el fin de contar con una ciudadanía más informada y participativa.

5.3 Forma en que se toman en consideración los Principios del Humanismo Mexicano.

La Profeco, como encargada de garantizar la protección y defensa de los derechos e intereses de las personas consumidoras, considera la contribución directa del Programa a los siguientes principios del Humanismo Mexicano:

a) Para alcanzar la prosperidad compartida, primero los pobres. El programa considera mecanismos de defensa para las personas consumidoras con una perspectiva inclusiva, territorialmente equitativa, que acerque los servicios a comunidades tradicionalmente excluidas o con menor acceso a información y mecanismos de defensa, y se priorice a la población más vulnerable.

b) No puede haber Gobierno rico con pueblo pobre. Como parte de la transformación del modelo de atención de la Profeco, el Programa considera procesos eficientes de atención ciudadana que disminuya el gasto gubernamental, en atención de las disposiciones de austeridad republicana.

c) Las y los gobernantes deben ser honrados y honestos. El Programa impulsa el fortalecimiento institucional, operativo y de servicio, mediante el reforzamiento de los procesos que implementa la Profeco con criterios técnicos y sin privilegios, que aumente la confianza ciudadana, la ética pública y la rendición de cuentas.

d) La democracia es el Gobierno del pueblo y para el pueblo. El Programa sitúa los derechos de las personas consumidoras en el centro de las relaciones de consumo, con lo cual se garantiza su derecho a un consumo justo, informado, seguro y sostenible.

e) El desarrollo y bienestar del pueblo sólo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. El Programa promueve una cultura de consumo responsable y sostenible mediante el empoderamiento de la ciudadanía frente al mercado.

f) Las mujeres tenemos derecho a la igualdad sustantiva. El fortalecimiento de los mecanismos de defensa a las personas consumidoras considera el enfoque de género, lo que implica atención diferenciada a mujeres, garantizando igualdad sustantiva; de igual manera, se fomenta la difusión del consumo responsable con contenidos libres de estereotipos y roles de género.

Condenamos el clasismo, el racismo, el machismo y cualquier forma de discriminación. El Programa se orienta a garantizar los servicios de la Profeco sin excepción mediante la promoción de los siete derechos fundamentales de las personas consumidoras con un enfoque incluyente.

5.4 Impacto esperado del Programa.

Mediante la ejecución de las líneas de acción, estrategias y objetivos del Programa, la Profeco busca garantizar la protección y promoción de los derechos de las personas consumidoras mediante el establecimiento de relaciones de consumo justas que fortalezcan su bienestar y confianza; la aplicación efectiva de la LFPC y la adopción de medidas que propicien la equidad, seguridad y certeza jurídica; así como la ampliación de canales de información accesibles que promuevan un consumo consciente, sostenible y seguro, con innovación, eficiencia y cercanía con el pueblo de México.

Visión de largo plazo.

México avanza hacia la transformación del mercado interno al posicionar en el centro los derechos de las personas consumidoras, con especial atención a los grupos históricamente vulnerados; con la finalidad de fomentar un entorno de consumo que impulse la innovación y la competencia para crear prosperidad compartida en todo el país.

En un horizonte de veinte años, México habrá consolidado un modelo de consumo justo, sostenible e incluyente, en el que las relaciones entre proveedores y personas consumidoras se desarrollen bajo principios de equidad, transparencia e innovación constante.

La asimetría de información habrá sido superada gracias a marcos regulatorios robustos y al uso extendido de tecnologías de inteligencia artificial que garanticen la trazabilidad de productos, contratos claros y accesibles, y etiquetados verificables en tiempo real. Cada persona consumidora contará con herramientas digitales universales que le permitan conocer el origen, la composición, los impactos ambientales y los costos reales de los bienes y servicios que adquiere.

Las prácticas comerciales abusivas serán residuales, pues la competencia abierta y vigilada por sistemas de supervisión inteligentes generará condiciones de igualdad entre proveedores y ciudadanía. El mercado se caracterizará por la confianza, la innovación permanente y la integración de principios de ética empresarial en todos los sectores.

La seguridad y calidad de los productos estará garantizada por cadenas de suministro globales certificadas, lo que reducirá de manera drástica la presencia de bienes inseguros en el mercado. Al mismo tiempo, la cultura del consumo sostenible se habrá normalizado, de modo que la demanda de bienes con bajo impacto ambiental y social marcará la pauta del desarrollo económico.

En el plano social, la brecha digital y territorial habrá quedado cerrada. El acceso universal a internet de alta velocidad y a mecanismos de defensa en línea asegurará que comunidades rurales, población indígena y personas mayores ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones. La digitalización será plenamente inclusiva, asegurando que la tecnología potencie la equidad en lugar de profundizar desigualdades.

En este horizonte, las relaciones de consumo se consolidarán como un pilar de cohesión social y prosperidad compartida. Los hogares mexicanos disfrutarán de mayor certidumbre económica al contar con mercados confiables, mientras que las empresas innovarán bajo estándares internacionales de sostenibilidad y responsabilidad social.

México se posicionará como un referente regional en la construcción de un entorno de consumo en el que la justicia, la transparencia y la sostenibilidad sean elementos del desarrollo nacional, con una institución cercana y confiable que garantiza relaciones de consumo seguras, informadas, justas y equitativas.

6. Objetivos

A fin de construir un entorno de consumo más justo, informado y sostenible en el largo plazo, la política pública establecida en el Programa se orienta a transformar de manera estructural la relación entre personas consumidoras, proveedores, y la Profeco como dependencia articuladora de los mecanismos e instrumentos para la protección y defensa de los derechos del consumo.

Con el fin de atender los problemas públicos descritos y lograr la visión a largo plazo centrada en el bienestar de las personas ciudadanas, se establecen cinco objetivos estratégicos. Al implementarse de manera articulada, permitirán fortalecer la protección de las personas consumidoras, fomentar el consumo más justo, informado y sostenible, promover la equidad y las relaciones justas en el mercado, así como recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Estos objetivos son:

Objetivos del Programa Institucional de la Procuraduría Federal del Consumidor 2026-2030

1. Garantizar el acceso a información adecuada y clara sobre bienes, productos, servicios y derechos de las personas consumidoras.

2. Impulsar relaciones de consumo justas por parte de los proveedores de bienes, servicios y productos.

3. Fortalecer los mecanismos para la defensa de los derechos de las personas consumidoras.

4. Fomentar una cultura de consumo responsable y sostenible basada en la educación y divulgación de información.

5. Fortalecer el desempeño institucional de la Profeco para la atención de las personas consumidoras, con énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad y las nuevas generaciones.

6.1 Relevancia del objetivo 1: Garantizar el acceso a información adecuada y clara sobre bienes, productos,
servicios y derechos de las personas consumidoras.

Este objetivo se incluye dentro del modelo de desarrollo que prioriza la construcción de una sociedad más justa, informada y equitativa. En este sentido, una ciudadanía empoderada a través del acceso a información clara, veraz y oportuna es indispensable para la consolidación de una economía que pone al centro a las personas, promueve la equidad en las relaciones de consumo y fortalece el Estado de derecho.

El problema público que este objetivo atiende tiene su raíz en la circulación de productos perjudiciales para la salud o de mala calidad y la persistencia de prácticas de publicidad engañosa. Estas prácticas no solo representan violaciones a los derechos de las personas consumidoras, sino que también ponen en riesgo la salud pública, generan pérdidas económicas para los hogares y debilitan la confianza en los mecanismos de regulación y en el mercado formal. La publicidad engañosa -que incluye afirmaciones falsas, incompletas o ambiguas- distorsiona la capacidad de decisión de las personas consumidoras, llevándolas a adquirir bienes o servicios bajo condiciones equívocas o desventajosas.

Adicionalmente, la comercialización de productos que no cumplen con estándares mínimos de calidad o seguridad compromete la integridad física de las personas, desincentiva la formalidad empresarial y acentúa la desconfianza en los canales de distribución. Este fenómeno encuentra sus causas no sólo en los mecanismos de vigilancia y sanción, sino también en la falta de canales de información y orientación eficaces, accesibles y adaptados a los distintos contextos sociales.

