PROGRAMA Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2026-2030.
PROGRAMA NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 2026-2030
1. Presentación
El Humanismo Mexicano es un modelo político, económico y social que prioriza los intereses del pueblo en un proyecto patrio y colectivo, arraigado en las raíces culturales y en la sabiduría popular. Sus principios guían las acciones del Segundo Piso de la Cuarta Transformación y son fundamentales para la política de ordenamiento y desarrollo territorial, pues la manera en que habitamos y construimos el territorio determina el ejercicio de derechos fundamentales como la vivienda adecuada, movilidad, alimentación, agua y medio ambiente sano.
Bajo esta filosofía, el Estado no sólo es espectador del desarrollo del país, sino un actor que lo orienta y conduce, a través de políticas innovadoras que tienen como fin último ampliar el acceso de todas las personas a todos los derechos y que requieren revertir el desmantelamiento de las instituciones públicas que ocurrió durante el período neoliberal. Para ello, por primera vez en décadas, el gobierno vuelve a intervenir en la construcción de vivienda y transporte ferroviario de pasajeros como prioridad para el desarrollo nacional; además, se retoma la obligación y necesidad de conducir la política industrial de manera activa y se asumen como objetivos nacionales garantizar la soberanía energética y alimentaria.
Todas estas acciones requieren la coordinación eficaz de instituciones que inciden en el desarrollo territorial. El Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PNOTDU) es el instrumento del Estado que reconoce al territorio como un bien común, y que expresa la voluntad popular de transformar el territorio en una plataforma de justicia territorial, sostenibilidad ambiental y prosperidad compartida.
Este Programa no es solo una hoja de ruta técnica; es, sobre todo, una nueva apuesta ética y política para devolverle al territorio su sentido público. Un territorio entendido no como una propiedad o patrimonio, sino como el lugar donde las personas viven, crean comunidad, cuidan lo que les rodea y proyectan su porvenir. En un país marcado por desigualdades persistentes, donde la ubicación geográfica aún condiciona las oportunidades de vida, ordenar el territorio con justicia es una vía para avanzar en el ejercicio progresivo de más derechos, para más personas y en todos los territorios, para redistribuir el bienestar y fortalecer los vínculos que dan arraigo a las comunidades.
Desde esta visión, se promueve la igualdad sustantiva a través de una planeación que coloca en el centro a los territorios históricamente excluidos; impulsa la participación activa de la población en las decisiones públicas mediante foros, consultas y espacios deliberativos; y combate todas las formas de discriminación con acciones afirmativas en vivienda, movilidad, infraestructura y servicios básicos.
En concordancia con el Programa Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, este Programa traduce el mandato de construir un México con bienestar para todas las personas, fortaleciendo la rectoría del Estado sobre el uso del suelo, la localización de la infraestructura y la planeación del territorio con sentido público, equidad y visión de largo plazo. Comparte con la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT) y la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (ENAMOV), hacia 2040, un enfoque integral y sistémico, centrado en el fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias para actuar desde el territorio con corresponsabilidad.
A nivel internacional, el Programa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), impulsando estrategias concretas para garantizar el acceso universal a servicios básicos, vivienda adecuada, igualdad sustantiva, reducción de desigualdades y acción climática. Retoma el enfoque de derechos y autonomía del Consenso de Montevideo, y promueve una implementación efectiva de la Nueva Agenda Urbana (NAU), al revalorizar el espacio público, la proximidad territorial y el acceso equitativo a infraestructura, servicios y oportunidades.
El PNOTDU 2026 - 2030 está estructurado en 4 temáticas: 1. Ordenamiento Territorial, 2. Desarrollo Territorial, 3. Desarrollo Regional Productivo, y 4. Sustentabilidad y Resiliencia. A través de ellas, pone en el centro de la política pública el principio de justicia territorial, entendida como respuesta estructural a las desigualdades heredadas y persistentes. En una dimensión ética y programática, reafirmamos principios fundamentales: la honestidad en el servicio público, la defensa de la soberanía y la autodeterminación territorial, y la convicción de que la política debe ejercerse con responsabilidad, empatía y compromiso colectivo. No basta con transformar los espacios físicos; es indispensable transformar también las relaciones de poder que los han configurado históricamente.
Durante los próximos años, este Programa será la brújula que oriente las decisiones del Estado mexicano sobre planeación urbana, suelo, infraestructura, desarrollo agrario, movilidad sostenible, gestión integral de riesgos de desastres y regeneración ecológica. Desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) convocamos a los órdenes de gobierno, a los congresos locales, a los sectores sociales, productivos, académicos y a las comunidades organizadas de todo el país a hacer suyo este Programa. Su éxito no dependerá solo de las instituciones, sino de una voluntad compartida para construir una nueva ética territorial, centrada en los derechos, el cuidado y el bienestar de todas las personas.
Con este Programa, damos un paso firme hacia un México más justo, más habitable y más humano. Porque el derecho al territorio es también el derecho a la memoria histórica, a vivir con dignidad y a un futuro de oportunidades.
2. Índice
1. Presentación
2. Índice
3. Señalamiento del origen de los recursos del programa
4. Siglas, sigloides y acrónimos
5. Fundamento normativo
6. Proceso participativo y aportaciones ciudadanas
7. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
8. Objetivos
8.1. Relevancia del objetivo 1: Consolidar un ordenamiento territorial integrado, sistémico, articulado y participativo, que mejore la gestión eficiente del suelo y garantice el acceso equitativo a servicios y oportunidades para la población, especialmente en regiones con rezago
8.2. Relevancia del objetivo 2: Reducir las brechas territoriales en infraestructura, equipamiento, espacio público, movilidad y vivienda adecuada, priorizando la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad, para incrementar el bienestar de las personas en entornos seguros e incluyentes
8.3. Relevancia del objetivo 3: Impulsar el desarrollo económico con justicia socioterritorial a través del ordenamiento territorial, la certeza jurídica y la evaluación de aptitud territorial para proyectos productivos, en beneficio de quienes habitan las regiones y comunidades
8.4. Relevancia del objetivo 4: Fortalecer la resiliencia y sustentabilidad del territorio mediante la protección y restauración del ambiente, el ordenamiento territorial y la gestión integral de riesgos de desastres, para salvaguardar a comunidades vulnerables ante los efectos del cambio climático
8.5. Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2026-2030
8.6. Alineación a los Anexos Transversales del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
9. Estrategias y líneas de acción
10. Indicadores y metas
11. Lista de dependencias y entidades participantes
12. Glosario
13. Fuentes consultadas
14. Anexos
3. Señalamiento del origen de los recursos del programa
La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para su instrumentación, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio respectivo.
4. Siglas, sigloides y acrónimos
AGA: Archivo General Agrario
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres
CEOTDUs: Consejos Estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
CMIC: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
CNULD: Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
CNOTDU: Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
CONAFOR: Comisión Nacional Forestal
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua
CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
CONAPO: Consejo Nacional de Población
CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DDHH: Derechos Humanos
ENAMOV: Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial
ENOT: Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial
FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
FIFONAFE: Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
GIRD: Gestión Integral de Riesgos de Desastres
IMEPLANES: Institutos Metropolitanos de Planeación
INAFED: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
INSUS: Instituto Nacional del Suelo Sustentable
LGAHOTDU: Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
LGBTTTIQ+: Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual, Queer y otros.
LGCC: Ley General de Cambio Climático
LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
LGMSV: Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
MIRPP: Modelo Integral de Registro Público de la Propiedad
MOC: Modelo Óptimo de Catastro
NAU: Nueva Agenda Urbana
NNA: Niñas, niños y adolescentes
NOM: Norma Oficial Mexicana
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIT: Organización Internacional del Trabajo
ONU: Organización de las Naciones Unidas
PA: Procuraduría Agraria
PADCA: Programa de Atención de Conflictos Agrarios
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación
PIB: Producto Interno Bruto
PND: Plan Nacional de Desarrollo
PNOTDU o Programa: Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
PNV: Programa Nacional de Vivienda
PODEBIS: Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar
POT: Programa de Ordenamiento Territorial
RAN: Registro Agrario Nacional
RENAMET: Red Nacional Metropolitana
RENARET: Registro Nacional de Reservas Territoriales
SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
SE: Secretaría de Economía
SEBIEN: Secretaría de Bienestar
SECTUR: Secretaría de Turismo
SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
SEMAR: Secretaría de Marina
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEMUJERES: Secretaría de las Mujeres
SENER: Secretaría de Energía
SHF: Sociedad Hipotecaria Federal
SICT: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
SIGIRC: Sistema Integral para la Gestión de Información Registral y Catastral
SITU: Sistema de Información Territorial y Urbano
SNIIV: Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda
SNMSV: Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial
SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
SUN: Sistema Urbano Nacional
UNDROP: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales
ZMVM: Zona Metropolitana del Valle de México
5. Fundamento normativo
Este Programa se sustenta en un marco normativo que articula principios constitucionales, leyes sectoriales, atribuciones institucionales, instrumentos de planeación y compromisos multilaterales. Este andamiaje le otorga legitimidad, orienta su ejecución y establece condiciones para una intervención ordenada y coordinada, conforme a los derechos humanos, la equidad, la inclusión y la sostenibilidad, en coherencia con el PND 2025 - 2030.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece los derechos fundamentales vinculados al territorio y las obligaciones para las autoridades. Exige promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos de conformidad con principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y consagra el derecho a la igualdad, además de prohibir toda forma de discriminación por motivos de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana (art. 1o). Reconoce que la Nación mexicana es pluricultural y multiétnica, sustentada originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas, a quienes garantiza el derecho a la libre determinación y autonomía (art. 2o); reconoce el derecho a la vivienda, el agua y saneamiento, la movilidad y al medio ambiente (art. 4o); establece un sistema de planeación democrática (art. 26); protege la propiedad social y faculta al Estado para imponer modalidades a la propiedad privada por interés público, y para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierra (art. 27). Finalmente, reconoce al municipio como actor central de la ejecución territorial (art. 115).
Por su parte, la Ley de Planeación regula el Sistema Nacional de Planeación Democrática y garantiza que este programa se articule con el PND, la participación social y la evaluación. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal asigna a SEDATU la rectoría en ordenamiento territorial (art. 41). La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano define la concurrencia de atribuciones entre órdenes de gobierno y mandata a SEDATU a formular y ejecutar la política nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como promover, controlar y evaluar su cumplimiento (arts. 8o fracción X, 26 y 27). La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) regula el ordenamiento ecológico como instrumento de política ambiental para inducir el uso del suelo y actividades productivas según la aptitud de los ecosistemas; este Programa promueve su coordinación con el ordenamiento territorial urbano, turístico y agrario, para alinear el desarrollo con la sustentabilidad y la conservación. La Ley General de Cambio Climático (LGCC) orienta que la planeación incorpore criterios de mitigación y adaptación, que este Programa integra en asentamientos humanos para la reducción de vulnerabilidades. La Ley Agraria sustenta la propiedad social y el PNOTDU reconoce a los núcleos agrarios como actores clave para participar e incidir en la planeación territorial. La Ley de Vivienda concibe la vivienda como parte de un entorno con infraestructura, conectividad y espacio público, que este Programa busca materializar para reducir la segregación, rezago y vulnerabilidad.
El programa se alinea con la ENOT 2020 - 2040 y la ENAMOV 2023 - 2042, que dotan de referencias normativas y programáticas para la coherencia con las prioridades nacionales. La primera aporta marco territorial estructural, y la segunda enriquece su dimensión de movilidad con enfoque de derechos, seguridad y sostenibilidad. Juntas fortalecen la capacidad del programa para integrar la política territorial, ordenamiento, infraestructura, vivienda, movilidad, desarrollo agrario y sustentabilidad en un marco operativo común.
Además, se articula con compromisos multilaterales de sustentabilidad, acción climática, derechos humanos y justicia territorial.(1) Se alinea a metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; recupera principios de la Nueva Agenda Urbana; adopta el Acuerdo de París; impulsa la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación; incorpora el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres; prioriza el Acuerdo de Escazú; asume la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales; retoma la Convención de Belém do Pará; contribuye al Convenio 169 de la OIT; y se alinea con el Consenso de Montevideo.
6. Proceso participativo y aportaciones ciudadanas
La integración del PNOTDU 2026-2030 se realizó mediante un proceso participativo amplio, deliberativo y sistemático, diseñado para incorporar voces diversas, conocimientos situados y perspectivas críticas. Responde al artículo 26 constitucional, que establece la planeación como una función democrática del Estado basada en la participación, y a los artículos 1° y 20 de la Ley de Planeación que obligan a promover un desarrollo, mediante mecanismos de consulta y deliberación para decisiones colectivas.
Desde su inicio, se reconoció que la formulación de la política territorial no puede ser centralista ni unidireccional. Se adoptó una metodología participativa que integró voces de comunidades, especialistas y personas servidoras públicas de todo el país, reconociendo el valor de los saberes locales. Bajo el lema "Un mismo territorio, diversas realidades", se asumió la diversidad como principio rector para construir un desarrollo más justo y situado. El lema guio tanto la narrativa como la ética y metodología del proceso, promoviendo inclusión, escucha activa y respeto a los contextos locales durante el diseño del programa.
Se operó con tres mecanismos: foros regionales, una plataforma digital para propuestas y talleres interinstitucionales con oficinas estatales del Ramo 15. Esto permitió interactuar con actores y sectores, de manera distribuida y transversal, fortaleciendo el contenido del programa más allá de un diagnóstico técnico, legitimando su construcción democrática y corresponsable.
Los foros regionales organizados en 2025 - Ciudad de México (9 de mayo), Mérida (22 de mayo) y La Paz (5 de junio) -, fueron espacios de diálogo horizontal entre actores y sectores. Se organizaron 12 mesas temáticas sobre ordenamiento territorial, vivienda, movilidad, y desarrollo y organización agraria, con participación de personas expertas, organizaciones sociales y académicas. Se promovió el diálogo y se recogieron saberes comunitarios, diagnósticos locales y propuestas concretas, mismas que fueron sistematizadas para identificar patrones, tensiones y oportunidades. La experiencia confirmó que la deliberación no sólo enriquece el contenido técnico, sino que fortalece los vínculos entre ciudadanía e instituciones.
El segundo componente fue una plataforma digital habilitada del 15 de abril al 13 de junio de 2025, con un formulario abierto para recibir propuestas en ocho temas. Esta herramienta fortaleció la corresponsabilidad y demostró el valor de los canales de participación. Se recibieron 3,434 propuestas sobre gobernanza participativa, infraestructura, justicia agraria, vivienda, movilidad, medio ambiente y cambio climático. Aunque no representativa, la muestra fue territorialmente diversa y permitió visibilizar problemáticas y enfoques ausentes en los marcos institucionales dominantes.
La plataforma levantó información sociodemográfica voluntaria: se observó paridad de género, presencia de personas no binarias, participación de jóvenes, adultos y personas mayores, así como autoadscripciones indígenas (Wixárika, Maya, Mazahua, Náhuatl), afromexicanas y mestizas. Un 2.8 % reportó hablar lengua indígena y un 17.2% vivir con discapacidad.
El tercer componente consistió en talleres con oficinas estatales del Ramo 15, bajo el título "¿Hacia dónde vamos?", en Mérida, Ciudad de México y La Paz. Estos espacios permitieron alinear objetivos, reconocer funciones, articular proyectos y generar sinergias entre instituciones para mejorar la implementación local.
En conjunto, los tres mecanismos conformaron un proceso participativo, transversal y riguroso, que otorga al PNOTDU legitimidad social y profundidad analítica. Más que simbólica, la participación fue sustantiva, deliberativa y significativa. Las aportaciones fueron sistematizadas e integradas al diagnóstico, los objetivos y las estrategias del programa.
Este proceso reafirma el compromiso del Estado mexicano con una planeación democrática, plural y orientada al bienestar. Sienta bases para institucionalizar la escucha activa como principio rector del diseño de políticas públicas y fortalece la trazabilidad entre decisiones técnicas y aspiraciones sociales. Al asumir que un mismo territorio alberga realidades diversas, el PNOTDU 2026-2030 se consolida como una herramienta pública de transformación con anclaje territorial, legitimidad social y visión estratégica.
7. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
El territorio constituye una dimensión fundamental del Estado mexicano, al delimitar no sólo el ejercicio de la soberanía, sino también la configuración institucional, los patrones de ocupación y las condiciones materiales para el ejercicio de los derechos. Este programa reconoce el territorio, no sólo desde una perspectiva geopolítica y administrativa, sino como una construcción social e histórica, resultado de procesos de apropiación, organización y significación por parte de actores diversos. Esto permite entender el territorio como un sistema socioecológico dinámico de interacciones entre poblaciones, ecosistemas, marcos normativos, estructuras de poder e infraestructuras. En él, convergen tensiones distributivas, disputas por el suelo, el agua o la energía, y es también el espacio donde se materializan los derechos y el acceso a recursos.
El análisis del territorio muestra disparidades que afectan su organización, ocupación, aprovechamiento y conservación. A continuación, se describen estas desigualdades y, posteriormente, los problemas públicos que dan lugar a los objetivos, estrategias y líneas de acción del programa.
7.1. Panorama general del territorio mexicano
a) Diversidad territorial y desafíos diferenciados para la política pública
Las zonas urbanas y metropolitanas concentran 79% de la población (INEGI, 2020) y comparten problemas como expansión desordenada, déficit de vivienda, contaminación y movilidad insegura. Las zonas rurales y agroforestales abarcan 52.8% del territorio (INEGI, 2025a) y concentran a la población en pobreza multidimensional. El 39.5% de las comunidades rurales carece de acceso a agua potable de calidad y 31.5% no tiene conexión a internet (INEGI, 2021; 2025b).(2) Los territorios costeros, con más de 11 mil kilómetros de litoral (INEGI, 2015), enfrentan amenazas crecientes: nivel del mar, huracanes intensos y pérdida de ecosistemas. México ha perdido cerca de 150 mil hectáreas de manglares (Boffil, 2025). El turismo masivo en el Caribe intensifica la presión sobre los acuíferos y desplaza a comunidades locales. En el norte, Tijuana y Ciudad Juárez presentan déficit anual de agua del subsuelo: en Tijuana se estima en -1.664 hm³/año y en el Valle de Juárez en -73.333 hm³/año (valores negativos = faltante). (CONAGUA, 2022) Además, la movilidad fronteriza incrementa la demanda de agua y servicios urbanos. En el sur, las autoridades de municipios como Tapachula señalan que reciben 60% de la migración transcontinental, y además presentan rezagos significativos (CONEVAL, 2023). Estas realidades exigen políticas con enfoque de derechos y seguridad humana.(3) Sin embargo, sólo 30% de los municipios cuenta con instrumentos de ordenamiento actualizados (SEDATU, 2025).
b) Distribución de la población y desigualdades territoriales persistentes
Desde 2020, México tiene 126 millones de habitantes, con una densidad media de 64 hab/km². 79.2% reside en zonas urbanas y 20.8% en rurales (INEGI, 2020). Chiapas, Oaxaca y Veracruz presentan alta marginación y urbanización menor a 50%, mientras que Ciudad de México y Nuevo León registraban baja marginación y más de 98% de población urbana (CONAPO, 2020f). Las zonas metropolitanas concentran desigualdades internas. En Puebla-Tlaxcala y Toluca, más de 25% de la población enfrenta rezagos alto o muy alto; en León, Guadalajara y el Valle de México, las periferias urbanas padecen carencias y baja cobertura de servicios básicos (CONAPO, 2020f). Estas brechas se agravan por densidades: la Ciudad de México supera los 6,000 hab/km², mientras que Baja California Sur apenas alcanza 11 hab/km² (INEGI, 2021), lo que encarece la provisión de servicios y exige enfoques diferenciados de planeación territorial. En regiones con alta presencia indígena, el poblamiento disperso, la exclusión histórica del suelo y la falta de equipamiento profundizan la desigualdad estructural.(4)
c) Concentración económica y fragmentación del desarrollo regional
La economía mexicana muestra alta concentración territorial. En 2023, el Producto Interno Bruto (PIB) se distribuyó entre los sectores primario (3.1%), secundario (31.2%) y terciario (65.7%); pero cinco entidades federativas (Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato), generaron más del 44% del total nacional, mientras la mayoría de los estados del sur-sureste no superaron 2% (INEGI, 2025c). En enero de 2025, la PEA(5) era de 61.1 millones (59.4% de la población de 15 años y más), con una tasa de participación de 75% en hombres y 45.5 % en mujeres. Aunque 97.3% estaba ocupada, la informalidad alcanzaba 16.6% (INEGI, 2025a). La desigualdad de ingresos refleja un fuerte sesgo territorial. En 2022, el índice de Gini nacional fue de 0.431, con variaciones regionales significativas: 0.431 en el norte, 0.403 en el centro-norte, 0.421 en el centro y 0.449 en el sur. En 2023, el ingreso del decil más alto superó al más bajo 6.2 veces en el centro, 5.3 en el norte y 4.5 en el sur (Banxico, 2024).(6)
d) Sistema Urbano Nacional (SUN) y zonas metropolitanas
El SUN(7) refleja el rápido proceso de urbanización que convirtió a México en un país mayoritariamente urbano. En 1900, sólo 10.5% de la población vivía en ciudades; en 1950, 43%; y en 2020, 79% (INEGI, 2020; ONU-Hábitat, 2022). El SUN 2020 agrupa 453 ciudades con más de 15 mil habitantes: 13 superan el millón y concentran 52.9% de la población urbana; 84 tienen entre 100 mil y 999 mil (33.3%) y 356, entre 15 mil y 99 mil (13.8%). Estas ciudades ocupan 1.77 millones de hectáreas, con una densidad media de 49 hab/ha; las metrópolis alcanzan 67 hab/ha y las intermedias, 30 hab/ha (SEDATU y CONAPO, 2024).(8) Desde 2023, se reconocen 92 metrópolis, incluyendo zonas metropolitanas, conurbaciones y municipios densos. Generan más de 70% del PIB (INEGI, 2023), y tres de ellas - Valle de México, Guadalajara y Monterrey- reúnen más de 31 millones de personas (CONAPO et al., 2023). Otras 300 ciudades cumplen funciones regionales relevantes. Las 13 mayores concentran más de 46 millones de personas y podrían alcanzar 54 millones en 2030. Entre 2010 y 2020, sus tasas de crecimiento oscilaron entre 0.9 % y 4.8 %, y ocupan 685 mil hectáreas, el 38% de la superficie urbana. El crecimiento horizontal ha invadido suelo agrícola y ecosistemas frágiles, dificultando la dotación de servicios e infraestructura (ONU-Hábitat, 2020).(9)
El SUN es una estructura interconectada, en la que las metrópolis articulan funciones nacionales por su concentración de infraestructura, instituciones y flujos nacionales; mientras que las ciudades intermedias cumplen un rol de consolidación de redes regionales, al conectar lo urbano y rural, articular servicios e impulsar dinámicas territoriales más equilibradas. Esta configuración facilita la movilidad, la logística y la integración urbano-rural. Las dinámicas regionales son contrastantes: el centro presenta alta densidad y presión sobre el suelo; el norte combina industrialización y dispersión urbana; el sur-sureste mantiene baja densidad y poca integración; el Bajío y occidente consolidan una red policéntrica de ciudades vinculadas a través de cadenas productivas.(10)
e) Dinámicas demográficas urbanas y requerimientos territoriales a 2030
El análisis de 152 ciudades con más de 100 mil habitantes en 2020 confirma una expansión urbana sostenida. Entre 2010 y 2020, la población urbana creció de 75.6 a 87.3 millones, con una tasa media anual de 1.49%, superior al promedio nacional (1.18%). La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) (20.7 millones), Guadalajara (4.95 millones) y Monterrey (4.93 millones) encabezaron la concentración poblacional, pero con tasas de crecimiento entre 0.90% y 2.37% (SEDATU & CONAPO, 2024), mientras que otras ciudades medianas y emergentes registraron tasas más altas: Querétaro (4.76%), Puerto Vallarta (4.12%), Playa del Carmen (7.55%), Los Cabos (10.49%) y García (N.L.) (9.87%). En contraste, ciudades como Acapulco, Minatitlán y Poza Rica registran estancamiento, lo que demanda reconversión y contención del deterioro urbano. A nivel regional, se proyecta una fuerte concentración en el corredor centro: Ciudad de México, Puebla-Tlaxcala, Toluca, Querétaro y San Luis Potosí sumarían más de 6 millones de personas entre 2020 y 2030, lo que exige anticipar demanda de vivienda, movilidad, infraestructura y servicios, sobre todo en zonas con crecimiento desregulado.
El SUN 2020, clasifica las ciudades por crecimiento proyectado en cuatro rangos: acelerado (más de 4% anual), sostenido (2-4%), estable (0-2%) y estancado (menos de 0%).(11) Estas proyecciones implican requerimientos urbanos específicos. Las 20 ciudades con mayor crecimiento concentrarán una demanda superior a 1.6 millones de viviendas y más de 90 mil hectáreas de suelo urbanizable. Estos escenarios exigen políticas integradas de suelo, vivienda, movilidad e infraestructura con criterios de densificación, sostenibilidad y equidad territorial (SEDATU & CONAPO, 2024).(12)
f) Vivienda y rezago habitacional
El Programa Nacional de Vivienda (PNV) 2026-2030 presenta un diagnóstico detallado sobre los desafíos estructurales en la materia. No obstante, para dimensionar su complejidad y vínculo con el ordenamiento territorial, conviene destacar datos clave.
En 2022, 8.97 millones de viviendas (24.3 %) presentaban rezago. Las tasas más altas se registraron en Chiapas (69.9 %), Tabasco (64.9 %), Oaxaca (54.6 %) y Guerrero (53.5 %), entidades con alta ruralidad, pobreza y presencia indígena. En contraste, Ciudad de México (5.9%) y Aguascalientes (6.3%) mostraron los niveles más bajos (CONAVI, 2023). El rezago incluye precariedad en materiales, hacinamiento y carencias en servicios básicos: 3.5% de las viviendas tiene piso de tierra, 3.46% carece de agua entubada, 1.48% no cuenta con drenaje y 0.76% no dispone de electricidad (CONAVI, 2025). Estas condiciones afectan de forma diferenciada según ubicación, origen étnico, género, edad o discapacidad. 38.4% de la población indígena vive en rezago, principalmente en localidades menores de 2,500 habitantes. Sólo 30.9% de las viviendas está a nombre de una mujer. Entre personas con discapacidad, 30.1% habita en rezago; 277 mil viviendas aún tienen piso de tierra y 418 mil carecen de acceso seguro al agua. En hogares con jefatura femenina, 34.3% carece de escrituras. 26.1% de juventudes y 24.1% de las adultas mayores vive en rezago, con mayores impactos en zonas rurales.(13)
g) Presión ecológica y vulnerabilidad ambiental del territorio
El modelo de desarrollo intensivo en recursos ha provocado un creciente desequilibrio ecológico: 45.9% del territorio nacional corresponde a superficie con uso o vocación agropecuaria (87.9 millones de hectáreas) y 8.2% a aprovechamiento forestal (15.6 millones), es decir, 103.6 millones de hectáreas en conjunto. (INEGI, 2023) Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales cubren cerca de 11.8% de la superficie terrestre de México, distribuidas en 232 unidades de conservación en todo el país (CONANP, 2024). Sin embargo, la deforestación y la degradación de ecosistemas continúan amenazando la biodiversidad, los servicios ambientales y la resiliencia climática. Entre 2001 y 2024 se perdieron 203,552 hectáreas de cobertura forestal al año, ante incendios, cambios de uso de suelo y tala ilegal (CONAFOR, s.f).
Las desigualdades territoriales en el acceso al agua agravan esta vulnerabilidad: el sureste concentra 68% del recurso y 23% de la población, mientras que el centro y norte, donde vive 77%, disponen de apenas 32% del agua (CONAGUA, 2021). En 2020, 39.4% del volumen concesionado provenía de acuíferos, lo que evidencia la alta dependencia de fuentes subterráneas (CONAGUA, 2022). A esto se suma el impacto del cambio climático. Entre 1985 y 2020, la temperatura media anual en México aumentó 0.81 °C, con máximos regionales de hasta +3.8 °C en el sur y sureste, intensificando sequías, estrés hídrico y degradación ambiental (INECC, 2021). En ese mismo periodo, las precipitaciones no mostraron una tendencia significativa nacional, aunque sí variaciones regionales marcadas, con una tasa promedio de +1.027 mm anuales y contrastes entre zonas en aumento y otras en descenso. Esta alta variabilidad hídrica genera incertidumbre para la gestión del agua, la infraestructura y la planificación.(14)
7.2. Problemas estratégicos de política territorial
Eje 1. Ordenamiento Territorial
Objetivo 1. Consolidar un ordenamiento territorial integrado, sistémico, articulado y participativo, que mejore la gestión eficiente del suelo y garantice acceso equitativo a servicios y oportunidades para la población, especialmente en regiones con rezago
Problema 1.1. El ordenamiento territorial en México es complejo, con un marco legal y financiamiento fragmentados entre órdenes de gobierno. La poca articulación de acciones y políticas, la necesidad de armonización normativa y una limitada capacitación local, se traducen en una baja cobertura, obsolescencia y poca eficacia de los instrumentos de planeación para un mejor uso, conservación y aprovechamiento del territorio.(15)
Aunque sólo 1.2% del territorio mexicano está ocupado por asentamientos humanos, la estructura político-administrativa compuesta por 32 entidades, 2,478 municipios y más de 179 mil localidades (INEGI, 2025; INEGI, 2024a), exige una planeación territorial integrada, coordinada y un marco legal coherente. Desde la aprobación de la LGAHOTDU (2016), sólo cinco entidades han armonizado completamente su marco legal; 25 lo han hecho parcialmente y dos no han iniciado el proceso (SEDATU, 2025). Además, persisten marcos normativos sectoriales como las leyes en materia agraria, ambiental y urbana en los tres órdenes de gobierno, cuyos criterios pueden ser distintos, especialmente para determinar las vocaciones de un mismo territorio.
Esta inconsistencia se suma al rezago en la elaboración de los instrumentos de ordenamiento. Sólo 23.5% de los municipios cuenta con un programa de ordenamiento vigente, de los cuales, 60% tiene más de diez años (SEDATU, 2024c). A nivel metropolitano, al cierre de 2023, sólo 29 de las 92 metrópolis tenían un programa aprobado; de los cuales 13 fueron elaborados antes de 2016 (publicación de la LGAHOTDU). La falta de actualización y articulación limita la utilidad de estos instrumentos, permitiendo una urbanización dispersa y sin sostenibilidad, con ocupación de suelos agrarios, agrícolas o de valor ambiental.
En este contexto, es necesario reconocer que el modelo de planeación territorial en México genera instrumentos que, en la mayoría de los casos, no se articulan con los programas de gobierno. Mientras que las disposiciones que regulan el uso del suelo sí tienen un carácter vinculante, el resto de los proyectos y estrategias que resultan de un POT no se conciben como condicionantes para garantizar el desarrollo ordenado de un territorio y suelen tener muy baja implementación. El bajo nivel de exigencia sobre su cumplimiento está asociado a (i) la ausencia de participación social significativa durante su elaboración y (ii) la falta de mecanismos de evaluación y seguimiento.
El contexto institucional también hace evidente la necesidad de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales. Muchos enfrentan obstáculos técnicos, administrativos y financieros para elaborar, actualizar o aplicar sus instrumentos de planeación, lo que perpetúa una gestión territorial fragmentada, reactiva y desvinculada de la planeación del desarrollo. En estas condiciones, proliferan la urbanización irregular, la ocupación de zonas de riesgo y la exclusión de amplios sectores de la población del acceso a servicios y equipamiento.
Solo el 13.5% de los municipios llevan un registro sistemático de asentamientos humanos irregulares, lo que dificulta su incorporación efectiva a procesos de planeación. A pesar de este subregistro, se estima la existencia de entre 7 y 7.5 millones de predios irregulares en el país. Las mayores concentraciones se encuentran en el Estado de México (2,273), Jalisco (1,661), Ciudad de México (966) y Guanajuato (919) (INEGI, 2024).
Durante el período 2018 - 2024, se elaboraron y publicaron 12 programas estatales de ordenamiento territorial y 17 metropolitanos. Desde la SEDATU, se otorgó financiamiento para la elaboración o actualización de 238 programas de distintas escalas territoriales, incluyendo municipales y parciales. En este período, cinco entidades federativas armonizaron su ley estatal con la LGAHOTDU y en 25 entidades se realizó una armonización parcial, que aún debe completarse.
En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, es necesario avanzar hacia un nuevo modelo de planeación territorial que fortalezca la implementación coordinada entre órdenes de gobierno de los programas de ordenamiento y recupere la planeación como herramienta del Estado para garantizar derechos, distribuir recursos, reducir desigualdades y construir bienestar desde el territorio. Se promoverán adecuaciones normativas que articulen las dimensiones urbana y ecológica con mecanismos de exigibilidad, evaluación y coordinación, bajo los principios de progresividad de los derechos, participación social, género e inclusión, gestión integral de riesgos, así como enfoque de cuenca y acuífero. Se establecerán programas continuos de asistencia a gobiernos locales, esquemas de evaluación para aplicar las normas oficiales mexicanas relacionadas con la planeación territorial. Se impulsará que los municipios sin instrumentos vigentes elaboren o actualicen sus programas con criterios de justicia socioterritorial, participación social, sustentabilidad y derechos; sin que la elaboración o actualización de los programas de ordenamiento sea un fin, sino un medio para mejorar las condiciones de desarrollo y sustentabilidad en un territorio. SEDATU mantendrá una visión de planeación integral, brindando apoyo técnico a municipios con los proyectos prioritarios del Gobierno de México, para elaborar o actualizar sus programas de ordenamiento territorial.
Problema 1.2. La coordinación entre órdenes de gobierno es limitada, desarticulada y carece de mecanismos efectivos de corresponsabilidad. Esquemas existentes, como los consejos metropolitanos, suelen operar sin atribuciones vinculantes, financiamiento propio ni continuidad operativa. Esta situación impide consolidar una gestión integrada del territorio.(16)
A pesar de que 65.5% de la población y 82.5% del PIB están concentrados en las 92 metrópolis (INEGI, 2023), la gobernanza sigue siendo limitada. Al cierre de 2025, sólo diez entidades han emitido leyes estatales de coordinación metropolitana; 70 metrópolis tienen Comisión de Ordenamiento, pero solo 17 operan regularmente, mientras que 22 no cuentan con ninguna(17). Sólo 25 metrópolis han conformado Consejos Consultivos de Desarrollo Metropolitano; 29 cuentan con programas de ordenamiento aprobados y en otras 16 sus programas se encuentran en proceso de aprobación (SEDATU, 2024b).
A nivel estatal, aunque la LGAHOTDU contempla los Consejos Estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (CEOTDUs), entre 2018 y 2023 solamente 25 entidades los reinstalaron (76.3 %); de ellas, 16 carecen de lineamientos y sólo 17 reportaron sesiones en 2023. Los consejos metropolitanos y estatales operan con marcadas desigualdades en su instalación, funcionamiento e incidencia. En la mayoría de los casos, su operación es intermitente, y sus funciones no son vinculantes en los procesos de ordenamiento y planeación. Existen consejos cuya integración no considera la representatividad sectorial. Aunque existen experiencias locales que han buscado fortalecer la participación social, su capacidad formal para incidir en decisiones sobre el uso del suelo, la gestión del territorio o la asignación de recursos sigue siendo limitada. En general, la participación en el ámbito territorial se mantiene en un carácter consultivo, localizado y de bajo impacto estructural.
Entre 2018 y 2024 se registraron avances en materia de gobernanza. Desde 2021, la LGAHOTDU da sustento legal a la creación de institutos municipales, multimunicipales y metropolitanos de planeación, y habilita la elaboración de instrumentos normativos como los Lineamientos para IMEPLANES (2024). Por su parte, la Red Nacional Metropolitana (RENAMET) se consolidó como un espacio técnico de articulación entre gobiernos, pasando de 245 integrantes en 2019 a más de 700 en 2024. Se desarrollaron herramientas clave como el Manual y Caja de Herramientas de Gobernanza Metropolitana (2020), útil para fortalecer la coordinación intermunicipal, la toma de decisiones basada en evidencia y la planeación territorial integrada. No obstante, su adopción ha sido desigual entre zonas metropolitanas, dependiendo de asistencia, financiamiento y capacidades.
Para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación se proponen acciones diferenciadas por escala. Para asegurar que la toma de decisiones se sustente en información del territorio suficiente, consistente, verificable y adecuada, que posibilite que los procesos de ordenamiento y desarrollo territorial puedan construirse a partir de una escala de trabajo coherente, que permita identificar condiciones ambientales, riesgos, aptitud del territorio y relaciones espaciales relevantes para la planeación en el territorio. Por ejemplo, se actualizará la ENOT para incorporar nuevos fenómenos territoriales y mantenerla vigente, como articuladora de los procesos de planeación y gestión del ordenamiento. Se promoverá que los CEOTDUs funcionen como espacios de coordinación para la implementación de proyectos estratégicos del Gobierno de México que inciden en el territorio, como los trenes de pasajeros, los polos de desarrollo económico y el programa Vivienda para el Bienestar, entre otros.
En el ámbito metropolitano, se impulsará la creación de organismos metropolitanos con capacidad para gestionar servicios, que atiendan las necesidades de dos o más municipios; por ejemplo, agencias metropolitanas en los temas de movilidad, residuos o cualquier otro de escala metropolitana. También, se promoverán esquemas de financiamiento compartido, a partir de la firma de convenios para constituir instrumentos financieros que concentren y administren recursos de aportaciones municipales, estatales y/o federales, destinados al desarrollo de proyectos metropolitanos específicos. Se impulsará la adopción de leyes de coordinación metropolitana en entidades que aún no las tienen, y la actualización de lineamientos sobre competencias y colaboración. Se fortalecerán IMEPLANES mediante formación, acompañamiento, metodologías homologadas y evaluación.
Problema 1.3. Los gobiernos locales enfrentan retos técnicos e institucionales para gestionar el ordenamiento territorial y proveer servicios adecuados, que limitan la continuidad y consolidación de proyectos de largo plazo, generan dependencia de otros órdenes de gobierno y limitan su autonomía.(18)
En la mayoría de los municipios, las funciones de ordenamiento territorial recaen en equipos técnicos reducidos y poco especializados que, además, son responsables de atender trámites relacionados con el desarrollo inmobiliario, lo que genera una carga operativa que deja poco tiempo para la planeación del desarrollo territorial. La situación se agrava por la rotación de personal, falta de formación continua y poco uso de herramientas geoespaciales. En 2023, doce entidades federativas no diseñaron programas de formación dirigidos a las personas servidoras públicas estatales responsables del ordenamiento y el desarrollo territorial y nueve de ellas tampoco impartieron cursos (INEGI, 2024b).
Esta debilidad afecta la obtención, procesamiento y aprovechamiento de datos y el uso de herramientas como el Sistema de Información Territorial y Urbano (SITU). Aunque concentra información geográfica, estadística y documental, su utilización es mínima: 99.6% de los documentos tiene menos de 9 visitas y 34% de las capas no han sido consultadas y la más vista alcanzó sólo 526 visitas en dos años. Solo 23% de las personas usuarias conoce y utiliza el módulo de análisis geográfico. Aunque 90% de sus datos cumple criterios de homologación, sólo 25% de su información es vigente.
Entre 2018 y 2024 se integró el SITU como plataforma nacional, aunque aún requiere difusión, actualización y soporte técnico, por lo que, en los próximos años, se fortalecerá como herramienta, fortaleciendo su interoperabilidad con sistemas federales y locales, ampliando cobertura temática y territorial, y facilitando su uso con interfaces intuitivas, datos abiertos y servicios accesibles para municipios con baja capacidad tecnológica; con el fin de que sea una herramienta clave en la planeación municipal, estatal y regional. El SITU integrará versiones actualizadas de registros territoriales y avanzará hacia una vinculación gradual con otras plataformas de información. La SEDATU realiza de manera permanente acciones de capacitación, como el curso "Planeación territorial: rumbo a la gestión ordenada de los municipios", impartido en la administración anterior, que permitió capacitar a más de 3,000 personas, y derivó en la actualización de 18 programas municipales y en el compromiso de 140 municipios de activar procesos de fortalecimiento (SEDATU, 2023).
Durante el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, se consolidará una estrategia nacional de capacitación, que contribuya a construir conciencia sobre la importancia y utilidad del ordenamiento y su impacto en el bienestar de las personas. La estrategia permitirá articular un modelo de formación multidisciplinaria y con líneas de especialización; por ejemplo, en movilidad, gestión integral de riesgos, planeación territorial, gestión catastral y registral, y cumplimiento de normas oficiales, entre otras. Se establecerán criterios pedagógicos para el diseño de los programas de formación con el fin de asegurar su calidad. Estos criterios contemplarán enfoques pertinentes y el uso de recursos didácticos contextualizados a territorios y personas. Podrán generar un expediente en el que se registren los programas completados y las competencias desarrolladas. Se generará una vinculación formal y activa con otras instituciones de formación, con espacios de intercambio y reflexión.
Problema 1.4. La fragmentación, desactualización y falta de interoperabilidad entre catastros y registros públicos genera incertidumbre sobre la propiedad y uso del suelo. Esta situación limita la seguridad jurídica, reduce la recaudación predial y obstaculiza la planeación territorial.(19)
En 2022, 358 municipios (14.6%) reportaron no tener actividad catastral ni cobro del impuesto predial, lo que evidencia rezagos operativos y pérdida de base fiscal (INEGI, 2023a). Además, 466 municipios declararon no haber realizado acciones para actualizar el padrón catastral, y la vinculación efectiva entre el catastro y su registro público de la propiedad, sigue siendo limitada: sólo 61 municipios reportaron predios vinculados mediante folio real (515,690 predios a nivel nacional) (INEGI, 2023a). A ello se suma un rezago tecnológico: entre los municipios con expedientes catastrales, sólo cerca del 33% reportó digitalización (INEGI, 2023a). El predial representa apenas 0.3% del PIB, frente a 1.1% en países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (OCDE, 2022), lo que refleja una base tributaria subutilizada y limita la inversión. En Oaxaca, Tabasco y Chiapas, más de 90% de los ingresos proviene de transferencias federales y, a nivel municipal, sólo 22% es de ingresos propios (López Moguel y Cuevas Reyes, 2019).
Actualizar, digitalizar e interoperar catastros es clave para ampliar la base fiscal y gestionar el desarrollo territorial. El rezago es crítico en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, donde más de 60% de sus municipios carecen de catastro funcional o registro digital. (INEGI, 2023a). Esta situación debilita la planeación territorial, limita la función social del suelo y restringe el acceso de poblaciones a servicios.
Entre 2019 y 2024, el Programa de Modernización de Registros Públicos de la Propiedad y Catastros aprobó 103 proyectos: 43 sólo en registros, 49 sólo en catastros y 11 en ambos. Para su seguimiento, se desarrolló el Sistema Integral para la Gestión de Información Registral y Catastral (SIGIRC) que, al cierre de 2024, reportó un avance de 63.96% en registros y 50.19% en catastros. El Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), en sus informes 2023 y 2024, reportó que se firmaron 32 convenios con municipios de 17 estados -incluyendo Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Guanajuato, Puebla, Sinaloa y Veracruz- para coordinarse con los Registros Públicos y los catastros, agilizando la protocolización y entrega de escrituras.
En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, se impulsará la interoperabilidad entre padrones catastrales y registros inmobiliarios mediante plataformas digitales que integren datos físicos y jurídicos. Se adoptarán formatos estandarizados, públicos y accesibles, y se acercarán servicios a comunidades marginadas con esquemas móviles, trámites simplificados y canales multilingües, reduciendo brechas y fortaleciendo la justicia fiscal.
Problema 1.5. Existen presiones territoriales sobre la propiedad social, que se agravan por el déficit de certeza jurídica, conflictos agrarios y rezago institucional. Los instrumentos de ordenamiento y gobernanza no responden a las características de ejidos y comunidades agrarias, reforzando condiciones estructurales de exclusión e inhibe el pleno ejercicio de derechos, limitando las oportunidades para el aprovechamiento de sus tierras.
