SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 29/2025, así como los Votos Particulares de las señoras Ministras Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Sara Irene Herrer

	Apartado	Criterio y decisión	Págs.
I	ANTECEDENTES Y TRÁMITE	Se informan cronológicamente los hechos y circunstancias que motivaron el asunto	2
II	COMPETENCIA	La Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto	12
III	PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS	Se impugnan los artículos 11, fracción XXXIII, 17, inciso A), fracción XXX, 23, fracción XIII, en la porción normativa "intervención de comunicaciones privadas, localización geográfica en tiempo real", 43, 44 y 45 de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, expedida mediante Decreto Número 085, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el 10 de enero de 2025	13
IV	OPORTUNIDAD	El escrito inicial es oportuno	16
V	LEGITIMACIÓN	El escrito inicial fue presentado por parte legitimada	17
VI	CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO	No se hicieron valer, ni se advierte alguna que se actualice de oficio	18
VII	ESTUDIO DE FONDO	VII.1 Análisis sobre la regularidad constitucional de los artículos 11, fracción XXXIII, 17, inciso A), fracción XXX y 23, fracción XIII, en su porción normativa "intervención de comunicaciones privadas", de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo	21
		VII.1.a) Legitimación constitucional de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo para solicitar la intervención de comunicaciones privadas	21
		VII.1.b) Legitimación del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo para delegar la solicitud de intervención de comunicaciones privadas	27
		VII.2 Regularidad constitucional de la facultad de solicitar la medida de geolocalización en tiempo real	30
		VII.3 Estudio de la invasión de competencia exclusiva de la Federación en materia procesal penal	47
		VII.4 Análisis de una disposición en materia de responsabilidad administrativa de servidores públicos	55
VIII	EFECTOS	La invalidez de las normas surte efectos retroactivos desde su entrada en vigor	68
	DECISIÓN	PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 11, fracción XXXIII, 17, inciso A), fracción XXX, 23, fracción XIII, en su porción normativa intervención de comunicaciones privadas, localización geográfica en tiempo real', 43, 44 y 45 de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, expedida mediante el Decreto Número 085, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el diez de enero de dos mil veinticinco. TERCERO. Se declara la invalidez, por extensión, del artículo 23, fracción XIII, en sus porciones normativas Solicitar previa autorización del Fiscal Especializado la' y conservación inmediata de datos contenidos en redes y sistemas o equipos de informática, de conformidad con las leyes aplicables en la materia, requeridas por la persona Fiscal del Ministerio Público', de la referida Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo. CUARTO. Las declaratorias de invalidez decretadas respecto de los referidos artículos 11, fracción XXXIII, 17, inciso A), fracción XXX, 23, fracción XIII, 43 y 44 surtirán sus efectos retroactivos al once de enero de dos mil veinticinco, a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Quintana Roo. QUINTO. La declaratoria de invalidez decretada respecto del citado artículo 45 surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Quintana Roo. SEXTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.	70

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 29/2025

PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

VISTO BUENO

SR. MINISTRO

PONENTE: MINISTRO ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA

COTEJÓ

SECRETARIOS: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA Y CRISTIAN ALBERTO MEZA JIMÉNEZ

Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cuatro de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve fundada la acción de inconstitucionalidad 29/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que demandó la invalidez de los artículos 11, fracción XXXIII, 17, inciso A), fracción XXX, 23, fracción XIII, en la porción normativa "intervención de comunicaciones privadas, localización geográfica en tiempo real", 43, 44 y 45 de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, expedida mediante Decreto Número 085 publicado el diez de enero de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial por la Comisión accionante. Por escrito presentado el diez de febrero de dos mil veinticinco a través del buzón judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 11, fracción XXXIII, 17, inciso A), fracción XXX, 23, fracción XIII, en la porción normativa "intervención de comunicaciones privadas, localización geográfica en tiempo real", 43, 44 y 45 de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo. Dichos artículos se expidieron mediante Decreto Número 085, publicado el diez de enero de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.

2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la accionante expuso, dentro de su único concepto de invalidez, que las normas son incompatibles con los derechos de seguridad jurídica, control judicial previo, privacidad e intimidad, así como al principio de legalidad, en síntesis, por las razones siguientes:

i) Las normas otorgan facultades en favor de la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de esa entidad, así como de quienes sean titulares de las Unidades de Investigación, Acusación y Procesos, de dicha Fiscalía, para: 1) solicitar la intervención de comunicaciones privadas y 2) la localización geográfica de las personas en tiempo real. Esto trasgrede lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se precisa quiénes son los sujetos legitimados para llevar a cabo dichas solicitudes y sin posibilidad de que esa atribución sea delegable.

ii) La porción normativa "intervención de comunicaciones privadas", no se ajusta a una de las reglas constitucionales de excepcionalidad para intervenir comunicaciones privadas, a saber, respecto de los sujetos o autoridades facultadas para llevar a cabo la solicitud ante la autoridad judicial federal, pues la solicitud se hará a la autoridad judicial federal a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, es decir, solo habilita a dos sujetos legitimados específicos, sin que dicha atribución pueda ser delegada a ninguna otra, como lo indica la norma.

iii) Por lo anterior, también considera que el artículo 17, inciso A), fracción XXX, de la Ley en estudio, al autorizar delegar una facultad que por mandato expreso le corresponde exclusivamente al titular del Ministerio Público de la entidad federativa, es inconstitucional.

iv) No es constitucionalmente válido que los artículos impugnados dispongan que las personas titulares de la Fiscalía Especializada o quien se delegue, así como de las Unidades IAP, puedan solicitar directamente la autorización para la intervención de comunicaciones privadas, de manera que resulta indudable que tal permisión no guarda armonía con el ordenamiento constitucional Federal.

v) La Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad 77/2018(1), 5/2019(2), 104/2019(3), 102/2020(4) y 114/2020(5), puntualizó que la facultad de solicitar la intervención de comunicaciones no puede ser delegada a ninguna persona, sino que debe operar en términos del artículo 16 constitucional, es decir, de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente.

vi) Por otra parte, el artículo 23, fracción XIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, sí incide en el disfrute al derecho a la privacidad e intimidad de las personas, por lo que la intrusión a ese derecho humano no se justifica ni resulta proporcionada.

vii) Lo anterior al considerar que el acto de investigación en estudio sí incide en el derecho a la intimidad de las personas gobernadas en los casos de delitos menores o que no ponen en alto riesgo la vida, integridad y seguridad de las personas, porque en esos supuestos, no se justifica una invasión a la privacidad, ni siquiera en aras de la prevención, investigación y persecución de ilícitos.

viii) Por otro lado, al establecer los artículos 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, el legislador local actuó fuera del marco constitucional que tiene conferido, pues los medios de apremio en materia penal, como actos procesales, únicamente pueden ser regulados por el Congreso de la Unión a través del Código Nacional de Procedimientos Penales, en términos del artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal.

ix) El artículo 45 impugnado, establece el sistema de responsabilidades administrativas aplicable a las personas servidoras públicas adscritas a dicho organismo de procuración de justicia. Sin embargo, omitió señalar cuáles serán consideradas faltas graves o no graves, lo cual rompe con las bases constitucionales contenidas en el artículo 109, fracción III, de la Constitución Política del país, generando incertidumbre a los destinatarios de las normas sobre las autoridades competentes para conocer de ellas, el procedimiento aplicable, así como las sanciones a imponerse.

x) Por tanto, al no existir una categoría de faltas, se deja en incertidumbre jurídica a los destinatarios de la norma, pues los servidores públicos infractores no sabrán con certeza cómo será clasificada la conducta cometida. Por su parte, los aplicadores de las normas podrán actuar con discrecionalidad para calificar la conducta según estimen que es graves o no graves y para imponer sanciones que pudieran resultar desproporcionadas o inaplicables en atención a la naturaleza de la falta de que se trate, permitiéndose que se actúe con arbitrariedad, dejando en estado de desprotección a los servidores públicos, en contravención al derecho de seguridad jurídica y legalidad.