En muchas ocasiones, las personas consumidoras no cuentan con los conocimientos, herramientas ni medios para identificar información falsa, comparar opciones de compra o ejercer sus derechos ante abusos. Las brechas digitales, de lenguaje, educativas y culturales amplifican la desigualdad de condiciones entre las personas consumidoras y proveedores, especialmente en zonas rurales o en segmentos con menor escolaridad. El cumplimiento de este objetivo implica no solo identificar la publicidad engañosa y evaluar la calidad de bienes y productos, sino de transmitir la información oportuna que evite poner en riesgo a las personas consumidoras.

Esto se logrará mediante la publicación de los "llamados de revisión", con lo cual se compartirán los hallazgos de los estudios de calidad sobre bienes y servicios, así como la promoción del desarrollo de programas de monitoreo de precios dirigidos a diversos públicos para fomentar una cultura de consumo informado, consciente y responsable.

En el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, este objetivo refuerza la transición hacia un modelo de desarrollo centrado en el bienestar colectivo, donde las personas consumidoras participan de manera activa y crítica en el mercado, se reducen las prácticas abusivas, se protege la economía familiar y se fomenta un entorno de consumo más ético, justo y sostenible. De este modo, se contribuye a generar condiciones de equidad, fortalecer el estado de derecho en materia económica y avanzar hacia una prosperidad compartida en beneficio del pueblo de México.

6.2 Relevancia del objetivo 2: Impulsar relaciones de consumo justas por parte de los proveedores de bienes,
servicios y productos.

Uno de los fines de la continuación de la Cuarta Transformación, es el fortalecer un modelo de desarrollo con justicia, transparencia, equidad y bienestar compartido, erradicar las malas prácticas comerciales es fundamental para garantizar la protección de los derechos de las personas consumidoras, consolidar la equidad en el mercado y reducir las desigualdades estructurales que vulneran el bienestar de millones de hogares mexicanos.

El problema público que atiende este objetivo es la persistencia de prácticas comerciales abusivas que afectan directamente la equidad en las relaciones de consumo y los derechos de las personas consumidoras. Estas prácticas incluyen, entre otras, cobros indebidos, cláusulas contractuales injustas, ventas forzadas o con información incompleta, y omisión de datos relevantes sobre productos o servicios. Su ocurrencia es más común en entornos donde la población consumidora carece de información oportuna, canales eficaces para presentar denuncias o mecanismos efectivos de acceso a la justicia.

La persistencia de estas prácticas no solo perjudica el bienestar económico de las personas consumidoras, sino que también perpetúa condiciones de abuso, desconfianza y vulnerabilidad en el mercado. En muchos casos, la población consumidora no logra identificar el abuso, carecen de los recursos para enfrentarlo o temen represalias. Esto profundiza las asimetrías de poder entre las personas consumidoras y proveedores, repercutiendo de forma desproporcionada a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como mujeres, adultos mayores y comunidades rurales.

Estas prácticas también distorsionan el funcionamiento del mercado, desincentivan la competencia leal y debilitan el desarrollo de empresas responsables. Aquellas empresas que operan conforme a la ley y con prácticas éticas enfrentan desventajas frente a competidores que maximizan beneficios mediante el incumplimiento normativo sin enfrentar consecuencias reales. Esta situación impacta la eficiencia económica, la innovación empresarial y la generación de valor con responsabilidad social.

A nivel institucional, la prevalencia de estos abusos se asocia con rezagos originados por políticas neoliberales que pusieron en desventaja a las personas consumidoras frente a las empresas en las relaciones de consumo, lo que evidenció limitaciones en la capacidad de fiscalización y sanción, así como una insuficiente cobertura preventiva por parte de las autoridades.

Estas políticas que favorecieron los intereses del mercado restringieron la respuesta oportuna y eficaz del Estado frente a desafíos como la ampliación de la cobertura de los mecanismos de verificación, la modernización tecnológica, la coordinación entre dependencias y una mayor cultura de denuncia entre las personas consumidoras.

Estas fallas generan una percepción de permisividad e impunidad institucional que debilita la confianza de la ciudadanía en las autoridades encargadas de vigilar el mercado. En ese sentido, la omisión o la inacción frente a malas prácticas comerciales erosionan esa confianza y lesiona los principios democráticos y de justicia social.

El logro de este objetivo implica una respuesta institucional integral por parte de la Profeco, que combine la mejora de sus capacidades operativas y tecnológicas con una estrategia firme de vigilancia, sanción, prevención y educación para el consumo. Se promoverá una supervisión más eficaz, con herramientas innovadoras para la detección temprana de abusos; se fortalecerán las alianzas con empresas responsables mediante acciones de sensibilización; se ampliará la presencia territorial de mecanismos de verificación y se robustecerán los mecanismos de denuncia, atención y resolución de conflictos para brindar soluciones accesibles, rápidas y confiables a las personas consumidoras.

Asimismo, se impulsará una cultura de cumplimiento normativo entre los proveedores, se reforzará la transparencia, la ética empresarial y la autorregulación, como pilares para un mercado justo. A través de campañas públicas, incentivos positivos y sanciones ejemplares, se buscará modificar comportamientos empresariales hacia una mayor responsabilidad social y comercial.

El impacto de este objetivo se proyecta directamente en el bienestar económico de los hogares mexicanos, al reducir los abusos que afectan su patrimonio, y en la consolidación de un mercado interno más dinámico, competitivo y confiable. Además, al reforzar la actuación del Estado en defensa de los derechos de las personas consumidoras, se contribuye a restaurar la confianza institucional, fortalecer la cohesión social y promover un desarrollo económico sustentado en la legalidad, la equidad y el respeto a la dignidad de las personas.

Este enfoque responde a los principios del Humanismo Mexicano y a los pilares del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que colocan en el centro a las personas con mayor vulnerabilidad, priorizan la prosperidad compartida y reconocen al consumo justo, informado y protegido como condición indispensable para una economía incluyente y sostenible.

6.3 Relevancia del objetivo 3: Fortalecer los mecanismos para la defensa de los derechos de las personas
consumidoras.

El Gobierno de México mantiene un firme compromiso con la prosperidad compartida a través de la promoción de la competencia y la competitividad en los mercados, siempre con un profundo respeto a la diversidad regional de nuestro país. Esto significa facilitar la inversión productiva, fomentar la innovación tecnológica y apoyar a nuestras pequeñas y medianas empresas, que son el motor de nuestra economía. Y en este camino, el pueblo de México es centro de la política económica.

En este contexto, es fundamental fortalecer los mecanismos y recursos para la defensa de los derechos de la población consumidora. Una persona consumidora informada y protegida es un actor clave para un mercado justo y eficiente. Mejores procesos de conciliación, servicios de atención a quejas ágiles y efectivos, un Teléfono del Consumidor robusto y una simplificación en el registro de contratos, son acciones concretas que fortalecen la confianza ciudadana, previenen abusos y garantizan que la competencia sea leal. Al empoderar a la ciudadanía en sus decisiones de consumo, se impulsa la competitividad genuina, lo cual obliga a las empresas a ofrecer mejores productos y servicios y favorece una prosperidad compartida.

La protección a las personas consumidoras no es un gasto, es una inversión en la equidad y en el dinamismo económico. Es garantizar que la riqueza generada se distribuya de manera más justa y que las oportunidades lleguen a todas las personas, con el objetivo de reducir las brechas de desigualdad y fortalecer el tejido social.

Fortalecer los mecanismos para la defensa de los derechos de las personas consumidoras es, en esencia, una piedra angular para asegurar relaciones de consumo justas, equitativas y transparentes en México. Su relevancia se magnifica en el panorama actual, caracterizado por una creciente digitalización, una notable concentración empresarial y la complejidad a las relaciones contractuales. En este escenario, es imperativo que las instituciones públicas no solo se posicionen firmemente del lado de la ciudadanía, sino que también expandan continuamente sus capacidades y perfeccionen sus servicios para satisfacer las demandas de una sociedad en constante evolución.

Al mejorar los procesos de conciliación, por ejemplo, no solo se reducen drásticamente los tiempos de atención y se incrementa la eficiencia operativa de las instituciones, sino que se ofrecen soluciones más ágiles a los conflictos entre las personas consumidoras y proveedores. Un sistema de conciliación robusto y accesible es fundamental porque evita la judicialización de conflictos menores y garantiza así un acceso efectivo a la justicia cotidiana para millones de personas.