La propiedad social representa 50.8 % del territorio, con más de 105 millones de hectáreas en 29,827 ejidos y 2,424 comunidades agrarias, donde viven cerca de 5.4 millones de personas. Sin embargo, el neoliberalismo dio prioridad a los procesos de urbanización como modernidad, invisibilizando la importancia estratégica, social, ambiental y ecológica de las comunidades rurales y la propiedad social. Se dejó de dar prioridad a la atención de conflictos agrarios y a la necesidad de dar certeza jurídica a quienes los habitan, y las acciones de ordenamiento fueron insuficientes para proteger a ejidos y comunidades frente a las presiones del desarrollo urbano. Hasta junio de 2024, 1,741 núcleos carecían de certificación de derechos y cerca del 4 % enfrentaba conflictos por tenencia, sucesión o delimitación (RAN, 2024a). El 43.2 % no contaba con órganos de representación vigentes, lo que limita la toma de decisiones y el acceso a programas públicos (RAN, 2021). El envejecimiento agrario agrava el panorama: 33 % de los sujetos tiene más de 65 años, 40 % de los representantes ejidales supera los 70, y apenas 7.5 % ha adoptado mecanismos de relevo generacional (PA, 2025). El régimen agrario enfrenta presión por proyectos de turismo, infraestructura y otras causas de utilidad pública, como la regularización de asentamientos. De 1998 a 2020 se emitieron 1,711 decretos de expropiación que afectaron 336,605 hectáreas, con indemnizaciones por más de 9,217 millones de pesos; 30 % fueron promovidos por INSUS para regularizar asentamientos (FIFONAFE, 2025).
En México, 7.36 millones de personas (6.1 % de la población) hablan una lengua indígena (INEGI, 2020). Persisten deudas históricas relacionadas con el despojo a comunidades indígenas, que, al no tener reconocimiento jurídico sobre la posesión de tierras, fueron marginadas y desplazadas de territorios ancestrales.
Entre 2018 y 2024 se emitieron más de 130,000 documentos agrarios que certificaron la tenencia de 9.6 millones de hectáreas, priorizando núcleos con alta marginación y población indígena (RAN, 2024). Se celebraron 1,427 asambleas ejidales para validar procesos de regularización con acompañamiento. En justicia agraria, se implementaron 20 Planes de Justicia en siete estados, promoviendo el reconocimiento territorial de indígenas y afromexicanos mediante planeación participativa y diálogo con autoridades tradicionales (INPI, 2025). Destacan la restitución de más de 45 mil hectáreas a los pueblos yaquis, casi 6 mil a la nación wixárika en Nayarit y cerca de 3 mil en la Sierra Tarahumara, reivindicando derechos, reforzando la gobernanza y promoviendo paz territorial.
El Segundo Piso de la Cuarta Transformación impulsará que los instrumentos de ordenamiento y gobernanza sean más adecuados para integrar las necesidades y regímenes organizativos de localidades rurales, ejidos y comunidades agrarias. Desde el ordenamiento territorial, se avanzará en la resolución de conflictos que limitan la certeza jurídica y aumentan la vulnerabilidad de la propiedad social. Se continuará con los Planes de Justicia. El Programa de Atención de Conflictos Agrarios tiene un universo de 198 casos activos, los cuales en su gran mayoría involucran a ejidos, comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos.
Eje 2. Desarrollo Territorial
Objetivo 2. Reducir las brechas territoriales en infraestructura, equipamiento, espacio público, movilidad y vivienda adecuada, priorizando la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad, para incrementar el bienestar de las personas en entornos seguros e incluyentes
Problema 2.1. Persisten carencias en infraestructura y equipamiento que limitan el acceso equitativo a servicios básicos, espacio público seguro y entornos accesibles. Estas brechas profundizan la exclusión territorial, especialmente en zonas marginadas, y restringen el bienestar de millones de personas, afectando su salud, seguridad y calidad de vida.(20)
La falta de acceso a agua potable, saneamiento, energía y movilidad reproduce desigualdades y profundiza la exclusión territorial, al limitar el acceso efectivo a servicios y restringir las condiciones para una vida digna. Un factor crítico es la ubicación inadecuada del suelo destinado a vivienda social. A nivel nacional, un 39.2% de la reserva territorial registrada se encuentra en zonas periurbanas no consolidadas y el 27.5% en áreas clasificadas como "fuera de contorno urbano". Esto significa que más de dos tercios de la reserva registrada, se ubica fuera de zonas con infraestructura consolidada, cuya urbanización implica altos costos públicos (SEDATU, 2022c). A ello se suma la existencia de al menos 9,180 asentamientos humanos irregulares (INEGI, 2024), donde prevalecen condiciones de precariedad y exclusión territorial. Estas comunidades carecen de acceso formal a servicios y requieren atención.
Si bien la pobreza multidimensional en relación con la carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda se redujo de 19.6% de la población en 2018 a 17.8% en 2022 (equivalente a 1.4 millones de personas que salieron de esa condición), el reto aún es importante, particularmente en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, donde se identifica que la población presenta carencias relacionadas con la vivienda por arriba del promedio nacional. (CONEVAL, 2023) El PNV 2026 -2030 ofrece un análisis detallado de la situación de carencias en el acceso a servicios básicos en la vivienda.
Las infancias y adolescencias también se ven afectadas por falta de equipamientos adecuados. Aunque siete de cada diez hogares urbanos reportan contar con un parque o plaza cercanos, las familias evitan su uso debido a percepciones de inseguridad o deterioro (CONEVAL, 2023). En zonas de alta marginación, las condiciones precarias del espacio público y el equipamiento barrial limitan su uso por parte de las infancias. En colonias periféricas, el temor a la violencia, el tráfico o la ausencia de banquetas seguras restringe su movilidad. Además, se ha documentado que las niñas acceden menos al espacio público que los niños (Guadarrama & Pichardo, 2021; Robles & Gutiérrez, 2024). Estas restricciones vulneran el derecho al desarrollo, la salud y la autonomía, y subrayan la necesidad de incorporar enfoques de seguridad infantil, accesibilidad y perspectiva de género en la planeación territorial. Asimismo, persisten formas diferenciadas de exclusión en el uso del espacio público para mujeres, personas con discapacidad, infancias, juventudes y diversidades. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que 77% de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales, Travestis, Intersexuales y Queer (LGBTTTIQ+) ha sufrido violencia basada en género durante trayectos cotidianos. Aquellas que expresan abiertamente su identidad enfrentan mayores niveles de acoso, incluidos el acoso físico (72.5 %) y los intentos de violación (17 %) (BID & UNC, 2023).
Entre 2018 y 2024, SEDATU invirtió más de 35 mil mdp en equipamientos urbanos (SEDATU, 2024). En particular, entre 2022 y 2024, a través de la vertiente de Obras Comunitarias se realizaron 295 obras por 651 millones de pesos en coordinación con 231 comités comunitarios, beneficiando a cinco estados.
Durante el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, se promoverá que la construcción y rehabilitación de infraestructura ponga en el centro las necesidades de personas en municipios de baja habitabilidad y amplíe el acceso a servicios y a la construcción o mejoramiento de equipamiento con participación social. La inversión pública en infraestructura y equipamiento deberá ser instrumento para hacer valer los derechos territoriales, como el acceso a agua potable, saneamiento y la movilidad, así como la disponibilidad de espacios de calidad para la recreación, el abasto, la educación y la salud. A través de estrategias como el Plan Integral del Oriente del Estado de México y el Programa Regional "General Lázaro Cárdenas del Río" se atenderá integralmente poblaciones históricamente excluidas y que no tienen acceso a servicios e infraestructura básica.
Problema 2.2. La movilidad en México opera bajo un modelo excluyente, que incentiva el uso del automóvil particular y que ofrece servicios de transporte público deficientes. La expansión de las manchas urbanas no sigue patrones favorables a la consolidación de sistemas de movilidad integrados.
Desde la reforma al artículo 4o constitucional en 2020, México es uno de los pocos países que reconoce la movilidad como un derecho. Bajo el principio de interdependencia de los derechos humanos, la movilidad es un "derecho llave" que abre la puerta y facilita el goce de otros. El acceso a la educación, la salud o el trabajo, entre otros, requiere que las personas puedan desplazarse en condiciones de seguridad, equidad, inclusión, accesibilidad y eficiencia.
No obstante, el modelo actual de movilidad enfrenta deficiencias derivadas de un patrón de expansión urbana dispersa, desconectada y con baja accesibilidad. Millones de personas enfrentan desplazamientos largos, costosos y riesgosos. Entre 2014 y 2017, solo 8% de las viviendas financiadas por organismos públicos se ubicó en zonas urbanas consolidadas, y apenas 2.9% de la vivienda económica se construyó en entornos bien conectados (INSUS, 2020). Esta localización ha generado asentamientos periféricos sin transporte público. En la ZMVM, más de 7.6 millones de personas, dedican más de 2 horas diarias a transportarse (SEDATU, 2023a). Los hogares con menores ingresos destinan hasta 21% de su gasto total al transporte (INEGI, 2021). El desarrollo de infraestructura sigue privilegiando al automóvil sobre modos más eficientes y sostenibles, y esto se refleja en un crecimiento del parque vehicular, que entre 2001 y 2023, aumentó de 17.3 a 58.2 millones de unidades, mientras que las motocicletas aumentaron 574% (INEGI, 2025). Este crecimiento refleja la escasez de transporte público y el efecto de políticas fiscales regresivas que incentivan el transporte individual, como el subsidio a la gasolina, la exención de la tenencia, o la gratuidad de la verificación de emisiones.
Este modelo resulta inequitativo no sólo en términos territoriales, sino también desde una perspectiva de derechos. La movilidad resulta restrictiva para muchas mujeres. En la Ciudad de México, 96% de las usuarias de transporte público reportó haber experimentado algún tipo de violencia, desde acoso verbal hasta contacto físico forzado, según una encuesta realizada por ONU Mujeres y el Gobierno de la Ciudad de México (2018). Esta situación limita su libertad de desplazamiento y condiciona sus trayectos cotidianos. Esta realidad exige políticas de movilidad con medidas de protección específicas y criterios de inclusión en el diseño del transporte y del espacio urbano.
Además, la siniestralidad vial constituye un problema de salud pública. Entre 2011 y 2022, se registraron en promedio 380 mil siniestros viales anuales, más de 14 mil muertes y 130 mil personas lesionadas cada año (SNMSV, 2023). En 2023, la cifra de muertes por siniestros viales, alcanzó 16,500 personas. Si bien peatones y ciclistas enfrentan alta exposición por la falta de infraestructura segura, los motociclistas concentran una proporción aún mayor de muertes y lesiones. Superar esta situación, requiere integrar la movilidad como un componente estructural del ordenamiento territorial. La infraestructura debe orientarse a garantizar la vida, la equidad y el acceso efectivo al territorio.
Entre 2018 y 2024, la reforma constitucional de 2020 y la publicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) (2022) establecieron las bases de un marco legal que dio origen al Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (SNMSV), mecanismo de coordinación con las 32 entidades federativas y presidido por SEDATU y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como a instrumentos clave como la ENAMOV y la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano. También se avanzó en la regulación técnica con las normas NOM-004-SEDATU-2023 sobre diseño vial urbano y NOM-034-SCT2/SEDATU-2022 sobre señalización vial, que sustituyen el paradigma centrado en el automóvil por un enfoque sistémico y de seguros. A nivel subnacional, 22 entidades han armonizado sus leyes de movilidad con la LGMSV, lo que representa un paso hacia la coherencia normativa y la consolidación de un sistema nacional articulado. Sin embargo, persisten desafíos: baja capacidad técnica y financiera de gobiernos locales, desarticulación entre políticas de movilidad y ordenamiento territorial, y la captura del transporte público por intereses privados.
El Segundo Piso de la Cuarta Transformación plantea cinco ejes estratégicos. Fortalecer la coordinación para implementar la LGMSV y la ENAMOV. Fortalecer la movilidad en los programas de ordenamiento mediante diagnósticos integrales como base técnica para la toma de decisiones. Acciones focalizadas para mejorar la movilidad alrededor de nuevas viviendas. Vincular la movilidad de localidades con proyectos estratégicos, como redes ferroviarias y corredores logísticos. Convocar a una Cruzada Nacional por la Seguridad Vial que articule la participación de los tres órdenes de gobierno, sector privado, transportistas, empresas de prestación de servicios de movilidad, medios de comunicación y sociedad civil, para implementar un decálogo de acciones que contribuyan a una reducción significativa en la siniestralidad y una nueva cultura de seguridad vial.
Problema 2.3. Las políticas de vivienda y de ordenamiento estuvieron desvinculadas por décadas, lo cual, aunado a la falta de acceso a suelo, ha producido un círculo vicioso de expansión urbana fragmentada y de baja densidad, vivienda periférica y asentamientos irregulares con déficit de servicios o en condiciones de riesgo; que inhibe el pleno ejercicio del derecho a la vivienda adecuada, bajo un concepto integral de hábitat.
Durante décadas la política de vivienda estuvo basada en un modelo de financiamiento desvinculado de la política y los instrumentos de ordenamiento. En este período se construyó vivienda horizontal, sin integración a otros usos de suelo, servicios, equipamientos y oportunidades de empleo o educación. Su ubicación y baja densidad hizo inviable el acceso a transporte público y, por el contrario, generó una dependencia del automóvil privado, con altos costos económicos, sociales y ambientales, Esta expansión urbana se vio reforzada por la falta de mecanismos de acceso a suelo apto. En ciudades se observa la subutilización de predios intraurbanos al mismo tiempo que proliferan asentamientos irregulares que invaden áreas de valor ambiental o que se ubican en zonas con alta exposición ante fenómenos naturales perturbadores.
Reivindicar la vivienda como un derecho y no como una mercancía implica revertir la lógica especulativa y excluyente bajo la cual funciona el mercado de suelo urbano, y promover una política nacional de suelo que garantice acceso equitativo, bien localizado y con mecanismos de gestión pública. Millones de personas son forzadas a asentarse en áreas sin servicios, lejos de las oportunidades económicas, educativas o de movilidad, lo que refuerza la vulnerabilidad y la exclusión territorial. Se afecta de manera desproporcionada a mujeres, personas indígenas, juventudes y hogares con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, para quienes adquirir un lote urbano puede requerir más de ocho décadas de ingreso acumulado (INSUS, 2020a).
A falta de políticas integrales que impulsen el desarrollo policéntrico y la distribución espacial de oportunidades, las zonas urbanas consolidadas se desarrollan de manera desigual, concentrando áreas de alta marginación y pobreza. La ausencia de mecanismos de protección contra el desalojo, la gentrificación y la reconversión especulativa del uso del suelo ha provocado la expulsión de comunidades populares y el desmantelamiento de redes comunitarias, especialmente en barrios tradicionales, costeros y con valor patrimonial. Se afecta de forma diferenciada a jefas de hogar, personas indígenas residentes en zonas urbanas, personas arrendatarias y juventudes, consolidando formas de segregación territorial asociado a desigualdades de género, origen étnico, condición socioeconómica y edad.
El rezago habitacional alcanza a 24.3% del parque habitacional (CONAVI, 2023), no sólo refleja déficits materiales, sino también la falta de integración urbana, inseguridad jurídica y carencias de accesibilidad. En Chiapas, Oaxaca y Guerrero, más de la mitad de la población habita viviendas en condiciones de rezago, con impactos graves en municipios indígenas, donde las desigualdades son estructurales y multidimensionales. A nivel nacional, 38.4% de la población indígena vive en condiciones de rezago habitacional (CONEVAL, 2023), muchas veces sin títulos de propiedad ni acceso efectivo a políticas públicas. A ello se suma una orientación normativa y financiera que no prioriza la gestión integral del riesgo. Numerosos asentamientos se localizan en zonas de alta exposición a desastres, sin instrumentos de mitigación ni esquemas de vivienda resiliente.
El ejercicio del derecho a la vivienda no radica únicamente en el acceso a ella, sino en el modelo territorial e institucional mediante el cual se produce, distribuye y habita el espacio urbano en México. La falta de integración entre política habitacional, gestión del suelo, planeación urbana y derechos territoriales impide avanzar hacia ciudades justas, incluyentes y sostenibles. Entre 2018 y 2024 se registraron avances importantes para cerrar la brecha entre la política habitacional y el ordenamiento en México (SEDATU, 2024). Por primera vez, el principio de ubicación fue incorporado como criterio rector en documentos estratégicos como el PNV.
En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, se plantea atender las necesidades de vivienda adecuada de una manera articulada con el ordenamiento, para garantizar el acceso al hábitat. Como lo plantea el objetivo 4 del PNV 2026-2030, se dará impulso al ordenamiento territorial justo y sostenible y eficaz, que oriente el crecimiento urbano y rural bajo principios de equidad, resiliencia y derechos humanos, mediante la planeación participativa y la regulación efectiva del uso del suelo, para el acceso a una vivienda adecuada.
Desde el ordenamiento territorial, se impulsarán acciones de regularización de asentamientos irregulares aptos y otras estrategias para facilitar el acceso a suelo, se promoverá un modelo de planeación territorial que considere la inserción de vivienda social adecuada en polígonos y corredores intraurbanos, se analizará la aptitud territorial para el desarrollo de vivienda bajo un enfoque de gestión integral de riesgos y se analizarán modelos de regulación e intervenciones urbanas para evitar el desplazamiento y la segregación de la población por procesos de gentrificación y turistificación.
Estos fenómenos son abordados también en el PNV 2026-2030 y son problemas compartidos en muchas ciudades globales, que agravan de manera acelerada el encarecimiento de la vivienda y expulsan a residentes de las colonias que han habitado durante décadas. La gentrificación sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención (ONU Hábitat, 2022). Es decir, además de los desafíos del acceso a la vivienda, la gentrificación en ocasiones es provocada por acciones públicas para el mejoramiento de las condiciones (servicios, espacios públicos, infraestructura, movilidad, etc.) en ciertas zonas urbanas o de centros turísticos. Aunque paradójico, las acciones públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de habitantes de un barrio, pueden ocasionar su desplazamiento; debido a que, bajo una lógica de mercado, al volver una zona más habitable, la demanda por residir en ella aumenta y al tener una oferta de suelo rígida, los precios se elevan, con lo que las personas con mayor poder adquisitivo desplazan a quienes vivían ahí. Es por ello que la gestión de las ciudades no puede dejarse a las fuerzas del mercado. Es necesario que el Estado intervenga para proteger a los residentes y actores económicos locales, mitigar el incremento del precio de las viviendas e incidir para que se genere una oferta suficiente de vivienda social, que mantenga la mixtura social y prevenga la exclusión.
Si bien, la gentrificación se observa desde hace mucho tiempo, la movilidad laboral global y el crecimiento de plataformas para gestionar viviendas bajo un modelo de renta de corta estancia, exacerban sus efectos. Aunado a la falta de una regulación adecuada para proteger a personas arrendatarias, erradicar la discriminación y los requisitos injustificados para rentar un inmueble, para prevenir los desalojos, inhibir la especulación inmobiliaria, o para proteger el comercio local. De hecho, las ciudades mexicanas no cuentan con registros confiables de vivienda en arrendamiento, lo que hace más difícil la implementación de controles. Es necesario analizar experiencias de regulación en otras ciudades, establecer mesas de diálogo con poblaciones afectadas, analizar tendencias de concentración de propiedades, y proponer medidas para evitar que estos fenómenos profundicen problemas de desigualdad y exclusión.
Eje 3. Desarrollo Regional Productivo
Objetivo 3. Impulsar el desarrollo económico con justicia socioterritorial a través del ordenamiento territorial, la certeza jurídica y la evaluación de aptitud territorial para proyectos productivos, en beneficio de quienes habitan las regiones y comunidades
Problema 3.1. La actividad económica en México se concentra en ciertas regiones, mientras que otras zonas rurales y periurbanas que cuentan con infraestructura limitada, baja inversión pública y privada, mano de obra poco especializada y débil articulación de sus vocaciones productivas, son excluidas de las oportunidades de acceso equitativo al desarrollo.
El neoliberalismo pro-mercado con limitada intervención del Estado, se tradujo en una fuerte desregulación, la venta de empresas y activos del estado, y la concesión del aprovechamiento de recursos naturales estratégicos. Su promesa de crecimiento y derrama de beneficios, no se cumplió, y menos con equidad. Muchas regiones, especialmente rurales y periurbanas, quedaron al margen del desarrollo, enfrentando baja inversión pública, débil infraestructura y escasa articulación productiva. El Segundo Piso de la Cuarta Transformación propone un modelo de desarrollo basado en la soberanía y en el aprovechamiento justo, equitativo y sustentable de los recursos del país; en rescatar las fortalezas, la riqueza y la identidad de las diferentes regiones y en privilegiar una aspiración compartida de la prosperidad. Esta visión reconoce la necesidad de la intervención del Estado, a través del ordenamiento y la justicia territorial, la restitución de tierras y derechos, y la vigilancia del cumplimiento de condiciones en títulos de concesión o aprovechamiento de los recursos. La vinculación entre la política territorial y económica es indispensable para corregir brechas de desigualdad en el acceso a oportunidades y para consolidar una economía moral, amplia e incluyente, que nunca más justifique el despojo y los privilegios, bajo la promesa de una derrama económica que no llega.
En 2023, cinco entidades concentraron 43.7% del PIB nacional: Ciudad de México (14.8%), Estado de México (9.1%), Nuevo León (7.9%), Jalisco (7.5%) y Guanajuato (4.4%), reflejando una concentración. En contraste, el sur y sureste registraron niveles mucho menores de inversión, infraestructura y empleo, limitando oportunidades en zonas rurales y periurbanas con rezagos en servicios básicos (INEGI, 2024). La CEPAL (2017) atribuye esta exclusión a la baja inversión pública y la débil integración territorial. En asentamientos irregulares, restricciones legales impiden invertir en infraestructura, perpetuando la precariedad (IIL CCM, 2023). La falta de infraestructura productiva limita la integración del sur-sureste a cadenas de valor regionales (SEFIPLAN, 2023). La OCDE (2017) estima que uno de cada cuatro desplazamientos del campo a la ciudad se debe a la falta de oportunidades por infraestructura deficiente. Estas regiones reportan tasas de inversión y empleo hasta 50% menores que las mejor conectadas.
En Oaxaca, Guerrero y Chiapas, la participación económica femenina es menor a 35%, frente a más de 50% en el norte industrializado (INEGI, 2023b). La falta de políticas inclusivas ha limitado la participación de mujeres en la economía formal, restringiendo su acceso a financiamiento, capacitación y cadenas de valor sostenibles (INPI, 2019). En Oaxaca, casi 80% de las mujeres ocupadas trabaja en la informalidad (INEGI, 2022), sin derechos laborales ni autonomía económica.
Entre 2018 y 2024 se impulsaron acciones para reducir desigualdades territoriales y detonar el potencial económico de regiones históricamente excluidas, especialmente en el sur y sureste -como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Campeche y Tabasco- mediante inversión en infraestructura básica, conectividad, desarrollo rural y turismo social.
En el sexto año de gobierno, la SICT construyó y modernizó 78 kilómetros de caminos rurales y alimentadores y 254 kilómetros de carreteras federales libres; atendió, a través de conservación de caminos rurales y alimentadores 3,667 kilómetros en 20 estados; y se concluyó la pavimentación de 54 caminos con mano de obra local en el estado de Oaxaca y se atendieron 517 kilómetros (SICT, 2024) En el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se habilitaron diez Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS), en los que la SEDATU colaboró atendiendo necesidades específicas de comunidades impactadas por las obras de infraestructuras, liberando derecho de vía y generando beneficios sociales. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) otorgó apoyos por más de 15, mil millones de pesos a más de 2 millones de productores (SADER, 2024). Las Secretarías de Economía, y de Turismo, fortalecieron MiPyMEs y turismo comunitario con enfoque territorial.
Durante el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, se implementará el Plan México, que incluye un fuerte componente territorial: los PODEBIS, nuevos parques industriales y corredores logísticos. Desde el ordenamiento, se evaluará la aptitud territorial para proyectos e inversiones públicas y privadas, se brindará certeza sobre la propiedad, se brindará mediación y atención a conflictos sociales que surjan en el territorio y se promoverá la elaboración y actualización de los Programas de Ordenamiento Territorial (POT). A través de las acciones del Programa Vivienda para el Bienestar, se contribuirá al dinamismo del sector de la construcción y la generación de empleos. Además, se coadyuvará al Programa Nacional Hídrico encabezado por la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), a las acciones de desarrollo agroalimentarias conducidas por la SADER y a un modelo de turismo sustentable y comunitario, coordinado por la Secretaría de Turismo (SECTUR).
Problema 3.2. El aislamiento productivo y social de zonas rurales y periurbanas, causado por baja conectividad, altos costos logísticos y falta de infraestructura, limita su integración económica, frena el desarrollo regional y profundiza desigualdades sociales, territoriales y ambientales.
El desarrollo económico en México refleja una profunda desigualdad territorial. Mientras las regiones del norte y centro concentran inversión, empleo e infraestructura, amplias zonas del sur-sureste y del interior rural permanecen excluidas de los circuitos productivos. Esta exclusión no obedece únicamente a factores geográficos, sino a rezagos estructurales en conectividad, servicios públicos, financiamiento y articulación económica regional (OCDE, 2024).
La ausencia de caminos pavimentados, electrificación estable y conectividad digital en estas regiones, restringe el acceso a salud, educación y empleo (CONAPO, 2020), afectando con mayor severidad a mujeres y niñas. Estas enfrentan mayores barreras para acceder a servicios esenciales, capacitación o canales de comercialización desde sus comunidades. Aunque la red móvil da servicio a 95.3% de la población (CFE, 2024), solo 44.3% de los hogares rurales tiene acceso a internet (INEGI, 2022). Los costos logísticos representan 14% del PIB nacional, muy por encima del promedio de 8% en países de la OCDE, y son hasta 30% más altos en el sur debido a la baja calidad de caminos y la escasa infraestructura ferroviaria y portuaria (Calatayud & Montes, 2020; CEPAL, 2020). Esta situación dificulta la comercialización agrícola y forestal, reduce el valor agregado y limita la integración regional (CEPAL, 2022).
Entre enero 2023 y junio 2024, se conservaron 3,667 kilómetros de caminos rurales y alimentadores contribuyendo a mejorar la conectividad de las comunidades rurales, facilitar el acceso a servicios básicos y promover el desarrollo social y económico de la población. (SICT, 2024) A través del Programa Internet para el Bienestar se instalaron más de 60,000 puntos de acceso gratuito en zonas rurales e indígenas (CFE, 2024). Programas como Sembrando Vida y Producción para el Bienestar fortalecieron las economías locales de pequeños productores en regiones con potencial agroecológico (SEBIEN, 2024). Durante el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, se realizarán inversiones en infraestructura estratégica para la consolidación de PODEBIS y para avanzar en la soberanía energética, acciones coordinadas por la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Energía (SENER). A través de la SICT, se modernizarán carreteras troncales y caminos rurales, y se habilitarán nodos logísticos y centros de transformación y acopio. Se prevé la construcción de 3,000 km de vías férreas para pasajeros y carga. El ordenamiento territorial permitirá dar certeza sobre la propiedad, facilitar el aprovechamiento de predios y terrenos nacionales y liberar derecho de vía, de manera ordenada, con indemnizaciones justas, reubicación de viviendas y mediación social, para hacer viables los proyectos de infraestructura.
Problema 3.3. La subutilización del suelo en propiedad social y la baja articulación territorial limitan su función productiva, agroecológica y estratégica para el desarrollo rural.
El suelo comunal en México representa más de 66% de la superficie de propiedad social, y mantiene un alto potencial productivo, ambiental, cultural y de conservación. No obstante, más de 60% permanece subutilizado o muestra algún grado de degradación, lo que restringe su contribución efectiva al desarrollo rural, la soberanía alimentaria y la sostenibilidad territorial (RAN, 2024). De las 88.4 millones de hectáreas con vocación agropecuaria, sólo 32.1 millones se encuentran en uso activo, mientras que 63% del territorio presenta erosión, compactación o pérdida de fertilidad (SIAP, 2023; INECC, 2023). Pese a que 95% de los núcleos agrarios realiza alguna actividad productiva, no existen esquemas sostenidos de financiamiento colectivo, asistencia técnica ni articulación con mercados regionales, lo que perpetúa la baja productividad, la dependencia de subsidios y la exclusión estructural del suelo comunal (PA, 2025). La estructura agraria es desigual: 56% de productores cuenta con menos de dos hectáreas, y sólo 13.3% de los pequeños productores accede al riego, frente a 37.5% entre los grandes (INEGI, 2025). Entre 2020 y 2024, sólo 34% de los núcleos accedió a programas federales; en zonas indígenas esta proporción se reduce al 21% y en municipios con alta marginación al 18% (PA, 2025).
La débil articulación entre instituciones agrarias, ambientales y rurales limita el alcance territorial de las políticas públicas y refuerza las brechas estructurales. En 2023, sólo 589 núcleos participaron en procesos de ordenamiento, menos del 3% del total nacional (PA, 2024). Esta desconexión entre planificación y manejo del suelo común impide su valorización integral, impone costos ambientales y restringe el desarrollo con arraigo.
Entre 2018 y 2024, programas como Sembrando Vida y Producción para el Bienestar reactivaron 6.6 millones de hectáreas mediante modelos agroecológicos, beneficiando a 1.84 millones de productores con apoyos directos por 13,728.6 millones de pesos (SADER, 2024; Gobierno de México, 2024). La Estrategia de Acompañamiento Técnico promovió más de 11,600 asambleas comunitarias, 40,000 capacitaciones (con 42.5 % de participación de mujeres) y más de 109,000 visitas técnicas. Sin embargo, estas iniciativas aún operan de forma aislada del ordenamiento y con escasa coordinación. En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, se impulsarán adecuaciones normativas para armonizar lo agrario, lo ambiental y lo urbano. También se desarrollarán lineamientos para el uso estratégico del suelo comunal, junto con instrumentos de análisis territorial, catastro rural y convenios entre Registro Agrario Nacional (RAN), SEDATU, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y SADER. Estas medidas buscan fortalecer las capacidades locales y fomentar esquemas de gobernanza que articulen al suelo comunal con el desarrollo territorial, mediante incentivos a la producción agroecológica, la protección de territorios agroalimentarios y el fomento de proyectos de economía social y solidaria.
Problema 3.4. El turismo en México se expandió bajo un modelo concentrado, ambientalmente intensivo y, en ocasiones, desvinculado del ordenamiento territorial; que favorece megaproyectos, especulación, desplazamiento de comunidades, pérdida de identidad cultural y el deterioro de ecosistemas.
En México, el turismo opera bajo un modelo concentrado, intensivo y poco articulado con los asentamientos que rodean a los principales destinos. Aunque existen experiencias de turismo comunitario, biocultural o regenerativo, siguen siendo marginales frente a una industria dominada por la concentración, la rentabilidad y la desarticulación institucional. Cinco conglomerados -Riviera Maya, Ciudad de México, Los Cabos, Puerto Vallarta y Mazatlán- concentran más de 76% del turismo internacional, generando presiones sobre servicios urbanos, acuíferos y ecosistemas (SECTUR, 2022). Este modelo ha sido sostenido por subsidios e inversiones federales sin evaluación de impactos ni mecanismos redistributivos. A su vez, regiones con valor paisajístico, cultural y ecológico siguen fuera de las cadenas de valor. Sólo 7% del gasto turístico llega a comunidades ecoturísticas, mientras el empleo se concentra en microempresas informales sin acceso a financiamiento (SECTUR, 2022). La expansión turística sobre Áreas Naturales Protegidas, costas, centros históricos o suelo ejidal ha provocado gentrificación, pérdida de hábitat y conflictos socioambientales. México ocupa el lugar 108 en sostenibilidad turística global, y el sector genera 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero (SECTUR, 2022). Pese a ello, los instrumentos de planeación carecen de mecanismos para valorar servicios ecosistémicos, establecer umbrales climáticos o contener la urbanización en zonas frágiles. Además, el turismo dominante mercantiliza el patrimonio cultural y se apropia de saberes e identidades locales. En zonas urbanas, el turismo digital presiona la demanda de vivienda. En barrios de la Ciudad de México, hasta 20% del parque habitacional se destina a renta turística, elevando precios, reduciendo vivienda permanente y desplazando a población de bajos ingresos (Villarreal, 2019; Delgadillo, Víctor, 2016). En Tulum, Holbox o San Miguel de Allende, la turistificación alimenta la especulación, la apropiación cultural y el despojo en comunidades rurales e indígenas (Marín, et. al., 2020). Aunque Ciudad de México ha aprobado límites a la renta turística, estas medidas no se articulan con la planeación fiscal, urbana ni territorial (Congreso CDMX, 2024).
Estos procesos hacen evidente que, bajo ciertas condiciones, el suelo habitacional opera como activo turístico global, ajeno al arraigo y a su función social (Monterrubio, et al., 2017). Pese a su impacto territorial, el turismo suele estar desvinculado de políticas de vivienda, movilidad o conservación, lo cual genera desplazamiento de poblaciones, segregación y concentración espacial de la pobreza, entre otros fenómenos. La falta de regulación de plataformas para la renta de corta estancia crea una zona gris entre el uso habitacional y el de hospedaje, que permite la explotación de unidades de vivienda al margen de los usos de suelo permitidos, de un régimen fiscal y de otras regulaciones que evitan el encarecimiento de vivienda y servicios en las ciudades. Además de competir en condiciones de ventaja frente a la industria hotelera, la renta de corta estancia genera rendimientos tan altos que alimentan procesos de financiarización, desplazando así a quienes aspiran a comprar o rentar una vivienda para habitarla. Proyectos inmobiliarios completos son promovidos para destinarse a rentas de corta estancia, con precios de venta tan altos que sólo son viables para quienes buscan invertir y obtener rendimientos bajo este modelo de ocupación.
Entre 2018 y 2024, se diseñaron programas en zonas históricamente rezagadas como la Huasteca Potosina, Selva Lacandona, Sierra Gorda, Mixteca e Istmo de Tehuantepec, con énfasis en identidad territorial y bajo impacto ambiental. Destacaron la estrategia de turismo comunitario en el Istmo y la creación de instrumentos como la Guía para Programas de Ordenamiento Turístico Regional y Local, la actualización del Atlas Turístico y la plataforma DataTur (SECTUR, 2024). En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, México buscará posicionarse como el quinto país más visitado del mundo. Esta meta implica prever una serie de condicionantes para garantizar que los beneficios del turismo se repartan de manera equitativa y que no ocurran a costa del bienestar social y la protección ambiental, cultural y patrimonial. Se promoverá el fortalecimiento del diagnóstico y las estrategias en materia de turismo en los POT, para definir zonificaciones según la capacidad de carga ecológica y proponer regulaciones para prevenir turistificación, especulación y pérdida de la función social de la vivienda. Se colaborará con Secretaría de Marina (SEMAR) y SEMARNAT para el manejo sustentable de mares y costas, para contribuir a garantizar accesos públicos a playas y que se respeten las condiciones de las concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas en la Zona Federal Marítimo Terrestre. Se promoverá que los consejos de ordenamiento estatales y metropolitanos aborden los desafíos del desarrollo turístico, con participación de comunidades, indígenas y actores del turismo social, para redistribuir beneficios, proteger identidades territoriales y garantizar arraigo.
Eje 4. Sustentabilidad y Resiliencia
Objetivo 4. Fortalecer la resiliencia y sustentabilidad del territorio mediante la protección y restauración del ambiente, el ordenamiento territorial y la gestión integral de riesgos de desastres, para salvaguardar a comunidades vulnerables ante los efectos del cambio climático
Problema 4.1. La fragmentación del territorio, la ocupación informal, la expansión urbana irregular y el cambio de uso de suelo han degradado ecosistemas estratégicos, reducido la funcionalidad territorial y debilitado las capacidades locales para un desarrollo resiliente, sustentable y circular. Estas dinámicas territoriales agravan los riesgos sociales y ecológicos, y comprometen la resiliencia de comunidades rurales, periurbanas e indígenas.
México enfrenta una pérdida continua de cobertura natural y funcionalidad ecológica, lo que debilita su capacidad de resiliencia. Los ecosistemas prioritarios presentan fragmentación o degradación, lo que limita servicios esenciales como regulación hídrica y condiciones para la mitigación de riesgos (INECC, 2023). La degradación territorial se debe, principalmente, a la expansión urbana irregular y al cambio de uso de suelo sin ordenamiento. Por ejemplo, en Ciudad de México, más de 2,500 hectáreas de suelo de conservación están ocupadas ilegalmente (González, 2025) y se han documentado casos similares en áreas protegidas y de recarga hídrica en Chiapas y Veracruz (CONANP, 2023). Otros casos son los destinos turísticos como la Riviera Maya, Baja California Sur y Oaxaca, donde el crecimiento inmobiliario ha incentivado la ocupación de ecosistemas frágiles.
Una dimensión crítica del deterioro territorial es una limitada integración de la economía circular como estrategia de adaptación. La fragmentación normativa, la baja capacidad institucional y la ausencia de planeación territorial para cerrar ciclos de materiales, energía, agua y residuos han impedido un tránsito efectivo hacia modelos regenerativos. Más de 70% de los municipios carecen de capacidades técnicas, normativas o presupuestarias para implementar sistemas circulares o infraestructura de valorización (SEMARNAT, 2024), y la tasa de circularidad nacional es de 0.4%, frente a 7.2% global. Solo 9% de las aguas residuales se reutiliza, y las energías renovables representan 13.4%, por debajo del 38.4% promedio en la región. La dependencia de insumos vírgenes provoca una pérdida del valor ecológico y económico. El marco legal vigente y su coordinación para la trazabilidad, contenido reciclado o separación en origen, limita los mercados y acota el aprovechamiento de residuos en sectores como la construcción, que genera más de 10.15 millones de toneladas de residuos anuales, de los cuales solo 4% se recicla formalmente (CMIC, 2013). Esto agrava la pérdida de manglares, humedales y selvas, reduciendo la capacidad del territorio para amortiguar efectos negativos de fenómenos hidrometeorológicos y elevando el riesgo de desastres. De continuar esta tendencia, las pérdidas por inundaciones podrían superar los 116 mil mdd anuales hacia 2080 (OCDE, 2020). Asimismo, 77% de acuíferos sobreexplotados se ubican en regiones con recientes cambios de uso de suelo, intensificando el estrés hídrico y dificultando la adaptación climática (CONAGUA, 2022).
Entre 2018 y 2024, se suscribieron convenios interinstitucionales entre SEDATU, SEMARNAT, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para contener la expansión urbana y proteger suelos de conservación. Se activaron 6.6 millones de hectáreas bajo esquemas agroecológicos mediante el programa Sembrando Vida, y la CONAFOR restauró más de 400 mil hectáreas con participación comunitaria. Se diseñó la Estrategia Nacional de Economía Circular y la Ciudad de México avanzó en la recuperación de residuos de construcción. El Segundo Piso de la Cuarta Transformación impulsará adecuaciones normativas para integrar las dimensiones urbana, rural y ambiental, para garantizar la armonización de disposiciones sobre el aprovechamiento del territorio. En los POT, elaborados bajo una concepción de sistema socioecológico del territorio, se integrará el enfoque de cuenca y acuífero y se promoverán modelos de urbanización con densidades adecuadas, que reduzcan la demanda de incorporación de suelo periférico, para evitar que la tasa de consumo de tierras crezca de manera desproporcionada con respecto a la tasa de crecimiento de la población. También, SEDATU acompañará procesos de ordenamiento en la limpieza y saneamiento de los tres ríos más contaminados del país: Lerma, Santiago y Atoyac.
Problema 4.2. La gestión del riesgo de desastres se aborda de forma fragmentada e insuficiente, debido a la falta de instrumentos vinculantes, capacidades técnicas, infraestructura preventiva y deterioro ambiental, lo que incrementa impactos sociales, económicos y territoriales ante desastres.
A nivel municipal, 55.7% no contaba con Atlas de Riesgos en 2023 y 46.8% no contaba con un Plan de Emergencia o Contingencia en 2022 (INEGI, 2024). Esta carencia impide la gestión integral de riesgos, dificulta la planeación preventiva eficaz y favorece respuestas reactivas con altos costos humanos, sociales y económicos, al tiempo que reduce la capacidad de responder eficazmente al cambio. La infraestructura de protección civil presenta rezagos importantes: solo 35% de los municipios cuenta con obras básicas como diques, drenaje pluvial o refugios temporales (INEGI, 2022). Estas deficiencias afectan de manera diferenciada a mujeres y niñas, quienes enfrentan barreras para acceder a evacuación, albergues seguros o reconstrucción. Además, el acceso de las mujeres a la tenencia formal sigue siendo limitado: sólo 25.9% de las personas con certificado parcelario (ejidarias/comuneras) son mujeres. (INMUJERES, 2020) Esta brecha patrimonial puede traducirse en barreras para acreditar derechos y acceder a apoyos y mecanismos formales de recuperación y reconstrucción post-desastre. La falta de personal capacitado agrava la situación: más de 60% de los municipios no cuenta con personas especializadas en gestión integral de riesgos (ASF, 2021) y la escasa participación comunitaria reduce la legitimidad y eficacia de los incipientes mecanismos de prevención y mitigación.
Entre 2018 y 2024, se emitieron la NOM-006-SEDATU-2024, que regula la planeación territorial urbana en zonas de riesgo, y la NOM-003-SEDATU-2023, que establece lineamientos para fortalecer la resiliencia territorial ante amenazas naturales y el cambio climático mediante el ordenamiento. Ambas, obligan a incluir análisis de riesgo en los programas de desarrollo y ordenamiento. El Segundo Piso de la Cuarta Transformación, consolidará un Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos con enfoque preventivo, territorial y de equidad. Se desplegarán sistemas de alerta, brigadas comunitarias capacitadas, protocolos de actuación municipal y mecanismos de participación ciudadana. Se actualizarán los Atlas de Riesgos municipales con mayor desagregación a nivel de localidades y centros de población. SEDATU promoverá la elaboración de estudios topográficos, geológicos, hidrológicos y el fortalecimiento de capacidades en municipios con alta exposición a riesgos. Se impulsará la elaboración de POT bajo el enfoque de sistema socioecológico, que incluye la gestión integral de riesgos, para delimitar con claridad dónde puede haber asentamientos y dónde pueden estar condicionados a medidas de mitigación, adaptación y restauración. Se impulsará la reubicación planificada de comunidades en alto riesgo, con participación y garantía de derechos. El enfoque de gestión integral de riesgos será transversal a los programas y acciones de SEDATU, incluyendo las obras de infraestructura y equipamiento, la localización de nueva vivienda y la colaboración en estrategias nacionales de desarrollo.
Problema 4.3. El cambio climático genera pérdidas crecientes, agravadas por vulnerabilidad social, escasa infraestructura resiliente y limitada capacidad de respuesta. Esto profundiza desigualdades, expone a comunidades en riesgo y compromete la estabilidad social, económica y ambiental del país.
México ya enfrenta impactos climáticos con eventos extremos cada vez más frecuentes, destructivos y costosos: al 15 de diciembre de 2025, la sequía estaba presente en 313 municipios (12.7%) del país y, dentro de ellos, 55 municipios (2.2%) registraron sequía severa a excepcional (SMN, 2025). De mantenerse esta tendencia, las pérdidas por inundaciones podrían escalar a más de 116 mil mdd anuales hacia 2080 (OCDE, 2020). En zonas costeras, esto incrementa el riesgo de inundaciones, erosión y pérdida de hábitat, con impactos en comunidades densamente pobladas y con limitada capacidad de adaptación (CMNUCC, 2022). En 2023, Otis dañó más de 47 mil viviendas en Acapulco, evidenciando la reconstrucción reactiva y no preventiva (CEPAL, 2024). A nivel mundial, 80% de las personas desplazadas por desastres son mujeres (UNEP, 2022). En contextos de emergencia, los albergues temporales concentran la atención de población en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente niñas, niños y adolescentes, así como mujeres y personas mayores, por lo que su gestión debe incorporar medidas diferenciadas de protección. (SPINNA, s.f.). En zonas de sequía, mujeres rurales suelen reducir su consumo de agua y alimentos para priorizar a sus familias, lo que incrementa su exposición a la desnutrición y enfermedades (UN-Women & SEMARNAT, 2021). Persisten brechas: baja cobertura de seguros, escasa inversión en mitigación para transferir el riesgo, y limitada integración de escenarios climáticos en la planeación. La inversión pública carece de criterios obligatorios de resiliencia y los mecanismos de corresponsabilidad intersectorial.
