ACUERDO por el que se da a conocer el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales para el ejercicio fiscal 2026.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Bienestar.- Secretaría de Bienestar.

ARIADNA MONTIEL REYES, Secretaria de Bienestar, con fundamento en los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; 36 y 37 de la Ley General de Desarrollo Social; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 3, 5 fracción XXIV y 39 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), dispone que los lineamientos y criterios que establezca el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, debiendo utilizar la información generada por el propio INEGI, independientemente de otros datos que se estime conveniente;

Que el mismo ordenamiento, en el artículo 37 establece que las mediciones de pobreza que realice el INEGI deberán hacerse con una periodicidad mínima de cada dos años para cada entidad federativa y con información desagregada a nivel municipal cada cinco años;

Que el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), señala que las aportaciones federales son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, y por conducto de éstas, a los Municipios y Demarcaciones Territoriales, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley, a través de ocho Fondos, entre los que se encuentra el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS);

Que el artículo 33, apartado A, de la LCF, establece que las obras y acciones que se realicen con los recursos del FAIS se deberán orientar preferentemente conforme al Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, que realice la Secretaría de Bienestar de conformidad con lo dispuesto en la LGDS para la medición de la pobreza. Asimismo, precisa que la Secretaría de Bienestar deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil del mes de enero, el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios y demarcaciones territoriales;

Que el artículo antes referido en su apartado B, fracción II, inciso f), establece que las entidades, municipios y demarcaciones territoriales, deberán reportar trimestralmente a la Secretaría de Bienestar, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el seguimiento sobre el uso de los recursos del FAIS, en los términos que establecen los artículos 48 y 49 de la misma Ley, y con base en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales;

Que el artículo 5 de la Ley General de Población (LGP), estipula que el Consejo Nacional de Población (CONAPO) tendrá a su cargo la planeación demográfica del país, con objeto de incluir a la población en los programas de desarrollo económico y social que se formulen dentro del sector gubernamental y vincular los objetivos de éstos con las necesidades que plantean los fenómenos demográficos;

Que de acuerdo con el artículo 9, párrafo segundo del Reglamento de la Ley General de Población, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal incluirán en la formulación y ejecución de sus programas y acciones las previsiones, consideraciones y criterios demográficos federales elaborados por el CONAPO; y

Que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, mediante oficio No. ATDT/CNTD/DGSA/CGR/0092/2026 de fecha 15 de enero de 2026 ha emitido la Constancia de Exención de Análisis de Impacto Regulatorio correspondiente, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO
SOCIAL DE LAS ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES PARA EL EJERCICIO FISCAL
2026

PRIMERO. Se da a conocer el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales para el ejercicio fiscal 2026, con base en la información oficial disponible y vigente.

SEGUNDO. El objeto del presente Informe es proporcionar un compendio de información vigente a nivel territorial sobre la situación de la pobreza, el rezago social, la inversión en infraestructura social básica, así como información sociodemográfica y económica que, en conjunto, permitan orientar la planeación y la toma de decisiones en la implementación de las políticas públicas.

TERCERO. El Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social a nivel entidad y a nivel municipal y demarcación territorial, podrá consultarse en la dirección electrónica referida en el Anexo Único del presente Acuerdo.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Ciudad de México, a los veintisiete días del mes de enero de 2026.- La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.- Rúbrica.

Anexo Único

El Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales puede consultarse en la siguiente liga:

https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social

Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones
territoriales para el ejercicio fiscal 2026

Presentación

El Gobierno de México, bajo la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, construye el Segundo Piso de la Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro país. En seguimiento a principios como "no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera" y "por el bien de todos, primero los pobres", se refrenda el compromiso del Estado mexicano para desarrollar condiciones de bienestar, sustentadas en una visión de prosperidad compartida, orientada a que el crecimiento económico no solo beneficie a las élites, sino que se traduzca en mejores condiciones para todas las familias mexicanas, especialmente las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Esta administración impulsa un modelo de desarrollo orientado a mejorar el bienestar de la población mediante políticas públicas basadas en la inclusión, la igualdad y el acceso efectivo a los derechos. Dicho enfoque se sustenta en los principios establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, los cuales promueven una gestión pública con perspectiva social, fortalecen la cohesión comunitaria y orientan la acción gubernamental hacia la reducción de las brechas de desigualdad.

Conforme a lo dispuesto en el PND 2025-2030, para avanzar hacia un país con bienestar, la Presidenta definió cien compromisos de gobierno, organizados en catorce repúblicas, articulados en cuatro ejes generales: I. Gobernanza con justicia y participación ciudadana, II. Desarrollo con bienestar y humanismo, III. Economía moral y trabajo y IV. Desarrollo sustentable; así como tres ejes transversales 1. Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, 2. Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional y 3. Derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas (Gobierno de México, 2025a). Estos ejes, generales y transversales en conjunto, tienen la finalidad de reducir la pobreza y erradicar las condiciones que perpetúan la desigualdad en nuestro país.

La planeación nacional refleja que la renovación del pacto social avanza. Para dar continuidad a la reducción sistemática de la pobreza resulta necesario mantener a las personas de los sectores históricamente más desatendidos como eje central de las políticas públicas, promover prácticas de honestidad y austeridad y diseñar planes, programas y acciones guiados por la justicia social, la redistribución de la riqueza y el acceso equitativo a los derechos fundamentales.

Los resultados de la transformación son una realidad y resuenan más allá de las fronteras. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2024, la región latinoamericana registró una disminución de la cantidad de población en situación de pobreza, atribuible, principalmente, a las acciones implementadas por México, que contribuyó con el 60% de la reducción. En el caso de la pobreza extrema, México ha reducido un 49% de esta a nivel continental (CEPAL, 2025).

Cuadro 1. América Latina (12 países): variación de las tasas de pobreza extrema y pobreza, 2024 (en puntos
porcentuales)

País	Pobreza	País	Pobreza extrema
Honduras	-4.2	Honduras	-3.0
Costa Rica	-3.3	Colombia	-1.5
Rep. Dominicana	-3.3	Paraguay	-1.2
México	-3.1	Rep. Dominicana	-0.8
Colombia	-2.5	Brasil	-0.7
Paraguay	-2.2	Costa Rica	-0.7
Brasil	-1.9	Perú	-0.7
Perú	-1.4	México	-0.6
Uruguay	-0.5	Ecuador	0.1
Ecuador	1.0	Uruguay	0.1
Argentina	1.2	Argentina	0.1
Panamá	1.9	Panamá	0.8

Fuente: Elaboración de la Dirección General de Planeación y Análisis, a partir de CEPAL, Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025, Chile, 2025.