Brindar un servicio de calidad, rápido y efectivo para la resolución de quejas, no solo se traduce en la pronta atención a las reclamaciones, sino que implica ofrecer una experiencia accesible, empática, multicanal y tecnológicamente eficiente. Esta aproximación es vital para consolidar la confianza ciudadana en las instituciones.

Asimismo, impulsar el Teléfono del Consumidor como canal de información para el acceso a trámites y servicios de la Profeco subraya la relevancia de la inclusión. Esta herramienta es un canal de contacto directo, asesoría inmediata y denuncia esencial. Fortalecer este servicio es crucial para acercar la atención a sectores vulnerables, a zonas sin acceso digital o a personas mayores que requieren una orientación clara y humana. Sin esta vía, amplios segmentos de la población quedarían desprotegidos.

Mejorar y simplificar el registro de contratos de adhesión en telecomunicaciones es una medida preventiva clave. Este sector, uno de los que genera mayor número de quejas, se beneficia enormemente de una supervisión más estricta. Esta medida ayuda a prevenir abusos desde el diseño mismo de los contratos y promueve una indispensable transparencia. Contratos comprensibles, accesibles y debidamente supervisados son fundamentales para que la población consumidora tome decisiones informadas.

En última instancia, este objetivo, enmarcado en una visión de derechos humanos y justicia económica, es fundamental porque permiten cerrar brechas de desigualdad, empoderar a la ciudadanía y prevenir conflictos de consumo.

6.4 Relevancia del objetivo 4: Fomentar una cultura de consumo responsable y sostenible basada en la educación y
divulgación de información.

En el marco del Segundo Piso de la Transformación, este objetivo se alinea con la visión de un modelo de desarrollo centrado en la innovación pública, equidad territorial, la justicia social y la sostenibilidad como base del futuro.

Promover una cultura de consumo responsable y sostenible representa una importante toma de decisiones que permite contar con suficiente información sobre los bienes, servicios y productos que se adquieren, así como los efectos que tendrán en el medio ambiente. Con ello, representa también una estrategia clave para fortalecer las capacidades ciudadanas a través de la educación y divulgación, proteger la economía de los hogares, mejorar el entorno del mercado y avanzar hacia una economía social y solidaria.

Así, el problema público que aborda este objetivo es la desigualdad en la información para el desarrollo de una cultura de consumo responsable y sostenible, la cual se manifiesta en las brechas que existen entre sectores de la población con mayor y menor acceso a información clara, veraz y oportuna sobre sus derechos al consumo, los impactos de sus decisiones de consumo y las alternativas disponibles en el mercado.

Algunas personas que viven en comunidades rurales tienen bajo nivel educativo o acceso limitado a las tecnologías de la información, enfrentan mayores obstáculos para contar con los conocimientos y herramientas que les permitan tomar decisiones de compra conscientes y ejercer sus derechos con autonomía. Como consecuencia, muchas personas consumidoras toman decisiones poco informadas, que pueden afectar negativamente su economía familiar, su salud y el medio ambiente.

Asimismo, se reduce su capacidad de identificar prácticas engañosas o abusivas por parte de proveedores, y se dificulta la adopción de patrones de consumo sostenibles. Esta situación perpetúa círculos de vulnerabilidad, desigualdad y dependencia frente al mercado; asimismo, reproduce condiciones de exclusión económica en las zonas con menor acceso a oportunidades, además de otros problemas indirectos como daños a la salud.

Al respecto, la falta de una cultura de consumo informado también tiene implicaciones para el mercado nacional. Cuando las personas consumidoras no exigen calidad, transparencia y responsabilidad social a las empresas, disminuye la presión competitiva para mejorar los productos y servicios, lo que debilita la innovación, la ética empresarial y la sostenibilidad económica. Esta dinámica contribuye a la permanencia de prácticas comerciales poco éticas, a la concentración del mercado y a la pérdida de confianza en las instituciones reguladoras.

Este objetivo busca atender estas desigualdades mediante una estrategia integral que impulse la educación para el consumo desde una perspectiva territorial, inclusiva y sostenible. Para ello, se fortalecerán las campañas de información y sensibilización dirigidas a públicos diversos, se aprovecharán las plataformas digitales y redes sociales para difundir contenidos útiles y comprensibles, y se establecerán alianzas con medios tradicionales para ampliar el alcance territorial.

El logro de este objetivo contribuirá directamente al bienestar de todas las personas mexicanas al facilitar el acceso igualitario a información útil, proteger la economía familiar, promover prácticas de consumo responsable y sostenible, y empoderar a la ciudadanía frente al mercado. En conjunto, estos resultados reforzarán un entorno económico más justo, competitivo y ético, en sintonía con los principios del Segundo Piso de la Transformación, que busca cerrar brechas estructurales, fortalecer la cohesión social, la certidumbre en los hogares mexicanos, y avanzar hacia una prosperidad con justicia para todas las regiones del país.

6.5 Relevancia del objetivo 5: Fortalecer el desempeño institucional de la Profeco para la atención de las personas
consumidoras, con énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad y las nuevas generaciones.

Este objetivo se alinea con los principios del Segundo Piso de la Transformación, particularmente en lo relativo a la consolidación de un Estado de bienestar con instituciones eficaces, cercanas a la ciudadanía y garantes de derechos. En el contexto de un modelo de desarrollo que busca reducir desigualdades estructurales y restaurar la confianza ciudadana en las instituciones públicas, fortalecer la atención y los servicios que ofrece la Profeco representa una estrategia prioritaria.

Desde su raíz, el problema público que se atiende es la baja confianza en las instituciones públicas, provocada por percepciones de ineficiencia, opacidad e injusticia en la gestión gubernamental. Esta desconfianza impacta de forma negativa en la participación ciudadana, la eficacia de las políticas públicas y la cohesión social. En el ámbito del consumo, se traduce en menor uso de los trámites y servicios de defensa de las personas consumidoras, desprotección ante abusos del mercado y pérdida de legitimidad institucional.

El objetivo plantea una transformación profunda del modelo de atención de la Profeco, a través de la adopción de una gestión moderna basada en tecnología a través de los proyectos conjuntos con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; normativa vigente y clara, que atienda las nuevas tendencias de consumo; procesos eficientes y transparencia activa; el establecimiento de vínculos de colaboración con otras instituciones; la atención multicanal con enfoque inclusivo y la profesionalización del personal. Se busca, además, consolidar un modelo de atención territorial que acerque los servicios a comunidades tradicionalmente excluidas o con menor acceso a información y mecanismos de defensa.

Con estas acciones, se reducirá la asimetría entre personas consumidoras y proveedores, se fortalecerá la capacidad del Estado para proteger derechos y se recuperará la legitimidad institucional. El objetivo también atiende áreas de oportunidad como la cobertura territorial, la falta de interoperabilidad de sistemas, la búsqueda de mecanismos regionales para la protección a las personas consumidoras y la mejora de la percepción de atención ciudadana.

El cumplimiento de este objetivo contribuirá al bienestar de todas y todos los mexicanos al garantizar un acceso efectivo a la justicia en materia de consumo, proteger la economía familiar, y generar condiciones de equidad y confianza en las relaciones de mercado. En términos más amplios, aportará a la gobernabilidad democrática, a la cohesión social y al fortalecimiento de un Estado de derecho, pilares fundamentales del modelo de desarrollo propuesto en el Segundo Piso de la Transformación.

6.6 Vinculación de los objetivos del Programa Institucional de la Procuraduría Federal del Consumidor 2026-2030.

El Programa se alinea con el objetivo 4 del PSE, "Impulsar la innovación y la competencia en el mercado interno", mediante la implementación de acciones estratégicas orientadas a fortalecer la protección, información y empoderamiento de las personas consumidoras. A través de sus cinco objetivos prioritarios - garantizar el acceso a información adecuada y clara, impulsar relaciones de consumo justas, fortalecer mecanismos para la defensa de las personas consumidoras, fomentar una cultura de consumo responsable y fortalecer el desempeño institucional para la atención de la población, con énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad -, la Profeco contribuye a consolidar un entorno de consumo justo, equitativo y sostenible.