Entre 2018 y 2024, México actualizó su Contribución Determinada a Nivel Nacional y desarrollando planes sectoriales de vulnerabilidad. Se capacitó a gobiernos locales para incorporar el riesgo climático en la planeación territorial. Desde SEDATU, se apoyó la formulación de programas de ordenamiento con enfoque de gestión integral de riesgos, como Tabasco (2022) y Guerrero (2024). En el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, se institucionalizará la resiliencia climática como eje en la planeación, la inversión pública y la política territorial. Bajo la coordinación de SEMARNAT y en el marco de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, se contribuirá a estrategias de descarbonización, por ejemplo, mediante el impulso a la electromovilidad en el transporte público, la incorporación de tecnologías sustentables en la construcción de vivienda, el acompañamiento a acciones para el impulso a la economía circular y acciones señaladas en los problemas 4.1 y 4.2.
Visión de largo plazo.
En 2030, México habrá consolidado un ordenamiento territorial socioecológico que articula lo urbano, rural y ambiental. Las leyes estatales y marcos sectoriales estarán armonizados; los consejos estatales y organismos metropolitanos funcionarán regularmente con participación social, exigibilidad, y con metodologías. El uso de catastro-registro y del SITU, se habrá fortalecido, y permitirá planear y gestionar el suelo con certeza, datos abiertos e indicadores. El desarrollo territorial integrará vivienda, infraestructura y movilidad como políticas de acceso al hábitat: se priorizará la localización adecuada de la vivienda, la regularización de asentamientos aptos y la provisión progresiva de agua, saneamiento, energía y equipamiento. La movilidad se gestionará como derecho, con sistemas seguros e intermodales que reduzcan tiempos y riesgos, incorporando género, accesibilidad y protección interseccional. El desarrollo regional avanzará hacia la prosperidad compartida: se detonarán polos y corredores con infraestructura habilitante, logística y encadenamientos locales; la inversión pública y privada se orientará por aptitud territorial y mediación social, fortaleciendo economías con arraigo, inclusión de mujeres, juventudes y pueblos indígenas, y generando empleo digno. La sustentabilidad y la resiliencia serán transversales: se protegerá y restaurará el ambiente, se incorporará economía circular en obras y servicios, y la gestión integral de riesgos. Municipios y comunidades contarán con atlas y protocolos, obras preventivas y alertas tempranas, reduciendo pérdidas por desastres y vulnerabilidades.
En 2050, México operará un modelo integrado de ordenamiento que alinea normas y competencias entre gobiernos y sectores, articula asentamientos, propiedad social y zonas ambientales, y asegura participación. Catastros y registros permitirán el seguimiento del suelo y una recaudación predial que fortalezca las finanzas para la inversión. El hábitat será accesible. El rezago habitacional se gestionará con soluciones como vivienda nueva, mejoramiento, renta social, autoproducción y cooperativas, integradas a redes resilientes de servicios, espacio público y movilidad. La gestión del suelo habrá consolidado corredores y polígonos intraurbanos para densificación equilibrada, evitando expansión depredadora y desplazamiento, con reglas contra la segregación y expulsión. La economía será equilibrada y regenerativa: cadenas de valor con alto contenido nacional, innovación y economía social articuladas a vocaciones territoriales. Zonas históricamente rezagadas estarán integradas con inclusión plena en la toma de decisiones y por infraestructura. La gestión integral de riesgos y la adaptación climática estarán institucionalizadas en la inversión y la planeación: alerta, infraestructura, reubicaciones planificadas cuando corresponda, y seguros y transferencias de riesgo que protegen patrimonios. Con gobernanza abierta, datos públicos e indicadores, se ejercerá derechos en equilibrio con la naturaleza, asegurando bienestar intergeneracional, justicia socioterritorial y estabilidad climática.
8. Objetivos
Los objetivos del PNOTDU 2026-2030 expresan las prioridades estratégicas del Gobierno de México para enfrentar los problemas estructurales identificados en el diagnóstico y avanzar hacia un ordenamiento y desarrollo territorial justo, equilibrado y sostenible. Su formulación se basa en los principios del Humanismo Mexicano, busca reducir desigualdades entre regiones y poblaciones, y responde a los mandatos constitucionales, las atribuciones de la SEDATU en la LGAHOTDU y las metas establecidas en el PND 2025 - 2030.
| Objetivos del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2026-2030
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| Objetivo 1. Consolidar un ordenamiento territorial integrado, sistémico, articulado y participativo, que mejore la gestión eficiente del suelo y garantice acceso equitativo a servicios y oportunidades para la población, especialmente en regiones con rezago. |
| Objetivo 2. Reducir las brechas territoriales en infraestructura, equipamiento, espacio público, movilidad y vivienda adecuada, priorizando la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad, para incrementar el bienestar de las personas en entornos seguros e incluyentes. |
| Objetivo 3. Impulsar el desarrollo económico con justicia socioterritorial a través del ordenamiento territorial, la certeza jurídica y la evaluación de aptitud territorial para proyectos productivos, en beneficio de quienes habitan las regiones y comunidades. |
| Objetivo 4. Fortalecer la resiliencia y sustentabilidad del territorio mediante la protección y restauración del ambiente, el ordenamiento territorial y la gestión integral de riesgos de desastres, para salvaguardar a comunidades vulnerables ante los efectos del cambio climático. |
8.1. Relevancia del objetivo 1: Consolidar un ordenamiento territorial integrado, sistémico, articulado y participativo, que mejore la gestión eficiente del suelo y garantice el acceso equitativo a servicios y oportunidades para la población, especialmente en regiones con rezago
El ordenamiento territorial es una función estratégica del Estado para garantizar equidad, sostenibilidad y cohesión social, pero en México se ha aplicado de forma fragmentada. Sólo 23.5% de los municipios cuenta con un programa de ordenamiento vigente, y de éstos, 60% tiene más de diez años de antigüedad. En el ámbito metropolitano, apenas 29 de las 92 metrópolis tienen programa aprobado, la mayoría desactualizados. Más de la mitad del país está bajo propiedad social (50.8% del territorio, 29,827 ejidos y 2,424 comunidades agrarias), donde 1,741 núcleos carecen de certificación de derechos y 43.2% no tiene órganos de representación vigentes. Existen entre 7 y 7.5 millones de predios irregulares, concentrados en el Estado de México, Jalisco, CDMX y Guanajuato. En catastro, más del 70% de los municipios está desactualizado, solo 16% interoperan con registros públicos y la recaudación predial representa apenas 0.3% del PIB, frente al promedio de 1.1% en la OCDE. Estas debilidades normativas y técnicas han derivado en urbanización desordenada, presión sobre suelo ejidal y comunitario, vacíos en gobernanza metropolitana y baja capacidad fiscal, lo que vulnera derechos colectivos y profundiza desigualdades territoriales.
El problema central es la fragmentación y debilidad del ordenamiento territorial en México, resultado de tres causas estructurales: un marco normativo disperso entre lo urbano, agrario, turístico y ambiental, que genera contradicciones y vacíos legales; instrumentos de planeación obsoletos y de baja cobertura; y capacidades técnicas y fiscales limitadas en los gobiernos locales. Estas causas producen efectos directos como la expansión urbana desordenada. A su vez, estos efectos generan consecuencias mayores: desigualdad territorial, vulneración de derechos colectivos, inseguridad jurídica y presión sobre la propiedad social, lo que compromete la cohesión y la sostenibilidad.
Consolidar un sistema nacional de ordenamiento con justicia socioterritorial encarna el Humanismo Mexicano, al asegurar que la planeación del desarrollo sirva al bienestar colectivo y no a intereses privados. La prosperidad compartida se expresa en la redistribución de capacidades entre órdenes de gobierno, mientras que la igualdad sustantiva se refleja en el reconocimiento de derechos de comunidades históricamente excluidas. La función social del suelo y la democratización del acceso al hábitat remiten a un modelo guiado por ética pública, equidad intergeneracional y soberanía territorial.
El Objetivo 1 del PNOTDU 2026-2030 se alinea con los ejes generales y transversales del PND 2025-2030. Fortalecer capacidades institucionales y participación vinculante (E1); garantizar el acceso a servicios con enfoque de derechos (E2); e integra sostenibilidad y resiliencia (E4). También impulsa el acceso igualitario de las mujeres a la tierra (T1), promueve la interoperabilidad de sistemas de información territorial (T2) y reconoce los derechos colectivos de indígenas y comunidades afromexicanas (T3). Al articular gobiernos, sectores e instrumentos normativos, se contribuye a algunos de los 100 compromisos clave del Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Establece un modelo territorial basado en el Humanismo Mexicano (2), con equidad y justicia socioterritorial. Impulsa una planeación territorial participativa y multiescalar (3), e integra enfoques de género, indígenas y cuidados (5, 18, 54, 55). Fortalece una gobernanza honesta y transparente (12), supera el modelo neoliberal con una gestión pública y ambiental del suelo (13), y moderniza catastros mediante el SITU y el Sistema Integral para la Gestión de Información Registral y Catastral (SIGIRC) (17). Proporciona herramientas normativas para garantizar la participación indígena (18), identificar suelo para vivienda (48), y vincula la planeación con los derechos de las mujeres y el sistema de cuidados (54, 55) así como, la soberanía alimentaria territorial (66). También fortalece la gobernanza (89), promueve el desarrollo equitativo en zonas marginadas como el Balsas-Pacífico Sur (91), y ordena la asignación de concesiones (97). Previene asentamientos irregulares y fomenta entornos seguros e incluyentes (100).
Este objetivo constituye una plataforma para el despliegue territorial de los programas prioritarios del Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Planificar el territorio como bien común para definir su uso con equidad y sostenibilidad, y fortalecer la gobernanza, crea condiciones para un desarrollo más justo y eficaz. Establece marcos jurídicos, normativos y de planeación indispensables para orientar la localización estratégica, la compatibilidad funcional y la sostenibilidad de dichos programas. Su aporte es clave para iniciativas como Vivienda para el Bienestar, los PODEBIS y el Plan Integral del Oriente del Estado de México, al definir criterios para distribuir equitativamente población, actividades y recursos. También brinda soporte a proyectos como Acapulco se Transforma Contigo y el Programa Regional General Lázaro Cárdenas, siempre que existan mecanismos de coordinación que alineen decisiones con los POT vigentes.
El Objetivo 1 también se alinea con compromisos internacionales. Contribuye a los ODS 11 y 16; se articula con la NAU y el Acuerdo de Escazú, que promueven el derecho a la información y la participación; y responde a estándares como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Asimismo, se vincula con medidas prioritarias del Consenso de Montevideo (1, 4, 5, 76, 77, 78, 81, 84, 88), sobre erradicación de la pobreza, planificación con enfoque de derechos y datos sociodemográficos, gestión sostenible del suelo, acceso a servicios, participación informada y derechos territoriales de pueblos indígenas y comunidades afromexicanas.
Finalmente, el objetivo contribuye a metas de la ENOT hacia 2040: participación efectiva de las mujeres (Meta 5); viviendas adecuadas y reducción del rezago habitacional (Meta 14); transporte seguro y accesible (Meta 15); aprovechamiento del suelo intraurbano (Meta 16); y cobertura de instrumentos de planeación actualizados en al menos 60 % de los municipios (Meta 17).
Estas contribuciones posicionan al Objetivo 1 como eje estructurante del modelo territorial del país. Su implementación es clave para garantizar justicia socioterritorial, sostenibilidad, igualdad sustantiva y acceso universal a derechos territoriales, base de un nuevo pacto social y ambiental para el siglo XXI.
8.2. Relevancia del objetivo 2: Reducir las brechas territoriales en infraestructura, equipamiento, espacio público, movilidad y vivienda adecuada, priorizando la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad, para incrementar el bienestar de las personas en entornos seguros e incluyentes
El desarrollo territorial es clave para garantizar bienestar, inclusión y derechos con equidad y sostenibilidad. En México, 8.97 millones de viviendas (24.3%) presentan rezago; en Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Guerrero más de la mitad de la población vive en esta condición, mientras que en CDMX y Aguascalientes las tasas son menores al 7%. El rezago incluye 3.46% de viviendas sin agua entubada, 1.48% sin drenaje y 0.76% sin electricidad, así como la proliferación de más de 9,000 asentamientos humanos irregulares que concentran exclusiones en servicios y seguridad jurídica. La desigualdad hídrica agrava las brechas: el norte y centro concentran 77% de la población con solo 32% del agua disponible, mientras el sureste dispone de 68% del recurso con apenas 23% de la población. La carencia por acceso a servicios afecta al 17.8% de la población (2022), con un impacto mayor en comunidades rurales e indígenas, donde 38.4% de la población indígena vive en rezago. Las mujeres enfrentan barreras estructurales: solo 30.9% de las viviendas están a su nombre y en hogares con jefatura femenina 34.3% carece de escrituras. El problema central es la persistencia de brechas territoriales en infraestructura, espacio público, movilidad y vivienda adecuada, que limitan el bienestar y profundizan la desigualdad. Entre sus causas destacan: la localización inadecuada del suelo para vivienda social (39.2% en zonas periurbanas no consolidadas y 27.5% fuera de contorno urbano), la irregularidad habitacional y un modelo de movilidad excluyente, donde más de 7.6 millones de personas en la ZMVM invierten más de dos horas diarias en traslados, mientras los hogares con menores ingresos destinan hasta 21% de su gasto al transporte. Estas condiciones generan exclusión territorial, segregación socioespacial y vulneración de derechos básicos, con consecuencias de deterioro de la calidad de vida, desigualdad estructural y debilitamiento de la cohesión.
El objetivo 2 del PNOTDU 2026-2030 refleja que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Priorizar inversión en barrios populares, y dignificar zonas con rezago. La expansión del derecho a la ciudad(21) y al cuidado cotidiano se vincula con la igualdad sustantiva, al poner en el centro a mujeres, personas cuidadoras, indígenas y sectores sin seguridad social. Este enfoque territorial del bienestar, con participación comunitaria y cercanía institucional, actualiza los valores del Humanismo Mexicano al reconfigurar el espacio urbano como bien común y no como mercancía.
Este objetivo se alinea con los Ejes Generales 2, 3 y 4 del PND: bienestar, redistribuir prosperidad, y sostenibilidad y resiliencia. También promueve el acceso equitativo de las mujeres a infraestructura y servicios (T1); impulsa mecanismos innovadores de planeación participativa, rendición de cuentas y transparencia (T2); y reconoce derechos territoriales de indígenas y comunidades afromexicanas conforme a sus formas organizativas (T3).
Al reducir brechas en infraestructura, espacio público, movilidad y vivienda adecuada, se contribuye a algunos de los 100 compromisos del Segundo Piso de la Cuarta Transformación centrados en igualdad sustantiva, bienestar y servicios equitativos (19, 22, 48, 50). Mediante intervenciones integrales en zonas con rezago, mejora las condiciones de vida mediante servicios y equipamientos. Fortalece el espacio público con enfoque de cuidados, accesibilidad e interculturalidad (5, 18, 54, 55), e incluye a personas mayores, infancias y pueblos originarios en la planeación. Impulsa una movilidad sostenible y equitativa, articulada con redes regionales e infraestructura intermodal (76, 77, 79, 80, 81, 84, 88, 90, 91). En vivienda, promueve producción y renta social, modelos alternativos y regularización con enfoque territorial, de género y derechos (100). El Eje 2 representa una apuesta integral por el bienestar material y territorial, bajo principios de equidad, inclusión, sustentabilidad y justicia socioterritorial.
Este objetivo también se articula con compromisos internacionales que refuerzan su legitimidad y exigibilidad. Aporta al cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS sobre reducción de pobreza con enfoque territorial (ODS 1); el ODS 9, meta 9.1, sobre infraestructura resiliente e inclusiva; y el ODS 11, metas 11.1, 11.3, 11.7 y 11.a, sobre vivienda adecuada, planeación territorial inclusiva, espacios públicos equitativos y gobernanza territorial. Se vincula además con el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los principios de la NAU, al considerar vivienda, suelo e infraestructura como pilares de integración urbana y desarrollo sostenible. En el marco del Consenso de Montevideo, se relaciona con medidas prioritarias 6, 8, 18, 25, 26, 34, 35, 39, 77, 78 y 88, enfocadas en erradicar pobreza, reducir desigualdades territoriales, fortalecer la planificación con enfoque de derechos y garantizar derechos de pueblos indígenas, comunidades rurales y personas excluidas.
A nivel nacional, este objetivo contribuye al cumplimiento de la ENOT hacia 2040: participación efectiva de las mujeres (Meta 5); disminución de desigualdades regionales (Meta 12); reducción del rezago en servicios y vivienda adecuada (Meta 13); fortalecimiento de la cohesión comunitaria y acceso equitativo al hábitat (Meta 14); impulso a la movilidad integrada y accesible (Meta 15); y compactación urbana aprovechando el suelo intraurbano (Meta 16).
El desarrollo territorial contribuye a la materialización de derechos mediante vivienda adecuada, infraestructura básica, espacio público y movilidad sostenible, especialmente en contextos de rezago. Sus estrategias fortalecen programas como Vivienda para el Bienestar, Atención a Jornaleros Agrícolas, Senderos de Paz y México Te Abraza, al generar condiciones urbanas y rurales adecuadas para el asentamiento humano y la integración comunitaria. También complementa proyectos como el Programa Nacional Ferroviario y los PODEBIS, al articular escalas local y regional mediante conectividad intermodal, siempre que exista una planeación territorial guiada por la equidad territorial, resiliencia y bienestar.
El Objetivo 2 contribuye significativamente a reducir el rezago habitacional, mejorar la calidad de la infraestructura y ampliar el acceso a servicios básicos. Esta transformación es clave para consolidar un sistema territorial justo, sostenible e inclusivo, donde la vivienda, la infraestructura y el espacio público funcionen como bienes comunes que den sustento al bienestar colectivo.
8.3. Relevancia del objetivo 3: Impulsar el desarrollo económico con justicia socioterritorial a través del ordenamiento territorial, la certeza jurídica y la evaluación de aptitud territorial para proyectos productivos, en beneficio de quienes habitan las regiones y comunidades
El desarrollo productivo con justicia socioterritorial es esencial para la inclusión económica y el arraigo poblacional. En 2023, cinco entidades concentraron 43.7% del PIB nacional (CDMX, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato), mientras la mayoría del sur-sureste no superó 2%. La informalidad laboral es de 16.6% y la participación económica de mujeres en Oaxaca, Guerrero y Chiapas es menor a 35%, frente a más de 50% en el norte. Los costos logísticos equivalen al 14% del PIB, casi el doble del promedio OCDE, y hasta 30% más altos en el sur por baja conectividad. Aunque la red móvil cubre 95.3% de la población, solo 44.3% de los hogares rurales tiene internet.
El suelo social también está subutilizado: más del 60% de 105 millones de hectáreas ejidales y comunales muestra degradación o baja productividad, y solo 589 núcleos (menos del 3%) participaron en procesos de ordenamiento territorial en 2023. El turismo refuerza desigualdades: cinco destinos concentran 76% del turismo internacional, mientras el comunitario apenas recibe 7% del gasto; en la Ciudad de México, hasta 20% del parque habitacional en barrios consolidados se destina a renta turística, y en Tulum o Holbox la turistificación desplaza comunidades. Estas dinámicas producen desigualdades regionales, aislamiento productivo y dependencia de subsidios, profundizando las brechas históricas entre el norte-centro urbano y los territorios rurales, indígenas y costeros del sur-sureste.
El objetivo 3 se alinea al principio del Humanismo Mexicano de "prosperidad compartida" al reconfigurar cadenas de valor desde lo local y redistribuir los beneficios del desarrollo productivo hacia regiones excluidas. Las estrategias de regionalización económica, soberanía tecnológica, transición energética y fomento de capacidades comunitarias encarnan los principios de "México soberano y democrático" y "desarrollo con cuidado del medio ambiente". La inclusión de mujeres rurales, juventudes e identidades diversas responde al principio de "igualdad sustantiva", base de una transformación con anclaje territorial.
El objetivo se articula con los Ejes Generales 2 y 4 del PND 2025-2030, al vincular crecimiento con bienestar colectivo, sostenibilidad y cohesión territorial, y con el Eje General 1, al fortalecer la gobernanza democrática con participación social. También con los Ejes Transversales: (T1) al incluir mujeres, cuidadoras y juventudes en ecosistemas productivos con derechos y activos; (T2) al democratizar la tecnología con pertinencia territorial; y (T3) al reconocer derechos colectivos de pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y campesinas.
Asimismo, contribuye a algunos de los 100 compromisos del Segundo Piso de la Cuarta Transformación relacionados con la relocalización productiva, soberanía económica y prosperidad compartida (64, 65, 66, 74, 76-85, 89-91). Alineado con el Plan México y los PODEBIS, genera condiciones normativas, territoriales y sociales para una economía moral basada en empleo digno e inversión con arraigo (59-61). Fortalece la gestión del suelo público y social, promueve vocaciones locales, cadenas solidarias y economía cooperativa con participación comunitaria y prevención del desplazamiento (5, 18, 53, 66). Articula corredores logísticos, infraestructura ferroviaria, energía y conectividad con ordenamiento, vivienda y movilidad sostenible (79-81, 84, 86, 88), y apoya proyectos estratégicos con criterios de sostenibilidad. Impulsa la economía circular con enfoque territorial mediante recuperación, tratamiento, reciclaje y valorización de residuos, estándares normativos y prácticas sustentables (94-96). También fomenta un turismo sustentable y comunitario que vincula patrimonio natural y cultural con desarrollo local, gobernanza participativa y permanencia social (36, 38, 39, 51).
Este objetivo se alinea con compromisos internacionales que reconocen los derechos económicos y productivos, incluidos los ODS 8.3, 8.5, 9.3, 10.b, 12.5 y 12.a. Se vincula con la Nueva Agenda Urbana -al concebir la integración rural-urbana como bien común-; con el Acuerdo de Escazú, el Acuerdo de París y la Convención de la ONU contra la Desertificación -por incorporar justicia climática, regeneración ecológica y participación comunitaria-; y con instrumentos de derechos colectivos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la UNDROP, que garantizan el control sobre recursos naturales y el desarrollo económico autónomo. También responde al Consenso de Montevideo, en medidas como la 10, 17, 30, 32, 94 y 95, referidas a pobreza estructural, acceso a recursos productivos y fortalecimiento de la economía campesina de forma democrática.
Contribuye a metas de la ENOT hacia 2040: acceso equitativo al desarrollo en zonas marginadas (Meta 1); incremento sostenible de la productividad agrícola (Meta 2); inclusión de mujeres en el empleo formal (Metas 5 y 7); fortalecimiento de unidades económicas locales (Meta 9); y reducción de desigualdades mediante un PIB inclusivo (Metas 8, 10-12).
Este objetivo crea condiciones territoriales para una economía inclusiva, sostenible y con arraigo social. Refuerza programas como Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, los Polos de Desarrollo y el Programa Nacional Ferroviario 2018-2050, mediante circuitos económicos regionales, nodos productivos e infraestructura logística. También fortalece proyectos como el Programa Regional Lázaro Cárdenas y el Plan del Oriente del Estado de México, articulando el desarrollo económico con justicia socioterritorial y sostenibilidad. Además, incorpora principios de reparación histórica y justicia social de programas como el de Derechos Agrarios para la Mujer, Senderos de Paz, México Te Abraza, "Acapulco se Transforma Contigo" y el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, reconociendo el derecho a producir con dignidad, arraigo y acceso justo a medios de vida sostenibles. En suma, el objetivo 3 propone una transformación estructural del sistema económico-territorial. No se trata solo de crecer más, sino de crecer distinto: con redistribución, sostenibilidad y justicia socioterritorial.
8.4. Relevancia del objetivo 4: Fortalecer la resiliencia y sustentabilidad del territorio mediante la protección y restauración del ambiente, el ordenamiento territorial y la gestión integral de riesgos de desastres, para salvaguardar a comunidades vulnerables ante los efectos del cambio climático
La crisis climática y ecológica en México es estructural: entre 2015 y 2020 se perdieron 207,665 hectáreas de cobertura forestal por año, afectando ecosistemas que concentran hasta 12% de la biodiversidad mundial. La desigualdad hídrica es crítica: el sureste concentra 68% del agua con 23% de la población, mientras el centro-norte alberga 77% de la población con solo 32% del recurso. Entre 1985 y 2020, la temperatura media aumentó 0.81 °C, con picos de +3.8 °C en el sur-sureste, intensificando sequías y estrés hídrico. Actualmente, 68% de los municipios enfrenta huracanes, sequías e incendios, y las pérdidas por inundaciones podrían rebasar 116 mil millones de dólares anuales hacia 2080. El problema muestra causas como la sobreexplotación del 77% de los acuíferos, la falta de gestión preventiva, donde 71.2% de los municipios no cuentan con Atlas de Riesgos actualizados, menos de 40% con protocolos de emergencia y solo 35% con infraestructura básica de protección civil, y la baja circularidad económica (0.4% frente a 7.2% global, con solo 9% de aguas residuales reutilizadas). Estas condiciones derivan en ocupación de zonas de riesgo, degradación de ecosistemas, desplazamientos forzados y vulnerabilidades diferenciadas para mujeres y hogares en pobreza, de las cuales apenas 38% cuenta con títulos de propiedad y a nivel global representan 80% de las personas desplazadas por desastres climáticos.
El Objetivo 4 del PNOTDU 2026-2030 propone reconfigurar la relación entre sociedad y naturaleza e integrar resiliencia y sostenibilidad como ejes del ordenamiento territorial. No se trata sólo de gestionar impactos, sino de prevenirlos, repararlos de forma resiliente y redistribuir sus costos bajo principios de justicia climática territorial, género, diversidad cultural y corresponsabilidad institucional.
Para lograrlo, es necesario cerrar las brechas entre los sistemas de planeación territorial ambiental, territorial y urbana. La falta de articulación impide identificar zonas de riesgo, asegurar la sostenibilidad de las actividades económicas, proteger ecosistemas y garantizar el acceso equitativo a servicios ecosistémicos. Avanzar hacia sistemas integrados de información climática y territorial permitirá sustentar decisiones de política pública y garantizar el derecho a la información.
El Objetivo 4 se vincula con los Ejes Generales del PND 2025-2030: con el Eje 4, al impulsar soluciones basadas en la naturaleza, restauración ecológica, infraestructura verde y sistemas alimentarios sostenibles; con el Eje 1, al garantizar consulta previa y participación comunitaria; y con el Eje 2, al reducir desigualdades mediante acceso equitativo a servicios ambientales. Transversalmente, se articula con el Eje T1 al cerrar brechas de género en resiliencia y servicios ecosistémicos; con el Eje T2 al promover tecnologías abiertas, monitoreo ciudadano y ciencia comunitaria; y con el Eje T3 al garantizar la participación de pueblos indígenas y afromexicanos conforme a sus sistemas normativos y cosmovisiones.
Asimismo, este objetivo fortalece la resiliencia territorial mediante la protección de ecosistemas, la gestión integral de riesgos, el acceso justo a recursos naturales y la adaptación climática. Contribuye a algunos de los 100 compromisos del Segundo Piso de la Cuarta Transformación vinculados al derecho al agua, la justicia ambiental, la vivienda segura y la regeneración ecológica (5, 18, 48, 92-100). Integra el riesgo en la planeación habitacional, promueve normas obligatorias y localización segura, e impulsa atlas actualizados, plataformas interoperables y obras preventivas con participación comunitaria. También fomenta el acceso justo al suelo y al agua mediante regulación ambiental, infraestructura verde y resolución participativa de conflictos. A través de soluciones basadas en la naturaleza y restauración de ecosistemas, se incrementa la resiliencia con liderazgo comunitario, especialmente de mujeres y juventudes. Esta visión configura una gobernanza ambiental democrática y equitativa, centrada en la cogestión de los bienes comunes y la representación de los territorios en decisiones sobre desarrollo y conservación.
El objetivo es reforzar las capacidades territoriales frente al cambio climático y apoyar la transición hacia modelos de desarrollo sostenibles. Estrategias como gestión integral del agua, infraestructura verde, restauración post-desastre y planificación climática contribuyen a la implementación territorial de programas como Sembrando Vida, Producción para el Bienestar y los Polos de Desarrollo para el Bienestar. También refuerza la dimensión ambiental de intervenciones como Senderos de Paz y Acapulco se Transforma Contigo, el Plan Integral del Oriente del Estado de México, los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, donde convergen rezago social y vulnerabilidad territorial. Este eje articula sostenibilidad, resiliencia comunitaria y una transición hacia un modelo de bienestar compatible con los límites ecológicos del planeta.
El Objetivo 4 se alinea con compromisos internacionales como los ODS 11, 13 y 15; el Marco de Sendai, el Acuerdo de París, la Convención de Lucha contra la Desertificación, el Convenio sobre Diversidad Biológica, el Acuerdo de Escazú y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Sus estrategias contribuyen a las metas de la ENOT hacia 2040: participación efectiva de mujeres en la gobernanza territorial (Meta 5); acceso universal a zonas verdes (Meta 13); ordenamiento territorial, urbano y ecológico integrado (Meta 17); gestión de residuos con economía circular (Meta 18); adaptación climática y justicia social (Meta 19); conservación de ecosistemas y restauración territorial (Metas 20 y 21); y gestión sostenible de comunidades bioculturales (Meta 22).
En suma, el Objetivo 4 es un eje estratégico para transitar hacia un modelo territorial justo, resiliente y ambientalmente sostenible. A largo plazo, impulsa una transformación estructural donde el crecimiento económico no justifique el deterioro ecológico ni el despojo territorial. El ordenamiento territorial se consolida como herramienta para garantizar justicia climática, equidad de género, resiliencia, soberanía comunitaria y el derecho interdependiente al bienestar y al ambiente sano.
8.5. Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2026-2030
La vinculación de los objetivos del PNOTDU 2026-2030 con el PND 2025-2030 garantiza la coherencia de la política territorial con el proyecto de nación y con el Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Esta articulación reconoce que el ordenamiento y desarrollo territorial son condiciones indispensables para ejercer derechos, reducir desigualdades y construir bienestar colectivo. En este marco, los objetivos del PNOTDU se alinean con los propósitos y las metas del PND, asegurando que las acciones en materia de suelo, vivienda, movilidad, infraestructura, productividad y sustentabilidad regional, incidan de manera directa en los compromisos nacionales de prosperidad compartida, justicia socioterritorial y resiliencia climática.
La correspondencia entre objetivos y estrategias no sólo fortalece la integralidad de la planeación, sino que también establece una hoja de ruta clara para la acción coordinada de los tres órdenes de gobierno, la participación social y la cooperación interinstitucional.
| Objetivos del Programa Nacional de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano 2026-2030
| Objetivos del Plan Nacional
de Desarrollo 2025-2030
| Estrategias del Plan Nacional de
Desarrollo 2025-2030
|
| 1. Consolidar un ordenamiento territorial integrado, sistémico, articulado y participativo, que mejore la gestión eficiente del suelo y garantice acceso equitativo a servicios y oportunidades para la población, especialmente en regiones con rezago. | Objetivos 1.1, 1.2, 1.5, 2.9, 2.10, 3.7, 4.5, 4.6, T1.1, T1.3, T2.2, T2.4, T3.2 y T3.4 | Estrategias 1.1.1, 1.1.2, 1.1.6, 1.1.7, 1.2.1, 1.2.6, 1.5.4, 1.5.6, 2.9.1, 2.9.3, 2.9.4, 2.10.3, 3.7.1, 4.5.6, 4.5.8, 4.5.9, 4.6.7, 4.6.8, T1.1.3, T1.3.1, T2.2.3, T2.4.4, T3.2.3 y T3.4.5 |
| 2. Reducir las brechas territoriales en infraestructura, equipamiento, espacio público, movilidad y vivienda adecuada, priorizando la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad, para incrementar el bienestar de las personas en entornos seguros e incluyentes. | Objetivos 2.9, 2.10, 3.7, 4.2, 4.4, T1.1, T1.2, T1.4, T3.2, T3.3 | Estrategias 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5, 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3, 3.7.2, 3.7.5, 4.2.6, 4.4.1, T1.1.1, T1.1.3, T1.2.3, T1.4.1, T1.4.2, T3.2.2 y T3.3.1 |
| 3. Impulsar el desarrollo económico con justicia socioterritorial a través del ordenamiento territorial, la certeza jurídica y la evaluación de aptitud territorial para proyectos productivos, en beneficio de quienes habitan las regiones y comunidades. | Objetivos 1.1, 1.2, 2.9, 2.10, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 4.2, 4.3, T1.1, T2.4 y T3.2 | Estrategias 1.1.1, 1.1.7, 1.2.2, 1.2.7, 2.9.3, 2.10.1, 3.5.2, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5, 3.8.1, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.10.1, 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3, 3.11.4, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.3, T1.1.1, T2.4.2, T3.2.1 y T3.2.3 |
| 4. Fortalecer la resiliencia y sustentabilidad del territorio mediante la protección y restauración del ambiente, el ordenamiento territorial y la gestión integral de riesgos de desastres, para salvaguardar a comunidades vulnerables ante los efectos del cambio climático. | Objetivos 1.2, 1.5, 2.9, 2.10, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, T1.1, T1.3, T2.4 y T3.2 | Estrategias 1.2.6, 1.2.7, 1.5.4, 2.9.1, 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3, 2.10.4, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.7, 4.4.1, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.8, 4.5.9, 4.5.10, T1.1.3, T1.3.1, T2.4.4 y T3.2.3 |
8.6. Alineación a los Anexos Transversales del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
El PNOTDU 2026-2030 se alinea con siete Anexos Transversales del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PEF), que concentran los recursos estratégicos del Estado mexicano para garantizar la igualdad, la inclusión, la sustentabilidad y la transparencia en el desarrollo nacional. Esta alineación refuerza el carácter integral, intersectorial y territorial de la política pública que el programa impulsa, al traducir los objetivos del gasto transversal en acciones concretas sobre el territorio. El PNOTDU reconoce que las desigualdades sociales, de género, ambientales y económicas tienen expresión espacial y que su superación requiere una planeación territorial articulada con la política social, ambiental, económica y de buen gobierno. Así, el programa orienta la inversión pública y la gestión del suelo hacia la justicia territorial y el bienestar colectivo, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva, resiliencia climática, inclusión social y combate a la corrupción.
Anexo Transversal 10 del PEF Recursos para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas
El PNOTDU 2026-2030 se alinea al reconocer que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas son actores fundamentales en la construcción del territorio nacional. Parte del principio de que la desigualdad territorial tiene raíces históricas y estructurales vinculadas con la exclusión de los territorios indígenas del desarrollo urbano y regional. Por ello, impulsa políticas territorializadas e interculturales que reconozcan los sistemas normativos, las formas de organización y los derechos colectivos sobre la tierra y el territorio. El programa considera la propiedad social y comunal como pilar de sostenibilidad y arraigo. Promueve la armonización normativa que incorpore los sistemas de gobierno indígena en los instrumentos de ordenamiento, la regularización de la tenencia comunal y la resolución pacífica de conflictos agrarios. Con una visión de justicia territorial y sostenibilidad, protege los territorios indígenas frente al turismo depredador, garantizando el derecho a decidir sobre su territorio.
Anexo Transversal 11 del PEF Recursos para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable
El PNOTDU 2026-2030 se alinea al reconocer que el desarrollo del territorio mexicano depende de la articulación entre las zonas rurales, agroforestales y urbanas. Parte del diagnóstico de que más del 80% del territorio presenta condiciones rurales y agroecológicas, donde la pobreza, la baja densidad poblacional y la falta de servicios básicos limitan el bienestar. El programa impulsa una planeación territorial integrada, que combine producción sostenible, seguridad alimentaria y acceso equitativo a infraestructura y servicios. Promueve la gestión integral del suelo rural para evitar la expansión urbana desordenada, fortalecer el ordenamiento ecológico y diversificar la economía local, incorporando a ejidos, comunidades agrarias y pequeños productores. Con una visión de territorio vivo y sostenible, el PNOTDU busca transformar el modelo de crecimiento basado en la cohesión social, la equidad productiva y la resiliencia climática, fortaleciendo la coordinación entre sectores y niveles de gobierno.
Anexo Transversal 12 del PEF Recursos para el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación
El PNOTDU 2025-2030 se alinea al señalar que la brecha digital, la falta de articulación entre sistemas públicos y la baja adopción tecnológica son obstáculos estructurales para un desarrollo territorial equitativo. Parte del diagnóstico de que más del 30 % de la población carece de acceso a internet y que la infraestructura científica y tecnológica se concentra en pocas regiones urbanas, lo que mantiene en rezago a los territorios rurales y del sur-sureste. El programa impulsa una planeación territorial basada en evidencia, apoyada en datos abiertos, información geoespacial e innovación tecnológica. Promueve la transformación digital del Estado mediante la interoperabilidad entre catastro, registro público y el Sistema de Información Territorial y Urbana (SITU), para mejorar la trazabilidad, transparencia y monitoreo ambiental. En coherencia con el Anexo 12, el PNOTDU fortalece la gobernanza del conocimiento, fomentando la conectividad, la digitalización catastral y la investigación aplicada al desarrollo sostenible y equitativo del territorio nacional.
Anexo Transversal 13 del PEF Recursos para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
El PNOTDU 2026-2030 se alinea al reconocer que la desigualdad territorial está estrechamente vinculada con las inequidades de género, clase, edad y origen étnico. El territorio no es neutro: las desigualdades de género se reflejan en el acceso a la vivienda, la movilidad, el suelo, la seguridad, los servicios y los espacios públicos. El programa impulsa una planeación territorial con enfoque interseccional, que incorpore las realidades diferenciadas de las mujeres en los ámbitos urbano, rural y ambiental. Considera la equidad de género condición esencial para la sostenibilidad territorial, integrándola en vivienda, movilidad, gestión del riesgo, espacio público e infraestructura para el cuidado. Promueve la participación paritaria y el liderazgo femenino en la planeación y gobernanza territorial, así como la incorporación de datos desagregados para orientar el gasto con criterios de equidad. En coherencia con el Anexo 13, el PNOTDU impulsa un modelo de desarrollo justo e inclusivo, basado en igualdad, justicia ambiental y derechos humanos.
Anexo Transversal 14 Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables
El PNOTDU 2026-2030 se alinea al incorporar en su enfoque territorial las dimensiones de vulnerabilidad social, económica y ambiental que afectan de manera diferenciada a personas y comunidades. Este anexo concentra recursos para reducir la vulnerabilidad de grupos en situación de riesgo, como personas migrantes, refugiadas, adultas mayores, con discapacidad, niñas, niños, mujeres, diversidades sexuales y comunidades agrarias e indígenas, promoviendo su bienestar y acceso efectivo a derechos. El programa integra criterios de inclusión y accesibilidad territorial en la planeación urbana, la vivienda, la movilidad y la infraestructura básica, priorizando territorios con rezagos estructurales y carencias de servicios. Asimismo, fortalece la coordinación entre instituciones y a múltiples escalas para alinear la política territorial con la política social. En coherencia con el Anexo 14, se impulsa un desarrollo territorial incluyente, orientado a la igualdad sustantiva, la cohesión social y la reducción de las desigualdades estructurales en todo el país.
Anexo Transversal 15 Recursos para la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios
El PNOTDU 2025-2030 se alinea al distinguir que la energía es un eje central del bienestar, la movilidad sustentable y la justicia territorial. Parte del diagnóstico de que el acceso desigual a energía limpia, sistemas de transporte eficientes y tecnologías de bajo consumo amplía las brechas regionales y limita la adaptación ante el cambio climático. El programa impulsa una planeación energética con enfoque territorial, articulando los instrumentos de ordenamiento territorial para orientar proyectos de vivienda climáticamente inteligente, infraestructura verde y movilidad activa y baja en carbono, según la vocación de cada región. En coherencia con el Anexo 15, impulsa una transición energética justa y sostenible, donde el acceso a energía limpia y tecnologías eficientes sea un derecho y un motor de equidad territorial.
Anexo Transversal 16 Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático
El PNOTDU 2025-2030 se alinea al reconocer que la crisis climática es un problema territorial que afecta de forma desigual a regiones, ecosistemas y grupos sociales. Las brechas en infraestructura y servicios aumentan la vulnerabilidad ante huracanes, inundaciones, sequías y olas de calor. El programa impulsa una planeación territorial climáticamente responsable, que incorpore criterios de adaptación, mitigación y resiliencia en los instrumentos urbanos, rurales y ecológicos. Promueve una gestión territorial basada en riesgos, la restauración de ecosistemas estratégicos y la integración de la economía circular y la eficiencia energética en vivienda, movilidad e infraestructura. Asimismo, fortalece la gobernanza ambiental y la capacidad de adaptación local, priorizando comunidades más expuestas al riesgo. En coherencia con el Anexo 16, el PNOTDU consolida una política territorial para la resiliencia climática, orientada a un futuro más seguro, equitativo y sostenible frente al cambio climático.
Anexo Transversal 17 Recursos para las Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes
El PNOTDU 2026-2030 se alinea al reconocer que las juventudes enfrentan profundas desigualdades territoriales en el acceso a la educación, el empleo, la vivienda, el transporte y la participación pública. Mientras las regiones urbanas concentran oportunidades, amplias zonas rurales y del sur-sureste carecen de conectividad e infraestructura educativa. El programa impulsa una planeación territorial con enfoque generacional, que garantice el desarrollo y la participación activa de las juventudes rurales y urbanas en la construcción del territorio. Promueve su inclusión en la gobernanza territorial, la innovación y la resiliencia local, además de incentivar la sucesión productiva, el emprendimiento y el acceso a suelo y crédito. En coherencia con el Anexo 17, el PNOTDU reconoce a las juventudes como agentes de cambio para la sostenibilidad y la innovación tecnológica, fortaleciendo sus capacidades y liderazgo para construir territorios más justos, resilientes y prósperos.
Anexo Transversal 18 Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes
El PNOTDU 2025-2030 se alinea al considerar que las niñas, niños y adolescentes son quienes más resienten las desigualdades territoriales. Las infancias rurales y periurbanas enfrentan pobreza, falta de servicios básicos, agua, internet y movilidad segura, lo que limita su desarrollo y aumenta su exposición a riesgos ambientales. El programa impulsa una planeación territorial con enfoque de infancias, que garantice hábitats saludables, vivienda digna, espacios públicos seguros y acceso equitativo a servicios esenciales. Promueve la incorporación del bienestar infantil en los instrumentos de ordenamiento, priorizando escuelas, salud y transporte seguro, así como la regularización del suelo con enfoque social. En coherencia con el Anexo 18, el PNOTDU busca que cada comunidad sea un entorno protector y formativo, asegurando que todas las niñas, niños y adolescentes crezcan en territorios seguros, saludables y con oportunidades para su desarrollo pleno.
Anexo Transversal 19 Recursos para las Acciones para la Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y Promoción de Proyectos Productivos
El PNOTDU 2026-2030 se alinea al reconocer que las brechas en infraestructura, movilidad y servicios limitan la participación plena de millones de personas en el territorio. Las periferias urbanas y rurales carecen de infraestructura accesible, vivienda adecuada y transporte inclusivo, lo que perpetúa desigualdades y exclusión social. El programa impulsa una planeación territorial con accesibilidad universal, donde todas las personas puedan habitar y desplazarse con seguridad y autonomía. Promueve la accesibilidad como principio obligatorio del ordenamiento territorial, integrándola en la vivienda, la movilidad y el equipamiento urbano, además de fomentar la digitalización accesible de los servicios públicos. En coherencia con el Anexo 19, el PNOTDU consolida un modelo de territorio incluyente y justo, que garantice el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y fortalezca comunidades más humanas, equitativas y participativas.
Anexo Transversal 30 Recursos para la prevención, detección, investigación y sanción de hechos de corrupción
El PNOTDU 2026-2030 se alinea en el ámbito de la prevención, al reconocer que la transparencia y la integridad institucional son esenciales para un ordenamiento territorial justo y equitativo. La discrecionalidad en el uso del suelo, la opacidad registral y el conflicto de interés en la valorización del suelo han favorecido la concentración de beneficios y la pérdida de confianza pública. El programa impulsa una gobernanza territorial ética y transparente, fortaleciendo catastros y registros como sistemas auditables y de libre consulta, con mecanismos de trazabilidad del gasto público y apertura de datos que permitan la vigilancia social. Estas acciones buscan prevenir la captura de rentas y garantizar el uso responsable de los recursos. En coherencia con el Anexo 30, el PNOTDU promueve un modelo de buen gobierno territorial, basado en la legalidad, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, para construir territorios más justos, sostenibles y confiables.