Según la CEPAL, sin la contribución de México y Brasil, la pobreza regional se habría reducido apenas 0.8 puntos porcentuales, es decir del 35.1% en 2023 al 34.3% en 2024 y las tasas de pobreza se habrían mantenido un punto porcentual por encima de los niveles de 2019. Un escenario muy similar se habría registrado en el caso de la pobreza extrema, cuya reducción habría sido de solo 0.4 puntos porcentuales, situándose 1.1 puntos porcentuales por encima del valor de 2019.

En contraste, entre 2014 y 2024, la mayoría de los países de América Latina registró una tendencia a la baja en las tasas de pobreza y pobreza extrema, y el efecto fue más marcado en la pobreza total que en la pobreza extrema. En este contexto, México destaca como el país que logró las reducciones más significativas en pobreza, con un promedio anualizado de 2.3 puntos porcentuales, y en pobreza extrema, con 0.8 puntos porcentuales. Asimismo, El Salvador y República Dominicana mostraron reducciones sustanciales en pobreza, con promedios anuales de 1.9 y 1.8 puntos porcentuales, respectivamente, además de presentar mejoras en pobreza extrema.

Por su parte, el Foro Económico Mundial (World Economic Forum, WEF) en su Informe mundial sobre la brecha de Género (Global Gender Gap Report, GGGP) 2025, señaló que México avanzó diez posiciones en la reducción de las brechas de género, al ubicarse en el lugar 23 de un total de 148 economías. Dicho resultado se deriva de un indicador que se desprende de una escala donde "1" representa la igualdad de género, y se estima a partir de cuatro subindicadores: participación económica y oportunidades, nivel de estudios, salud y supervivencia, y empoderamiento político. Para México, el índice reportado fue de 0.776 (WEF, 2025).

Al analizar los componentes del indicador, observamos que México ocupa el noveno lugar en empoderamiento político, con una puntuación de 0.522, reflejo del consistente incremento de la representación de las mujeres en los tres poderes de gobierno. Además, con una puntuación de 0.98, comparte el primer lugar con 17 economías en el rubro "salud y supervivencia", al registrar indicadores favorables en la proporción de nacimientos y en la esperanza de vida de mujeres y hombres, hecho que hace eco de las mejoras en los sistemas de salud.

En cuanto al nivel educativo, el máximo nivel de estudios de las mujeres es estimado con 0.993 puntos, lo cual visibiliza las áreas de oportunidad para fortalecer la participación de las mujeres en la educación superior, particularmente en carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología. Por otra parte, con 0.609 puntos se observa que la mayor brecha entre mujeres y hombres en México se presenta en la categoría de "participación económica y oportunidad", asociada a la desigualdad laboral y a las barreras que enfrentan las mujeres que limitan su inserción plena y equitativa en la economía (WEF, 2025).

Ambos reportes reflejan una realidad dinámica y compleja, cuyo pasado neoliberal acarreó desigualdad y marginación; pero cuya visión de futuro marca un camino hacia un nuevo paradigma de prosperidad compartida con resultados positivos y avances sólidos. En este sentido, se visibiliza la necesidad de continuar la atención de las grandes desigualdades históricas, mediante acciones de justicia social para grupos que históricamente han vivido en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, las personas indígenas y afromexicanas o quienes viven en condiciones de pobreza, marginación y rezago social.

De esta manera, la mejora de los ingresos de las personas se mantiene como una de las prioridades del Gobierno de México. Tal avance ha sido posible gracias a la adopción de un enfoque de bienestar que reconoce al salario, al empleo y a la protección social como pilares del desarrollo económico. Desde una perspectiva humanista y de derechos, la política pública ha incorporado criterios redistributivos en las decisiones económicas, fortaleciendo la capacidad del Estado para incidir en las condiciones de vida de la población, tomando en consideración la necesidad de acciones afirmativas diferenciadas que atiendan la paridad de género, bajo el principio de transversalidad.

En materia salarial, se ha impulsado un cambio que busca corregir el rezago acumulado, provocado por décadas de políticas neoliberales de contención de sueldos y remuneraciones; acompañadas de una desvinculación sistemática respecto de la productividad de las personas trabajadoras. Este nuevo enfoque reconoce que la mejora sostenida de los ingresos laborales es un componente central para dinamizar la demanda interna y fortalecer la cohesión social, lo que ha permitido transitar hacia un modelo de crecimiento más incluyente. En esta línea, el fortalecimiento del salario representa una acción de justicia social y redistribución económica, al tratarse del principal componente del ingreso corriente total de las personas trabajadoras, cuyo incremento amplía su capacidad de acceso a bienes y servicios. De este modo, la política salarial ha propiciado un círculo virtuoso, que deriva en la reducción histórica de la pobreza multidimensional en México entre 2018 y 2024.

La recuperación sostenida del salario mínimo representa un cambio en el modelo de desarrollo del país. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México registró el aumento salarial más alto en términos reales entre los países que integran a esta organización. "Entre enero de 2021 y enero de 2025, el salario mínimo real aumentó un 56.7%, el mayor incremento entre los países de la OCDE y muy por encima del promedio de los países que integran esta organización, que fue de 8.8%". Como se muestra en la Gráfica 1, entre 2018 y 2025, el salario mínimo general aumentó 216%, al pasar de $88.40 a $278.80 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) se registró un incremento acumulado de 375%, alcanzando $419.90 pesos diarios (OCDE, 2025).

Para el año 2026, los integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) determinaron que el salario mínimo general para este año será de $315.04 y $440.87 pesos para la ZLFN (CONASAMI, 2025b), lo que representa un incremento sostenido de 257% y 399%, respectivamente, en comparación con el año 2018. Este cambio de la política salarial se encuentra alineado con el objetivo establecido para el año 2030, que busca aumentar los salarios hasta que cada persona trabajadora pueda disponer de un ingreso equivalente a 2.5 veces el precio de la canasta básica.

Gráfica 1. Salario mínimo nominal de México, 2018-2026 (pesos por día)

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Planeación y Análisis de la Secretaría de Bienestar, con datos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y Banco de México, https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=10&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA601&locale=es y https://www.gob.mx/conasami/articulos/incremento-a-los-salarios-minimos-para-2026?idiom=es

Además, los incrementos recientes en el salario mínimo han tenido un impacto diferenciado por género, beneficiando especialmente a las mujeres, quienes históricamente se han concentrado en los deciles salariales más bajos y en actividades con menor remuneración relativa. De acuerdo con la CONASAMI, "se evidencia que hay un avance en la reducción de las brechas de género, siendo que la brecha del salario por hora entre mujeres y hombres disminuyó en 1.6 puntos porcentuales de 2018 a 2024; en tanto, los ingresos laborales (que abarcan no sólo salario, sino comisiones, propinas, aguinaldo, entre otras percepciones monetarios por trabajo) la brecha se redujo en 4.9 puntos porcentuales para el mismo periodo" (CONASAMI, 2025a). La mejora del salario mínimo y de los ingresos laborales contribuyen, por tanto, a la reducción de la pobreza laboral, a la disminución de la brecha salarial por género y al fortalecimiento del mercado interno mediante el aumento de la demanda agregada.

Si bien, se reportan avances significativos en la reducción de esta brecha, ante la persistencia de una disparidad entre el salario de mujeres y hombres, la Presidenta impulsó la elevación a rango constitucional la prohibición de la brecha salarial por razones de género, bajo la premisa "a trabajo igual, salario igual", incorporada al artículo 123 de nuestra carta magna. Dicha disposición forma parte de las reformas a los artículos 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la CPEUM orientadas a la ampliación y garantía de los derechos de las mujeres (DOF, 2025). Esta iniciativa fue presentada por la Presidenta en octubre de 2025 y, tras la aprobación del Legislativo, entró en vigor el 15 de noviembre de ese año. Su publicación busca mejorar el acceso de las mujeres al pleno ejercicio de sus derechos, destacando el acceso a un salario digno.

Cabe destacar que esta reforma es parte del proceso de transformación de nuestras instituciones, el cual comprende, entre otras acciones, la elevación del Instituto Nacional de las Mujeres al rango de Secretaría de Estado en enero de 2025; la consolidación de iniciativas de cooperación internacional como Spotlight, donde, en conjunto con la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas, se implementan medidas para la erradicación de la violencia de género en nuestro país (ONU-MUJERES, 2025), y la creación de un Sistema Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Dicho sistema se articula en el ámbito normativo mediante reformas legales presentadas por la Presidenta y a través del trabajo coordinado de las dependencias de la Administración Pública Federal, con el propósito de fortalecer la actuación de las instituciones del Estado y promover un cambio cultural, institucional y político profundo que transforme las estructuras que históricamente han sostenido la desigualdad y la exclusión de las mujeres (MUJERES, 2025).

En paralelo, la prosperidad compartida se concibe como un modelo de desarrollo económico orientado a elevar el bienestar de las y los mexicanos, sin descuidar el funcionamiento de la economía en su conjunto. Es por ello que la política fiscal, entendida como el conjunto de acciones orientadas a la gestión de los ingresos y el gasto público a nivel federal, resulta un elemento clave de la política económica del Segundo Piso de la Transformación. Para alcanzar un bienestar social con equidad, la política fiscal busca optimizar los mecanismos de recaudación sin crear o aumentar impuestos en términos reales que afecten a las personas, a fin de asegurar que la Federación cuente con los recursos necesarios para implementar, de manera progresiva, los proyectos, las pensiones y los programas prioritarios encaminados a la reducción de la pobreza en México.

El fortalecimiento de la recaudación fiscal se sustenta en mejoras continuas de los procesos de actualización, blindaje contra la corrupción y eficiencia de las finanzas públicas, que tienen como resultado incrementos en la tributación. Aunado a ello, se han reforzado las medidas de transparencia, buen gobierno, fortalecimiento de aduanas y combate a la elusión fiscal y contrabando. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, de enero a octubre de 2025, los ingresos del Gobierno Federal alcanzaron los 5 billones 70 mil 877 millones de pesos, lo que representa un incremento real de 7.9% respecto del mismo periodo del año anterior, equivalente a un aumento nominal de 546 mil 97 millones de pesos frente a lo contabilizado en los diez primeros meses de 2024. Esta cifra supera en un 102.5% lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación 2025 para dicho periodo (SAT, 2025).

Gráfico 2. Ingresos del Gobierno Federal, enero-octubre 2019-2025 (millones de pesos)

Fuente: Servicio de Administración Tributaria, "Ingresos del Gobierno Federal crecen 7.9% de enero a octubre", Comunicado 60/2025, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1039151/Comunicado60_Reca_Octubre_241125.pdf

Al respecto, como parte fundamental del gasto público, el aseguramiento de recursos destinados a transferencias directas y sin intermediarios sostiene el avance progresivo de las pensiones, los programas prioritarios y otros instrumentos de política pública que permiten establecer un piso social básico, al complementar los ingresos disponibles de la población, en especial de las personas en situación de pobreza, incrementando su bienestar económico. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2024 (ENIGH 2024), presentada por el INEGI, los ingresos por "beneficios provenientes de programas gubernamentales" ascienden a $2 mil 500 pesos trimestrales por hogar. Si comparamos el monto de este concepto con la versión de la ENIGH de 2018 observamos que, para ese año, los beneficios de programas ascendían a $977 pesos trimestrales, lo que implica un incremento de 155.9% en los montos de los beneficios otorgados por programas (INEGI, 2025a).

Cuadro 2. Composición de las principales fuentes de ingreso en México, 2018 y 2024 (pesos)

Composición de las principales fuentes de ingreso	Ingreso trimestral 2018	Ingreso trimestral 2024	Variación 2024- 2018
Ingreso corriente	$67,319	$77,864	15.7%
Ingreso por trabajo	$45,306	$51,099	12.8%
Remuneraciones por trabajo subordinado	$38,342	$43,665	13.9%
Ingresos por trabajo independiente	$5,301	$6,057	14.3%
Ingresos de otros trabajos	$1,663	$1,378	-17.1%
Renta de la propiedad	$3,969	$3,834	-3.4%
Ingresos provenientes de cooperativas, sociedades y empresas que funcionan como sociedades	$3,164	$3,060	-3.3%
Arrendamiento de activos tangibles y financieros	$804	$774	-3.7%
Transferencias	$10,322	$13,799	33.7%
Jubilaciones, pensiones e indemnizaciones por accidente de trabajo, despido y retiro voluntario	$4,690	$6,244	33.1%
Becas provenientes del gobierno y de instituciones	$157	$136	-13.4%
Donativos en dinero provenientes de instituciones y otros hogares	$1,466	$1,546	5.5%
Ingresos provenientes de otros países	$532	$598	12.4%
Beneficios provenientes de programas gubernamentales	$977	$2,500	155.9%
Transferencias en especie de otros hogares	$1,710	$1,812	6.0%
Transferencias en especie de instituciones	$789	$963	22.1%
Estimación del alquiler de la vivienda	$7,663	$9,066	18.3%
Otros ingresos corrientes	$59	$65	10.2%

Fuente: Elaboración de la Dirección General de Planeación y Análisis, a partir de Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 (ENIGH), Presentación de Resultados, https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2024/doc/enigh2024_ns_presentacion_resultados.pdf

En consecuencia, en atención a los principios de progresividad y universalidad, durante el año 2025 el fortalecimiento de la red de protección social, implicó la implementación de nuevas medidas para ampliar la cobertura de derechos. Entre ellas, destacan la universalización de la beca en educación básica; la creación y consolidación de becas para otros niveles educativos; las acciones de fortalecimiento al sistema nacional de salud y las mejoras mediante acciones en vivienda y desarrollo comunitario. Estas políticas contribuyen a redistribuir recursos hacia los hogares con mayores necesidades, reducen las desigualdades de género y fortalecen el acceso efectivo a derechos sociales. Según la ENIGH 2024, del total de las personas que indicaron recibir un apoyo gubernamental (17 millones 673 mil 345 personas), el 57.48% correspondió a mujeres, mientras que el 42.52% correspondió a hombres (INEGI, 2025a).

Por su parte, en el primer año del Segundo Piso de la Transformación se alcanzaron niveles históricos de inversión social. Las pensiones y los programas prioritarios atienden de manera progresiva a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad con apoyos directos a sus ingresos. Como se observa en la Gráfica 3, que presenta la evolución de dicha inversión entre 2019 y 2025, se registra un incremento acumulado real del 251%, al pasar de 242 mil 086 millones de pesos en 2019 a 850 mil millones de pesos en 2025.

Gráfica 3. Inversión social en pensiones y programas prioritarios, 2019 a 2025 (millones de pesos)

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Planeación y Análisis de la Secretaría de Bienestar, con datos de la Cuenta Pública (2019-2024) y el Presupuesto de Egresos de la Federación (2025), publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Datos-Abiertos.

Nota: Las cifras se expresan en millones de pesos corrientes.

En paralelo, se destacan los esfuerzos del Gobierno de México y de los órganos que lo integran para propiciar la cooperación entre los sectores público y privado mediante acciones conjuntas en favor de la sociedad mexicana. Por ejemplo, en 2025 se suscribieron acuerdos en materias clave para la economía de las personas, tales como la contención de la inflación en los productos de la canasta básica a través de la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), acción que asegura un precio máximo de $910 pesos para los veinticuatro productos que integran dicha canasta (Presidencia de la República, 2025); así como la renovación de la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, orientada a mantener el precio de la gasolina en $24 pesos por litro (excepto en las zonas fronterizas), que en septiembre de 2025 tuvo su segundo refrendo (SENER, 2025).

El paradigma del bienestar busca garantizar el acceso a los derechos fundamentales de toda la población mexicana, mediante la generación de condiciones mínimas para que todas las personas puedan vivir una vida digna. Esta visión se articula a partir de las distintas políticas públicas, marco de los proyectos, pensiones y programas prioritarios que tejen una red de protección social a lo largo del ciclo de vida de las personas. Como una acción de justicia y reivindicación histórica, esta red de protección y su correspondiente inversión social se ejecuta bajo la encomienda de atender como prioridad las demandas de las personas en situación de pobreza, pobreza extrema, rezago social y a los grupos en situación de vulnerabilidad como las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las niñas, niños y adolescentes, las mujeres, la población indígena y afromexicana, y la población que habita en zonas con alto y muy alto grado de marginación.

De igual relevancia es la puesta en marcha de la política nacional de infraestructura, la cual contempla proyectos estratégicos como el Programa Nacional de Infraestructura Carretera (PNIC) 2025-2030i, mediante el cual se da continuidad a proyectos iniciados en el periodo 2018-2024i y se establecen diez nuevos corredores troncales, que mejorarán la conectividad e impulsarán el desarrollo social y económico de distintas regiones del país. De acuerdo con el PNIC, se instrumentarán programas carreteros específicos para los estados de Oaxaca y Guerrero, así como la construcción de dieciocho puentes y viaductos en todo el territorio nacional.

Asimismo, la inversión en infraestructura del Segundo Piso de la Transformación abarca sectores clave como el transporte ferroviario de carga y de pasajeros; la energía; la infraestructura de salud; la seguridad; las obras hídricas, así como la atención y prevención del Estado ante desastres naturales. Bajo la política de bienestar, dichas acciones se orientan a revertir condiciones estructurales de desigualdad. En este marco se inscribe el Plan General Lázaro Cárdenas del Río, cuyo propósito es reducir la pobreza y el rezago social en zonas rurales mediante un enfoque territorial, integral e intercultural, que atienda las condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales de cada comunidad (Gobierno de México, 2025b).

Si bien este proyecto inició en 2024, ha adquirido un papel protagónico por su ámbito de acción, al desarrollarse en la Cuenca del Río Balsas, una de las regiones hidrográficas más importantes del país, que comprende parcialmente ocho entidades federativas: Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Su implementación se articula en torno a ejes temáticos relacionados con el fortalecimiento del gobierno y la organización comunitaria; la educación indígena intercultural; la economía, los sistemas productivos y las artesanías; la salud y la medicina tradicional; la cultura, la lengua y la identidad; la infraestructura básica; y los derechos de las mujeres indígenas.

Para este año se realizaron trabajos de conservación periódica y rutinaria en 12 mil 533 kilómetros de carreteras federales en ocho estados del país. Se impulsó el desarrollo de infraestructura educativa para nueve bachilleratos, la apertura de una nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos en Tlaxcala y la construcción de un preescolar en Puebla. De igual forma, se inició la construcción de más de 5 mil viviendas para personas con ingresos inferiores a dos salarios mínimos en esta zona, se implementaron cinco programas de ordenamiento territorial, se han realizado caravanas para fomentar la participación de mujeres en la propiedad social e implementado obras de infraestructura básica y obra comunitaria.

Bajo la premisa de que el Segundo Piso de la Transformación representa la continuidad en la construcción del bienestar; mediante la articulación de proyectos estratégicos -entre ellos el Plan General Lázaro Cárdenas, los Proyectos México y aquellos diseñados para los sectores de energía, agua o medio ambiente-, así como las pensiones y los programas prioritarios de bienestar. En su conjunto, estas acciones contribuyen a la consolidación de un Estado de Bienestar enfocado en atender las necesidades de todas las personas mexicanas, a partir de la generación de nuevos empleos, la diversificación de las actividades económicas regionales, la creación de polos de desarrollo y el aseguramiento de la red de protección derivada de los programas sociales.

La red de protección del Gobierno de México se sustenta en el principio de "por el bien de todos primero los pobres" y se traduce en mejoras en las condiciones de vida de las personas, al reducir su vulnerabilidad frente a la pobreza como fenómeno social. En la Gráfica 4 se observa que las transferencias otorgadas en el marco de las pensiones y los programas prioritarios de bienestar han sido cruciales para reducir la pobreza en el país. De acuerdo con el Análisis de los Resultados de la Medición de la Pobreza Multidimensional 2024 del INEGI, estos apoyos son la segunda fuente del ingreso corriente trimestral per cápita de los hogares beneficiados, ya sea mediante los apoyos monetarios o en especie. Para dimensionar su impacto, se estima que, en ausencia de las pensiones y los programas prioritarios, el porcentaje de la población en pobreza habría aumentado de 29.6% a 32.8% en 2024, lo que equivaldría a 4.2 millones de personas adicionales que caerían en esta situación. De igual forma, sin esta red de protección social, la pobreza extrema habría pasado de 5.3% al 6.9% de la población, lo que habría implicado que aproximadamente 2 millones de personas más en se encontraran en esta situación (INEGI, 2025b).

Gráfica 4. Efecto de los Programas de bienestar en la reducción de la pobreza, 2024 (millones de personas y
porcentaje

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Planeación y Análisis de la Secretaría de Bienestar, con información del Análisis de los Resultados de la Medición de la Pobreza Multidimensional 2024, INEGI, 2025, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/pm/pm2025_RR_08.pdf

Como se sintetiza en el Cuadro 3, con base en información del INEGI, entre 2018 y 2024 se registraron avances significativos en la reducción de pobreza entre los grupos prioritarios de la política de bienestar. La población adulta mayor de 65 años o más en situación de pobreza, pasó de 43.2% a 23.6%, lo que representa una reducción de 19.6 puntos porcentuales. En la población con discapacidad -medida desde 2020-, bajó de 49.5% a 32.9%, equivalente a una disminución de 16.6 puntos porcentuales. En el caso de las mujeres, bajó de 42.6% a 30.1%, con una reducción de 12.5 puntos porcentuales. En la población de niñas y niños de cinco años o menos, bajó de 52.5% a 41.9%, con una reducción de 10.7 puntos porcentuales. En la población menor de 18 años, bajó de 50.3% a 38.7%, con una reducción de 11.6 puntos porcentuales; y en la población joven de 12 a 29 años, bajó de 42.3% a 31.4%, con un descenso de 10.9 puntos porcentuales.

En el mismo sentido, la población en situación de pobreza hablante de lengua indígena, registró una disminución de 75.8% a 66.3%, equivalente a 9.5 puntos porcentuales; mientras que la población que se autoadscribe como indígena, bajó de un 70.3% a un 60.8%, con una reducción de 9.5 puntos porcentuales. Finalmente, el porcentaje de población en situación de pobreza que habita en localidades rurales disminuyó de 57.7% a 45.8%, lo que representa una disminución de 11.9 puntos porcentuales.

Cuadro 3. Población en situación de pobreza según grupo prioritario, 2018 - 2024 (porcentaje)

Grupo de población prioritario	2018	2024	Reducción entre 2018-2024 (puntos porcentuales)
Población adulta mayor de 65 años o más	43.2%	23.6%	-19.6%
Población con discapacidad/1	0.0%	32.9%	-16.6%
Población de mujeres	42.6%	30.1%	-12.5%
Población de niñas y niños de 5 años o menos	52.5%	41.9%	-10.7%
Población menor de 18 años	50.3%	38.7%	-11.6%
Población joven de 12 a 29 años	42.3%	31.4%	-10.9%
Población hablante de lengua indígena	75.8%	66.3%	-9.5%
Población indígena (pertenencia étnica)	70.3%	60.8%	-9.5%
Población que habita en localidades rurales	57.7%	45.8%	-11.9%

Nota: 1. Los datos de la población con discapacidad en situación de pobreza están disponibles únicamente a partir de 2020.

A nivel nacional, los resultados más recientes de la medición de la pobreza multidimensional indican que persisten 38.5 millones de personas en situación de pobreza, equivalente al 29.6% de la población total; mientras que la pobreza extrema se estimó en 7 millones de personas, correspondiente al 5.3%. Si se analizan estos resultados tomando como periodo de análisis el rango de 2018 a 2024, se observa que más de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, y 1.7 millones abandonaron la pobreza extrema. Estos resultados son reflejo de la política salarial, las transferencias públicas y la inversión social, las cuales han operado como mecanismos redistributivos y estabilizadores del ingreso en los hogares con menores recursos.

Gráfica 5. Evolución de la población en situación de pobreza, 2018 a 2024 (millones de personas)

Al desagregar la información por sexo, se destaca la importancia de atender la feminización de la pobreza, entendida como la mayor vulnerabilidad de las mujeres a encontrarse en situación de pobreza por ingresos o carencias sociales, derivada de la discriminación estructural por sexo. En este contexto, destaca el retroceso que enfrentaron las mujeres en 2018, como consecuencia de la pandemia de SARS-CoV-2, año en el que se estimó que existían 29.1 millones de mujeres en situación de pobreza, de las cuales 23.5 millones vivían en pobreza moderada y 5.5 millones en pobreza extrema (CONEVAL, 2023). Es observable que, entre los factores que inciden en esta brecha de pobreza se encuentran la propia composición poblacional en México, el acceso diferenciado de las mujeres a empleos precarizados -frecuentemente sin protección social-, el limitado ejercicio de los derechos sociales, las diferencias de ingresos salariales y la distribución inequitativa del trabajo no remunerado (Morales Álvarez, 2024).

La reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres constituye un eje prioritario del paradigma de bienestar impulsado por el Gobierno de México, al reconocer que la brecha de género limita el ejercicio pleno de derechos y reproduce condiciones estructurales de pobreza y exclusión. En este sentido, la acción pública ha incorporado un enfoque transversal de igualdad sustantiva mediante reformas normativas, el fortalecimiento institucional y la implementación de políticas orientadas a cerrar las brechas en materia de ingresos, acceso a la protección social, participación económica y empoderamiento político. A partir de 2024, estos esfuerzos se han intensificado desde distintos ámbitos del Gobierno de México, con resultados altamente positivos. Además de la reducción general de la pobreza, -que entre 2022 y 2024 pasó de 36.9% a 30.1% en las mujeres y de 35.6% a 28.9% en hombres (Gráfica 6) -, se registró una disminución de 1.5 millones de mujeres en pobreza extrema, al pasar de 4.8 millones en 2022 a 3.3 millones en 2024. Asimismo, 1.2 millones de mujeres abandonaron la pobreza por ingresos, pasando de 5 a 4.2 millones de mujeres en esta situación. De manera paralela, en 2024 se reportó un incremento en el número de mujeres no pobres y no vulnerables, que alcanzó los 22.2 millones, frente a los 18.3 millones registrados en 2022 (INEGI, 2025b).

Gráfica 6. Porcentaje de la población en situación de pobreza por sexo (2016-2024)

Fuente: Elaboración de la Dirección General de Planeación y Análisis, a partir de INEGI, Medición multidimensional de la Pobreza 2024, Indicadores de pobreza, según sexo, México, 2025.

Por su parte, se observa un avance de menor impacto en la reducción de la brecha de pobreza multidimensional entre mujeres y hombres, con una disminución de 1.2 puntos porcentuales. Este fenómeno es consecuencia de la prevalencia de carencias sociales en mujeres, pues el INEGI registró que las mujeres "vulnerables por carencias sociales" en 2022 representaban el 28.4% del total de la medición, mientras que en 2024 representan el 31.1%. Entre las carencias con mayor incidencia para las mujeres destacan la falta de seguridad social, que afecta a 32.1 millones de mexicanas, y la carencia por acceso a la salud, que impacta 22.3 millones de mexicanas (INEGI, 2025b).

Al respecto, el cumplimiento del Compromiso 55, la "Creación del Sistema Nacional de Cuidados" es la apuesta del Segundo Piso de la Transformación para avanzar progresivamente a sociedades más equitativas que contrarresten las dificultades de las mujeres para acceder plenamente a sus derechos sociales y reducir los entornos que propician la pobreza y la desigualdad. En este sentido, la creación del anexo transversal 31 "consolidación de una sociedad de cuidados" que entra en vigor en el año fiscal 2026 permitirá reconocer la importancia del trabajo de cuidados, disminuir el tiempo que dedican las familias al cuidado, redistribuir los cuidados de manera más equitativa entre mujeres y hombres, ampliar la cobertura de los servicios de este tipo, reducir las barreras al acceso a los servicios de cuidados y garantizar su pertinencia conforme a las necesidades de los distintos grupos de población (MUJERES, 2025).

De acuerdo con el Marco de Referencia del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados (SNPC), esta estrategia de transversalización incluye programas de apoyos económicos, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la recientemente creada Pensión Mujeres Bienestar, así como el resto de los programas prioritarios otorgados por la Secretaría de Bienestar. Asimismo, contempla las acciones de atención, como el programa Salud Casa por Casa, las guarderías y los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); la infraestructura de cuidados creada en el marco del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF); los servicios de normalización educativa mediante el Sistema Nacional de Competencias (CONOCER); las becas; las acciones de comunicación en distintos medios y plataformas y la creación del Sistema de Información de Cuidados.

En conjunto, la articulación de planes, programas y acciones del Gobierno de México se refleja en la reducción de la desigualdad a nivel nacional. Al profundizar en el tema de la distribución del ingreso, en la Gráfica 7 se presenta la evolución del Coeficiente de Gini estimado con y sin transferencias, que incorporan los beneficios provenientes de las pensiones y programas prioritarios para los periodos 2018, 2020, 2022 y 2024. Con este indicador se aprecia el efecto positivo de las transferencias en la mejor distribución del ingreso, pues si en 2024 no se hubiesen registrado transferencias, el Coeficiente habría alcanzado los 0.450 (mayor desigualdad); sin embargo, con las transferencias, éste se redujo a 0.391 (menor desigualdad).

Cabe destacar que en 2024 las transferencias logran el mayor impacto en la reducción del Coeficiente de Gini, con una disminución de hasta 6 puntos porcentuales, en contraste con 2018, cuando el efecto de reducción fue de 4.9 puntos porcentuales. Esta tendencia a la baja del indicador confirma el fortalecimiento de la capacidad del Gobierno de México para incidir positivamente en la distribución del ingreso entre la población a través de los Programas, proyectos prioritarios y las políticas de bienestar que impactan directamente en los ingresos de las familias con mayor situación de pobreza.

Gráfica 7. Coeficiente de Gini, 2018 a 2024

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Planeación y Análisis de la Secretaría de Bienestar, con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (2018-2024), Instituto Nacional de Estadística y Geografía, https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2024/#tabulados

Nota: El coeficiente de Gini es una medida de concentración del ingreso: toma valores entre cero y uno. Cuando el valor se acerca a uno, indica que hay mayor concentración del ingreso; en cambio cuando el valor del Gini se acerca a cero la concentración del ingreso es menor.

En este contexto, la articulación del paradigma de bienestar en los Fondos de Aportaciones Federales (FAF) implica la incorporación de principios de justicia social y democracia participativa en el ejercicio de los recursos públicos. Desde su creación en la década de los noventa, los FAF son un mecanismo fundamental para las finanzas públicas estatales y municipales, que habilita el acceso a los derechos sociales de las personas, a partir de la redistribución de estos recursos en el ámbito local. De acuerdo con la LCF, el ejercicio de los recursos de los FAF se encuentra condicionado al cumplimiento de los objetivos establecidos para cada tipo de aportación, que se clasifican en ocho fondos dispuestos en la ley, destinados a atender prioridades en materia de educación, salud, infraestructura social, seguridad pública y el fortalecimiento financiero de las entidades federativas y de los municipios.

En particular, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) tiene como objetivo contribuir al bienestar de la población mediante el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, a localidades con alto o muy alto grado de rezago social y a zonas de atención prioritaria. Para su operación, la Federación transfiere los recursos del FAIS a los gobiernos locales y estatales para que lleven a cabo obras y acciones de infraestructura social básica, categorizadas en ocho rubros de inversión: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, electrificación, infraestructura básica del sector educativo, infraestructura básica del sector salud, mejoramiento de vivienda y urbanización. De esta manera, la inversión en infraestructura social básica contribuye de forma directa al ejercicio de los derechos sociales.

El FAIS cuenta con recursos equivalentes al 2.5294% de la Recaudación Federal Participable (RFP) y, hasta 2024, se articuló en dos componentes: el Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN). No obstante, como consecuencia de la reforma al artículo 2o. constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos de diciembre de 2024, se determinó que para el ejercicio fiscal 2025, se incorporaría un tercer componente, el Componente Indígena.

Con este propósito, el 16 de enero de 2025 se suscribió el Convenio entre el Gobierno de México y los Gobiernos de las Entidades Federativas para la creación del Componente Indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social denominado "FAISPIAM". Posteriormente el 24 de febrero de 2025, se emitieron nuevos Lineamientos para el FAIS, que formalizan la participación ciudadana como un requisito indispensable para el ejercicio de los recursos. Finalmente, en marzo del mismo año fue publicado el ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos del Componente Indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que estipula que, al menos el 10% de los recursos del FAIS deberán asignarse de manera directa a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (SEBIEN, 2025).

Así, la distribución del FAIS para el ejercicio fiscal 2025 incorporó un nuevo enfoque centrado en la democracia participativa de estas comunidades, mediante el reconocimiento de su derecho a intervenir activamente en la toma de decisiones para determinar proyectos de infraestructura social básica y que deriva en recibir y ejercer directamente los recursos, de conformidad con sus propias formas de gobierno y organización comunitaria.

Esto representa un cambio estructural en la forma en que las comunidades acceden y ejercen sus derechos sociales, pues ahora son ellas quienes decidirán de manera autónoma el destino de los recursos, sin necesidad de intermediarios: el FAISPIAM es el instrumento mediante el cual los pueblos y comunidades, en calidad de sujetos de derechos, acceden a los recursos públicos de la Federación. La operatividad de este fondo promueve que, de manera organizada, las personas de los pueblos y comunidades participen a través de Comités de Administración y de Vigilancia Comunitarios. Estos comités tendrán la responsabilidad de administrar y ejecutar los recursos del fondo; supervisar y dar seguimiento a los proyectos, asegurando que su uso responda a las necesidades y aspiraciones de la comunidad.

Al igual que los componentes FISE y FAISMUN, el FAISPIAM se calcula mediante una fórmula que considera una línea basal de la localidad, el porcentaje de la población indígena de la localidad y el grado de rezago social de la localidad. Este componente replica los mecanismos de planeación y seguimiento del recurso asignado, pero con énfasis en la definición de los comités y asambleas comunitarias para la toma de decisiones. De acuerdo con el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para 2025 se registraron, por primera vez, 20 mil 358 comunidades y localidades indígenas y afromexicanas para recibir directamente estos recursos (Gobierno de México, 2025c).

En este marco, como parte de las acciones derivadas del Segundo Piso de la Transformación y como herramienta para la profundización del enfoque de bienestar en la política pública nacional y en cumplimiento con las disposiciones del artículo 33 de la LCF, esta Secretaría tiene como obligación elaborar y publicar el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales. El Informe anual 2026 proporciona datos estratégicos para abonar en la construcción de un país más justo, que reduzca las brechas de desigualdad a través de obras de impacto social. Es reflejo del trabajo conjunto de la Federación, los estados, municipios y comunidades indígenas y afromexicanas organizados, pues contribuye a la toma de decisiones en cuanto a las políticas públicas y a la planeación estratégica de los recursos del FAIS, para que la inversión llegue a quienes más lo requieren.

Con el propósito de atender las necesidades de información estadística de las autoridades, particularmente aquellas responsables del ejercicio de los recursos del FAIS, el Informe anual 2026 se compone de las siguientes secciones:

I. Información sociodemográfica y económica. Analiza la composición sociodemográfica y económica de las entidades federativas. El apartado presenta datos sobre la distribución de la población, poniendo énfasis en los grupos sociales históricamente vulnerables: las personas adultas mayores, niñas y niños, personas con discapacidad, las poblaciones indígenas, afromexicanas y campesinas. En cuanto a las características económicas, la sección examina la población según su acceso al agua entubada, su condición laboral, la percepción de ingresos provenientes del trabajo y su capacidad para adquirir una canasta básica. Estos indicadores son clave para comprender la distribución del ingreso, variable que influye directamente en métricas como el Coeficiente de Gini.

II. Indicadores de pobreza. Identifica a la población conforme a los indicadores de pobreza, vulnerabilidad/no vulnerabilidad y su acceso a carreteras pavimentadas. Además, se describen las carencias sociales que presentan las entidades federativas.

III. Indicadores de rezago social. Presenta información sobre el Grado de rezago social, en virtud de la distribución del FAIS en entidades y municipios con niveles altos o muy altos de rezago. Se presenta un mapa temático de la entidad federativa, distribuido a nivel municipal e información tabular que contabiliza el grado de rezago de los municipios y la posición que ocupa la entidad federativa a nivel nacional.

IV. Planeación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), 2025. Presenta información georreferenciada sobre la distribución del FAIS en las entidades federativas, mediante dos elementos: un mapa y un gráfico. En el mapa se muestra la distribución de los recursos planeados del FAIS en sus dos componentes, el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 2025, con información del Sistema de Información del FAIS (SIFAIS). Por su parte, en el gráfico se presenta la información por rubros de inversión durante el periodo, lo que permite realizar un análisis comparativo anual de la planeación del FISE para los años 2023, 2024 y 2025, así como comparar el porcentaje de inversión de los ocho rubros del FAIS.

V. Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), 2026. Muestra información georreferenciada de las ZAP rurales y urbanas de la entidad. La información se basa en la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2026.

El Informe anual 2026 está diseñado para ser una fuente de consulta, con el fin de facilitar el acceso a la información, ésta se pone a disposición de manera digital mediante un código QR y una página de internet que remiten al Sistema de Información Social Georreferenciada (SISGE). Esto permite a los gobiernos identificar y localizar las obras por rubro de inversión mediante una herramienta de análisis geoespacial amplia y de fácil acceso.

Referencias

CEPAL. (2025). Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025. Chile: ONU-CEPAL.

CONASAMI. (Agosto de 2025a). Informe Mensual sobre el Comportamiento de la Economía. Obtenido de CONAMI: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1019218/Informe_Agosto_2025_web.pdf

CONASAMI. (03 de Diciembre de 2025b). Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Obtenido de Incremento a los Salarios Mínimos para 2026: https://www.gob.mx/conasami/articulos/incremento-a-los-salarios-minimos-para-2026?idiom=es

CONEVAL. (2023). Medición multidimensional de la pobreza. Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza, 2016 - 2022. México: CONEVAL.

DOF. (2025). DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 4o., 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de viol. México.

Gobierno de México. (2025a). Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. México.

Gobierno de México. (2025b). Plan General Lázaro Cárdenas del Río. Obtenido de Primer Informe de Gobierno: https://www.informegobierno.gob.mx/indice/k-plan-general-lazaro-cardenas-del-rio

Gobierno de México. (Septiembre de 2025c). Primer Informe de Gobierno. Obtenido de https://www.informegobierno.gob.mx/usercontent/68b4162a4d926-1IG-INFORME-INTEGRADO-FINAL_26_08_2025

INEGI. (2025a). Encuesta Nacional de Ingresos y Egresos de los Hogares 2024. México.

INEGI. (13 de Agosto de 2025b). Análisis de los Resultados de la Medición de la Pobreza Multidimensional, 2024. Obtenido de INEGI: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/pm/pm2025_RR_08.pdf

Morales Álvarez, R. (enero de 2024). El riesgo de las mujeres a caer en situación de pobreza, algunos factores explicativos. Obtenido de Cámara de Diputados, Red de Investigadores Parlamentarios en Línea: https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CR-24/CR-28-24.pdf

MUJERES. (25 de Octubre de 2025). Hacia una sociedad de cuidados en México. Obtenido de Secretaría de las Mujeres: https://cuidados.mujeres.gob.mx/

MUJERES. (2025). Secretaría de las Mujeres. Obtenido de Primer Informe de Gobierno: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1019409/1er_InformeLabores_MUJERES-digital.pdf

OCDE. (2025). Perspectivas del empleo de la OCDE 2025: México. París: OECD Publishing. Obtenido de OCDE: https://www.oecd.org/es/publications/2025/07/oecd-employment-outlook-2025-country-notes_5f33b4c5/mexico_c93f423a.html

ONU-MUJERES. (2025). Organización de las Naciones Unidas. Obtenido de https://www.un.org/es/spotlight-initiative

Presidencia de la República. (18 de Noviembre de 2025). Presidenta Claudia Sheinbaum y empresarios firman renovación del Pacic para mantener la canasta básica en 910 pesos. Obtenido de Gobierno de México: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidenta-claudia-sheinbaum-y-empresarios-firman-renovacion-del-pacic-para-mantener-la-canasta-basica-en-910-pesos

SAT. (2025). Ingresos del Gobierno Federal crecen 7.9% de enero a octubre . México.

SEBIEN. (13 de Marzo de 2025). ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos del componente indígena del Fondo de Aportaciones para la. Obtenido de DOF: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/984032/2025_03_13_Lineamientos_componente_ind_gena.pdf

SENER. (03 de Septiembre de 2025). Gobierno de México y sector empresarial refrendan la Estrategia Nacional para estabilizar el precio de la gasolina. Obtenido de Blog: https://www.gob.mx/sener/articulos/gobierno-de-mexico-y-sector-empresarial-refrendan-la-estrategia-nacional-para-estabilizar-el-precio-de-la-gasolina

WEF. (2025). World Economic Forum. Obtenido de Global Gender Gap 2025: https://reports.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2025.pdf

________________________________________________________

i Los proyectos son:1.Cuautla-Tlapa (para Guerrero, Morelos y Puebla), 2. Tamazunchale-Huejutla-Pachuca (que atiende a Hidalgo y San Luis Potosí), 3. Bavispe-Nuevo Casas Grandes (destinado a Sonora y Chihuahua), 4. Circuito Tierra y Libertad (para Morelos), 5. Toluca-Zihuatanejo (para el Estado de México y Guerrero), 6. Salina Cruz-Zihuatanejo (para Oaxaca y Guerrero); 7. Macuspana-Escárcega (en Tabasco y Campeche), 8. Ciudad Valles-Tampico (San Luis Potosí y Tamaulipas), 9. Saltillo-Monclova (Coahuila) y 10.Guaymas-Esperanza-Yécora-Chihuahua (Sonora y Chihuahua)