Estos objetivos responden a problemáticas que afectan la dinámica del mercado, tales como la baja confianza en las instituciones públicas, la persistencia de publicidad engañosa y productos inseguros, la desigualdad en el acceso a información para un consumo informado, y la prevalencia de prácticas abusivas por parte de ciertos proveedores. Al atender estos desafíos, se favorece la competencia leal entre empresas, se promueve la innovación mediante incentivos al cumplimiento normativo y a la calidad, y se amplía el acceso a productos y servicios más seguros y sostenibles para toda la población.

Además, el Programa adopta un enfoque inclusivo y equitativo, al priorizar la atención a las personas consumidoras más vulnerables y fortalecer los mecanismos de participación, vigilancia y rendición de cuentas. Esto permite consolidar un ecosistema de consumo más transparente y accesible, en donde el Estado actúa como garante de derechos y facilitador del desarrollo económico con bienestar.

En conjunto, los cinco objetivos del Programa no solo fortalecen su capacidad operativa y de servicio, sino que también hacen una aportación sustantiva al modelo de desarrollo del Segundo Piso de la Transformación, al vincular la defensa de los derechos de las personas consumidoras con la construcción de un mercado más innovador, competitivo, justo y sustentado en los principios del Humanismo Mexicano.

Objetivos del Programa Institucional de la Procuraduría Federal del Consumidor 2026-2030	Objetivos del Programa Sectorial de Economía 2025-2030	Estrategias del Programa Sectorial de Economía 2025- 2030
1. Garantizar el acceso a información adecuada y clara sobre bienes, productos, servicios y derechos de las personas consumidoras.	Objetivo 4. Impulsar la innovación y la competencia en el mercado interno.	Estrategia 4.6. Fortalecer la protección, defensa e información de las personas consumidoras, con un enfoque inclusivo, para impulsar relaciones comerciales justas y equitativas; así como el consumo responsable.
2. Impulsar relaciones de consumo justas por parte de los proveedores de bienes, servicios y productos.
3. Fortalecer los mecanismos para la defensa de los derechos de las personas consumidoras.
4. Fomentar una cultura de consumo responsable y sostenible basada en la educación y divulgación de información.
5. Fortalecer el desempeño institucional de la Profeco para la atención de las personas consumidoras, con énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad y las nuevas generaciones.

Asimismo, los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa se alinean con los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible. A continuación, se presenta la vinculación directa de los objetivos del Programa con las prioridades señaladas en la Agenda 2030:

Objetivos del Programa Institucional de la Procuraduría Federal del Consumidor 2026-2030	Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030	Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030(20)
Objetivo 1. Garantizar el acceso a información adecuada y clara sobre bienes, productos, servicios y derechos de las personas consumidoras.	Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.	Meta 12.8. De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.
Objetivo 2. Impulsar relaciones de consumo justas por parte de los proveedores de bienes, servicios y productos.	Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.	Meta 2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a la información sobre los mercados, incluso sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos.
Objetivo 3. Fortalecer los mecanismos para la defensa de los derechos de las personas consumidoras.	Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países	Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los resultados, en particular mediante la eliminación de las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y la promoción de leyes, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Objetivo 4. Fomentar una cultura de consumo responsable y sostenible basada en la educación y divulgación de información.	Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.	Meta 12.8. De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.
Objetivo 5. Fortalecer el desempeño institucional de la Profeco para la atención de las personas consumidoras, con énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad y las nuevas generaciones.	Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.	Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

7. Estrategias y líneas de acción

El Programa contribuye de manera decidida a la construcción de un entorno de consumo más justo, seguro y equitativo, mediante acciones integrales orientadas a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, empoderar a las personas consumidoras, fomentar una cultura de consumo responsable y erradicar las malas prácticas comerciales en el mercado nacional. A través de la mejora normativa, operativa y tecnológica de sus servicios; la generación y difusión de información clara y oportuna; la promoción del consumo informado en todas las regiones del país; y la vigilancia y corrección de abusos en las relaciones de consumo, la Profeco impulsa la protección efectiva de los derechos de la población consumidora.

Estas acciones no solo atienden desafíos como la desinformación, la desigualdad en el acceso a mecanismos de defensa y la asimetría entre proveedores y personas consumidoras, sino que además fortalecen las condiciones para una competencia leal, un mercado más innovador y una economía centrada en el bienestar de las personas. En coherencia con el enfoque del Humanismo Mexicano, el Programa adopta una perspectiva inclusiva, territorialmente equitativa y orientada al fortalecimiento institucional. De esta manera, contribuye a la estrategia nacional de establecer mecanismos que promuevan la eficiencia en la atención a las personas consumidoras mediante el acceso a los trámites y servicios de una manera más fácil, así como optimizando los procesos para una respuesta más rápida y efectiva que garantice un consumo justo y sostenible.

A continuación, se presentan las estrategias y líneas de acción que permitirán materializar estos objetivos en el periodo 2026-2030.

Objetivo 1. Garantizar el acceso a información adecuada y clara sobre bienes, productos, servicios y derechos de las personas consumidoras.

Estrategia 1.1 Proveer información técnica y accesible sobre la calidad, seguridad y cumplimiento de bienes y/o productos, para facilitar el consumo informado de las personas consumidoras.

Línea de acción

1.1.1 Elaborar estudios de calidad sobre bienes y productos, mediante la aplicación de métodos de prueba estandarizados o implementados en el LNPC.

1.1.2 Realizar actividades de evaluación de bienes y productos sujetos a estudio mediante pruebas y análisis técnicos en el LNPC, para verificar que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable.

1.1.3 Informar a las personas consumidoras sobre los bienes y productos que pongan en riesgo su vida, salud o integridad mediante la publicación de los "llamados a revisión" en el portal de Alertas al Consumidor de la Red de Alerta Rápida.

1.1.4 Identificar publicidad engañosa en bienes, productos y servicios, incluidos los de telecomunicaciones, mediante el monitoreo, análisis y evaluación de la información difundida en medios masivos de comunicación por parte de proveedores.

Estrategia 1.2 Implementar el monitoreo de precios conforme a las necesidades de las personas consumidoras para que tomen decisiones de consumo informado y responsable.

Línea de acción

1.2.1 Generar y presentar información veraz y oportuna a través del "Quién es Quién en los Combustibles", sobre el precio de las gasolinas y diésel que se expende al público en las estaciones de servicio.

1.2.2 Generar y presentar la información veraz y oportuna a través del programa "Quién es Quién en los Precios", de los productos que integran la canasta básica, así como los de alto consumo.

1.2.3 Publicar y promover la información generada mediante el programa "Quién es Quién en los Precios", a fin de que la población consumidora tome mejores decisiones de compra.

Objetivo 2. Impulsar relaciones de consumo justas por parte de los proveedores de bienes, servicios y productos.

Estrategia 2.1 Identificar prácticas comerciales abusivas por parte de proveedores de bienes y servicios para impulsar la confianza de los consumidores.

Línea de acción

2.1.1 Analizar la información comercial de las etiquetas que ostentan los productos mediante la revisión del cumplimiento a las normas oficiales mexicanas aplicables, a petición de parte.

2.1.2 Realizar acciones de verificación y vigilancia a proveedores de bienes o prestadores de servicio con apego a la transparencia, rendición de cuentas y a la normatividad aplicable.

2.1.3 Elaborar y ejecutar los programas temporales de verificación y vigilancia en temporadas de alto consumo a través de estrategias que amplíen el alcance y eficacia en la atención a las personas consumidoras.

2.1.4 Brindar información sobre el comportamiento comercial de los proveedores sobre quejas y su estado procesal, así como los principales motivos de reclamación mediante el Buró Comercial de la Profeco.

2.1.5 Supervisar la actuación del personal que desarrolla las labores en campo mediante el seguimiento de sus actividades conforme a la normatividad aplicable.

2.1.6 Instalar la Báscula Itinerante en zonas estratégicas como centros de abasto y mercados públicos con mayor afluencia para impulsar la confianza ciudadana.

Estrategia 2.2 Brindar asesorías e información útil a los proveedores de bienes, productos y servicios a fin de impulsar el cumplimiento normativo.

Línea de acción

2.2.1 Orientar a proveedores hacia prácticas responsables mediante capacitaciones en materia de información comercial y comercio justo.

2.2.2 Impulsar la adopción del diagnóstico publicitario (Copy Advice) mediante la sensibilización de los proveedores de servicios para el cumplimiento de la normativa vigente.

