PROGRAMA Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2026-2030.

PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2026-2030
1. Índice
1.     Índice
2.     Señalamiento del origen de los recursos del programa
3.     Siglas y acrónimos
4.     Fundamento normativo
5.     Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
6.     Objetivos
       6.1 Relevancia del objetivo 1: Incrementar los ingresos por actividades agropecuarias y pesquero-acuícolas, así como por otras opciones productivas de la población rural del país.
       6.2 Relevancia del objetivo 2: Garantizar el acceso a los derechos sociales de alimentación, salud, educación y vivienda de la población que habita en las localidades rurales.
       6.3 Vinculación de los objetivos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2026-2030
7.     Estrategias y líneas de acción
       Objetivo 1. Incrementar los ingresos por actividades agropecuarias y pesquero-acuícolas, así como por otras opciones productivas de la población rural del país.
       Objetivo 2. Garantizar el acceso a los derechos sociales de alimentación, salud, educación y vivienda de la población que habita en las localidades rurales.
8.     Indicadores y metas
9.     Lista de dependencias y entidades participantes en el programa
10.   Referencias
2. Señalamiento del origen de los recursos del programa
La totalidad de las acciones que se consideran en el programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación, de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el programa, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo.
3. Siglas y acrónimos
ApB
Alimentación para el Bienestar, S.A. de C.V.
APF
Administración Pública Federal
ASA
Aeropuertos y Servicios Auxiliares
ATDT
Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones
BANCO DEL BIENESTAR
Banco del Bienestar, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo
CONABIO
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
CONADESUCA
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
CONAFOR
Comisión Nacional Forestal
CONAGUA
Comisión Nacional del Agua
CONAPESCA
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
CONASAMI
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
CONAVI
Comisión Nacional de Vivienda
CONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
CPEUM
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
ECNT
Enfermedades Crónicas No Transmisibles
ENIGH
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
ENOE
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
ENSANUT
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
FIFONAFE
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
FINABIEN
Financiera para el Bienestar
FIRA
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
IES
Instituciones de Educación Superior
IMSS-BIENESTAR
Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar
INEE
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
INEGI
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INIFAP
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
INPI
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
INSP
Instituto Nacional de Salud Pública
IPSS
Instituciones Prestadoras de Servicios Públicos de Salud
LDRS
Ley de Desarrollo Rural Sustentable
LpB
Leche para el Bienestar, S.A. de C.V.
MIAF
Milpa Intercalada con Árboles Frutales
ODS
Objetivos de Desarrollo Sostenible
PA
Procuraduría Agraria
PECDRS 2026-2030
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2026-2030
PND 2025-2030
Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030
PROFEPA
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
PRONABIVE
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
SADER
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
SAF
Sistemas Agroforestales
SC
Secretaría de Cultura
SE
Secretaría de Economía
SEBIEN
Secretaría de Bienestar
SECIHTI
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación
SECTUR
Secretaría de Turismo
SEDATU
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
SEMARNAT
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEMUJERES
Secretaría de las Mujeres
SENASICA
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
SENER
Secretaría de Energía
SEP
Secretaría de Educación Pública
SHCP
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SICT
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
SNDIF
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
SNICS
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas
SRE
Secretaría de Relaciones Exteriores
SSA
Secretaría de Salud
STPS
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
TA
Tribunales Agrarios
4. Fundamento normativo
El PECDRS 2026-2030 se fundamenta en los artículos 25 y 26, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en los que se señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, así como la organización de un sistema de planeación democrática, que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía. Por su parte, el artículo 27, fracción XX, de la CPEUM establece que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral y sustentable, con el fin de generar empleo y garantizar a la población campesina su bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y garantizará el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.
El PECDRS 2026-2030 es un instrumento de política pública para el campo, orientado a garantizar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y su reconocimiento como sujetos de derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 2o. de la CPEUM. Asimismo, establece directrices generales de política para que las autoridades gubernamentales aseguren el ejercicio de derechos fundamentales como la educación, la alimentación nutritiva y de calidad, un medio ambiente sano, el acceso al agua y a una vivienda digna, así como al trabajo, lo anterior en concordancia con lo señalado en los artículos 3o., 4o. y 123 de la CPEUM. En correlación con estas disposiciones constitucionales, la Ley de Planeación, en sus artículos 22 y 26 establece que la elaboración de los Programas Especiales deberá observar congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND 2025-2030), y referir las prioridades del desarrollo integral del país o las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector.
En términos del artículo 10 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) se crea la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable; asimismo, en su artículo 14, señala que dicha comisión deberá proponer al Ejecutivo Federal el PECDRS, que comprenderá las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo, y a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, con prioridad en zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica y socialmente débiles.
De conformidad con el artículo 4o. de la LDRS, el Estado impulsará una transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector rural y mejore de forma sostenida y sustentable sus condiciones de vida, mediante el fomento de las actividades productivas y de desarrollo social, orientadas a su diversificación en el campo y elevar la productividad, la rentabilidad, el ingreso y el empleo entre la población rural.
El artículo 5o. de la LDRS indica que el Estado, a través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural, orientados a promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo, mediante la diversificación y generación de empleo y el incremento del ingreso; corregir disparidades de desarrollo regional, mediante el impulso a la transformación y reconversión productiva y económica con un enfoque de desarrollo rural sustentable; contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación; fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, y valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional.
La LDRS, en su artículo 15 determina que el PECDRS fomentará acciones para la sociedad rural en materias como actividades económicas, educación, salud, alimentación, vivienda, infraestructura, combate a la pobreza, cuidado al medio ambiente, equidad de género, impulso a la cultura, seguridad en la tenencia de la tierra, promoción del empleo productivo, protección a los trabajadores rurales y a los jornaleros agrícolas, entre otras.
El PECDRS 2026-2030 concuerda con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de las Naciones Unidas. En particular, este programa contribuye al cumplimiento de los ODS 1: Fin de la Pobreza, 2: Hambre cero, 3: Salud y bienestar, 4: Educación de calidad, 5: Igualdad de género, 8: Trabajo decente y crecimiento económico, 10: Reducción de las desigualdades, 12: Producción y consumo responsables, 13: Acción por el clima, y 15: Vida de ecosistemas terrestres.
Finalmente, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) es la dependencia responsable de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del PECDRS 2026-2030, en coordinación con las dependencias y entidades participantes y que conforman la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable.
5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
En el PND 2025-2030, el Gobierno de México plasma su visión de continuidad de la transformación de la vida pública nacional. En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, el bienestar de la población, en particular, de aquellos más vulnerables, continúa siendo el objetivo más importante de las acciones del gobierno.
Durante el Primer Gobierno de la Transformación, se alcanzaron resultados significativos en términos de fortalecimiento del ingreso, el empleo y el bienestar de la población en las zonas rurales. El ingreso corriente promedio trimestral de los hogares se incrementó en 7,377 pesos entre 2018 y 2024 (ENIGH, 2024) un incremento de 18.2 por ciento a precios de 2024.
También entre 2018 y 2024, por decil de ingreso los aumentos más significativos se observaron entre la población de los primeros tres deciles, es decir, los de menores ingresos. Entre esta población, los incrementos fueron de 35.9% para el primer decil, 29.6% para el segundo y de 26.8% en el tercero (ENIGH, 2024).(1) En términos de ocupación en las actividades primarias se tuvieron también resultados muy favorables. La ocupación promedio trimestral en el medio rural durante el Primer Gobierno de la Transformación fue de 11.5 millones de personas, que se comparan contra los 10.2 millones de personas del periodo 2013-2018. Durante el periodo 2019-2024 se crearon 1.3 millones de empleos para la población en el medio rural (ENOE, 2024).
Asimismo, el número de personas en situación de pobreza en las zonas rurales se redujo en 4.4 millones de personas, mientras que el número de personas que percibieron un ingreso menor al de la línea de pobreza extrema por ingresos se redujo en 2.3 millones de personas. También hubo avances significativos en términos de reducción de algunas de las carencias sociales en el medio rural. La carencia por calidad y espacios de la vivienda disminuyó en 1.1 millones de personas, la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda lo hizo en 3.2 millones de personas y la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad se redujo en 2.6 millones de mexicanas y mexicanos que habitan en las zonas rurales (PM, 2024, págs. pm_ar_2024, cuadro 1).
Sin embargo, persisten desafíos en términos de una población rural que presenta carencias sociales y de bienestar económico. Los dos principales retos identificados en este diagnóstico son, en primer lugar, los bajos ingresos e insuficientes oportunidades de empleo y, en segundo, la prevalencia de la pobreza y carencias en el medio rural. Estas problemáticas limitan el disfrute pleno de los derechos para la población rural.
La LDRS designa al PECDRS como el instrumento que coordina las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo, y a garantizar el bienestar de la población rural y campesina, asegurando su participación e incorporación al desarrollo de la nación.
La población rural en México asciende a 26,688,539 personas, lo que representa una quinta parte de la población (Censo, ¿Qué hay en las localidades rurales de México?, 2021, pág. 8). Durante el Primer Gobierno de la Transformación se emplearon, en promedio, 11.5 millones de personas en el ámbito rural, de las cuales 6.6 millones lo hicieron en actividades primarias (ENOE, 2024). En México, nueve de cada 10 unidades de producción, se consideran de pequeña y mediana escala (CA, 2022, pág. CA2022_str_agr01).
El primer problema, los bajos ingresos y la falta de oportunidades suficientes de empleo, es causado por la limitada productividad en la producción agroalimentaria, las reducidas opciones productivas que permitan la diversificación del ingreso, la falta de acceso a productos financieros y de administración de riesgos en las actividades agroalimentarias y los efectos del cambio climático en las comunidades rurales y campesinas.
Respecto a la limitada productividad de las actividades agropecuarias, esta se ha acentuado debido a las sequías de los últimos dos años. En 2024, se observaron las siguientes variaciones anuales: la producción agrícola tuvo una caída de 6.3%, en tanto que la pesca lo hizo en 4.4%, y los servicios relacionados también disminuyeron en 7.5%; por su parte, la ganadería creció en 2.2%, y el aprovechamiento forestal también lo hizo en 0.2% (INEGI, 2025).
El bajo dinamismo de las actividades económicas vinculadas al medio rural ha provocado también alteraciones en los niveles de ocupación en las actividades primarias. En 2024 se ocuparon 6.4 millones de personas en estas actividades, la cifra más baja en los últimos 10 años (ENOE, 2024). Dentro de estos se encuentran los cerca de 2.5 millones que se desempeñan como personas jornaleras (ENOE, 2024).