Anexo Transversal 31 Recursos para el Sistema de Cuidados
El PNOTDU 2025-2030 se alinea al reconocer que el cuidado es una función esencial del territorio y una dimensión estructural del bienestar. Las desigualdades espaciales agravan la sobrecarga de cuidados en zonas rurales y periferias urbanas, donde escasean servicios, transporte accesible e infraestructura social. El programa impulsa una planeación territorial con enfoque de cuidados, orientada a crear comunidades con servicios, vivienda y equipamientos diseñados para apoyar tanto a quienes cuidan como a quienes requieren cuidados. Propone integrar el sistema de cuidados como infraestructura básica, incluyendo centros de día, estancias infantiles y espacios comunitarios estratégicamente ubicados. En coherencia con el Anexo 31, el PNOTDU promueve un modelo territorial centrado en la vida cotidiana, que articula políticas de vivienda, movilidad y bienestar, fortaleciendo la equidad de género, la cohesión social y la resiliencia comunitaria en todo el territorio nacional.
9. Estrategias y líneas de acción
Las estrategias y líneas de acción del PNOTDU 2026-2030 constituyen el eje operativo que traduce los diagnósticos, objetivos y visiones de largo plazo en intervenciones concretas y medibles. Su propósito es orientar de manera coordinada a los tres órdenes de gobierno, fortalecer la participación social y garantizar que la gestión territorial se alinee con los principios de equidad, sostenibilidad y justicia socioterritorial. Cada estrategia define un rumbo específico de transformación y se despliega en líneas de acción que precisan los instrumentos, mecanismos y actores responsables de su implementación.
Eje 1. Ordenamiento Territorial
Objetivo 1: Consolidar un ordenamiento territorial integrado, sistémico, articulado y participativo, que mejore la gestión eficiente del suelo y garantice acceso equitativo a servicios y oportunidades para la población, especialmente en regiones con rezago.
Estrategia 1.1. Promover el fortalecimiento y la integración del marco legal nacional vinculado al ordenamiento territorial (ecológico, urbano y agrario) y su aplicación efectiva, para un aprovechamiento territorial, equitativo y sustentable.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la
línea de acción
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| 1.1.1. Presentar una propuesta de adecuaciones normativas que integren las dimensiones urbana y ecológica del ordenamiento territorial, y que reflejen el paradigma de planeación territorial integrada con enfoque socioecosistémico del territorio, elaborada mediante procesos técnicos y participativos. | SEDATU, SEMARNAT, SEGOB, SECTUR
|
| 1.1.2. Impulsar la armonización entre la legislación general en materia de ordenamiento territorial, urbano y agrario, con la legislación ambiental y las leyes estatales, y de acuerdo al principio constitucional de igualdad sustantiva, a través de acompañamiento técnico a autoridades locales. | SEDATU (PA, RAN), SEMARNAT
|
| 1.1.3. Emitir lineamientos técnicos para elaborar instrumentos de planeación territorial integrados, con enfoques de sistemas socioecológico del territorio, derechos, género, inclusión, gestión integral de riesgos, cambio climático y participación, mediante mesas de coordinación y colaboración. | SEMARNAT, SEDATU (PA),
SSPC (CENAPRED), SEMUJERES
|
| 1.1.4. Promover la adopción de instrumentos normativos, como normas oficiales mexicanas, lineamientos, guías y criterios para la planeación territorial de proyectos de gestión y uso del suelo, vivienda, movilidad e infraestructura, mediante asistencia y coordinación con gobiernos locales. | SEDATU (CONAVI, INSUS),
SEMARNAT, SICT
|
| 1.1.5. Proponer reformas a normatividad vinculada con la propiedad social para fortalecer la planeación territorial, la protección del suelo, y la seguridad jurídica en zonas agrarias, mediante mesas técnicas con participación de mujeres, comunidades indígenas y afromexicanas. | SEDATU (RAN, PA), SEGOB, SEMUJERES
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| 1.1.6. Apoyar el desarrollo de capacidades estratégicas, técnicas, operativas y de gobernanza de autoridades locales en ordenamiento territorial, vivienda, movilidad, agrarismo y gestión de riesgos de desastres, con enfoque de derechos, equidad e inclusión, mediante formación y asistencia técnica. | SEDATU (PA), SEGOB (INAFED),
SSPC (CENAPRED)
|
| 1.1.7. Promover la perspectiva de género y participación en reglas de operación de programas federales de ordenamiento y desarrollo territorial, vivienda, movilidad, infraestructura, gestión de riesgos, mediante asistencia, revisión normativa y acompañamiento institucional. | SEDATU (CONAVI), SEGOB (INAFED),
SSPC (CENAPRED), SEMUJERES, SICT
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| 1.1.8. Impulsar al SITU como plataforma digital federal de ordenamiento y desarrollo territorial con criterios ambientales, y promover su interoperabilidad con sistemas federales, estatales y municipales, mediante marcos técnicos comunes, coordinación interinstitucional y capacitación territorial sustentable. | SEDATU, SEMARNAT, SSPC (CENAPRED)
|
Estrategia 1.2. Impulsar la elaboración y actualización de instrumentos de ordenamiento territorial bajo el enfoque de sistema socioecológico del territorio, con criterios técnicos, normativos e institucionales que orienten un desarrollo sostenible y con justicia socioterritorial.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la
línea de acción
|
| 1.2.1. Actualizar la ENOT para reflejar una nueva regionalización derivada de proyectos prioritarios de infraestructura e incorporar gestión de riesgos de desastres, el cambio climático, enfoque de cuenca y acuífero, y las presiones migratorias, mediante mesas participativas intersectoriales. | SEDATU, SE, SEMARNAT,
SSPC (CENAPRED)
|
| 1.2.2. Promover la armonización e integración entre ordenamientos ecológicos, territoriales y urbanos existentes, a través de lineamientos, asistencia y acompañamiento a gobiernos locales, priorizando regiones con conflictos de uso del suelo. | SEDATU, SEMARNAT
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| 1.2.3. Promover con instancias competentes la incorporación del enfoque de protección al ambiente, sistema socioecológico del territorio en los programas de ordenamiento territorial que se elaboren o actualicen, por medio de metodologías o lineamientos adaptables a distintos contextos y escalas. | SEDATU, SEMARNAT
|
| 1.2.4. Impulsar la elaboración o actualización de programas de ordenamiento territorial, mediante asistencia técnica, priorizando municipios con grandes proyectos de infraestructura, vulnerables al cambio climático o degradación ecosistémica, o con cambios demográficos significativos. | SEDATU, SECTUR
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| 1.2.5. Analizar y proponer nuevas herramientas de planeación territorial y gestión de suelo para orientar el desarrollo integral de proyectos de vivienda o mejoramiento integral de barrios, que favorezcan la inclusión y mixtura social sin generar segregación o desplazamiento por gentrificación. | SEDATU (INSUS)
|
| 1.2.6. Promover la participación social, mediante mecanismos comunitarios de consulta previa, libre e informada, de los programas de ordenamiento territorial, en alineación al Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú. | SEDATU
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| 1.2.7. Dar seguimiento a la implementación de los instrumentos de ordenamiento y al impacto de las acciones de desarrollo territorial, a través de un sistema de monitoreo y evaluación que integre indicadores, métricas de inclusión social y desagregación sociodemográfica. | SEDATU, SEMARNAT
|
Estrategia 1.3. Consolidar mecanismos de gobernanza territorial en todas sus escalas y ámbitos, con atribuciones claras y capacidad operativa que articulen a diferentes órdenes de gobierno para la provisión de bienes y servicios conjunta.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la
línea de acción
|
| 1.3.1. Impulsar la gobernanza territorial y la participación intersectorial para la asesoría, articulación de acciones, seguimiento y evaluación de la política nacional con enfoque de sustentabilidad, mediante el fortalecimiento del CNOTDU como órgano consultivo y plural. | SEDATU, CNOTDU (Integrantes definidos en los
Lineamientos para la integración y funcionamiento del
Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, vigentes)
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| 1.3.2. Promover el aprendizaje compartido para el fortalecimiento de capacidades, mediante el intercambio de información, conocimientos, saberes y experiencias, entre todas las escalas, ámbitos y sectores del ordenamiento y desarrollo territorial. | SEDATU, SEMARNAT, SECTUR, SEGOB (INAFED)
|
| 1.3.3. Evaluar el desempeño de los órganos deliberativos y auxiliares del ordenamiento territorial, mediante un mecanismo de monitoreo de su integración y funcionamiento. | SEDATU
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| 1.3.4. Promover la instalación, operación y fortalecimiento de consejos estatales, municipales, metropolitanos, comisiones y observatorios territoriales; mediante asistencia y capacitación, con criterios de resiliencia, sostenibilidad, inclusión, equidad, participación e igualdad. | SEDATU, SEGOB (INAFED)
|
| 1.3.5. Apoyar la creación y el fortalecimiento de institutos de planeación y gestión territorial en diversas escalas, mediante el intercambio de experiencias, buenas prácticas y capacitación técnica, que contribuya a su base jurídica, incidencia y viabilidad financiera. | SEDATU, SEGOB (INAFED)
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| 1.3.6. Impulsar la creación de institutos metropolitanos de planeación con capacidad para gestionar servicios, que atiendan las necesidades de dos o más municipios; por ejemplo, agencias metropolitanas en los temas de movilidad, gestión de residuos o cualquier otro de escala metropolitana. | SEDATU
|
| 1.3.7. Promover proyectos metropolitanos y regionales con criterios de equidad, corresponsabilidad y enfoque de género e intercultural, mediante convenios e instrumentos financieros que integren aportaciones de distintos órdenes de gobierno. | SEDATU (INSUS), SECTUR
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| 1.3.8. Impulsar la participación efectiva de mujeres y juventudes en la gestión territorial y el ejercicio de derechos colectivos, a través de instancias consultivas en núcleos agrarios, con reconocimiento normativo y atribuciones en decisiones sobre suelo, recursos y ecosistemas. | SEDATU (PA), SEMUJERES
|
| 1.3.9. Contribuir a garantizar la participación de las mujeres en la representación y toma de decisiones en núcleos de propiedad social, mediante asesoría jurídica, protocolos de gobernanza y prevención de violencia patrimonial. | SEDATU (PA), SEMUJERES
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| 1.3.10. Promover la inclusión de juventudes rurales en los órganos de representación y espacios de toma de decisiones, mediante formación jurídica, acompañamiento técnico y criterios de representatividad intergeneracional. | SEDATU (PA)
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Estrategia 1.4. Contribuir a la modernización de instituciones registrales y catastrales e inventarios de la propiedad pública, a partir de la conservación, integración, actualización, vinculación y homologación de información confiable y digitalizada, para que brinden certeza jurídica y utilidad pública.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la
línea de acción
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| 1.4.1. Promover el Modelo Integral de Registro Público de la Propiedad (MIRPP) y el Modelo Óptimo de Catastro (MOC), mediante financiamiento y/o asistencia técnica del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y del Catastro. | SEDATU
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| 1.4.2. Actualizar registros y catastros digitalizados y homologados con el MIRPP y el MOC, a través de convenios de coordinación con gobiernos locales. | SEDATU
|
| 1.4.3. Consolidar la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral y el Sistema de Información Geoespacial del Catastro Rural para la gestión territorial y el resguardo de derechos, mediante criterios jurídicos, operativos y tecnológicos para integrar e intercambiar información. | SEDATU (RAN)
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| 1.4.4. Avanzar en la interconexión e interoperabilidad entre sistemas de información catastral, registral, registros agrarios e inventarios de la propiedad de los tres órdenes de gobierno, por medio de una arquitectura de datos común que facilite su vinculación con el SITU. | SEDATU
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| 1.4.5. Propiciar la integración de información de los núcleos agrarios al catastro rural, mediante el Modelo del Sistema del Catastro Rural Nacional para mejorar el control de la tenencia de la tierra de propiedad social. | SEDATU (RAN)
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| 1.4.6. Promover asistencia técnica y acciones de capacitación en gestión catastral y registral, a través de un programa de formación continua dirigida a gobiernos locales y órganos agrarios. | SEDATU (PA), SEGOB (INAFED)
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| 1.4.7. Avanzar en la modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, por medio del fortalecimiento del SIGIRC. | SEDATU
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Estrategia 1.5. Fortalecer la planeación territorial anticipada y participativa para prevenir nuevos asentamientos irregulares, regularizar y dignificar los existentes, y mitigar la especulación inmobiliaria, en particular, sobre la propiedad social.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la
línea de acción
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| 1.5.1. Desarrollar esquemas de planeación territorial anticipada en núcleos agrarios ubicados en zonas de expansión urbana o con megaproyectos, para evitar ocupaciones informales y asegurar participación comunal en la definición de usos del suelo. | SEDATU (INSUS), SEMARNAT
|
| 1.5.2. Diseñar marcos normativos de asociación agraria para el desarrollo urbano planificado y con perspectiva de sustentabilidad, que garanticen la participación de los núcleos agrarios en la toma de decisiones. | SEDATU (PA), SEMARNAT
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| 1.5.3. Consolidar fideicomisos ejidales y comunales administrados por FIFONAFE como herramientas de planeación territorial participativa e inversión programada, con cláusulas de consulta agraria, fiscalización social y vinculación al ordenamiento territorial. | SEDATU (FIFONAFE, PA)
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| 1.5.4. Identificar necesidades de certeza jurídica de la población en condiciones de alta marginación y rezago social a través del registro de asentamientos irregulares aptos para la regularización del suelo en una plataforma de identificación y análisis espacial de suelo apto, vinculada al SITU. | SEDATU (INSUS, RAN, FIFONAFE), SEMARNAT
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| 1.5.5. Identificar suelo apto y bien localizado, para atender requerimientos de vivienda, infraestructura y equipamientos, mediante la formulación de proyectos de gestión de suelo. | SEDATU (INSUS), SEMARNAT
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| 1.5.6. Impulsar la regularización concertada del suelo mediante identificación de asentamientos, instrumentos jurídicos, convenios con actores clave, mesas intergubernamentales, participación social, y acciones de escrituración con enfoque de género, equidad territorial y gobernanza. | SEDATU (INSUS, RAN, CONAVI, FIFONAFE), SEMARNAT,
SEMUJERES
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| 1.5.7. Ejecutar acciones de escrituración en el marco del Programa de Vivienda para el Bienestar, a través de mecanismos de colaboración y coordinación, así como instrumentos jurídicos específicos para nuevos esquemas de escrituración, incluyendo la de vivienda multifamiliar. | SEDATU (INSUS)
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| 1.5.8. Promover la dignificación de asentamientos regularizados mediante la articulación de acciones de escrituración con programas de infraestructura, servicios y mejoramiento de vivienda, para otorgar certeza jurídica, reducir riesgos de desastres y mejorar las condiciones de habitabilidad. | SEDATU (INSUS, FIFONAFE)
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| 1.5.9. Promover esquemas de oferta de suelo urbanizado asequible y bien localizado destinado a vivienda para sectores de bajos ingresos, a través de capacitación a autoridades locales y promoviendo proyectos de gestión de suelo. | SEDATU (INSUS, CONAVI), SEMARNAT
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Estrategia 1.6. Fortalecer la regularización agraria, la transmisión de derechos agrarios con enfoque de relevo generacional y la ejecución de resoluciones presidenciales, para garantizar certeza jurídica a los núcleos agrarios y articular la propiedad social al ordenamiento territorial.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la
línea de acción
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| 1.6.1. Integrar un sistema nacional articulado y actualizado de núcleos agrarios, con registro georreferenciado de conflictos, historial de expropiaciones y órganos de representación, que incorpore datos desagregados por sexo, edad y pertenencia indígena o afromexicana, para orientar acciones de gobernanza y prevención de conflictos. | SEDATU (RAN, PA, FIFONAFE)
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| 1.6.2. Dar de alta en el Programa de Atención de Conflictos Agrarios (PADCA) conflictos relacionados con territorios ancestrales de pueblos y comunidades indígenas, y aquellas controversias que enfrentan los núcleos agrarios entre sí, y/o con sujetos agrarios que cumplan con los requisitos de selección y criterios de elegibilidad establecidos en sus lineamientos. | SEDATU
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| 1.6.3. Crear una ventanilla de vinculación de asuntos agrarios interoperable entre RAN, Procuraduría Agraria (PA), INSUS y Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), mediante digitalización progresiva, simplificación normativa y validación comunitaria, para facilitar trámites de regularización, titulación y reversión. | SEDATU (RAN, PA, INSUS, FIFONAFE)
|
| 1.6.4. Ejecutar prioritariamente las resoluciones presidenciales pendientes en favor de pueblos indígenas y comunidades con litigios históricos, integrando restitución jurídica y acompañamiento territorial intercultural. | SEDATU (RAN)
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| 1.6.5. Promover brigadas móviles territoriales para la certificación y titulación de derechos agrarios en núcleos con alta marginación, conflictividad o presión inmobiliaria, priorizando a mujeres, indígenas y comunidades afromexicanas. | SEDATU (RAN)
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| 1.6.6. Establecer módulos territoriales de formación jurídica y notarial para asambleas agrarias, enfocados en sucesión de derechos, prevención de conflictos y gobernanza comunitaria. | SEDATU (PA, RAN)
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| 1.6.7. Promover la actualización participativa de reglamentos internos ejidales para que incorporen criterios de relevo generacional y garanticen el acceso efectivo de mujeres y jóvenes como sujetos agrarios. | SEDATU (PA, RAN)
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| 1.6.8. Apoyar la participación jurídica de mujeres en los procesos de transmisión y sucesión agraria, mediante defensorías especializadas, protocolos de prevención de violencia patrimonial y mecanismos de restitución de derechos. | SEDATU (PA)
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| 1.6.9. Establecer acciones que fomenten el arraigo agrario juvenil, mediante incentivos a la permanencia, acceso a tierra vía sucesión, formación técnica y apoyo a proyectos productivos comunitarios liderados por jóvenes. | SEDATU (PA)
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| 1.6.10. Promover el acceso de las mujeres ejidatarias, comuneras, avecindadas o posesionarias al uso productivo de la tierra, mediante su reconocimiento como titulares de derechos agrarios. | SEDATU (PA), SEMUJERES
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Estrategia 1.7. Fortalecer capacidades locales a través de capacitación, asistencia técnica, intercambio de experiencias entre estados y municipios, así como el uso de sistemas de información geográfica para el ordenamiento territorial integrado.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la
línea de acción
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| 1.7.1. Impulsar la implementación de proyectos de cooperación internacional que fortalezcan políticas y estrategias de desarrollo territorial, ordenamiento agrario y vivienda adecuada, mediante la difusión de buenas prácticas y herramientas a nivel nacional e internacional. | SEDATU
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| 1.7.2. Promover el diseño de políticas de ordenamiento territorial inclusivas, con enfoque sustentable. perspectiva de género, derechos humanos, diversidad biocultural y cuidados, a través de acciones de capacitación de personas servidoras públicas y actores locales. | SEDATU, SEMUJERES
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| 1.7.3. Fortalecer el SITU mediante la integración de información de todas las escalas, ámbitos y sectores del ordenamiento, movilidad y vivienda con criterios homologados, y mediante la generación de productos informativos con valor agregado y nuevas formas de organización y visualización de datos. | SEDATU, SICT
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| 1.7.4. Fomentar la apropiación de los instrumentos de planeación territorial por parte de gobiernos locales y comunidades, a través de la difusión de guías, herramientas y metodologías que fomenten la participación ciudadana con perspectiva de género y de cuidados. | SEDATU
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| 1.7.5 Fortalecer las capacidades de personas servidoras públicas locales, a través de la implementación de una estrategia nacional de capacitación para el bienestar en el territorio y un modelo de formación integral. | SEDATU, SEGOB (INAFED)
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| 1.7.6. Promover el cumplimiento de las NOMs de SEDATU en materia de ordenamiento territorial, por medio de un programa de difusión y capacitación dirigido a personas servidoras públicas y actores locales. | SEDATU, SEGOB (INAFED)
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| 1.7.7. Anticipar presiones demográficas que deban ser atendidas para prevenir la expansión irregular de los asentamientos, la degradación ecosistémica y la planeación territorial de la movilidad, mediante el establecimiento de alianzas para la elaboración de estudios de prospectiva territorial. | SEDATU, SECTUR, SICT
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Eje 2. Desarrollo Territorial
Objetivo 2: Reducir las brechas territoriales en infraestructura, equipamiento, espacio público, movilidad y vivienda adecuada, priorizando la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad, para incrementar el bienestar de las personas en entornos seguros e incluyentes.
Estrategia 2.1. Ampliar la cobertura y calidad de servicios básicos, infraestructura y equipamiento en zonas urbanas y rurales con rezago, para mejorar condiciones de vida y reducir desigualdades territoriales.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la
línea de acción
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| 2.1.1. Fomentar intervenciones en barrios y zonas prioritarias, mediante procesos participativos con la comunidad, incorporando criterios de inclusión, sustentabilidad y enfoque territorial, para mejorar espacios públicos y servicios. | SEDATU, SEMARNAT (CONAGUA), SICT
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| 2.1.2. Promover instrumentos de planeación territorial con criterios de equidad, sustentabilidad, eficiencia y corresponsabilidad, y convenios de coordinación y cofinanciamiento de proyectos metropolitanos, mediante la participación en comisiones metropolitanas y de conurbaciones. | SEDATU
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| 2.1.3. Promover la gestión integral de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático en proyectos de infraestructura básica en zonas expuestas, por medio de evaluaciones territoriales, guías técnicas y coordinación interinstitucional. | SEDATU, SEGOB, SECTUR, SEMARNAT (INECC)
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| 2.1.4. Facilitar la provisión de suelo para vivienda adecuada articulando procesos de planeación y ordenamiento territorial, a través de identificar suelo apto para proyectos de gestión de suelo, priorizando zonas con rezago. | SEDATU (INSUS), SEMARNAT
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| 2.1.5. Contribuir a la reducción del rezago en infraestructura social básica con base en instrumentos de planeación territorial, mediante el establecimiento de criterios de distribución, ejecución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y el seguimiento a los proyectos de acuerdo con la normativa aplicable. | SEBIEN
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| 2.1.6. Intervenir en esquemas de atención intersectorial integral para regiones con rezago multidimensional, mediante coordinación territorial para intervenir en infraestructura, equipamiento, movilidad, vivienda y servicios básicos, con enfoque de desarrollo regional y planeación participativa. | SEDATU, SICT
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Estrategia 2.2. Fortalecer a las comunidades para que participen de manera efectiva en la construcción o mejoramiento de espacios públicos y equipamientos barriales, que contribuyan a los derechos sociales, la seguridad ciudadana, la inclusión y la cohesión territorial, priorizando la atención de zonas con baja habitabilidad.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la
línea de acción
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| 2.2.1. Impulsar proyectos comunitarios de espacio público y equipamiento barrial con perspectiva de sustentabilidad y accesibilidad universal, mediante un enfoque de cuidados y atención a las infancias, personas mayores y con discapacidad. | SEDATU, SICT
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| 2.2.2. Promover esquemas de asistencia técnica y participación social, a través de la gestión de espacios públicos y equipamientos comunitarios. | SEDATU, SECTUR
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| 2.2.3. Implementar guías elaboradas por SEDATU para el diseño de espacios públicos e intervenciones urbanas con perspectiva de género, prevención de violencias y enfoque de cuidados, por medio de la incorporación de diagnósticos participativos, enfoque interseccional y perspectiva de sustentabilidad. | SEDATU, SEMUJERES, SICT
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| 2.2.4. Impulsar la adopción de acciones que prevengan y mitiguen procesos de exclusión y desplazamiento en barrios urbanos y turísticos, mediante el análisis de instrumentos normativos y fiscales que promuevan la inclusión social y el arraigo de las comunidades residentes. | SEDATU
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| 2.2.5. Impulsar una planeación territorial y gestión de espacios públicos desde las cosmovisiones y sistemas normativos propios de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante la generación de criterios, metodologías y guías con enfoque intercultural. | SEDATU, SECTUR
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| 2.2.6. Fomentar la infraestructura de cuidados con participación de redes locales e intersectoriales, a través de la articulación de proyectos de espacio público con servicios culturales, deportivos, ambientales y de salud comunitaria. | SEDATU, SEMUJERES, SICT
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Estrategia 2.3. Conducir la Política Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, en concurrencia con las entidades federativas, para ampliar el ejercicio del derecho a la movilidad en condiciones de accesibilidad, inclusión, equidad, eficiencia, sostenibilidad, seguridad vial y calidad.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la
línea de acción
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| 2.3.1. Evaluar la implementación de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 2023 - 2042, mediante la coordinación del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. | SEDATU, SICT
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| 2.3.2. Promover la armonización normativa en materia de movilidad y seguridad vial, mediante mesas técnicas interinstitucionales para la revisión de leyes estatales, la actualización de reglamentos y la verificación del cumplimiento de normas oficiales mexicanas. | SEDATU, SICT
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| 2.3.3. Impulsar las capacidades locales para la formulación y gestión de proyectos de movilidad sostenible, por medio de acciones de capacitación permanentes, asistencia técnica y herramientas digitales accesibles. | SEDATU, SECTUR
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| 2.3.4. Promover acciones focalizadas para generar condiciones favorables para la movilidad activa en el entorno de viviendas nuevas, a través de la vinculación con programas de infraestructura vial. | SEDATU
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| 2.3.5. Impulsar una agenda intersectorial por la seguridad vial, que articule la participación de los tres órdenes de gobierno, sector privado, medios de comunicación y sociedad civil, a través de un conjunto de acciones que contribuyan a reducir significativamente la siniestralidad vial. | SEDATU, SICT
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| 2.3.6. Vincular a los gobiernos estatales y municipales con mecanismos de financiamiento, mediante proyectos de movilidad y acompañamiento técnico para su gestión. | SEDATU
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| 2.3.7. Promover la vinculación entre políticas de suelo, desarrollo urbano y movilidad, a través de modelos de instrumentos normativos y fiscales que permitan a estados y municipios recibir aportaciones de suelo destinado a equipamiento e infraestructura para transporte público. | SEDATU (INSUS)
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| 2.3.8. Diseñar e impulsar esquemas de operación que generen ingresos para la sostenibilidad financiera del transporte público, mediante el aprovechamiento incluyente del suelo y equipamientos, a través de concesiones, contratos de servicios y asociaciones público-privadas equitativas. | SEDATU, SICT
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| 2.3.9. Impulsar que los contenidos de movilidad estén correctamente desarrollados y articulados en los instrumentos de ordenamiento territorial, a través de lineamientos para la generación de diagnósticos especializados, estrategias y cartera de proyectos, dentro de los planes y programas. | SEDATU
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| 2.3.10. Diseñar sistemas de movilidad que prioricen vías y rutas seguras entre zonas habitacionales, servicios de salud, escuelas y espacios comunitarios, por medio de la incorporación del enfoque de género y cuidados para que sean accesibles para mujeres, personas cuidadoras, niñas, niños y adolescentes. | SEDATU
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Estrategia 2.4. Ampliar la cobertura y calidad de sistemas de movilidad integrados y sostenibles, que respondan a las necesidades de población urbana y rural, reduzcan desigualdades socioterritoriales y mejoren la seguridad de todas las personas durante sus traslados cotidianos.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la
línea de acción
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| 2.4.1. Impulsar sistemas integrados de movilidad, digitalización del transporte público y establecimiento de modelos de operación basados en la concesión de rutas, corredores o cuentas, mediante la implementación de la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano. | SEDATU, SICT
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| 2.4.2. Promover la intermodalidad e integración tarifaria, a través de una coordinación institucional para el desarrollo de sistemas integrados de transporte público en zonas metropolitanas y con infraestructura compartida. | SEDATU, SICT
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| 2.4.3. Fomentar esquemas flexibles de transporte público y comunitario en zonas rurales y periurbanas, por medio de rutas adaptadas, tarifas sociales y articulación con equipamientos y servicios básicos. | SEDATU
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| 2.4.4. Impulsar la construcción y rehabilitación de infraestructura, modelos de operación de sistemas públicos de bicicleta y la integración con otros modos de transporte, mediante un programa nacional enfocado en la movilidad peatonal y ciclista, con perspectiva de género. | SEDATU, SEMUJERES
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| 2.4.5. Promover la elaboración o actualización de leyes y reglamentos en materia de cultura vial, a través del establecimiento de estándares nacionales para el registro de licencias de conducir, infracciones y sanciones. | SEDATU
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| 2.4.6. Impulsar la infraestructura de movilidad segura, accesible, de calidad y con enfoque de género y cuidados, incluyendo vías para el tránsito de todas las personas usuarias, áreas de transferencia modal y sistemas integrados de transporte, mediante acciones de fomento y proyectos de inversión. | SEDATU, SICT, SECTUR
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| 2.4.7. Mejorar la calidad de la infraestructura vial mediante la vigilancia de cumplimiento de las NOM en materia de movilidad y seguridad vial, para que se considere la protección a usuarios vulnerables, la gestión de velocidades y la inhibición de conductas de riesgo, desde su diseño. | SEDATU, SICT
|
Estrategia 2.5. Vincular las políticas de vivienda, suelo, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, para dar integralidad a las acciones encaminadas a ampliar el acceso a vivienda adecuada y que contribuyan a cerrar brechas de desigualdad social y territorial.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la
línea de acción
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| 2.5.1. Facilitar la articulación de acciones en materia de suelo y vivienda entre los ONAVI, el INSUS y los tres órdenes de gobierno, bajo criterios de ordenamiento territorial, a través de la firma de convenios e instrumentos de colaboración. | SEDATU (CONAVI, INSUS)
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| 2.5.2. Impulsar la inclusión de reservas territoriales, zonas de conservación y urbanización, mediante la elaboración o actualización de instrumentos de planeación territorial con criterios de sostenibilidad ambiental y la gestión integral de riesgos de desastres. | SEDATU, SEMARNAT
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| 2.5.3. Impulsar que las acciones de vivienda atiendan a personas de bajos ingresos y población no derechohabiente, estén bien ubicadas y que no refuercen patrones de segregación social, mediante coordinación intergubernamental para la selección de predios aptos. | SEDATU (CONAVI)
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| 2.5.4. Contribuir a construir la certidumbre jurídica de las personas en situación de vulnerabilidad social que habitan en asentamientos humanos, mediante programas de regularización y escrituración. | SEDATU (INSUS)
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| 2.5.5. Promover que los programas de ordenamiento territorial incorporen disposiciones para la inclusión de vivienda social, a través de las disposiciones que regulan los usos de suelo, con criterios de equidad y de derechos. | SEDATU, SEMARNAT
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| 2.5.6. Proponer acciones para enfrentar y mitigar fenómenos socioterritoriales de exclusión y segregación, a través de mesas de diálogo, estudio de regulaciones existentes y otros análisis especializados. | SEDATU
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Eje 3. Desarrollo Regional Productivo
Objetivo 3. Impulsar el desarrollo económico con justicia socioterritorial a través del ordenamiento territorial, la certeza jurídica y la evaluación de aptitud territorial para proyectos productivos, en beneficio de quienes habitan las regiones y comunidades.
Estrategia 3.1. Coadyuvar en la implementación del Plan México, impulsando acciones en materia de ordenamiento territorial y desarrollo de infraestructura, para garantizar la sustentabilidad y equidad del desarrollo económico.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la
línea de acción
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| 3.1.1. Evaluar la aptitud de terrenos propuestos en los PODEBIS, mediante la participación en el Comité Intersecretarial y el análisis técnico en materia de ordenamiento, vivienda, propiedad y gestión de riesgos de desastres. | SE, SEDATU, SEMARNAT, SICT
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| 3.1.2. Analizar el régimen de propiedad, así como la posible existencia de conflictos agrarios en las superficies propuestas como PODEBIS mediante la revisión registral y catastral que brinde seguridad y certeza jurídica para su integración al Plan México. | SEDATU (RAN, PA)
|
| 3.1.3. Vincular los programas y acciones del Ramo 15 con los proyectos del Plan México, a través de los instrumentos de la política territorial, la participación del sector agrario y el diálogo para la atención de conflictos en el territorio. | SE, SEDATU (INSUS, PA, RAN)
|
| 3.1.4. Impulsar el desarrollo de vivienda adecuada, vinculada a proyectos productivos y Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, mediante la identificación de reservas de suelo bajo criterios de ordenamiento territorial, sustentabilidad, localización y gestión de riesgos de desastres. | SEDATU (CONAVI, INSUS), SECTUR
|
| 3.1.5. Contribuir a la generación de empleo, dinamismo del sector de la construcción y el acceso a vivienda adecuada, mediante la implementación del Programa de Vivienda para el Bienestar. | SEDATU (CONAVI)
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Estrategia 3.2. Fomentar condiciones para el desarrollo de la economía y el empleo local, incluyendo el acceso a suelo e infraestructura para actores económicos comunitarios, con el fin de prevenir el desplazamiento y la concentración territorial y económica excluyente.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la
línea de acción
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| 3.2.1. Regularizar y poner a disposición suelo público y social, mediante procedimientos de nacionalización, regularización, asignación o enajenación, priorizando criterios de justicia socioterritorial, utilidad social y participación comunitaria. | SEDATU (PA, INSUS, FIFONAFE)
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| 3.2.2. Impulsar el desarrollo de infraestructura básica habilitadora en comunidades en donde se impulsan nuevas vocaciones productivas, mediante la colaboración y el acompañamiento técnico a gobiernos estatales y locales. | SEDATU, SECTUR
|
| 3.2.3. Establecer mecanismos de concertación social y mediación agraria en zonas con potencial productivo, para contribuir a la distribución equitativa de beneficios. | SEDATU (PA), SE
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| 3.2.4. Impulsar esquemas de gestión cooperativa y comunitaria del suelo productivo, fortaleciendo capacidades técnicas, jurídicas y organizativas en gobiernos locales y núcleos agrarios para la planificación, uso equitativo y control social del territorio. | SEDATU
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| 3.2.5. Orientar la planeación territorial del desarrollo económico local, mediante programas de ordenamiento territorial que consideren las vocaciones productivas y capacidades de la infraestructura instalada. | SEDATU, SECTUR, SE
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| 3.2.6. Promover la elaboración de programas parciales de ordenamiento territorial en áreas de influencia de proyectos prioritarios federales, incorporando previsiones normativas para prevenir especulación y asegurar beneficios para la población local. | SEDATU
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Estrategia 3.3. Avanzar hacia una "República Conectada", con proyectos de modernización e integración de redes de transporte y nodos logísticos intermodales, para impulsar el desarrollo de las regiones y el acceso equitativo a las oportunidades económicas.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la
línea de acción
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| 3.3.1. Impulsar la construcción y ampliación de trenes de pasajeros mediante proyectos regionales de conectividad ferroviaria, articulados con redes logísticas y de transporte público, bajo criterios de sustentabilidad, eficiencia energética e intermodalidad. | SICT, SEDATU
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| 3.3.2. Contribuir al desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte, promoviendo la liberación del derecho de vía a través de acciones legales, de mediación y concertación, ejecutadas bajo un enfoque de justicia social. | SEDATU (PA, RAN), SICT
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| 3.3.3. Actualizar la ENOT 2020 - 2040 y la ENAMOV 2023 - 2042 para incorporar la articulación territorial derivada de los nuevos proyectos de transporte e identificar la infraestructura complementaria, necesaria para su sostenibilidad. | SEDATU, SICT
|
| 3.3.4. Promover la elaboración o actualización de programas de ordenamiento territorial en regiones con proyectos federales de transporte e infraestructura logística, identificando los estudios, proyectos y acciones necesarias para vincular dicha infraestructura con los sistemas de transporte locales. | SEDATU, SICT
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| 3.3.5. Impulsar la incorporación del modelo de Desarrollo Orientado al Transporte en los instrumentos de ordenamiento territorial de distintas escalas, a través de guías y acompañamiento técnico a las entidades. | SEDATU, SICT
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| 3.3.6. Impulsar la electromovilidad en el transporte público, mediante acompañamiento para la planeación territorial técnica, financiera y la coordinación con gobiernos estatales, municipales y el sector energía. | SEDATU, SEMARNAT, SENER, SICT
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| 3.3.7. Gestionar proyectos de movilidad accesible e intermodal, mediante esquemas de colaboración entre autoridades para la inversión, planeación y operación de los sistemas, garantizando la conectividad funcional entre sistemas regionales y locales. | SEDATU, SICT, SECTUR
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| 3.3.8. Establecer órganos metropolitanos o regionales para la gobernanza de proyectos en corredores estratégicos para el sector logístico, que permitan la articulación entre autoridades y entre actores públicos y privados. | SEDATU
|
Estrategia 3.4. Fomentar el desarrollo productivo de ejidos y comunidades, mediante incentivos a la producción agroecológica, protección de territorios agroalimentarios y fomento de proyectos de economía social y solidaria con enfoque territorial, para ampliar las oportunidades de desarrollo sustentable y comunitario.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la
línea de acción
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| 3.4.1. Diseñar planes participativos de desarrollo agroproductivo con zonificación diferenciada para producción agroecológica, restauración ambiental y manejo comunitario del agua. | SADER, SEDATU (PA), SEMARNAT (CONABIO)
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| 3.4.2. Impulsar acciones territoriales de producción agroecológica con enfoque regenerativo, mediante su vinculación con circuitos locales de abasto, compras públicas y planes de soberanía alimentaria. | SADER, SEDATU, SEMARNAT (CONABIO)
|
| 3.4.3. Impulsar la comercialización de productos agroalimentarios a precios justos, mediante la vinculación de productores a cadenas de valor, facilitación de acceso a mercados y esquemas de acopio directo. | SADER, SEDATU, SEMARNAT (CONAFOR)
|
| 3.4.4. Impulsar cooperativas y organizaciones agrarias mediante acciones de formación y vinculación. | SEDATU
|
| 3.4.5. Promover el uso de recursos disponibles administrados por FIFONAFE en proyectos productivos y de economía social validados en asamblea, mediante asistencia técnica de la PA, fiscalización comunitaria y alineación con programas estratégicos. | SEDATU (FIFONAFE, PA), SEMARNAT
|
| 3.4.6. Generar opciones de inclusión productiva para reducir la migración de jóvenes ejidatarios, mediante su incorporación en programas del bienestar y esquemas de formación técnica. | SADER, SEDATU (FIFONAFE, PA)
|
| 3.4.7. Articular actividades productivas con programas estratégicos del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, mediante proyectos que garanticen el acceso a tierra, empleos dignos y arraigo comunitario. | SEDATU (PA), SADER, SE, SEMARNAT
|
| 3.4.8. Promover la integración de la inversión pública en infraestructura, conectividad y servicios básicos a los planes de desarrollo productivo validados por las comunidades agrarias. | SEDATU (PA), SECTUR
|
Estrategia 3.5. Fomentar el turismo sustentable y comunitario como motor de desarrollo local y regional mediante planificación territorial, fortalecimiento de capacidades comunitarias, infraestructura habilitadora y articulación con circuitos económicos locales, priorizando regiones con patrimonio natural y cultural.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la
línea de acción
|
| 3.5.1. Promover proyectos de turismo sustentable y comunitario en los instrumentos de planeación de estados y municipios con esta vocación, estableciendo condicionantes para gestionar riesgos de desastres y preservar patrimonio natural y cultural, equilibrio, conservación y restauración ambiental. | SEDATU, SEMARNAT, SECTUR
|
| 3.5.2. Impulsar infraestructura y equipamientos para el turismo sustentable y comunitario que respeten el patrimonio histórico y cultural, garanticen servicios básicos para la población residente y generen desarrollo local, mediante acompañamiento técnico. | SECTUR, SEDATU, SEMARNAT, SICT
|
| 3.5.3. Fortalecer capacidades para la gestión participativa del turismo sustentable y comunitario mediante formación técnica, hospitalidad con identidad local y mecanismos de gobernanza democrática. | SECTUR, SEDATU (PA), SEMARNAT
|
| 3.5.4. Promover la participación efectiva de mujeres, juventudes y pueblos indígenas en cadenas de valor turístico, a través de formación técnica, acceso a recursos y mecanismos de corresponsabilidad económica y cultural. | SECTUR, SEDATU
|
| 3.5.5. Promover circuitos turísticos sustentables, mediante la integración de sitios naturales y culturales, incluyendo monumentos, sitios arqueológicos, centros históricos, y barrios y poblados tradicionales, con redes de servicios locales, conectividad y esquemas de coordinación intermunicipal. | SECTUR, SEDATU, SEMARNAT (CONABIO)
|
| 3.5.6. Impulsar el reconocimiento de problemáticas sociales, asociadas a los efectos negativos del turismo, mediante el análisis y desarrollo de propuestas en materia. | SEDATU (INSUS), SECTUR
|
Eje 4. Sustentabilidad y Resiliencia
Objetivo 4: Fortalecer la resiliencia y sustentabilidad del territorio mediante la protección y restauración del ambiente, el ordenamiento territorial y la gestión integral de riesgos de desastres, para salvaguardar a comunidades vulnerables ante los efectos del cambio climático.