2.2.3 Verificar el cumplimiento normativo e información comercial contenida en los avisos de promoción a través de las solicitudes presentadas por las y los proveedores.

2.2.4 Asesorar a proveedores sancionados respecto a sus opciones de pago respecto a las multas impuestas por las unidades administrativas impositoras de la Profeco a fin de alcanzar una óptima recaudación.

Estrategia 2.3 Corregir y sancionar prácticas comerciales abusivas por parte de proveedores de bienes y servicios para impulsar el buen comportamiento comercial y, en su caso, reparar el daño o perjuicio a las personas consumidoras.

Línea de acción

2.3.1 Facilitar a las personas consumidoras la recuperación del monto pagado al proveedor ante un incumplimiento mediante el fomento en las ODECO del correcto uso del título ejecutivo de dictamen.

2.3.2 Garantizar la imposición de sanciones mediante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos por Infracciones a la LFPC.

2.3.3 Promover la responsabilidad fiscal de los proveedores mediante la implementación de los procesos de Control y Cobro Persuasivo y del Procedimiento Administrativo de Ejecución con los que cuenta la Profeco, como instancia fiscal.

2.3.4 Propiciar la recuperación del monto pagado por las personas consumidoras ante un incumplimiento a través de la emisión de sentencias por autoridades jurisdiccionales y la celebración de convenios judiciales y extrajudiciales.

Objetivo 3. Fortalecer los mecanismos para la defensa de los derechos de las personas consumidoras.

Estrategia 3.1 Brindar un servicio para la resolución de quejas que mejore la atención de las personas consumidoras.

Línea de acción

3.1.1 Mejorar la atención a las personas consumidoras a través de mecanismos digitales de reclamación y resolución de conflictos, así como modelos de atención rápida.

3.1.2 Promover la obtención y uso del Distintivo Digital mediante la sensibilización sobre la importancia de ofrecer mayor confiabilidad y certeza jurídica a la población consumidora de bienes, productos y/o servicios.

3.1.3 Impulsar el Teléfono del Consumidor como canal de información para el acceso a trámites y servicios de la Profeco mediante la difusión en medios.

3.1.4 Realizar procesos de conciliación y arbitraje mediante la modernización de sistemas de conciliación presencial y remota como Concilianet y Conciliaexprés.

3.1.5 Impulsar el uso de mecanismos de acción colectiva a través de campañas de difusión y la representación a las personas consumidoras ante instancias judiciales.

Estrategia 3.2 Aumentar el registro de contratos de adhesión a fin de mejorar la confianza de las personas consumidoras.

Línea de acción

3.2.1 Impulsar el proceso de registro de contratos de adhesión mediante capacitaciones a proveedores sobre la importancia y el proceso de un registro de contratos de adhesión transparente.

3.2.2 Agilizar la revisión y aprobación de contratos de adhesión mediante el establecimiento de formatos y lineamientos claros.

3.2.3 Facilitar la consulta al Registro Público de Contratos de Adhesión a través de la actualización y difusión del registro.

Estrategia 3.3 Impulsar acciones preventivas para la protección de las personas consumidoras.

Línea de acción

3.3.1 Promover el Registro Público de Casas de Empeño como medio para la protección de los derechos de las personas consumidoras que contratan los servicios de mutuo con interés y garantía prendaria mediante campañas de comunicación.

3.3.2 Fomentar el uso del Registro Público para Evitar Publicidad como medio de protección ante publicidad engañosa mediante la actualización y difusión de dicha herramienta a la población.

3.3.3 Considerar mejoras en los mecanismos de protección de las personas consumidoras ante el aumento del comercio electrónico.

3.3.4 Generar proyectos especiales para la protección de personas consumidoras ante el uso de la Inteligencia Artificial en plataformas digitales.

Objetivo 4. Fomentar una cultura de consumo responsable y sostenible basada en la educación y divulgación de información.

Estrategia 4.1 Divulgar información sobre el ejercicio de derechos de consumo para fomentar el consumo responsable.

Línea de acción

4.1.1 Difundir materiales didácticos e informativos sobre bienes, productos y servicios mediante el uso de plataformas tradicionales o digitales.

4.1.2 Diseñar piezas gráficas para promover los servicios de la Profeco mediante los canales institucionales.

4.1.3 Orientar las decisiones de las personas consumidoras en temporadas de alto consumo mediante la Brújula de Compra.

4.1.4 Promover los estudios de consumo elaborados por la Profeco para ayudar a las personas consumidoras a tomar decisiones informadas mediante su difusión en la Revista del Consumidor, digital o impresa, y en otros canales oficiales.

4.1.5 Promover el uso de la información sobre temas de consumo en las organizaciones no gubernamentales mediante el envío de información de consumo.

Estrategia 4.2 Empoderar a las personas consumidoras respecto a sus derechos para consolidar una cultura de consumo responsable y sostenible.

Línea de acción

4.2.1 Sensibilizar a las personas consumidoras sobre sus derechos de consumo a través de sesiones educativas en las ODECO.

4.2.2 Publicar la información de La Revista del Consumidor mediante la adaptación del contenido a diseños adecuados para las redes sociales institucionales.

4.2.3 Impulsar campañas de educación y concienciación a las personas consumidoras a través del fortalecimiento de grupos de personas consumidoras.

4.2.4 Promover la protección efectiva de derechos de las personas consumidoras en el país mediante el Consejo Consultivo de Consumo.

4.2.5 Promover programas de educación para el consumo responsable mediante la coordinación de acciones con autoridades educativas y la elaboración de paquetes didácticos.

Objetivo 5. Fortalecer el desempeño institucional de la Profeco para la atención de las personas consumidoras, con énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad y las nuevas generaciones.

Estrategia 5.1 Actualizar el marco normativo institucional a fin de contar con un respaldo jurídico robusto que beneficie y proteja los intereses de las personas consumidoras.

Línea de acción

5.1.1 Promover en la Ley, Reglamento y Estatuto competencia de la Profeco adecuaciones para fortalecer la protección de los derechos de las personas consumidoras, mediante la identificación de sus necesidades y con un enfoque de inclusión a personas con discapacidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

5.1.2 Promover mecanismos regionales para la protección de los derechos de las personas consumidoras mediante el establecimiento de convenios de cooperación nacional e internacional.

5.1.3 Impulsar la regulación del comercio electrónico, el uso de la Inteligencia Artificial y algoritmos en plataformas comerciales a través de la coordinación con las autoridades competentes.

Estrategia 5.2 Impulsar la accesibilidad de los trámites y servicios institucionales con un enfoque de inclusión e igualdad a fin de garantizar la protección de los derechos de las personas consumidoras.

Línea de acción

5.2.1 Promover una atención incluyente por grupo social o en situación de vulnerabilidad mediante formatos adaptados y con lenguaje accesible que les permitan identificar prácticas abusivas y ejercer su derecho a participar en decisiones que les afectan.

5.2.2 Impulsar medidas para la protección de los derechos de las personas con discapacidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, a través del diseño de acciones de igualdad.

Estrategia 5.3 Fortalecer los canales de atención y comunicación de la Profeco para brindar un mejor servicio a las personas consumidoras.

Línea de acción

5.3.1 Promover un mayor uso de la información de la Profeco en las nuevas generaciones a través de contenidos incluyentes en redes y sitios institucionales.

5.3.2 Garantizar la calidad en los procesos de asesoría, conciliación, arbitraje y de emisión de dictámenes para las personas consumidoras a través del fortalecimiento de las capacidades de las personas servidoras públicas.

5.3.3 Fomentar la comunicación con diversas instituciones públicas y privadas mediante el intercambio de información en beneficio de la población consumidora.

8. Indicadores y metas

Para evaluar el avance y efectividad de los objetivos del Programa, se han establecido indicadores clave que permiten medir, de manera sistemática y orientada a resultados, el impacto de las políticas públicas en la vida cotidiana de las personas consumidoras.

