PROGRAMA Nacional de Asistencia Social 2026-2030.

PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL 2026-2030

1. Índice

2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa

3. Siglas y acrónimos

4. Fundamento normativo

5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo

6. Objetivos

6.1 Garantizar la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

6.2 Contribuir en la disminución de las brechas de salud de las poblaciones prioritarias y vulnerables para su desarrollo con bienestar y humanismo.

6.3 Contribuir a que la población sujeta de asistencia social reduzca su situación de vulnerabilidad, a través del acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; apoyos y servicios de asistencia social, y la participación activa y democrática de la población en el desarrollo comunitario.

6.4 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Asistencia Social 2026-2030

7. Estrategias y líneas de acción

8. Indicadores y metas

9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa

2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa

La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo.

3. Siglas y acrónimos

APF: Administración Pública Federal

BIENESTAR: Secretaría de Bienestar

CAS: Centro de Asistencia Social

CIF: Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud

CONADE: Comisión Nacional de Cultura física y Deporte

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

EIASADC: Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario

ENCIG: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental

ENADID: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica

ENASIC: Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados

ENSANUT: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición

ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

LAS: Ley de Asistencia Social

LGBTTTIQ+: Acrónimo que representa a personas que se auto identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexual, travesti, intersexuales, queer y otras identidades y expresiones de género y orientaciones sexuales no binarias, representadas por el "+".

LGDNNA: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

NNA: Niñas, niños y adolescentes

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de la Salud

PAE: Programa de Alimentación Escolar

PCD: Personas con discapacidad

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente

PFPNNA: Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

PND 2025-2030: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030

PONAS 2026-2030 / Programa: Programa Nacional de Asistencia Social 2026-2030

SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia o su plural

SEP: Secretaría de Educación Pública

SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia o su plural

SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y también Sistema Nacional DIF

STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

SSA: Secretaría de Salud

4. Fundamento normativo

La CPEUM establece en su artículo 1o. que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Igualmente, determina que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Por su parte, el artículo 4o. de la CPEUM establece diversos derechos humanos, de igualdad y de carácter social. Asimismo, protege la organización y el desarrollo de las familias, el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; la protección de la salud, a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico; a una vivienda digna adecuada, y a la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente.

Por su parte, el artículo 26, apartado A, de nuestra Carta Magna establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Dentro de los compromisos asumidos por el Estado mexicano, se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño, la que, en su artículo 2, establece el compromiso de respetar los derechos establecidos en esa convención, así como, asegurar su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento jurídico internacional del cual México es parte desde el 2007, su objetivo principal es cambiar el paradigma del trato asistencialista a las personas con discapacidad, permitiendo que puedan desarrollarse en igualdad de condiciones, por ello, en su artículo 1, dispone el propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

La Ley de Planeación establece, en sus artículos 1o. y 9o. las normas y principios básicos que rigen la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar las actividades de la APF, bajo una perspectiva intercultural y de género, y con sujeción a los objetivos y prioridades de dicha planeación; esto con el fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que este sea equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible. Asimismo, el artículo 22 de la Ley de Planeación establece que el Plan Nacional de Desarrollo indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deberán elaborarse, sin perjuicio de aquellos cuya elaboración se encuentre prevista en otras disposiciones legales o que determine la persona titular del Ejecutivo Federal. El artículo 26 de dicho ordenamiento dicta que los programas especiales referirán las prioridades del desarrollo integral del país fijados en el Plan Nacional de Desarrollo o a las actividades relacionados con dos o más dependencias coordinadoras de sector.

El artículo 4 de la LAS dispone el derecho a la asistencia social de los individuos y familias que, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar. En razón de lo anterior, el SNDIF, acorde con lo establecido en los artículos 172 de la Ley General de Salud y 28, inciso b), de la LAS, es el responsable de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del PONAS 2026-2030, conforme a las disposiciones de la Ley de Planeación, los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y demás instrumentos de planeación de la APF.

5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo

México vive un momento crucial en su historia. La transformación del país avanza hacia la consolidación de un modelo de desarrollo con bienestar, justicia social y sustentabilidad. Bajo el liderazgo de un gobierno comprometido con la honestidad, la democracia, la eficiencia y, sobre todo, con una visión profundamente humanista, se construye el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

Este nuevo modelo, inspirado en el Humanismo Mexicano, reconoce que el desarrollo verdadero va más allá del crecimiento económico: debe traducirse en bienestar para las personas, protección del medio ambiente y respeto pleno a los derechos humanos. En esta visión, la prosperidad se mide no solo en cifras, sino en la calidad de vida, en la dignidad de quienes habitan el país y en el acceso equitativo a las oportunidades.

El Estado mexicano, a través del PND 2025-2030, asume la responsabilidad de garantizar derechos, fortalecer la democracia y hacer de la justicia social el principio rector de la vida pública. Para lograrlo, es indispensable consolidar los avances alcanzados, asegurar su permanencia y profundizar los cambios aún pendientes. Esto implica fortalecer el estado de bienestar, impulsar un desarrollo económico con igualdad, promover la innovación pública al servicio del pueblo y hacer de la sostenibilidad la base del porvenir.

La prosperidad de una sociedad solo puede ser auténtica si es compartida. Por ello, se reafirma el principio ético que guía esta transformación: por el bien de todos, primero los pobres. Esta convicción se materializa en políticas públicas que priorizan a quienes históricamente han sido excluidos y que promueven la igualdad sustantiva, especialmente para las mujeres, reconociendo su derecho a participar en condiciones de equidad en todos los ámbitos de la vida social.

La política, entendida como el instrumento para transformar la realidad, debe ejercerse con amor y no con odio; con amor al prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la patria. Desde esta perspectiva, el gobierno y sus instituciones tienen como misión fundamental procurar la felicidad y la esperanza del pueblo de México.

En este contexto, el PONAS 2026-2030 orienta la acción del Estado hacia una nueva etapa de gobernanza democrática, bienestar integral y justicia social, alineándose particularmente a los siguientes ejes que integran el PND 2025-2030:

Desde el Eje General 1: Gobernanza con justicia y participación ciudadana; se trabajará en la consolidación de un nuevo Estado de bienestar con un enfoque humanista, ubicando en el centro a los sectores históricamente desatendidos. Bajo los principios de austeridad y honestidad, el gobierno fortalecerá el papel del Estado en la promoción de la justicia social, la redistribución de la riqueza y el acceso equitativo a derechos fundamentales como la educación, la salud y el empleo digno. Asimismo, se continuará trabajando en acciones enfocadas a una política migratoria con visión humanitaria, en particular en la restitución y protección de los derechos de las NNA que se encuentran en condiciones de migración dentro del territorio nacional, ampliando los mecanismos de asistencia, documentación y protección consular, contribuyendo a una gestión integral y digna de la movilidad humana.

En consonancia con el Eje General 2: Desarrollo con bienestar y humanismo; por medio del PONAS 2026-2030, se reafirma el deber del Estado de promover, proteger y garantizar los derechos sociales y de fortalecer y ampliar la red de protección social con especial atención en los grupos más vulnerables. La política de bienestar, sustentada en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, busca que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas.

El Humanismo Mexicano impulsa una visión de igualdad como vía hacia la justicia social, específicamente en la primera infancia, donde se construyen los cimientos del futuro nacional. De acuerdo a la Medición multidimensional de la pobreza 2024, publicada por el INEGI(1), México cuenta con 9.2 millones de niñas y niños menores de cinco años, de los cuales 3.5 millones presentan carencia por acceso a servicios de salud, 1.5 millones tienen carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad y 1.1 millones se encuentran en rezago educativo, por lo que un amplio número de niñas y niños están en riesgo de no alcanzar su pleno potencial; es por ello que la atención integral en los primeros años de vida de niñas y niños es fundamental para garantizar su desarrollo cognitivo, físico y emocional.

A partir del espíritu que guarda el Eje transversal 1: Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres del PND 2025-2030, en este Programa se reafirma la responsabilidad del Estado de generar las condiciones necesarias para que todas las mujeres ejerzan sus derechos en igualdad de oportunidades. La meta es aportar para la consolidación de una sociedad justa y equitativa, la cual exige erradicar toda forma de violencia y discriminación, construyendo entornos donde la paz, la seguridad y el bienestar sean la norma, no la excepción.

Además, se alinea al Eje transversal 3: Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; con lo cual se refrenda el compromiso de garantizar el acceso a servicios básicos -educación, salud y justicia- en un marco de respeto a su identidad, autonomía y formas de organización. La acción pública solo puede desarrollarse con la participación activa y el reconocimiento de la riqueza cultural, de los pueblos originarios que habitan en el país.

En este marco de transformación y compromiso con la justicia social, es necesario hacer hincapié en que la protección de las NNA ocupa un lugar prioritario. La CPEUM, en su artículo 4o, párrafo décimo primero, establece que el interés superior de la niñez debe prevalecer en todas las decisiones y actuaciones del Estado, garantizando plenamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Además, les reconoce el derecho a satisfacer sus necesidades básicas -como la alimentación, la salud, la educación y el sano esparcimiento-, como derecho fundamental para su desarrollo integral. Este principio constituye el eje rector en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Complementariamente, el artículo 3 de la LAS establece que se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

Además, el artículo 4 de la citada ley, reconoce el derecho a recibir atención por parte del Estado a todas aquellas personas y familias que, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieran servicios especializados para su protección e integración al bienestar.

Bajo este marco jurídico, la asistencia social en México prioriza la atención a las NNA que enfrentan riesgos o situaciones de vulnerabilidad, tales como desnutrición, problemas en su desarrollo físico o mental, maltrato, abuso, abandono, explotación, violencia, migración irregular o pobreza extrema.

Ahora bien, es una realidad el avance en el reconocimiento legal y normativo de los derechos de la infancia y la adolescencia en México; sin embargo, actualmente persisten graves rezagos, causados por fragmentación institucional, la falta de articulación entre niveles de gobierno, la escasez de información confiable y la insuficiencia de esquemas de protección que respondan a la diversidad de contextos.

El SNDIF, en coordinación con los Sistemas DIF estatales y municipales, ha identificado problemáticas prioritarias que afectan a este grupo poblacional:

· La persistencia de violencias estructurales y cotidianas en hogares, escuelas, comunidades y espacios públicos.

· La limitada efectividad de mecanismos de protección especial y restitución de derechos, especialmente para los grupos más vulnerables.

· La institucionalización prolongada como respuesta prevalente ante situaciones de desamparo familiar.

· La exclusión y desigualdad en el acceso a servicios básicos como salud, educación, identidad, vivienda y cuidado alternativo oportuno y de calidad.

· El aumento sostenido de la migración infantil y adolescente en condiciones de riesgo y vulnerabilidad.

· La escasa participación efectiva de las NNA en los procesos que les afectan directamente.

Durante las dos últimas décadas, México ha asumido compromisos internacionales relevantes, como la Convención sobre los Derechos del Niño, y ha aprobado marcos normativos nacionales, entre ellos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Estos instrumentos obligan al Estado a garantizar sin distinción alguna el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas menores de 18 años. No obstante, los esfuerzos institucionales no han logrado cerrar las brechas existentes.

De acuerdo la Medición multidimensional de la pobreza 2024, publicada por el INEGI, en 2024 residían en el país 36.1 millones de personas de 0 a 17 años, lo que representa el 27.7 % de la población total; el 38.7 % de estos niños, niñas y adolescentes vive en condiciones de pobreza, mientras que el 7.5 % se encuentra en pobreza extrema(2). Estas cifras reflejan que millones de NNA enfrentan diariamente la negación de derechos esenciales como alimentación adecuada, salud, educación de calidad, seguridad y protección, así como una vida libre de violencia.

A ello se suma la situación crítica de las NNA sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del INEGI, en 2020, se estimaba que más de 53 mil NNA vivían en algún CAS, privados del derecho a vivir en familia(3). En 2024, la PFPNNA, de acuerdo a información interna, detectó que 803 CAS fueron reportados por las Procuradurías de Protección estatales, pero solo el 56 % documentó el resultado de sus visitas de supervisión, lo que refleja notorias debilidades en los esquemas de seguimiento y fiscalización.

En paralelo, los flujos migratorios han incrementado la presión sobre el sistema de protección. De acuerdo a datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de las Personas, de la Secretaría de Gobernación, publicados en sus boletines mensuales sobre estadísticas migratorias, en 2023 se identificaron 113,660 personas menores de edad en situación migratoria irregular, de las cuales el 96.1 % viajaban acompañadas y el 3.9 % eran no acompañadas. Estas cifras reflejan un aumento del 258 % con respecto a 2018, con un registro total de 31,717 casos(4).

Las causas de estos problemas son de naturaleza estructural y frecuentemente interdependientes:

· La débil cultura de derechos, que se traduce en un desconocimiento generalizado de los derechos de la niñez.

· La insuficiencia presupuestal para políticas y programas que requieren asignaciones mayores, estables y progresivas.

· La fragmentación institucional entre autoridades federales, estatales y municipales.

· La desigualdad territorial que limita las oportunidades de desarrollo, especialmente en zonas rurales, comunidades indígenas y contextos de alta marginación.

· La falta de profesionalización y capacitación especializada de las personas encargadas de la protección de derechos.

Los efectos de estas carencias son graves: revictimización institucional, institucionalización prolongada, deserción escolar, exposición a redes delictivas, afectaciones a la salud mental y emocional, así como pérdida de oportunidades de desarrollo.

Estas brechas impactan de forma diferenciada según la población:

· Niñas y adolescentes mujeres enfrentan mayor riesgo de violencia sexual, embarazo infantil y discriminación de género.

· Niños y adolescentes varones están más expuestos a la violencia comunitaria y la criminalización.

· NNA indígenas y afromexicanos tienen un acceso limitado a servicios básicos y atención con pertinencia cultural.

· NNA con discapacidad carecen de servicios integrales y accesibilidad física y comunicativa.

· NNA en contextos de movilidad enfrentan riesgos de trata, desaparición, detención migratoria, separación familiar y falta de regularización.

· NNA LGBTTTIQ+ sufren discriminación y violencia que limita su participación y permanencia en entornos escolares y familiares.

· NNA institucionalizados pierden el derecho a crecer en familia y enfrentan procesos de desinstitucionalización insuficientes.

El Humanismo Mexicano, como principio rector del PND 2025-2030, reconoce que garantizar los derechos de la niñez es una forma de proteger el presente y asegurar el futuro del país. Este enfoque ético concibe a las infancias no como objetos de protección, sino como sujetos plenos de derecho, con voz, agencia y capacidad de transformación social.

Los proyectos sustantivos incluyen:

· El rediseño normativo y fortalecimiento del sistema de supervisión de los CAS.

· La implementación de medidas de desinstitucionalización progresiva.

· La capacitación especializada y continua del personal.

· La expansión de espacios de participación infantil y adolescente.

· La construcción de un sistema robusto de información estadística.

· La implementación de medidas diferenciadas para NNA en materia de movilidad, con enfoque de protección internacional.

· Campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos de la niñez y su relación con el bienestar nacional.

Entre las principales acciones a realizar destacan:

· Incrementar el número de NNA que tengan acceso a medidas de protección y restitución efectivas.

· Reducir el número de personas institucionalizadas sin justificación.

· Mejorar la calidad del cuidado alternativo.

· Ampliar su participación en la deliberación pública.

· Homologar criterios de atención entre Procuradurías locales y la PFPNNA.

· Sistematizar información útil que permita diseñar políticas públicas más eficaces.

La estrategia planteada por el SNDIF se inscribe en el modelo de desarrollo impulsado por el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, colocando al centro la dignidad humana. La protección integral de la infancia y adolescencia contribuye directamente al desarrollo con justicia y bienestar. En este sentido, se fortalecerá la articulación interinstitucional, los mecanismos comunitarios de prevención, la profesionalización del personal, la generación de información estadística confiable, los modelos de intervención centrados en el entorno familiar y la participación activa de NNA; lo anterior se logrará con el cumplimiento del Objetivo 1: "Garantizar la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes".

Es importante retomar lo establecido en el Eje General 2: Desarrollo con bienestar y humanismo, corazón de la transformación, planteado en el PND 2025-2030, en el que se establece como propósito central reducir la pobreza y erradicar las condiciones estructurales que la perpetúan. El enfoque de desarrollo con bienestar y humanismo implica fortalecer y ampliar la red de protección social, con prioridad para las personas que enfrentan desigualdad, pobreza, marginación o se encuentran en situaciones derivadas de múltiples factores de vulnerabilidad. En congruencia con el compromiso de construir una República de y para las NNA, resulta imprescindible remover las barreras que limitan su desarrollo integral, entre ellas, la falta de acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Asimismo, en el Eje transversal 1: Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, se define la Estrategia T1.2.2, orientada a promover la creación de un Sistema Nacional de Cuidados progresivo, intersectorial e intergubernamental, que garantice la corresponsabilidad social y el acceso equitativo a servicios de cuidado de calidad.

En este marco, el PONAS 2026-2030 contribuirá a la atención integral de la población sujeta de asistencia social, priorizando a quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. Para ello, contempla acciones orientadas a garantizar el acceso a apoyos y servicios de asistencia social, a la alimentación nutritiva; así como a fomentar la inclusión activa y democrática de las comunidades en iniciativas de salud, autogestión y fortalecimiento del bienestar, todo ello con enfoque de derechos humanos, interseccionalidad y perspectiva de género. Esto se logrará cumpliendo con el objetivo 3 "Contribuir a que la población sujeta de asistencia social reduzca su situación de vulnerabilidad, a través del acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; apoyos y servicios de asistencia social, y la participación activa y democrática de la población en el desarrollo comunitario".

Su implementación requiere de una coordinación efectiva por parte del SNDIF, la articulación multisectorial con las dependencias de los ámbitos educativo, de salud y de asistencia social, así como la estrecha colaboración entre los tres órdenes de gobierno. De igual forma, la participación comunitaria y la vigilancia ciudadana son indispensables para garantizar transparencia, legitimidad y eficacia en la ejecución de dichas acciones.

A pesar de los avances registrados en la reducción de la pobreza, persisten retos significativos. Según datos del INEGI(5), en términos absolutos, en 2024, 38.4 millones de personas vivían en pobreza y 6.9 millones en pobreza extrema, evidenciando que los sectores más vulnerables continúan enfrentando condiciones estructurales que limitan su bienestar y su acceso efectivo a derechos básicos. Adicionalmente, 35 de cada 100 personas no contaban con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

La situación es aún más crítica en el caso de NNA. En 2024, la incidencia de pobreza en este grupo alcanzó 38.7%, mientras que en la población total fue de 29.6%. Además, 22.0% de esta población enfrentaba al menos tres carencias sociales, siendo la de mayor prevalencia el acceso a la seguridad social (55.6%). La desigualdad es aún más evidente para quienes viven con discapacidad, pues 32.9% de personas con discapacidad se encontraban en pobreza, frente a 29.3% de quienes no reportaron discapacidad (INEGI, 2024).

La alimentación es un indicador clave que refleja las desigualdades estructurales. Aunque la carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad disminuyó de 18.2% a 14.4% entre 2022 y 2024, aún afectaba a 18.7 millones de personas. De forma paralela, se registró una disminución de la carencia en servicios de salud, que pasó de 39.1% a 34.2% en el mismo periodo. Otros indicadores, como el rezago educativo, también evidencian una ligera mejora: entre 2022 y 2024, la población con rezago educativo pasó de 25.0 millones a 24.2 millones.

La ENSANUT 2022 muestra que los problemas de sobrepeso y obesidad se han incrementado en todos los grupos de población. En niños y niñas de 5 a 11 años, la prevalencia de sobrepeso creció 7% entre 2006 y 2022; en adolescentes, el aumento fue de 24%. En personas adultas de 20 años o más, 75.2% presentan sobrepeso y obesidad, y el grupo de 40 a 60 años concentra las prevalencias más altas (85%). Al mismo tiempo, la desnutrición crónica persiste como problema central en niñas y niños menores de 5 años: 14.2% padecen retraso en el crecimiento, con especial afectación en el sur del país, donde uno de cada cinco enfrenta esta condición.(6)

Otro aspecto crítico es la situación de los cuidados. La ENASIC 2022 señala que 77.8% de los hogares en México tienen al menos un integrante que requiere cuidados. Además, señala que en 8.4 millones de hogares hay niñas y niños menores de 5 años susceptibles de recibir cuidados, y 12.4 millones de hogares con personas mayores de 60 años susceptibles de recibir cuidados. De todas las personas susceptibles de cuidados, el 35.1%, (20.6 millones), no los reciben. Particularmente, en la primera infancia, 86.3% de niñas y niños menores de cinco años dependen principalmente de la madre, mientras 7.6% son cuidados por la abuela(7). También se incluye a otros grupos históricamente marginados o excluidos, como mujeres embarazadas o lactantes, madres adolescentes en situación de abandono o explotación, personas indígenas migrantes, personas adultas mayores en situación de desamparo, personas con discapacidad, así como personas dependientes de quienes se encuentran privados de la libertad, personas enfermas en fase terminal y víctimas de violencia. Entre estos grupos, la población con discapacidad ocupa un lugar relevante. La discapacidad forma parte de la diversidad humana y su comprensión ha evolucionado en las últimas décadas, pasando de un enfoque meramente médico a una perspectiva biopsicosocial y de derechos humanos. Este cambio reconoce que la discapacidad surge de la interacción entre las condiciones de salud de una persona y las barreras del entorno físico, social y actitudinal que limitan su participación plena en la sociedad.

La CIF de la OMS proporciona un marco conceptual estandarizado que define la discapacidad como un fenómeno complejo, que abarca deficiencias corporales, limitaciones en la actividad, restricciones en la participación y la presencia de barreras en el entorno.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 1°, establece que las personas con discapacidad incluyen a aquellas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. En este sentido, la LAS, a través de sus artículos 3 y 4, reconoce su derecho a recibir servicios especializados para lograr su integración plena al bienestar, mediante acciones de promoción, prevención, protección y

De acuerdo con el Informe mundial sobre la equidad en salud para las personas con discapacidad (OMS, 2025)(8), las personas con discapacidad enfrentan mayores riesgos de violencia, abandono, explotación y trato negligente. Además, presentan una mayor prevalencia de enfermedades, menor acceso a servicios de salud y mayor riesgo de muerte prematura, todo ello en contextos marcados por entornos inaccesibles y falta de atención especializada.

El derecho a la educación, consagrado en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, implica garantizar un sistema inclusivo en todos los niveles, con ajustes razonables y apoyos adecuados. No obstante, la exclusión educativa sigue siendo un desafío: en México, según datos de la ENADID 2023, el promedio de escolaridad de la población con discapacidad de 15 años o más es de 7 años cursados, mientras que para las personas sin discapacidad o limitación es de 10.7 años. Además, el 15.8 % de las personas con discapacidad de 3 años y más no tenía escolaridad, mientras que esta cifra fue de 8.7 % en personas sin discapacidad(9).

En términos de rehabilitación, el artículo 26 de la citada convención establece la obligación de los Estados parte de adoptar medidas efectivas y pertinentes, a fin de que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida; para lograrlo, debe de organizar y fortalecer los servicios de habilitación y rehabilitación en salud, empleo, educación y servicios sociales. Sin embargo, persisten necesidades no satisfechas, debido a la insuficiencia de infraestructura, personal capacitado y acceso a tecnologías de apoyo, lo que limita el desarrollo de la autonomía y el potencial de las personas con discapacidad.

En el ámbito laboral, el artículo 27 de la convención reconoce el derecho al trabajo en igualdad de condiciones. Sin embargo, la discriminación persistente, el estigma social y el menor acceso a educación provocan que la participación económica de las personas con discapacidad sea limitada. En México, la tasa de participación económica entre personas de 15 años y más con discapacidad es del 40.6 %, frente al 68.0 % en personas sin discapacidad. Esta brecha se profundiza en el caso de las mujeres, cuya tasa de participación apenas alcanza el 31.3 % (ENADID 2023)(10).

La mayoría de las personas con discapacidad que logran insertarse en el mercado laboral lo hacen en condiciones de informalidad, con escaso acceso a derechos laborales, prestaciones sociales y ajustes razonables en sus lugares de trabajo. Esta situación las deja fuera de los sistemas de protección social contributiva, profundizando las desigualdades que enfrentan. Estos datos muestran con claridad que, a pesar del reconocimiento legal, aún existen retos importantes para garantizar condiciones de equidad real para las personas con discapacidad. Por ello, resulta indispensable redoblar esfuerzos desde las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, en coordinación con la sociedad civil, para construir una sociedad verdaderamente incluyente, donde el ejercicio de los derechos no dependa de las condiciones individuales, sino de la capacidad colectiva de eliminar barreras y ampliar oportunidades para todas y todos.

Por otra parte, el deterioro del tejido social profundiza los ciclos de exclusión y aislamiento. La ENVIPE 2024 muestra que apenas el 38.2% de la población adulta participó en actividades de organización vecinal para atender problemas de delincuencia que viven cerca de las escuelas de su comunidad, el 36.2 % en acciones de organización para combatir el robo y el 27.3 % para generar acciones en contra del pandillerismo violento que aqueja sus comunidades; lo que refleja la debilidad de las redes de apoyo y el limitado ejercicio de la corresponsabilidad social(11).

Por ello, el SNDIF identifica como problema prioritario atender la situación de personas vulnerables por carencias sociales, incluyendo NNA, personas adultas mayores, personas con discapacidad y NNA en contexto de movilidad humana, quienes enfrentan barreras que limitan el ejercicio pleno de sus derechos.

Entre las causas que contribuyen a esta problemática destacan:

· La carencia de vivienda digna y la desintegración o disfunción familiar.

· El incremento de personas adultas mayores en situación de desprotección familiar e institucional.

· La situación de NNA desplazados de su lugar de origen por violencia, persecución, hambruna o conflictos.

· La falta de acceso a actividades recreativas, culturales y de esparcimiento.

Estos factores producen efectos graves, como:

· El incumplimiento de derechos para poblaciones que requieren atención especializada.

· El alto índice de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad.

· El incremento de NNA en contexto de movilidad humana.

· La reproducción de condiciones de extrema desigualdad.

· La negación de derechos fundamentales al juego, al descanso, al esparcimiento y a la participación cultural y artística.

Para responder a estos desafíos, el SNDIF, establece convenios con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, que permiten brindar atención especializada mediante apoyos de acogimiento residencial integral. De manera complementaria, se supervisan la infraestructura y la idoneidad del recurso humano en centros gerontológicos y casas hogar. Estas acciones fortalecen la calidad de vida de las personas adultas mayores beneficiarias.

También implementa medidas de prevención de la violencia intrafamiliar y estrategias de atención integral a NNA en contexto de movilidad humana, garantizando su protección y el pleno respeto de sus derechos humanos. Finalmente, se impulsan servicios de esparcimiento y recreación dirigidos a poblaciones en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de prevenir problemas de salud física, mental y comunitaria, y contribuir a la reconstrucción del tejido social.

Frente a estos desafíos, el SNDIF reconoce que la atención integral de las NNA requiere de un enfoque contextualizado que considere su alta dependencia de los cuidados familiares y del Estado. Esta etapa de la vida es determinante para su desarrollo físico, emocional y social. Las condiciones adversas durante la infancia y la adolescencia pueden dejar secuelas profundas y duraderas que limitan su bienestar y sus oportunidades a lo largo de la vida; lo anterior se logrará al cumplir con el Objetivo 2: "Contribuir en la disminución de las brechas de salud de las poblaciones prioritarias y vulnerables para su desarrollo con bienestar y humanismo".

En este sentido, el PONAS 2026-2030 y el modelo de desarrollo con bienestar y humanismo buscan construir políticas públicas que contribuyan a cerrar las brechas de desigualdad, garantizar el acceso efectivo a derechos y fortalecer la cohesión social.

El reto es ambicioso: lograr que cada persona, sin importar su origen, género, condición social o lugar de residencia, pueda vivir con dignidad y desarrollar su máximo potencial. Este compromiso refleja la convicción de que ninguna persona en situación de vulnerabilidad debe quedar atrás. Que su bienestar es el cimiento de un México más justo, solidario y próspero.

Visión de largo plazo

Hacia el año 2030, México será un referente de la protección social integral y la garantía efectiva de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad. El SNDIF, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, habrá articulado políticas, programas y acciones que reduzcan de manera significativa las desigualdades estructurales que históricamente han afectado a NNA, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres, comunidades indígenas y afromexicanas, personas en situación de movilidad humana y otros grupos prioritarios.

De manera articulada entre el Programa Nacional de Asistencia Social 2026-2030 y el Programa Sectorial de Salud 2025-2030 permitirá avanzar hacia un modelo de bienestar integral y humanista, en el que la protección social, la salud y la asistencia se entiendan como derechos complementarios que aseguran una vida digna para todas las personas. Con ello, se fortalecerá la protección integral de niñas, niños y adolescentes mediante la implementación de programas diferenciados para atender las necesidades de grupos prioritarios y la adopción de acciones que eviten la discriminación de forma absoluta e inaceptable por parte del personal de salud. Permitiendo asegurar una atención respetuosa, oportuna y con enfoque de derechos, contribuyendo a la restitución plena de sus garantías fundamentales.

Asimismo, con el trabajo conjunto de ambos programas se reducirán las brechas de salud que enfrentan las personas con discapacidad gracias al establecimiento de una Red de Atención Integral para la y el paciente con discapacidad y al incremento de la capacidad instalada del sector para su atención especializada. Esto se traducirá en servicios accesibles, rehabilitación adecuada y cuidados acordes con sus necesidades específicas.

Además, se contará con mejores condiciones de bienestar, a través del acceso a alimentación nutritiva y servicios de asistencia social, articulándose con políticas de salud orientadas a limitar la disponibilidad de productos ultraprocesados, promover entornos alimentarios saludables, y fortalecer la detección y control de la mala nutrición, así como la adecuada nutrición en los primeros mil días de vida. La acción comunitaria para el autocuidado y la aplicación de lineamientos interculturales, con enfoque de género y derechos humanos, permitirán avanzar hacia un modelo integral de bienestar y salud para las comunidades del país.

Aunado a lo anterior, la acción gubernamental estará vinculada al Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación, denominado Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, orientado a eliminar las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a bienes y servicios. Con ello, se impulsarán medidas afirmativas que corrijan desigualdades estructurales, prioricen a las mujeres en situación de vulnerabilidad y garanticen un impacto positivo diferenciado a su favor.

En paralelo, los Anexos Transversales 10 y 11 del PEF habrán contribuido a cerrar brechas históricas en pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y zonas rurales y costeras. El Anexo 10, al dirigir erogaciones hacia el desarrollo de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, habrá favorecido la inclusión social y económica de pueblos y comunidades que históricamente enfrentaron pobreza, marginación y discriminación. En lo referente al Anexo 11, mediante el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, habrá orientado recursos para elevar ingresos y mejorar las condiciones de bienestar de quienes habitan zonas rurales y costeras, vinculando asistencia social con desarrollo territorial.

La juventud mexicana también será parte central de esta visión. El Anexo 17 del PEF, denominado Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes habrá fortalecido programas que promuevan educación, salud, empleabilidad y participación, generando entornos que potencien sus capacidades y garanticen su inclusión social.

Para el año 2030, se habrá consolidado un Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con capacidad efectiva de prevención, protección, restitución y garantía de derechos, sustentado en la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y la participación activa de la comunidad. La institucionalización de la participación infantil y adolescente será una práctica transversal en el diseño de políticas públicas y en la evaluación de resultados, garantizando que sus voces sean escuchadas en todos los ámbitos de la vida pública.

La transformación de los servicios de alimentación escolar habrá concluido exitosamente la transición del modelo de alimentación fría a caliente, garantizando que las NNA cuenten con alimentos nutritivos, suficientes, variados y culturalmente pertinentes, contribuyendo así a mejorar su salud, desarrollo y aprendizaje. Ello contribuirá a mejorar su salud, desarrollo y aprendizaje, en articulación con el Anexo 18 del PEF, denominado Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, que fortalece la protección integral y garantiza el cumplimiento efectivo de sus derechos, priorizando a quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Simultáneamente, se habrá fortalecido la red nacional de Centros de Desarrollo Comunitario como espacios seguros, inclusivos y participativos que promuevan organización comunitaria, la cohesión social, cultura, deporte, educación, salud preventiva, autonomía y cuidados. En este esfuerzo convergerán los principios del Anexo 14 del PEF, denominado Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables, que canaliza bienes, servicios y recursos a poblaciones en mayor susceptibilidad de ver menoscabados sus derechos, bajo los principios de justicia social, inclusión y equidad de género.

En materia de cuidados, México habrá consolidado un Sistema Nacional de Cuidados progresivo y articulado, garantizando el acceso efectivo a servicios de calidad con enfoque de derechos humanos, interseccionalidad y perspectiva de género. El PEF, en su Anexo 31 denominado Consolidación de una Sociedad de Cuidados, habrá sido un instrumento clave para transformar la organización social del cuidado, beneficiando a infancias, personas mayores con diversos niveles de autonomía, personas con discapacidad y reconociendo los derechos de las personas cuidadoras. Las personas mayores habrán encontrado oportunidades para un envejecimiento digno, activo y saludable en Casas de Día y espacios comunitarios que promuevan su bienestar físico, mental y social. Las personas con discapacidad contarán con servicios integrales de rehabilitación, inclusión educativa, laboral y comunitaria, así como acceso efectivo a productos de apoyo, en consonancia con la Iniciativa de Rehabilitación 2030 de la OMS.

El país habrá avanzado de manera sostenida hacia la consolidación de modelos integrales de prestación de servicios de asistencia social, que garantizarán progresivamente el acceso equitativo y de calidad, sin importar el lugar de residencia, priorizando la cobertura en zonas rurales y comunidades con mayores rezagos. La articulación intersectorial con los sistemas de salud, educación, protección civil y desarrollo social permitirá atender de manera oportuna situaciones de emergencia, desastres naturales y crisis humanitarias.

Asimismo, el SNDIF y las entidades federativas, mediante los SEDIF y SMDIF, habrán desarrollado un equipo multidisciplinario de alta capacidad técnica, con personal profesionalizado, ético y comprometido con los principios del Humanismo Mexicano, la justicia social y la sustentabilidad. La formación continua, la investigación aplicada y la innovación tecnológica fortalecerán la eficacia y pertinencia de los servicios, generando evidencia confiable para la mejora constante de las políticas públicas.

Para el 2030, la acción coordinada entre la federación, las entidades federativas y los municipios habrá logrado que las NNA, mujeres embarazadas y en lactancia, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de movilidad humana, y comunidades indígenas y afromexicanas, accedan de manera efectiva a alimentos nutritivos y suficientes, apoyos económicos y servicios de asistencia social que contribuyan a garantizar su dignidad y a potenciar su capacidad de agencia. Se habrá logrado también la implementación de estrategias de atención integral a NNA en contexto de movilidad humana, asegurando su protección, inclusión educativa y restitución de derechos. Paralelamente, se habrán fortalecido las redes familiares de acogida, las comunidades terapéuticas y los programas de desinstitucionalización, avanzando hacia un modelo centrado en el interés superior de la niñez. De forma complementaria, se habrá promovido el acceso universal a actividades culturales, recreativas, deportivas y de esparcimiento, reconociendo el derecho de todas las personas, especialmente NNA, al juego, la cultura y el descanso. Estas acciones habrán contribuido a fortalecer la cohesión social, la resiliencia comunitaria y la reconstrucción del tejido social, generando entornos protectores y solidarios.

Para el año 2030, México se consolidará como un país que reconoce y garantiza la dignidad humana de todas las personas, que promueve la igualdad sustantiva y la no discriminación, que impulsa políticas de asistencia social con enfoque de derechos y que asume con responsabilidad histórica la protección integral de quienes representan su presente y su futuro.

Este esfuerzo conjunto aportará al cumplimiento del objetivo más importante del Gobierno de México: consolidar la transformación del país bajo un modelo integral y transversal de bienestar, justicia social y sustentabilidad, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y los principios establecidos en la CPEUM.

6. Objetivos

El Estado mexicano tiene la responsabilidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos sociales de los mexicanos, siguiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Para atender este mandato, el gobierno de la Cuarta Transformación cuenta con la asistencia social, la cual está enfocada en la generación de acciones transversales tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral de las personas que enfrentan condiciones de desigualdad, exclusión, movilidad, violencia o maltrato.

La asistencia social contribuye al desarrollo con bienestar y humanismo, por ello, debe continuar su transformación para atender los nuevos riesgos de la vulnerabilidad, derivados de fenómenos sociales que requieren fortalecer la integración familiar y comunitaria, la vigilancia de los derechos de las NNA, la atención de las personas adultas mayores, y contribuir a que la población con discapacidad mejore sus condiciones de vida e inclusión social.

La promoción de la asistencia social y la prestación de los servicios en ese campo requiere de la concurrencia de acciones y recursos para consolidar, dar continuidad y potenciar su alcance. El concurso de la acción pública, privada y de la sociedad en su conjunto permitirá avanzar en un solo camino en torno a la transformación de un México incluyente y con bienestar social. Asimismo, el Humanismo Mexicano, impulsado en el sexenio pasado, ha buscado establecer la igualdad como el camino hacia la justicia social. Por ello, el gobierno ha centrado esfuerzos en atender las necesidades básicas de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.

Con la interrelación ordenada de todos los actores involucrados en la asistencia social y la suma de esfuerzos, se establecerá y dará curso a nuevos mecanismos y programas que amplíen el campo de acción de la asistencia social, para modificar y mejorar las circunstancias que impidan el desarrollo integral del individuo, hasta lograr su incorporación a una vida plena, productiva y con bienestar.

En ese sentido, la articulación de las disposiciones contenidas en el PND 2025-2030 y de la LAS, constituye el marco a partir del cual se establecen los objetivos del PONAS 2026-2030.

Objetivos del Programa Nacional de Asistencia Social 2026-2030

1.- Garantizar la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

2.- Contribuir en la disminución de las brechas de salud de las poblaciones prioritarias y vulnerables para su desarrollo con bienestar y humanismo.

3.- Contribuir a que la población sujeta de asistencia social reduzca su situación de vulnerabilidad, a través del acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; apoyos y servicios de asistencia social, y la participación activa y democrática de la población en el desarrollo comunitario.

6.1 Relevancia del objetivo 1: Garantizar la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Garantizar la protección y restitución de los derechos de las NNA es un compromiso fundamental para cualquier sociedad que busque el desarrollo equitativo y el bienestar de sus generaciones futuras. Este grupo poblacional, por su condición de vulnerabilidad, enfrenta constantes riesgos que amenazan su integridad física, emocional y social, tales como la violencia, el abuso, la explotación y la exclusión.

En la actualidad, cobra especial relevancia la situación migratoria en la que se encuentran las NNA en el país, de acuerdo a información de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de las Personas, de la Secretaría de Gobernación del 2018 al 2023 ha aumentado un 258 % el flujo migratorio, lo cual ha aumentado la presión sobre el sistema de protección. De acuerdo a su publicación "Boletín Estadístico III Personas en situación migratoria irregular (antes, extranjeros presentados y devueltos), 2023"(12), en ese año se registraron 113,542 personas menores de edad en situación migratoria irregular; en el grupo de edad de 0 a 11 años, el 99.2 % viajaban acompañadas y 0.8 % eran no acompañadas. Por lo anterior, cuando los derechos de los NNA no son protegidos, no solo se afecta su presente, sino también su futuro, perpetuando ciclos de desigualdad y limitando sus oportunidades de crecimiento. Por ello, es indispensable implementar acciones que aseguren su protección integral y la restitución efectiva de sus derechos en caso de vulneración.

Uno de los principales desafíos es la falta de promoción y prevención efectiva de los derechos de la niñez y adolescencia. Muchos NNA, así como sus familias y comunidades, desconocen sus derechos o no cuentan con las herramientas necesarias para exigirlos, lo que facilita su vulneración y normaliza situaciones de riesgo. Esto se agrava por la fragmentación en la atención institucional, donde la falta de coordinación entre entidades públicas, privadas y de la sociedad civil genera respuestas tardías o insuficientes, dejando desprotegidos a quienes más lo necesitan.

Asimismo, el acceso a la justicia sigue siendo una barrera significativa, ya que los procesos judiciales y administrativos suelen ser lentos, poco adaptados a las necesidades de la niñez y, en muchos casos, revictimizantes. Esto genera impunidad y desconfianza en las instituciones, impidiendo una reparación integral de derechos. Como se mencionó en el apartado de diagnóstico, de acuerdo a datos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en 2020, se estimaba que más de 53 mil NNA vivían en algún CAS, privados del derecho a vivir en familia.

El cumplimiento de este objetivo tendrá un impacto profundo y multidimensional. En primer lugar, las NNA crecerían en entornos más seguros y protectores, donde sus derechos sean respetados y su desarrollo integral esté garantizado. Las familias y comunidades, al contar con mayor información y acceso a redes de apoyo, estarían mejor preparadas para prevenir situaciones de riesgo y actuar ante ellas.

A nivel social, se avanzaría hacia una mayor equidad, reduciendo las brechas que afectan a los grupos más vulnerables y promoviendo una cultura de respeto a los derechos humanos. En conjunto, esto sentaría las bases para una sociedad más justa e inclusiva, donde cada niña, niño y adolescente tenga la oportunidad de vivir una vida plena y digna.

Este objetivo también es relevante ya que se relaciona con los Anexos Transversales del PEF: Anexo 18 Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes y Anexo 31 Consolidación de una Sociedad de Cuidados.

6.2 Relevancia del objetivo 2: Contribuir en la disminución de las brechas de salud de las poblaciones prioritarias y vulnerables para su desarrollo con bienestar y humanismo.

Mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad es un imperativo ético y social que busca reducir las desigualdades estructurales y garantizar el acceso a derechos fundamentales. Quienes enfrentan condiciones de pobreza, exclusión, discapacidad o edad avanzada suelen experimentar barreras sistemáticas que limitan su desarrollo y bienestar. Sin intervenciones específicas, estas desventajas se profundizan, perpetuando ciclos de marginación y afectando no solo a los individuos, sino también a sus familias y comunidades. Este objetivo reconoce que el progreso social solo es posible si se prioriza a los grupos más desfavorecidos, asegurando que nadie quede atrás.

En el año 2020, conforme a los resultados del Censo de Población y Vivienda del INEGI(13), en nuestro país existían 6 millones 179 mil 890 personas con alguna discapacidad, de ellas el 53 % son mujeres (3.3 millones) y el 47 % hombres (2.9 millones); prácticamente la mitad del total de la población que presenta alguna discapacidad son personas mayores de 60 años (50.1 %). En este marco, el porcentaje de concentración de personas con discapacidad, según grupo de edad es: 6.9 % en el grupo de 0 a 9 años; 6.9 % de 10 a 19 años; 6.4 % en el grupo de 20 a 29 años; 29.8 % de 30 a 59 años; y 50 % del grupo de edad de 60 años y más. De acuerdo a la misma fuente, las discapacidades reportadas según actividad cotidiana que realiza con mucha dificultad o no puede hacerla fueron caminar, subir o bajar (47.6 %); ver (aun usando lentes) (43.5 %); recordar o concentrarse (18.6 %); oír (aun usando aparato auditivo) (21.8 %); bañarse, vestirse o comer (18.9 %); hablar o comunicarse (15.3 %). El mismo instrumento identificó que del total de las personas con discapacidad, el 76.1 % cuenta con afiliación a servicios de salud (de ellas, el 54 % son mujeres y el 46 % hombres) y el 23.9 % restante no. En el tema de alfabetismo, de la población con discapacidad de 15 años y más, el 79.7 % está en situación de alfabetismo y el 20.3 % es analfabeta.

Por otra parte, el INEGI en los resultados de la Medición multidimensional de la pobreza 2024, identificó que en el grupo de la población con discapacidad se encuentra en carencia social: 38.1 % por rezago educativo; 33.4 % por acceso a los servicios de salud; 42.3 % por acceso a la seguridad social; 7.5 % por calidad y espacios de la vivienda; 16.1 % por acceso a los servicios básicos en la vivienda, y 22.8 % por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

Uno de los principales desafíos es la falta de acceso a servicios básicos de calidad para las personas en situación de vulnerabilidad. Muchas de ellas carecen de atención médica adecuada, vivienda digna o redes de apoyo social, lo que agrava su condición. Además, existe un déficit en la supervisión de las organizaciones que brindan asistencia, lo que puede derivar en servicios inconsistentes o poco efectivos. La estrategia de verificar el cumplimiento de los convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil busca corregir esta situación, asegurando que la población albergada reciba una atención acorde a sus necesidades.

Otro problema crítico es la exclusión que enfrentan ciertos grupos, como las personas con discapacidad o las personas adultas mayores, quienes a menudo son invisibilizados en las políticas públicas. La falta de adaptación en infraestructura, servicios y programas limita su autonomía y participación social. Las líneas de acción enfocadas en brindar apoyos funcionales y servicios gerontológicos integrales abordan directamente estas carencias, promoviendo una asistencia especializada que respete su dignidad.

Asimismo, la marginación social priva a muchas personas de oportunidades para el esparcimiento y la recreación, elementos clave para su desarrollo emocional y físico. El impulso a actividades deportivas y lúdicas en espacios abiertos no solo mejora su calidad de vida, sino que también fomenta la cohesión comunitaria. Estas acciones, combinadas con el acogimiento residencial integral, permiten ofrecer un apoyo holístico que trasciende la satisfacción de necesidades inmediatas y contribuye a su integración social.

El logro de este objetivo tendrá un impacto transformador en la vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Al garantizar su acceso a salud, vivienda, recreación y asistencia especializada, se les proporcionan las herramientas necesarias para mejorar sus condiciones materiales y emocionales. Esto no solo alivia situaciones de crisis, sino que también abre caminos para su autonomía y participación activa en la sociedad.

Para las comunidades, esto significa avanzar hacia una mayor equidad, donde todos los miembros tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente, independientemente de sus circunstancias. Además, fortalece la confianza en las instituciones, al demostrar su capacidad para responder a las necesidades de los más desprotegidos. A largo plazo, estas acciones reducen los costos sociales y económicos asociados a la exclusión, creando una sociedad más justa, cohesionada y resiliente. En esencia, mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables no es solo un acto de justicia, sino una inversión en el futuro colectivo.

Contribuir al ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad constituye un compromiso fundamental con la inclusión, la equidad y la justicia social. Históricamente, este grupo ha enfrentado barreras físicas, sociales y culturales que limitan su participación activa en la vida económica, política y cultural de sus comunidades. Garantizar sus derechos no solo es un mandato legal y ético, sino también una condición necesaria para construir sociedades más diversas y cohesionadas. Cuando las personas con discapacidad pueden desarrollar sus capacidades y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, toda la sociedad se beneficia de su talento, perspectiva y contribuciones.

Uno de los principales desafíos es la insuficiente infraestructura y equipamiento para la asistencia social y la rehabilitación. Muchos centros carecen de los recursos necesarios para brindar servicios de calidad, lo que dificulta la movilidad, la autonomía y la integración de las personas con discapacidad. La estrategia de fortalecer estos espacios busca eliminar barreras arquitectónicas y tecnológicas, facilitando su acceso a terapias, educación y empleo.

Otro problema crítico es la falta de prevención y detección temprana de condiciones discapacitantes, lo que incrementa el riesgo de complicaciones evitables. Sistemas de salud con enfoque reactivo, en lugar de preventivo, generan mayores costos humanos y económicos. Al reforzar acciones de diagnóstico oportuno y atención primaria, se puede reducir la incidencia de discapacidades secundarias y mejorar la calidad de vida desde edades tempranas.

Además, persisten actitudes discriminatorias y un desconocimiento generalizado sobre las capacidades de las personas con discapacidad, lo que limita sus oportunidades. La rehabilitación integral y la inclusión social requieren no solo intervenciones médicas, sino también campañas de sensibilización, adaptaciones laborales y educativas, y políticas que promuevan su participación plena. Las estrategias dirigidas a impulsar su autonomía y bienestar complementario, como el acceso a cultura, deporte y tecnologías de asistencia, son clave para romper estereotipos y fomentar su independencia.

El cumplimiento de este objetivo tendría un impacto profundo en la vida de las personas con discapacidad y en la sociedad en su conjunto. Al garantizar servicios de rehabilitación física y ocupacional de calidad, se promueve su autonomía, permitiéndoles desarrollar habilidades para la vida diaria y el trabajo. Esto, a su vez, reduce su dependencia de redes asistenciales y abre oportunidades económicas que benefician a sus familias y comunidades.

La prevención de discapacidades evitables mejora la salud pública y reduce la carga sobre los sistemas médicos, mientras que la inclusión social enriquece los espacios educativos, laborales y culturales con diversidad. Empresas, escuelas y gobiernos que adoptan prácticas inclusivas no solo cumplen con la normativa, sino que se vuelven más innovadores y representativos.

A largo plazo, estas acciones construyen una sociedad donde la discapacidad no es sinónimo de exclusión, sino de ciudadanía activa. El respeto a los derechos de este grupo refleja el nivel de desarrollo humano de un país y sienta las bases para un futuro donde todas las personas, sin distinción, puedan vivir con dignidad y plenitud.

Este objetivo también es relevante ya que se relaciona con los Anexos Transversales del PEF: Anexo 14 Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables y Anexo 31 Consolidación de una Sociedad de Cuidados.

6.3 Relevancia del objetivo 3: Contribuir a que la población sujeta de asistencia social reduzca su situación de vulnerabilidad, a través del acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; apoyos y servicios de asistencia social, y la participación activa y democrática de la población en el desarrollo comunitario.

Contribuir a que la población sujeta de asistencia social reduzca su situación de vulnerabilidad representa un eje fundamental para romper ciclos de pobreza y desigualdad. La falta de acceso a alimentación adecuada, servicios básicos y oportunidades de participación comunitaria perpetúa condiciones de marginación que afectan no solo a individuos, sino a generaciones enteras. Este objetivo reconoce que la vulnerabilidad es multidimensional: no se resuelve solo con asistencia inmediata, sino mediante estrategias integrales que combinen nutrición, empoderamiento comunitario y protección de derechos. Al abordar estas dimensiones, se sientan las bases para un desarrollo humano sostenible donde todas las personas puedan ejercer sus derechos con dignidad.

Con base en cifras de la Medición multidimensional de la pobreza, publicada por el INEGI(14), en 2024, 38.5 millones de personas vivían en situación de pobreza multidimensional y, dentro de esta, 7 millones estaban en situación de pobreza extrema. Aunado a ello, entre 2022 y 2024 aumentó el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en 2.7 puntos porcentuales para ubicarse en 32.2 % en 2024, a pesar de que se redujeron las carencias por acceso a educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación. La falta de acceso a alimentos nutritivos y suficientes tiene consecuencias graves en la salud, especialmente en niñas, niños, mujeres embarazadas y personas adultas mayores, limitando su desarrollo físico y cognitivo. De acuerdo a la misma fuente del INEGI, el 14.4 % de la población presentó carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, teniendo mayor presencia en el ámbito urbano (12.6 millones de personas) en comparación con 6.1 millones en el ámbito rural. La estrategia de complementar dietas con alimentos inocuos, junto con educación nutricional, no solo mitiga carencias inmediatas, sino que promueve hábitos saludables para prevenir enfermedades crónicas relacionadas con la mala alimentación.

La malnutrición en México presenta un doble desafío: la desnutrición crónica y el sobrepeso. La ENSANUT 2022 reporta que 14.2 % de niñas y niños menores de cinco años presentan desnutrición crónica para la edad (baja talla), alcanzando cifras cercanas a 20 % en las regiones del sur. Paralelamente, el 75.2 % de las personas mayores de 20 años tienen sobrepeso u obesidad, y entre la población de 40 a 60 años la prevalencia asciende a 85 %. En niñas y niños de 5 a 11 años, la prevalencia de sobrepeso ha aumentado 7 % entre 2006 y 2022, y en adolescentes 24 % en el mismo periodo. Esta doble carga de malnutrición genera consecuencias graves: baja talla en la infancia compromete el desarrollo físico y cognitivo, mientras que el sobrepeso y la obesidad elevan el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares.

Otro problema estructural es la exclusión de las comunidades vulnerables en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas. Sin mecanismos de participación efectiva, las políticas asistenciales corren el riesgo de ser paternalistas o desconectadas de las necesidades reales. El fomento a la organización social democrática busca revertir esta dinámica, capacitando a las comunidades para identificar y resolver sus propios desafíos. Esto incluye fortalecer su capacidad para exigir derechos, gestionar recursos y promover proyectos que aborden determinantes sociales de la salud, como el acceso a agua limpia o vivienda digna. De acuerdo a la ENCIG 2023, a nivel nacional, se puede observar la desconfianza de las personas en las instituciones. El 87.4 % de la población de 18 años y más identificó a sus familiares como las y los actores que inspiran confianza, mientras que únicamente el 28.9 % respondió que los partidos políticos son instituciones que inspiran confianza. Por otra parte, aún queda un gran porcentaje de la población que aún no confía en el gobierno federal (40.9 %), gobierno estatal (51.8 %) y gobiernos municipales y alcaldías (50.1 %).

Asimismo, la ENVIPE 2024 señala que la participación de la población de 18 años y más en actividades comunitarias o vecinales para la prevención del delito y la violencia, es muy baja(15). Esta desarticulación social limita la posibilidad de transformar entornos ante situaciones adversas.

Además, persiste un enfoque fragmentado en la asistencia social, donde los apoyos suelen limitarse a paliar emergencias sin abordar las causas profundas de la vulnerabilidad. La entrega de servicios con perspectiva integral, que combine ayuda material, inclusión social y sostenibilidad, permite transitar de un modelo asistencialista a uno de desarrollo comunitario. Por ejemplo, programas que vinculen la entrega de apoyos económicos con capacitación laboral o acceso a servicios de salud, generan oportunidades duraderas para superar la pobreza.

El logro de este objetivo tendría un impacto transformador en múltiples niveles. Para las personas en situación de vulnerabilidad, significaría no solo satisfacer necesidades básicas como la alimentación, sino también adquirir herramientas para mejorar sus condiciones de vida de manera autónoma. La educación nutricional y los alimentos de calidad reducirían problemas como la desnutrición infantil o la obesidad, mientras que el empoderamiento y la participación comunitaria fortalecería su capacidad para incidir en políticas públicas y acceder a recursos.

A nivel comunitario, se fomentaría la cohesión social mediante procesos participativos que reconozcan la voz de los grupos históricamente marginados. Esto crearía redes de solidaridad local capaces de enfrentar crisis colectivas, desde desastres naturales hasta desigualdades económicas. Para el Estado, representaría un avance hacia el cumplimiento de compromisos internacionales en derechos humanos, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), al tiempo que optimizaría recursos al priorizar intervenciones preventivas y no solo reactivas.

En el largo plazo, estas acciones contribuirían a reducir brechas estructurales, construyendo sociedades más justas donde el bienestar no dependa de circunstancias arbitrarias. La combinación de asistencia inmediata con estrategias de desarrollo sostenible no solo alivia el sufrimiento humano, sino que activa el potencial de comunidades enteras para convertirse en protagonistas de su propio progreso. Este enfoque refleja una visión de solidaridad que va más allá de la caridad: es una apuesta por la equidad como pilar del desarrollo nacional.

Este objetivo también es relevante ya que se relaciona con los Anexos Transversales del PEF: 10 Erogaciones para la Implementación del Desarrollo Integral, Intercultural y Sostenible de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas y 11 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

6.4 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Asistencia Social 2026-2030

La política de asistencia social, protección integral de derechos y fortalecimiento de la cohesión comunitaria desarrollada por el SNDIF y sus homólogos estatales y municipales, contribuye de manera directa y transversal al cumplimiento de los objetivos y estrategias prioritarios del PND 2025-2030, al incidir sobre las causas estructurales de la desigualdad, la exclusión y la vulnerabilidad que enfrentan millones de personas en México.

En primer término, estas acciones se alinean con el PND 2025-2030, en su Objetivo 1.2: Dirigir una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades, el acceso universal a la justicia y la no discriminación, del Eje general 1: Gobernanza con justicia y participación ciudadana, estipulado en el PND 2025-2030, mediante:

· La promoción de políticas públicas focalizadas que garanticen la protección de los derechos de las NNA, y la población en situación de movilidad, en correspondencia con las Estrategias 1.2.1 y 1.2.2.

A través del fortalecimiento de la protección social, la asistencia alimentaria, la rehabilitación y la inclusión comunitaria, las acciones impulsadas se vinculan estrechamente con el Objetivo 2.1: Fortalecer la red de protección social para garantizar la inclusión social y económica de toda la población, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, del Eje general 2: Desarrollo con bienestar y humanismo, estipulado en el PND 2025-2030, destacando:

· La generación de programas de atención integral y medidas progresivas de desinstitucionalización para personas con discapacidad, que eliminan barreras físicas, comunicativas y actitudinales, en consonancia con la Estrategia 2.1.3, al asegurar su plena participación y el ejercicio de su autonomía en condiciones de igualdad.

De igual manera, las acciones de carácter alimentario, de salud comunitaria y de desarrollo integral contribuyen de forma sustantiva al Objetivo 2.7: Garantizar el derecho a la protección de la salud para toda la población mexicana mediante la consolidación y modernización del sistema de salud, con un enfoque de acceso universal que cierre las brechas de calidad y oportunidad, protegiendo el bienestar físico, mental y social de la población, del Eje general 2: Desarrollo con bienestar y humanismo, estipulado en el PND 2025-2030:

· Mediante la implementación de estrategias articuladas con el Sistema Nacional de Salud Pública y la cobertura de atención prioritaria a grupos en situación de mayor vulnerabilidad -en especial NNA, personas adultas mayores, migrantes y con discapacidad- en cumplimiento de la Estrategia 2.7.3.

· A través del impulso a la modernización de infraestructura en Centros de Atención Infantil, Casas de Día, Centros de Rehabilitación e instalaciones de asistencia social que brindan servicios integrales de alimentación, salud preventiva, cuidados y acompañamiento psicosocial, contribuyendo al cierre de brechas en atención sanitaria, conforme a la Estrategia 2.7.7.

· Impulsando el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en contribución al ejercicio del derecho a la alimentación, lo cual corresponde a lo establecido en la Estrategia 2.7.8.

· Mediante el fortalecimiento de la atención médica, social y emocional a las personas adultas mayores, con programas de envejecimiento activo y saludable que priorizan su dignidad, autonomía y preferencias, alineados con la Estrategia 2.7.9 y el propósito de construir una sociedad de cuidados inclusiva.

· A través de la consolidación de una política nacional alimentaria con perspectiva de ciclo de vida, que incorpora la transición de alimentación escolar fría a caliente y promueve la seguridad alimentaria desde la primera infancia, en consonancia con la Estrategia 2.7.11.

En el ámbito de la innovación, profesionalización y fortalecimiento de capacidades institucionales, las acciones del SNDIF se articulan con el Objetivo 2.8: Fomentar la investigación e innovación en salud para mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud mexicano, asegurando eficiencia y eficacia, con un enfoque prioritario en las personas en situación de mayor vulnerabilidad del Eje general 2: Desarrollo con bienestar y humanismo, estipulado en el PND 2025-2030 mediante:

· El desarrollo de modelos de atención preventiva, especializada y de largo plazo para reducir la incidencia y el impacto de enfermedades crónicas, degenerativas e incapacitantes que afectan a poblaciones en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a la Estrategia 2.8.1.

· La formación continua de recursos humanos en asistencia social, rehabilitación, cuidado infantil y gerontológico, mediante programas de profesionalización y actualización alineados con estándares internacionales, en cumplimiento de la Estrategia 2.8.3, fortaleciendo la calidad, la calidez y la pertinencia cultural de los servicios.

Finalmente, todas estas intervenciones aportan de manera decisiva a la consolidación de una sociedad de cuidados con perspectiva de género, interseccional, intercultural e intergeneracional, alineada con el Objetivo T1.2, del Eje transversal 1: Igualdad Sustantiva y derechos de las mujeres, estipulado en el PND 2025-2030 al:

· Impulsar la creación de un Sistema Nacional de Cuidados progresivo, intersectorial e intergubernamental, que garantice el acceso equitativo y corresponsable a servicios de cuidado de calidad para NNA, personas adultas mayores y personas con discapacidad, conforme a la Estrategia T1.2.2.

· Promover procesos comunitarios de organización y autodesarrollo que fortalezcan la corresponsabilidad social, la cohesión comunitaria y la generación de entornos protectores para las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

En su conjunto, el diseño e implementación de estas políticas y programas configuran un modelo de asistencia social transformador, que no sólo atiende las necesidades inmediatas de las poblaciones prioritarias, sino que contribuye a desmantelar las condiciones estructurales de desigualdad, exclusión y discriminación, en plena consonancia con los principios del humanismo mexicano y con la Agenda 2030.

Objetivos del Programa Nacional de Asistencia Social 2026-2030	Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030	Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030
Objetivo 1. Garantizar la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.2: Dirigir una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades, el acceso universal a la justicia y la no discriminación.	Estrategia 1.2.1 Promover y garantizar la protección de los derechos humanos mediante políticas públicas focalizadas. Estrategia 1.2.2 Erradicar prácticas discriminatorias que generen exclusión y desigualdad, garantizando los derechos de las minorías y grupos históricamente discriminados.
Objetivo 2. Contribuir en la disminución de las brechas de salud de las poblaciones prioritarias y vulnerables para su desarrollo con bienestar y humanismo.	Objetivo 2.1: Fortalecer la red de protección social para garantizar la inclusión social y económica de toda la población, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. Objetivo 2.7: Garantizar el derecho a la protección de la salud para toda la población mexicana mediante la consolidación y modernización del sistema de salud, con un enfoque de acceso universal que cierre las brechas de calidad y oportunidad, protegiendo el bienestar físico, mental y social de la población. Objetivo 2.8: Fomentar la investigación e innovación en salud para mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud mexicano, asegurando eficiencia y eficacia, con un enfoque prioritario en las personas en situación de mayor vulnerabilidad.	Estrategia 2.1.1 Garantizar el acceso pleno a los derechos sociales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años en situación de vulnerabilidad, priorizando a quienes carecen de uno o ambos padres, mediante apoyos económicos para su cuidado y educación. Estrategia 2.1.3 Impulsar, en coordinación con las entidades federativas, la inclusión social, económica, y la atención integral de las personas con discapacidad permanente, eliminando barreras estructurales para garantizar su plena participación. Estrategia 2.7.3 Implementar políticas mediante el Sistema Nacional de Salud Pública que aseguren atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, con énfasis en población indígena, afromexicana, migrante o con discapacidad. Estrategia 2.7.7 Consolidar la infraestructura y equipamiento médico alineados con las necesidades demográficas y epidemiológicas, reduciendo las brechas en atención sanitaria. Estrategia 2.7.9 Garantizar la atención médica integral y de calidad para las personas adultas mayores, considerando sus necesidades y preferencias, y contribuyendo a la construcción de una sociedad de cuidados. Estrategia 2.8.1 Ampliar el acceso a servicios de salud especializados, preventivos y de largo plazo, con el objetivo de reducir la incidencia y el impacto de enfermedades crónicas, degenerativas e incapacitantes. Estrategia 2.8.3 Impulsar la formación de recursos humanos para la salud, promoviendo la innovación tecnológica en la educación formativa y la capacitación continua del personal de salud, garantizando los niveles de competencia necesarios para ofrecer una atención integral y de calidad centrada en las personas.
Objetivo 3. Contribuir a que la población sujeta de asistencia social reduzca su situación de vulnerabilidad, a través del acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; apoyos y servicios de asistencia social, y la participación activa y democrática de la población en el desarrollo comunitario.	Objetivo 2.7: Garantizar el derecho a la protección de la salud para toda la población mexicana mediante la consolidación y modernización del sistema de salud, con un enfoque de acceso universal que cierre las brechas de calidad y oportunidad, protegiendo el bienestar físico, mental y social de la población. Objetivo T1.2: Impulsar una sociedad de cuidados con perspectiva de género, interseccional, intercultural e intergeneracional, promoviendo el reconocimiento, redistribución y reducción de los trabajos domésticos y de cuidados, con corresponsabilidad entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado.	Estrategia 2.7.8 Fortalecer programas específicos en salud, nutrición y desarrollo para la primera infancia, niñez y adolescencia. Estrategia 2.7.11 Contribuir al desarrollo de la política nacional alimentaria y fortalecer los programas de salud y nutrición en todas las etapas de la vida. Estrategia T1.2.2 Impulsar la creación de un Sistema Nacional de Cuidados progresivo, con enfoque intersectorial e intergubernamental, que garantice la corresponsabilidad y el acceso equitativo a servicios de cuidado de calidad. Estrategia T1.2.4 Fomentar la coordinación entre los sectores público, privado y social para ampliar el acceso y la oferta de servicios de cuidado para la primera infancia, garantizando su derecho a la educación inicial y a la salud.

7. Estrategias y líneas de acción

Durante varias décadas del periodo neoliberal, el Estado mexicano descuidó la atención de legítimas demandas sociales y abandonó su papel como promotor del desarrollo económico y garante del interés público. Esta omisión provocó un deterioro en las oportunidades y la calidad de vida de la población, sobre todo de aquella que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Como consecuencia, el país experimentó un aumento de la desigualdad, la fragmentación del tejido social y una escalada de violencia e inseguridad.

Por lo anterior, desde 2018 se puso en marcha el Proyecto de Nación del gobierno de la Cuarta Transformación, el cual tiene como eje principal el humanismo mexicano que, en esencia, significa "Por el bien de todos, primero los pobres". El objetivo es lograr la fraternidad universal, la igualdad de oportunidades para todas las personas y una prosperidad compartida. Entre todos debemos construir un México donde la mayor fuerza sea el desarrollo con bienestar para las poblaciones prioritarias y vulnerables.

El desarrollo con bienestar y humanismo es el corazón de la transformación. La meta no es solo reducir la pobreza, sino erradicar las condiciones que la perpetúan. Se fortalecerán los derechos a la salud y bienestar, con una visión donde la equidad y la justicia social sean la base de la acción pública.

En este marco, y derivado de las prioridades planteadas por el PND 2025-2030 bajo el principio de Prosperidad compartida, el cual establece que "La prosperidad de una sociedad depende de todos. Y para que haya prosperidad debe ser compartida, por eso, por el bien de todos: primero los pobres", se propone continuar atendiendo a las poblaciones prioritarias o vulnerables a través de diversos tipos de intervención, asociadas a la salud y a la inclusión e integración social de las personas que enfrentan esa situación, la atención en materia de prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad, a la asistencia social alimentaria, a la promoción y al fortalecimiento de la implementación en localidades de alta y muy alta marginación de proyectos comunitarios integrales y el fortalecimiento y desarrollo de conocimiento, habilidades y competencias de los habitantes que contribuyan a mejorar sus condiciones de salud y bienestar comunitario. De igual manera, acciones de vinculación institucional y de profesionalización que contribuyan al bienestar de este grupo de poblaciones.

De esta manera, a través de las estrategias y acciones establecidas en el PONAS 2026-2030 se contribuye al modelo de desarrollo basado en el humanismo mexicano que ha sido establecido en este gobierno, ya que permite mitigar la situación de vulnerabilidad y desamparo en NNA, mujeres y hombres.

Objetivo 1. Garantizar la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Estrategia 1.1 Fortalecer acciones de promoción, protección y prevención de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
1.1.1 Fortalecer la Red Nacional de Impulsores de la Transformación de los derechos de las NNA(16), garantizando la participación efectiva y activa de las NNA, mediante la aplicación de encuestas sobre violencia y derechos, que permiten fomentar el ejercicio del liderazgo y la ciudadanía.	SNDIF
1.1.2 Realizar campañas de capacitación en materia de derechos de las NNA, considerando un diagnóstico de necesidades entre personas servidoras públicas y la elaboración de un programa de capacitación especializado, en modalidad "escalonada".	SNDIF
1.1.3 Proporcionar herramientas, competencias, destrezas y habilidades a las NNA con y sin cuidados parentales o en situación de movilidad, de las diversas modalidades de cuidados alternativos, como parte de su desarrollo integral, a través del servicio de acogimiento residencial.	SNDIF
1.1.4 Restituir los derechos vulnerados de NNA, a través del otorgamiento de servicios multidisciplinarios.	SNDIF

Estrategia 1.2 Crear y fortalecer redes de colaboración entre instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, para garantizar una atención integral y oportuna a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
1.2.1 Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales de coordinación y cooperación con entidades federativas, municipios, alcaldías, sectores sociales y organismos internacionales en materia de protección integral de NNA, mediante acciones de monitoreo periódicas.	SNDIF
1.2.2 Impulsar procesos de planeación e implementación de políticas públicas, en colaboración con las Procuradurías de Protección locales, promoviendo esquemas de corresponsabilidad institucional.	SNDIF

Estrategia 1.3 Generar y fortalecer los sistemas de información que permitan monitorear, evaluar y mejorar las políticas públicas en materia de protección de la niñez.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
1.3.1 Brindar acompañamiento técnico a las Procuradurías de Protección locales en el uso e implementación de sistemas, registros y bases de datos desarrollados por la PFPNNA, a través de mesas de ayuda permanentes.	SNDIF
1.3.2 Realizar análisis de contextos, identificación de problemáticas prioritarias y el diseño de estrategias de atención diferenciada dirigidas a NNA, utilizando información proveniente de registros administrativos, sistema especializados y bases de datos desarrollados por la PFPNNA.	SNDIF

Estrategia 1.4 Fomentar acciones que procuren el acceso a la justicia y la restitución integral de derechos de niñas, niños y adolescentes involucrados en procesos judiciales o administrativos donde se diriman situaciones relativas a sus derechos con independencia de la materia.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
1.4.1 Fortalecer las acciones en materia de acceso a la justicia para las NNA, mediante designaciones por parte de personal especializado en procesos judiciales y convenios de colaboración con instituciones de atención a víctimas.	SNDIF
1.4.2 Impulsar acciones que permitan a las NNA contar con mecanismos efectivos de representación jurídica en suplencia y/o coadyuvante en cualquier procedimiento administrativo o judicial que les involucre, mediante designaciones por parte de personal especializado en procesos judiciales.	SNDIF
1.4.3 Generar procesos de coadyuvancia en materia de conciliación y mediación en situaciones en que se involucre a NNA, siempre que ello atienda a su interés superior, otorgando atención mediante asesoría especializada y canalización a instituciones como la Defensoría Pública.	SNDIF
1.4.4 Establecer la obligación de las autoridades federales, estatales y municipales de cumplir las medidas de protección especial que se dicten en favor de las NNA, a través del seguimiento a las medidas de protección y solicitud de la ratificación de autoridad jurisdiccional para verificar su cumplimiento.	SNDIF
1.4.5 Impulsar la regulación de los Centros de Asistencia Social a nivel nacional, a través de procedimientos homologados de autorización, registro, supervisión y certificación del personal que trabaja en los mismos. .	SNDIF
1.4.6 Incrementar la coordinación con las Procuradurías de Protección locales, tendientes a regular y supervisar a los Centros de Asistencia Social, mediante mesas de trabajo interinstitucionales, visitas de supervisión y la atención a denuncias de irregularidades y quejas.	SNDIF
1.4.7 Implementar el Modelo Nacional de Cuidados Alternativos, para consolidar un Sistema Nacional de Cuidados Alternativos, con la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, a través de mesas de trabajo para su difusión y ejecución con cada Procuraduría de Protección local.	SNDIF
1.4.8 Promover la obligatoriedad a protocolos y modelos de atención que se emitan desde la PFPNNA, a través de opiniones técnicas legislativas y propuestas de reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.	SNDIF
1.4.9 Promover un proceso administrativo único de adopción que permita garantizar el interés superior de NNA susceptibles a la misma, mediante opiniones técnicas legislativas para la creación de la Ley Nacional de Adopciones.	SNDIF

Objetivo 2. Contribuir en la disminución de las brechas de salud de las poblaciones prioritarias y vulnerables para su desarrollo con bienestar y humanismo.

Estrategia 2.1 Promover el derecho a la salud y la integración social de las personas en situación de vulnerabilidad, para contribuir a su bienestar y desarrollo.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
2.1.1 Verificar que la población albergada por las Organizaciones de la Sociedad Civil con las que se firmen convenios de concertación, se encuentre correctamente asistida, a través de acciones de seguimiento.	SNDIF
2.1.2 Brindar atención a personas en situación de vulnerabilidad que sean sujetas de asistencia social a través del apoyo de acogimiento residencial integral.	SNDIF
2.1.3 Impulsar el derecho a la recreación, juego y deporte en espacios abiertos que favorezcan el desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, brindándoles servicios en los Campamentos Recreativos institucionales.	SNDIF
2.1.4 Dar atención a personas sujetas de asistencia social que padecen alguna discapacidad física o motriz a través de apoyos funcionales.	SNDIF
2.1.5 Brindar atención a personas mayores en situación de vulnerabilidad por medio de servicios integrales multi e interdisciplinarios en materia de Gerontología y Geriatría.	SNDIF

Estrategia 2.2 Impulsar la rehabilitación e inclusión social de personas con discapacidad o en riesgo de desarrollarla, a fin de garantizar el ejercicio pleno y autónomo de sus derechos.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
2.2.1 Reforzar el programa de credencialización de la discapacidad, con el apoyo de los tres niveles de gobierno para ampliar su cobertura y capacitar a los profesionales de la salud en materia de certificación de la discapacidad.	SS - SNDIF
2.2.2 Fomentar la inclusión educativa y la capacitación docente en materia de discapacidad, a través de la coordinación con instituciones educativas del Sistema Educativo Nacional y la actualización del personal que participa en la formación de médicos especialistas y fisioterapeutas.	SEP - SNDIF
2.2.3 Vincular a personas con discapacidad a programas de capacitación para el empleo e inserción laboral, a través de los servicios de capacitación técnica que otorgan instituciones públicas y la Red de Vinculación Laboral de la STPS.	STPS - SNDIF
2.2.4 Facilitar la inclusión deportiva de personas con discapacidad, a través de la vinculación con instituciones afines.	CONADE - SNDIF
2.2.5 Fortalecer los servicios de rehabilitación integral para favorecer la rehabilitación de las personas con discapacidad o en riesgo de desarrollarla, a través de la capacitación y/o actualización de los profesionales de la salud en sus áreas de especialización.	SNDIF

Estrategia 2.3 Reforzar acciones de prevención y detección oportuna de condiciones de salud potencialmente discapacitantes, para reducir la incidencia de la discapacidad.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
2.3.1 Disminuir riesgo de secuelas potencialmente discapacitantes y alteraciones en el desarrollo de la primera infancia, vigilando la correcta maduración y adquisición de hitos del desarrollo, a través de campañas de detección extramuros en centros de desarrollo infantil, guarderías y escuelas.	SEP - SNDIF
2.3.2 Coadyuvar en el diagnóstico temprano de enfermedades crónico-degenerativas, mediante tamizaje a la población general a través de ofertar tomas de presión arterial, niveles séricos de glucosa en sangre, así como medición de peso y talla.	SS - SNDIF
2.3.3 Promover el envejecimiento saludable, a través de la activación física bajo supervisión médica.	BIENESTAR - SNDIF

Estrategia 2.4 Impulsar acciones complementarias que contribuyan al bienestar de las personas con discapacidad.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
2.4.1 Apoyar la construcción, remodelación o reequipamiento de la Red Nacional de Centros y Unidades de Rehabilitación, con el apoyo de los tres órdenes de gobierno y los sectores privado y social.	SNDIF
2.4.2 Contribuir en la generación de capital humano para atender la escasez de profesionales de la salud, a través de la formación de médicos especialistas en rehabilitación y licenciados en terapia física y ocupacional.	SS - SEP - SNDIF

Objetivo 3. Contribuir a que la población sujeta de asistencia social reduzca su situación de vulnerabilidad, a través del acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; apoyos y servicios de asistencia social, y la participación activa y democrática de la población en el desarrollo comunitario.

Estrategia 3.1 Favorecer un estado de nutrición adecuado de las personas en situación de vulnerabilidad, complementando su dieta, mediante la entrega de alimentos nutritivos e inocuos, acompañados de acciones de orientación y educación alimentaria, para contribuir a su derecho a la alimentación.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
3.1.1 Promover el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos a la población de atención prioritaria, que asiste a planteles públicos del Sistema Educativo Nacional, mediante la entrega de alimentos que cumplen con criterios de calidad nutricia e inocuidad.	SNDIF
3.1.2 Contribuir a un estado nutricional adecuado de las niñas y los niños en sus primeros 1,000 días, a través de la entrega de raciones alimenticias o canastas nutritivas.	SNDIF
3.1.3 Favorecer el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos a las personas en situación de vulnerabilidad, a través de la entrega de alimentos con criterios de calidad nutricia, en contribución al ejercicio del derecho a la alimentación.	SNDIF
3.1.4 Favorecer el acceso de las personas en condición de emergencia o desastre, a alimentos inocuos y nutritivos, a través de apoyos alimentarios temporales, diseñados con base en criterios de calidad nutricia.	SNDIF
3.1.5 Incidir en hábitos alimentarios saludables que contribuyan a un estado de nutrición adecuado de la población, por medio de la incorporación de acciones integrales de orientación y educación alimentaria, a nivel nacional.	SNDIF
3.1.6 Asegurar que la entrega de alimentos se efectúe bajo mecanismos que garanticen la calidad e inocuidad de los insumos, con el fin de prevenir algún riesgo a la salud de las personas vulnerables.	SNDIF
3.1.7 Incentivar la incorporación en la dieta de alimentos nutritivos y variados a través de la promoción de la difusión y explicación del uso del Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible en cada una de las comidas.	SNDIF
3.1.8 Fomentar la educación nutricional, la lactancia materna y prácticas adecuadas de cuidado, higiene y estimulación temprana, para el correcto desarrollo, a través de la implementación a nivel nacional del Programa de Atención Alimentaria en los Primeros 1000 Días.	SNDIF
3.1.9 Incentivar la capacitación a grupos de desarrollo comunitario en materia de alimentación adecuada y/o lactancia materna, inocuidad de los alimentos, entre otras para impulsar trabajos enfocados en mejorar los determinantes sociales de la salud, a través de los programas alimentarios de la EIASADC.	SNDIF
3.1.10 Implementar acciones que promuevan la evaluación del estado nutricional de la población vulnerable para identificar factores de riesgo y tomar acciones preventivas que lleven a garantizar una vida saludable, mediante estrategias interinstitucionales en los tres niveles de gobierno, a nivel nacional.	SNDIF

Estrategia 3.2 Fomentar la organización y participación social de forma democrática e inclusiva, mediante el desarrollo de capacidades y proyectos que permitan el empoderamiento de las comunidades más vulnerables, para enfrentar y superar los determinantes sociales de la salud.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
3.2.1 Promover la formación de comunidades autogestoras, a través de Grupos de Desarrollo, mediante la implementación de proyectos comunitarios sociales o productivos y/o la impartición de capacitaciones.	SNDIF
3.2.2 Implementar el Modelo para el Bienestar Comunitario mediante la conformación de Grupos de Desarrollo Comunitario.	SNDIF
3.2.3 Fortalecer competencias del personal a través de capacitación continua, a fin de proporcionar herramientas para la gestión de proyectos y bienestar de comunidades.	SNDIF
3.2.4 Promover mecanismos de vigilancia ciudadana mediante la conformación de Comités de Vigilancia para que los integrantes del Grupo de Desarrollo y/o personas verifiquen la recepción de apoyos y ejecución de los proyectos de desarrollo comunitario.	SNDIF
3.2.5 Conocer la percepción de los Grupos de Desarrollo sobre los determinantes sociales de la salud en su entorno, para identificar áreas de mejora y fortalecer las acciones comunitarias, por medio de la aplicación de diagnósticos participativos y programas de trabajo comunitario, a nivel nacional.	SNDIF
3.2.6 Fortalecer el bienestar de la población de las localidades, barrios y zonas de atención prioritaria, a través de una red de servicios que promueva la autonomía, la economía, la educación, el deporte y la cultura.	SNDIF

Estrategia 3.3 Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables, mediante la entrega de apoyos y servicios con un enfoque integral que combina inclusión social, protección de derechos y promoción del desarrollo sostenible, para mitigar las carencias y coadyuvar en sus derechos sociales.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
3.3.1 Promover la atención en NNA, personas mayores, personas con discapacidad, población indígena, personas en situación de movilidad y otras comunidades históricamente excluidas mediante servicios que mitiguen las carencias y promuevan la inclusión.	SNDIF
3.3.2 Promover un envejecimiento activo y saludable, así como la inclusión plena de las personas con discapacidad, mediante actividades socio-recreativas, atención interdisciplinaria y programas de capacitación integral sobre envejecimiento saludable y derechos de las personas con discapacidad.	SNDIF
3.3.3 Brindar atención a niñas y niños de 45 días a 5 años 11 meses, hijas e hijos de madres trabajadoras de escasos recursos y a familias en situación de marginación, mediante apoyos y servicios que favorezcan el desarrollo de los menores, así como la participación activa y responsable de la familia.	SNDIF
3.3.4 Promover el desarrollo de las capacidades institucionales de respuesta de los gobiernos estatales y municipales, a través de mecanismos de coordinación para realizar acciones de prevención, previsión, atención y recuperación respecto de situaciones de emergencia o desastre, natural o antropogénico.	SNDIF
3.3.5 Mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, mediante apoyos y servicios que favorezcan sus condiciones de vida.	SNDIF
3.3.6 Dar atención a NNA mediante el fortalecimiento de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, órganos equivalentes y centros de asistencia social.	SNDIF
3.3.7 Favorecer la creación de un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados mediante de acciones de colaboración y coordinación interinstitucional, así como estrategias de cambio cultural que promuevan la corresponsabilidad en torno al cuidado a nivel nacional.	SNDIF
3.3.8 Fomentar el aumento de la capacidad instalada en materia de cuidados mediante apoyos para la construcción de centros de cuidado para infancias, personas mayores con dependencia y personas con discapacidad a nivel estatal.	SNDIF

8. Indicadores y metas

Para garantizar la eficacia del Programa y asegurar que las acciones emprendidas se traduzcan en resultados concretos, es indispensable contar con mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan monitorear su avance, impacto y áreas de mejora. En este sentido, el Programa incorpora indicadores estratégicos de seguimiento, diseñados para medir de manera objetiva y periódica el grado de cumplimiento de cada objetivo planteado.

Estos indicadores cumplen con criterios de pertinencia, verificabilidad, sensibilidad al cambio y alineación con los principios del humanismo mexicano y del modelo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Además, su diseño busca visibilizar avances en la atención a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, así como retroalimentar la toma de decisiones institucionales. A través del monitoreo de estos indicadores, se generará evidencia útil para fortalecer las políticas públicas de protección, mejorar la articulación interinstitucional, y promover una rendición de cuentas clara, ética y centrada en resultados que incidan directamente en el bienestar de la población en situación de vulnerabilidad que se encuentra en el país.

Indicador 1.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

Variación porcentual anual de atención a niñas, niños y adolescentes por razones jurídicas o de protección

Objetivo

Garantizar la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Definición o descripción

El indicador mide la variación porcentual que existe entre el número de NNA que reciben asistencia, asesoría, orientación o
representación jurídica por parte de la PFPNNA, debido a: (1) la vulneración de sus derechos; (2) su participación en
procedimientos administrativos o judiciales; o (3) la existencia de reportes de maltrato infantil recibidos por cualquier medio del
ejercicio fiscal que termina y la atención que se brindó en el mismo rubro en el ejercicio inmediato anterior.

Derecho asociado

Derecho a la protección, respeto y promoción de los derechos humanos de NNA (Art. 1 y arts. 9, 11, 13, 14, 18, 71 y 74 de la
LGDNNA)

Nivel de desagregación

Periodicidad o frecuencia
de medición

Anual

— Geográfica: Nacional, regional y entidad federativa.

— Edad

— Sexo

— Nacionalidad

— Pertenencia étnica: Indígenas o afromexicanos

— Condición de movilidad

— Motivo de atención (procedimiento judicial, vulneración de derechos, maltrato, etc.)

Acumulado o periódico

Periódico

Disponibilidad de la
información

Mayo del año siguiente

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de recolección de
los datos

Enero a diciembre

Tendencia esperada

Constante

Unidad responsable de
reportar el avance

NHK - SNDIF

Método de cálculo

((Número de atenciones brindadas a NNA por razones jurídicas o de protección en el año n - Número de atenciones brindadas
a NNA por razones jurídicas o de protección en el año n-1) / (Número de atenciones brindadas a NNA por razones jurídicas o
de protección en el año n-1)) x 100

Observaciones

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Nombre variable 1

Número de atenciones
brindadas a NNA por
razones jurídicas o de
protección en el año
2024

Valor variable 1

10,800

Fuente de
información
variable 1

Base de datos institucional
de la PFPNNA, informes
de gestión y plataformas
de seguimiento.

Nombre variable 2

Número de atenciones
brindadas a NNA por
razones jurídicas o de
protección en el año
2023

Valor variable 2

9,000

Fuente de
información
variable 1

Base de datos institucional
de la PFPNNA, informes
de gestión y plataformas
de seguimiento.

Sustitución en método de
cálculo

[(10,800-9,000) / 9,000 x 100]

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

Año

2025

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

Se programa tener, al menos, una variación sostenida ascendente del 20% en
cada uno de los años que integran el periodo 2026-2030

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

METAS

2026

2027

2028

2029

2030

Indicador 1.2

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

Porcentaje de servicios otorgados en los CAS a NNA del SNDIF

Objetivo

Garantizar la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

Definición o
descripción

El indicador muestra el porcentaje de servicios que fueron otorgados a NNA sujetos de asistencia social, respecto al número de
servicios que se programaron realizar en el periodo.

Derecho asociado

Derecho a la protección, respeto y promoción de los derechos humanos de NNA (arts. 1 y 13 de la LGDNNA)

Nivel de
desagregación

Niñas y niños entre 0 y 11 años.

Adolescentes de 12 hasta los 17
años.

Nacional

Periodicidad o frecuencia de
medición

Anual

Acumulado o
periódico

Periódico

Disponibilidad de la información

Enero del año siguiente

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de recolección de los
datos

Enero a diciembre

Tendencia esperada

Constante

Unidad responsable de reportar el
avance

NHK - SNDIF

Método de cálculo

(Número de servicios otorgados en los CAS a NNA, en el año n / Número de servicios programados a otorgar a NNA en situación de
riesgo en los CAS en el año n) * 100

Observaciones

Este indicador se empezó a aplicar a partir del ejercicio fiscal 2024.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Nombre variable 1

Número de
servicios
otorgados en el
año 2025

Valor variable
1

1,096,985

Fuente de
información
variable 1

Reporte de metas de la Dirección de Centros de
Asistencia Social de NNA

Nombre variable 2

Número de
servicios
programados en
el año 2025

Valor variable
2

1,274,726

Fuente de
información
variable 2

Programación de metas de la Dirección de Centros
de Asistencia Social de NNA

Sustitución en método
de cálculo

[(1,096,985/1,274,726) x 100]

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

86.05

Año

2025

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

100

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

94.08

86.05

METAS

2026

2027

2028

2029

2030

100

Indicador 2.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

Porcentaje de servicios de prevención, rehabilitación e inclusión otorgados a personas con discapacidad o en riesgo potencial de
presentarla a nivel nacional en el periodo 2025-2030.

Objetivo

Contribuir en la disminución de las brechas de salud de las poblaciones prioritarias y vulnerables para su desarrollo con bienestar y
humanismo.

Definición o
descripción

El indicador muestra el porcentaje de servicios de prevención, rehabilitación e inclusión que se otorgaron a las personas con
discapacidad o en riesgo potencial de desarrollarla que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por carencias sociales,
respecto al total de servicios programados al año 2030. La medición se realiza de manera acumulada, considerando los valores
obtenidos en el periodo 2025 - 2030.

Derecho asociado

Derecho a la salud (Art. 6, 7 y 8 de la LAS).

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o
frecuencia de medición

Anual

Acumulado o
periódico

Acumulado

Disponibilidad de la
información

Enero del siguiente año

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de recolección
de los datos

Enero a diciembre

Tendencia esperada

Ascendente

Unidad responsable de
reportar el avance

NHK - SNDIF

Método de cálculo

(Suma del número de servicios de prevención, rehabilitación e inclusión otorgados a personas con discapacidad o en riesgo potencial
de presentarla en el periodo 2025-2030 / Total de demanda de servicios programada al año 2030) x 100

Observaciones

En la variable 1. En los servicios de prevención, rehabilitación e inclusión, se consideran las consultas médicas, paramédicas, terapia
física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, órtesis, prótesis, altas por mejoría, asistentes a platicas de prevención, estimulación
múltiple temprana, inclusión a la capacitación laboral, empleo y educación.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Nombre variable 1

Suma del número de servicios de
prevención, rehabilitación e
inclusión otorgados a personas con
discapacidad o en riesgo potencial
de presentarla en el periodo 2025-
2030

Valor variable 1

1,440,785

Fuente de
información
variable 1

Plantillas Estadísticas del
Sistema de Información de
Servicios Prestados

Nombre variable 2

Total de demanda de servicios
programada al año 2030

Valor variable 2

8,530,200

Fuente de
información
variable 2

Sistema de Reporte,
Monitoreo y Evaluación de
Indicadores Presupuestales

Sustitución en
método de cálculo

(1,440,785/8,530,200) x 100

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

16.9

Año

2025

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

97.9

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

16.9

METAS

2026

2027

2028

2029

2030

33.4

50.3

67.0

83.8

97.9

Indicador 3.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

Porcentaje de participación social generada por la "Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario" en
los entornos escolares y comunitarios.

Objetivo

Contribuir a que la población sujeta de asistencia social reduzca su situación de vulnerabilidad, a través del acceso a una
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; apoyos y servicios de asistencia social, y la participación activa y democrática de la
población en el desarrollo comunitario.

Definición o
descripción

El indicador mide la proporción de comités escolares del PAE en planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, en comités
comunitarios en los espacios alimentarios, así como comités conformados en los Grupos de Desarrollo del Programa Salud y
Bienestar Comunitario.

Derecho asociado

Derecho a la alimentación, salud, seguridad social y educación (artículos 10, 37, fracción II y 50, fracción VIII, de la LGDNNA)

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o
frecuencia de medición

Anual

Acumulado o
periódico

Periódico

Disponibilidad de la
información

31 de mayo del año siguiente

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de recolección
de los datos

Enero a diciembre

Tendencia esperada

Ascendente

Unidad responsable de
reportar el avance

NHK - SNDIF

Método de cálculo

[(Número de Comités que operan en el PAE en el año n + número de Grupos de Desarrollo con Comité de Vigilancia Ciudadana en el
año n) / (Número de planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional y/o espacios alimentarios en donde opera el Programa de
Alimentación en el año n + número de Grupos de Desarrollo del Programa Salud y Bienestar Comunitario en el año n)] x 100

Observaciones

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Nombre variable 1

Número de Comités que
operan en el PAE en el año
2025

Valor variable 1

83,566

Fuente de
información
variable 1

Reportes de Centros Escolares,
Comedores Escolares y Comités del
PAE.

Nombre variable 2

Número de Grupos de
Desarrollo con Comité de
Vigilancia Ciudadana en el
año 2025

Valor variable 2

1,353

Fuente de
información
variable 2

Informes de Focalización y Cobertura del
Programa Salud y Bienestar Comunitario.

Nombre variable 3

Número de planteles
oficiales del Sistema
Educativo Nacional y/o
espacios alimentarios en
donde opera el PAE en el
año 2025

Valor variable 3

87,492

Fuente de
información
variable 3

Reporte Semestral de Centros Escolares,
Comedores Escolares y Comités del
PAE.

Nombre variable 4

Número de Grupos de
Desarrollo del Programa
Salud y Bienestar
Comunitario en el año 2025

Valor variable 4

1,353

Fuente de
información
variable 4

Informes de Focalización y Cobertura del
Programa Salud y Bienestar Comunitario.

Sustitución en
método de cálculo

[(83,566+1,353) / (87,492+1,353)] x100

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

95.5

Año

2025

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

96.6

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

83.3

88.6

95.3

95.5

METAS

2026

2027

2028

2029

2030

95.8

96.0

96.2

96.4

96.6

Indicador 3.2

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

Proporción de población con tres o más carencias sociales en municipios de alta y muy alta marginación.

Objetivo

Definición o
descripción

El indicador mide la proporción de la población total en municipios de alta y muy alta marginación que cuenta con tres o más
carencias sociales.

Derecho asociado

Derecho a la alimentación, salud, seguridad social y educación (artículos 10, 37, fracción II y 50, fracción VIII, de la LGDNNA

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Quinquenal

Acumulado o
periódico

Periódico, Carencias sociales y grados de
marginación

Disponibilidad de la
información

Diciembre del año siguiente a los levantamientos
nacionales de información

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de
recolección de los
datos

Quinquenal

Tendencia esperada

Descendente

Unidad responsable
de reportar el
avance

NHK - SNDIF

Método de cálculo

(Total de población con tres o más carencias sociales en municipios de alta y muy alta marginación en el año n / Total de población en municipios de alta y muy alta marginación en el año n) * 100

Observaciones

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Nombre variable 1

Total de población con tres
o más carencias sociales
en municipios de alta y
muy alta marginación en el
año 2020

Valor variable 1

6,690,451

Fuente de
información
variable 1

1.Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010-2020

Indicadores de pobreza por municipio. INEGI.

2. Índice de Marginación 2020, CONAPO.

Nombre variable 2

Total de población en
municipios de alta y muy
alta marginación en el año
2020

Valor variable 2

11,822,238

Fuente de
información
variable 2

1.Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010-2020

Indicadores de pobreza por municipio. INEGI.

2. Índice de Marginación 2020, CONAPO.

Sustitución en
método de cálculo

(6,690,451 / 11,822,238) * 100

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

56.59

Los datos más recientes disponibles para el cálculo de la línea base son del año 2020; la publicación de los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, está prevista hasta el 4º trimestre de 2026.

Año

2020

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

50.5

La meta depende de múltiples factores sociales y la disponibilidad de información nacional para su cálculo.

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

56.59

METAS

2026

2027

2028

2029

2030

50.5

9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

Secretaría de Bienestar

Secretaría de Educación Pública

Secretaría de Salud

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

__________________________

1 La información puede ser consultada en la liga electrónica: https://www.inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados La base de datos de la cual se extrajo la información se puede encontrar en la sección de Tabulados predefinidos, y es la correspondiente a Grupos de población, Cuadro 9 Indicadores de pobreza en la población, según grupos de edad.

2 Ídem.

3 Esta información puede ser consultada en Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, específicamente en el Tabulado predefinido denominado Características de alojamientos de asistencia social, para ello, una vez descargado el archivo se debe de considerar la información de los cuadros 01 y 08, del primero, el dato es la suma de la población usuaria en rangos de edad de 0 - 14 años, mientras que en el segundo el dato es población usuaria de 15 - 17 años. La suma total de la población usuaria de 0-17 años es de 53,862. Se puede consultar en: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#tabulados

4 Esta información puede ser consultada en la liga electrónica: http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/CuadrosBOLETIN?Anual=2023&Secc=3 La información se extrajo de la base de datos correspondiente al Cuadro 3.1.3.

5 La información relativa a la medición de la pobreza que se muestre en esta sección, puede ser consultada en la liga electrónica: https://www.inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados La base de datos de la cual se extrajo la información se puede encontrar en la sección de Tabulados predefinidos, y es la correspondiente a Grupos de población, Cuadro 1 Indicadores de pobreza, según sexo y Cuadro 9 Indicadores de pobreza en la población, según grupos de edad.

6 Instituto Nacional de Salud Pública. (2023, 23 de junio). La salud de los mexicanos en cifras: resultados de la Ensanut 2022. Puede consultarse en: https://www.insp.mx/informacion-relevante/la-salud-de-los-mexicanos-en-cifras-resultados-de-la-ensanut-2022

7 INEGI. (2023, 3 de octubre). Comunicado de prensa número 578/23, en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENASIC/ENASIC_23.pdf

8 Organización Panamericana de la Salud. Informe mundial sobre la equidad en materia de salud para las personas con discapacidad. Washington, D.C.: 2025. Disponible en: https://doi.org/10.37774/9789275330234.

9 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2024). Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023: Tabulados complementarios [Tema 12-Discapacidad, base 01EST_T12 Discapacidad ENADID 2023, Cuadros 12.7 y 12.8]. https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2023/#tabulados

10 Ídem

11 Esta información puede ser consultada en la liga electrónica: https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2024/#tabulados La base de datos de la cual se extrajo la información se puede encontrar en la sección de Tabulados predefinidos, en la sección de Estimaciones y es la correspondiente a V. Percepción sobre la seguridad pública, y dentro de esta base, el cuadro 5.40.

12 El cual puede ser consultado en la liga electrónica: http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/CuadrosBOLETIN?Anual=2023&Secc=3 La información se extrajo de la base de datos correspondiente al Cuadro 3.1.3.

13 Puede ser consultado en la liga electrónica: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#tabulados La base de datos de la cual se extrajo la información se puede encontrar en la sección de Tabulados predefinidos, y es la correspondiente a Discapacidad.

14 La información puede ser consultada en la liga electrónica: https://www.inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados La base de datos de la cual se extrajo la información se puede encontrar en la sección de Tabulados predefinidos, y es la correspondiente a Grupos de población, Cuadro 1 Indicadores de pobreza, según sexo y Cuadro 9 Indicadores de pobreza en la población, según grupos de edad.

15 Para conocer la información cuantitativa sobre la participación de la población de 18 años y más en actividades comunitarias o vecinales para la prevención del delito y la violencia, dirigirse a la página 22.

16 El Sistema Nacional DIF, opera la Red Nacional de Impulsores de la Transformación de los derechos de las NNA, instalada formalmente en abril de 2002. La Red está conformada por niñas, niños y adolescentes de 32 entidades federativas que difunden y promueven el conocimiento de sus derechos dentro de su familia, escuela y comunidad; con el apoyo de autoridades locales, a fin de tener una participación comunitaria en su localidad.