3. Admisión y trámite. El once de febrero de dos mil veinticinco, la entonces Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 29/2025 y turnó el asunto a la Ministro Alberto Pérez Dayán para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

4. El diecinueve de febrero de dos mil veinticinco, el Ministro instructor admitió a trámite la acción, tuvo como parte actora a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y como autoridades demandadas a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, emplazándolos para que rindieran los respectivos informes de ley. Por último, dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulara pedimento, así como a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

5. Informe del Poder Legislativo de Quintana Roo. El veintiséis de marzo de dos mil veinticinco, el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable XVIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, rindió su informe en el que señaló:

a) De conformidad con lo establecido en el artículo 16, párrafo décimo tercero, de la Constitución Política del país, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas no es absoluta, admite excepciones. Dicha disposición establece que la intervención de comunicaciones solo puede ser autorizada por autoridad judicial federal, a solicitud de la autoridad federal facultada por ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente.

b) Dicho mandamiento constitucional no restringe a la fiscalía local para poder solicitar la intervención de comunicaciones privadas, sino que únicamente prevé que será por conducto de la solicitud que se le haga a la autoridad judicial federal.

c) Las porciones normativas impugnadas utilizan expresamente el verbo "solicitar", de tal suerte que el legislador local no otorgó facultades al titular de la Fiscalía Especializada ni a quienes sean titulares de las Unidades de Investigación, Acusación y Procesos, sino que únicamente armoniza la legislación local con el mandato constitucional.

d) Tampoco se invade la competencia de la autoridad judicial federal, pues la fracción XIII del artículo 23 impugnado establece que las Unidades de Investigación, Acusación y Procesos podrán solicitar la intervención de comunicaciones privadas, previa autorización del Fiscal Especializado. Ello no implica que se le está otorgando la autorización al Fiscal Especializado, sino que previamente éste debe agotar la solicitud de autorización a la autoridad judicial federal competente.

e) En ese sentido, ni la Fiscalía Especializada ni las Unidades mencionadas tienen facultades de autorizar por sí mismas intervenciones de comunicaciones privadas. La ley local es acorde al numeral 16 constitucional.

f) De acuerdo con el artículo 96, párrafo primero, de la Constitución local, el Ministerio Público de la entidad federativa está a cargo de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado(6). En consecuencia, ambas fiscalías pueden solicitar la intervención de comunicaciones ante la autoridad judicial federal competente.

g) Los artículos 16 y 21 constitucionales le confieren atribuciones al Ministerio Público local para investigar delitos, incluyendo los relacionados con corrupción. Asimismo, los preceptos 291, 292 y 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén la posibilidad del Ministerio Público de solicitar la intervención de comunicaciones privadas cuando sea necesaria para la investigación, a través de la solicitud emitida por los procuradores de las entidades federativas(7).

h) Si bien las Unidades Investigación, Acusación y Procesos tienen la facultad de solicitar la intervención de comunicaciones privadas y la localización geográfica en tiempo real, ello está sujeto a la previa autorización del Fiscal Especializado.

i) La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción faculta a los Estados Parte a adoptar medidas legislativas para combatir la corrupción.

j) Las legislaturas locales se encuentran habilitadas por la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para atribuirle a las autoridades competentes facultades para hacer uso de los medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones.

k) Además, los artículos 43 y 44 impugnados que establecen las medidas de apremio son equivalentes a las contenidas en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales(8). Dichas medidas de apremio no tienen carácter penal, por lo que su regulación no invade competencias reservadas al ámbito federal ni requiere acción penal para su aplicación(9).

l) El artículo 45 controvertido no trasgrede las reglas constitucionales en materia de responsabilidades administrativas, pues el congreso local se limitó a legislar dentro de sus facultades y atendiendo a su libertad de configuración.

6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. El veintisiete de marzo de dos mil veinticinco, el representante legal del Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, rindió el informe correspondiente en el que afirmó la validez de la norma y expuso que:

a) Únicamente actuó en cumplimiento a las facultades y obligaciones que a su favor se prevén en diversos preceptos legales, por lo que su actuar no puede ser considerado inconstitucional.

b) El artículo impugnado no violenta los derechos humanos de seguridad jurídica, al control judicial previo, a la intimidad y privacidad ni al principio de legalidad, pues la Fiscalía Especializada Anticorrupción es la única institución facultada para la persecución de dichos delitos, por lo que debe estar dotada legalmente de las facultades necesarias para cumplir con su finalidad.

c) La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que es constitucional intervenir comunicaciones privadas, siempre y cuando sea a través de una autorización judicial previa(10).

d) Si en Quintana Roo la titularidad del Ministerio Público descansa en dos instituciones autónomas, los titulares de ambas instituciones cuentan con esa facultad.

e) De conformidad con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 32/2012(11), para la localización geográfica en tiempo real no es un requisito que se encuentre autorizada por autoridad judicial.

f) La atribución de hacer uso de diversos medios de apremio no vulnera el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad, puesto que el legislador local reitera esencialmente el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

g) El Congreso local previó contar con un catálogo de faltas de administrativas, por lo que para ello remitió de manera supletoria a la norma especial de la materia de la entidad.

7. Pedimento. La Fiscalía General de la República formuló pedimento en el presente asunto.

8. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de catorce de mayo de dos mil veinticinco, se declaró cerrada la instrucción del asunto para elaborar el proyecto de resolución respectivo.

9. Returno. Mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, al haber iniciado funciones los integrantes de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, la actual Presidencia de esta Suprema Corte returnó el asunto al Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García para la elaboración del proyecto respectivo.

II. COMPETENCIA

10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país(12), así como 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(13), porque se planteó la posible invalidez de normas emitidas por una entidad federativa que se consideran violatorias de los derechos constitucionales de seguridad jurídica, control judicial previo, privacidad e intimidad, así como al principio de legalidad.

III. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS

11. Las normas impugnadas son los artículos 11, fracción XXXIII, 17, inciso A), fracción XXX, 23, fracción XIII, en la porción normativa "intervención de comunicaciones privadas, localización geográfica en tiempo real", 43, 44 y 45 de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, que establecen:

Artículo 11. Corresponde a la Fiscalía Especializada, el ejercicio de las atribuciones siguientes: [...]

XXXIII. Solicitar a los órganos jurisdiccionales de la federación que correspondan, las autorizaciones para la intervención de comunicaciones privadas, en apego a las disposiciones legales aplicables; [...]

Artículo 17. La persona titular de la Fiscalía Especializada, respecto de los asuntos materia de su competencia, ejercerá las facultades delegables y no delegables establecidas de la siguiente manera:

A) Delegables [...]

XXX. Solicitar a los órganos jurisdiccionales competentes, las autorizaciones para la intervención de comunicaciones privadas, en apego a las disposiciones legales aplicables; [...]

Artículo 23. Las Unidades de Investigación, Acusación y Procesos, a través de su titular tendrán las siguientes facultades: [...]

XIII. Solicitar previa autorización del Fiscal Especializado la intervención de comunicaciones privadas, localización geográfica en tiempo real, conservación inmediata de datos contenidos en redes y sistemas o equipos de informática, de conformidad con las leyes aplicables en la materia, requeridas por la persona Fiscal del Ministerio Público; [...]

Artículo 43. El Titular de la Fiscalía Especializada y los Titulares de las Unidades adscritas a la misma, podrán hacer uso de los siguientes medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones:

I. Amonestación;

II. Multa de veinte a mil veces el valor diario de la U.M.A. tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso;

III. Auxilio de la fuerza pública, o

IV. Arresto hasta por treinta y seis horas.

Artículo 44. La resolución que determine la imposición de medios de apremio deberá estar fundada y motivada.