Estrategia 4.1. Fortalecer los instrumentos de ordenamiento territorial, articulando el enfoque de sistema socioecológico del territorio y gestión integral de riesgos de desastres, para proteger ecosistemas y orientar un desarrollo sustentable y seguro.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la
línea de acción
|
| 4.1.1. Incorporar criterios de resiliencia climática, servicios socioecológicos y sostenibilidad en los instrumentos de ordenamiento territorial y políticas de suelo y de vivienda, mediante normas, diagnósticos de riesgo, asistencia técnica y participación social en territorios vulnerables. | SEDATU, SEMARNAT (CONABIO, CONAFOR, CONAGUA),
SECTUR, SSPC (CENAPRED)
|
| 4.1.2. Evaluar la eficacia del ordenamiento territorial como evidencia para orientar decisiones y políticas públicas, para minimizar el impacto ambiental e impulsar la resiliencia climática, a través del desarrollo de sistemas públicos de monitoreo e indicadores. | SEMARNAT, SEDATU
|
| 4.1.3. Impulsar densidades habitacionales sostenibles, que incluyan vivienda social adecuada en zonas con habitabilidad, mediante asistencia técnica en la elaboración de instrumentos de ordenamiento territorial. | SEDATU, SEMARNAT
|
| 4.1.4. Incluir criterios de gestión de riesgo de desastres en las acciones de financiamiento público de proyectos habitacionales, mediante herramientas metodológicas y coordinación interinstitucional. | SEDATU (CONAVI), SEMARNAT,
SSPC (CENAPRED)
|
| 4.1.5. Implementar la NOM-003 y la NOM-006 de SEDATU en proyectos habitacionales para asegurar localizaciones seguras y servicios básicos, mediante supervisión técnica, asistencia a gobiernos locales y vinculación con instrumentos de planeación y financiamiento. | SEDATU, SEGOB (INAFED), SEMARNAT
|
Estrategia 4.2. Fortalecer la gestión del riesgo de desastres con información actualizada, infraestructura preventiva y participación comunitaria, para reducir vulnerabilidades y proteger a la población frente a amenazas climáticas.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la
línea de acción
|
| 4.2.1. Promover de manera gradual, el uso obligatorio de atlas de riesgos y estudios técnicos en la planeación territorial y de inversiones públicas, mediante coordinación interinstitucional y aprovechamiento de plataformas existentes con información territorial y de gestión de riesgos. | SEDATU (INSUS, CONAVI), SECTUR, SEMARNAT, SSPC
(CENAPRED)
|
| 4.2.2. Prevenir asentamientos en zonas de riesgo y orientar la planeación territorial hacia zonas seguras y sostenibles, a través de diagnósticos y evaluación de aptitud territorial, así como la incorporación de criterios de riesgo y resiliencia en los instrumentos de ordenamiento territorial. | SEDATU, SEMARNAT, SSPC (CENAPRED)
|
| 4.2.3. Contribuir a la articulación y el uso efectivo de los sistemas de alerta temprana, mediante planes comunitarios, capacitación local y coordinación con autoridades de protección civil. | SEDATU, SSPC (CENAPRED)
|
| 4.2.4. Impulsar obras preventivas con criterios de sostenibilidad y pertinencia territorial ante desastres en zonas de riesgo, mediante gestión comunitaria y asistencia técnica. | SEDATU
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| 4.2.5. Acompañar a los gobiernos locales en la gestión integral de riesgos de desastres, a través del establecimiento de programas permanentes de capacitación y asistencia para personas servidoras públicas y comunidades locales. | SEMARNAT, SEDATU, SSPC (CENAPRED)
|
| 4.2.6. Concertar acciones de reducción de riesgos de desastres y gestión territorial preventiva con enfoque de gobernanza local, mediante comités comunitarios, participación social y articulación de acciones con organismos especializados como el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). | SEDATU (PA), SSPC (CENAPRED)
|
| 4.2.7. Impulsar la participación comunitaria en zonas de riesgo de localidades urbanas y rurales dentro de la propiedad social, con enfoque territorial y ambientalmente responsable, a través de la generación de cartografía social participativa. | SEDATU (RAN)
|
| 4.2.8. Resolver disputas por uso de suelo en zonas de alto riesgo territorial, mediante servicios de conciliación agraria. | SEDATU (PA)
|
Estrategia 4.3. Ampliar el acceso equitativo al agua, suelo y bienes comunes mediante regulación ambiental, inversión hídrica y justicia socioambiental, para fortalecer la resiliencia socioambiental en comunidades excluidas y vulneradas, y territorios con alta presión extractiva.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la
línea de acción
|
| 4.3.1. Destinar suelo ejidal, comunal y nacional a fines sociales y ambientales, mediante su regularización con participación comunitaria y justicia socioterritorial. | SEDATU, SEMARNAT
|
| 4.3.2. Apoyar el desarrollo de infraestructura verde y azul en comunidades marginadas, mediante asistencia técnica y financiamiento. | SEDATU, SEMARNAT (CONAGUA)
|
| 4.3.3. Resolver conflictos por uso de agua, suelo y bienes comunes, a través del establecimiento de mecanismos legales y fomentando la participación de la comunidad. | SEDATU (PA), SEMARNAT (CONAGUA)
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| 4.3.4. Impulsar mecanismos de gestión social del hábitat, que incluyan el acceso a servicios básicos, seguridad jurídica, justicia socioambiental y participación comunitaria, a través de acompañamiento técnico con enfoque GIRD en procesos de producción social de vivienda y regularización territorial. | SEDATU (CONAVI)
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Estrategia 4.4. Fomentar la restauración y recuperación de los ecosistemas estratégicos y promover soluciones basadas en la naturaleza para fortalecer la resiliencia climática, proteger servicios ambientales y reducir riesgos de desastres en territorios vulnerables, con la participación de autoridades competentes.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la
línea de acción
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| 4.4.1. Promover el uso de soluciones basadas en la naturaleza en la planeación territorial y proyectos estratégicos de infraestructura, mediante criterios normativos, incentivos y acompañamiento técnico. | SEMARNAT, SEDATU
|
| 4.4.2. Impulsar con las autoridades competentes la restauración y recuperación ecosistémica, por medio de gestión social, participación comunitaria y monitoreo participativo. | SEMARNAT, SEDATU
|
| 4.4.3. Reducir riesgos de desastres en territorios vulnerables, a través de la implementación de obras comunitarias con liderazgo de mujeres y juventudes, pertinencia cultural y enfoque de género y de adaptación climática. | SEDATU (FIFONAFE)
|
| 4.4.4. Promover la incorporación de criterios de resiliencia en los sistemas de planeación territorial, mediante el diseño de indicadores y metodologías de evaluación públicos. | SEDATU, SEMARNAT
|
| 4.4.5. Fortalecer el liderazgo ambiental de mujeres rurales, a través de acciones de capacitación, reconocimiento institucional y acceso a financiamiento. | SEDATU (PA), SECTUR, SEMARNAT
|
| 4.4.6. Promover la colaboración con núcleos agrarios para restaurar zonas degradadas, mediante acuerdos comunitarios, colaboración institucional y vinculación con programas públicos. | SEDATU (FIFONAFE, PA), SEMARNAT
|
| 4.4.7. Impulsar con las instancias competentes la restauración de zonas degradadas mediante el consentimiento libre, informado y con pleno respeto a la pertinencia cultural. | SEDATU (PA), SEMARNAT
|
| 4.4.8. Apoyar procesos de regularización de tierras sociales, mediante criterios de restauración y conservación de diversidad biocultural, y servicios ecosistémicos. | SEMARNAT, SEDATU (PA)
|
| 4.4.9. Promover la reubicación planificada de asentamientos en zonas de riesgo hacia territorios con servicios básicos, mediante acciones de conservación del patrimonio biocultural y los ecosistemas. | SEDATU (CONAVI), SEMARNAT
|
Estrategia 4.5. Contribuir a una gobernanza ambiental justa y participativa, reconociendo derechos territoriales colectivos, para fortalecer la capacidad de gestión comunitaria y la transparencia en el uso y conservación de los bienes comunes.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la
línea de acción
|
| 4.5.1. Crear mecanismos plurales para resolver conflictos territoriales, a través de procedimientos de justicia comunitaria, agraria y judicial con enfoque de derechos. | SEDATU (PA), SEGOB
|
| 4.5.2. Promover la participación efectiva de mujeres, juventudes y pueblos originarios en la gestión de bienes comunes, mediante acciones de sensibilización, capacitación y mecanismos inclusivos de toma de decisiones. | SEDATU, SECTUR
|
| 4.5.3. Reconocer jurídicamente instancias locales de gestión comunitaria en la administración de recursos, a través de lineamientos normativos que impulsen mecanismos de pago por servicios ambientales, conservación comunitaria y gobernanza territorial. | SEMARNAT (CONAFOR), SEDATU, SECTUR
|
| 4.5.4. Incrementar la disponibilidad de información para el uso y conservación de los bienes comunes, por medio de acciones encaminadas a la interoperabilidad entre sistemas catastrales de manera gradual. | SEDATU (RAN)
|
| 4.5.5. Promover decisiones de ordenamiento territorial democráticas y con perspectiva de género, mediante la organización de asambleas agrarias y espacios deliberativos. | SEDATU (PA), SEMUJERES
|
Estrategia 4.6. Desarrollar e implementar mecanismos que promuevan el acceso y la permanencia en una vivienda adecuada, segura, sustentable y pertinente, con enfoque de derechos, equidad territorial y resiliencia, para reducir la vulnerabilidad de comunidades expuestas a riesgos de desastres y efectos del cambio climático.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la
línea de acción
|
| 4.6.1. Impulsar la atención integral ante desastres y riesgos socioambientales o climáticos, mediante diagnósticos participativos, mejora de instrumentos de respuesta, esquemas de atención de los ONAVI y mecanismos que garanticen la seguridad en la tenencia conforme a atribuciones. | SEDATU (CONAVI)
|
| 4.6.2. Incorporar el riesgo ambiental y climático como criterio para la localización de proyectos de vivienda, mediante la aplicación de la NOM-003-SEDATU-2023, así como la NOM-006-SEDATU-2024 en programas y planes de desarrollo urbano, estatales y municipales, con enfoque preventivo y territorial. | SEDATU, SEMARNAT
|
| 4.6.3. Promover la difusión de técnicas constructivas tradicionales y el uso de materiales locales para fortalecer la pertinencia cultural ecológica y territorial de la vivienda, mediante convenios de colaboración y acciones de vinculación con diversos actores. | SEDATU (CONAVI), SEMARNAT
|
| 4.6.4. Promover el acceso a productos financieros destinados a viviendas sustentables, a través del establecimiento de criterios específicos que orienten su diseño e implementación. | SEDATU (CONAVI)
|
| 4.6.5. Fortalecer la toma de decisiones con enfoque preventivo en materia de vivienda, mediante la integración de mapas de riesgo climático, geológico y antrópicos en los sistemas de información. | SEDATU
|
Estrategia 4.7. Promover la eficiencia en el uso de materiales y energía mediante enfoques de economía circular y criterios de gestión integral de residuos, para reducir los impactos de la economía lineal sobre la sostenibilidad del territorio.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la
línea de acción
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| 4.7.1. Impulsar normatividad con visión de gestión integral de residuos y economía circular, mediante análisis territoriales, estudios técnicos y mesas interinstitucionales, asegurando su alineación con el modelo de ordenamiento territorial integrado. | SEMARNAT, SEDATU
|
| 4.7.2. Coadyuvar en la elaboración de lineamientos técnicos y normativos que fomenten la economía circular con impacto en el ordenamiento territorial e infraestructura, incluyendo sectores como la construcción y el transporte, a través de incentivos, regulación y estándares de sostenibilidad. | SEDATU, SEMARNAT
|
| 4.7.3. Reducir los impactos territoriales de las actividades económicas intensivas en materiales y energía en municipios prioritarios, por medio de la implementación de instrumentos de planeación urbana que incorporen principios de economía circular y eficiencia en el uso de recursos. | SEDATU
|
| 4.7.4. Fomentar el desarrollo de modelos comunitarios de economía circular en zonas rurales y periurbanas, con enfoque productivo, ambiental y de justicia socioterritorial, mediante asistencia técnica y acciones de capacitación. | SEMARNAT, SEDATU (PA, FIFONAFE), SECTUR
|
| 4.7.5. Desarrollar lineamientos y criterios para aumentar la sustentabilidad y eficiencia de las viviendas, a través de guías técnicas y la identificación de sistemas constructivos para utilizar materiales locales con bajo impacto ambiental. | SEDATU (CONAVI)
|
10. Indicadores y metas
Indicador 1.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Índice de ordenamiento territorial integral en los instrumentos de planeación (IOTI).
|
| Objetivo
| Objetivo 1. Consolidar un ordenamiento territorial integrado, sistémico, articulado y participativo, que mejore la gestión eficiente
del suelo y garantice acceso equitativo a servicios y oportunidades para la población, especialmente en regiones con rezago.
|
| Definición o descripción
| El indicador mide el avance en la integración de la política de ordenamiento territorial integral con el Enfoque de Sistema
Socioecológico Territorial (Gestión Integral de Riesgos de Desastres, cuenca, participación social, etc.) en los instrumentos de
escala municipal que se publicaron con apoyo del Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y
Ordenamiento Territorial (PUMOT).
|
| Derecho asociado
| Derecho a la vivienda, derecho a un medio ambiente sano, derecho a la movilidad.
|
| Nivel de desagregación
| Nacional - Municipal
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Bienal
|
| Acumulado o periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la información
| Primer semestre del año impar
|
| Unidad de medida
| Índice
| Periodo de recolección de los
datos
| Enero a diciembre
|
| Tendencia esperada
| Constante
| Unidad responsable de reportar el
avance
| 15.- Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano
513.- Dirección General de Política
Territorial y Movilidad
|
| Método de cálculo
| IOTI= [S(PS + GST + SE)/3]
IOTI= Índice de Ordenamiento Territorial Integral en los instrumentos de planeación de escala municipal.
Donde:
PS = Promedio de la Participación Social (durante todo el proceso de planeación territorial)
GST = Promedio de la Gestión Sustentable del Territorio con visión socioecosistémica
SE = Promedio del Seguimiento y Evaluación
|
| Observaciones
| La medición se realizará por medio de una cédula que evalúa la integración de las variables en cada uno de los instrumentos
de planeación municipal, los promedios se calculan considerando como universo al total de instrumentos publicados en el
periodo.
El valor normalizado para cada reactivo de la cédula se califica de 0 a 1.
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Promedio de la Participación
social
| Valor variable 1
| 0
| Fuente de información
variable 1
| Cédula
|
| Nombre variable 2
| Promedio de la Gestión
Sustentable del Territorio con
visión Socioecosistémica
| Valor variable 2
| 0
| Fuente de información
variable 2
| Cédula
|
| Nombre variable 3
| Promedio del Seguimiento y
Evaluación
| Valor variable 3
| 0
| Fuente de información
variable 3
| Cédula
|
| Sustitución en
método de cálculo
| IOTIi=[S(0 + 0 + 0)/ 3]
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Notas sobre la línea base
|
| Valor
| 0
| La Línea Base de este indicador se establece en cero debido a que es un indicador de reciente formulación, por lo tanto, no se dispone de mediciones históricas. |
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 0.75
| Se plantea que los instrumentos tengan una calificación en el índice en promedio de 0.75, siendo el máximo 1. |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0.00
| N/A
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 0.75
| N/A
| 0.75
| N/A
| 0.75
|
Indicador 1.2
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Índice de Fortalecimiento de la Gobernanza Territorial Nacional (IFGTN)
|
| Objetivo
| Objetivo 1. Consolidar un ordenamiento territorial integrado, sistémico, articulado y participativo, que mejore la gestión eficiente
del suelo y garantice acceso equitativo a servicios y oportunidades para la población, especialmente en regiones con rezago
|
| Definición o descripción
| El indicador mide el fortalecimiento de la gobernanza en materia de OT que resulta de la instalación y operación de los
Consejos Estatales de Ordenamiento Territorial (CEOTDUs) y Desarrollo Urbano o similares, considerando su alineación con la
legislación aplicable, el nivel de participación de los sectores público, social y privado en su conformación, así como los
mecanismos de coordinación interinstitucional implementados
|
| Derecho asociado
| Derecho a la vivienda, derecho a un medio ambiente sano, derecho a la movilidad.
|
| Nivel de desagregación
| Nacional - Entidad
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Bienal
|
| Acumulado o periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la información
| Primer semestre del año impar
|
| Unidad de medida
| Índice
| Periodo de recolección de los
datos
| Enero a diciembre del año par
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad responsable de reportar
el avance
| 15.- Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano
513.- Dirección General de Política
Territorial y Movilidad
|
| Método de cálculo
| IFGTN = [ S(CEOTDUInst+Fs+Rpe+Rps+CIT) /5 ] *100
IFGTN: Índice de Fortalecimiento de la Gobernanza Territorial Nacional
Donde:
CEOTDUInst: Promedio de los Consejos Estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (o similar) instalados.
Fs: Promedio de Consejos Estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (o similar) instalados que sesionaron.
Rpe: Promedio de la alineación de la representación de integrantes de los consejos con la Ley o código Estatal de cada
entidad.
Rps: Promedio de la representación de integrantes alineada con lo establecido en la ENOT.
CIT: Promedio de la coordinación interinstitucional entre Sedatu y otras dependencias de la APF con los gobiernos estatales.
|
| Observaciones
| La medición se realizará por medio de la Cédula de indicadores que evalúa la operación de los CEOTDUs, su conformación y
alineación a la legislación respectiva y las recomendaciones de la ENOT, así como los mecanismos de coordinación
interinstitucional implementados en el ejercicio, los promedios se calculan considerando como universo al total de entidades
que reportaron información.
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Promedio de los Consejos
Estatales de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano (o
similar) instalados.
| Valor variable 1
| 0
| Fuente de
información variable
1
| Cédula de indicadores
|
| Nombre variable 2
| Promedio de Consejos Estatales
de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano o similares que
sesionaron.
| Valor variable 2
| 0
| Fuente de
información variable
2
| Cédula de indicadores
|
| Nombre variable 3
| Promedio de la alineación de la
representación de integrantes de
los consejos con la Ley o código
Estatal de cada entidad.
| Valor variable 3
| 0
| Fuente de
información variable
3
| Cédula de indicadores
|
| Nombre variable 4
| Promedio de la representación de
integrantes alineada con lo
establecido en la ENOT.
| Valor variable 4
| 0
| Fuente de
información variable
4
| Cédula de indicadores
|
| Nombre variable 5
| Promedio de la coordinación
interinstitucional entre Sedatu y
otras dependencias de la APF
con los gobiernos estatales
| Valor variable 5
| 0
| Fuente de
información variable
5
| Cédula de indicadores
|
| Sustitución en
método de cálculo
| IFGTN= [(0 + 0+ 0 + 0 + 0+0) / 5] *100
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Notas sobre la línea base
|
| Valor
| 0
| La Línea Base de este indicador se establece en cero debido a que es un indicador de reciente formulación, por lo tanto, no se dispone de mediciones históricas. |
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 80
| Se espera que como resultado de la política territorial que promueve la gobernanza, se logre al 2030 que por lo menos el 80% de los órganos colegiados se encuentren instalados, sesionando y con la representación de los diferentes sectores de la sociedad. |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0.00
| N/A
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 55
| N/A
| 70
| N/A
| 80
|
Indicador 2.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Proporción de municipios que mejoran las condiciones en materia de infraestructura, equipamiento, espacio público, movilidad
y vivienda adecuada (PMIIEV)
|
| Objetivo
| Objetivo 2. Reducir las brechas territoriales en infraestructura, equipamiento, espacio público, movilidad y vivienda adecuada,
priorizando la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad, para incrementar el bienestar de las personas en entornos
seguros e incluyentes.
|
| Definición o descripción
| Mide la proporción de municipios que mejoran las condiciones de habitabilidad a través de las obras o acciones de
infraestructura, equipamiento, espacios públicos, como parte de las vertientes VOC y VIE del PTB, para reducir brechas
territoriales.
|
| Derecho asociado
| Derecho a la vivienda, derecho a un medio ambiente sano, derecho a la movilidad, derecho al agua y saneamiento.
|
| Nivel de desagregación
| Municipal
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Bienal
|
| Acumulado o periódico
| Acumulado
| Disponibilidad de la información
| Primer semestre del año impar
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de los
datos
| Enero a diciembre del año par
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad responsable de reportar el
avance
| 15.- Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano
513.- Dirección General de Política
Territorial y Movilidad
|
| Método de cálculo
| PMIIEV = (MI/TotMun)*100
Donde:
PMIIEV = Porcentaje de municipios intervenidos (en al menos una localidad) que mejoran las condiciones en materia de infraestructura, equipamiento, espacio público, movilidad y vivienda adecuada. MI = Municipios intervenidos en el periodo. TotMun = Municipios seleccionados para el PTB |
| Observaciones
| El universo de municipios a intervenir se seleccionó mediante un análisis multicriterio, enfocado en áreas con altas carencias socio-ambientales y territoriales, municipios con proyectos prioritarios de infraestructura, movilidad y ordenamiento. De este análisis se obtuvo un universo total de 394 municipios. |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Municipios Intervenidos
| Valor variable 1
| 0
| Fuente de
información
variable 1
| PMU SEDATU
|
| Nombre variable 2
| Municipios identificados
como prioritarios
| Valor variable 2
| 394
| Fuente de
información
variable 2
| Municipios prioritarios, Sedatu,
archivo de la Dirección General
de Política Territorial y Movilidad
|
| Sustitución en método
de cálculo
| PMIIEV = (0 / 394) *100
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Notas sobre la línea base
|
| Valor
| 0%
| La línea base de este indicador se establece en cero debido a que es un indicador de reciente formulación, por lo tanto, no se dispone de mediciones históricas. |
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 75.6%
| Se espera que las obras de infraestructura, equipamiento, espacio público, movilidad y vivienda adecuada promovidas por la secretaría impacten en el 75.6% de los municipios seleccionados como prioritarios. |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0.00
| N/A
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 25%
| N/A
| 55.1%
| N/A
| 75.6%
|
Indicador 2.2
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Proporción de zonas metropolitanas, metrópolis municipales y zonas conurbadas que mejoran la movilidad con Programas de Mejoramiento del Transporte Público. (PZMPMTP) |
| Objetivo
| Objetivo 2. Reducir las brechas territoriales en infraestructura, equipamiento, espacio público, movilidad y vivienda adecuada, priorizando la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad, para incrementar el bienestar de las personas en entornos seguros e incluyentes. |
| Definición o descripción
| Mide la proporción de zonas metropolitanas, metrópolis municipales y zonas conurbadas que mejoran la movilidad a través de la implementación programas vigentes y/o acciones de mejoramiento del transporte público que pueden incluir: la conformación de sistemas integrados de transporte público constituido por dos o más servicios distintos; cambio de líneas de transporte operadas bajo el modelo conocido como "hombre-camión" hacia el modelo de empresa o cooperativa de transporte bajo concesión, nuevas líneas de transporte masivo o semi masivo, a partir del 2025. |
| Derecho asociado
| Derecho a la vivienda, derecho a un medio ambiente sano, derecho a la movilidad. |
| Nivel de desagregación
| Zonas metropolitanas, Zonas Conurbadas y
Metrópolis Municipales.
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Bienal
|
| Acumulado o periódico
| Acumulado
| Disponibilidad de la información
| Primer semestre del año impar
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de los
datos
| Enero a diciembre del año par
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad responsable de reportar el
avance
| 15.- Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano
513.- Dirección General de Política
Territorial y Movilidad
|
| Método de cálculo
| PZMPMTP = (ZMMT/TotZM) * 100
Donde:
PZMPMTP = Porcentaje de Zonas Metropolitanas que mejoraron su movilidad con Programas y/o acciones de Mejoramiento del Transporte Público. ZMMT = Zonas metropolitanas con programas de mejoramiento del transporte público.
TotZM = Total de zonas metropolitanas
|
| Observaciones
| El universo de actuación considera a las 48 Zonas Metropolitanas, 22 Zonas Conurbadas y las 22 Metrópolis Municipales. |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Zonas Metropolitanas que
implementaron programas de
mejoramiento de su transporte
público
| Valor variable 1
| 0
| Fuente de información
variable 1
| SEDATU (UR)
|
| Nombre variable 2
| Total de ZM (Metrópolis de
México)
| Valor variable 2
| 92
| Fuente de información
variable 2
| SEDATU, CONAPO,
INEGI
|
| Sustitución en
método de cálculo
| PZMPMTP = (0 / 92) *100
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Notas sobre la línea base
|
| Valor
| 0%
| La línea base de este indicador se establece en cero debido a que es un indicador de reciente formulación, por lo tanto, no se dispone de mediciones históricas. |
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 30.2%
| Se espera que la política en materia de movilidad promovida por la presente administración impacte positivamente en el 30.2% de las Zonas metropolitanas, Zonas Conurbadas y Metrópolis Municipales. |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0.00
| N/A
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 9.7%
| N/A
| 21.8%
| N/A
| 30.2%
|
Indicador 3.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Índice de Convergencia-Divergencia Territorial (ICDT)
|
| Objetivo
| Objetivo 3. Impulsar el desarrollo económico con justicia socioterritorial a través del ordenamiento territorial, la certeza jurídica y la evaluación de aptitud territorial para proyectos productivos, en beneficio de quienes habitan las regiones y comunidades. |
| Definición o descripción
| El indicador mide la desigualdad relativa en la distribución del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita entre las distintas entidades federativas del país, a través de la convergencia sigma, se identifica el crecimiento y distribución económica. Este indicador permite identificar si las brechas económicas territoriales se están cerrando (convergencia) o ampliando (divergencia) a lo largo del tiempo. |
| Derecho asociado
| Derecho a la vivienda, derecho a un medio ambiente sano, derecho a la movilidad. |
| Nivel de desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Bienal
|
| Acumulado o periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la información
| primer semestre del año par siguiente
|
| Unidad de medida
| Índice
| Periodo de recolección de los
datos
| Enero a diciembre
|
| Tendencia esperada
| Descendiente
| Unidad responsable de reportar el
avance
| 15.- Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano
513.- Dirección General de Política
Territorial y Movilidad
|
| Método de cálculo
| ICDT = S ((ln PIB pc it) - (ln PIB pc)) / N
Donde:
ln PIB pc it = Logaritmo natural del PIB per cápita de la entidad federativa "i" en el año "t"
ln PIB pc = Logaritmo natural de la media aritmética del PIB per cápita del conjunto de las entidades federativas
N= Número de entidades
|
| Observaciones
| 1. El indicador refiere a la tendencia de la convergencia o divergencia regional a nivel nacional. Se retoma la metodología sigma-convergencia de Sala-i- Martin, Xavier (1994). «Apuntes de crecimiento económico», Antoni Bosch, Barcelona, España 2. El PIB per cápita es un indicador económico que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. 3. El PIB per cápita -como elemento del indicador- y su comportamiento en el territorio, permiten, a través de su cálculo, interrelacionar la distribución de la riqueza en el país, entendida como el bienestar en el territorio en un momento determinado. 4. Los valores de la línea base y de la meta que se presentan a continuación se realizaron con base al PIB reportado en el Sistema de Cuentas Nacionales, Inegi y las proyecciones de población de Conapo. 5. La información del indicador se obtiene de Inegi y Conapo. 6. El PIB por entidad federativa considera precios corrientes (100=2023). 7. Se utiliza el logaritmo natural para normalizar. |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE |
| Nombre variable 1
| Suma de las diferencias del
Logaritmo Natural del PIB per
cápita de cada entidad
federativa menos Media
aritmética del PIB per cápita
del conjunto de las entidades
federativas
| Valor variable 1
| 11.23
| Fuente de información
variable 1
| Sistema de Cuentas
Nacionales de México
(SCNM), INEGI
|
| Nombre variable 2
| No de entidades federativas
| Valor variable 2
| 32
| Fuente de información
variable 2
| INEGI
|
| Sustitución en
método de cálculo
| ICDT= [{(5.4 - 5.17) +[(5.5 - 5.17) +[(5.4 - 5.17) +[(6.2 - 5.17) +[(4.2 - 5.17) +[(5.5 - 5.17) +[(6.0 - 5.17) +[(5.7 - 5.17) +[(5.3 - 5.17)
+[(5.1 - 5.17) +[(5.2 - 5.17) +[(4.4 - 5.17) +[(4.9 - 5.17) +[(5.4 - 5.17) +[(4.8 - 5.17) +[(4.9 - 5.17) +[(4.8 - 5.17) +[(4.8 - 5.17) +[(5.8 -
5.17) +[(4.6 - 5.17) +[(4.8 - 5.17) +[(5.5 - 5.17) +[(5.2 - 5.17) +[(5.2 - 5.17) +[(5.1 - 5.17) +[(5.6 - 5.17) +[(5.5 - 5.17) +[(5.3 - 5.17)
+[(4.7 - 5.17) +[(4.8 - 5.17) +[(5.0 - 5.17) + (4.9 - 5.17)} /32]
= [{0.23 + 0.30 + 0.23 + 1.01 + 1.00 + 0.32 + 0.79 + 0.49 + 0.09 + 0.10 + 0.03 + 0.74 + 0.24 + 0.19 + 0.33 + 0.27 + 0.33 + 0.33 + 0.62
+ 0.58 + 0.35 + 0.31 + 0.02 + 0.07 + 0.06 + 0.41 + 0.36 + 0.16 + 0.52 + 0.36 + 0.13 + 0.28} /32]
= [11.23 /32]
=[0.351]
Índice de convergencia-divergencia territorial = 0.351
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Notas sobre la línea base
|
| Valor
| 0.351
| La consolidación estadística de las variables clave para medir el indicador, publicadas por INEGI tiene un desfase en la fecha de su publicación de dos años, por lo que la línea base se estableció en 2024. |
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 0.30
| Un valor cercano o igual a 0 indica que las tasas son similares entre estados: hay convergencia territorial. Un valor alto, cercano a 1 indica que existen desigualdades significativas entre entidades: hay divergencia territorial. Se espera que la meta se aproxime al valor 0, lo que indicaría una mayor igualdad territorial. |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| 0.471
| N/A
| 0.482
| N/A
| 0.351
| N/A
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 0.342
| N/A
| 0.317
| N/A
| 0.303
|
Indicador 4.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Relación entre el Crecimiento Medio de la Superficie de Suelo Urbano y el Crecimiento Medio de la Población (RCSUCMP).
|
| Objetivo
| Objetivo 4. Fortalecer la resiliencia y sustentabilidad del territorio mediante la protección y restauración ambiental, el
ordenamiento territorial y la gestión integral de riesgos de desastres, para salvaguardar a comunidades vulnerables ante los
efectos del cambio climático.
|
| Definición o descripción
| Mide el aprovechamiento sostenible del territorio a través de la medición del cociente entre el crecimiento medio de la superficie
de suelo urbano y el crecimiento medio de la población. Este cociente permite comparar el ritmo con el que se aprovecha el
suelo para uso urbano frente al incremento de la población en las ciudades
|
| Derecho asociado
| Derecho a un medio ambiente sano.
|
| Nivel de desagregación
| Nacional - Estatal - Municipal
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Bienal
|
| Acumulado o periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la información
| Primer semestre del año impar
siguiente,
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de los
datos
| Enero a diciembre
|
| Tendencia esperada
| Descendente
| Unidad responsable de reportar el
avance
| 15.- Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano
513.- Dirección General de Política
Territorial y Movilidad
|
| Método de cálculo
| RCMSUCMP = (CMSU /CMP)
Donde:
RCMSUCMP = Relación entre la tasa de crecimiento de la superficie de suelo urbano y la tasa de crecimiento medio de la
población.
CMSU = Tasa de crecimiento de la superficie de suelo urbano, definida como la ocupación del suelo por desarrollo urbano.
CMSU = [( SUPpre - SUPpas) / SUPpas] *1(t)
- SUPpre = Superficie construida en el año final o en curso
- SUPpas = Superficie total construida en el año anterior.
- t = el número de años transcurridos.
CMP = Es la tasa de crecimiento de la población, definida como la velocidad a la que cambia el tamaño de la población durante
un período determinado.
CMP = [ LN ( POBpre / POBpas ) ] / (t)
- LN = Es el valor del logaritmo natural
- POBpre = Población de la zona urbana considerada en el año final o en curso
- POBpas = Población de la zona urbana considerada en el año anterior.
- t = el número de años transcurridos.
|
| Observaciones
| Se puede establecer el siguiente rango que determine la escala:
= 1 Sí el valor es igual a 1 se infiere que ambas tasas crecen a la misma velocidad.
> 1 La mancha urbana se expande mucho más rápido que la población.
< 1 La población crece más que el área urbana, lo que significa un aumento en la densidad.
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Tasa de crecimiento de
la superficie de suelo
urbano
| Valor variable 1
| 0.003
| Fuente de
información variable
1
| Marco Geoestadístico,
INEGI, ciudades del SUN
|
| Nombre variable 2
| Tasa de crecimiento de
la población
| Valor variable 2
| 0.015
| Fuente de
información variable
2
| Proyecciones de población
de CONAPO para el SUN
|
| Sustitución en
método de cálculo
| RCMSUCMP = (0.00279 / 0.01527)
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Notas sobre la línea base
|
| Valor
| 0.183
| Los valores de las tasas en el periodo de 2022-2024 se encuentran en porcentaje. |
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 0.138%
| Se espera que al 2030, el indicador muestre una reducción en la expansión física de las ciudades, manteniendo un equilibrio en la relación entre una tasa y la otra. |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| 0.545
| N/A
| 0.317
| N/A
| 0.183
| N/A
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 0.160
| N/A
| 0.151
| N/A
| 0.138
|
Indicador 4.2
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Proporción del territorio nacional que presenta Pérdida de Cobertura Arbórea (PPCA). |
| Objetivo
| Objetivo 4. Fortalecer la resiliencia y sustentabilidad del territorio mediante la protección y restauración de ecosistemas, el ordenamiento territorial y la gestión integral de riesgos de desastres, para salvaguardar a comunidades vulnerables ante los efectos del cambio climático. |
| Definición o descripción
| Mide el ritmo de la deforestación en el territorio nacional a través del monitoreo de la pérdida de cobertura arbórea. |
| Derecho asociado
| Derecho a un medio ambiente sano
|
| Nivel de desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Bienal
|
| Acumulado o periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la información
| Septiembre del año par siguiente
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de los
datos
| Enero a diciembre
|
| Tendencia esperada
| Descendiente
| Unidad responsable de reportar el
avance
| 15.- Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano
513.- Dirección General de Política
Territorial y Movilidad
|
| Método de cálculo
| PSFP = (SFP / SN) *100
PSFP = Porcentaje superficie forestal perdida
SFP = Superficie forestal perdida en hectáreas al año
SN = Superficie terrestre nacional en hectáreas
|
| Observaciones
| Así como en el sexenio pasado el indicador mostró una reducción en pérdida de cobertura arbórea, se espera la misma
tendencia para el 2030.
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Superficie forestal
perdida por año
| Valor variable 1
| 330,819
| Fuente de
información variable
1
| Global Forest Watch
|
| Nombre variable 2
| Superficie terrestre
total nacional en
hectáreas
| Valor variable 2
| 195,185,465
| Fuente de
información variable
2
| Global Forest Watch
|
| Sustitución en
método de cálculo
| PSFP= (330,819/195,185,465)*100
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Notas sobre la línea base
|
| Valor
| 0.169
| El proceso oficial de elaboración y consolidación estadística de las variables clave por parte de Global Forest Watch tiene un desfase en la fecha de su publicación de dos años, por lo que la línea base se establece en 2024. |
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 0.116%
| En el sexenio pasado el indicador mostró una reducción en pérdida de cobertura arbórea, se espera la misma tendencia para el 2030 y las mediciones intermedias. |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| 0.153
| 0.097
| 0.092
| 0.116
| 0.169
| N/A
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 0.141
| N/A
| 0.125
| N/A
| 0.116
|
11. Lista de dependencias y entidades participantes
Centro Nacional de Prevención de Desastres
Comisión Nacional de Vivienda
Comisión Nacional del Agua
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
Instituto Nacional del Suelo Sustentable
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
Procuraduría Agraria
Registro Agrario Nacional
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Secretaría de Bienestar
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Secretaría de Economía
Secretaría de Energía
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Secretaría de las Mujeres
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Turismo
12. Glosario
| Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) | Tratado regional que garantiza los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, imponiendo obligaciones vinculantes a los Estados Parte y funcionando como parámetro de control de convencionalidad para decisiones y actuaciones administrativas y jurisdiccionales con impacto ambiental y territorial. |
| Acuerdo adoptado en el marco de la 21º Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Acuerdo de París) | Tratado internacional adoptado en 2015 que establece compromisos jurídicamente vinculantes y contribuciones determinadas a nivel nacional para limitar el aumento de la temperatura media global, fortalecer la adaptación al cambio climático y orientar los flujos financieros hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima. |
| Resolución 70/1 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible" (Agenda 2030) | Es un plan de acción mundial en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Busca fortalecer la paz universal y la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad de géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, para avanzar así hacia el desarrollo sostenible. Se compone de 17 objetivos y 169 metas de carácter universal que abarcan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social, económica y ambiental. |
| Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) | Su principal objetivo es combatir la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados por sequía grave o desertificación, mediante la adopción de medidas eficaces en todos los niveles, apoyadas por acuerdos de cooperación y asociación internacionales. |
| Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo | Acuerdo gubernamental que establece compromisos regionales en desarrollo sostenible, igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos, migración, juventudes e inclusión territorial con enfoque de derechos. |
| Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) | Protege el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y obliga al Estado a prevenir, sancionar y reparar. |
| Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales | Reconoce derechos colectivos sobre tierras, recursos y cultura; obliga a consulta libre, previa e informada en decisiones que los afecten. |
| Financiarización de la vivienda | La financiarización es una forma de acumulación de capital que no se genera por la producción de mercancías materiales, sino por la especulación en los mercados bursátiles. En el caso de la vivienda, se suele tener un complejo efecto urbanístico, inmobiliario y financiero con impactos negativos profundos en las ciudades y la vida de los ciudadanos (reducidos a consumidores) (Rolnik, 2017). |
| Gentrificación | Proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención (ONU-Hábitat, 2022). |
| Justicia socioterritorial | Concepto que sostiene que para que los territorios menos aventajados sean los más favorables posibles, se deben considerar los siguientes aspectos: a) cubrir las necesidades de la población dentro de cada territorio, b) asignar recursos a fin de maximizar los efectos multiplicadores interregionales, y c) invertir recursos suplementarios para contribuir a superar dificultades especiales provenientes del medio físico y social (Harvey, 1973). |
| Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 - 2030 | Establece acciones para reducir riesgos de desastres, fortalecer resiliencia y proteger vidas y medios de vida ante desastres naturales y antrópicos. |
| Mixtura social | Principio de ordenamiento territorial que promueve la convivencia armónica y equitativa de diversos grupos socioeconómicos, culturales y generacionales en un mismo espacio territorial. Implica evitar la concentración exclusiva de un solo grupo en determinadas áreas, fomentando entornos inclusivos con acceso compartido a servicios, infraestructura, oportunidades y bienes comunes (Sabatini, et al, 2013). |
| Nueva Agenda Urbana adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III | Promueve ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles mediante planeación participativa y ordenamiento territorial equitativo. |
| Programas de Ordenamiento Territorial (POT) | Son instrumentos normativos de planeación previstos en la LGAHOTDU (arts. 1, 22-30) que establecen, con carácter vinculante para las autoridades y orientador para los particulares, los criterios, directrices y determinaciones para la organización, uso, ocupación y aprovechamiento sostenible del territorio en sus distintas escalas (nacional, estatal, metropolitana y municipal), con el propósito de garantizar el desarrollo integral, equilibrado, incluyente y sustentable, así como el cumplimiento de la función social del suelo y la propiedad, la protección del medio ambiente, la gestión integral de riesgos y la reducción de desigualdades socioterritoriales. |
| Ramo 15 | Asignación presupuestal en el PEF que concentra los recursos federales para políticas, programas y proyectos en materia de ordenamiento y desarrollo territorial. |
| Segregación territorial | Proceso socioespacial por el cual dos o más grupos (p. ej., por condición socioeconómica, racial o étnica) viven separados en distintas partes del entorno urbano, de modo que su distribución puede expresarse en múltiples dimensiones: (i) desigualdad de distribución entre unidades espaciales, (ii) limitación del contacto potencial entre grupos, (iii) confinamiento en una porción reducida de espacio, (iv) localización preferente hacia el centro y (v) tendencia a formar enclaves contiguos o agrupados (Massey & Denton, 1988). |
| Turistificación | Conjunto de impactos o efectos negativos como resultado de la masificación turística sobre el tejido social de ciertos núcleos urbanos (Calderón-Fajardo, V., & Nuevo-López, A, 2024). |
| Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP) | Reconoce derechos de campesinas/os y pueblos rurales sobre tierra, agua, cultura, medios de vida y participación en decisiones públicas. |
| Vivienda adecuada | Vivienda que garantiza seguridad jurídica en la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, infraestructura, instalaciones, ubicación adecuada, asequibilidad, adecuación cultural, habitabilidad y accesibilidad. Asegura condiciones dignas de vida, protege derechos humanos y permite el desarrollo integral de las personas, especialmente en contextos de desigualdad y exclusión territorial. |
| Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) | Área urbana conformada por la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México y 1 de Hidalgo. Es la principal zona metropolitana del país por población, funciones nacionales y concentración económica, conforme a la delimitación oficial de CONAPO, SEDATU e INEGI. |
13. Fuentes consultadas
Panorama general
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14. Anexos
Cuadros
Cuadro 01. Distribución porcentual de la superficie por uso de suelo a nivel nacional y estatal
| Entidad federativa
| Porcentaje de superficies
|
| Urbanizada
| Agrícola
| Forestal
| Áreas Naturales
Protegidas
| Sin uso agropecuario ni
forestal
|
| Ciudad de México
| 53.0%
| 17.2%
| 22.1%
| 5.4%
| 7.5%
|
| Tlaxcala
| 14.9%
| 61.3%
| 4.2%
| 8.5%
| 15.5%
|
| México
| 11.2%
| 46.0%
| 10.9%
| 11.7%
| 29.8%
|
| Morelos
| 9.3%
| 45.2%
| 15.7%
| 22.1%
| 25.3%
|
| Puebla
| 4.7%
| 49.9%
| 2.8%
| 7.5%
| 41.1%
|
| Veracruz de Ignacio de la Llave
| 1.7%
| 81.3%
| 0.6%
| 3.1%
| 14.4%
|
| Tabasco
| 1.5%
| 78.9%
| 0.4%
| 13.6%
| 15.5%
|
| Chiapas
| 1.1%
| 63.4%
| 0.8%
| 14.7%
| 33.4%
|
| Tamaulipas
| 1.1%
| 61.9%
| 5.9%
| 10.9%
| 30.0%
|
| Jalisco
| 1.8%
| 60.2%
| 3.9%
| 8.4%
| 33.4%
|
| Guanajuato
| 2.9%
| 58.6%
| 2.4%
| 7.7%
| 33.9%
|
| Sonora
| 0.5%
| 56.3%
| 0.7%
| 7.9%
| 43.0%
|
| Aguascalientes
| 3.5%
| 53.1%
| 2.8%
| 22.1%
| 38.4%
|
| Colima
| 3.0%
| 52.9%
| 0.6%
| 6.5%
| 43.6%
|
| Chihuahua
| 0.5%
| 50.6%
| 11.7%
| 6.6%
| 36.9%
|
| Baja California
| 1.1%
| 19.2%
| 14.9%
| 41.4%
| 66.9%
|
| Baja California Sur
| 0.4%
| 16.5%
| 3.5%
| 33.8%
| 76.4%
|
| Querétaro
| 3.5%
| 34.9%
| 5.7%
| 32.1%
| 54.3%
|
| Nayarit
| 0.6%
| 38.6%
| 21.3%
| 30.0%
| 37.9%
|
| Campeche
| 0.4%
| 39.7%
| 16.1%
| 24.6%
| 42.5%
|
| Nacional
| 1.3%
| 44.9%
| 8.0%
| 10.8%
| 45.0%
|
Fuente: Elaboración propia con base en información del Marco Geoestadístico Nacional 2024 (SEDATU, INEGI), Censo Agropecuario 2022 (INEGI), cartografía de Áreas Naturales Protegidas (CONANP, SEMARNAT, 2016-2017) y cartografía estatal de INEGI (2016). La sumatoria de porcentajes puede no coincidir con el 100 % debido a las diferencias temporales entre fuentes.
Nota: A nivel nacional, solo 1.25% del territorio está urbanizado, frente a un 44.9% sin uso agropecuario ni forestal. Entidades como Ciudad de México, Tlaxcala y Estado de México presentan una alta proporción de superficie urbanizada, mientras que otras como Baja California Sur y Sonora concentran grandes extensiones sin uso definido. Esta heterogeneidad territorial plantea retos diferenciados: en zonas metropolitanas, urge contener la expansión urbana; en regiones con suelo subutilizado, se requiere planificación que articule vocaciones productivas, conservación ambiental y resiliencia climática. Se debe territorializar las políticas según estos patrones de uso de suelo.
Cuadro 02. Evolución de la población urbana, grado de urbanización y número de ciudades por tamaño (1900-2020)
| Año
| Población total
| Población urbana
| Número de ciudades
|
| Absolutos
| Grado (%)
| Total
| 50 mil y más
| 100 mil y más
| Millonarias
|
| 1900
| 13,607,259
| 1,424,047
| 10.5
| 31
| 6
| 2
| 0
|
| 1910
| 15,160,369
| 1,717,485
| 11.3
| 34
| 7
| 2
| 0
|
| 1921
| 14,334,780
| 2,013,980
| 14.0
| 39
| 9
| 2
| 0
|
| 1930
| 16,552,722
| 2,902,812
| 17.5
| 47
| 11
| 4
| 1
|
| 1940
| 19,653,552
| 3,856,868
| 19.6
| 59
| 13
| 5
| 1
|
| 1950
| 25,791,017
| 6,660,622
| 25.8
| 89
| 24
| 11
| 1
|
| 1960
| 34,923,129
| 10,221,994
| 29.3
| 127
| 35
| 15
| 1
|
| 1970
| 48,225,238
| 16,948,465
| 35.1
| 178
| 58
| 34
| 2
|
| 1980
| 66,846,833
| 34,362,314
| 51.4
| 243
| 78
| 50
| 3
|
| 1990
| 81,249,645
| 46,007,857
| 56.6
| 335
| 105
| 59
| 4
|
| 2000
| 97,483,412
| 62,865,356
| 64.5
| 374
| 127
| 75
| 8
|
| 2010
| 112,336,538
| 75,614,601
| 67.3
| 422
| 152
| 88
| 9
|
| 2020
| 126,014,024
| 87,388,579
| 69.3
| 453
| 160
| 97
| 13
|
| | | | | | | | |
Fuente: SEDATU & CONAPO, 2024
Nota: Entre 1950 y 2020, la población urbana se multiplicó por trece, mientras el número de ciudades millonarias pasó de 1 a 13. Este proceso acelerado de urbanización consolidó una estructura territorial desequilibrada, con concentración metropolitana y expansión dispersa, lo que plantea retos urgentes para el ordenamiento del suelo, la provisión equitativa de servicios y la sostenibilidad de los sistemas urbanos.