A largo plazo, la implementación sostenida de las estrategias del Programa, basadas en principios como la accesibilidad de la información, la rendición de cuentas, la transparencia, el fortalecimiento normativo y la colaboración multisectorial, contribuirá decisivamente a transformar el ecosistema del consumo en México. Con la aplicación de estas estrategias, las personas consumidoras estarán plenamente informadas, empoderadas y protegidas, gracias a una política de comunicación continua, inclusiva y adaptada a la evolución tecnológica y cultural. Asimismo, el fortalecimiento institucional y la profesionalización del servicio público permitirán contar con una autoridad legítima, confiable y eficaz, capaz de responder a los retos de nuevas dinámicas de consumo, como el comercio digital o los mercados verdes. La gobernanza compartida, basada en la corresponsabilidad entre gobierno, sociedad civil, empresas, academia y medios de comunicación, consolidará un sistema regulador equilibrado y participativo.

México avanzará hacia un mercado interno competitivo y justo, donde se promuevan productos seguros, prácticas comerciales éticas y el bienestar económico de las familias. Este entorno favorecerá una prosperidad más equitativa, fortalecerá la confianza ciudadana en las instituciones y contribuirá a un modelo de desarrollo moderno, inclusivo y sostenible.

Indicador 1.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

Porcentaje de análisis de monitoreos de bienes, productos o servicios ofrecidos por proveedores en el mercado.

Objetivo

1.- Garantizar el acceso a información adecuada y clara sobre bienes, productos, servicios y derechos de las personas
consumidoras.

Definición o
descripción

Mide la cantidad de resultados de análisis de monitoreos realizados en el que se detectaron elementos que posiblemente
vulneran los derechos de las personas consumidoras y que son remitidos para iniciar o no un Procedimiento por Infracción a
la Ley competencia de la Profeco.

Derecho asociado

Derecho a libre concurrencia en el mercado, evitando que los monopolios perjudiquen a los consumidores al limitar sus
opciones y aumentar los precios (Artículo 28 Constitucional).

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o frecuencia
de medición

Anual

Acumulado o
periódico

Periódico

Disponibilidad de la
información

Enero, posterior al cierre de cada ejercicio.

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de recolección de
los datos

De enero a diciembre.

Tendencia esperada

Descendente

Unidad responsable de
reportar el avance

Subprocuraduría de Telecomunicaciones (SPT).

Método de cálculo

PAMt: Porcentaje de análisis de monitoreos de bienes, productos o servicios ofrecidos por proveedores en el mercado.

Ram PIL t: Número de resultados de análisis de monitoreos remitidos por posible Infracción a la Ley en el periodo t.

Ram t: Número de resultados de análisis de monitoreos realizados en el periodo t.

Observaciones

Si bien la Procuraduría ha desempeñado la actividad de realizar monitoreos a la publicidad de proveedores del sector de
telecomunicaciones conforme a la atribución establecida en el Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor en su
artículo 15, fracción XIV, este indicador contabiliza en cuántos de estos monitoreos se ha dado inicio a un Procedimiento por
Infracción a la Ley en contra de algún proveedor del sector.

En este sentido, se da cuenta de la proporción de proveedores del sector de telecomunicaciones que vulnera, a través de su
publicidad, lo establecido en el marco legal competencia de la institución con la finalidad de que con ello se fortalezca la
protección de los derechos de las personas consumidoras. Se espera que, como parte de las acciones implementadas por la
Procuraduría, la proporción de proveedores que contravienen la ley tenga un comportamiento a la baja.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Nombre variable 1

Número de resultados de
análisis de monitoreos
remitidos por posible Infracción
a la Ley en el periodo t

Valor variable 1

Fuente de
información variable
1

Reporte de resultados de
monitoreos realizados
remitidos a PIL en el
periodo t de la SPT.

Nombre variable 2

Número de resultados de
análisis de monitoreos
realizados en el periodo t

Valor variable 2

300

Fuente de
información variable
2

Reporte de resultados de
monitoreos realizados en
el periodo t de la SPT.

Sustitución en
método de cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

4.33

Año

2025

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

3.00

Con la continuidad del monitoreo, la disuasión, la corrección de
prácticas irregulares y el trabajo directo con el sector, se espera que la
proporción de proveedores que contravienen la ley muestre una
tendencia descendente hacia 2030.

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

No aplica

4.33

METAS

2026

2027

2028

2029

2030

4.30

4.00

3.67

3.33

3.00

Indicador 2.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

Porcentaje de visitas de verificación y vigilancia en las cuales los establecimientos de proveedores de bienes, servicios y
productos cumplieron con las leyes y normas competencia de la Profeco.

Objetivo

2.- Impulsar relaciones de consumo justas por parte de los proveedores de bienes, servicios y productos.

Definición o
descripción

Mide el impulso a relaciones de consumo justas mediante la verificación y vigilancias realizadas a los establecimientos de
proveedores de bienes y servicios en territorio nacional para constatar el cumplimiento a la Ley Federal de Protección al
Consumidor, Ley de la Infraestructura de la Calidad, Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las Normas Oficiales
Mexicanas y Normas Mexicanas competencia de la Profeco, a fin de evaluar el comportamiento que los proveedores tienen
hacia la población consumidora en las relaciones de consumo y corregir malas prácticas comerciales.

Derecho asociado

Derecho a la libre concurrencia en el mercado, evitando que los monopolios perjudiquen a los consumidores al limitar sus
opciones y aumentar los precios (Artículo 28 Constitucional).

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o frecuencia de
medición

Anual

Acumulado o
periódico

Periódico

Disponibilidad de la
información

Enero, posterior al cierre de cada ejercicio.

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de recolección de los
datos

De enero a diciembre.

Tendencia esperada

Ascendente

Unidad responsable de
reportar el avance

Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la
Confianza (SPVDC).

Subprocuraduría de Telecomunicaciones (SPT).

Método de cálculo

PViCt: Porcentaje de visitas de verificación y vigilancia en las cuales los establecimientos de proveedores de bienes,
servicios y productos cumplieron con las leyes y normas competencia de la Profeco.

Vi C t: Visitas de verificación y vigilancia con cumplimiento de las Leyes y Normas competencia de la Profeco realizadas a
establecimientos de proveedores de bienes y servicios en el periodo t.

Vi T t: Total de visitas de verificación y vigilancia realizadas a establecimientos de proveedores de bienes y servicios en el
periodo t.

Observaciones

Si bien se cuenta con históricos de las visitas de verificación y vigilancia que la Profeco realiza, fue hasta 2021 que en el
indicador consideró medir el cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y Normas
Oficiales Mexicanas durante las visitas.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Nombre variable 1

Visitas de verificación y vigilancia
con cumplimiento de las Leyes y
Normas competencia de la Profeco
realizadas a establecimientos de
proveedores de bienes y servicios
en el periodo t.

Valor variable 1

31,413

Fuente de
información
variable 1

Reporte de visitas de
verificación y vigilancia
con cumplimiento
realizadas en el periodo t
de las áreas de la SPVDC
y la SPT.

Nombre variable 2

Total de visitas de verificación y
vigilancia realizadas a
establecimientos de proveedores
de bienes y servicios en el periodo
t.

Valor variable 2

37,518

Fuente de
información
variable 2

Reporte del total visitas de
verificación y vigilancia
realizadas en el periodo t
por parte de las áreas de
la SPVDC y la SPT.

Sustitución en
método de cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

83.73

El indicador presenta resultados que varían en cada ejercicio debido al
comportamiento que se detecta por parte de la proveeduría al
constatar su cumplimiento a la Leyes y Normas competencia de la
Profeco.

Año

2025

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

84.95

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

No disponible

83.98

84.85

87.35

84.34

83.73

METAS

2026

2027

2028

2029

2030

84.55

84.65

84.75

84.85

84.95

Indicador 3.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

Porcentaje de monto recuperado mediante mecanismos de defensa de derechos de las personas consumidoras.

Objetivo

3.- Fortalecer los mecanismos para la defensa de los derechos de las personas consumidoras.

Definición o
descripción

Mide la proporción del monto que resulta de la afectación a las personas consumidoras, recuperado al momento de la
conclusión del procedimiento al cual haya sido turnado (acción colectiva, procedimiento conciliatorio o arbitral), o derivado de
una acción extrajudicial realizada en el periodo dentro de las áreas jurídicas, de servicios y de telecomunicaciones.

Derecho asociado

Derecho a la libre concurrencia en el mercado, evitando que los monopolios perjudiquen a los consumidores al limitar sus
opciones y aumentar los precios (Artículo 28 Constitucional).