La imposición del arresto sólo será procedente cuando haya mediado apercibimiento del mismo y éste sea debidamente notificado a la parte afectada. El Ministerio Público podrá dar vista a las autoridades competentes para que se determinen las responsabilidades que en su caso procedan en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 45. A las y los servidores públicos de la Fiscalía Especializada, les serán aplicables las faltas administrativas, sanciones y medios de impugnación, previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo y sus Municipios, así como en las disposiciones jurídicas aplicables que regulen el régimen especial al que están sujetos por formar parte de una institución de procuración de justicia. En su caso, serán causas de responsabilidad administrativa, además de las previstas en la Ley de la materia:

I. Incumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación de los Agentes del Ministerio Público y sus auxiliares;

II. Realizar conductas que atenten contra los fines, objetivos y atribuciones de los Agentes del Ministerio Público o contra la función de procuración de justicia en el combate a la corrupción;

III. Aceptar o ejercer consignas, encargos o comisiones o cualquier acción que implique subordinación indebida respecto de alguna persona, de la misma Fiscalía Especializada o ajena a ella, u otra autoridad;

IV. Distraer de su objeto para uso propio o ajeno, el equipo, recursos, elementos materiales o bienes asegurados bajo su custodia o de la institución;

V. Omitir solicitar los dictámenes periciales correspondientes;

VI. Abstenerse de llevar a cabo aseguramiento de bienes, objetos, instrumentos o productos del delito y en su caso, omitir solicitar el decomiso cuando así proceda en términos de lo que establezcan las leyes;

VII. Intervenir indebidamente en asuntos que competan legalmente a otros servidores públicos u órganos de la Fiscalía Especializada;

VIII. Actuar con negligencia en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar;

IX. Impedir en las actuaciones de procuración de justicia en delitos de corrupción, que los interesados ejerzan los derechos que legalmente les correspondan;

X. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;

XI. No cumplir con los principios rectores previstos en el artículo 3 de esta ley;

XII. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento;

XIII. Dejar de desempeñar las atribuciones o labores que tenga a su cargo, sin causa justificada;

XIV. Ejercer el cargo correspondiente sin cumplir con alguno de los requisitos de permanencia que establezca esta ley o su Reglamento, y

XV. Retrasar u obstaculizar los trámites y observancia de la Ley a que esté obligado.

IV. OPORTUNIDAD

12. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente; en caso de que el último día del plazo sea inhábil, la demanda puede presentarse el primer día hábil siguiente(14).

13. En este caso la acción es oportuna, pues la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, expedida mediante Decreto Número 085, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el diez de enero de dos mil veinticinco, por lo que el plazo para presentar la acción transcurrió del sábado once de enero al lunes diez de febrero de dos mil veinticinco.

14. Consecuentemente, si la acción de inconstitucionalidad se presentó a través del buzón judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el diez de febrero de dos mil veinticinco, resulta claro que se promovió en forma oportuna.

V. LEGITIMACIÓN

15. En este caso, el escrito inicial fue suscrito por la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia certificada de su designación, expedida por el Senado de la República el doce de noviembre de dos mil veinticuatro.

16. Dicha funcionaria ostenta la representación de la Comisión y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país, 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18 de su Reglamento Interno(15).

17. Aunado a ello, en el presente caso se plantea la incompatibilidad de los artículos 11, fracción XXXIII, 17, inciso A), fracción XXX, 23, fracción XIII, en la porción normativa "intervención de comunicaciones privadas, localización geográfica en tiempo real", 43, 44 y 45, de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo con el derecho humano a la seguridad jurídica, los principios de legalidad en su vertiente de taxatividad y mínima intervención del derecho penal, así como la libertad de expresión, contemplados en la Constitución Política del país.

18. Así, al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto, debe concluirse que fue hecha valer por parte legitimada.

Aprobado en votación económica por unanimidad de nueve votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

19. Las partes no hacen valer alguna causa de improcedencia ni este Tribunal Pleno la advierte de oficio.

20. No pasa inadvertido que, al rendir su informe, el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo expuso que únicamente actuó en cumplimiento a las facultades y obligaciones que a su favor se prevén en diversos preceptos legales, por lo que su actuar no puede ser considerado inconstitucional.

21. Sin embargo, ello no es motivo para sobreseer en la presente acción respecto de dicho poder, pues el Tribunal Pleno ha reiterado que los poderes ejecutivos locales se encuentran invariablemente implicados en la emisión de las leyes, al otorgarles validez y eficacia a través de su promulgación y publicación, por lo que tienen una verdadera injerencia en el proceso legislativo.

22. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 38/2010, del Pleno de esta Suprema Corte, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES"(16). Por tanto, procede realizar el estudio de fondo.

VII. ESTUDIO DE FONDO

23. Como se puede apreciar del análisis de los conceptos de invalidez hechos valer, la accionante formula cuatro planteamientos en torno a las normas impugnadas:

i) Que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, de acuerdo con el artículo 16, párrafo décimo tercero de la Constitución Política del país, carece de facultades para solicitar o delegar la solicitud de intervención de comunicaciones privadas, por lo que considera inválidos los preceptos 11, fracción XXXIII, 17, inciso A), fracción XXX y 23, fracción XIII, de la Ley Orgánica de esa institución.

ii) La facultad delegada en las Unidades de Investigación, Acusación y Procesos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, para solicitar la localización geográfica en tiempo real, vulnera el derecho fundamental a la privacidad, por lo cual es inválida la porción normativa específica contenida en el artículo 23, fracción XIII, de la Ley Orgánica de dicha Fiscalía Especializada.

iii) El legislador estatal vulneró la atribución exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia procedimental penal en términos del precepto 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política del país, pues estableció los medios de apremio que puede ocupar la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo para hacer valer sus determinaciones, en los preceptos 43 y 44 de la Ley Orgánica de esa institución, por lo que se trata de normas inválidas.

iv) Es inválido el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, pues establece una serie de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, en contravención a lo dispuesto por el precepto 109, fracción III, de la Constitución Política del país, lo cual vulnera los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica.

24. Por esas razones, el análisis realizará esta Suprema Corte de Justicia de la Nación comprenderá el estudio de esas normas y con base en los planteamientos hechos valer, por lo que dividirá el estudio de fondo en cada uno de esos apartados.

VII.1 Análisis sobre la regularidad constitucional de los artículos 11, fracción XXXIII, 17, inciso A), fracción XXX y 23, fracción XIII, en su porción normativa "intervención de comunicaciones privadas", de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo

a) Legitimación constitucional de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo para solicitar la intervención de comunicaciones privadas

25. El artículo 11, fracción XXXIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, dispone que el Fiscal Especializado tiene, en el ámbito de su competencia, la atribución de solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones privadas.

26. La accionante en esencia aduce que esa disposición legal es contraria al contenido del artículo 16 de la Constitución Política del país, dado que la facultad para solicitar la intervención de comunicaciones privadas únicamente le corresponde a la autoridad federal facultada por la ley o al titular del Ministerio Público de las entidades y no a la Fiscalía Especializada de esa entidad federativa. Dicho concepto de invalidez es fundado.

27. En principio, debemos precisar que el artículo 16, párrafo décimo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente:

Artículo 16. [...]

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

[...]

28. De su contenido, podemos advertir que establece condiciones específicas en las que es posible que ciertas autoridades ministeriales del país soliciten la medida de intervención de comunicaciones privadas.

29. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 77/2018, 5/2019, 104/2019, 102/2020 y 114/2020(17), entre otras, analizó el contenido y alcance del artículo 16 constitucional y se destacó que, entre otros aspectos, reconoce el derecho a la inviolabilidad de comunicaciones privadas y define los requisitos para autorizar y efectuar la intervención de dichas comunicaciones.

30. Lo anterior, puesto que la evolución legislativa ha dejado patente la intención de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de introducir en el texto constitucional la regulación para la intervención de comunicaciones privadas, estableciendo particularmente que la autoridad competente para intervenirlas es únicamente la autoridad judicial federal y que las intervenciones deben ajustarse a los requisitos que las leyes prevean. Ello, con la finalidad de limitar y restringir el uso de tales diligencias, pero a la vez, fortaleciendo las herramientas y estrategias para enfrentar la delincuencia.

31. Ahora, en relación con los sujetos legitimados para solicitarla adquiere relevancia el contenido del Dictamen de veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, emitido por las "Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, del Distrito Federal y, de Estudios Legislativos Primera Sección" de la Cámara de Senadores, quienes asentaron la importancia de que el texto constitucional reflejara expresamente que serían los titulares de la representación social de cada entidad federativa quienes estarían facultados para solicitar, ante una autoridad judicial federal, la intervención de comunicaciones privadas, sin que exista la posibilidad de atribuir o delegar esa facultad reservada a esos funcionarios.

32. Por tanto, es atribución exclusiva de la autoridad judicial federal autorizar la intervención de comunicaciones privadas a solicitud de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de las entidades federativas.

33. Como podemos apreciar, la medida en estudio es una herramienta muy relevante para el desarrollo de investigaciones ministeriales en la persecución de delitos y, por ello, se encuentra regulada en el texto de la Constitución Federal, en donde además se establecen calidades específicas para solicitarla, pues expresamente establece que sólo el titular del Ministerio Público de las entidades del país puede pedir la realización de esa medida.

34. Ahora, el artículo 96 de la Constitución del Estado de Quintana Roo indica que el Ministerio Público estará a cargo de una Fiscalía General del Estado y de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, en el ámbito de sus competencias(18).

35. Incluso, los artículos 2 y 5 de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo establecen que se trata de un organismo público autónomo, integrante del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, debiendo cumplir con sus fines y objetivos, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local y demás disposiciones aplicables.

36. Asimismo, que estará encargada de la investigación y persecución de los delitos establecidos en la Sección Cuarta del Libro Segundo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo(19), que sean considerados actos de corrupción cometidos por las personas servidoras públicas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión o cometidos por particulares, así como todos aquellos previstos en leyes especiales de competencia estatal(20).

37. Sin embargo, lo dispuesto en esas normas estatales que establecen dos Titulares del Ministerio Público en la entidad, no puede concretarse en perjuicio de la previsión expresa del artículo 16, párrafo décimo tercero, de la Constitución Política del país, que prevé la calidad sólo de un Titular del Ministerio Público en un Estado para solicitar intervención de comunicaciones privadas, por lo que el artículo impugnado que faculta al Fiscal Especializado en mención para pedir también esa medida, contraviene ese contenido constitucional.

38. En efecto, la medida de intervención de comunicaciones privadas como acto de investigación, tiene una gran relevancia en el orden jurídico, por lo cual está contemplada en el texto de la propia Constitución Federal, que exige para su realización de autorización judicial previa, pero además, que puede ser solicitada sólo por ciertos órganos legitimados.

39. Por ello es claro que la emisión de esa medida deriva de un modelo constitucionalmente restringido, dentro del cual se establece que puede solicitarlo el titular del Ministerio Público en las entidades federativas, de manera que no están facultadas distintas autoridades ministeriales para solicitar la realización de ese acto de investigación.

40. En consecuencia, si sólo el titular del Ministerio Público en una entidad federativa es la autoridad facultada constitucionalmente para solicitar la intervención de comunicaciones privadas, entonces no es admisible que las legislaturas de los Estados puedan otorgar esa calidad en más instituciones ministeriales.

41. Este tratamiento se refuerza al considerar que siendo la intervención de comunicaciones privadas un acto de investigación regulado en el artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces es una medida contemplada dentro del ámbito procesal penal, que reproduce el texto constitucional sobre la legitimación que recae en el titular del Ministerio Público en cada entidad federativa para pedir esa medida, por lo que sólo el Congreso de la Unión puede legislar al respecto, de acuerdo con el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política del país.

42. Consecuentemente, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que es inválido el artículo 11, fracción XXXIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, al establecer que la Fiscalía relativa puede pedir intervención de la comunicaciones privadas, pues ello vulnera el párrafo décimo tercero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Legitimación del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo para delegar la solicitud de intervención de comunicaciones privadas

43. Establecido lo anterior, los artículos 17, inciso A), fracción XXX y 23, fracción XIII, en su porción normativa "intervención de comunicaciones privadas", de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, disponen que la solicitud que dicha Fiscalía -como titular del Ministerio Público en la entidad- debe hacer a la autoridad judicial federal para intervenir comunicaciones privadas, es una facultad delegada en sus unidades de investigación, acusación y procesos.

44. De acuerdo con el análisis efectuado en el apartado anterior de esta ejecutoria, al resultar inválida la solicitud de intervención de comunicaciones privadas por parte del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la citada entidad, también resulta inválido que esa facultad sea delegada en funcionarios de esa institución de menor jerarquía.

45. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 107/2024, destacó la importancia de que el texto constitucional reflejara expresamente que serían los Titulares del Ministerio Público de cada entidad federativa, quienes estarían facultados para solicitar ante una autoridad judicial federal, la intervención de comunicaciones privadas, sin que existiera la posibilidad de atribuir o delegar esa facultad a otros funcionarios(21).

46. En efecto, conforme al décimo tercer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política del país, la solicitud de intervención de comunicaciones privadas recae exclusivamente en: a) la autoridad federal que faculte la ley; y b) el titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente.

47. Conforme a dicho precepto constitucional, la facultad de solicitar esa intervención de comunicaciones privadas no puede ser delegado a una autoridad distinta o de menor jerarquía.

48. Adverso a los límites constitucionales señalados, las normas examinadas en este apartado admiten que la persona Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, delegue en distintos funcionarios de su institución la facultad de solicitar a la autoridad judicial federal la intervención de una comunicación privada.

49. Específicamente lo hace en las unidades de investigación, acusación y procesos, las cuales, conforme a los artículos 14, fracción II, incisos a), b) y c), 15 y 22 de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, se trata de órganos ministeriales, cuya competencia es distribuida territorialmente y son los encargados de investigar hechos relacionados con el delito de corrupción, a través de Fiscales Ministerios Públicos(22).

50. Por lo tanto, es claro que se trata unidades lideradas por personas servidoras públicas de menor jerarquía que el Fiscal de Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, quien también carece de facultades para pedir la intervención de comunicaciones privadas.

51. En ese sentido, se consideran fundados los conceptos de invalidez hechos valer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y suficientes para declarar la invalidez de las porciones normativas de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, que son examinadas en este apartado.

52. Por ello, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que son inválidos los artículos 17, inciso A), fracción XXX y 23, fracción XIII, en su porción normativa "intervención de comunicaciones privadas", de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, pues trasgreden el contenido del párrafo décimo tercero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VII.2 Examen constitucional del artículo 23, fracción XIII, en su porción normativa "localización geográfica en tiempo real", de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo

53. Para la Comisión accionante, la norma impugnada en mención, que faculta a ciertos funcionarios ministeriales a solicitar una localización geográfica en tiempo real, lo cual incide en el disfrute al derecho a la privacidad e intimidad de las personas, por lo que la intrusión a ese derecho humano no se justifica ni resulta proporcionada, ni siquiera en aras de la prevención, investigación y persecución de ilícitos.