Cuadro 03. Tasa media de crecimiento anual de la población total y urbana (1900-2020)
| Periodo
| Tasa crecimiento población total (%)
| Tasa crecimiento población urbana (%)
|
| 1900-1910
| 1.1
| 1.9
|
| 1910-1921
| -0.5
| 1.4
|
| 1921-1930
| 1.7
| 4.4
|
| 1930-1940
| 1.8
| 2.9
|
| 1940-1950
| 2.7
| 5.5
|
| 1950-1960
| 3.1
| 4.4
|
| 1960-1970
| 3.4
| 5.4
|
| 1970-1980
| 3.2
| 7.1
|
| 1980-1990
| 2.0
| 3.0
|
| 1990-2000
| 1.9
| 3.2
|
| 2000-2010
| 1.4
| 1.8
|
| 2010-2020
| 1.2
| 1.5
|
| | | |
Fuente: SEDATU & CONAPO, 2024
Nota: La urbanización acelerada entre 1950 y 1980, con tasas anuales superiores a 5%, dio paso a una desaceleración progresiva desde 1990. Esta transición implica nuevos desafíos territoriales: renovación urbana, contención de la expansión desordenada y atención a ciudades medianas en crecimiento relativo, fundamentales para un desarrollo policéntrico y sostenible.
Cuadro 04. Ciudades del Sistema Urbano Nacional por tipo, tamaño poblacional y distribución porcentual (2020)
| Tipo
| Tamaño (hab)
| Número
| %
| Poblaclón (hab)
| %
|
| A
| 1 millón o más
| 13
| 3.0
| 46,209,875
| 53.0
|
| B
| De 100 mil a 999 999
| 84
| 18.0
| 29,109,089
| 33.0
|
| C
| De 15 mil a 99 999
| 356
| 79.0
| 12,069,615
| 14.0
|
| | Total
| 453
| 100.0
| 87,388,579
| 100.0
|
Fuente: SEDATU & CONAPO, 2024
Nota: Aunque 79% de las ciudades son pequeñas (menos de 100 mil habitantes), concentran sólo 14 % de la población urbana. Esta polarización urbana evidencia la necesidad de políticas territorializadas, con articulación de los 3 órdenes de gobierno, que fortalezcan las capacidades de ciudades intermedias y pequeñas, y reduzcan la concentración demográfica y funcional en las grandes metrópolis.
Cuadro 05. Distribución y características de las ciudades del Sistema Urbano Nacional por tamaño y tipo de metrópolis (2020)
| | 48
Zonas Metropolitanas
| 22
Metropolis Municipales
| 22
Zonas Conurbadas
| Total de metropolis
| Ciudades fuera de
metrópolis
| Total
|
| | A. Ciudades con más de un millón
|
| Ciudades
| 12
| 92.3
| 1
| 7.6
| 0
| 0.0
| 13
| 100.0
| 0
| 0.0
| 13.0
| 100.0
|
| Población
| 44,708,324
| 96.7
| 1,501,551.0
| 3.2
| 0
| 0.0
| 46,209,875
| 100.0
| 0
| 0.0
| 46,209,875
| 100.0
|
| Superficie
| 650,356.61
| 94.8
| 35,403.7
| 5.1
| 0
| 0.0
| 685,760.31
| 100.0
| 0
| 0.0
| 685,760.31
| 100.0
|
| Densidad
| 68.7
| 42.4
| 42.4
| | | 67.38
| | | 67.4
| | | |
| | B. Ciudades entre 100 mil y 999 999 habitantes
|
| Ciudades
| 37.0
| 44.0
| 21.0
| 25.0
| 7.0
| 8.3
| 65.0
| 77.4
| 19.0
| 22.6
| 84.0
| 100.0
|
| Población
| 16,174,328
| 55.6
| 9,144,059
| 31.4
| 801,131
| 2.8
| 26,119,518
| 89.7
| 2,989,571
| 10.3
| 29,109,089
| 100.0
|
| Superficie
| 379,839.83
| 55.5
| 200,176.74
| 29.2
| 25,509.56
| 3.7
| 605,526.13
| 88.6
| 78,144.9
| 11.4
| 683,671.03
| 100.0
|
| Densidad
| 42.58
| 45.68
| 31.41
| | | 38.26
| | | 42.58
| | | |
| | C. Ciudades entre 15 mil y 99 999 habitantes
|
| Ciudades
| 32.0
| 9.0
| 7.0
| 1.9
| 19.0
| 5.3
| 58.0
| 16.3
| 298.0
| 83.7
| 356.0
| 100.0
|
| Población
| 972,391
| 8.03
| 170,413
| 1.4
| 1,161,348
| 9.5
| 2,304,152
| 19.0
| 9,765,463
| 80.6
| 12,069,615
| 100.0
|
| Superficie
| 27,488.04
| 6.9
| 4,184.55
| 1.05
| 38,070.76
| 9.5
| 69,743.35
| 17.5
| 328,197.11
| 82.4
| 397,940.46
| 100.0
|
| Densidad
| 35.4
| 40.7
| 30.5
| | | 29.8
| | | 30.3
| | | |
| | Total de ciudades
|
| Ciudades
| 81.0
| 17.9
| 29.0
| 6.4
| 26.0
| 5.7
| 136.0
| 30.0
| 317.0
| 70.0
| 453.0
| 100.0
|
| Población
| 61,855,043
| 70.8
| 10,816,023
| 12.4
| 1,962,479
| 2.2
| 74,633,545
| 85.4
| 12,755,034
| 14.6
| 87,388,579
| 100.0
|
| Superficie
| 1,057,684.48
| 59.8
| 239,764.99
| 13.5
| 63,580.32
| 3.6
| 1,361,029.79
| 77.0
| 406,342.01
| 23.0
| 1,767,371.8
| 100.0
|
| Densidad
| 58.48
| 45.11
| 30.87
| | | 54.84
| 31.39
| 49.45
| 100.0
| | | |
Fuente: SEDATU & CONAPO, 2024
Nota: Un 85 % de la población urbana habita en ciudades dentro de zonas metropolitanas, que concentran la mayor densidad y superficie urbanizada. No obstante, más de 70 % de las ciudades del SUN están fuera de estas metrópolis. Esta configuración exige políticas diferenciales para contener la expansión metropolitana, fortalecer capacidades locales y revalorizar el papel estratégico de las ciudades intermedias en el sistema urbano nacional.
Cuadro 06. Proyección de crecimiento poblacional por región y ciudad (2020-2030)
| Ranking
2020
| Nombre
| Región
| Población
2010
| Población
2020
| Tasa de
Crecimiento
Medio Anual
(2010-2020)
| Proyección
2026
| Proyección
2030
|
| 1
| Ciudad de México
| Centro
| 18,992,304
| 20,729,864
| 0.9
| 21,680,877
| 22,675,520
|
| 2
| Guadalajara
| Centro Norte
| 4,233,294
| 4,957,649
| 1.6
| 5,375,567
| 5,828,714
|
| 3
| Monterrey
| Noreste
| 3,927,896
| 4,936,214
| 2.4
| 5,549,327
| 6,238,594
|
| 4
| Puebla
| Centro Sur
| 2,312,494
| 2,696,312
| 1.6
| 2,917,031
| 3,155,819
|
| 5
| Tijuana
| Noroeste
| 1,573,137
| 1,976,927
| 2.4
| 2,222,450
| 2,498,465
|
| 6
| Toluca
| Centro
| 1,617,147
| 1,890,068
| 1.6
| 2,047,295
| 2,217,601
|
| 7
| León
| Centro Norte
| 1,334,114
| 1,623,950
| 2.0
| 1,796,058
| 1,986,405
|
| 8
| Ciudad Juárez
| Noreste
| 1,321,004
| 1,501,551
| 1.3
| 1,603,420
| 1,712,200
|
| 9
| Querétaro
| Centro Norte
| 855,807
| 1,347,326
| 4.8
| 1,700,055
| 2,145,127
|
| 10
| San Luis Potosí
| Centro Norte
| 997,370
| 1,198,372
| 1.9
| 1,316,580
| 1,446,447
|
| 11
| Torreón
| Noreste
| 1,034,575
| 1,185,286
| 1.4
| 1,270,824
| 1,362,535
|
| 12
| Mérida
| Sur-Sureste
| 910,088
| 1,166,196
| 2.6
| 1,324,188
| 1,503,585
|
| 13
| Aguascalientes
| Centro Norte
| 793,684
| 1,000,160
| 2.4
| 1,125,964
| 1,267,592
|
| 14
| Saltillo
| Noreste
| 784,671
| 993,975
| 2.5
| 1,121,997
| 1,266,507
|
| 15
| Chihuahua
| Noreste
| 816,367
| 945,804
| 1.5
| 1,019,884
| 1,099,767
|
| 16
| Cancún
| Sur-Sureste
| 645,859
| 915,254
| 3.6
| 1,094,257
| 1,308,269
|
| 17
| Hermosillo
| Noroeste
| 715,061
| 858,929
| 1.9
| 943,519
| 1,036,440
|
| 18
| Mexicali
| Noroeste
| 749,320
| 854,186
| 1.4
| 913,481
| 976,893
|
| 19
| Cuernavaca
| Centro Sur
| 791,184
| 847,568
| 0.7
| 877,998
| 909,520
|
| 20
| Morelia
| Centro
| 669,387
| 829,909
| 2.2
| 926,539
| 1,034,420
|
| 21
| Culiacán
| Noroeste
| 686,560
| 820,966
| 1.8
| 899,726
| 986,043
|
| 22
| Tampico
| Noreste
| 733,063
| 807,851
| 1.0
| 849,081
| 892,414
|
| 23
| Veracruz
| Sur-Sureste
| 686,246
| 778,048
| 1.3
| 829,746
| 884,879
|
| 24
| Reynosa
| Noreste
| 589,466
| 691,557
| 1.7
| 750,537
| 814,547
|
| 25
| Acapulco
| Sur-Sureste
| 684,645
| 675,669
| -0.1
| 671,115
| 666,593
|
| 26
| Tuxtla Gutiérrez
| Sur-Sureste
| 597,852
| 658,419
| 1.0
| 691,793
| 726,858
|
| 27
| Oaxaca
| Sur-Sureste
| 540,736
| 647,380
| 1.9
| 709,929
| 778,521
|
| 28
| Durango
| Noroeste
| 524,266
| 623,992
| 1.8
| 682,228
| 745,899
|
| 29
| Xalapa
| Sur-Sureste
| 504,328
| 550,239
| 0.9
| 575,359
| 601,627
|
| 30
| Pachuca
| Centro
| 389,308
| 529,360
| 3.2
| 619,631
| 725,297
|
| 31
| Tlaxcala
| Centro
| 444,594
| 518,910
| 1.6
| 561,679
| 607,972
|
| 32
| Matamoros
| Noreste
| 449,815
| 510,739
| 1.3
| 545,086
| 581,743
|
| 33
| Irapuato
| Centro Norte
| 396,975
| 469,441
| 1.7
| 511,555
| 557,446
|
| 34
| Mazatlán
| Noroeste
| 387,865
| 451,115
| 1.6
| 487,420
| 526,647
|
| 35
| Villahermosa
| Sur-Sureste
| 427,323
| 443,223
| 0.4
| 451,598
| 460,131
|
| 36
| Tepic
| Noroeste
| 376,141
| 430,296
| 1.4
| 460,998
| 493,891
|
| 37
| Nuevo Laredo
| Noreste
| 380,676
| 423,830
| 1.1
| 447,804
| 473,133
|
| 38
| Celaya
| Centro Norte
| 374,204
| 416,025
| 1.1
| 439,233
| 463,736
|
| 39
| Puerto Vallarta
| Centro Norte
| 267,767
| 397,141
| 4.1
| 486,026
| 594,804
|
| 40
| Ciudad Obregón
| Noroeste
| 349,847
| 380,138
| 0.9
| 396,661
| 413,902
|
| 41
| Ensenada
| Noroeste
| 314,312
| 369,992
| 1.7
| 402,240
| 437,299
|
| 42
| Coatzacoalcos
| Sur-Sureste
| 319,590
| 344,060
| 0.8
| 357,315
| 371,081
|
| 43
| Orizaba
| Sur-Sureste
| 325,928
| 341,714
| 0.5
| 350,097
| 358,685
|
| 44
| Monclova
| Noreste
| 308,382
| 339,725
| 1.0
| 356,999
| 375,152
|
| 45
| Los Cabos
| Noroeste
| 128,057
| 338,979
| 10.5
| 558,207
| 919,215
|
| 46
| Ciudad Victoria
| Noreste
| 305,155
| 332,100
| 0.9
| 346,815
| 362,183
|
| 47
| Uruapan
| Centro
| 291,611
| 330,322
| 1.3
| 352,107
| 375,329
|
| 48
| Tehuacán
| Centro Sur
| 265,796
| 324,703
| 2.1
| 359,776
| 398,638
|
| 49
| Colima-Villa de Álvarez
| Centro
| 280,634
| 322,330
| 1.4
| 346,040
| 371,494
|
| 50
| Zacatecas
| Centro Norte
| 259,626
| 317,816
| 2.1
| 352,515
| 391,002
|
| 51
| Los Mochis
| Noroeste
| 267,403
| 308,989
| 1.5
| 332,743
| 358,323
|
| 52
| Playa del Carmen
| Sur-Sureste
| 149,923
| 304,942
| 7.5
| 438,745
| 631,257
|
| 53
| Texmelucan
| Centro Sur
| 251,745
| 293,311
| 1.6
| 317,201
| 343,036
|
| 54
| Nogales
| Noroeste
| 212,533
| 261,137
| 2.1
| 290,200
| 322,498
|
| 55
| La Paz
| Noroeste
| 215,178
| 259,416
| 1.9
| 285,497
| 314,201
|
| 56
| Campeche
| Sur-Sureste
| 228,670
| 258,594
| 1.3
| 275,413
| 293,326
|
| 57
| Minatitlán
| Sur-Sureste
| 258,084
| 254,765
| -0.1
| 253,081
| 251,408
|
| 58
| Chilpancingo
| Sur-Sureste
| 202,368
| 244,365
| 2.0
| 269,155
| 296,459
|
| 59
| Córdoba
| Sur-Sureste
| 240,622
| 243,560
| 0.1
| 245,079
| 246,608
|
| 60
| Poza Rica
| Sur-Sureste
| 245,228
| 241,558
| -0.2
| 239,699
| 237,854
|
| 61
| Zamora
| Centro
| 216,608
| 240,032
| 1.1
| 252,999
| 266,667
|
| 62
| García
| Noreste
| 93,641
| 234,698
| 9.9
| 375,815
| 601,783
|
| 63
| Tapachula
| Sur-Sureste
| 215,235
| 232,124
| 0.8
| 241,285
| 250,807
|
| 64
| Cuautla
| Centro Sur
| 220,479
| 228,179
| 0.4
| 232,228
| 236,349
|
| 65
| San Juan del Río
| Centro Norte
| 152,428
| 222,695
| 4.0
| 270,441
| 328,425
|
| 66
| Ciudad del Carmen
| Sur-Sureste
| 169,466
| 191,238
| 1.2
| 203,456
| 216,454
|
| 67
| Tulancingo
| Centro
| 170,698
| 189,513
| 1.1
| 199,943
| 210,948
|
| 68
| San Cristóbal de las Casas
| Sur-Sureste
| 165,232
| 189,084
| 1.4
| 202,610
| 217,103
|
| 69
| Salamanca
| Centro Norte
| 165,629
| 188,179
| 1.3
| 200,898
| 214,476
|
| 70
| Piedras Negras
| Noreste
| 155,099
| 179,209
| 1.5
| 192,980
| 207,810
|
| 71
| San Luis Río Colorado
| Noroeste
| 158,089
| 176,685
| 1.1
| 187,045
| 198,013
|
| 72
| Chetumal
| Sur-Sureste
| 156,569
| 174,579
| 1.1
| 184,595
| 195,187
|
| 73
| Manzanillo
| Centro
| 140,290
| 172,159
| 2.1
| 191,198
| 212,342
|
| 74
| Lázaro Cárdenas
| Centro
| 140,021
| 164,856
| 1.7
| 179,242
| 194,883
|
| 75
| Acuña
| Noreste
| 134,233
| 160,225
| 1.8
| 175,436
| 192,091
|
| 76
| Guaymas
| Noroeste
| 113,082
| 156,139
| 3.4
| 184,207
| 217,321
|
| 77
| Fresnillo
| Centro Norte
| 125,846
| 149,336
| 1.8
| 163,023
| 177,964
|
| 78
| San Francisco del Rincón
| Centro Norte
| 114,651
| 140,991
| 2.1
| 156,751
| 174,273
|
| 79
| Ciudad Valles
| Centro Norte
| 124,644
| 136,351
| 0.9
| 142,769
| 149,490
|
| 80
| Guanajuato
| Centro Norte
| 119,808
| 136,004
| 1.3
| 145,133
| 154,875
|
| 81
| Cuauhtémoc
| Noreste
| 114,007
| 135,586
| 1.8
| 148,180
| 161,943
|
| 82
| Delicias
| Noreste
| 122,066
| 134,977
| 1.0
| 142,113
| 149,626
|
| 83
| Iguala
| Sur-Sureste
| 118,468
| 132,854
| 1.2
| 140,889
| 149,411
|
| 84
| Navojoa
| Noroeste
| 113,836
| 120,926
| 0.6
| 124,728
| 128,650
|
| 85
| Lagos de Moreno
| Centro Norte
| 98,206
| 119,404
| 2.0
| 131,981
| 145,882
|
| 86
| Túxpam
| Sur-Sureste
| 108,418
| 118,115
| 0.9
| 123,415
| 128,953
|
| 87
| Hidalgo del Parral
| Noreste
| 104,836
| 113,843
| 0.8
| 118,754
| 123,877
|
| 88
| Comitán
| Sur-Sureste
| 97,537
| 113,479
| 1.6
| 122,632
| 132,523
|
| 89
| Tecomán
| Centro
| 113,503
| 112,874
| -0.1
| 112,553
| 112,233
|
| 90
| Ciudad Guzmán
| Centro
| 97,750
| 111,975
| 1.4
| 120,048
| 128,703
|
| 91
| Río Bravo
| Noreste
| 95,647
| 111,314
| 1.6
| 120,311
| 130,035
|
| 92
| Tuxtepec
| Sur-Sureste
| 105,182
| 107,204
| 0.2
| 108,255
| 109,316
|
| 93
| Juchitán
| Sur-Sureste
| 89,851
| 104,021
| 1.5
| 112,126
| 120,863
|
| 94
| Silao
| Centro Norte
| 78,591
| 102,959
| 2.8
| 118,240
| 135,788
|
| 95
| Apatzingán
| Centro
| 99,010
| 102,362
| 0.3
| 104,123
| 105,915
|
| 96
| Sabinas
| Noreste
| 96,993
| 101,701
| 0.5
| 104,201
| 106,763
|
| 97
| Ocotlán
| Centro Norte
| 89,372
| 100,877
| 1.2
| 107,334
| 114,205
|
| | Nacional
| | 64,732,306
| 75,318,964
| | 81,765,377
| 89,123,498
|
Fuente: SEDATU & CONAPO, 2024
Nota: La proyección al 2030 indica que las 10 principales zonas urbanas del país concentrarán más de 40 millones de habitantes, con tasas de crecimiento aceleradas en ciudades intermedias como Querétaro, Playa del Carmen, García y Los Cabos. Esta dinámica confirma la necesidad de una planeación diferenciada, anticipatoria y sostenible, que enfrente la presión sobre suelo, infraestructura y servicios, y oriente el desarrollo territorial bajo principios de equidad, resiliencia y contención de la expansión urbana.
Cuadro 07. Proyecciones demográficas, requerimientos de vivienda y suelo urbanizable en ciudades principales (2026-2030)
| Ranking
2020
| Nombre
| Región
| Crecimiento
poblacional
estimado
(2026-2030)
| Personas por
hogar
| Viviendas
necesarias
| Suelo requerido
estimado
(ha, @60hab/ha)
|
| 1
| Ciudad de México
| Centro
| 994,642
| 3.3
| 297,797
| 16,577
|
| 2
| Guadalajara
| Centro Norte
| 453,147
| 3.5
| 130,215
| 7,552
|
| 3
| Monterrey
| Noreste
| 689,266
| 3.3
| 208,238
| 11,488
|
| 4
| Puebla
| Centro Sur
| 238,787
| 3.8
| 63,171
| 3,980
|
| 5
| Tijuana
| Noroeste
| 276,015
| 3.7
| 74,599
| 4,600
|
| 6
| Toluca
| Centro
| 170,306
| 3.9
| 44,235
| 2,838
|
| 7
| León
| Centro Norte
| 190,348
| 3.7
| 51,445
| 3,172
|
| 8
| Ciudad Juárez
| Noreste
| 108,780
| 3.9
| 27,892
| 1,813
|
| 9
| Querétaro
| Centro Norte
| 445,073
| 3.6
| 123,631
| 7,418
|
| 10
| San Luis Potosí
| Centro Norte
| 129,868
| 3.8
| 34,176
| 2,164
|
| 11
| Torreón
| Noreste
| 91,711
| 3.7
| 24,787
| 1,529
|
| 12
| Mérida
| Sur-Sureste
| 179,397
| 3.9
| 45,999
| 2,990
|
| 13
| Aguascalientes
| Centro Norte
| 141,628
| 3.6
| 39,341
| 2,360
|
| 14
| Saltillo
| Noreste
| 144,510
| 3.5
| 41,289
| 2,409
|
| 15
| Chihuahua
| Noreste
| 79,882
| 3.9
| 20,483
| 1,331
|
| 16
| Cancún
| Sur-Sureste
| 214,012
| 3.9
| 54,875
| 3,567
|
| 17
| Hermosillo
| Noroeste
| 92,921
| 3.8
| 24,453
| 1,549
|
| 18
| Mexicali
| Noroeste
| 63,412
| 3.7
| 17,138
| 1,057
|
| 19
| Cuernavaca
| Centro Sur
| 31,522
| 3.8
| 8,295
| 525
|
| 20
| Morelia
| Centro
| 107,881
| 3.8
| 28,390
| 1,798
|
| 21
| Culiacán
| Noroeste
| 86,316
| 4.0
| 21,579
| 1,439
|
| 22
| Tampico
| Noreste
| 43,334
| 3.8
| 11,404
| 722
|
| 23
| Veracruz
| Sur-Sureste
| 55,133
| 3.9
| 14,137
| 919
|
| 24
| Reynosa
| Noreste
| 64,010
| 3.8
| 16,845
| 1,067
|
| 25
| Acapulco
| Sur-Sureste
| -4,523
| 4.0
| -1,131
| -75
|
| 26
| Tuxtla Gutiérrez
| Sur-Sureste
| 35,065
| 4.1
| 8,552
| 584
|
| 27
| Oaxaca
| Sur-Sureste
| 68,592
| 4.1
| 16,730
| 1,143
|
| 28
| Durango
| Noroeste
| 63,671
| 3.9
| 16,326
| 1,061
|
| 29
| Xalapa
| Sur-Sureste
| 26,267
| 3.9
| 6,735
| 438
|
| 30
| Pachuca
| Centro
| 105,665
| 3.7
| 28,558
| 1,761
|
| 31
| Tlaxcala
| Centro
| 46,294
| 3.7
| 12,512
| 772
|
| 32
| Matamoros
| Noreste
| 36,657
| 3.8
| 9,647
| 611
|
| 33
| Irapuato
| Centro Norte
| 45,892
| 3.7
| 12,403
| 765
|
| 34
| Mazatlán
| Noroeste
| 39,227
| 3.9
| 10,058
| 654
|
| 35
| Villahermosa
| Sur-Sureste
| 8,533
| 4.0
| 2,133
| 142
|
| 36
| Tepic
| Noroeste
| 32,893
| 3.9
| 8,434
| 548
|
| 37
| Nuevo Laredo
| Noreste
| 25,330
| 3.8
| 6,666
| 422
|
| 38
| Celaya
| Centro Norte
| 24,503
| 3.7
| 6,622
| 408
|
| 39
| Puerto Vallarta
| Centro Norte
| 108,778
| 3.8
| 28,626
| 1,813
|
| 40
| Ciudad Obregón
| Noroeste
| 17,241
| 3.9
| 4,421
| 287
|
| 41
| Ensenada
| Noroeste
| 35,059
| 3.8
| 9,226
| 584
|
| 42
| Coatzacoalcos
| Sur-Sureste
| 13,766
| 3.9
| 3,530
| 229
|
| 43
| Orizaba
| Sur-Sureste
| 8,588
| 3.9
| 2,202
| 143
|
| 44
| Monclova
| Noreste
| 18,153
| 3.7
| 4,906
| 303
|
| 45
| Los Cabos
| Noroeste
| 361,009
| 3.8
| 95,002
| 6,017
|
| 46
| Ciudad Victoria
| Noreste
| 15,367
| 3.8
| 4,044
| 256
|
| 47
| Uruapan
| Centro
| 23,222
| 3.8
| 6,111
| 387
|
| 48
| Tehuacán
| Centro Sur
| 38,862
| 3.8
| 10,227
| 648
|
| 49
| Colima-Villa de Álvarez
| Centro
| 25,454
| 3.8
| 6,698
| 424
|
| 50
| Zacatecas
| Centro Norte
| 38,487
| 3.8
| 10,128
| 641
|
| 51
| Los Mochis
| Noroeste
| 25,580
| 3.9
| 6,559
| 426
|
| 52
| Playa del Carmen
| Sur-Sureste
| 192,512
| 3.9
| 49,362
| 3,209
|
| 53
| Texmelucan
| Centro Sur
| 25,836
| 3.8
| 6,799
| 431
|
| 54
| Nogales
| Noroeste
| 32,298
| 3.8
| 8,499
| 538
|
| 55
| La Paz
| Noroeste
| 28,704
| 3.8
| 7,554
| 478
|
| 56
| Campeche
| Sur-Sureste
| 17,913
| 3.9
| 4,593
| 299
|
| 57
| Minatitlán
| Sur-Sureste
| -1,673
| 3.9
| -429
| -28
|
| 58
| Chilpancingo
| Sur-Sureste
| 27,305
| 4.0
| 6,826
| 455
|
| 59
| Córdoba
| Sur-Sureste
| 1,529
| 3.9
| 392
| 25
|
| 60
| Poza Rica
| Sur-Sureste
| -1,845
| 3.9
| -473
| -31
|
| 61
| Zamora
| Centro
| 13,668
| 3.8
| 3,597
| 228
|
| 62
| García
| Noreste
| 225,968
| 3.7
| 61,072
| 3,766
|
| 63
| Tapachula
| Sur-Sureste
| 9,522
| 4.1
| 2,323
| 159
|
| 64
| Cuautla
| Centro Sur
| 4,121
| 3.8
| 1,084
| 69
|
| 65
| San Juan del Río
| Centro Norte
| 57,983
| 3.7
| 15,671
| 966
|
| 66
| Ciudad del Carmen
| Sur-Sureste
| 12,998
| 3.9
| 3,333
| 217
|
| 67
| Tulancingo
| Centro
| 11,004
| 3.7
| 2,974
| 183
|
| 68
| San Cristóbal de las Casas
| Sur-Sureste
| 14,493
| 4.1
| 3,535
| 242
|
| 69
| Salamanca
| Centro Norte
| 13,579
| 3.7
| 3,670
| 226
|
| 70
| Piedras Negras
| Noreste
| 14,829
| 3.8
| 3,902
| 247
|
| 71
| San Luis Río Colorado
| Noroeste
| 10,968
| 3.8
| 2,886
| 183
|
| 72
| Chetumal
| Sur-Sureste
| 10,591
| 3.9
| 2,716
| 177
|
| 73
| Manzanillo
| Centro
| 21,144
| 3.8
| 5,564
| 352
|
| 74
| Lázaro Cárdenas
| Centro
| 15,641
| 3.8
| 4,116
| 261
|
| 75
| Acuña
| Noreste
| 16,655
| 3.8
| 4,383
| 278
|
| 76
| Guaymas
| Noroeste
| 33,114
| 3.8
| 8,714
| 552
|
| 77
| Fresnillo
| Centro Norte
| 14,941
| 3.8
| 3,932
| 249
|
| 78
| San Francisco del Rincón
| Centro Norte
| 17,522
| 3.7
| 4,736
| 292
|
| 79
| Ciudad Valles
| Centro Norte
| 6,720
| 3.8
| 1,769
| 112
|
| 80
| Guanajuato
| Centro Norte
| 9,742
| 3.7
| 2,633
| 162
|
| 81
| Cuauhtémoc
| Noreste
| 13,764
| 3.8
| 3,622
| 229
|
| 82
| Delicias
| Noreste
| 7,513
| 3.8
| 1,977
| 125
|
| 83
| Iguala
| Sur-Sureste
| 8,521
| 4.0
| 2,130
| 142
|
| 84
| Navojoa
| Noroeste
| 3,922
| 3.9
| 1,006
| 65
|
| 85
| Lagos de Moreno
| Centro Norte
| 13,902
| 3.7
| 3,757
| 232
|
| 86
| Túxpam
| Sur-Sureste
| 5,538
| 3.9
| 1,420
| 92
|
| 87
| Hidalgo del Parral
| Noreste
| 5,123
| 3.8
| 1,348
| 85
|
| 88
| Comitán
| Sur-Sureste
| 9,891
| 4.1
| 2,412
| 165
|
| 89
| Tecomán
| Centro
| -320
| 3.8
| -84
| -5
|
| 90
| Ciudad Guzmán
| Centro
| 8,655
| 3.8
| 2,278
| 144
|
| 91
| Río Bravo
| Noreste
| 9,724
| 3.8
| 2,559
| 162
|
| 92
| Tuxtepec
| Sur-Sureste
| 1,061
| 4.0
| 265
| 18
|
| 93
| Juchitán
| Sur-Sureste
| 8,737
| 4.1
| 2,131
| 146
|
| 94
| Silao
| Centro Norte
| 17,549
| 3.7
| 4,743
| 292
|
| 95
| Apatzingán
| Centro
| 1,792
| 3.8
| 471
| 30
|
| 96
| Sabinas
| Noreste
| 2,562
| 3.8
| 674
| 43
|
| 97
| Ocotlán
| Centro Norte
| 6,871
| 3.7
| 1,857
| 115
|
| | Nacional
| | 7,358,120
| | 2,018,638
| 122,633
|
Fuente: SEDATU & CONAPO, 2024
Nota metodológica: Elaborado con base en las proyecciones demográficas intercensales 2020-2030 del SUN 2020, a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI y las proyecciones estatales y municipales de CONAPO (2023). El crecimiento poblacional estimado para el periodo 2026-2030 fue calculado a partir de tasas de crecimiento medio anual (TCMA) observadas entre 2010 y 2020 y extrapoladas linealmente. El número de personas por hogar se estimó a partir de los hogares censales 2020 y las proyecciones de CONAPO por entidad federativa, incorporando variaciones regionales en la composición de los hogares. La estimación de viviendas necesarias se obtiene dividiendo el crecimiento poblacional proyectado para cada ciudad entre el promedio de personas por hogar. Se estima el requerimiento de suelo urbanizable asumiendo una densidad neta de 60 habitantes por hectárea (equivalente a 150 viviendas por hectárea bajo un modelo compacto), conforme a los estándares de densidad recomendados por ONU-Hábitat y alineados con el principio de uso eficiente del suelo. Los valores negativos en algunas ciudades reflejan escenarios de estancamiento o decrecimiento urbano, que exigen estrategias diferenciadas de reordenamiento, contención y renovación del parque habitacional existente.
Cuadro 08. Distribución de la población por entidad federativa y grado de marginación (2020)
| Entidad Federativa
| Población
| Grado de marginación
|
| Muy Alto
| Alto
| Medio
| Bajo
| Muy Bajo
|
| Aguascalientes
| 1,195,430
| 1,536
| 29,436
| 258,254
| 512,327
| 393,877
|
| Baja California
| 3,510,267
| 58,585
| 203,453
| 1,078,021
| 1,291,198
| 879,089
|
| Baja California Sur
| 724,268
| 59,373
| 38,243
| 108,030
| 256,215
| 262,407
|
| Campeche
| 694,295
| 50,114
| 98,606
| 240,730
| 202,748
| 102,097
|
| Coahuila de Zaragoza
| 2,897,406
| 11,202
| 94,581
| 500,388
| 1,278,160
| 1,013,075
|
| Colima
| 657,214
| 9,185
| 72,910
| 146,857
| 244,683
| 183,579
|
| Chiapas
| 5,622,908
| 790,424
| 990,057
| 659,688
| 212,912
| 29,827
|
| Chihuahua
| 3,301,873
| 25,544
| 99,410
| 679,444
| 1,227,813
| 1,269,662
|
| Ciudad de México
| 9,128,902
| 40,599
| 312,655
| 2,370,838
| 4,491,978
| 1,913,132
|
| Durango
| 1,317,677
| 15,290
| 87,180
| 378,649
| 524,340
| 312,308
|
| Guanajuato
| 4,424,076
| 125,762
| 624,538
| 1,611,510
| 1,379,907
| 682,937
|
| Guerrero
| 2,906,703
| 432,078
| 561,383
| 610,381
| 420,518
| 71,893
|
| Hidalgo
| 1,837,227
| 47,700
| 262,522
| 680,638
| 615,720
| 230,640
|
| Jalisco
| 7,335,020
| 125,383
| 1,050,654
| 2,623,430
| 2,256,357
| 1,279,196
|
| México
| 14,424,140
| 657,327
| 2,836,817
| 5,853,758
| 3,673,696
| 1,402,542
|
| Michoacán de Ocampo
| 3,644,408
| 573,716
| 991,616
| 926,533
| 640,572
| 231,971
|
| Morelos
| 1,587,587
| 59,189
| 258,972
| 599,108
| 534,552
| 136,168
|
| Nayarit
| 881,478
| 17,096
| 72,287
| 223,876
| 393,036
| 174,598
|
| Nuevo León
| 5,581,536
| 34,711
| 103,106
| 946,477
| 2,130,878
| 2,347,844
|
| Oaxaca
| 2,425,798
| 754,746
| 747,597
| 609,537
| 252,737
| 61,178
|
| Puebla
| 4,943,488
| 1,035,412
| 1,333,045
| 1,188,297
| 1,009,426
| 377,308
|
| Querétaro
| 1,872,182
| 18,595
| 152,216
| 387,081
| 534,450
| 779,712
|
| Quintana Roo
| 1,670,497
| 935
| 206,892
| 505,733
| 639,408
| 228,469
|
| San Luis Potosí
| 3,091,403
| 27,270
| 128,575
| 419,437
| 767,206
| 508,501
|
| Sinaloa
| 2,286,470
| 15,125
| 161,969
| 434,540
| 873,774
| 766,068
|
| Sonora
| 2,604,261
| 64,395
| 134,434
| 379,149
| 1,033,980
| 991,703
|
| Tabasco
| 2,396,204
| 86,424
| 187,103
| 398,022
| 482,145
| 102,712
|
| Tamaulipas
| 3,198,827
| 22,071
| 164,045
| 842,961
| 1,609,751
| 555,038
|
| Tlaxcala
| 918,707
| 80,861
| 259,013
| 255,233
| 65,334
| 31,448
|
| Veracruz de Ignacio de la Llave
| 5,907,036
| 518,589
| 1,191,841
| 1,618,116
| 1,349,808
| 394,112
|
| Yucatán
| 1,628,427
| 386,264
| 357,170
| 404,096
| 464,518
| 414,799
|
| Zacatecas
| 1,021,266
| 61,452
| 328,767
| 400,127
| 212,266
| 76,954
|
| Nacional
| 98,932,031
| 6,245,322
| 13,821,908
| 28,513,845
| 31,958,487
| 18,392,469
|
Fuente: Elaboración con información del Censo de Población y Vivienda 2020 y el Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2020, CONAPO. Disponible en la página: https://t2m.io/775d8N1t
Nota: En 2020, más de 42 millones de personas vivían en municipios con grados de marginación alto o muy alto, lo que representa el 43% de la población nacional. Entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Puebla concentran los mayores volúmenes de población en condiciones de rezago. Esta distribución evidencia profundas desigualdades estructurales y territoriales que limitan el acceso a derechos, servicios e infraestructura. Estos datos exigen una planificación con enfoque redistributivo, que priorice inversiones públicas, capacidades institucionales y justicia territorial en los territorios históricamente marginados.
Cuadro 09. Distribución de la población urbana y rural por entidad federativa e índice de marginación (2020)
| Entidad Federativa
| Población Urbana (%)
| Población Rural (%)
| Índice de Marginación
|
| Ciudad de México
| 100
| 0
| Muy bajo
|
| Nuevo León
| 98
| 2
| Muy bajo
|
| Coahuila de Zaragoza
| 95
| 5
| Muy bajo
|
| Aguascalientes
| 94
| 6
| Muy bajo
|
| Jalisco
| 92
| 8
| Muy bajo
|
| Baja California Sur
| 90
| 10
| Bajo
|
| Baja California
| 89
| 11
| Bajo
|
| Colima
| 88
| 12
| Bajo
|
| Tamaulipas
| 87
| 13
| Bajo
|
| Sonora
| 86
| 14
| Bajo
|
| Querétaro de Arteaga
| 85
| 15
| Bajo
|
| México
| 84
| 16
| Bajo
|
| Quintana Roo
| 83
| 17
| Bajo
|
| Tlaxcala
| 80
| 20
| Medio
|
| Sinaloa
| 79
| 21
| Medio
|
| Morelos
| 78
| 22
| Medio
|
| Chihuahua
| 77
| 23
| Medio
|
| Zacatecas
| 76
| 24
| Medio
|
| Guanajuato
| 75
| 25
| Medio
|
| Yucatán
| 72
| 28
| Alto
|
| Puebla
| 70
| 30
| Alto
|
| Campeche
| 68
| 32
| Alto
|
| Durango
| 66
| 34
| Alto
|
| Nayarit
| 64
| 36
| Alto
|
| San Luis Potosí
| 62
| 38
| Alto
|
| Michoacán de Ocampo
| 60
| 40
| Alto
|
| Tabasco
| 58
| 42
| Alto
|
| Hidalgo
| 56
| 44
| Alto
|
| Veracruz de Ignacio de la Llave
| 54
| 46
| Alto
|
| Guerrero
| 40
| 60
| Muy alto
|
| Chiapas
| 35
| 65
| Muy alto
|
| Oaxaca
| 30
| 70
| Muy alto
|
Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020 y el Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2020, CONAPO. Nota: La distribución de la población revela profundas desigualdades territoriales: mientras entidades como Ciudad de México y Nuevo León presentan niveles de urbanización superiores a 95% y muy baja marginación, estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero concentran entre 60% y 70% de población rural y se ubican en el nivel más alto de marginación. Esta dualidad evidencia una brecha estructural entre el norte y el sur del país, y plantea desafíos críticos para el diseño de políticas territoriales diferenciadas que integren las capacidades locales y reduzcan asimetrías en infraestructura, servicios y oportunidades de desarrollo.
Cuadro 10. Distribución de las AGEB urbanas por entidad federativa y nivel de marginación (2020)
| Entidad Federativa
| AGEB Urbanas
| Nivel de marginación
|
| Muy Alto
| Alto
| Medio
| Bajo
| Muy Bajo
|
| Aguascalientes
| 467
| 3
| 13
| 101
| 188
| 162
|
| Baja California
| 1,657
| 95
| 150
| 478
| 541
| 337
|
| Baja California Sur
| 653
| 59
| 38
| 76
| 207
| 273
|
| Campeche
| 371
| 41
| 82
| 107
| 84
| 57
|
| Coahuila de Zaragoza
| 1,667
| 32
| 112
| 353
| 680
| 480
|
| Colima
| 499
| 13
| 55
| 98
| 171
| 162
|
| Chiapas
| 1,545
| 631
| 498
| 269
| 121
| 26
|
| Chihuahua
| 2,129
| 85
| 149
| 513
| 736
| 646
|
| Ciudad de México
| 2,381
| 22
| 94
| 529
| 1,089
| 647
|
| Durango
| 1,012
| 40
| 134
| 317
| 343
| 178
|
| Guanajuato
| 2,214
| 158
| 359
| 694
| 598
| 405
|
| Guerrero
| 1,733
| 586
| 463
| 353
| 232
| 98
|
| Hidalgo
| 1,270
| 55
| 206
| 434
| 378
| 197
|
| Jalisco
| 3,723
| 171
| 651
| 1,288
| 999
| 614
|
| México
| 4,162
| 314
| 841
| 1,507
| 1,065
| 435
|
| Michoacán de Ocampo
| 2,231
| 636
| 707
| 541
| 306
| 101
|
| Morelos
| 902
| 54
| 184
| 314
| 246
| 104
|
| Nayarit
| 639
| 36
| 75
| 180
| 222
| 126
|
| Nuevo León
| 2,456
| 14
| 48
| 933
| 980
| 477
|
| Oaxaca
| 2,068
| 872
| 597
| 390
| 158
| 71
|
| Puebla
| 2,254
| 651
| 667
| 473
| 324
| 139
|
| Querétaro
| 845
| 62
| 89
| 189
| 274
| 231
|
| Quintana Roo
| 875
| 83
| 121
| 226
| 269
| 176
|
| San Luis Potosí
| 1,063
| 65
| 128
| 263
| 336
| 271
|
| Sinaloa
| 1,517
| 72
| 138
| 278
| 522
| 507
|
| Sonora
| 2,096
| 144
| 172
| 380
| 748
| 652
|
| Tabasco
| 531
| 39
| 87
| 167
| 182
| 56
|
| Tamaulipas
| 2,020
| 73
| 172
| 599
| 881
| 295
|
| Tlaxcala
| 606
| 61
| 152
| 258
| 180
| 111
|
| Veracruz de Ignacio de la Llave
| 2,920
| 525
| 742
| 826
| 602
| 225
|
| Yucatán
| 1,220
| 310
| 226
| 221
| 231
| 232
|
| Zacatecas
| 1,062
| 51
| 94
| 339
| 275
| 283
|
| Nacional
| 50,790
| 5,910
| 8,274
| 13,209
| 14,105
| 9,292
|
Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020 y el Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2020, CONAPO. Disponible en la página: https://t2m.io/775d8N1t
Nota: En 2020, más de 14 mil AGEB urbanas presentaban niveles de marginación alto o muy alto, concentradas especialmente en estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla. Esta configuración evidencia la persistencia de desigualdades estructurales dentro de las ciudades, con territorios excluidos del acceso equitativo a infraestructura, servicios y oportunidades. Estos datos refuerzan la urgencia de políticas de regeneración urbana, inversión prioritaria en barrios con marginación y planificación con enfoque de justicia espacial y equidad intraurbana, particularmente en zonas metropolitanas del sur-sureste.
Cuadro 11. Distribución estatal de municipios con asentamientos humanos irregulares registrados (2023)
| Entidad federativa
| Total de municipios
| Municipios con registro
| % con registro
| Total AHI reportados
|
| Aguascalientes
| 11
| 9
| 81.8
| 327
|
| Baja California
| 7
| 4
| 57.1
| 203
|
| Baja California Sur
| 5
| 1
| 20.0
| 30
|
| Campeche
| 13
| 4
| 30.8
| 55
|
| Chiapas
| 124
| 8
| 6.5
| 170
|
| Chihuahua
| 67
| 8
| 11.9
| 120
|
| Ciudad de México
| 16
| 10
| 62.5
| 966
|
| Coahuila
| 38
| 7
| 18.4
| 17
|
| Colima
| 10
| 3
| 30.0
| 253
|
| Durango
| 39
| 6
| 15.4
| 233
|
| Guanajuato
| 46
| 28
| 60.9
| 919
|
| Guerrero
| 85
| 5
| 5.9
| 113
|
| Hidalgo
| 84
| 3
| 3.6
| 49
|
| Jalisco
| 125
| 57
| 45.6
| 1,661
|
| Estado de México
| 125
| 48
| 38.4
| 2,273
|
| Michoacán
| 113
| 16
| 14.2
| 283
|
| Morelos
| 36
| 3
| 8.3
| 35
|
| Nayarit
| 20
| 5
| 25.0
| 45
|
| Nuevo León
| 51
| 3
| 5.9
| 14
|
| Oaxaca
| 570
| 6
| 1.1
| 10
|
| Puebla
| 217
| 11
| 5.1
| 232
|
| Querétaro
| 18
| 11
| 61.1
| 266
|
| Quintana Roo
| 11
| 1
| 9.1
| 14
|
| San Luis Potosí
| 58
| 5
| 8.6
| 16
|
| Sinaloa
| 18
| 7
| 38.9
| 107
|
| Sonora
| 72
| 7
| 9.7
| 25
|
| Tabasco
| 17
| 3
| 17.6
| 10
|
| Tamaulipas
| 43
| 7
| 16.3
| 129
|
| Tlaxcala
| 60
| 7
| 11.7
| 13
|
| Veracruz
| 212
| 30
| 14.2
| 206
|
| Yucatán
| 106
| 2
| 1.9
| 2
|
| Zacatecas
| 58
| 10
| 17.2
| 384
|
| Total
| 2,475
| 335
| 13.54
| 9,180
|
Fuente: Varela, 2025, con información de CNGE, 2023.
Nota: En 2023, sólo el 13.5 % de los municipios del país contaban con registro oficial de asentamientos humanos irregulares (AHI), pese a haberse reportado más de 9,000 casos. Este subregistro evidencia una débil capacidad institucional para diagnosticar, ordenar y atender la informalidad urbana, especialmente en estados con fuerte crecimiento urbano como Jalisco, Estado de México y Guanajuato.
Cuadro 12. Viviendas en condición de rezago habitacional por entidad federativa (2022)
| Entidad
| Total
| Sin rezago
| Con rezago
| % con rezago
|
| Aguascalientes
| 404,976
| 379,582
| 25,394
| 6.3
|
| Baja California
| 1,188,788
| 691,580
| 497,208
| 41.8
|
| Baja California Sur
| 270,678
| 205,523
| 65,155
| 24.1
|
| Campeche
| 270,573
| 142,913
| 127,660
| 47.2
|
| Coahuila de Zaragoza
| 956,756
| 841,370
| 115,386
| 12.1
|
| Colima
| 245,644
| 194,739
| 50,905
| 20.7
|
| Chiapas
| 1,430,351
| 430,327
| 1,000,024
| 69.9
|
| Chihuahua
| 1,193,845
| 761,797
| 432,048
| 36.2
|
| Ciudad de México
| 2,947,953
| 2,772,711
| 175,242
| 5.9
|
| Durango
| 517,501
| 414,045
| 103,456
| 20.0
|
| Guanajuato
| 1,651,948
| 1,425,140
| 226,808
| 13.7
|
| Guerrero
| 1,009,741
| 469,226
| 540,515
| 53.5
|
| Hidalgo
| 891,691
| 729,633
| 162,058
| 18.2
|
| Jalisco
| 2,379,319
| 2,170,397
| 208,922
| 8.8
|
| México
| 4,798,616
| 4,139,834
| 658,782
| 13.7
|
| Michoacán de Ocampo
| 1,375,052
| 977,209
| 397,843
| 28.9
|
| Morelos
| 594,786
| 469,461
| 125,325
| 21.1
|
| Nayarit
| 382,292
| 297,020
| 85,272
| 22.3
|
| Nuevo León
| 1,802,942
| 1,664,044
| 138,898
| 7.7
|
| Oaxaca
| 1,184,472
| 537,899
| 646,574
| 54.6
|
| Puebla
| 1,795,448
| 1,356,817
| 438,631
| 24.4
|
| Querétaro
| 692,663
| 613,473
| 79,190
| 11.4
|
| Quintana Roo
| 586,279
| 483,800
| 102,479
| 17.5
|
| San Luis Potosí
| 790,298
| 622,847
| 167,451
| 21.2
|
| Sinaloa
| 887,590
| 805,345
| 82,245
| 9.3
|
| Sonora
| 890,440
| 658,083
| 272,357
| 30.6
|
| Tabasco
| 691,921
| 242,879
| 449,042
| 64.9
|
| Tamaulipas
| 1,097,076
| 917,690
| 179,386
| 16.4
|
| Tlaxcala
| 355,253
| 317,721
| 37,532
| 10.6
|
| Veracruz de Ignacio de la Llave
| 2,521,081
| 1,330,674
| 1,190,407
| 47.2
|
| Yucatán
| 671,313
| 568,095
| 103,218
| 15.4
|
| Zacatecas
| 451,585
| 359,589
| 91,996
| 20.4
|
| Total
| 36,928,871
| 27,991,463
| 8,977,409
| 24.3
|
Fuente: Rezago habitacional CONAVI, 2024
Nota: En 2022, más de 8.9 millones de viviendas en México se encontraban en condición de rezago habitacional, lo que representa el 24.3 % del total nacional. El problema es particularmente agudo en Chiapas (69.9 %), Oaxaca (54.6 %), Guerrero (53.5 %) y Veracruz (47.2 %), lo que evidencia profundas desigualdades estructurales asociadas a la marginación territorial. Estos datos refuerzan la urgencia de territorializar las políticas de vivienda con enfoque de derechos, priorizando soluciones integrales y sostenibles en regiones históricamente rezagadas.
Cuadro 13. Acceso al agua, vivienda y condiciones de rezago habitacional por grupos poblacionales prioritarios (2022)
| Grupo poblacional
| Acceso a agua y drenaje
| Condiciones de vivienda
| Rezago habitacional (%)
| Factores asociados al
rezago
|
| Mujeres
| El 34.5% de los hogares
con acceso infrecuente al
agua están encabezados por
mujeres. Ellas destinan en
promedio 7.9 horas
semanales al acarreo de
agua, frente a 5.8 horas en
los hogares encabezados por
hombres.
| Más de 400 mil hogares con
jefatura femenina enfrentan
litigios de tenencia; tres de
cada diez no cuentan con
escrituras.
| 34.3
| Alta proporción de hogares
sin escrituras, mayor gasto
relativo, baja cobertura de
crédito y escasa afiliación a
la seguridad social.
|
| Jóvenes (15-29 años)
| Aunque el 92.4% tiene
acceso al agua, el 16.5%
solo la recibe cada tres días.
Más de un millón carecen de
drenaje.
| Dos terceras partes habitan
viviendas propias o en
proceso de pago; una cuarta
parte reside en viviendas
rentadas o prestadas.
| 26.1
| El rezago se asocia con
ingresos bajos, inestabilidad
habitacional y concentración
territorial en Chiapas,
Tabasco y Guerrero.
|
| Personas adultas mayores
| El 94.0% tiene acceso al
agua; sin embargo, el
11.2% en zonas rurales
carece de drenaje.
| El 80.7% reside en
vivienda propia, aunque solo
el 76.9% cuenta con título
de propiedad.
| 24.1
| El rezago afecta a más de
4.4 millones de personas
mayores, muchas en
viviendas encabezadas por
mujeres y con tenencia
informal.
|
| Población indígena
| El 12.5% de la población
sin acceso al agua es
indígena. Además, el 38%
de quienes la reciben
infrecuentemente también lo
son.
| Tres de cada cuatro viven en
viviendas propias; una de
cada cuatro carece de
escrituras.
| 38.4
| El 30.9% de las mujeres
indígenas no son titulares de
la vivienda; el 65% reside
en localidades menores a
2,500 habitantes con
servicios precarios.
|
| Personas con discapacidad
| El 92.2% accede al agua,
pero el 4.8% depende de
fuentes no seguras como
pozos o ríos. Promedian 6.8
horas semanales de acarreo.
| Más del 75% vive en
viviendas propias o en
proceso de pago; solo el
69.4% cuenta con
escrituras.
| 30.1
| Se registran 277 mil
personas con piso de tierra y
418 mil sin acceso seguro al
agua. Muchas enfrentan
condiciones habitacionales
inadecuadas.
|
Fuente: Elaboración propia con información de la CONAVI, 2025.
Nota: Los grupos poblacionales prioritarios enfrentan condiciones estructurales de exclusión habitacional y desigual acceso a servicios básicos. Destaca la situación crítica de la población indígena, con un rezago habitacional del 38.4 %, y de las mujeres, quienes destinan más tiempo al acarreo de agua y encabezan una alta proporción de hogares sin escrituras. La juventud presenta precariedad en la tenencia y mayor dependencia del mercado de alquiler, mientras que las personas adultas mayores y con discapacidad enfrentan barreras vinculadas a tenencia informal, acceso al agua y adecuación de la vivienda.
Cuadro 14. Evolución de la pobreza multidimensional en México: comparativo nacional (2018-2022)
| Indicadores
| Porcentaje de la
población
| Millones de
personas
| Carencias
promedio
|
| 2022
| 2022
| 2022
|
| Pobreza
| | | |
| Población en situación de pobreza
| 36.3
| 46.8
| 2.6
|
| Población en situación de pobreza moderada
| 29.3
| 37.7
| 2.3
|
| Población en situación de pobreza extrema
| 7.1
| 9.1
| 3.8
|
| Población vulnerable por carencias sociales
| 29.4
| 37.9
| 2.0
|
| Población vulnerable por ingresos
| 7.2
| 9.3
| 0.0
|
| Población no pobre y no vulnerable
| 27.1
| 34.9
| 0.0
|
| Privación social
| | | |
| Población con al menos una carencia social
| 65.7
| 84.7
| 2.3
|
| Población con al menos tres carencias sociales
| 24.9
| 32.1
| 3.6
|
| Indicadores de carencia social
| | | |
| Rezago educativo
| 19.4
| 25.1
| 3.0
|
| Carencia por acceso a los servicios de salud
| 39.1
| 50.4
| 2.9
|
| Carencia por acceso a la seguridad social
| 50.2
| 64.7
| 2.6
|
| Carencia por calidad y espacios de la vivienda
| 9.1
| 11.7
| 3.6
|
| Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda
| 17.8
| 22.9
| 3.3
|
| Carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad
| 18.2
| 23.4
| 2.9
|
| Bienestar económico
| | | |
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos
| 12.1
| 15.5
| 2.9
|
| Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos
| 43.5
| 56.1
| 2.2
|
Fuente: CONEVAL, 2022
Nota: En 2022, más de 46 millones de personas (36.3 %) en México se encontraban en situación de pobreza, y 32.1 millones presentaban tres o más carencias sociales, principalmente en acceso a servicios de salud (39.1 %) y seguridad social (50.2 %). Aunque la pobreza extrema se mantuvo relativamente estable (7.1 %), las condiciones de la vivienda siguen representando una dimensión crítica: más de 11 millones de personas enfrentan carencias por calidad o espacios.
Cuadro 15. Distribución de la población en núcleos agrarios por tipo de sujeto agrario (2024)
| Tipo de sujeto de derecho
| Cantidad
| Porcentaje
|
| Personas ejidatarias
| 3,488,875
| 64.1%
|
| Personas comuneras
| 1,081,084
| 19.9%
|
| Personas avecindadas
| 674,127
| 12.4%
|
| Personas avecindadas
| 201,425
| 3.7%
|
| Total
| 5,445,511
| 100.0%
|
Fuente: RAN, 2024. Atlas de la propiedad social de la tierra en México.
Nota: En 2024, más de 5.4 millones de personas conforman el padrón agrario nacional, predominando los sujetos ejidatarios (64.1%) y comuneros (19.9%). Este universo refleja la vigencia de la propiedad social como forma de tenencia de la tierra en vastas regiones rurales y periurbanas. La diversidad de sujetos agrarios plantea retos institucionales para garantizar la seguridad jurídica, la participación en la gestión del territorio y el acceso equitativo a los beneficios del desarrollo.
Cuadro 16. Evolución de títulos de propiedad y dominio pleno en el sector agrario por periodo (1989-2024)
| Periodo
| Títulos de propiedad (%)
| Superficie con dominio
pleno (%)
| Parcelas con dominio pleno
(%)
| Núcleos con trámite de
dominio pleno (%)
|
| 1989-1994
| 0.5
| 0.3
| 0.5
| 0.8
|
| 1995-2000
| 11.0
| 10.2
| 10.7
| 15.6
|
| 2001-2006
| 22.0
| 25.6
| 21.3
| 24.4
|
| 2007-2012
| 28.0
| 30.0
| 28.3
| 24.2
|
| 2013-2018
| 28.5
| 26.2
| 28.8
| 27.0
|
| 2019-2024
| 10.1
| 7.7
| 10.5
| 8.0
|
Fuente: Atlas de la Propiedad Social de la Tierra en México RAN, 2024
Nota: Entre 1995 y 2018, la regularización de la propiedad social avanzó de forma sostenida; sin embargo, entre 2019 y 2024 se registró una fuerte desaceleración, con una caída de los títulos de propiedad del 28.5 % al 10.1 %. Este cambio respondió a una reorientación de la política agraria federal, que priorizó la protección de la propiedad social ante los riesgos de privatización señalados en el PND 2019-2024. Se suspendieron programas masivos como PROCEDE y se favoreció el apoyo directo al campesinado. El RAN, por su parte, restringió los trámites de dominio pleno y reforzó sus controles institucionales.
Cuadro 17. Participación porcentual de hombres y mujeres como sujetos agrarios (2016-2024)
| Año
| Hombres (%)
| Mujeres (%)
|
| 2016
| 89
| 11
|
| 2017
| 88
| 12
|
| 2018
| 87
| 13
|
| 2019
| 85
| 15
|
| 2020
| 83
| 17
|
| 2021
| 82
| 18
|
| 2022
| 81
| 19
|
| 2023
| 80
| 20
|
| 2024
| 79
| 21
|
Fuente: RAN, 2024
Nota: Entre 2016 y 2024, la participación de las mujeres como sujetas agrarias creció de 11% a 21%, reflejando avances normativos y de política pública en el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, persisten profundas desigualdades estructurales: aún cuatro de cada cinco personas con derechos agrarios son hombres. Estos datos evidencian la urgencia de consolidar mecanismos de justicia agraria con perspectiva de género, impulsar programas de titulación para mujeres y garantizar su representación efectiva en la toma de decisiones de los núcleos agrarios.
Cuadro 18. Distribución porcentual de sujetos de derecho agrario por sexo (2023)
| Tipo de
Sujeto de Derecho
| Hombres (%)
| Mujeres (%)
| Total
|
| Avecindados
| 2.52
| 1.18
| 3.70
|
| Comuneros
| 13.92
| 5.93
| 19.85
|
| Ejidatarios
| 47.38
| 16.69
| 64.07
|
| Posesionarios
| 8.72
| 3.66
| 12.38
|
| Total
| 72.54
| 27.46
| 100.00
|
Fuente: RAN, 2024b
Nota: En 2023, solo el 27.5% de las personas con derechos agrarios eran mujeres, frente al 72.5% de hombres. La brecha es particularmente amplia en la titularidad ejidal y comunal, donde las mujeres representan apenas 16.7% y 5.9%, respectivamente. Esta desigualdad refleja barreras estructurales que limitan el acceso de las mujeres a la tierra, el poder agrario y la toma de decisiones colectivas. Estos datos refuerzan la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en la política agraria, garantizando derechos efectivos y equitativos en los núcleos agrarios como base para un desarrollo con justicia social.
Cuadro 19. Participación por sexo en órganos de representación y vigilancia agraria (2016-2024)
| Año
| Hombres
| Mujeres
| Relación de mujeres por cada 100
hombres
|
| 2016
| 80,715
| 10,148
| 13
|
| 2017
| 74,409
| 13,926
| 19
|
| 2018
| 73,405
| 16,658
| 23
|
| 2019
| 68,182
| 18,815
| 28
|
| 2020
| 54,903
| 14,903
| 27
|
| 2021
| 49,840
| 13,434
| 27
|
| 2022
| 58,254
| 16,154
| 28
|
| 2023
| 70,348
| 20,274
| 29
|
| 2024
| 69,011
| 21,731
| 31
|
Fuente: RAN, 2024
Nota: Entre 2016 y 2024, la participación de mujeres en órganos agrarios de representación y vigilancia se triplicó en términos absolutos, pasando de 10,148 a 21,731. No obstante, por cada 100 hombres, sólo hay 31 mujeres en estos cargos, lo que evidencia aún una brecha de género en el acceso al poder agrario. Este patrón desigual limita el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres rurales, debilita su incidencia en la gestión del territorio y subraya la necesidad de acciones afirmativas en el diseño institucional agrario.
Cuadro 20. Composición del PIB por tipo de actividad económica. Cifras desestacionalizadas en millones de pesos constantes de 2018. Cuarto trimestre de 2024
| Denominación
| 4to Trimestre 2024 (mdp)
| Porcentaje (%)
|
| Actividades primarias
| 780,636
| 3.1
|
| Actividades secundarias
| 7,935,027
| 31.2
|
| Actividades terciarias
| 15,291,845
| 65.7
|
| PIB a precio de mercado
| 25,407,549
| 100.0
|
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. (2024). Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto (PIB).
Nota: Al cuarto trimestre de 2024, el 65.7 % del PIB proviene de actividades terciarias, frente a solo 3.1 % de las primarias, lo que evidencia una economía urbana y tercerizada con marcadas brechas regionales. Esta concentración plantea retos para el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, al requerir la revalorización del suelo rural, la diversificación productiva y el impulso de nodos industriales sostenibles. La estructura del PIB justifica una política territorial focalizada que promueva un desarrollo regional más equilibrado, resiliente y con justicia espacial.
Cuadro 21. Participación estatal en el PIB nacional por sector económico (2023)
| Nacional/ Entidad
| Porcentaje nacional
| Porcentaje de participación respecto a su sector
|
| Primarias
| Secundarias
| Terciarias
|
| Aguascalientes
| 1.3
| 1.6
| 1.8
| 1.0
|
| Baja California
| 3.8
| 2.8
| 5.2
| 3.0
|
| Baja California Sur
| 0.7
| 0.9
| 0.4
| 0.9
|
| Campeche
| 2.0
| 0.7
| 5.0
| 0.6
|
| Coahuila de Zaragoza
| 3.7
| 2.2
| 6.1
| 2.4
|
| Colima
| 0.6
| 1.0
| 0.4
| 0.7
|
| Chiapas
| 1.5
| 3.0
| 0.9
| 1.8
|
| Chihuahua
| 3.8
| 7.1
| 5.1
| 2.8
|
| Ciudad de México
| 15.2
| 0.2
| 4.4
| 21.7
|
| Durango
| 1.2
| 3.1
| 1.4
| 1.1
|
| Guanajuato
| 4.5
| 5.1
| 5.4
| 4.0
|
| Guerrero
| 1.2
| 2.0
| 0.6
| 1.6
|
| Hidalgo
| 1.8
| 1.4
| 2.1
| 1.6
|
| Jalisco
| 7.3
| 12.8
| 6.5
| 7.3
|
| México
| 9.1
| 3.1
| 7.5
| 10.2
|
| Michoacán de Ocampo
| 2.7
| 11.7
| 1.5
| 2.9
|
| Morelos
| 1.1
| 1.0
| 0.9
| 1.1
|
| Nayarit
| 0.6
| 1.3
| 0.4
| 0.8
|
| Nuevo León
| 8.0
| 1.1
| 9.9
| 7.2
|
| Oaxaca
| 1.8
| 2.2
| 1.9
| 1.7
|
| Puebla
| 3.4
| 3.7
| 3.6
| 3.3
|
| Querétaro
| 2.4
| 1.6
| 3.2
| 2.1
|
| Quintana Roo
| 1.6
| 0.4
| 1.1
| 1.9
|
| San Luis Potosí
| 2.3
| 2.9
| 3.4
| 1.7
|
| Sinaloa
| 2.1
| 5.9
| 1.2
| 2.4
|
| Sonora
| 3.3
| 6.3
| 4.7
| 2.4
|
| Tabasco
| 2.6
| 1.2
| 5.2
| 1.4
|
| Tamaulipas
| 3.0
| 2.1
| 3.7
| 2.7
|
| Tlaxcala
| 0.6
| 0.5
| 0.6
| 0.6
|
| Veracruz de Ignacio de la Llave
| 4.3
| 7.7
| 3.8
| 4.4
|
| Yucatán
| 1.6
| 1.4
| 1.2
| 1.8
|
| Zacatecas
| 0.9
| 2.0
| 1.0
| 0.8
|
| Nacional
| 100.0
| 3.3
| 31.9
| 59.3
|
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2025c). Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE). Año base 2018.
Nota: La participación estatal en el PIB revela una fuerte concentración económica en pocas entidades. La Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León aportan más del 40 % del PIB nacional, con predominio del sector terciario. En contraste, entidades con alta participación en actividades primarias (como Jalisco, Michoacán y Veracruz) enfrentan menor peso económico relativo. Esta desigual distribución refuerza desequilibrios territoriales estructurales y exige estrategias diferenciadas para detonar vocaciones productivas, diversificar economías locales y reducir brechas regionales, en línea con un modelo de desarrollo territorial justo, sostenible y multiescalar.
Cuadro 22. Población de 15 años y más por condición de actividad económica, ocupación y disponibilidad para trabajar, según sexo. Valores absolutos (enero de 2024 y 2025)
| Condición de actividad económica, ocupación, disponibilidad para trabajar
| Enero
| Diferencia 2025-2024
|
| 2024
| 2025
|
| Absolutos
|
| Total
| 101,453,877
| 102,914,250
| 1,460,373
|
| Población económicamente activa (PEA)
| 60,641,936
| 61,094,026
| 452,090
|
| Ocupada
| 58,911,807
| 59,444,517
| 532,710
|
| Desocupada
| 1,730,129
| 1,649,509
| -80,620
|
| Población no económicamente activa (PNEA)
| 40,811,941
| 41,820,224
| 1,008,283
|
| Disponible
| 5,099,205
| 5,582,892
| 483,687
|
| No disponible
| 35,712,736
| 36,237,332
| 524,596
|
| Mujeres
| 53,778,934
| 54,638,943
| 860,009
|
| Población económicamente activa (PEA)
| 24,464,289
| 24,882,494
| 418,205
|
| Ocupada
| 23,750,285
| 24,153,075
| 402,790
|
| Desocupada
| 714,004
| 729,419
| 15,415
|
| Población no económicamente activa (PNEA)
| 29,314,645
| 29,756,449
| 441,804
|
| Disponible
| 3,349,858
| 3,563,211
| 213,353
|
| No disponible
| 25,964,787
| 26,193,238
| 228,451
|
| Hombres
| 47,674,943
| 48,275,307
| 600,364
|
| Población económicamente activa (PEA)
| 36,177,647
| 36,211,532
| 33,885
|
| Ocupada
| 35,161,522
| 35,291,442
| 129,920
|
| Desocupada
| 1,016,125
| 920,090
| -96,035
|
| Población no económicamente activa (PNEA)
| 11,497,296
| 12,063,775
| 566,479
|
| Disponible
| 1,749,347
| 2,019,681
| 270,334
|
| No disponible
| 9,747,949
| 10,044,094
| 296,145
|
Fuente: INEGI. (2025). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Nota: Entre enero de 2024 y 2025, la PEA creció en 452 mil personas, con mayor incorporación femenina (418 mil) que masculina (34 mil). Sin embargo, más de 29.7 millones de mujeres siguen fuera del mercado laboral, de las cuales el 86% no está disponible para trabajar. Esta brecha evidencia desigualdades estructurales de género que limitan el derecho al trabajo y la autonomía económica. Estos datos refuerzan la urgencia de integrar el enfoque de cuidados, inclusión laboral y redistribución territorial del trabajo como ejes de justicia social y espacial. Nota: En 2025, la tasa de participación económica se mantuvo en 45.5% para las mujeres y descendió a 75% en hombres. A pesar de avances marginales en disponibilidad para trabajar (de 11.4% a 12% en mujeres y de 15.2% a 16.7% en hombres), la PNEA femenina sigue siendo mayoritaria (54.5%), con 88% de las mujeres no disponibles para integrarse al mercado laboral. Estos datos revelan persistentes barreras estructurales de género asociadas a roles de cuidado, reforzando la necesidad de políticas territoriales que promuevan inclusión productiva y redistribución del trabajo no remunerado.
Cuadro 23. Evolución de la dispersión salarial por región (2014-2023)
| Año
| Norte
| Centro norte
| Centro
| Sur
|
| 2014
| 0.60
| 0.60
| 0.74
| 0.69
|
| 2015
| 0.60
| 0.61
| 0.75
| 0.69
|
| 2016
| 0.59
| 0.61
| 0.75
| 0.66
|
| 2017
| 0.59
| 0.60
| 0.73
| 0.64
|
| 2018
| 0.59
| 0.59
| 0.73
| 0.62
|
| 2019
| 0.57
| 0.57
| 0.69
| 0.59
|
| 2020
| 0.53
| 0.53
| 0.64
| 0.53
|
| 2021
| 0.49
| 0.50
| 0.60
| 0.49
|
| 2022
| 0.46
| 0.45
| 0.54
| 0.43
|
| 2023
| 0.41
| 0.40
| 0.50
| 0.39
|
Fuente: Elaboración del Banco de México con microdatos del IMSS, 2023.
Nota: Entre 2014 y 2023, la dispersión salarial se redujo en todas las regiones, pero persisten desigualdades estructurales. El sur mantiene los niveles más altos de disparidad, pasando de 0.69 a 0.39, lo que refleja tanto avances en inclusión laboral como límites en la convergencia regional. Estas asimetrías evidencian la necesidad de políticas territoriales redistributivas que promuevan empleo digno, equidad salarial y dinamización económica en regiones históricamente rezagadas, especialmente en el sur-sureste.
Cuadro 24. Evolución del índice de Gini por región (2018-2022)
| Región
| 2018
| 2020
| 2022
|
| Norte
| 0.431
| 0.437
| 0.431
|
| Centro norte
| 0.432
| 0.413
| 0.403
|
| Centro
| 0.451
| 0.445
| 0.421
|
| Sur
| 0.475
| 0.458
| 0.449
|
| Nacional
| 0.457
| 0.450
| 0.431
|
Fuente: Elaboración por Banxico a partir de CONEVAL utilizando ENIGH publicada por INEGI.
Nota: Aunque el índice de Gini nacional disminuyó de 0.457 en 2018 a 0.431 en 2022, persisten desigualdades regionales significativas. El sur continúa siendo la región con mayor desigualdad (0.449), frente a niveles más bajos en el norte y centro-norte. Esta persistencia de brechas distributivas refuerza la urgencia de políticas de desarrollo territorial redistributivo que articulen inclusión social, justicia económica y acceso equitativo a oportunidades. Se debe considerar estos patrones como insumos clave para focalizar intervenciones que promuevan cohesión regional y bienestar estructural.
Cuadro 25. Extensión y equipamiento de la Red Nacional de Infraestructura de Transporte (2024)
| Categoría
| Carretera
| Aérea
| Ferroviaria
|
| Red principal
| 51,311 km -
Carreteras federales
| 14 aeropuertos nacionales
| 20,825 km -
Troncales y ramales
|
| 104,040 km -
Carreteras estatales
| 66 aeropuertos internacionales
| |
| Red secundaria
y complementaria
| 179,536 km -
Carreteras pavimentadas
| 1,524 aeródromos
| 4,533 km -
Vías secundarias
|
| 11,094 km -
Autopistas de cuota
| 589 helipuertos
| 1,555 km -
Vías particulares
|
| 24,185 km -
Municipales y particulares
| | |
| 527,744 km -
Caminos no pavimentados
| | |
| Equipamiento
| 1,356 plazas de cobro
| | |
Fuente: Elaboración propia con información de SICT, 2024
Nota: La Red Nacional de Infraestructura de Transporte refleja una estructura territorial fuertemente carreterizada, con más de 527 mil kilómetros de caminos no pavimentados y una cobertura aérea y ferroviaria aún limitada en muchas regiones. La red secundaria y complementaria, que incluye más de 24 mil kilómetros de caminos municipales y 589 helipuertos, resulta estratégica para la conectividad de territorios rurales y de difícil acceso.
Cuadro 26. Principales causas de pérdida de ecosistemas forestales (2001-2023)
| Principales causas de la pérdida de ecosistemas forestales
| Porcentaje
| Pérdidas por año (Ha)
|
| Tierras forestales a pastizales
| 73.3
| 152,109
|
| Tierras forestales a tierras agrícolas
| 21.9
| 45,542
|
| Tierras forestales a otros usos
| 2.5
| 5,178
|
| Tierras forestales a asentamientos humanos
| 2.3
| 4,711
|
| Tierras forestales a humedales
| 0.1
| 125
|
| | 100.00
| 207,665
|
Fuente: Deforestación nacional bruta, CONAFOR, 2025.
Nota: Entre 2001 y 2023, la conversión de tierras forestales a pastizales (73.25 %) y a uso agrícola (21.93 %) concentró más del 95 % de la pérdida anual de ecosistemas forestales, con un promedio conjunto superior a 197 mil hectáreas por año. Esta dinámica revela un patrón de degradación ambiental asociado al uso extensivo y no planificado del suelo, con implicaciones críticas para la resiliencia climática, la biodiversidad y los ciclos hidrológicos. El ordenamiento territorial debe asumir un rol estratégico en la contención del cambio de uso de suelo, priorizando zonas de conservación y restauración en los instrumentos territoriales multiescalares.
Cuadro 27. Estado de los acuíferos por Región Hidrológico-Administrativa (2021-2022)
| Núm.
| Región Hidrológico-
Administrativa (RHA)
| Número de acuíferos
|
| Acuíferos
totales
| Sobreexplotados
| Con intrusión
marina
| Con
salinización
| Con
disponibilidad
| Recarga
media anual
(hm³)
|
| I
| Península de Baja California
| 88
| 17
| 11
| 5
| 51
| 1 648
|
| II
| Noroeste
| 62
| 9
| 5
| | 43
| 3 207
|
| III
| Pacífico Norte
| 24
| 5
| | | 9
| 3 061
|
| IV
| Balsas
| 45
| 1
| | | 38
| 4 871
|
| V
| Pacífico Sur
| 36
| 0
| | | 32
| 1 936
|
| VI
| Río Bravo
| 102
| 19
| | 8
| 35
| 6 370
|
| VII
| Cuencas Centrales del Norte
| 65
| 23
| | 18
| 31
| 2 462
|
| VIII
| Lerma-Santiago - Pacífico
| 128
| 31
| | | 59
| 9 831
|
| IX
| Golfo Norte
| 40
| 2
| | | 27
| 4 099
|
| X
| Golfo Centro
| 22
| 0
| | | 17
| 4 599
|
| XI
| Frontera Sur
| 23
| 0
| | | 23
| 22 718
|
| XII
| Península de Yucatán
| 4
| 0
| 2
| 1
| 4
| 25 316
|
| XIII
| Aguas del Valle de México
| 14
| 4
| | | 9
| 2 289
|
| | Total
| 653
| 111
| 18
| 32
| 378
| 92 404
|
Fuente: Estadísticas del Agua en México, CONAGUA 2023.
Nota: De los 653 acuíferos del país, al menos 111 se encuentran sobreexplotados, con especial concentración en las regiones Lerma-Santiago-Pacífico, Río Bravo y Cuencas Centrales del Norte. Además, 18 presentan intrusión marina y 32 salinización, reflejando procesos críticos de degradación del recurso hídrico subterráneo. Esta presión hídrica se agrava en zonas urbanas y agrícolas densamente pobladas, comprometiendo la sostenibilidad territorial. El ordenamiento territorial debe incorporar criterios de disponibilidad hídrica y vulnerabilidad hidrogeológica en la planificación del uso de suelo, la expansión urbana y los modelos de ocupación en regiones en estrés hídrico.
Cuadro 28. Alineación del PNOTDU 2026-2030 con compromisos internacionales en materia territorial y de derechos (2025)
| Compromiso
internacional
| Eje 1
Ordenamiento
Territorial
| Eje 2
Desarrollo
Territorial
| Eje 3
Desarrollo Regional
Productivo
| Eje 4
Sustentabilidad y
Resiliencia
|
| Agenda 2030 (ODS)
| Promueve ciudades
sostenibles (ODS 11)
mediante planeación
multiescalar.
| Aporta a ODS 1, 6 y 11 con
acceso equitativo a servicios.
| Contribuye a ODS 8 y 9 al
fortalecer el desarrollo
territorial productivo.
| Apoya ODS 6, 13 y 15 con
resiliencia, gestión ambiental
y restauración.
|
| Nueva Agenda Urbana
(NAU)
| Impulsa sistemas urbanos
compactos, integrados y
sostenibles.
| Fortalece asentamientos
inclusivos, seguros y con
servicios adecuados.
| Ordena suelo para
economías sostenibles y
funcionales.
| Aplica enfoque urbano-
ecológico y resiliente ante
riesgos.
|
| Acuerdo de París
| Incorpora ordenamiento con
mitigación territorial de
emisiones.
| Mejora eficiencia energética,
movilidad sostenible y
servicios resilientes.
| Desarrolla infraestructura
baja en carbono y articulada
al territorio.
| Aplica criterios de adaptación
climática y restauración
ecológica.
|
| Convención de las
Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación
(CNULD)
| Gestiona uso de suelo para
prevenir degradación y
desertificación.
| Detona inversión en
infraestructura en zonas con
vulnerabilidad ecosistémica.
| Ordena la expansión
territorial con uso sostenible
del suelo.
| Conserva ecosistemas y
recupera territorios
degradados.
|
| Marco de Sendai
| Integra riesgo en
ordenamiento territorial y en
uso de suelo.
| Asegura infraestructura
resiliente y localización
adecuada de asentamientos.
| Gestiona riesgos en
proyectos estratégicos y
logísticos.
| Aplica enfoque integral de
prevención, adaptación y
restauración.
|
| Acuerdo de Escazú
| Fortalece participación y
transparencia en
instrumentos de planeación.
| Garantiza acceso público a
información sobre servicios y
proyectos urbanos.
| Exige participación
comunitaria en decisiones
territoriales productivas.
| Garantiza el derecho a
información ambiental y
participación en riesgos.
|
| Declaración de las
Naciones Unidas sobre los
Derechos de los
Campesinos y de Otras
Personas que Trabajan en
Zonas Rurales (UNDROP)
| Reconoce el acceso
equitativo al suelo como
derecho fundamental.
| Mejora hábitat rural y acceso
a servicios para población
campesina.
| Impulsa inclusión productiva
de comunidades rurales.
| Apoya la resiliencia rural
frente al cambio climático y a
desastres.
|
| Belém do Pará
| Incorpora enfoque de género
en la planificación territorial.
| Atiende brechas de género
en acceso a servicios y
equipamientos.
| Impulsa participación
económica de mujeres en
regiones rezagadas.
| Protege a mujeres en
contextos de riesgo y
vulnerabilidad climática.
|
| Convenio 169 OIT
| Establece obligación de
consulta libre, previa e
informada.
| Asegura acceso diferenciado
a servicios en pueblos
originarios.
| Respeta territorios indígenas
en procesos de desarrollo
productivo.
| Integra derechos territoriales
indígenas en estrategias de
adaptación.
|
| Consenso de Montevideo
| Aplica principios de justicia
territorial, sostenibilidad y
derechos colectivos.
| Prioriza derechos sociales en
el acceso a infraestructura y
hábitat.
| Disminuye desigualdad
regional con políticas
inclusivas.
| Articula justicia ambiental,
participación y resiliencia
comunitaria.
|
Cuadro 29. Vinculación territorial del PNOTDU 2026-2030 con programas prioritarios del Segundo Piso de la Cuarta Transformación (2025)
| Compromiso
internacional
| Eje 1
Ordenamiento
Territorial
| Eje 2
Desarrollo
Territorial
| Eje 3
Desarrollo Regional
Productivo
| Eje 4
Sustentabilidad y
Resiliencia
|
| Vivienda para el Bienestar
Construcción y mejora de
viviendas adecuadas para
poblaciones vulnerables.
| Suelo bien ubicado y
planificado multiescalar para
vivienda social con control
público sobre el uso del suelo
urbano.
| Infraestructura básica y
servicios dignos en zonas con
rezago urbano, garantizando
accesibilidad y equidad
territorial.
| Conectividad con empleo y
servicios urbanos mediante
redensificación justa y
sistemas integrados de
transporte público.
| Vivienda en zonas seguras,
resilientes al clima y fuera de
riesgos, mediante
instrumentos de prevención y
adaptación urbana.
|
| Plan Integral para la Zona
Oriente del Estado de
México
Desarrollo urbano y social en
municipios del oriente del
Estado de México.
| Coordinación metropolitana y
gestión del suelo para revertir
fragmentación urbana e
impulsar regeneración
territorial.
| Servicios, vivienda y movilidad
en zonas con rezago
mediante inversión
redistributiva y control de la
expansión irregular.
| Reactivación económica local
e infraestructura para empleo
digno con articulación urbana
y acceso equitativo a
servicios.
| Restauración ambiental y
adaptación climática en zonas
degradadas con proyectos
verdes y ordenamiento
ecológico regional.
|
| Programa Nacional
Ferroviario
Expansión de la red
ferroviaria para conectar
regiones y promover el
desarrollo.
| Planeación interregional con
enfoque territorial para
conectar regiones y ordenar el
crecimiento en torno a
estaciones.
| Integración modal y
conectividad urbana entre
estaciones, redes de
transporte público y servicios
básicos del entorno.
| Estaciones como polos de
desarrollo económico,
articuladas a cadenas
logísticas y zonas de vocación
productiva regional.
| Protección ambiental en
trazos y nodos logísticos para
evitar fragmentación
ecológica y mitigar impactos
socioambientales.
|
| Senderos de Paz
Recuperación de espacios
públicos para fortalecer la
seguridad y convivencia.
| Gestión del suelo con enfoque
de seguridad territorial,
priorizando zonas afectadas
por violencia estructural.
| Inversión pública en servicios
urbanos para cohesión social,
con control comunitario y
corresponsabilidad
institucional.
| Reactivación económica en
zonas violentas mediante
esquemas solidarios y
fomento a la economía local y
circular.
| Restauración ambiental y
reducción de riesgos
mediante manejo participativo
de ecosistemas y prevención
de desastres.
|
| Acapulco Se Transforma
Contigo
Reconstrucción y
modernización de Acapulco
tras desastres naturales.
| Planeación post-desastre con
criterios de riesgo y justicia
espacial para evitar
reconstrucción en zonas
vulnerables.
| Rehabilitación urbana y
servicios afectados con
infraestructura resiliente,
equitativa y adaptada a
condiciones locales.
| Reactivación productiva en
zonas afectadas mediante
fortalecimiento de
capacidades locales y
economía circular solidaria.
| Reubicación resiliente y
restauración ecológica en
zonas degradadas, con
participación comunitaria y
enfoque de derechos.
|
| México Te Abraza
Apoyo integral a migrantes
repatriados para su
reintegración social y laboral.
| Identificación de suelo legal,
bien ubicado y disponible para
asentamientos con acceso a
servicios e integración social.
| Equipamiento y servicios para
asentamientos dignos que
respeten cultura, identidad y
condiciones de población
retornada.
| Inserción laboral y movilidad
segura mediante vinculación a
mercados regionales y
programas de empleo con
enfoque de derechos.
| Asentamientos seguros frente
a riesgos climáticos mediante
regulación de suelo,
infraestructura y gestión
integral del riesgo.
|
| Polos de Desarrollo
Económico para el
Bienestar
Zonas estratégicas con
incentivos para impulsar el
desarrollo económico
regional.
| Asignación estratégica de
suelo para inversión
productiva bajo criterios de
equidad, accesibilidad y
control territorial.
| Equipamientos urbanos en
zonas con potencial,
orientados al acceso
equitativo a servicios, empleo
y movilidad adecuada.
| Infraestructura logística y
cadenas de valor
territorializadas con
articulación entre regiones y
actores económicos locales.
| Mitigación de impactos y uso
sostenible del suelo en
contextos de presión urbana
o industrial con regulación
ambiental clara.
|
| Programa Regional
"General Lázaro Cárdenas"
Plan integral para mejorar
condiciones en regiones con
alta marginación.
| Planeación interestatal
articulada con visión regional
para ordenar corredores y
zonas estratégicas del sureste
del país.
| Infraestructura asociada a
ejes logísticos con criterios de
equidad territorial, acceso
universal y eficiencia
funcional.
| Corredores productivos con
integración de actores locales,
vocación territorial y
sostenibilidad en cadenas
regionales.
| Sostenibilidad hídrica y
conservación ecológica con
regulación ambiental efectiva
y participación de
comunidades locales.
|
| Caravana para las mujeres
en la propiedad social
Apoyo a mujeres en núcleos
agrarios para acceder a
derechos y servicios.
| Planeación territorial que
reconozca la propiedad social
de las mujeres y garantice
acceso equitativo al uso del
suelo.
| Equipamiento territorial con
perspectiva de género e
inversión diferenciada en
servicios básicos y cuidado
comunitario.
| Inclusión productiva con
acceso a tierra, agua, crédito
y equipamiento para reducir
brechas de género en zonas
rurales.
| Equidad hídrica y acceso a
bienes comunes regulados,
evitando acaparamiento y con
enfoque interseccional
sostenible.
|
| Cosechando Soberanía
Iniciativa para fortalecer la
soberanía alimentaria y el
desarrollo rural.
| Planeación para hábitat digno
en zonas agrícolas,
considerando movilidad,
temporalidad y condiciones de
trabajo.
| Infraestructura básica en
campos y albergues con
servicios adecuados,
protección social y enfoque de
derechos laborales.
| Equipamiento en regiones con
movilidad laboral mediante
inversión pública
corresponsable y esquemas
intermunicipales.
| Entornos saludables y
resilientes ante el clima
mediante regulación
ambiental, acceso al agua y
control agroindustrial.
|
Cuadro 30. Alineación del PNOTDU a los Anexos Transversales del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
| Anexo Transversal
| Líneas de acción
|
| Eje 1
| Eje 2
| Eje 3
| Eje 4
|
| 10
| Recursos para el Desarrollo
Integral de los Pueblos y
Comunidades Indígenas
| 1.1.5., 1.2.5., 1.6.1., 1.6.2.,
1.6.4., y 1.6.5.
| 2.1.1., 2.1.2., 2.1.5.,
2.2.4., 2.2.5., 2.3.10.,
2.4.3., 2.5.3., 2.5.4., y
2.5.6.
| 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4.,
3.2.1., 3.2.4., 3.2.6.,
3.5.1., 3.5.2., 3.5.3., y
3.5.5.
| 4.5.1., 4.5.2., 4.5.3.,
4.5.5., 4.7.2., 4.7.3.,
4.7.4., 4.7.5., y 4.7.6.
|
| 11
| Recursos para el Programa
Especial Concurrente para el
Desarrollo Rural Sustentable
| 1.2.1., 1.3.8., 1.4.1., 1.4.2.,
1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6.,
1.4.7., 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3.,
1.5.4., 1.5.5., 1.5.6., 1.5.7.,
1.5.8., 1.5.9., 1.6.1., 1.6.2.,
1.6.3., 1.6.4., 1.6.5., 1.6.6.,
1.6.7., 1.6.8., 1.6.9., 1.6.10.,
1.7.1., 1.7.2., 1.7.3., 1.7.4.,
1.7.5., 1.7.6., y 1.7.7.
| 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.,
2.1.4., 2.1.5., 2.1.6.,
2.2.1., 2.2.2., 2.2.3.,
2.2.4., 2.2.5., 2.2.6.,
2.3.3., 2.4.3., 2.5.1.,
2.5.2., 2.5.3., 2.5.4.,
2.5.5., y 2.5.6.
| 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3.,
3.2.4., 3.2.5., 3.2.6.,
3.3.3., 3.3.4., 3.4.1.,
3.4.2., 3.4.3., 3.4.4.,
3.4.5., 3.4.6., 3.4.7.,
3.4.8., 3.5.1., 3.5.2.,
3.5.3., 3.5.4., 3.5.5., y
3.5.6.
| 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3.,
4.1.4., 4.1.5., 4.2.1.,
4.2.2., 4.2.3., 4.2.4.,
4.2.5., 4.2.6., 4.2.7.,
4.2.8., 4.3.1., 4.3.2.,
4.3.3., 4.3.4., 4.4.1.,
4.4.2., 4.4.3., 4.4.4.,
4.4.5., 4.4.6., 4.4.7.,
4.4.8., 4.4.9., 4.5.1.,
4.5.2., 4.5.3., 4.5.4.,
4.5.5., 4.6.1., 4.6.2.,
4.6.3., 4.6.4., 4.6.5.,
4.7.1., 4.7.2., 4.7.3., y
4.7.4.
|
| 12
| Recursos para el Programa
de Ciencia y Tecnología e
Innovación
| 1.1.8., 1.2.7., 1.4.1., 1.4.2.,
1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6.,
1.4.7., 1.7.1., y 1.7.3.
| 2.1.5., 2.3.3., 2.4.1., y
2.4.2.
| 3.3.5., 3.3.6., y 3.3.7.
| 4.1.2., 4.5.4., 4.6.5.,
4.7.1., 4.7.2., y 4.7.3.
|
| 13
| Recursos para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres
| 1.1.3., 1.1.5., 1.1.7., 1.3.3.,
1.3.6., 1.3.7., 1.3.8., 1.3.9.,
1.6.9., y 1.7.2.
| 2.2.1., 2.2.3., 2.3.10.,
2.4.6., y 2.5.5.
| 3.5.4.
| 4.3.4., 4.4.3., y 4.5.2.
|
| 14
| Recursos para la Atención de
Grupos Vulnerables
| 1.1.6., 1.1.7., 1.2.7., 1.3.3.,
1.5.4., 1.5.5., 1.5.6., 1.5.7.,
1.5.8., 1.5.9., 1.6.6., 1.6.7.,
1.6.8., 1.6.9., 1.6.10., y 1.7.2.
| 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.,
2.1.4., 2.1.5., 2.1.6.,
2.2.1., 2.2.2., 2.2.3.,
2.2.4., 2.2.5., 2.2.6.,
2.3.10., 2.4.3., 2.5.1.,
2.5.2., 2.5.3., 2.5.4.,
2.5.5., y 2.5.6.
| 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3.,
3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., y
3.5.6.
| 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3.,
4.2.4., 4.2.5., 4.2.6.,
4.2.7., 4.2.8., 4.3.1.,
4.3.2., 4.3.3., 4.3.4.,
4.6.1., 4.6.2., 4.6.3.,
4.6.4., y 4.6.5.
|
| 15
| Recursos para la Estrategia
de Transición para Promover
el Uso de Tecnologías y
Combustibles más Limpios
| 1.1.4., 1.2.1., 1.2.3., y 1.7.3.
| 2.3.4., 2.4.1., y 2.4.6.
| 3.3.5., y 3.3.6.
| 4.1.3., 4.1.4., 4.7.1.,
4.7.2., 4.7.3., 4.7.5., y
4.7.6.
|
| 16
| Recursos para la Adaptación
y Mitigación de los Efectos
del Cambio Climático
| 1.1.1., 1.1.3., 1.1.8., 1.2.1.,
1.2.3., y 1.2.4.
| 2.1.3.
| 3.3.6.
| 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3.,
4.1.4., 4.1.5., 4.2.1.,
4.2.2., 4.2.3., 4.2.4.,
4.2.5., 4.2.6., 4.2.7.,
4.2.8., 4.4.1., 4.4.2.,
4.4.3., 4.4.4., 4.4.5.,
4.4.6., 4.4.7., 4.4.8.,
4.4.9., 4.6.2., 4.6.5.,
4.7.1., 4.7.2., 4.7.3., y
4.7.4.
|
| 17
| Recursos para las
Erogaciones para el
Desarrollo de los Jóvenes
| 1.3.10., y 1.6.10.
| 2.1.1., 2.2.1., 2.2.3.,
2.3.3., 2.3.10., 2.4.3., y
2.4.4.
| 3.4.6., 3.5.4.
| 4.4.3., y 4.5.2.
|
| 18
| Recursos para la Atención de
Niñas., Niños y Adolescentes
| 1.3.7., 1.5.4., 1.5.5., 1.5.6.,
1.5.7., 1.5.8., y 1.5.9.
| 2.1.1., 2.2.1., 2.2.3.,
2.2.6., 2.3.10., y 2.4.3.
| 3.5.6.
| 4.2.3., 4.2.7., y 4.6.1.
|
| 19
| Recursos para las Acciones
para la Prevención del Delito,
Combate a las Adicciones,
Rescate de Espacios
Públicos y Promoción de
Proyectos Productivos
| 1.1.3., y 1.1.7.
| 2.2.1., 2.3.10., y 2.4.6.
| 3.3.7.
| 4.1.4
|
| 30
| Recursos para la prevención,
detección, investigación y
sanción de hechos de
corrupción
| 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4.,
1.1.8., 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3.,
1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7.,
1.6.1., 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., y
1.7.3.
| 2.1.5.
| 3.3.8.
| 4.5.4.
|
| 31
| Recursos para el Sistema de
Cuidados
| 1.1.3., y 1.1.7.
| 2.1.1., 2.2.1., 2.2.3.,
2.2.6., 2.3.10., 2.4.6.,
2.5.3., y 2.5.5.
| | |
Gráficos
Gráfico 01. Distribución porcentual de población urbana y rural, e índice de marginación por entidad federativa (2020)
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI) y el Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio 2020 (CONAPO). Disponible en: https://t2m.io/775d8N1t
Nota: Se considera población urbana aquella residente en localidades de más de 2,500 habitantes, conforme a la clasificación del INEGI. La distribución porcentual de población urbana y rural evidencia una marcada desigualdad territorial: mientras entidades como Ciudad de México, Nuevo León y Coahuila superan 90 % de urbanización, estados como Chiapas y Oaxaca presentan mayoría rural, con altos niveles de marginación estructural.