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o frecuencia de
medición

Anual

Acumulado o
periódico

Periódico

Disponibilidad de la
información

Enero, posterior al cierre de cada ejercicio.

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de recolección de los
datos

De enero a diciembre.

Tendencia
esperada

Ascendente

Unidad responsable de reportar
el avance

Subprocuraduría de Servicios (SPS).

Subprocuraduría de Telecomunicaciones (SPT).

Subprocuraduría Jurídica (SPJ).

Método de cálculo

PMRet: Porcentaje de monto recuperado mediante mecanismos de defensa de derechos de las personas consumidoras.

MRe t: Monto recuperado para las personas consumidoras al concluir procedimientos de acción colectiva, conciliatorio o
arbitral o acción extrajudicial realizada en el periodo t.

MRc t: Monto reclamado por las personas consumidoras en procedimientos de acción colectiva, conciliatorio o arbitral, o
acción extrajudicial en el periodo t.

Observaciones

En este indicador refleja la retribución a favor de las personas consumidores a través de los diversos mecanismos de defensa
de sus derechos, por lo cual se excluyen los montos registrados de los Procedimientos por Infracciones a la Ley (PIL) al no
tratarse de un beneficio directo en su economía.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Nombre variable 1

Monto recuperado para las
personas consumidoras al
concluir procedimientos de
acción colectiva, conciliatorio o
arbitral o acción extrajudicial
realizada en el periodo t

Valor variable
1

868,188,235.53

Fuente de
información
variable 1

Reporte con el monto
recuperado en el periodo t
por parte de las áreas de la
SPS, SPT y SPJ.

Nombre variable 2

Monto reclamado por las
personas consumidoras en
procedimientos de acción
colectiva, conciliatorio o
arbitral, o acción extrajudicial
en el periodo t

Valor variable
2

1,019,831,574.94

Fuente de
información
variable 2

Reporte con el monto
reclamado en el periodo t por
parte de las áreas de la SPS,
la SPT y la SPJ.

Sustitución en
método de cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

85.13

Los datos disponibles para la línea base son de 2025. Se excluyen los montos
registrados de los Procedimientos por Infracciones a la Ley (PIL) al no tratarse de
un beneficio directo en la economía de las personas consumidoras, esto con el fin
de reflejar la defensa efectiva de sus derechos por parte de la Institución.

Año

2025

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

86.93

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

No disponible

No
disponible

No disponible

85.13

METAS

2026

2027

2028

2029

2030

85.28

85.48

85.63

86.78

86.93

Indicador 4.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

Porcentaje de personas consumidoras encuestadas que consideran útil la información sobre consumo proporcionada en las
sesiones educativas.

Objetivo

4.- Fomentar una cultura de consumo responsable y sostenible basada en la educación y divulgación de información.

Definición o
descripción

Mide el porcentaje de la población consumidora que afirmó en la encuesta realizada al finalizar las sesiones educativas
impartidas en las Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO), que los productos educativos e informativos de la Profeco
presentados les son de utilidad para el fomento de una cultura de consumo responsable y sostenible.

Se considera como información útil, aquella que es empleada por las personas consumidoras para tomar decisiones
informadas de compra lo cual permite proteger y defender sus derechos. La información otorgada en las sesiones educativas
incluye proporcionar opciones en el mercado para aminorar riesgos y ser empáticos con el medio ambiente, así como de la
calidad de productos y uso de tecnologías domésticas.

Derecho asociado

Derecho a la libre concurrencia en el mercado, evitando que los monopolios perjudiquen a los consumidores al limitar sus
opciones y aumentar los precios (Artículo 28 Constitucional).

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o frecuencia
de medición

Anual

Acumulado o
periódico

Periódico

Disponibilidad de la
información

Enero, posterior al cierre de cada ejercicio.

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de recolección de
los datos

De enero a diciembre.

Tendencia
esperada

Ascendente

Unidad responsable de
reportar el avance

Coordinación General de Educación y Divulgación
(CGED).

Método de cálculo

PPCESEt: Porcentaje de personas consumidoras encuestadas que consideran útil la información sobre consumo
proporcionada en las sesiones educativas.

PeU t: Personas consumidoras en México que afirmaron en la encuesta que los materiales educativos e informativos
proporcionados en las sesiones educativas impartidas en las ODECO les han sido útiles en el periodo t.

TPe t: Total de personas consumidoras encuestadas en México que asistieron a las sesiones educativas impartidas en las
ODECO en el periodo t.

Observaciones

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Nombre variable 1

Personas consumidoras en México
que afirmaron en la encuesta que los
materiales educativos e informativos
proporcionados en las sesiones
educativas impartidas en las ODECO
les han sido útiles en el periodo t

Valor
variable 1

No disponible

Fuente de
información
variable 1

Resultados de la encuesta
realizada en las ODECO sobre
los materiales educativos e
informativos proporcionados
en las Sesiones Educativas en
los archivos de la CGED.

Nombre variable 2

Total de personas consumidoras
encuestadas en México que
asistieron a las sesiones educativas
impartidas en las ODECO en el
periodo t

Valor
variable 2

No disponible

Fuente de
información
variable 2

Resultados de la encuesta
realizada en las ODECO sobre
los materiales educativos e
informativos proporcionados
en las Sesiones Educativas en
los archivos de la CGED.

Sustitución en
método de cálculo

No aplica

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

No disponible

El indicador será calculado a partir del ejercicio 2026, por lo cual no se
cuenta con un valor definitivo para establecer la línea base.

Año

2026

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

Al tratarse de un indicador de reciente creación, no se cuenta con una
línea base, no obstante, se plantea una meta del 85% al cierre de la
presente administración.

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

No aplica

METAS

2026

2027

2028

2029

2030

Indicador 5.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

Índice de desempeño de atención a las personas consumidoras a nivel nacional.

Objetivo

5.- Fortalecer el desempeño institucional de la Profeco para la atención de las personas consumidoras, con énfasis en los
grupos en situación de vulnerabilidad y las nuevas generaciones.

Definición o
descripción

Mide la capacidad y el desempeño de la Profeco en la atención integral de las personas consumidoras en el territorio
nacional, al sintetizar en un sólo valor el grado de cumplimiento de las principales funciones sustantivas de la institución,
siendo: la educación, la conciliación, la verificación y la vigilancia; las cuales constituyen el núcleo operativo de la política
pública de protección a las personas consumidoras. Lo anterior, conforme a las equivalencias de valores para las variables
del cumplimiento de metas del índice de Seguimiento al Desempeño (ISeD) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Derecho asociado

Derecho a la libre concurrencia en el mercado, evitando que los monopolios perjudiquen a los consumidores al limitar sus
opciones y aumentar los precios (Artículo 28 Constitucional).

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Acumulado o
periódico

Periódico

Disponibilidad de la
información

Enero, posterior al cierre de cada ejercicio.

Unidad de medida

Índice

Periodo de
recolección de los
datos

De enero a diciembre.

Tendencia
esperada

Ascendente

Unidad responsable
de reportar el
avance

Dirección General de Planeación y Evaluación
(DGPE) de la Profeco.

Método de cálculo

IDAPC: Índice de desempeño de atención a las personas consumidoras a nivel nacional.

ISed1: Porcentaje de cumplimiento de las sesiones educativas realizadas, de acuerdo con las equivalencias del ISeD.

ISed2: Porcentaje de cumplimiento del monto recuperado en los procedimientos concluidos, de acuerdo con las
equivalencias del ISeD.

ISed3: Porcentaje de cumplimiento de los procedimientos conciliatorios concluidos dentro de un plazo de 90 días naturales,
de acuerdo con las equivalencias del ISeD.

ISed4: Porcentaje de cumplimiento de los municipios en los que se realizan acciones de verificación y vigilancia, de acuerdo
con las equivalencias del ISeD.

ISed5: Porcentaje de cumplimiento de las visitas de vigilancia a establecimientos comerciales, de acuerdo con las
equivalencias del ISeD.

Observaciones

Las variables se normalizan en una escala de 0 a 1, donde los valores más altos reflejan mayor cumplimiento de metas y, por
ende, mejor desempeño institucional.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Nombre variable 1

Porcentaje de cumplimiento de
sesiones educativas
realizadas, de acuerdo con las
equivalencias del ISeD.