54. Desde su perspectiva, es inválida la parte subrayada siguiente:

Artículo 23. Las Unidades de Investigación, Acusación y Procesos, a través de su titular tendrán las siguientes facultades: [...]

55. En principio, debe destacarse que esta norma no se trata sólo de una facultad delegada a ciertos funcionarios de la Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, para pedir un acto de investigación, relativo a la localización geográfica en tiempo real de conformidad con las leyes aplicables en la materia.

56. En realidad es una disposición que faculta expresamente a las Unidades de Investigación, Acusación y Procesos de la referida Fiscalía para pedir una localización geográfica, sin que condicione su acatamiento al cumplimiento de alguna disposición jurídica en concreto, por lo tanto, puede servir como fundamento jurídico para requerir esa información y que sea cumplida en sus términos por concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos.

57. Entonces, no es sino a través de impugnar esa disposición por medio de una acción de inconstitucionalidad, lo que impediría que la norma cuestionada sea aplicada en sus términos, con el riesgo de vulnerar los derechos humanos de las personas.

58. Desde este momento se anticipa que la norma impugnada establece una facultad para solicitar la geolocalización en tiempo real, la cual no determina los límites excepcionales a partir de los cuales puede ser emitida sin vulnerar desproporcionadamente el derecho a la privacidad.

59. Si bien la norma hace una remisión a "disposiciones aplicables", esto no supera el vacío legislativo que surge al no precisarse las conductas ilícitas de mayor gravedad relacionadas con el delito de corrupción que sean aplicables, ni las circunstancias de extrema urgencia que justifiquen la emisión de una medida de esta relevancia jurídica, de acuerdo con la doctrina que esta Suprema Corte ha edificado al respecto.

60. Para explicar lo anterior, debe decirse que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha examinado los alcances de la medida de localización geográfica en tiempo real -geolocalización-, para efectos de una investigación ministerial.

61. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 32/2012, esta Suprema Corte(23) -en su anterior integración-, determinó que la geolocalización(24) se refiere a la ubicación geográfica en tiempo real de un aparato telefónico móvil y no implica la intervención de comunicaciones que se realicen a través de esos equipos, ni siquiera el registro de llamadas, por lo que no se vulnera el derecho a la privacidad.

62. Se estableció que la medida busca ese objetivo y procede sólo en caso de que los aparatos móviles se encuentren relacionados con investigaciones de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas. Es decir, su empleo es procedente en el caso de los delitos taxativamente precisados en la norma.

63. También se hizo énfasis en que la medida es de especial relevancia en los delitos de delincuencia organizada, al permitir que la localización de un aparato permita a su vez localizar otros equipos de los coparticipes, por lo que puede no pretender buscar a una persona determinada, sino que ello dependerá de los avances de la investigación.

64. De igual forma se precisó que los preceptos impugnados en ese asunto contenían una facultad excepcional conferida a la autoridad ministerial, pues su ejercicio no procede indiscriminadamente, sino únicamente en aquellos casos en que cuente con elementos suficientes que hagan probable la comisión de los delitos que taxativamente se enumeran, todos ellos de gravedad o particular trascendencia. Al tratarse de casos de tal magnitud, el uso de la medida es de urgente necesidad, por lo que se torna prioritario el actuar con oportunidad.

65. En ese sentido, que la localización de un equipo de comunicación móvil asociado a una línea se inserta dentro de las actividades y diligencias propias de la investigación de los delitos que la Constitución y la ley confieren al Ministerio Público, mediante tecnologías disponibles en materia de telecomunicaciones.

66. Por ello, se determinó que la medida no requiere de autorización judicial previa, al no ser un acto privativo, sino de molestia, que debe sujetarse a lo dispuesto en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política del país. Esto, pues los preceptos cuestionados no tenían por efecto injerencia alguna en la vida privada de las personas, en la de su familia, correspondencia, o domicilio, por lo que tampoco vulneran las disposiciones de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

67. No obstante, la medida de geolocalización fue sometida a un test de proporcionalidad, frente al derecho a la vida privada de las personas, a partir del cual se concluyó que la medida tiene un fin constitucional legítimo, es idónea, necesaria y es proporcional en sentido estricto.

68. Lo anterior, bajo la base de que las notas comunes que guardan los delitos para los cuales se autoriza la figura de la geolocalización en tiempo real (es decir, los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, extorsión y amenazas) y que los bienes jurídicamente tutelados en cada caso, como la vida, la seguridad, la libertad e integridad física de las personas y la salud pública, justifican la necesidad de la medida, precisamente en atención a la particular protección que merecen.

69. De igual forma se precisó que si bien las normas cumplían con los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad para la limitación o afectación de derechos humanos, las mismas debían interpretarse en el sentido de que tienen aplicación únicamente en casos de urgencia, como son: (a) cuando se ponga en riesgo la vida e integridad física de las víctimas del delito, o (b) cuando exista riesgo de que se oculte o desaparezca el objeto del delito. De no ubicarse en estos casos, será necesaria una autorización judicial previa.

70. Que el correcto ejercicio de esta facultad exige a la autoridad fundar y motivar sus solicitudes de geolocalización, mediante: (i) la instrucción al personal técnico que corresponda, que mínimamente razone la excepcionalidad del caso, dado el tipo de delitos que se investiga; (ii) la averiguación previa en la que se provee la medida, y (iii) las condiciones fácticas que revelen la eventualidad de daño a las personas o del ocultamiento de datos para esclarecer los hechos de la investigación.

71. De dicha petición debía dejarse constancia en el expediente, cuya información se mantendría en sigilo hasta el momento procesal oportuno, de modo que ni aún el concesionario o permisionario del servicio puedan acceder a ella.

72. Así, las normas impugnadas en dicho precedente se declararon válidas, considerando que su aplicación para ciertos delitos de importante gravedad y la urgencia que surge de esa peculiaridad, no requería autorización judicial previa, aunado a que supera un test de proporcionalidad, por lo que resulta una medida razonable.

73. Por otro lado, al resolver la acción de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014(25), la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó, con base en la citada acción de inconstitucionalidad 32/2012, la geolocalización en tiempo real de teléfonos o aparatos móviles debe estar acotada a ciertos delitos taxativamente enumerados en la ley y/o a ciertos supuestos de urgencia que justifiquen que se lleve a cabo. De lo contrario, la medida sería inconstitucional.

74. Por ello, estableció que la norma examinada en ese nuevo precedente, que fue el primer párrafo del artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales (publicado el cinco de marzo de dos mil catorce) era inconstitucional, al no estar limitada o acotada su utilización para la investigación de delitos específicos o supuestos de urgencia, porque contenía una facultad completamente abierta.

75. Se destacó que la norma impugnada no brinda elemento alguno o referencia para poder controlar la discrecionalidad que se le da a la autoridad ministerial para el uso de esta medida. Incluso, que el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política del país hizo especial referencia a la importancia del principio de legalidad, al establecerlo como una obligación de rango constitucional en la actuación de las instituciones de seguridad pública, dentro de las cuales se encuentran las autoridades de investigación criminal.

76. Asimismo, al someter a la norma examinada a un test de proporcionalidad, concluyó que la medida tiene un fin constitucionalmente válido, es idónea y necesaria de acuerdo con las consideraciones de la citada acción de inconstitucionalidad 32/2012, concluyó que no cumple con la proporcionalidad en sentido estricto.

77. Lo anterior, pues como no establecía los supuestos o casos excepcionales en que la geolocalización puede utilizarse por el Ministerio Público, entonces vulneraba el derecho a la intimidad, pues podía ser aplicada en de delitos menores o que no ponen en alto riesgo la vida, integridad y seguridad de la persona, de manera que no se justifica una invasión a la privacidad, por lo que declaró la invalidez de la norma impugnada.