Gráfico 02. Evolución del índice de Gini como medida de desigualdad del ingreso (2018-2022)
Fuente: Elaboración del Banco de México a partir de bases de datos del CONEVAL y la ENIGH (INEGI).
Nota: El índice de Gini cuantifica la desigualdad del ingreso en una población; su valor oscila entre 0 (igualdad perfecta) y 1 (desigualdad máxima). Entre 2018 y 2022, la desigualdad del ingreso medida por el índice de Gini se redujo de forma generalizada en todas las regiones, destacando el Sur con la mayor mejora (de 43.2 a 40.3). Esta tendencia, aunque positiva, sigue reflejando brechas estructurales territoriales que se deben reducir mediante estrategias redistributivas de infraestructura, servicios, vivienda y desarrollo regional con enfoque de justicia territorial.
Gráfico 03. Evolución de la dispersión salarial en México por región (2014-2023)
Fuente: Elaboración del Banco de México con microdatos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2023.
Nota: La dispersión salarial regional muestra una tendencia sostenida a la baja entre 2014 y 2023, con la región Centro Sur pasando de 0.74 a 0.50 y el Sur de 0.60 a 0.41. Esta convergencia relativa refleja avances en equidad, pero persisten rezagos estructurales. Se deberá abordar estas brechas mediante estrategias diferenciadas de desarrollo territorial, fortaleciendo la infraestructura productiva, los sistemas urbanos-regionales y la cohesión económica.
Gráfico 04. Porcentaje de la población en situación de pobreza por entidad federativa (2022)
Fuente: CONEVAL, 2022.
Nota: En 2022, persisten desigualdades territoriales significativas: Chiapas, Guerrero y Oaxaca presentan más de 60% de su población en pobreza, mientras entidades como Baja California Sur, Nuevo León y CDMX muestran menos de 20%. Esta heterogeneidad evidencia la urgencia de aplicar políticas diferenciadas de desarrollo territorial, para garantizar justicia territorial, equidad social e inversión pública focalizada.
Gráfico 05. Porcentaje de municipios por entidad federativa con registros de asentamientos humanos irregulares (2023)
Fuente: Elaboración propia con información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (2023), INEGI, 2024.
Nota: En 2023, Oaxaca, Chiapas y Veracruz concentran los mayores porcentajes de municipios con asentamientos humanos irregulares, superando 60%. La alta incidencia en estados del sur-sureste revela patrones estructurales de informalidad territorial, exclusión y ausencia de planeación con enfoque de derechos. Se deberán proponer mecanismos integrales para revertir esta tendencia, como la regularización con justicia territorial, planeación participativa y provisión de infraestructura básica en zonas con marginación.
Gráfico 06. Porcentaje de viviendas con rezago habitacional por entidad federativa (2022)
Fuente: CONAVI, con información de la ENIGH 2022.
Nota: En 2022, Chiapas (69.9 %) y Oaxaca (64.9 %) presentan los niveles más altos de rezago habitacional, revelando brechas persistentes en las condiciones de habitabilidad, materiales, servicios básicos y hacinamiento. Estas desigualdades regionales refuerzan la necesidad de políticas territoriales diferenciadas. Se propone impulsar estrategias de vivienda adecuada con enfoque de derechos, sostenibilidad y pertinencia cultural, priorizando la inversión pública en regiones históricamente excluidas, y articulando los programas de vivienda con los sistemas de ordenamiento y planeación territorial.
Gráfico 07. Distribución del número de viviendas con y sin rezago habitacional por entidad federativa (2022)
Fuente: CONAVI, con información de la ENIGH 2022.
Nota: La gráfica muestra la magnitud del rezago habitacional en valores absolutos, evidenciando que entidades con grandes volúmenes de población como el Estado de México, Veracruz y Chiapas concentran el mayor número de viviendas con rezago. Esta distribución desigual revela no solo carencias estructurales, sino la necesidad urgente de intervenir con criterios de justicia territorial. Se deberá orientar la política de vivienda hacia una cobertura equitativa, priorizando territorios con alta demanda habitacional, déficits históricos y condiciones socioambientales de vulnerabilidad.
Gráfico 08. Número de viviendas sin conexión a drenaje (2022)
Fuente: CONAVI, con información de la ENIGH 2022.
Nota: La distribución territorial del rezago en conexión a drenaje refleja brechas estructurales persistentes en entidades como Chiapas, Oaxaca y Veracruz, donde más de 100 mil viviendas carecen de este servicio básico. Esta carencia impacta la salud, el ambiente y la dignidad de vida, y se relaciona con patrones históricos de marginación, dispersión poblacional y ausencia de planeación territorial. Se deberá priorizar el cierre de estas brechas mediante infraestructura básica con enfoque de justicia territorial y sostenibilidad hídrica, articulando la inversión pública con criterios de equidad espacial y bienestar colectivo.
Gráfico 09. Número de viviendas sin electricidad (2022)
Fuente: CONAVI, con información de la ENIGH 2022.
Nota: En 2022, más de 13 mil viviendas en Chiapas y casi 13 mil en Oaxaca carecían de acceso a electricidad, revelando un patrón de exclusión territorial fuertemente concentrado en el sur del país. Estas carencias limitan el ejercicio de derechos fundamentales, impiden el acceso equitativo a tecnologías y servicios básicos, y agravan la pobreza energética. Se impulsarán estrategias de electrificación con pertinencia territorial, priorizando a comunidades rurales, indígenas y dispersas mediante soluciones descentralizadas, sostenibles y articuladas con el bienestar socioambiental.
Gráfico 10. Porcentaje de disponibilidad de agua dentro de la vivienda o del terreno (2022)
Fuente: CONAVI, con información de la ENIGH 2022.
Nota: Aunque el promedio nacional de disponibilidad de agua en la vivienda o el terreno alcanza el 93 %, persisten rezagos críticos en entidades como Chiapas (72 %), Guerrero (75 %) y Oaxaca (75 %). Esta desigualdad territorial en el acceso al agua refleja brechas estructurales en infraestructura básica y gobernanza hídrica, especialmente en zonas rurales, indígenas y marginadas. Se deberá impulsar la equidad hídrica mediante inversiones diferenciadas, gestión comunitaria del recurso, y planificación territorial orientada al derecho humano al agua y la sostenibilidad de los ecosistemas.
Gráfico 11. Porcentaje viviendas propias o que se están pagando, que no cuentan con escrituras (2022)
Fuente: CONAVI, con información de la ENIGH 2022.
Nota: En 2022, más de una cuarta parte de las viviendas propias o en proceso de pago carecían de escrituras en 19 entidades, destacando Chiapas (36 %), Oaxaca (33 %) y Guerrero (30 %) como los casos más críticos. Esta inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra afecta la inclusión financiera, la formalización del suelo y la garantía del derecho a la vivienda adecuada. Se promoverá una estrategia de regularización con enfoque territorial, de género e intercultural, articulada con el acceso a servicios, mecanismos de titulación masiva y fortalecimiento institucional del sector agrario y urbano.
Gráfico 12. Porcentaje de viviendas con acceso a agua potable y drenaje por entidad federativa (2020)
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Nota: Se incluye el valor correspondiente a "Estados Unidos Mexicanos", el cual representa el agregado nacional estimado conforme al diseño metodológico del INEGI (suma o ponderación según el indicador) y se incorpora como referencia para la comparación territorial. Aunque en la mayoría de las entidades federativas más de 90 % de las viviendas cuentan con acceso a drenaje, el acceso efectivo a agua potable muestra rezagos críticos en estados como Chiapas (40.6 %), Guerrero (49.4 %) y Oaxaca (52.4 %). Esta disparidad evidencia brechas territoriales persistentes en infraestructura básica y servicios esenciales, especialmente en regiones del sur-sureste. Se deberá plantear estrategias de desarrollo territorial equitativo que priorice inversiones en infraestructura hídrica y saneamiento en municipios con mayor rezago, en articulación con los derechos sociales, y la justicia territorial.
Gráfico 13. Porcentaje de viviendas con acceso a internet y dispositivos digitales (2020)
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI.
Nota: Se incluye el valor correspondiente a "Estados Unidos Mexicanos", el cual representa el agregado nacional estimado conforme al diseño metodológico del INEGI (suma o ponderación según el indicador) y se incorpora como referencia para la comparación territorial. El acceso a internet y a dispositivos digitales presenta una de las brechas más marcadas del rezago territorial en México: mientras que entidades como Ciudad de México y Nuevo León superan 60% de cobertura digital en hogares, estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero se ubican por debajo del 25%. Esta desigualdad territorial en la conectividad limita el acceso equitativo a derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo y la participación ciudadana. Se debe incorporar la dimensión de conectividad digital como infraestructura habilitante clave, priorizando inversiones estratégicas en municipios con bajo acceso a tecnologías de la información, en coherencia con el principio de justicia digital.
Gráfico 14. Conectividad de internet móvil por cada 100 habitantes (2023)
Fuente: SICyT, 2025
Nota: La conectividad móvil refleja disparidades regionales significativas: mientras entidades como Ciudad de México, Baja California Sur y Nuevo León presentan niveles por encima de 110 líneas por cada 100 habitantes, estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero registran niveles cercanos o inferiores a 85. Esta brecha digital impacta directamente la inclusión territorial, el acceso equitativo a servicios en línea y el derecho a la información. Se debe considerar la conectividad digital como parte esencial de la infraestructura habilitante para el desarrollo regional y la justicia territorial, priorizando intervenciones que articulen despliegue de infraestructura, asequibilidad y alfabetización digital en zonas rurales, periurbanas e indígenas.
Gráfico 15. Conectividad de internet fijo por cada 100 hogares (2023)
Fuente: SICyT, 2025
Nota: La conectividad fija a internet muestra fuertes disparidades territoriales: entidades como Ciudad de México, Nuevo León y Baja California Sur superan los 90 accesos, mientras que Oaxaca, Chiapas y Guerrero reportan menos de 30. Este patrón evidencia una brecha estructural entre regiones centro-norte y sur-sureste, así como entre zonas urbanas y rurales. La falta de infraestructura de conectividad fija limita el acceso a servicios de educación, salud, trabajo remoto y participación ciudadana. Se deberá integrar esta dimensión como un componente de la infraestructura habilitante territorial y la reducción de desigualdades territoriales), promoviendo inversiones regionalmente equilibradas y articuladas con redes intermodales, nodos digitales y justicia digital para el bienestar.
Gráfico 16. Distribución porcentual de núcleos agrarios por tamaño de superficie: comparación entre ejidos y comunidades (2024)
Fuente: RAN, 2024. Atlas de la propiedad social de la tierra en México.
Nota: La distribución de los núcleos agrarios por tamaño revela una alta concentración en las categorías menores a
2,500 hectáreas, donde se agrupan más de 50% de los ejidos y comunidades. Sin embargo, las comunidades tienden a concentrarse proporcionalmente más en superficies mayores a 10,000 hectáreas. Esta configuración tiene implicaciones clave para el ordenamiento y desarrollo territorial: los núcleos de menor tamaño enfrentan mayores limitaciones para el aprovechamiento productivo, la gestión ambiental y la dotación de infraestructura; en tanto que las grandes extensiones comunales, particularmente en regiones con presencia indígena, concentran funciones ambientales estratégicas (bosques, selvas, recarga hídrica). Se deberá proponer estrategias diferenciadas para atender estas condiciones, articulando seguridad jurídica, capacidades de gobernanza territorial y justicia agraria, así como restauración y protección de bienes comunes.
Gráfico 17. Distribución porcentual de personas sujetas agrarias por sexo y entidad federativa (2023)
Fuente: RAN, 2024
Nota: La participación de las mujeres como sujetas agrarias continúa siendo marcadamente desigual en todo el país. En ningún estado las mujeres superan 30 % del total de personas reconocidas como integrantes de núcleos agrarios. Esta disparidad refleja patrones estructurales de exclusión en el acceso a derechos sobre la tierra, con implicaciones para la titularidad, la toma de decisiones y el acceso a programas públicos. Las brechas son más amplias en entidades con alta densidad rural y presencia indígena.
Gráfico 18. Distribución de ejidos y comunidades por entidad federativa (2024)
Fuente: RAN, 2024
Nota: En 2024, México cuenta con 32,251 núcleos agrarios, de los cuales el 92.5% son ejidos y el 7.5% comunidades. Entidades como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Michoacán concentran la mayor cantidad, reflejando la centralidad de la propiedad social en el ordenamiento del territorio nacional. Esta configuración plantea desafíos estructurales para la gobernanza del suelo, el acceso equitativo a derechos agrarios y la planeación participativa. Estos datos sustentan la necesidad de fortalecer capacidades institucionales, garantizar la seguridad jurídica y articular los núcleos agrarios con estrategias de desarrollo territorial con justicia social y ambiental.
Gráfico 19. Número de Asentamientos Humanos Irregulares reportados por entidad federativa (2023)
Fuente: Elaboración propia con información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (2023), INEGI, 2024.
Nota: El número de Asentamientos Humanos Irregulares (AHI) reportados por entidad federativa presenta una alta concentración en 4 estados -Estado de México, Jalisco, Ciudad de México y Guanajuato- que en conjunto acumulan más de 50% del total nacional. No obstante, esta distribución debe leerse con cautela debido a la existencia de un subregistro estructural: en promedio, solo el 13.5 % de los municipios por entidad federativa reporta al INEGI, lo que distorsiona el panorama real de la informalidad urbana. Este vacío de información está asociado a limitaciones en capacidades técnicas, registros sistematizados y mecanismos institucionales homogéneos para la detección y monitoreo de asentamientos irregulares.
Gráfico 20. Superficie de Asentamientos Humanos Irregulares reportados por entidad federativa (2023)
Fuente: Elaboración propia con información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (2023), INEGI, 2024.
Nota: La superficie total reportada de Asentamientos Humanos Irregulares (AHI) por entidad federativa revela una fuerte concentración territorial: Zacatecas, Chihuahua, CDMX, Baja California, México, Aguascalientes y Guanajuato concentran más de 85% de los más de 130,000 hectáreas registradas a nivel nacional. Sin embargo, esta información no refleja con precisión la magnitud real del fenómeno debido a un subregistro sistémico: en promedio, solo el 13.5 % de los municipios de cada entidad federativa han reportado información sobre AHI. Esta omisión evidencia deficiencias estructurales en los sistemas estatales y municipales de información territorial, así como en la interoperabilidad catastral, el monitoreo de la ocupación del suelo y la regularización.
Gráfico 21. Población en Asentamientos Humanos Irregulares reportados por entidad federativa (2023)
Fuente: Elaboración propia con información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (2023), INEGI, 2024.
Nota: La población reportada en Asentamientos Humanos Irregulares (AHI) asciende a más de 1.9 millones de personas, concentradas sobre todo en México, Guanajuato, Baja California, Puebla y Tamaulipas, entidades que en conjunto agrupan casi 60 % del total nacional. Sin embargo, estos datos deben interpretarse con cautela, pues reflejan solo lo registrado en el 13.5 % de los municipios, según los informes estatales de 2023. El subregistro es estructural y encubre la magnitud real del fenómeno, particularmente en zonas rurales, periurbanas y fronterizas. Esta invisibilidad estadística afecta el diseño de políticas públicas, la planeación territorial y la garantía del derecho a una vivienda adecuada.
Gráfico 22. Lotes o terrenos en Asentamientos Humanos Irregulares reportados por entidad federativa (2023)
Fuente: Elaboración propia con información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (2023), INEGI, 2024.
Nota: En 2023 se reportaron más de 1.1 millones de lotes en Asentamientos Humanos Irregulares (AHI), con una fuerte concentración territorial: Estado de México y Ciudad de México concentran el 22.89% del total nacional. Esta concentración evidencia una expansión urbana informal persistente y la ineficacia de mecanismos de control del suelo y acceso regularizado a la vivienda. No obstante, este dato representa solo una fracción del fenómeno: proviene de un reporte parcial de las entidades federativas, con cobertura en apenas 13.5% de los municipios. Este subregistro estructural impide una planeación territorial eficaz, invisibiliza desigualdades y obstaculiza la garantía de derechos.
Gráfico 23. Variación de la temperatura media anual nacional y por entidad federativa (1985-2023)
Fuente: Elaboración propia con datos abiertos del Servicio Meteorológico Nacional (CONAGUA), 1985-2023.
Nota: En el periodo 1985-2023, la temperatura media anual en México muestra una tendencia ascendente sostenida, con un incremento acumulado de más de 1°C, y variaciones diferenciadas entre entidades federativas. Este comportamiento confirma un patrón inequívoco de cambio climático, con implicaciones directas en el ordenamiento territorial, los patrones de urbanización, la disponibilidad hídrica y el riesgo de desastres. El incremento térmico afecta de forma más intensa a regiones del norte y altiplano, lo cual exige estrategias diferenciadas de resiliencia territorial, infraestructura adaptativa y restauración de ecosistemas.
Gráfico 24. Daño económico anual esperado por inundaciones fluviales en 2080 según escenarios climáticos RCP en entidades federativas de México
Fuente: Elaborado de Estrada & Calderón-Bustamante, sin fecha. Disponible en: https://t2m.io/6theBdZd
Nota: La proyección de daños económicos anuales por inundaciones fluviales al año 2080 bajo distintos escenarios RCP (Representative Concentration Pathways) evidencia un riesgo creciente y diferenciado por entidad federativa. Mientras en escenarios de mitigación (RCP 2.6) se estima un daño económico acotado, en trayectorias de altas emisiones (RCP 8.5) el impacto económico se multiplica, superando los 50 mil millones de pesos anuales en entidades altamente expuestas como Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Sinaloa y México. Esta información refuerza la urgencia de integrar criterios prospectivos de riesgo climático y resiliencia hídrica en la planeación territorial. Se deberá responder mediante estrategias orientadas a la gestión del riesgo, el ordenamiento ecológico, la infraestructura verde-azul y la adaptación territorial al cambio climático. La integración del enfoque multiescalar de riesgo en los instrumentos de ordenamiento se vuelve estratégica para prevenir pérdidas, proteger medios de vida y reducir vulnerabilidades acumuladas.
Mapas
Mapa 01. Configuración metropolitana y jerarquía urbana en México: Tipología de metrópolis y clasificación de ciudades por tamaño de población (2020)
Fuente: Fuente: SEDATU & CONAPO, 2024
Nota: La configuración del SUN 2020 permite observar con claridad la distribución espacial de las 453 ciudades del país según su tamaño poblacional y el tipo de metrópoli al que pertenecen. Del total, 136 ciudades integran alguna de las 92 metrópolis reconocidas (48 zonas metropolitanas, 22 zonas conurbadas y 22 metrópolis municipales), lo que refleja una intensa concentración funcional del crecimiento urbano en determinados corredores regionales. Las ciudades fuera de metrópolis representan 70% de las localidades urbanas, lo que evidencia una importante dispersión y diversidad de dinámicas urbanas en escalas intermedias y menores. Esta jerarquía y tipología territorial resulta clave para el diseño diferenciado de políticas públicas de suelo, infraestructura, vivienda y movilidad, con especial atención a los rezagos estructurales en ciudades medias y pequeñas no integradas a sistemas metropolitanos.
Mapa 02. Distribución del Sistema Urbano Nacional según tamaño de población y articulación territorial (2020)
Fuente: Fuente: SEDATU & CONAPO, 2024
Nota: El mapa visibiliza la configuración policéntrica del SUN a partir del tamaño poblacional de las ciudades y su articulación territorial mediante redes de conexión urbana. Destaca la centralidad de 13 grandes ciudades con más de un millón de habitantes, así como la densa red de ciudades intermedias y pequeñas, que cumplen funciones nodales en corredores regionales, zonas fronterizas, litorales y ejes transversales. Sin embargo, la articulación funcional entre ciudades sigue siendo desigual: hay regiones del sur y sureste con menor conectividad física y económica, lo que profundiza asimetrías históricas en el acceso a servicios, inversión e integración productiva. Esta distribución debe ser reinterpretada como una oportunidad estratégica para fomentar esquemas de desarrollo regional equilibrado, planificación intermunicipal, movilidad sostenible y sistemas urbanos rurales articulados.
Mapa 03. Grado de armonización de las legislaciones estatales con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (2025)
Fuente: SEDATU, 2025
Nota: Hasta 2025, solo 5 entidades federativas (en verde) han logrado una armonización completa, lo cual representa un avance relevante pero insuficiente para garantizar un sistema nacional coherente de planificación territorial. La mayoría de los estados (25, en amarillo) mantienen legislaciones parcialmente armonizadas, con vacíos o contradicciones en temas clave como instrumentos de planeación, mecanismos de participación social, gobernanza metropolitana o principios de equidad territorial. Dos (2) entidades (en rojo) no han iniciado aún un proceso sustantivo de adecuación normativa, lo que limita severamente la aplicación efectiva del marco legal nacional en sus territorios. Este panorama evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales legislativas y ejecutivas estatales, así como promover procesos de asistencia técnica, coordinación interinstitucional y acompañamiento federal para cerrar la brecha normativa.
Mapa 04. Consejos Estatales y Metropolitanos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en México (2025)
Fuente: SEDATU, 2025
Nota: En 2025 únicamente 20 entidades federativas instalaron formalmente Consejos Estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, mientras que 12 estados permanecen sin sesionar (en gris), lo que representa una limitante significativa para la articulación multinivel y la implementación efectiva del Sistema Nacional de Planeación Territorial. Si bien los Consejos Consultivos de Desarrollo Metropolitano (puntos rojos) están presentes en varias zonas urbanas clave, su cobertura territorial y regularidad operativa son aún dispares. La débil institucionalización de estos mecanismos impide consolidar esquemas de participación vinculante, corresponsabilidad intergubernamental y planeación estratégica en territorios metropolitanos y estatales.
Mapa 05. Cobertura de Instrumentos de Ordenamiento Territorial en México (2024)
Fuente: SEDATU, 2025
Nota: En 2024, menos de la mitad de las entidades federativas cuenta con instrumentos estatales actualizados de ordenamiento territorial (en beige), y solo tres regiones (sombreado) han avanzado hacia esquemas regionales integrados, pese a su reconocimiento en la LGAHOTDU. La cobertura municipal presenta una dispersión significativa, con vacíos normativos extensos en entidades del norte y zonas urbanas intermedias del Bajío y noreste del país. Los instrumentos metropolitanos (puntos rojos) son escasos y no corresponden plenamente con los nodos críticos del SUN ni con las regiones funcionales de mayor presión territorial. La alta proporción de municipios sin instrumento vigente (en gris) impide avanzar en la planeación del suelo y la gestión sostenible del territorio. Esta situación limita severamente la implementación del PNOTDU y la ENOT hacia 2040, y refleja una débil corresponsabilidad multinivel.
Mapa 06. Grado de calidad en el entorno por municipio (2020)
Fuente: CONAPO, 2022
Nota: Muestra el grado de calidad del entorno por municipio, entendido como la acumulación de barreras que afectan el acceso equitativo a condiciones de vida dignas. Los resultados evidencian que más de 65% de la población mexicana habita en municipios con calidad del entorno baja, moderada o grave, revelando profundas desigualdades territoriales. Las zonas con mayor concentración de barreras (en tonos púrpura) se localizan en corredores del sur sureste, Altos de Chiapas, sierra de Guerrero, Mixteca oaxaqueña, Huasteca, Tarahumara y zonas periurbanas de ZMVM y ZMG, que históricamente han estado marcadas por exclusión estructural, despojo territorial e insuficiencia de infraestructura.
Mapa 07. Corredores troncales de infraestructura carretera nacional (2024).
Fuente: Instituto Mexicano del Transporte, 2024.
Nota: Se muestra la red troncal del sistema ferroviario concesionado y asignado a distintos operadores, así como su articulación con puertos marítimos y fronterizos. Esta infraestructura es estratégica para la reterritorialización de las cadenas logísticas, el fortalecimiento de los corredores de desarrollo y la integración económica con sentido soberano. El sistema ferroviario presenta una alta concentración en el norte y centro del país, especialmente en los corredores industriales y exportadores vinculados al T-MEC, lo que evidencia una lógica de desarrollo desequilibrado orientada a los mercados globales. En contraste, el sur-sureste ha sido históricamente marginado de estas infraestructuras, aunque recientemente se han incorporado corredores clave como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y el Tren Maya, asignados a empresas públicas con enfoque de desarrollo regional. Esta reconfiguración representa una oportunidad para promover la conectividad territorial equitativa, el fortalecimiento de polos productivos para el bienestar y la inclusión de territorios históricamente rezagados. No obstante, persisten desafíos en la vinculación de estos corredores con sistemas urbanos secundarios, nodos logísticos intermodales, infraestructura social y cadenas de valor locales, así como en garantizar la participación comunitaria y el respeto a derechos territoriales.
Mapa 08. Siniestros de tránsito por entidad federativa (2011-2021)
Fuente: SNMSV, 2023. ENAMOV.
Nota: Se expone el número acumulado de siniestros de tránsito ocurridos en cada entidad federativa entre 2011 y 2021, clasificando el riesgo en cinco categorías. Destacan tres entidades con niveles muy altos de siniestros: Chihuahua, Jalisco y Nuevo León, que concentran 38% del total nacional. Esto refleja una alta exposición al riesgo vial en contextos metropolitanos densamente urbanizados y motorizados. Les siguen otras cinco entidades con niveles altos, ubicadas principalmente en el centro y norte del país. En contraste, 11 entidades presentan niveles muy bajos, la mayoría de ellas con baja densidad urbana o predominio rural, aunque esta menor incidencia puede estar influida también por un subregistro en el reporte de accidentes viales. El patrón territorial sugiere una correlación entre la concentración poblacional, la motorización privada, la carencia de infraestructura vial segura y la falta de sistemas de transporte público masivo con seguridad vial. La concentración de siniestros en los nodos del sistema urbano nacional subraya la urgencia de implementar estrategias de movilidad segura y sustentable en zonas metropolitanas y urbanas intermedias. Esto implica adoptar el enfoque de Visión Cero, rediseñar entornos urbanos bajo principios de urbanismo táctico y equidad vial, y fortalecer los sistemas de datos e inteligencia territorial para la prevención de siniestros.
Mapa 09. Rezago habitacional por entidad federativa en México (2022)
Fuente: CONAVI con datos de la ENIGH, 2022.
Nota: Se muestra una concentración crítica del rezago habitacional en el sur-sureste del país, destacando Chiapas (69.9%), Oaxaca (64.4%) y Guerrero (53.5%) como las entidades con mayores porcentajes, seguidas por Campeche, Tabasco y Baja California, lo que evidencia que el fenómeno no se restringe a contextos rurales, sino también afecta zonas urbanas con urbanización desigual y migración intensa. Esta distribución territorial refleja la intersección del rezago con pobreza multidimensional, exclusión financiera, déficit de infraestructura básica y ausencia de suelo regularizado, afectando especialmente a poblaciones indígenas, rurales y periurbanas. El dato refuerza la urgencia de territorializar la política habitacional, e integrar estrategias de producción social del hábitat, autoconstrucción asistida y acceso a suelo con servicios, con enfoque de derechos, género, interculturalidad y sostenibilidad.
Mapa 10. Regiones hidrológico-administrativas, entidades federativas y municipios de México (2022)
Fuente: Estadísticas del Agua en México, CONAGUA 2023.
Nota: Se presenta la división territorial de México en 13 regiones hidrológico-administrativas, lo cual permite observar con claridad la distribución desigual del recurso hídrico en relación con las entidades federativas y sus municipios. Esta configuración evidencia las tensiones entre disponibilidad natural del agua y presión demográfica, urbana y productiva, sobre todo en regiones como la VI (Río Bravo), VII (Cuencas Centrales del Norte) y XIII (Valle de México), donde se concentra una alta densidad poblacional y actividad económica en contextos de estrés hídrico severo. La delimitación también revela que múltiples entidades se superponen en varias regiones hidrológicas, lo cual demanda enfoques entre jurisdicciones de gobernanza del agua, ordenamiento territorial y sustentabilidad hídrica.
Mapa 11. Desigualdad regional entre disponibilidad de agua renovable, población y PIB nacional (2020)
Fuente: Estadísticas del Agua en México, CONAGUA 2023.
Nota: Se ilustra la desigualdad territorial entre disponibilidad de agua renovable, distribución poblacional y aportación al PIB nacional, al contrastar las regiones hidrológicas del sureste, que concentran 68% del agua disponible en el país, con el norte, centro y noroeste, donde habita 77% de la población y se genera 82% del PIB nacional, a pesar de contar con apenas 32% del recurso hídrico. Esta asimetría estructural revela un patrón de desequilibrio histórico que tensiona la gestión del agua, el ordenamiento territorial y los modelos de desarrollo regional, ya que las regiones de mayor concentración demográfica y económica operan en contextos de estrés hídrico creciente. La evidencia refuerza la necesidad de reconfigurar las políticas públicas hacia una justicia hídrica y territorial que reconozca los límites ecológicos, garantice el derecho humano al agua y promueva una redistribución territorial más equitativa de las oportunidades de bienestar, inversión e infraestructura.
Mapa 12. Distribución de acuíferos con y sin disponibilidad en México (2021-2022)
Fuente: Estadísticas del Agua en México, CONAGUA 2023.
Nota: Se expone la extensión de acuíferos sobreexplotados en México, con 275 unidades sin disponibilidad de agua subterránea (representadas en rojo), que se concentran principalmente en las regiones centro-norte, occidente y noroeste del país, justamente donde se localizan los mayores núcleos urbanos, agroindustrias y polos de desarrollo económico. Esta distribución refleja un patrón de sobreexplotación hídrica en zonas densamente pobladas o de alta demanda productiva, que contrasta con la mayor disponibilidad observada en el sureste y algunas zonas del altiplano sur. La cartografía pone en evidencia la presión sobre los acuíferos, muchos de los cuales constituyen la única fuente de abasto en regiones áridas, y subraya la urgencia de un reordenamiento territorial que priorice la gestión integral de cuencas, la justicia hídrica interregional y el cambio de paradigma hacia un desarrollo equilibrado, resiliente y sustentable.
Mapa 13. Zonas críticas de deforestación bruta en México (2001-2018)
Fuente: CONAFOR, 2020.
Nota: Se identifica las zonas críticas de deforestación bruta en México entre 2001 y 2018, destacando regiones de alta pérdida de cobertura forestal en la península de Yucatán, los límites entre Chiapas y Oaxaca, la región de Tierra Caliente entre Michoacán y Guerrero, la Sierra Madre Occidental en Nayarit y Sinaloa, así como focos aislados en Jalisco, Veracruz y Tabasco. Estas áreas coinciden con territorios de alta biodiversidad, presencia de pueblos indígenas y expansión agroindustrial, lo que evidencia la convergencia entre presión productiva, debilidad institucional y carencias en ordenamiento ecológico. La intensidad y persistencia del fenómeno reflejan no sólo la magnitud del deterioro ambiental, sino también la urgencia de articular políticas territoriales de restauración, gobernanza ambiental participativa y justicia socioecológica.
Mapa 14. Proyectos prioritarios del Gobierno de México
Fuente: Elaboración propia.
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1 Más información, ver: Cuadro 28. Alineación del PNOTDU 2026-2030 con compromisos internacionales en materia territorial y dederechos (2025)
2 Más información, ver: Mapa 01 Configuración metropolitana y jerarquía urbana; Gráfico 13. Porcentaje de viviendas con acceso a internet y dispositivos digitales; y Gráfico 10. Porcentaje de disponibilidad de agua dentro de la vivienda o del terreno.
3 Más información: ver Gráfico 23. Variación de la temperatura media anual nacional y por entidad federativa (1985-2023) y Gráfico 19. Número de Asentamientos Humanos Irregulares reportados por entidad federativa.
4 Más información, ver: Cuadro 08. Distribución de la población por entidad federativa y grado de marginación (2020); Gráfico 06. Porcentaje de viviendas con rezago habitacional por entidad federativa (2022); Gráfico 11. Porcentaje viviendas propias o que se están pagando, que no cuentan con escrituras (2022); Cuadro 09. Distribución de la población urbana y rural por entidad federativa e índice de marginación (2020); y Gráfico 17. Distribución porcentual de personas sujetas agrarias por sexo y entidad federativa (2023).
5 La Población Económicamente Activa (PEA) incluye a las personas de 15 años y más que están ocupadas o en búsqueda activa de empleo.
6 Más información, ver: Cuadro 20. Composición del PIB por tipo de actividad económica. Cifras desestacionalizadas en millones de pesos constantes de 2018. Cuarto trimestre de 2024; Cuadro 21. Participación estatal en el PIB nacional por sector económico (2023); Cuadro 22. Población de 15 años y más por condición de actividad económica, ocupación y disponibilidad para trabajar, según sexo. Valores absolutos (enero de 2024 y 2025); Cuadro 23. Evolución de la dispersión salarial por región (2014-2023); Cuadro 24. Evolución del índice de Gini por región (2018-2022); Gráfico 02. Evolución del índice de Gini como medida de desigualdad del ingreso (2018-2022).
7 El Sistema Urbano Nacional (SUN) es una clasificación oficial de ciudades mexicanas agrupadas según tamaño, función y jerarquía territorial, elaborada por SEDATU y CONAPO en 2024 con datos del Censo de Población y Vivienda 2020.
8 Más información, ver: Cuadro 02. Evolución de la población urbana, grado de urbanización y número de ciudades por tamaño (1900-2020); Cuadro 04. Ciudades del Sistema Urbano Nacional por tipo, tamaño poblacional y distribución porcentual (2020); y Cuadro 05. Distribución y características de las ciudades del Sistema Urbano Nacional por tamaño y tipo de metrópolis (2020).
9 Más información, ver: Cuadro 06. Proyección de crecimiento poblacional por región y ciudad (2020-2030); Cuadro 07. Proyecciones demográficas, requerimientos de vivienda y suelo urbanizable en ciudades principales (2026-2030); y Cuadro 01. Distribución porcentual de la superficie por uso de suelo a nivel nacional y estatal.
10 Más información, ver: Cuadro 21. Participación estatal en el PIB nacional por sector económico (2023); Cuadro 23. Evolución de la dispersión salarial por región (2014-2023); y Cuadro 24. Evolución del índice de Gini por región (2018-2022).
11 Más información, ver: Cuadro 02. Evolución de la población urbana, grado de urbanización y número de ciudades por tamaño(1900-2020); Cuadro 06. Proyección de crecimiento poblacional por región y ciudad (2020-2030); y Mapa 09. Rezago habitacional por entidad federativa en México (2022).
12 Más información, ver: Cuadro 07. Proyecciones demográficas, requerimientos de vivienda y suelo urbanizable en ciudades principales (2026-2030); Gráfico 06. Porcentaje de viviendas con rezago habitacional por entidad federativa (2022); y Gráfico 07. Distribución del número de viviendas con y sin rezago habitacional por entidad federativa (2022).
13 Más información, ver: Cuadro 12. Viviendas en condición de rezago habitacional por entidad federativa (2022); Gráfico 07. Distribución del número de viviendas con y sin rezago habitacional por entidad federativa (2022); Gráfico 07. Distribución del número de viviendas con y sin rezago habitacional por entidad federativa (2022)c; Cuadro 13. Acceso al agua, vivienda y condiciones de rezago habitacional por grupos poblacionales prioritarios (2022); y Gráficos 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 sobre carencias específicas de servicios, seguridad jurídica y exclusión energética.
14 Más información, ver: Cuadro 01. Distribución porcentual de la superficie por uso de suelo a nivel nacional y estatal; Cuadro 26. Principales causas de pérdida de ecosistemas forestales (2001-2023); Mapa 11. Desigualdad regional entre disponibilidad de agua renovable, población y PIB nacional (2020); Mapa 12. Distribución de acuíferos con y sin disponibilidad en México (2021-2022); Mapa 13. Zonas críticas de deforestación bruta en México (2001-2018); Gráfico 23. Variación de la temperatura media anual nacional y por entidad federativa (1985-2023); Gráfico 24. Daño económico anual esperado por inundaciones fluviales en 2080 según escenarios climáticos RCP en entidades federativas de México.
15 Más información, ver: Mapa 03. Grado de armonización de las legislaciones estatales con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (2025); Mapa 04. Consejos Estatales y Metropolitanos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en México (2025); Mapa 05. Cobertura de Instrumentos de Ordenamiento Territorial en México (2024); Gráfico 19. Número de Asentamientos Humanos Irregulares reportados por entidad federativa (2023); Gráfico 20. Superficie de Asentamientos Humanos Irregulares reportados por entidad federativa (2023); Gráfico 21. Población en Asentamientos Humanos Irregulares reportados por entidad federativa (2023); Gráfico 22. Lotes o terrenos en Asentamientos Humanos Irregulares reportados por entidad federativa (2023); Cuadro 28. Alineación del PNOTDU 2026-2030 con compromisos internacionales en materia territorial y de derechos (2025); Cuadro 29. Vinculación territorial del PNOTDU 2026-2030 con programas prioritarios del Segundo Piso de la Cuarta Transformación (2025).
16 Más información, ver: Mapa 04. Consejos Estatales y Metropolitanos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en México (2025); y Mapa 05. Cobertura de Instrumentos de Ordenamiento Territorial en México (2024); Cuadro 28. Alineación del PNOTDU 2026-2030 con compromisos internacionales en materia territorial y de derechos (2025); Cuadro 29. Vinculación territorial del PNOTDU 2026-2030 con programas prioritarios del Segundo Piso de la Cuarta Transformación (2025); Gráfico 19. Número de Asentamientos Humanos Irregulares reportados por entidad federativa (2023).
17 La clasificación oficial distingue entre 48 zonas metropolitanas, 22 metrópolis municipales y 22 zonas conurbadas, sumando un total de 92 metrópolis reconocidas en México (CONAPO et.al., 2023). Algunas disposiciones normativas, como la creación obligatoria de Comisiones de Ordenamiento Metropolitano, aplican principalmente a las zonas metropolitanas y conurbadas de carácter interestatal o intermunicipal.
18 Más información, ver: Cuadro 28. Alineación del PNOTDU 2026-2030 con compromisos internacionales en materia territorial y de derechos (2025); Cuadro 29. Vinculación territorial del PNOTDU 2026-2030 con programas prioritarios del Segundo Piso de la Cuarta Transformación (2025); Mapa 05. Cobertura de Instrumentos de Ordenamiento Territorial en México (2024); Gráfico 19. Número de Asentamientos Humanos Irregulares reportados por entidad federativa (2023); Gráfico 13. Porcentaje de viviendas con acceso a internet y dispositivos digitales (2020); y Gráfico 14. Conectividad de internet móvil por cada 100 habitantes (2023).
19 Más información, ver: Cuadro 11. Distribución estatal de municipios con asentamientos humanos irregulares registrados (2023); Cuadro 08. Distribución de la población por entidad federativa y grado de marginación (2020); Cuadro 10. Distribución de las AGEB urbanas por entidad federativa y nivel de marginación (2020); Cuadro 16. Evolución de títulos de propiedad y dominio pleno en el sector agrario por periodo (1989-2024); Gráfico 20. Superficie de Asentamientos Humanos Irregulares reportados por entidad federativa (2023); Mapa 05. Cobertura de Instrumentos de Ordenamiento Territorial en México (2024).
20 Más información, ver: Gráfico 06. Porcentaje de viviendas con rezago habitacional por entidad federativa (2022); Gráfico 19. Número de Asentamientos Humanos Irregulares reportados por entidad federativa (2023); Mapa 09. Rezago habitacional por entidad federativa en México (2022).
21 Con base en los términos establecidos en el artículo 4o de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