Valor variable 1

0.81

Fuente de
información
variable 1

Reporte de desempeño de
atención a las personas
consumidoras realizado por la
DGPE de la Profeco.

Nombre variable 2

Porcentaje de cumplimiento de
monto recuperado en los
procedimientos concluidos, de
acuerdo con las equivalencias
del ISeD.

Valor variable 2

0.81

Fuente de
información
variable 2

Reporte de desempeño de
atención a las personas
consumidoras realizado por la
DGPE de la Profeco.

Nombre variable 3

Porcentaje de cumplimiento de
procedimientos conciliatorios
concluidos dentro de un plazo
de 90 días naturales, de
acuerdo con las equivalencias
del ISeD.

Valor variable 3

0.78

Fuente de
información
variable 3

Reporte de desempeño de
atención a las personas
consumidoras realizado por la
DGPE de la Profeco.

Nombre variable 4

Porcentaje de cumplimiento de
municipios en los que se
realizan acciones de
verificación y vigilancia, de
acuerdo con las equivalencias
del ISeD.

Valor variable 4

0.88

Fuente de
información
variable 4

Reporte de desempeño de
atención a las personas
consumidoras realizado por la
DGPE de la Profeco.

Nombre variable 5

Porcentaje de cumplimiento de
visitas de vigilancia a
establecimientos comerciales,
de acuerdo con las
equivalencias del ISeD.

Valor variable 5

0.93

Fuente de
información
variable 5

Reporte de desempeño de
atención a las personas
consumidoras realizado por la
DGPE de la Profeco.

Sustitución en
método de cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

0.84

Los valores considerados para la línea base han sido recuperados de
los reportes de desempeño de atención a las personas consumidoras
que se obtienen de manera mensual y con resultados acumulados.

Año

2025

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

0.89

Se establece como meta el 0.89, toda vez que dicho índice reflejará un
alto desempeño institucional; con la ampliación de la cobertura
educativa en materia de consumo a lo largo del país; un incremento en
la eficiencia conciliatoria y una mayor presencia territorial y de
capacidad de verificación y vigilancia de la Procuraduría a nivel
nacional.

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

No aplica

0.84

METAS

2026

2027

2028

2029

2030

0.85

0.86

0.87

0.88

0.89

Referencias

Comisión Federal de Competencia Económica (2021). Estudio sobre condiciones de competencia en cadenas de suministro en México. COFECE. https://www.cofece.mx

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2016), Directrices para la Protección del Consumidor, Nueva York y Ginebra. https://unctad.org/system/files/official-document/ditccplpmisc2016d1_es.pdf

Unión Europea, Reglamento (UE) No 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, publicación del Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:ES:PDF

Fondo Monetario Internacional (2019). World Economic Outlook, Growth Slowdown, Precarious Recovery. https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2019/04/03/blog-weo-ch2-how-to-keep-corporate-power-in-check

Fondo Monetario Internacional (2021, marzo). Rising Corporate Market Power: Emerging Policy Issues. https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2021/03/10/Rising-Corporate-Market-Power-Emerging-Policy-Issues-48619

International Institute for Management Development (IMD) (2025). IMD World Competitiveness Ranking 2025. IMD World Competitiveness Center. https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2024). Cuentas por sector institucional 2023. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/CByS/CByS2023.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023). Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (ENCOAP) 2023. https://www.inegi.org.mx/programas/encoap/2023/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018. Tabulados básicos con precisiones estadísticas https://www.inegi.org.mx/programas/ensanut/2018/#tabulados

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2024). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2024. https://www.inegi.org.mx/programas/endutih/2024/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2024). ODS 12: Producción y consumo responsables - Datos en acción. https://datosenaccion.inegi.org.mx/doc/ODS12-Produccion_y_consumo_responsable.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2025). Valor Agregado Bruto del Comercio Electrónico 2023, preliminar. Comunicado de prensa Núm.44/25.INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/vabcoel/vabcoel2025_02.pdf

Organización de las Naciones Unidas (2015). Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1. https://agenda2030.mx/docs/doctos/A_RES_70_1_es.pdf

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2022). Manual de la OCDE sobre política de competencia en la era digital. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/publications/reports/2022/02/oecd-handbook-on-competition-policy-in-the-digital-age_50b6e951/92f049d7-es.pdf

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2018). OECD Competition Assessment Reviews: Mexico. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2018/01/oecd-competition-assessment-reviews-mexico_g1g86ac4/9789264288218-en.pdf

Procuraduría Federal del Consumidor (2024). Comunicado ¿De qué se queja más el consumidor mexicano? Publicado el 15 de marzo de 2024. https://www.gob.mx/profeco/prensa/de-que-se-queja-mas-el-consumidor-mexicano?idiom=es

Procuraduría Federal del Consumidor (2024). Informe Anual Profeco 2023. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/918376/INFORME_ANUAL_ACTIVIDADES_2023_PROFECO.pdf

Ciudad de México, 9 de abril de 2026.- Procurador Federal del Consumidor, Lic. César Iván Escalante Ruiz.- Rúbrica.

1 Fondo Monetario Internacional (2019). World Economic Outlook, Growth Slowdown, Precarious Recovery. https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2019/04/03/blog-weo-ch2-how-to-keep-corporate-power-in-check

2 Fondo Monetario Internacional (2021, marzo). Rising Corporate Market Power: Emerging Policy Issues. https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2021/03/10/Rising-Corporate-Market-Power-Emerging-Policy-Issues-48619

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2024). Cuentas por sector institucional 2023. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/CByS/CByS2023.pdf

4 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2016), Directrices para la Protección del Consumidor, Nueva York y Ginebra. https://unctad.org/system/files/official-document/ditccplpmisc2016d1_es.pdf

5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2024). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2024. https://www.inegi.org.mx/programas/endutih/2024/

6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2024). ODS 12: Producción y consumo responsables - Datos en acción. https://datosenaccion.inegi.org.mx/doc/ODS12-Produccion_y_consumo_responsable.pdf

7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2025). Valor Agregado Bruto del Comercio Electrónico 2023, preliminar. Comunicado de prensa Núm.44/25.INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/vabcoel/vabcoel2025_02.pdf

8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2024). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2024. https://www.inegi.org.mx/programas/endutih/2024/

9 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023). Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (ENCOAP) 2023. https://www.inegi.org.mx/programas/encoap/2023/

10 International Institute for Management Development (IMD) (2025). IMD World Competitiveness Ranking 2025. IMD World Competitiveness Center. https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/

11 Las vías para resolver las reclamaciones están disponibles en el siguiente enlace: https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint_es. Asimismo, la creación y desarrollo de la Plataforma de resolución de litigios en línea en la Unión Europea viene dispuesta en el Reglamento (UE) 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:ES:PDF

12 Procuraduría Federal del Consumidor (2024). Informe Anual Profeco 2023. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/918376/INFORME_ANUAL_ACTIVIDADES_2023_PROFECO.pdf

13 Procuraduría Federal del Consumidor (2024). Comunicado ¿De qué se queja más el consumidor mexicano? Publicado el 15 de marzo de 2024. https://www.gob.mx/profeco/prensa/de-que-se-queja-mas-el-consumidor-mexicano?idiom=es

14 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2018). OECD Competition Assessment Reviews: Mexico. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2018/01/oecd-competition-assessment-reviews-mexico_g1g86ac4/9789264288218-en.pdf

15 Comisión Federal de Competencia Económica (2021). Estudio sobre condiciones de competencia en cadenas de suministro en México. COFECE. https://www.cofece.mx

16 Procuraduría Federal del Consumidor (2024). Informe Anual Profeco 2023. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/918376/INFORME_ANUAL_ACTIVIDADES_2023_PROFECO.pdf

17 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2022). Manual de la OCDE sobre política de competencia en la era digital. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/publications/reports/2022/02/oecd-handbook-on-competition-policy-in-the-digital-age_50b6e951/92f049d7-es.pdf

18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018. Tabulados básicos con precisiones estadísticas https://www.inegi.org.mx/programas/ensanut/2018/#tabulados

19 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023). Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (ENCOAP) 2023. https://www.inegi.org.mx/programas/encoap/2023/

20 Organización de las Naciones Unidas (2015). Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1. https://agenda2030.mx/docs/doctos/A_RES_70_1_es.pdf