78. Sentado lo anterior, procede examinar la norma cuestionada en sus méritos, a partir de la metodología diseñada en los referidos precedentes de esta Suprema Corte.

79. En primer lugar, debe destacarse que el principio o garantía de legalidad, como principio fundamental en cualquier estado democrático, irradia en todos los actos de autoridad, cualquiera que sea su fuente o naturaleza, al exigir que los gobernantes se ajusten a ciertas reglas previamente establecidas con dos fines fundamentales: a) evitar su actuación arbitraria o caprichosa; y b) ceñirla a la legalidad proveyendo a los ciudadanos mecanismos que logren invalidar tales actuaciones en perjuicio de sus intereses.

80. En ese sentido, el artículo 23, fracción XIII, en su porción normativa "localización geográfica en tiempo real", de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, contiene una facultad otorgada al Ministerio Público para solicitar una localización geográfica en tiempo real, para la investigación de las diversas formas de comisión del delito de corrupción, que atañen a la competencia legal de dicha Fiscalía.

81. No obstante, se trata de una habilitación desmedida, pues queda a discreción de dicha autoridad el empleo de la figura sin una regulación específica de los supuestos o casos en que ello sería permisible, lo cual confiere a la autoridad facultades discrecionales que potencialmente podrían dar lugar a actuaciones arbitrarias.

82. En efecto, el referido precepto no da elemento alguno o referencia para poder controlar la discrecionalidad que se le da a la autoridad ministerial para el uso de esta medida. Incluso el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hizo especial referencia a la importancia del principio de legalidad, al establecerlo como una obligación de rango constitucional en la actuación de las instituciones de seguridad pública, dentro de las cuales se encuentran las autoridades de investigación criminal.

83. De acuerdo con lo anterior, con independencia de la disposición impugnada pueda violentar algún derecho humano de corte sustantivo, es violatoria del principio de legalidad.

84. Por otro lado, de acuerdo con los conceptos de invalidez hechos valer por la accionante y siguiendo la metodología de los precedentes señalados en este apartado, procede realizar un test de proporcionalidad de la norma impugnada para determinar: a) si la medida impugnada cuenta con una finalidad constitucionalmente válida, b) si es idónea para conseguir ese fin constitucional, c) si es necesaria, es decir, que no exista otro mecanismo menos gravoso al derecho a la privacidad, y d) análisis sobre la proporcionalidad de la medida en sentido estricto.

85. A partir de lo expuesto, se debe establecer si la norma es desmedidamente invasiva del derecho humano a la privacidad e intimidad de las personas, con el que prima facie existe una aparente colisión, el cual está protegido por el artículo 16 de la Constitución Política del país, 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos(26), 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(27) y 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos(28).

86. De acuerdo con ese ejercicio se debe dilucidar si se encuentra justificada constitucionalmente la medida de geolocalización en tiempo real regulada en la norma impugnada.

87. Es aplicable al respecto, la tesis aislada 1a. CCLXIII/2016, de la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: "TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL"(29).

A) Fin constitucionalmente válido de la medida

88. En esta primer grada, debe establecerse si una medida que se considera potencialmente violatoria de un derecho humanos, cuenta con una justificación constitucionalmente válida(30).

89. La medida de localización geográfica en tiempo real persigue un fin constitucionalmente legítimo, que es la prevención, investigación y persecución de delitos de corrupción, que a su vez tiene como objetivo proteger a las personas. No se trata sólo de un fin legítimo, sino que constituye una de las funciones constitucionales primordiales del Estado.

B) Idoneidad de la medida

90. En esta etapa del escrutinio debe analizarse si la medida impugnada tiende a alcanzar en algún grado el fin perseguido por el legislador. En este sentido, el examen de idoneidad presupone la existencia de una relación entre la intervención al derecho fundamental en juego y el fin que persigue dicha afectación, siendo suficiente que la medida contribuya en algún modo y en algún grado a lograr el propósito que busca el creador de la norma(31).

91. En ese sentido, la geolocalización es una medida idónea para cumplir con el fin perseguido, en tanto que constituye una herramienta que facilita y dota de eficacia a la función constitucional de prevención, investigación y persecución del delito. Mediante la utilización de esta tecnología, se puede ubicar geográficamente a personas asociadas a delitos y con ello se aumenta la probabilidad de lograr su detención o ubicar y proteger a las víctimas, en el caso, del delito de corrupción.

C) Necesidad de la medida

92. El examen de necesidad implica corroborar si existen otros medios igualmente idóneos para lograr los fines que se persiguen, y en su caso determinar si estas alternativas intervienen con menor intensidad el derecho fundamental afectado.

93. Para ello, dicho escrutinio puede acotarse ponderando por ejemplo aquellas medidas que el legislador consideró adecuadas para situaciones similares. Así, de encontrarse alguna medida alternativa que sea igualmente idónea para proteger el fin constitucional y que a su vez intervenga con menor intensidad al derecho, deberá concluirse que la medida elegida por el legislador es inconstitucional(32).

94. De acuerdo con lo expuesto, puede considerarse que los índices de delincuencia en nuestro país, asociados particularmente con la corrupción, hacen necesario el uso de tecnologías como la geolocalización, que llevan a mejores y más eficientes resultados que las técnicas tradicionales de persecución de los delitos. Es decir, no se conoce una alternativa (tecnológica o de otra naturaleza) que logre los mismos resultados pero con una menor o nula afectación al derecho a la privacidad.

D) Proporcionalidad en sentido estricto de la medida

95. Esta cuarta grada del test de proporcionalidad consiste en efectuar un balance o ponderación entre dos principios que compiten en un caso concreto. Dicho análisis requiere comparar el grado de intervención en el derecho fundamental que supone la medida legislativa examinada, frente al grado de realización del fin constitucional perseguido por ésta(33).

96. En otras palabras, en esta fase del escrutinio es preciso realizar una ponderación entre los beneficios que cabe esperar de una limitación desde la perspectiva de los fines que se persiguen, frente a los costos que necesariamente se producirán desde la óptica de los derechos fundamentales afectados.

97. Dicho lo anterior, la figura de localización geográfica en tiempo real no cumple con la proporcionalidad en sentido estricto, pues no establece los supuestos o casos excepcionales en que la geolocalización puede utilizarse por el Ministerio Público, por lo que restringe el derecho a la intimidad y privacidad.

98. El delito de corrupción, que es el perseguido por la Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, ofrece múltiples conductas a partir de las cuales puede ser cometido(34). Sin embargo, la disposición impugnada no establece cuáles de ellas ameritan la emisión de esa medida, ni se desprenden las condiciones de urgencia que se buscan afrontar mediante su implementación.

99. Por lo tanto, para que la medida superara el test de proporcionalidad, debiera estar restringida a las hipótesis más gravosas del delito de corrupción, o que contuviera supuestos de urgencia, esto es: (i) cuando se pongan en riesgo la vida o integridad física de las víctimas del delito, o (ii) cuando exista riesgo de que se oculte o desaparezca el objeto del delito, en los que la geolocalización, por sus características y la información que provee, juega un papel central o fundamental en la investigación del delito.

100. En tales condiciones la figura de localización en tiempo real, en la forma en que se regula en el artículo 23, fracción XIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, es inconstitucional.

101. Cabe decir que la norma impugnada no puede considerarse apegada a la regularidad constitucional, por el hecho de establecer que su solicitud debe realizarse de conformidad con las leyes aplicables en la materia.

102. Lo señalado es así, pues la norma no establece cuáles son esos ordenamientos legales y si bien podría pensarse que al tratarse de una medida de investigación dictada en materia procedimental penal, podrían ser aplicables las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente el artículo 303 de ese ordenamiento nacional que regula la figura de la geolocalización, el cual ha sido invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada acción de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014.