La falta de oportunidades laborales, suficientes y adecuadas en las zonas rurales, y la brecha de ingresos con respecto a los centros urbanos, explican en parte los movimientos migratorios desde las zonas rurales de México a centros urbanos y hacia los Estados Unidos de América. Esto explica además que una fracción de la población se mueva de manera constante entre campos agrícolas y sus comunidades de origen, principalmente en otro tipo de ocupaciones, como es el caso de las personas jornaleras agrícolas.
Se identifica una brecha relevante entre las poblaciones que habitan territorios urbanos y rurales, ya que los ingresos en el sector rural son menores a los del ámbito urbano. De acuerdo con la ENIGH, 2024, el ingreso per cápita en el medio rural es de aproximadamente 4,500 pesos, en tanto que en las zonas urbanas asciende a 8,600 pesos. Entre los hogares rurales, los ingresos por actividades agropecuarias representan el 20% del ingreso total (ENIGH, 2024). Como consecuencia, en el sector rural, el 18.8% de la población vive con un ingreso por debajo de la línea de pobreza extrema por ingreso, más del doble de la población urbana en la misma situación, que es de 6.7% (PM, 2024, págs. pm_ar_2024, cuadro 1).
La falta de acceso a productos financieros es otro factor que profundiza la brecha entre el ingreso de la población rural y campesina. El uso de instrumentos de crédito en el medio rural permea sólo en el 22.6% de la población, en tanto que el uso de seguros es de sólo el 11.4% (ENIF, 2024).
El instrumento financiero con la mayor penetración son las cuentas de captación con el 48% de uso entre la población de las zonas rurales (ENIF, 2024). En el caso del crédito agropecuario, este llega apenas a 4.2% entre las unidades de producción de pequeña y mediana escala; en tanto que el uso de seguros agropecuarios, como mecanismo de administración de riesgos, es de menos del 2% a nivel nacional (CA, 2022, pág. CA2022_cred_01).
Finalmente, otra de las causas del problema de bajos ingresos y falta de oportunidades de empleo en el ámbito rural, es el efecto que tiene el cambio climático y las prácticas productivas sobre el medio ambiente, que provocan la degradación de los recursos naturales y que reducen la productividad en las actividades económicas.
La transformación de la superficie nacional hacia suelos de uso agropecuario, urbano y el crecimiento de la infraestructura, ha propiciado un proceso continuo de deterioro del medio ambiente, principalmente a través de la deforestación. De acuerdo con la CONAFOR, se deforestan en promedio 203 mil hectáreas anualmente (CONAFOR, 2024). Tan sólo en 2023 se perdieron 4.8 millones de hectáreas de bosques, principalmente por cambios de uso de suelo no autorizados, lo que ha reducido la capacidad de los ecosistemas para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático (CONAFOR, 2024).
A la deforestación deben sumarse la degradación causada por los incendios forestales, la sobreexplotación de la vida silvestre y la introducción de especies exóticas. Entre 2003 y 2023, se registraron 6.3 millones de hectáreas afectadas por incendios, con un promedio de 209 hectáreas por siniestro en 2024 (CONAFOR, 2024). Estos fenómenos, exacerbados por el cambio climático, disminuyen la resiliencia de las comunidades rurales frente a sequías e inundaciones.
Este deterioro de los recursos puede explicarse por prácticas degradantes de los suelos y el uso inadecuado de los recursos naturales, que no incorporan los saberes tradicionales de nuestros pueblos originarios; la desigualdad en el acceso a recursos y servicios; la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos y económicos; los problemas de regulación, de operación, de inspección y de vigilancia; así como la falta de coordinación entre organizaciones civiles y los diversos órdenes de gobierno.
Por el contexto mencionado, el primer objetivo de este programa es "Incrementar los ingresos por actividades agropecuarias y pesquero-acuícolas, así como por otras opciones productivas de la población rural del país". Esto será posible mediante el impulso a las actividades agropecuarias y la inclusión productiva de la población rural y campesina a las mismas; la promoción al turismo rural y la fabricación de artesanías; la diversificación de las fuentes de ingresos; la complementariedad entre los diferentes Programas para el Bienestar de la Administración Pública Federal (APF), garantizando que el incremento anual de los apoyos económicos considere el efecto inflacionario, sin pérdida de poder adquisitivo; asimismo, facilitando el acceso a productos financieros y de administración de riesgos para la comercialización justa de la producción entre productores de pequeña y mediana escala, y promoviendo la inclusión laboral de jóvenes y mujeres a través de alianzas entre los sectores público, social y productivo. Todo esto priorizando la mejora de oportunidades para generar ingresos de adultos mayores, mujeres y comunidades indígenas y afromexicanas.
Si bien, en el sexenio anterior se logró una disminución significativa en el número de personas en situación de pobreza, el segundo problema que enfrenta la población en el ámbito rural es la prevalencia de altos niveles de pobreza y la presencia de carencias sociales. Como una problemática multidimensional, la pobreza rural tiene sus orígenes en la falta de acceso a ingreso suficiente para satisfacer las necesidades básicas, así como a una alimentación nutritiva y de calidad, a los servicios de salud y seguridad social, a una educación inclusiva y equitativa, a viviendas adecuadas y a una infraestructura pública de calidad.
La población en situación de pobreza en el ámbito rural es de 45.8%, proporción que se compara con el 25% de las zonas urbanas (PM, 2024, págs. pm_ar_2024, cuadro 1). Esto significa que en el medio rural hay 13 millones de mexicanas y mexicanos en pobreza, y que 3.9 de ellos se encuentran en pobreza extrema. Esta brecha se ha reducido consistentemente. En 2016 la proporción de la población rural en pobreza fue de 60.5%; sin embargo, a la fecha casi la mitad de esta población se encuentra en esta situación (PM, 2024, págs. pm_ar_2024, cuadro 1).
En materia de ingreso, en el ámbito rural el 47.4% de la población vive por debajo de la línea de pobreza y el 18.8% subsiste con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema. Esto es, 13.5 millones de personas rurales no tienen un ingreso suficiente para adquirir las canastas alimentaria y no alimentaria, y 5.3 millones no pueden siquiera satisfacer sus necesidades de alimentación (PM, 2024, págs. pm_ar_2024, cuadro 1).
La pobreza se manifiesta de forma más pronunciada en las comunidades indígenas de las zonas rurales. Según datos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), existen en el país 15,673 comunidades indígenas y afromexicanas en espacios rurales, en las cuales viven 1.8 y 1.6 millones de personas indígenas en situación de pobreza extrema, respectivamente (INPI, 2025).
Como bien se mencionó, la pobreza multidimensional resulta no solo de la falta de un ingreso suficiente y medios para obtenerlo, sino también de la falta de acceso a bienes y servicios que les permitan a la población gozar de condiciones de bienestar. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) identifica seis carencias sociales en su metodología para la medición de la pobreza: rezago educativo, carencia de acceso a servicios de salud, carencia de acceso a seguridad social, carencia de acceso a la alimentación, carencia de acceso a calidad y espacios de la vivienda, y carencia de acceso a servicios básicos de la vivienda. En el medio rural 87.8% de las personas presentan al menos una carencia social y el 45.6% al menos tres (PM, 2024, págs. pm_ar_2024, cuadro 1).
En 2024, el 21.6% de la población rural vivía con carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, cifra considerablemente mayor al 12.4% en el ámbito urbano (PM, 2024, págs. pm_ar_2024, cuadro 1). Entre los factores que explican esta carencia, están la falta de acceso a alimentos nutritivos, y el bajo nivel de abasto diario de frutas, verduras y otros alimentos nutritivos.
La falta de acceso a alimentos nutritivos es una de las causas de la malnutrición, que incluye tanto la desnutrición como el sobrepeso y la obesidad, así como deficiencias de micronutrientes. En el ámbito rural, 36.9% de las personas adultas y 18.1% de las niñas y niños en edad escolar padecen obesidad, posicionando a México con la segunda tasa más alta en la OCDE. Además, 16.0% de las mujeres de 20 a 49 años y 10.3% de personas adultas mayores de 60 años tienen anemia, un indicador de deficiencias nutricionales. El sobrepeso y obesidad afectan al 34.2% de la población escolar de 5 a 11 años y al 38.1% de 12 a 19 años; mientras que la diabetes y la hipertensión afectan aproximadamente al 18% y 31% de los adultos, respectivamente (ENSANUT, 2023).
Estas condiciones de carencia en la alimentación son más pronunciadas en comunidades rurales marginadas, principalmente aquellas con población indígena y afromexicana, en las que 3.9 millones de personas carecen de acceso a una alimentación nutritiva y de calidad.
El segundo factor que explica la carencia de acceso a una alimentación nutritiva y de calidad es la falta del abasto de alimentos de manera cotidiana. En las localidades rurales, sólo el 38.9% cuenta con abasto de alimentos diario (Censo, ¿Qué hay en las localidades rurales de México?, 2021, pág. 17).
Respecto a la dieta en las localidades rurales, esta se basa principalmente en productos elaborados a partir de harinas de maíz y trigo, huevo, frijol, arroz y leche. Una dieta nutritiva, suficiente y de calidad, implica el acceso y consumo regular de otros grupos alimenticios, a los cuales la población en el medio rural solo accede en proporciones menores al 50%. Tal es el caso de frutas y verduras (44%), así como una mayor diversidad en proteínas, como cárnicos (res y cerdo 27.6% y pollo 44.9%). (Censo, ¿Qué hay en las localidades rurales de México?, 2021, pág. 17).
La segunda carencia que limita el bienestar de la población rural es la relacionada con el acceso a servicios de salud. Esta se explica por la disponibilidad de servicios de salud, la limitada capacidad de acceso de la población rural y campesina a infraestructura y servicios de salud, la falta de acceso a la seguridad social; el incremento en Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) y la prevalencia de enfermedades causadas por el uso de plaguicidas nocivos para la salud.
El 62.4% de las localidades rurales no cuentan con servicios de salud, afectando al 23.7% de la población que vive en estas localidades; mientras que solo el 50.1% de las localidades cuentan con al menos un Centro de Salud (Censo, ¿Qué hay en las localidades rurales de México?, 2021, pág. 19). Además de la baja disponibilidad de servicios de salud, el acceso a los mismos es igual de limitado en el medio rural. Entre 2016 y 2024, el porcentaje de la población rural que no pudo acceder a servicios de salud aumentó de 13.2% a 48.7%. Respecto al acceso a la seguridad social, en 2024 el 74.6% de la población que habita en las zonas rurales del país reporta esta carencia (PM, 2024, págs. pm_ar_2024, cuadro 1). Si bien esta proporción ha disminuido desde 2016, cuando el 79.2% de la población rural presentaba dicha carencia, los gobiernos de la transformación deben continuar con su disminución.
Al mismo tiempo, en México la población enfrenta un incremento en la presencia de ECNT, causadas principalmente por prácticas alimentarias inadecuadas, obesidad, sedentarismo y consumo de productos ultraprocesados, pero también por factores socioeconómicos y culturales. Estos factores, presentes desde temprana edad, aumentan el riesgo individual e incrementan la demanda de atención médica y reducen la productividad. En las zonas rurales, estas prácticas limitan la capacidad de las comunidades para participar en actividades productivas, perpetuando ciclos de pobreza y afectando la sostenibilidad del desarrollo rural.
Las ECNT explican algunas de las principales causas de mortalidad en el país y en la población rural. Las enfermedades cardio vasculares ECV, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes se derivan del sobrepeso, la obesidad y la mala nutrición, que afectan a niñas, niños y adolescentes, y adultos, y especialmente a las mujeres y población en zonas de alta y muy alta marginación.
Finalmente, la salud de la población rural y campesina también se ve amenazada por el uso de plaguicidas y otros químicos para la producción agrícola. Esto revela la necesidad de que a través de las acciones de gobierno fomenten el uso adecuado, así como la supervisión y protección de quienes los usan con mayor frecuencia.
De nuevo, los efectos de estas carencias se acentúan entre la población indígena y afromexicana, en la que se identifican a 6.2 millones de mexicanas y mexicanos con carencia por acceso a servicios de salud (PM, 2024, págs. pm_gp_2024, cuadro 2).
La tercera carencia que limita el bienestar general de la población rural y campesina es la relacionada con la educación. En el medio rural, 32.2% de la población presenta rezago educativo. Esta cifra contrasta con el 14.8% de las zonas urbanas y representan a 9.2 millones de personas que reportan esta carencia (PM, 2024, págs. pm_ar_2024, cuadro 1). Este porcentaje de personas se ha mantenido relativamente constante desde 2016, poniendo de relevancia su carácter estratégico como área de oportunidad para la mejora del bienestar en el medio rural.
La proporción de la población sin escolaridad en las zonas rurales era de 11.1%, una brecha de más del doble que el porcentaje de las zonas urbanas, que fue de 5.2% (Censo, Tabulados, 2020, págs. cpv2020_b_eum_07_educacion, cuadro 11) En el rango de edad de tres a 30 años, que es el que más comúnmente se asocia a la educación, 45% de la población en localidades rurales no asistía a la escuela (Censo, Tabulados, 2020, págs. cpv2020_b_eum_07_educacion, cuadro 01).
Hay varios factores que contribuyen al rezago educativo, incluyendo el analfabetismo, la falta de infraestructura y accesibilidad y la necesidad de trabajo en el hogar. Los efectos de este rezago en México se agudizan en la población que habita en localidades rurales, lo que amplía la desigualdad social y limita el acceso a oportunidades frente a quienes viven en entornos urbanos. El rezago educativo entre los habitantes de espacios rurales se presenta en tres de cada 10 personas, frente a dos de cada 10 en el ámbito urbano (PM, 2024, págs. pm_ar_2024, cuadro 1).
Se estima que existe una brecha de 5.9 puntos porcentuales en la tasa de analfabetismo entre los habitantes de comunidades rurales (11.1%) y los de localidades urbanas (5.2%) (Censo, Tabulados, 2020, págs. cpv2020_b_eum_07_educacion, cuadro 11). Asimismo, en los municipios con menos de 2,500 habitantes el 54.4% de la población de 15 años o más no completó la educación básica, muy por encima del promedio nacional de 29.6%. En cuanto al grado de escolaridad, los pobladores de zonas rurales alcanzan 2.8 años menos de estudios que las y los mexicanos que residen en ciudades (Censo, Tabulados, 2020, págs. cpv2020_b_eum_07_educacion, cuadro 11).
Otro de los factores que limitan la educación en el medio rural es la falta de infraestructura y accesibilidad a los servicios educativos. Respecto a la infraestructura, las escuelas que se instalan en el medio rural suelen carecer de infraestructura básica para el adecuado desarrollo de niñas, niños y adolescentes (Educación, 2019). Existen también brechas en el porcentaje de la población que se matricula conforme avanza en los niveles escolares. Para el nivel secundaria en las zonas rurales, el porcentaje de egresados de primaria que se matricula es de 86.8%, frente al 90.6% de las zonas urbanas, una brecha de 3.8 puntos porcentuales; mientras que, para media superior, el porcentaje de egresados que se matricula al salir de secundaria es de 72.5%, que se compara contra el 82.6% del ámbito urbano, una brecha de 10.1 puntos porcentuales (Educación, 2019, pág. 98).
La existencia de brechas entre el ámbito urbano y rural en cada nivel educativo se aprecia al observar las diferencias en la tasa de asistencia escolar: en primaria la diferencia es de 0.6 puntos porcentuales, en secundaria se amplía a 7.4 puntos porcentuales y en media superior a 18.6 puntos porcentuales (Censo, Tabulados, 2020, págs. cpv2020_b_eum_07_educacion, cuadro 11).
En el ámbito rural la población suele trabajar al tiempo que estudia, lo que en muchos casos hace complicado enfocarse en los estudios. En el campo, 20.9% de los varones que asistían a secundaria también trabajaba, frente 8.1% de quienes residen en ciudades. En el caso de las mujeres, una de cada 10 trabaja y estudia en el ámbito rural, frente a una de cada 20 en zonas urbanas. Mientras que la tasa de inasistencia en el ámbito rural para secundaria de hombres es de 15.5%, para media superior se triplica, llegando a 45.9%. En el caso de las mujeres es de 10.7% en secundaria y de 39.6% en bachillerato (Censo, Tabulados, 2020, págs. cpv2020_b_eum_07_educacion, cuadro 11).
Asimismo, existen 2.6 millones de mujeres indígenas y afromexicanas en condición de rezago educativo según la pertinencia étnica; en el caso de los hombres la cifra es de 2.1 millones (PM, 2024, págs. pm_gp_2024, cuadro 6).
Lo anterior pone de manifiesto la prevalencia de limitaciones a la educación en las zonas rurales, en perjuicio de sus poblaciones, acotando sus oportunidades de acceder a opciones laborales y educativas que mejoren significativamente su calidad de vida y la de sus comunidades.
La cuarta carencia que limita el bienestar de la población rural y campesina se relaciona con la calidad de la vivienda y los servicios con los que cuentan. La vivienda es un espacio que debe garantizar a sus habitantes servicios, calidad de materiales y espacios, así como un entorno seguro y que fomente su desarrollo. Sin embargo, persisten brechas importantes entre la población rural y urbana, que perpetúan la desigualdad y la pobreza en el ámbito rural.
El porcentaje de la población en el medio rural que reportó padecer carencia por calidad y espacios de la vivienda fue de 15.8%; por su parte, en las zonas urbanas esta carencia fue de 5.7% (PM, 2024, págs. pm_ar_2024, cuadro 1), más del doble, lo que contribuye a la vulnerabilidad de sus habitantes frente a las condiciones climáticas, riesgos para la salud u otros fenómenos externos y peligros estructurales (PM, 2024, págs. pm_ar_2024, cuadro 1).
La falta de servicios básicos es particularmente aguda en las comunidades indígenas y afromexicanas, en las que 6.8 millones de personas tienen carencias por acceso a servicios básicos en sus hogares (PM, 2024, págs. pm_gp_2024, cuadro 1).
La calidad de la vivienda se relaciona con los servicios a los que se tiene acceso en las localidades. En 2020, el 39.5% de las localidades rurales no contaba con agua entubada, considerando aquellas que no especificaron (Censo, ¿Qué hay en las localidades rurales de México?, 2021, pág. 11) y entre las viviendas que contaban con agua entubada, 33.1% no la recibía diariamente y el 80% no contaban con drenaje o energía eléctrica (Censo, ¿Qué hay en las localidades rurales de México?, 2021, pág. 11). Además, sólo el 61% del agua disponible en las zonas rurales se gestiona de manera segura para la población (EAM, 2023, pág. 201).
Es en las localidades rurales donde se presentan, en mayor medida, problemáticas relacionadas con la calidad de la vivienda. De las viviendas con piso de tierra, 77.7% se localiza en localidades rurales, predominantemente viviendas con población indígena y hogares de menores ingresos. De igual manera, 89% de las viviendas que utilizan una cocina de leña sin chimenea se encuentran en localidades rurales (Censo, Tabulados, 2020, págs. cpv2020_b_eum_16_vivienda, cuadro 09).
La última de las carencias que limita el bienestar de la población rural y campesina considerada en este programa se relaciona con el desarrollo de infraestructura que permita el acceso a servicios básicos en los hogares. El 43.8% de los hogares en el medio rural reportan la carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda (PM, 2024, págs. pm_ar_2024, cuadro 1). Esta cifra se compara con el 5.8% reportado en hogares urbanos, lo que revela una brecha de 38 puntos porcentuales entre los dos ámbitos.
Asociado a esta carencia, se presenta una falta de espacios comunitarios, infraestructura que los soporten y un sistema de movilidad eficiente. Sólo el 22% de las localidades rurales cuentan con espacios para la recreación, la cultura, el deporte o el esparcimiento (Censo, ¿Qué hay en las localidades rurales de México?, 2021, pág. 16) y apenas el 2.5% cuentan con una Casa de la cultura. Estos espacios son necesarios para permitir el adecuado ejercicio de la gobernanza, la medicina tradicional, la espiritualidad, la educación, la lengua, la cultura y el deporte tradicional.
En las comunidades rurales también se requiere del desarrollo de la construcción, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura hidráulica. En 2020, sólo el 36.2% de las localidades rurales contaban con un sistema de drenaje que cubriera el total de la localidad (Censo, ¿Qué hay en las localidades rurales de México?, 2021, pág. 12).
Desde luego, los servicios básicos de alumbrado público, servicio público de limpia y agua entubada, deben acompañar al desarrollo de las comunidades rurales y campesinas. Al respecto, entre las localidades rurales 43.1% no cuentan con alumbrado público, 66.2% no cuentan con servicio público de limpia y el 29.3% no cuentan con agua entubada y, considerando las no especificadas, asciende a 39.5% (Censo, ¿Qué hay en las localidades rurales de México?, 2021, págs. 11, 13, 14).
El acceso a carreteras pavimentadas genera externalidades positivas al reducir tiempos de traslado de personas y mercancías. Por ello, los caminos rurales y carreteras alimentadoras permiten la comunicación entre las zonas rurales y los centros urbanos, y facilitan el acceso de población rural y campesina a servicios básicos de salud y educación, así como a oportunidades de empleo. Sin embargo, más de 75 mil localidades, la mayoría en zonas rurales, tienen un grado de accesibilidad a carreteras pavimentadas bajo y muy bajo (CONEVAL, 2020, pág. Anexo Estadístico) lo que agudiza las desigualdades regionales y sociales.
Para reducir la presencia de las carencias descritas anteriormente, este programa establece como segundo objetivo "Garantizar el acceso a los derechos sociales de alimentación, salud, educación y vivienda de la población que habita en las localidades rurales". Para ello, es necesario hacer efectivo el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; garantizar los derechos a una educación inclusiva; garantizar el acceso a servicios de salud y una vivienda digna; la ampliación de la red de comunicación terrestre a través de caminos y alimentadores, así como de caminos artesanales, y el desarrollo de infraestructura y espacios comunitarios dignos que permitan fortalecer la cohesión comunitaria, así como la calidad de vida de las poblaciones rurales y campesinas.
El diagnóstico presentado sobre las condiciones de generación de ingreso, pobreza y carencias en el sector rural en México revela que, a pesar de los avances logrados en el Primer Gobierno de la Transformación, persisten condiciones que impiden que la población rural acceda a oportunidades de empleo y generación de ingresos suficientes, que redundan en niveles inaceptables de pobreza. Para atender estos retos, se requiere del trabajo coordinado entre las diferentes dependencias y organismos de la APF para fortalecer y articular las acciones que contribuyan a mejorar de manera integral el bienestar de la población rural y campesina de México.
A partir de la consecución de los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que se plantean en este programa, así como la apropiada coordinación entre dependencias y organismos, y el ejercicio de los recursos bajo los ideales del Humanismo Mexicano, particularmente con los principios: Para que haya prosperidad debe ser compartida, por eso, por el bien de todos: primero los pobres, y el desarrollo y el bienestar del pueblo sólo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. En 2030 la población de las localidades rurales en México verá incrementados sus ingresos por actividades agropecuarias y pesquero-acuícolas, así como por su mayor participación en las opciones productivas. De igual modo, la población que vive en localidades rurales verá garantizado su acceso a los derechos sociales de alimentación, salud, educación y vivienda.
De esta manera, se sentarán las bases para garantizar condiciones de vida digna en las zonas rurales y, que, en 2045, la población en estas zonas tenga mayores oportunidades de empleo y mayores ingresos, tanto en las actividades del sector agroalimentario como en el resto de las actividades productivas. Hay un mayor acceso a servicios de salud, seguridad social y educación; mejores viviendas; se ha incrementado la cobertura de servicios de agua entubada, energía eléctrica y drenaje en sus casas-habitación, y se tiene un mayor cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, principalmente el agua, gracias a la incorporación de los saberes tradicionales a los sistemas agroalimentarios. La pobreza y la pobreza extrema en las localidades rurales se han reducido significativamente y la población cuenta con mayores posibilidades de acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, lo que propicia menores niveles de sobrepeso, obesidad y malnutrición.
En las zonas rurales del país se ha reducido la desigualdad social y económica y fortalecido el desarrollo productivo, inclusivo y sostenible. Las mujeres y hombres del campo, principalmente entre nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, así como sus familias gozan de mayor bienestar.
El PECDRS 2026-2030, al ser un programa derivado del PND 2025-2030 de tipo especial, es un instrumento de política pública de corte transversal y multisectorial en el que confluyen acciones de diversas dependencias y entidades de la APF, cuya sinergia hace posible la consecución de los objetivos planteados y el desarrollo rural sustentable, mediante la confluencia del conjunto de programas prioritarios a cargo de las dependencias gubernamentales que participan en la ejecución de este programa especial.
6. Objetivos
Mejores ingresos y mayor bienestar de la población en el campo constituyen elementos esenciales para un desarrollo rural sustentable. Estas son directrices generales de una política pública en las localidades campesinas, fincada en el reconocimiento de las mujeres y hombres que viven en las zonas rurales como actores del desarrollo y sujetos de derecho. Para la realización de esta política, en la que concurren distintas dependencias y entidades de la APF, se establecen criterios de integralidad en su formulación y de transversalidad en su implementación, a través de un conjunto de acciones y estrategias, en el marco de dos objetivos.
Estos objetivos concuerdan con el artículo 14 de la LDRS que establece que el PECDRS comprenderá las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo y a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional.
Objetivos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2026-2030
1. Incrementar los ingresos por actividades agropecuarias y pesquero-acuícolas, así como por otras opciones productivas de la población rural del país.
2. Garantizar el acceso a los derechos sociales de alimentación, salud, educación y vivienda de la población que habita en las localidades rurales.
 
6.1 Relevancia del objetivo 1: Incrementar los ingresos por actividades agropecuarias y pesquero-acuícolas, así como por otras opciones productivas de la población rural del país.
El PECDRS 2026-2030 es un programa integral basado en los principios del Humanismo Mexicano y el establecimiento de estrategias y acciones para que las zonas rurales del país sean lugares con opciones productivas y espacios de bienestar para millones de mexicanas y mexicanos.
La prosperidad compartida constituye una directriz general de política pública para el desarrollo rural, ante la realidad de que en las zonas rurales se tienen limitadas oportunidades de empleo y los ingresos son significativamente inferiores con respecto a las áreas urbanas. La diferencia en el ingreso promedio mensual entre el campo y la ciudad es de 4,100 pesos, ya que en las localidades rurales es de 4,500 pesos y en las zonas urbanas de 8,600 pesos (ENIGH, 2024). Esta disparidad evidencia la urgencia de atender dicha problemática, así como la necesidad de generar nuevas y mejores oportunidades de trabajo, mediante el impulso de las actividades productivas.
Un mayor desarrollo de la agricultura, la tecnificación para la producción de proteína animal y la diversificación de las actividades acuícolas y pesqueras contribuyen a la inclusión productiva de la población rural, así como a su incorporación al desarrollo con justicia en el campo. Asimismo, el fortalecimiento de la capacidad productiva de las personas que viven en el campo, mediante el acceso a créditos, seguros e instrumentos de riesgo, acrecientan sus opciones de empleo y las opciones de comercialización, con lo que se coadyuva a la generación de más oportunidades de empleo y al aumento de los ingresos de la población rural.
El comercio justo de lo que producen, la venta de excedentes agrícolas, frutales y maderables, y la ampliación de las posibilidades de exportación de productos alimentarios propician mayor crecimiento económico en las zonas rurales y, en consecuencia, que se amplíen las opciones de ingreso para los productores rurales.
Las alternativas de empleo y mayores ingresos, en las zonas rurales, aumentan también por la ampliación de oportunidades productivas mediante la diversificación de la oferta turística; el impulso a las artesanías; el fomento al patrimonio artístico y a las expresiones culturales de la población indígena y afromexicana, y la incorporación de la población rural a obras de infraestructura básica.
Otro aspecto nodal para el mejoramiento del ingreso en las localidades rurales es la inclusión laboral y el fortalecimiento de la red de protección social de los grupos y personas en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, las personas jóvenes y las personas con discapacidad, mediante la ampliación de opciones de trabajo para ellas. A esto se suma el fomento del trabajo digno y el respeto de los derechos humanos y laborales de las personas jornaleras agrícolas, quienes llevan a cabo una labor relevante en la producción de alimentos, por lo que debe remunerárseles su trabajo con salarios acordes a la actividad que realizan.
El impulso a las actividades productivas rurales para generar más empleos y mejorar los ingresos de la población en el campo tienen que basarse en la preservación de los recursos naturales, mediante el uso eficiente y sostenible del agua, la reducción de la presión hídrica sobre las fuentes de abastecimiento, la preservación de los ecosistemas y restauración de la biodiversidad, y la mitigación y adaptación al cambio climático. El desarrollo rural tiene que ser sostenible, para evitar la degradación de los suelos y la sobreexplotación de los mantos acuícolas, lo que puede derivar en riesgos en la producción de alimentos, por alteración y depredación de la naturaleza.
Asimismo, a través de la implementación de las estrategias y líneas de acción de este objetivo, se contribuye al modelo de desarrollo nacional y se vinculan con los propósitos establecidos en los "100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, en particular a la República rural justa y soberana, República con trabajo y salario justo, la República que protege el medio ambiente y sus recursos naturales, la República con derecho al agua y la República fraterna, los cuales fundamentan el PND 2025-2030.
6.2 Relevancia del objetivo 2: Garantizar el acceso a los derechos sociales de alimentación, salud, educación y vivienda de la población que habita en las localidades rurales.
En el ámbito rural se ha dado una disminución sostenida de la población en situación de pobreza. Entre 2016 y 2024, de acuerdo con el INEGI, esta se redujo en 14.7 puntos porcentuales, al pasar de 60.5% al 45.8%, que en términos absolutos es igual a 3.8 millones de personas menos en esta condición. A pesar de la baja constante de la tasa de pobreza en el campo, ésta aún es alta con respecto a las áreas urbanas, donde en 2024 fue de 25% (PM, 2024, págs. pm_ar_2024, cuadro 1). Ante esta situación de clara diferenciación del campo y las ciudades en materia de calidad de vida, se requiere del diseño e implementación de políticas públicas para un desarrollo rural con justicia que promueva mejores condiciones de vida y el bienestar de la población rural.
La política social para el campo se realizará para que la población rural tenga una vida digna. Por ello, se hará efectivo el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a precios accesibles para disminuir la población con carencia alimentaria en el campo, que en 2024 fue el 21.6% (PM, 2024, págs. pm_ar_2024, cuadro 1). Para avanzar en este propósito, se impulsará el acceso a alimentos nutritivos y culturalmente apropiados; se prevendrá la desnutrición y obesidad; se fomentarán estilos de vida saludables, y se facilitará el acceso a productos de la canasta básica alimentaria y a leche fortificada y de calidad a bajo precio.
El derecho a la protección de la salud será garantizado, para que cada persona en el campo pueda vivir y realizarse a plenitud, y que nadie vea limitado u obstaculizado el desarrollo de sus capacidades. Por ello, se asegurará el acceso universal a servicios de salud de calidad en las zonas rurales y en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La educación es fundamental para el desarrollo de las capacidades individuales y hacer del conocimiento una potencialidad de trabajo, creación y productividad, por lo que se le garantizará a la población rural y a los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas el derecho a una educación inclusiva y equitativa. Para este propósito, se favorecerá el ingreso, permanencia y conclusión de la trayectoria escolar, mediante becas, priorizando a la población en situación de vulnerabilidad, y se basará en la pertinencia cultural, lingüística, perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.
De igual modo, se asegurará el acceso de niñas y niños en situación de vulnerabilidad a servicios educativos de cuidado, inclusivos y de calidad; se generarán proyectos educativos para la conclusión de la educación primaria y facilitar la continuidad y conclusión de estudios de nivel secundaria y medio superior; se fortalecerá la oferta educativa media superior y superior, y se impulsarán proyectos estratégicos a través de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.
El conjunto de acciones en materia educativa para la población rural y de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas contribuirá a reducir el rezago educativo en el campo, situación en la que en 2024, de acuerdo con el INEGI, se encontraban 9.2 millones de personas, lo cual corresponde al 32.2% de la población rural del país (PM, 2024, págs. pm_ar_2024, cuadro 1).
La vivienda es un aspecto fundamental para el bienestar del individuo y su familia. No obstante, la reducción de 5.6 puntos porcentuales que ha tenido esta carencia en las zonas rurales, entre 2016 y 2024, sigue siendo un desafío garantizar el derecho a la vivienda en el campo. Resulta necesario emprender acciones en esta materia ya que, en 2024, 4.5 millones de habitantes rurales enfrentaban carencia por calidad y espacios de la vivienda (PM, 2024, págs. pm_ar_2024, cuadro1), por lo que se fomentará el financiamiento y la adquisición y autoproducción de casas habitación en las zonas rurales.
De igual modo, es necesario que la vivienda en el campo tenga servicios básicos, ante la situación de que el 43.8% de las viviendas en 2024 carecían de estos servicios (PM, 2024, págs. pm_ar_2024, cuadro1). Para avanzar en este propósito, se promoverá el acceso de las casas habitación al agua potable y el drenaje.
El desarrollo de la infraestructura comunitaria constituye un eje de la política pública para el campo; es condición necesaria de la calidad de vida y factor que fortalece la cohesión comunitaria. Los programas de ordenamiento territorial con enfoque socio-ecosistémico promueven la regulación del uso, su aprovechamiento y la conservación de ecosistemas en las zonas rurales; impulsan el desarrollo sostenible y la autosuficiencia de las comunidades, mediante la provisión de ecotecnias, además promueven la participación de las comunidades rurales, así como de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas en la construcción y equipamiento de espacios públicos y de caminos para la conectividad de las localidades rurales y las ciudades.
El PECDRS 2026-2030 es expresión de una política integral orientada a la generación de condiciones favorables para el bienestar de mujeres y hombres que viven en las zonas rurales del país, que contribuirán sustancialmente al mejoramiento de su calidad de vida y la superación de la pobreza, mediante el despliegue de las capacidades de las personas, las familias y las comunidades campesinas.
Por los temas que se atenderán en este Objetivo 2, se contribuirá de manera directa al Segundo Piso de la Cuarta Transformación, a través de la vinculación con la República fraterna, la República educadora, humanista y científica, la República sana, la República con acceso a la vivienda y la República Próspera y Conectada que se encuentran en los 100 compromisos presidenciales asumidos para el periodo 2025-2030.
6.3 Vinculación de los objetivos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2026-2030
Objetivos del Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo
Rural Sustentable 2026-2030
Objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo 2025 - 2030
Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025
2030
Objetivo 1. Incrementar los ingresos por actividades agropecuarias y pesquero-acuícolas, así como por otras opciones productivas de la población rural del país.
Objetivo 2.1 Fortalecer la red de protección social para garantizar la inclusión social y económica de toda la población, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad.
Estrategia 2.1.2 Fortalecer la autonomía económica de las mujeres adultas mayores de 60 a 64 años en todo el país, con especial atención a mujeres indígenas y afromexicanas.
Estrategia 2.1.6 Ampliar y fortalecer la oferta de productos y servicios financieros para atender las necesidades de las personas beneficiarias de programas sociales, promoviendo el ahorro y la inversión con un enfoque inclusivo que considere la diversidad étnica, lingüística y cultural.
Estrategia 2.1.9 Articular políticas nacionales, integrales e intersectoriales para garantizar los derechos de la primera infancia, niñez y adolescencia, con un enfoque de ciclo de vida, igualdad sustantiva y equidad de género, asegurando servicios universales e intervenciones diferenciadas según su nivel de riesgo o vulnerabilidad.
 
Objetivo 3.1 Dignificar la remuneración laboral de las personas trabajadoras, especialmente aquellas de familias vulnerables, garantizando salarios justos.
Estrategia 3.1.1 Fortalecer el poder adquisitivo de la población de menores ingresos mediante aumentos progresivos en los salarios mínimos.
Estrategia 3.1.2 Garantizar que la política de salarios mínimos incorpore perspectiva de género y justicia social, contribuyendo a reducir las brechas salariales de grupos históricamente discriminados, mediante monitoreo y evaluación.
 
Objetivo 3.2 Promover el trabajo digno para todas las personas en edad laboral, especialmente para los grupos históricamente vulnerados, facilitando su inserción en empleos alineados con las vocaciones económicas de los mercados laborales regionales y locales.
Estrategia 3.2.1 Promover mecanismos que aumenten la formalidad laboral para mejorar el bienestar de las familias mexicanas.
Estrategia 3.2.2 Fortalecer las capacidades institucionales que garanticen los derechos laborales, promuevan la igualdad de oportunidades y la inclusión de grupos vulnerables al mercado laboral formal, con un enfoque en el Humanismo Mexicano, la igualdad sustantiva y la no discriminación.
Estrategia 3.2.3 Implementar medidas para prevenir y erradicar el trabajo infantil, y proteger a los adolescentes en edad permitida para trabajar en todo el país, asegurando los derechos de todos.
Estrategia 3.2.4 Acompañar la transición de las y los jóvenes de la etapa formativa a su integración al empleo formal, promoviendo trayectorias laborales exitosas.
Estrategia 3.2.8 Apoyar el desarrollo de cooperativas y otros organismos del sector social que generen bienes y servicios, ampliando las opciones de empleo digno y bien remunerado para las familias.
 
Objetivo 3.4 Fortalecer la soberanía alimentaria para garantizar el derecho del pueblo de México a una alimentación nutritiva, suficiente, de calidad y a precios accesibles para todos.
Estrategia 3.4.1 Fortalecer la capacidad e inclusión productiva de los productores, con énfasis en la micro, pequeña y mediana escala, para aumentar la producción nacional sostenible de alimentos bajo un enfoque agroecológico.
 
Objetivo 3.5 Contribuir al bienestar y la inclusión social de la población rural, enfocándose en micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros, así como en las personas jornaleras, mediante acciones que mejoren sus ingresos.
Estrategia 3.5.1 Mejorar el ingreso y promover la inclusión social de la población rural y las personas jornaleras, a través de la formalización del empleo y la dignificación del trabajo, garantizando el reconocimiento de sus derechos y la mejora de sus condiciones laborales.
Estrategia 3.5.2 Impulsar el desarrollo del turismo rural y comunitario a través de programas de fomento y certificaciones específicas.
 
Objetivo 3.6 Fortalecer la producción, el desarrollo y la tecnificación del campo mexicano, enfocándose en los pequeños y medianos productores, mediante el uso sostenible de los recursos naturales y la provisión de servicios públicos de calidad.
Estrategia 3.6.1 Fomentar la transición agroecológica y el uso sostenible de los recursos naturales en la producción agropecuaria, pesquera y acuícola, garantizando la sostenibilidad frente al cambio climático.
Estrategia 3.6.2 Promover el uso eficiente del agua en la agricultura, ganadería y acuacultura para asegurar la sostenibilidad hídrica en la producción de alimentos.
Estrategia 3.6.3 Fortalecer los bienes y servicios públicos en el sector agroalimentario para mejorar su sostenibilidad, equidad y productividad.
 
Objetivo 3.9 Impulsar el crecimiento y desarrollo económico equilibrado entre todas las regiones del país con respeto a su diversidad para crear prosperidad compartida.
Estrategia 3.9.1 Promover una política de fomento, industrial y comercial, de competitividad y productividad, para detonar un desarrollo económico justo y equitativo.
 
Objetivo 3.10 Promover el desarrollo de las cadenas de proveeduría para aumentar el contenido nacional en las fases productivas, con un enfoque especial en el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Estrategia 3.10.1 Consolidar la integración de las entidades federativas en las cadenas de proveeduría para reconocer y potenciar sus vocaciones productivas.
 
Objetivo 4.1 Fortalecer la seguridad y la soberanía energética, promoviendo la autosuficiencia con un enfoque sustentable que garantice el acceso equitativo a la energía y reduzca la dependencia del exterior.
Estrategia 4.1.6 Consolidar la producción de biofertilizantes en la petroquímica de Pemex para fortalecer la producción agroecológica y el desarrollo sustentable en comunidades con mayor rezago.
 
Objetivo 4.5 Proteger y restaurar los ecosistemas naturales, promoviendo su uso sustentable mediante una política ecológica humanista, inclusiva y participativa.
Estrategia 4.5.1 Frenar la pérdida y degradación de los ecosistemas naturales, abordando y eliminando sus causas principales.
Estrategia 4.5.3 Fomentar actividades productivas sustentables en los ecosistemas naturales para aumentar la productividad forestal, proteger la biodiversidad y mejorar los medios de vida de las comunidades.
Estrategia 4.5.5 Frenar la degradación de las zonas costeras y marinas mediante programas de conservación, manejo sustentable y restauración, abordando los impactos antropogénicos en cuencas costeras y ecosistemas marinos.
Estrategia 4.5.10 Fomentar la conservación de la propiedad social en ejidos y comunidades agrarias con alto valor ecológico, promoviendo el uso sustentable de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad.
 
Objetivo 4.6 Garantizar el derecho al agua mediante una gestión eficiente, sustentable y resiliente al cambio climático, protegiendo la integridad de las cuencas y asegurando su disponibilidad para las generaciones presentes y futuras.
Estrategia 4.6.2 Promover el uso eficiente y sustentable del agua para reducir la presión sobre las fuentes de abastecimiento y garantizar su disponibilidad a largo plazo.
Estrategia 4.6.4 Reforzar el monitoreo y control de contaminantes para prevenir el deterioro de la calidad del agua y proteger los ecosistemas y su biodiversidad.
Objetivo 2. Garantizar el acceso a los derechos sociales de alimentación, salud, educación y vivienda de la población que habita en las localidades rurales.
Objetivo 2.3 Garantizar el ejercicio pleno del derecho a una educación inclusiva y equitativa para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas, promoviendo una formación humanista, científica, intercultural, plurilingüe e integral que mejore el bienestar de la población e impulse el desarrollo del país.
Estrategia 2.3.1 Expandir la oferta educativa para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas, fomentando su desarrollo integral y promoviendo la igualdad social.
Estrategia 2.3.2 Crear entornos óptimos para el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de los estudiantes mediante la construcción, equipamiento, restauración, reforzamiento y rehabilitación de la infraestructura educativa, con prioridad en las zonas de mayor rezago social.
Estrategia 2.3.4 Desarrollar acciones y brindar apoyos para garantizar el ingreso, permanencia, orientación vocacional y conclusión de trayectorias educativas en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, con perspectiva de género y pertinencia cultural.
 
 
Objetivo 2.7 Garantizar el derecho a la protección de la salud para toda la población mexicana mediante la consolidación y modernización del sistema de salud, con un enfoque de acceso universal que cierre las brechas de calidad y oportunidad, protegiendo el bienestar físico, mental y social de la población.
Estrategia 2.7.1 Fortalecer al IMSS-Bienestar como el principal proveedor de servicios de salud para la población sin seguridad social, garantizando acceso universal y cobertura en todo el país.
Estrategia 2.7.2 Reforzar las políticas de salud colectiva, tomando en consideración prácticas médicas tradicionales respaldadas científicamente, que prioricen la detección, prevención y atención de enfermedades, así como la promoción de la salud, contribuyendo al bienestar poblacional a través del Sistema Nacional de Salud Pública.
Estrategia 2.7.3 Implementar políticas mediante el Sistema Nacional de Salud Pública que aseguren atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, con énfasis en población indígena, afromexicana, migrante o con discapacidad.
 
Objetivo 2.9 Garantizar el derecho a una vivienda adecuada y sustentable que mejore la calidad de vida de la población mexicana, contribuyendo a cerrar las brechas de desigualdad social y territorial.
Estrategia 2.9.1 Coadyuvar con financiamiento en el desarrollo y construcción de vivienda adecuada, apoyando programas de vivienda popular y priorizando diseños, sistemas constructivos y materiales sustentables, asegurando su integración al ordenamiento territorial.
Estrategia 2.9.4 Promover la certeza jurídica para proteger el patrimonio de las personas mexicanas, mediante acciones que faciliten la escrituración de viviendas.
Estrategia 2.9.5 Mejorar el acceso, la calidad y la cobertura de las necesidades de vivienda adecuada, garantizando la diversidad de opciones para toda la población.
 
Objetivo 2.10 Promover entornos públicos justos y adaptativos mediante la planificación de espacios rurales y urbanos, con el objetivo de reducir las disparidades en el acceso a oportunidades y servicios entre diferentes regiones y comunidades del país.
Estrategia 2.10.1 Dotar a la población mexicana de infraestructura para la movilidad y el transporte público que facilite el tránsito de personas y bienes de manera accesible, sostenible, segura y eficiente, priorizando la intermodalidad en sistemas urbanos y rurales.
Estrategia 2.10.2 Colaborar en el diseño, construcción, renovación y ampliación de obras comunitarias y espacios urbanos con enfoque de género, infancia y pertinencia cultural, mejorando el entorno habitable y garantizando el acceso inclusivo a servicios artísticos, culturales, deportivos, turísticos y de esparcimiento, así como la mejora de servicios ambientales, con enfoque de seguridad, accesibilidad y habitabilidad.
 
Objetivo 3.4 Fortalecer la soberanía alimentaria para garantizar el derecho del pueblo de México a una alimentación nutritiva, suficiente, de calidad y a precios accesibles para todos.
Estrategia 3.4.2 Promover el buen funcionamiento de los mercados agrícolas, acuícolas y pesqueros, impulsando la generación de valor agregado y optimizando la comercialización de sus productos para garantizar el abasto de alimentos.
 
Objetivo 4.2 Impulsar proyectos estratégicos de energías limpias, modernizar la infraestructura eléctrica y fomentar la innovación tecnológica para reducir la dependencia de combustibles fósiles y mitigar el impacto ambiental.
Estrategia 4.2.1. Fomentar la transición gradual de combustibles fósiles a energías renovables para fortalecer la sustentabilidad económica y ambiental.
 
Objetivo 4.6 Garantizar el derecho al agua mediante una gestión eficiente, sustentable y resiliente al cambio climático, protegiendo la integridad de las cuencas y asegurando su disponibilidad para las generaciones presentes y futuras.
Estrategia 4.6.1 Garantizar el acceso asequible y equitativo al agua potable y su saneamiento mediante inversión en infraestructura y fomento del reúso, con prioridad en regiones con mayor vulnerabilidad climática o impacto por actividad humana.
7. Estrategias y líneas de acción
Las estrategias y líneas de acción precisan las formas puntuales de participación de las dependencias y entidades de la APF en torno al propósito común de lograr mayor desarrollo rural. Establecen, de igual modo, un quehacer basado en la concurrencia de esfuerzos gubernamentales articulada en torno a la dimensión productivo-laboral y sostenible; las coordenadas generales de promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos y constitucionales de la población en el campo, y pautas socioculturales en materia de género, raza y etnia.
Objetivo 1. Incrementar los ingresos por actividades agropecuarias y pesquero-acuícolas, así como por otras opciones productivas de la población rural del país.
Estrategia 1.1 Impulsar las actividades agropecuarias sostenibles para la inclusión productiva de la población rural.
Línea de acción
Dependencias y/o Entidades responsables de
ejecutar la línea de acción (instituciones
coordinadas)
1.1.1 Contribuir a la mejora del ingreso de las personas productoras de pequeña y mediana escala en la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuacultura, mediante la continuidad de los Programas del Bienestar, el fortalecimiento de su capacidad productiva y el comercio justo.
SADER
SEBIEN
SEMUJERES ApB
LpB
CONAPESCA
1.1.2 Promover sistemas agroalimentarios sostenibles, resilientes y tradicionales, mediante la transición agroecológica, la reducción del uso de plaguicidas, la producción agropecuaria libre de deforestación, la implementación de planes de adaptación y mitigación al cambio climático y la aplicación de ecotecnias.
SADER INIFAP SENASICA SEBIEN
1.1.3 Promover el intercambio de saberes tradicionales, el acceso a conocimiento científico, y la transición agroecológica, a través de capacitación, acompañamiento técnico, y el desarrollo de tecnologías accesibles para las personas productoras de pequeña y mediana escala.
SADER SECIHTI SEBIEN SNICS
1.1.4 Impulsar la producción y venta de maíz blanco, cacao, café, miel, hierbas secas, canela y frutas tropicales, mediante el desarrollo de proyectos productivos comunitarios.
SADER
ApB
1.1.5 Impulsar la generación de ingresos por la venta de excedentes agrícolas, frutales y maderables, mediante la producción agroecológica y el establecimiento y manejo de sistemas agroforestales (SAF y MIAF) con plantas provenientes de viveros comunitarios.
SEBIEN SADER INIFAP
1.1.6 Fortalecer la formación y los procesos de organización de las personas sembradoras del Programa Sembrando Vida, bajo un enfoque ecosistémico, biocultural y regional, mediante la ampliación de espacios de capacitación y difusión en medios de comunicación con incidencia nacional.
SEBIEN
1.1.7 Fomentar la exportación y abasto de productos agroalimentarios mexicanos, mediante instrumentos de comercio exterior, el cumplimiento de estándares en materia de sanidad e inocuidad y la coordinación de grupos de trabajo con las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía.
SE SRE SADER SENASICA
1.1.8 Impulsar la sanidad e inocuidad agroalimentaria, mediante el fortalecimiento del marco regulatorio, el control de plagas y enfermedades, así como la inspección y vigilancia epidemiológica fitozoosanitaria.
SADER SENASICA PRONABIVE
1.2 Ampliar las opciones productivas y de empleo en las zonas rurales para diversificar las fuentes de ingresos de la población rural.
 
Línea de acción
Dependencias y/o Entidades responsables de
ejecutar la línea de acción (instituciones
coordinadas)
1.2.1 Diversificar la oferta turística y fomentar el desarrollo económico y social en zonas rurales, mediante asistencia técnica, capacitación y apoyo a proyectos de turismo rural, turismo comunitario, o de naturaleza, que preserven el patrimonio natural y cultural, con énfasis en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
SECTUR INPI
1.2.2 Fomentar la salvaguardia del patrimonio artístico y de las expresiones de la identidad cultural de la población rural, mediante el fortalecimiento de la capacidad productiva de las personas artesanas, priorizando a la población indígena y afromexicana, y bajo un enfoque de pertinencia cultural.
SC
SECTUR
1.2.3 Incorporar a la población rural al empleo, mediante la realización de obras de infraestructura en las comunidades rurales.
SICT
1.2.4 Apoyar el desarrollo de capacidades organizativas y productivas de las mujeres rurales, mediante proyectos de economía social en cadenas productivas.
SEMUJERES
SEBIEN
SADER
SEMARNAT
SECTUR
1.2.5 Impulsar la comercialización de la producción agropecuaria de pequeña y mediana escala, mediante el desarrollo y fortalecimiento de capacidades, acuerdos directos, y los programas de Comercio Justo, Sembrando Vida, Alimentación para el Bienestar y Leche para el Bienestar.
SADER
SEBIEN
ApB
LpB
1.2.6 Fortalecer la transformación y la integración de las cadenas de valor, mediante instrumentos de ahorro, cooperativas y empresas rurales comunitarias, así como los programas Sembrando Vida, Alimentación para el Bienestar y Leche para el Bienestar.
SADER
SEBIEN
ApB
LpB
1.2.7 Mejorar los medios de vida de las personas propietarias o poseedoras de los recursos forestales, mediante el impulso a actividades productivas sustentables en los ecosistemas forestales.
SEMARNAT
CONAFOR
SECTUR
 
1.3 Promover la educación financiera y el acceso de las personas productoras de pequeña y mediana escala a productos de ahorro e inversión, créditos, seguros e instrumentos de riesgo para la comercialización y fomento de las actividades productivas rurales.
Línea de acción
Dependencias y/o Entidades responsables de
ejecutar la línea de acción (instituciones
coordinadas)
1.3.1 Facilitar el acceso de las personas productoras de pequeña y mediana escala a instrumentos financieros y de administración de riesgos, mediante alianzas con la banca de desarrollo y la adquisición de coberturas de precios.
FIRA SADER
1.3.2 Promover el acceso de las personas productoras rurales de pequeña y mediana escala a créditos con tasas preferenciales y seguros, mediante la estrategia Cosechando Soberanía.
FIRA SADER
1.3.3 Fortalecer la oferta de servicios financieros en el ámbito rural, mediante el diseño de nuevos instrumentos y el uso progresivo de productos de ahorro e inversión de la Financiera para el Bienestar, el Banco del Bienestar, FIRA y otros organismos de la Banca de Desarrollo.
SHCP Banco del Bienestar
FIRA FINABIEN
1.3.4 Fortalecer la inclusión y la educación financiera entre las personas productoras de pequeña y mediana escala, mediante la oferta de productos e innovaciones por canales físicos y digitales, así como la reducción de costos para los intermediarios financieros.
SHCP Banco del Bienestar
FIRA FINABIEN
 
1.4 Promover la inclusión laboral de población en situación de vulnerabilidad en las zonas rurales para el mejoramiento del ingreso.
Línea de acción
Dependencias y/o Entidades responsables de
ejecutar la línea de acción (instituciones
coordinadas)
1.4.1 Fomentar el trabajo digno y el respeto a los derechos humanos y laborales en los centros de trabajo del sector agroalimentario, mediante el mejoramiento de las condiciones de empleo y el incremento al salario mínimo profesional de las personas jornaleras agrícolas y trabajadoras del campo.
STPS CONASAMI
SEMUJERES
1.4.2 Promover el desarrollo de habilidades para el empleo de jóvenes entre 18 a 29 años residentes en localidades rurales, que no estudian y no trabajan, a través de la capacitación en Centros de Trabajo, tales como empresas, talleres, fábricas, negocios, locales y múltiples unidades económicas del sector agropecuario.
STPS
1.4.3 Fortalecer las capacidades de las personas trabajadoras del sector agroalimentario, mediante programas de apoyo a la capacitación, así como la promoción y capacitación sobre los derechos colectivos de trabajo en el marco del Nuevo Modelo Laboral.
STPS
SADER
1.4.4 Promover el acceso de las mujeres ejidatarias, comunera y avecindadas a la posesión, propiedad y disfrute de la tierra y los recursos naturales, mediante la celebración de convenios de colaboración, el aprovechamiento de la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, y su reconocimiento como titulares de derechos agrarios.
SEMUJERES SEDATU SADER TA PA FIFONAFE
INPI
1.4.5 Impulsar la integración de ejidos y comunidades en actividades productivas en la propiedad social, mediante la inscripción de actos jurídicos.
SEDATU PA
FIFONAFE
1.5 Fortalecer la red de protección social de los grupos en situación de vulnerabilidad en zonas rurales para garantizar su inclusión social y económica.
Línea de acción
Dependencias y/o Entidades responsables de
ejecutar la línea de acción (instituciones
coordinadas)
1.5.1 Promover el acceso pleno a los derechos sociales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años, mediante apoyos económicos para su cuidado integral, priorizando a la población en municipios y localidades indígenas o afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación.
SEBIEN
INPI
1.5.2 Promover la protección de los derechos humanos y laborales de las mujeres jornaleras agrícolas, mediante oportunidades iguales de empleo y acciones contra la discriminación y la violencia por razón de género, así como el derecho al cuidado de sus hijas e hijos.
SEBIEN
SEMUJERES
STPS
SADER
INPI
IMSS BIENESTAR
1.5.3 Fortalecer la autonomía económica de las mujeres adultas de 60 a 64 años en el ámbito rural, mediante la pensión de mujeres adultas mayores.
SEBIEN
1.5.4 Asegurar un ingreso mínimo y protección social a las personas de 65 años o más en el ámbito rural, mediante la pensión de personas adultas mayores.
SEBIEN
1.5.5 Atender a personas y comunidades afectadas por fenómenos sociales o naturales, mediante apoyos económicos o en especie de manera directa y sin intermediarios que contribuyan a la reducción de los impactos económicos y sociales de estas emergencias.
SEBIEN
 
1.6 Fomentar la gestión y conservación de los recursos naturales en las comunidades rurales para el aprovechamiento productivo, servicios ambientales y de resiliencia ante los efectos del cambio climático.
 
Línea de acción
Dependencias y/o Entidades responsables de
ejecutar la línea de acción (instituciones
coordinadas)
1.6.1 Promover la mejora en los medios de vida de la población de comunidades rurales, indígenas y afromexicanas, mediante soluciones basadas en la naturaleza e innovaciones tecnológicas, que contribuyan a la restauración de ecosistemas naturales, terrestres, acuáticos, costeros, marinos e insulares degradados.
SEMARNAT
CONAFOR
CONABIO(2)
INPI
1.6.2 Promover el uso eficiente y sostenible del agua, mediante la rehabilitación, conservación, modernización y tecnificación de la infraestructura de riego y drenaje en distritos y unidades de riego; la ampliación de la superficie con riego suplementario en distritos de temporal tecnificado, y la rehabilitación y modernización de la infraestructura de riego existente.
CONAGUA
1.6.3 Mitigar o prevenir los efectos dañinos que causan las inundaciones en centros de población y áreas productivas, mediante la construcción, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura hidráulica para el control de ríos, arroyos y cuerpos de agua.
CONAGUA
1.6.4 Reducir la presión hídrica sobre las fuentes de abastecimiento, mediante el uso sostenible del agua en los sectores consumidores en el ámbito rural.
CONAGUA
SADER
1.6.5 Promover la capacidad adaptativa y resiliencia ecológica y ambiental de poblaciones, ecosistemas y actividades productivas, de comunidades rurales, indígenas y afromexicanas, a través de la mitigación y adaptación al cambio climático y soluciones basadas en la naturaleza.
SEMARNAT
SADER
INPI
CONAGUA
CONAFOR
CONAPESCA
1.6.6 Fomentar la participación de mujeres en el desarrollo de proyectos y la toma de decisiones en los espacios comunitarios y colectivos, con énfasis en la protección, conservación y restauración del medio ambiente, mediante el fortalecimiento de redes comunitarias locales y regionales de mujeres.
SEMUJERES
SEDATU
SECTUR
INPI
FIFONAFE
1.6.7 Fomentar la recuperación de los servicios ambientales en cuencas y sitios prioritarios, de las comunidades rurales, indígenas y afromexicanas, mediante acciones de remediación y restauración de la biodiversidad, con énfasis en especies nativas de importancia ecológica y/o económica.
SEMARNAT
CONABIO
CONAFOR
INPI
1.6.8 Reducir las descargas de contaminantes en cuerpos de agua, mediante la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura de colecta y tratamiento de aguas residuales, así como la vigilancia del cumplimiento normativo en el ámbito rural.
PROFEPA
CONAGUA
CONAFOR
1.6.9 Promover un medio ambiente saludable y seguro, mediante el fortalecimiento del sistema de justicia ambiental restaurativa y participativa, y la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales en el ámbito rural, en coordinación con la APF.
SEMARNAT
PROFEPA
CONAFOR
1.6.10 Fortalecer las cadenas agrícolas y agroindustriales, mediante la implementación de tecnologías y buenas prácticas, así como la diversificación agroindustrial en la producción de biocombustibles de uso aeronáutico y terrestre, certificados bajo los estándares internacionales de sostenibilidad.
SENER
SICT
SADER
CONADESUCA
ASA
Objetivo 2. Garantizar el acceso a los derechos sociales de alimentación, salud, educación y vivienda de la población que habita en las localidades rurales.
Estrategia 2.1 Promover el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente, de calidad y a precios accesibles para disminuir la carencia alimentaria de la población rural.
Línea de acción
Dependencias y/o Entidades responsables de
ejecutar la línea de acción (instituciones
coordinadas)
2.1.1 Favorecer la protección y el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada, mediante la integración y funcionamiento del Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad.
SSA SADER
2.1.2 Impulsar el acceso a alimentos nutritivos y culturalmente apropiados, fortaleciendo la cohesión comunitaria, mediante la conformación de comités de alimentación, comedores comunitarios y escolares en zonas rurales, así como con mecanismos de asistencia social alimentaria.
SSA SADER SNDIF
2.1.3 Brindar servicios de alimentación con pertinencia cultural, sana, nutritiva y de calidad a niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos, contribuyendo a su mejor desempeño y aprovechamiento escolar, a través del Programa de Apoyo a la Educación Indígena.
INPI
2.1.4 Prevenir la desnutrición y obesidad, y fomentar estilos de vida saludables en la población rural, mediante campañas culturalmente pertinentes de promoción de la salud y la nutrición en comunidades y escuelas rurales.
SSA CONAPESCA
2.1.5 Evaluar el impacto de las políticas de seguridad alimentaria y salud, mediante la implementación de un sistema de monitoreo comunitario y participativo que integre datos de salud, nutrición, asistencia social y bienestar rural.
SSA INSP
2.1.6 Facilitar el acceso a productos de la canasta básica, a un precio por debajo del mercado, a través del fortalecimiento de las Tiendas del Bienestar.
ApB
LpB
2.1.7 Mejorar el acceso a leche fortificada y de calidad a bajo precio, mediante el fortalecimiento de Leche para el Bienestar y su red de acopio, procesamiento, distribución y comercialización.
ApB
LpB
 
Estrategia 2.2 Promover el derecho a la protección de la salud física y mental de la población rural para mejorar su bienestar y calidad de vida.
Línea de acción
Dependencias y/o Entidades responsables de
ejecutar la línea de acción (instituciones
coordinadas)
2.2.1 Asegurar el acceso a servicios de salud de calidad suficientes, oportunos y libres de discriminación en el ámbito rural y los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante la ampliación en los recursos, la capacidad instalada, el fortalecimiento de redes comunitarias y el traslado seguro y oportuno.
SSA IPSS(3) INPI
IMSS-BIENESTAR
2.2.2 Favorecer la atención de salud de la población más vulnerable en el ámbito rural, mediante el establecimiento de infraestructura física factible y equipamiento, alineados con las necesidades demográficas y epidemiológicas.
SSA IPSS
IMSS-BIENESTAR
2.2.3 Ampliar el acceso y la capacidad de atención a la salud para la población rural y las zonas marginadas, mediante servicios de salud digital como la teleconsulta y la teleinterconsulta.
SSA IPSS
IMSS-BIENESTAR
2.2.4 Facilitar el acceso y entrega oportuna de medicamentos a la población rural, mediante el esquema de prescripción, entrega gratuita, y los programas Farmacias del Bienestar y Salud Casa por Casa orientado a control de padecimientos crónicos en personas mayores y personas con discapacidad.
SSA IPSS
IMSS-BIENESTAR
2.2.5 Ofrecer servicios de salud de la población rural y la población indígena y afromexicana en un contexto de movilidad, mediante la aplicación de lineamientos que garanticen la atención con perspectivas interseccional, de género, pertinencia cultural y de derechos.
SSA IPSS
IMSS-BIENESTAR
2.2.6 Promover la participación comunitaria, a través de actividades educativas y corresponsabilidad en los servicios de salud.
SSA IPSS
IMSS-BIENESTAR
2.2.7 Propiciar la reducción en los gastos en salud de las personas en el medio rural, mediante la accesibilidad completa a la cartera de servicios en las unidades públicas de salud.
SSA IPSS
IMSS-BIENESTAR
2.2.8 Promover el reconocimiento, protección y fortalecimiento de la medicina y la partería tradicional de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante su respeto y transmisión generacional.
INPI
IMSS-BIENESTAR
 
Estrategia 2.3 Promover el ejercicio pleno del derecho a una educación inclusiva y equitativa para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas, que mejore el bienestar de la población que vive en las zonas rurales.
 
Línea de acción
Dependencias y/o Entidades responsables de
ejecutar la línea de acción (instituciones
coordinadas)
2.3.1 Favorecer el ingreso, permanencia y conclusión de la trayectoria escolar, mediante el otorgamiento de becas a estudiantes, priorizando a la población vulnerable en zonas rurales que habita en localidades de alta y muy alta marginación, así como a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
SEP INPI
2.3.2 Fortalecer los servicios de educación básica acordes al grupo poblacional y su condición de vulnerabilidad, mediante los programas de Educación Inicial y Básica Comunitaria, y de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial y de Expansión de la Educación Inicial.
SEP
2.3.3 Asegurar el acceso de niñas y niños en situación de vulnerabilidad a servicios educativos de cuidado, inclusivos y de calidad, mediante la ampliación de la cobertura de la educación inicial.
SEP
2.3.4 Facilitar la continuidad y conclusión de estudios de las poblaciones en situación de riesgo y vulnerabilidad del nivel secundaria al medio superior, mediante la generación de proyectos educativos locales y regionales.
SEP
2.3.5 Impulsar la atención educativa de jóvenes y adultos en zonas con altos índices de rezago educativo y en condición de vulnerabilidad, mediante la alfabetización y opciones para la conclusión de la educación básica, y la actualización de conocimientos contempladas en el Programa Educación para Adultos.
SEP
2.3.6 Impulsar proyectos de atención a necesidades comunitarias en zonas de alta vulnerabilidad y rezago educativo, mediante la Expansión de la Educación Media Superior y Superior, apoyos a centros y organizaciones de educación y Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y Rosario Castellanos.
SEP
2.3.7 Impulsar el aprovechamiento de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, a través de la ampliación, con la colaboración de otras instancias, de la cobertura del servicio de internet en las escuelas y planteles públicos, con especial atención en las zonas rurales.
SICT ATDT
2.3.8 Fortalecer la oferta educativa, mediante la creación de telebachilleratos comunitarios, preferentemente en instalaciones de telesecundarias o en espacios que la propia comunidad disponga para la atención de la población.
SEP
2.3.9 Contribuir al acceso, permanencia y egreso oportuno de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con énfasis en indígenas y afromexicanos, y población en situación de vulnerabilidad en todos los tipos y niveles educativos, mediante el equipamiento a los servicios de educación especial, hospedaje y alimentación.
SEP INPI
 
Estrategia 2.4 Promover el derecho de la población rural a una vivienda adecuada con espacios y servicios de calidad para el mejoramiento de sus condiciones de vida.
Línea de acción
Dependencias y/o Entidades responsables de
ejecutar la línea de acción (instituciones
coordinadas)
2.4.1 Promover el acceso a vivienda de la población rural con rezago habitacional, mediante los esquemas de subsidios del Programa de Vivienda Social.
SEDATU
CONAVI
2.4.2 Fomentar el acceso de la población rural a vivienda, mediante financiamiento y programas para adquisición, autoproducción, mejoramiento y ampliación de la vivienda.
SEDATU
CONAVI
2.4.3 Incentivar la calidad de vivienda rural, mediante sistemas constructivos sostenibles y procesos de mejoramiento de vivienda con base en los usos y costumbres de las comunidades.
SEDATU
CONAVI
2.4.4 Propiciar, de manera progresiva, el acceso al servicio público de agua potable y saneamiento, con énfasis en la población en condición de rezago y vulnerabilidad en el ámbito rural, mediante la construcción, ampliación de infraestructura y la promoción del reciclaje del agua.
SEMARNAT
CONAGUA
2.4.5 Promover el equipamiento de viviendas rurales sin acceso a red de drenaje, mediante la construcción de sanitarios ecológicos.
SEMARNAT
Estrategia 2.5 Desarrollar infraestructura comunitaria para la creación de espacios públicos dignos para el fortalecimiento de la cohesión social.
Línea de acción
Dependencias y/o Entidades responsables de
ejecutar la línea de acción (instituciones
coordinadas)
2.5.1 Promover la regulación del uso y aprovechamiento del suelo y la conservación de los ecosistemas en las zonas rurales, mediante planes y programas de ordenamiento territorial y urbano, con enfoque socio-ecosistémico.
SEDATU SECTUR
2.5.2 Fomentar el acceso a servicios del entorno a la vivienda adecuada, a través de la ejecución de proyectos de equipamiento y espacios públicos para la población rural y en especial para las comunidades más vulnerables.
SEDATU
2.5.3 Generar condiciones territoriales más equitativas, sostenibles y resilientes en las zonas rurales, mediante la provisión de ecotecnias en los servicios básicos y la participación de las comunidades en la construcción o mejoramiento de equipamientos y espacios públicos comunitarios y el sistema de movilidad.
SEDATU SEMARNAT
2.5.4 Ampliar la infraestructura social básica de las comunidades indígenas y afromexicanas, mediante la construcción, ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, electrificación, drenaje y saneamiento.
INPI
2.5.5 Fortalecer la infraestructura comunitaria de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a través de obras y acciones para el ejercicio de su gobierno, la medicina tradicional, la espiritualidad, la educación, la cultura, la lengua y el deporte tradicional.
INPI
2.5.6 Mejorar la red de comunicación terrestre de las comunidades rurales, indígenas y afromexicanas, a través de la construcción, mantenimiento, modernización y ampliación de caminos rurales y alimentadores, así como de caminos artesanales.
INPI SICT
 
8. Indicadores y metas
El apartado de indicadores tiene como finalidad establecer las métricas que permitirán evaluar el grado de avance y cumplimiento de los objetivos planteados, con una perspectiva estratégica hacia el cierre de la administración. Estos indicadores no solo permitirán dar seguimiento al programa, sino también orientar las acciones para el desarrollo rural sustentable hacia el logro de metas de mediano y largo plazo.
En ese sentido, las metas definidas están alineadas con los objetivos y compromisos establecidos en el PND 2025-2030, así como con las metas trazadas para el año 2030.
Para dar seguimiento a los objetivos planteados en el PECDRS 2026-2030 se propone usar los indicadores de Ingreso promedio de la población rural y Población rural en situación de pobreza.
Respecto al indicador de ingreso promedio de la población rural, este se considera robusto, amplio y suficiente para capturar el efecto que las diversas políticas públicas, que confluyen en este programa, tendrán sobre las actividades productivas en el medio rural y sobre el ingreso de los hogares en las zonas rurales del país. Lo anterior debido a la diversificación de las fuentes de ingreso y un manejo sostenible del medio ambiente en el medio rural.
De manera similar, el indicador de población rural en situación de pobreza se considera robusto, amplio y suficiente para medir los avances en el combate a las carencias de la medición multidimensional de la pobreza, así como en la mejora del bienestar general de la población que vive en estas localidades.
Indicador 1.1
 
 
ELEMENTOS DEL INDICADOR
Nombre
1.1 Ingreso promedio de la población rural
Objetivo
1.   Incrementar los ingresos por actividades agropecuarias y pesquero-acuícolas, así como por otras opciones productivas de la población rural del país
Definición o descripción
Mide el incremento en el ingreso corriente promedio trimestral en las localidades rurales
Derecho asociado
Artículo 123 de la CPEUM. Derecho al trabajo.
Nivel de desagregación
El indicador es de desagregación
nacional para localidades de menos de
2,500 habitantes
Periodicidad o
frecuencia de medición
Bienal
Acumulado o periódico
Periódica
Disponibilidad de la
información
La información se deriva de la ENIGH, que se levanta
cada dos años y publica resultados en el segundo
semestre del año siguiente. La disponibilidad del
indicador seguirá este calendario durante el periodo
2026-2030.
Unidad de medida
Pesos del último año de medición
Periodo de recolección
de los datos
De agosto a diciembre del año de levantamiento,
conforme al diseño muestral de la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad responsable de
reportar el avance
Coordinación General de Información, Inteligencia y
Evaluación
Método de cálculo
IPR = ICR / H
Donde:
IPR: Ingreso promedio corriente trimestral por hogar en el ámbito rural a pesos de 2024.
ICR: Ingreso corriente trimestral en el ámbito rural a pesos de 2024.
H: Número de hogares
Observaciones
Se considera localidad rural aquella con una población menor a 2,500 habitantes
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
Ingreso corriente
trimestral en el
ámbito rural i
Valor variable 1
381,566,833,573 pesos
de 2024
Fuente de
información
variable 1
Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares (ENIGH),
INEGI
Nombre variable 2
Número de hogares
Valor variable 2
7,948,646 hogares
Fuente de
información
variable 2
Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares (ENIGH),
INEGI
Sustitución en método de
cálculo
 
IPR = 381,566,833,573 / 7,948,646 = 48,004 pesos de 2024
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
48,004
Se utilizan los pesos del año 2024 para permitir comparabilidad.
Año
2024
Meta 2030
Nota sobre la meta 2030
50,717
Se considera la tasa de crecimiento promedio del ingreso corriente promedio
trimestral en el periodo 2016-2020.
SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
36,762
N.A.
38,093
N.A.
43,096
N.A.
48,004
N.A.
METAS
2026
2027
2028
2029
2030
48,892
N.A.
49,797
N.A.
50,717

Indicador 2.1
 
ELEMENTOS DEL INDICADOR
Nombre
2.1 Población rural en situación de pobreza
Objetivo
2.   Garantizar el acceso a los derechos sociales de alimentación, salud, educación y vivienda de la población que habita en las localidades rurales.
Definición o descripción
Mide el porcentaje de la población rural que se encuentra en situación de pobreza multidimensional, que es cuando no se tiene
garantizado al menos un derecho para el desarrollo social y los ingresos son insuficientes para satisfacer sus necesidades.
Derecho asociado
Artículos 3o. y 4o. de la CPEUM. Derecho a la Educación; Alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; Protección de la salud;
Vivienda adecuada.
Nivel de desagregación
Nacional para localidades de
menos de 2,500 habitantes
Periodicidad o
frecuencia de medición
Bienal
Acumulado o periódico
Periódico
Disponibilidad de la
información
La información se deriva de la ENIGH, que se levanta cada
dos años y publica resultados en el segundo semestre del
año siguiente. La disponibilidad del indicador seguirá este
calendario durante el periodo 2026-2030.
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección
de los datos
De agosto a diciembre del año de levantamiento, conforme
al diseño muestral de la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares (ENIGH).
Tendencia esperada
Descendente
Unidad responsable de
reportar el avance
Coordinación General de Información, Inteligencia y
Evaluación
Método de cálculo

Donde:
PPRSP: Porcentaje de la población rural en situación de pobreza
PRSP: Población Rural en Situación de pobreza
PRVCS: Población rural vulnerable por carencias sociales
PRVI: Población rural vulnerable por ingresos
PRNPNV: Población rural no pobre y no vulnerable.
Observaciones
La construcción del indicador se realiza con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares y la metodología del INEGI para la medición multidimensional de la pobreza.
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
PRSP
Valor variable 1
13 millones de
personas
Fuente de
información
variable 1
Pobreza Multidimensional (PM) 2024,
INEGI
Nombre variable 2
PRVCS
Valor variable 2
12 millones de
personas
Fuente de
información
variable 2
Pobreza Multidimensional (PM) 2024,
INEGI
Nombre variable 3
PRVI
Valor variable 3
0.5 millones de
personas
Fuente de
información
variable 3
Pobreza Multidimensional (PM) 2024,
INEGI
Nombre variable 4
PRNPNV
Valor variable 4
3 millones de
personas
Fuente de
información
variable 4
Pobreza Multidimensional (PM) 2024,
INEGI
Sustitución en método de
cálculo

 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
45.6%
 
Año
2024
Meta 2030
Nota sobre la meta 2030
39.8%
La meta 2030 contempla tasa de decrecimiento promedio del periodo 2018-2024.
SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
57.7
N.A.
56.8
N.A.
48.8
N.A.
45.6
N.A.
METAS
2026
2027
2028
2029
2030
43.7
N.A.
41.7
N.A.
39.8
9. Lista de dependencias y entidades participantes en el programa
Aeropuertos y Servicios Auxiliares
Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones
Alimentación para el Bienestar, S.A. de C.V.
Banco del Bienestar, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Comisión Nacional de Vivienda
Comisión Nacional del Agua
Comisión Nacional Forestal
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
Financiera para el Bienestar
Instituciones Prestadoras de Servicios Públicos de Salud
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituciones de Educación Superior
Leche para el Bienestar, S.A. de C.V.
Procuraduría Agraria
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
Registro Agrario Nacional
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Secretaría de Bienestar
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación
Secretaría de Cultura
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Secretaría de Economía
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Energía
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Secretaría de las Mujeres
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Relaciones Exteriores
Secretaría de Salud
Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Secretaría de Turismo
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR).
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Tribunales Agrarios
10. Referencias
CA. (2022). Tabulados. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/programas/ca/2022/#tabulados
Censo. (2020). Tabulados. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#tabulados
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1     Cálculos propios a partir de la ENIGH, 2018-2024.
"Los montos presentados son resultado de un ejercicio de estadística que convierte ingresos corrientes en pesos reales de 2024, utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para garantizar la comparabilidad interanual."
Estos porcentajes se calcularon a partir de los resultados de la ENIGH, mediante el análisis de los mismos y la aplicación de técnicas estadísticas. No se encuentran publicados ya que se calculan exprofeso para este Programa, garantizando la trazabilidad a partir de los datos públicos de la encuesta."
2     La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) está integrada por 10 Secretarías de Estado. Las secretarías que conforman la CONABIO son: de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Bienestar, de Economía, de Educación Pública, de Energía, de Hacienda y Crédito Público, de Relaciones Exteriores, de Salud, y de Turismo.
3     Las Instituciones Prestadoras de Servicios Públicos de Salud (IPSS) se conforman por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y Centros Regionales.