103. Con motivo de tal precedente, dicho precepto fue reformado en su totalidad, en el que se prevé que, por regla general, la geolocalización estaría sujeta a autorización judicial, pero que podría ser autorizada de manera excepcional directamente por el Ministerio Público, sólo que en supuestos acotados.

104. Esto es, en los casos en que esté en peligro la integridad física o la vida de una persona o se encuentre en riesgo el objeto del delito, así como en hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad, secuestro, extorsión o delincuencia organizada(35).

105. Como hemos precisado, la norma impugnada es específica sobre la comisión del delito de corrupción en Quintana Roo, por lo que las reglas diseñadas en el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales no justifican las condiciones excepcionales en las que, en torno al referido delito (y las distintas hipótesis en que puede actualizarse) puede ser emitida la medida de localización geográfica en tiempo real, lo que impide considerarla razonable y proporcionalmente justificada su afectación a la privacidad de las personas.

106. Además, la referencia relativa a que la solicitud debe hacerse de conformidad con las leyes aplicables en la materia, implicaría realizar un análisis de las normas asociadas con la medida de geolocalización para determinar si de su contenido se despenden condiciones excepcionales que justifiquen su aplicación en el delito de corrupción en Quintana Roo, lo que exigiría definir, a su vez, si tales normas cumplen con las condiciones necesarias para afectar válidamente el derecho a la privacidad y la intimidad de las personas.

107. Esto significaría examinar la regularidad constitucionalidad de disposiciones legales no impugnadas en esta acción de inconstitucionalidad, lo que constituiría un ejercicio jurisdiccional inadmisible.

108. Es por ello que, al no precisar la norma impugnada cuáles son "las leyes aplicables en la materia", no llena el vacío normativo que debería existir para justificar condiciones excepcionales precisas o de urgencia que en torno al delito de corrupción debería prever el precepto cuestionado, lo cual permite concluir que se trata de una disposición que vulnera el derecho humano a la privacidad y los principios de legalidad y seguridad jurídica.

109. Con base en todo lo expuesto, corresponde declarar la invalidez del artículo 23, fracción XIII, en su porción normativa "localización geográfica en tiempo real", de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo.

110. Adicionalmente, esta Suprema Corte advierte que la propia fracción XIII, del artículo 23 de la citada Ley Orgánica, después de la fracción impugnada "localización geográfica en tiempo real", expresamente señala la "conservación inmediata de datos contenidos en redes y sistemas o equipos de informática".

111. Dicha porción igualmente se refiere a información relacionada con la medida de geolocalización en tiempo real, de acuerdo con el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo tanto, al tratarse esta porción de una consecuencia de la porción impugnada que contiene el mismo vicio de inconstitucionalidad, con fundamento en el artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede declarar la invalidez por extensión de esa porción normativa.

112. En suma, la invalidez decretada recae en la totalidad del artículo 23, fracción XIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo.

VII.3 Análisis de la invasión de la competencia exclusiva de la Federación para legislar en materia procedimental penal, en torno a los artículos 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo

113. Para la accionante, el legislador estatal vulneró la atribución exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia procedimental penal en términos del precepto 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política del país, pues estableció los medios de apremio que puede ocupar la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo para hacer valer sus determinaciones, en los preceptos 43 y 44 de la Ley Orgánica de esa institución, por lo que se trata de normas inválidas.

114. Dichos conceptos de invalidez son fundados.

115. Para explicar lo anterior, es preciso señalar en principio que en distintos precedentes, como la acción de inconstitucionalidad 48/2016, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de examinar disposiciones locales que inciden en la competencia exclusiva de la federación para legislar en materia procedimental penal(36).

116. Siguiendo la metodología desarrollada en tal precedente, procede en principio señalar que el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se aduce violado, señala lo siguiente:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

[...]

XXI. Para expedir:

[...]

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

117. La norma constitucional transcrita prevé que el Congreso de la Unión será competente para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de procedimientos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República, excluyendo de esta forma la concurrencia de los Estados para legislar al respecto.

118. La citada reforma tuvo como propósito la unificación de las normas aplicables a todos los procesos penales a fin de hacer operativo el nuevo sistema de justicia penal a nivel nacional, a partir de la homogeneidad de disposiciones procesales penales que brindan eficacia a este modelo de justicia.

119. De acuerdo con su régimen transitorio(37), la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto es, el nueve de octubre de dos mil trece, señalándose como fecha máxima de entrada en vigor de la legislación única en materia procedimental penal que debería expedir el Congreso de la Unión, el dieciocho de junio de dos mil dieciséis.

120. Si bien con motivo de la entrada en vigor de la reforma constitucional las entidades federativas dejaron de ser competentes para legislar sobre materia procedimental penal, podían seguir aplicando la legislación local expedida con antelación a la entrada en vigor de la legislación única.

121. Esto se corrobora del contenido del artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales(38), conforme al cual los procedimientos penales que a la entrada en vigor se encontraran en trámite, continuarían sustanciándose en términos de la legislación procesal aplicable en ese momento.

122. Derivado de esa reforma constitucional, el Congreso de la Unión expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce, estableciendo que su entrada en vigor se haría de manera gradual, sin que pudiera exceder del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, en los mismos términos del transitorio constitucional a que se hizo referencia(39).

123. De acuerdo con el artículo 2 del mencionado Código Nacional, su objeto es establecer las normas que han de observarse en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos(40).

124. Por ello, los aspectos que encuadren dentro de esos rubros y se encuentren ahí previstos, no pueden regularse mediante normas estatales, ni siquiera en forma de reiteración, en tanto que el citado Código Nacional es de observancia general en toda la República para los delitos que sean competencia tanto de las autoridades federales como locales(41).

125. Adicionalmente, en el referido precedente se precisó que el artículo octavo transitorio del citado Código Nacional(42) al señalar que la Federación y las entidades federativas deberán publicar las reformas a sus leyes y demás normatividad complementaria que resulten necesarias para la implementación de este ordenamiento, solamente permite a ambos niveles de gobierno expedir estrictamente la legislación de carácter instrumental que dé efectividad a lo dispuesto en la norma nacional, es decir, sólo lo que constituye un medio para la consecución de sus fines.

126. Entonces, las disposiciones que resulten necesarias, son aquellas exclusivamente indispensables para que lo dispuesto en el propio Código Nacional se pueda implementar, lo cual limitó la libertad de los Congresos locales para legislar en materia procedimental penal.

127. Cabe agregar que para el Estado de Quintana Roo, la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, fue a partir del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis(43).

128. Pues bien, los artículos impugnados 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, publicada el diez de enero de dos mil veinticinco, expresamente establecen que tanto la persona titular de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, como quienes sean titulares de sus unidades, pueden hacer uso de medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones.

129. Dichos funcionarios son los encargados de investigar y perseguir los delitos en materia de corrupción de la entidad, de conformidad con los preceptos 2(44), 14, fracción II, incisos a), b) y c), 15 y 22(45) de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, por lo que se trata de medidas que sólo pueden ser comprendidas dentro de la etapa inicial de investigación del procedimiento penal a cargo de la autoridad ministerial, prevista en el artículo 211, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales(46).

130. Por lo tanto, al tratarse de medidas aplicables dentro del procedimiento penal instituido por el Código Nacional de Procedimientos Penales, constituyen atribuciones reguladas en la materia procedimental penal, cuya atribución para legislar es exclusiva del Congreso de la Unión, conforme al artículo 73, fracción XXI; inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

131. De hecho, la fijación de las medidas coercitivas que establecen las normas impugnadas, en realidad son una reproducción prácticamente idéntica del artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en torno a los medios de apremio con que cuenta el Ministerio Público dentro del procedimiento penal acusatorio para hacer cumplir sus determinaciones, como puede apreciarse del siguiente cuadro comparativo:

Preceptos Impugnados

Código Nacional de Procedimientos Penales

I. Amonestación;

III. Auxilio de la fuerza pública, o

IV. Arresto hasta por treinta y seis horas.

Artículo 44. La resolución que determine la imposición de medios de apremio deberá estar fundada y motivada.

Artículo 104. Imposición de medios de apremio [...]

I. El Ministerio Público contará con las siguientes medidas de apremio:

a) Amonestación;

b) Multa de veinte a mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso;

c) Auxilio de la fuerza pública, o

d) Arresto hasta por treinta y seis horas;

[...]

La resolución que determine la imposición de medidas de apremio deberá estar fundada y motivada.

La imposición del arresto sólo será procedente cuando haya mediado apercibimiento del mismo y éste sea debidamente notificado a la parte afectada.

El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán dar vista a las autoridades competentes para que se determinen las responsabilidades que en su caso procedan en los términos de la legislación aplicable.

132. Entonces, como bien lo señala la accionante, se trata de disposiciones que regulan aspectos vinculados con el procedimiento penal, con cuya expedición se invadió el ámbito competencial exclusivo del Congreso de la Unión, pues fueron aprobados en fecha posterior a la aludida reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política del país(47).

133. Además, tales disposiciones no pueden considerarse normas complementarias en términos del artículo octavo transitorio mencionado, pues se limitan a reproducir el contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre las atribuciones con que cuenta una autoridad ministerial para hacer cumplir sus determinaciones dentro de la etapa inicial del procedimiento penal, creando una doble regulación de la misma actividad procesal penal.

134. Por ello, dicha previsión invade la competencia legislativa exclusiva de la Federación para legislar en materia procedimental penal y al producir una doble regulación, también trasgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica, por lo que procede declarar la invalidez de los artículos 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo.

VII.4 Examen de las responsabilidades administrativas reguladas en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo

135. Desde la perspectiva de la accionante, es inválido el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, pues establece una serie de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, en contravención a lo dispuesto por el precepto 109, fracción III, de la Constitución Política del país, lo cual vulnera los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica.

136. Es fundado este concepto de invalidez.

137. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de examinar disposiciones que regulan las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, cuestión que es materia concurrente, de acuerdo con el nivel de gobierno en el que prestan sus servicios las personas servidoras públicas.

138. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 98/2021, el entonces Pleno de esta Suprema Corte estableció que el parámetro de regularidad constitucional en materia de responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas deriva del Título Cuarto de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se denomina: "DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE CORRUPCIÓN, Y PATRIMONIAL DEL ESTADO"(48).

139. Conforme al artículo 108, párrafos primero, tercero y cuarto, de la Constitución Federal, para efecto de las responsabilidades establecidas en el referido capítulo, las Constituciones locales precisarán los organismos autónomos, así como quiénes son servidores públicos, por lo que se les pondrá fincar una responsabilidad derivada de su desempeño en su empleo, cargo o comisión(49).

140. En ese sentido, como se explicó previamente, la Constitución del Estado de Quintana Roo en su artículo 96, establece que la Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo es un organismo público autónomo, integrante del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, encargado de la investigación de los delitos en materia de corrupción en la entidad(50).

141. Asimismo, define en su artículo 160, que para efectos de las responsabilidades administrativas, son servidores públicos, entre otros, aquellas personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los órgano públicos autónomos(51).

142. Derivado de lo anterior, este Tribunal Pleno considera que las disposiciones contenidas en Título Cuarto constitucional son aplicables a las personas servidoras públicas integrantes de la Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, en virtud de que dicha institución se encuentra reconocida constitucionalmente como un órgano público autónomo local.

143. Ahora, el artículo 109, fracción III, de la propia Constitución establece que a los servidores públicos que incurran en responsabilidad frente al Estado se les aplicarán sanciones administrativas por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones(52).

144. De igual forma, prevé que dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios monetarios que en su caso haya obtenido el responsable y atendiendo a los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones.

145. Así, se advierte que el Constituyente estableció un régimen general y homogéneo de responsabilidades para los servidores públicos, entre los cuales se contemplan aquellos adscritos a la Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, para lo cual instituyó una serie de principios y directrices básicas que deberá contener la ley general, con la única excepción puesta para los miembros del Poder Judicial de la Federación, quienes se ciñen a un régimen distinto(53).

146. Es importante recordar que el veintisiete de mayo de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

147. El objeto de dicha reforma fue fijar las reglas y principios para desarrollar un Sistema Nacional Anticorrupción como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

148. A su vez, se previó el Sistema Nacional de Fiscalización como un subsistema fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, con el objeto de que las acciones emprendidas por el Estado para prevenir y sancionar la corrupción no se llevaran a cabo de forma aislada, sino como un sistema integral articulado para prevenir y sancionar las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción(54).

149. Dentro de las disposiciones reformadas destaca el artículo 73, fracción XXIX-V, de la Constitución Federal, que esencialmente facultó al Congreso de la Unión para expedir una Ley General que distribuyera competencias entre los órdenes de gobierno para establecer: a) las responsabilidades administrativas de los servidores públicos; b) sus obligaciones; c) las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran; d) las sanciones que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves; y e) los procedimientos para su aplicación(55).

150. En cumplimiento a la citada reforma constitucional, el dieciocho de julio de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyo objeto reproduce los propósitos para los que fue emitida, esto es, distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación(56).

151. Posteriormente, el diez de enero de dos mil veinticinco se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, la cual prevé procedimientos para fincar responsabilidades a sus servidores públicos, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo y sus Municipios(57).

152. De todo lo expuesto, se concluye que si bien el Congreso de Quintana Roo tiene facultades para establecer un régimen complementario de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, lo cierto es que el parámetro de regularidad constitucional se integra por el contenido de Título Cuarto, artículos 108 y 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 73, fracción XXIX-V, del mismo ordenamiento, en relación con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

153. De acuerdo con las reglas diseñadas en la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas, se obtienen ciertos lineamientos generales:

a) Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior y los órganos internos de control en las entidades federativas y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa.

b) Las demás faltas y sanciones administrativas serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.

c) La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.

d) Los entes públicos tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia de sus Tribunales de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito.

154. De dichos lineamientos constitucionales se advierte que la ley deberá establecer faltas graves y demás faltas (no graves), y dispone de un tratamiento diferenciado para cada una de estas.

155. Esta distinción tiene el propósito de verificar un tratamiento diferenciado porque en el caso de las faltas graves, serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior y los órganos internos de control de las entidades y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa relativo. Mientras que las restantes faltas (no graves), serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.

156. En ese entendimiento, esta Suprema Corte considera que para armonizar el régimen de responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas de la Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, su Congreso local debe establecer sino un régimen complementario a partir de las particularidades y las necesidades de ese organismo autónomo con funciones sumamente específicas, siempre y cuando este no hubiera sido desarrollado ya por la Ley General y no se contraponga a su contenido.

157. Sobre todo en aspectos como la clasificación de las faltas graves y no graves, las sanciones y los procedimientos ya determinados en la citada Ley General.

158. No pasa inadvertido que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, y que el Congreso de la Unión deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán para los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales(58).

159. Sin embargo, del precepto constitucional invocado no se advierte que el Constituyente estableciera un régimen especial ni diferenciado de responsabilidades administrativas para las personas que prestan un servicio público en dichas entidades gubernamentales, sino un régimen laboral específico para dichos trabajadores al servicio del Estado.

160. Establecido lo anterior, el contenido de la norma impugnada señala lo siguiente: