ACUERDO por el que se expide el Programa Institucional del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 2025-2030.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobernación.- Secretaría de Gobernación.- Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Claudia Olivia Morales Reza, Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, 9, 17, 24, 26 Bis, 27, 28, 30 y 32 de la Ley de Planeación; 58, fracciones I y II, y 59, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 16, 17, 20, fracciones XX y LVI, 23, 24, fracciones II y XI, y 30 fracciones I, II y XII de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; así como 1 y 56 del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; en cumplimiento al Acuerdo JG-02ETX/03/02-12-2025 aprobado por la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en su segunda sesión extraordinaria celebrada el 4 de diciembre de 2025, y CONSIDERANDO
Que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la propia Constitución;
Que el artículo 26, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé las bases para que el Estado organice el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación, señalando que, los fines del proyecto nacional contenidos en la propia Constitución determinarán los objetivos de la planeación;
Que en cumplimiento a la Ley de Planeación, el 15 de abril de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados, verificando su congruencia con los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 establece los ejes generales: 1: Gobernanza con justicia y participación ciudadana; 2: Desarrollo con bienestar y humanismo; 3: Economía moral y trabajo, y 4: Desarrollo sustentable, así como los ejes transversales: 1: Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres; 2: Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional, y 3: Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas;
Que el Programa Institucional del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 2025-2030 se alinea con en el Plan Nacional de Desarrollo con relación al Eje General 1: "Gobernanza con justicia y participación ciudadana". De manera específica, se alinea con el Objetivo 1.2, que mandata dirigir una política pública garante de los derechos humanos y la no discriminación, a través de la Estrategia 1.2.2, la cual ordena la erradicación de prácticas discriminatorias que generan exclusión y desigualdad:
Que para garantizar la tutela efectiva del derecho a la igualdad y el desmantelamiento de la discriminación estructural, el Programa Institucional del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 2025-2030 establece tres objetivos prioritarios. El primero se enfoca en garantizar el ejercicio del derecho a la igualdad y no discriminación de toda persona en territorio nacional; el segundo busca desmantelar prácticas discriminatorias en autoridades, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos: mientras que el tercero impulsa la territorialización de políticas públicas en los tres órdenes de gobierno, así como la armonización del marco legislativo nacional con el principio de igualdad y no discriminación, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Que la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, elaboró el Programa Institucional del Consejo Nacional para Prevenir la DISCRIMINACIÓN 2025-2030, conforme a los Ejes Generales y los Ejes Transversales previstos en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el cual fue aprobado por la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en su segunda sesión extraordinaria celebrada el 4 de diciembre de 2025 mediante el acuerdo JG-02ETX/03/02-12-2025, por lo que he tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 2025-2030 ÚNICO.- Se expide el Programa Institucional del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 2025-2030.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la Ciudad de México, a 23 de diciembre de 2025.- La Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ClaudiaOlivia Morales Reza.- Rúbrica.
PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 2025-2030 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa
3. Siglas y acrónimos
4. Fundamento normativo
5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
6. Objetivos
6.1 Relevancia del objetivo 1: Garantizar el ejercicio del derecho a la igualdad y no discriminación de toda persona en territorio nacional
6.2 Relevancia del objetivo 2: Desmantelar prácticas discriminatorias en autoridades, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, de los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos constitucionales autónomos
6.3 Relevancia del objetivo 3: Impulsar la territorialización de políticas públicas en los tres órdenes de gobierno, así como la armonización del marco legislativo nacional con el principio de igualdad y no discriminación, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
6.4 Vinculación de los objetivos del Programa Institucional del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 2025-2030
7. Estrategias y líneas de acción
8. Indicadores y metas
2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio respectivo.
APF: Administración Pública Federal
CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
ENADIS: Encuesta Nacional sobre Discriminación
LFPED: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
PND 2025-2030: Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030
Programa Institucional: Programa Institucional del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 2025-2030
PRONAIND: Programa Nacional de Igualdad y No Discriminación 2025-2030
SEGOB: Secretaría de Gobernación El Programa Institucional del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) se sustenta en los principios consagrados en el artículo 1o, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la prohibición de toda forma de discriminación por motivos de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, estado de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otro factor que atente contra la dignidad humana. En este marco, la Constitución refuerza el derecho fundamental de todas las personas a vivir con respeto, igualdad y libertad, principios esenciales para el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
A su vez, el artículo 26 de la Constitución subraya el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, estableciendo la responsabilidad del Estado para guiar y coordinar el desarrollo económico, social y cultural del país de manera justa, equitativa, sostenible y orientada a la solidaridad. En este sentido, la elaboración de programas y políticas públicas debe alinearse con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2025-2030), que es el referente central para la acción gubernamental.
El PND 2025-2030, aprobado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2025, incluye como Eje General la Gobernanza con justicia y participación ciudadana, y como objetivo el 1.2 Dirigir una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades, el acceso universal a la justicia y la no discriminación. Por su parte, la fracción II del artículo 17 de la Ley de Planeación dispone que corresponde a las entidades paraestatales elaborar su respectivo programa institucional, atendiendo a las previsiones contenidas en el programa sectorial correspondiente. Asimismo, el Gobierno Federal se compromete a fomentar una República democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable, a través de compromisos específicos entre ellos el Respeto a todos los derechos y combate a la discriminación.
Por su parte, la LFPED establece un marco jurídico que busca prevenir y erradicar todas las formas de discriminación, promoviendo la igualdad de oportunidades y trato para todas las personas. La creación del CONAPRED como organismo descentralizado, sectorizado a la SEGOB, tiene como objetivos contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país, formular y promover políticas públicas que favorezcan la igualdad y trato, así como coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal en esta materia.
Por tanto, el CONAPRED tiene la responsabilidad de integrar, publicar, ejecutar y dar seguimiento al Programa Institucional que, a través de sus acciones, busca contribuir a Erradicar prácticas discriminatorias que generen exclusión y desigualdad, garantizando los derechos de las minorías y grupos históricamente discriminados.
Como dependencia con estas atribuciones y conforme a la normatividad vigente, el CONAPRED trabajará para cumplir con los principios establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Entre estos instrumentos se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. Estos tratados refuerzan el compromiso del país de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
El CONAPRED, en su actuación, asume con responsabilidad y compromiso la tarea de cumplir con estas disposiciones, alineándose a los principios del Gobierno Federal, que incluyen la legalidad, la austeridad y la rendición de cuentas, siempre con el objetivo de garantizar una sociedad que, desde sus fundamentos, respete y promueva la dignidad humana de todas las personas, sin distinción alguna.
5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo(1) En el marco del Humanismo Mexicano, el Estado reconoce que el combate a la discriminación estructural es una condición indispensable para lograr el bienestar compartido, la justicia social y el desarrollo integral de todas las personas. En este sentido, se asume la responsabilidad ética y política de erradicar toda forma de exclusión y discriminación.
Esta directriz se alinea con el Eje General 1 del PND 2025-2030: Gobernanza con justicia y participación ciudadana. Específicamente, se retoma el Objetivo 1.2, el cual orienta una política de Estado centrada en la promoción de los derechos humanos y a la no discriminación, orientación se materializa a través de la estrategia 1.2.2, que busca erradicar las prácticas discriminatorias que generen exclusión y desigualdad, garantizando los derechos de las minorías y de los grupos históricamente discriminados
El Gobierno Federal visibiliza la discriminación como un fenómeno público y estructural que constituye un obstáculo para el pleno ejercicio de los derechos y el acceso a las oportunidades, en particular para aquellos grupos que han sido históricamente marginados.
Ante esta situación, es un imperativo de política pública informar a la ciudadanía sobre su derecho a la igualdad y la no discriminación. Simultáneamente, se promoverá la sensibilización social acerca del valor de la diversidad como un factor de riqueza cultural y social, fomentando así una convivencia más justa e inclusiva.
La discriminación no es un hecho aislado, es una práctica sistemática que menoscaba la dignidad humana. Esta se alimenta de prejuicios, estereotipos y estigmas, lo que profundiza la desigualdad y limita el desarrollo integral de las personas. Uno de los principios rectores del Humanismo Mexicano es la condena del clasismo, el racismo, el machismo y cualquier otra forma de discriminación. Este enfoque reafirma que no se trata solo de un asunto de tolerancia, sino del reconocimiento de que la profundización de la igualdad es un camino inherente a la justicia.
Los datos más recientes indican que aún quedan barreras estructurales por derribar, las cuales que impiden a muchas personas el ejercicio pleno de sus derechos. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 señala que el 23.7% de la población de 18 años y más manifestó haber sido discriminada en los últimos 12 meses. Las principales causas reportadas incluyen el tono de piel, la orientación sexual, la discapacidad, la condición indígena y la edad, entre otras.
Esta realidad se manifiesta de forma heterogénea a lo largo del territorio nacional. De acuerdo con la ENADIS 2022, los estados con los mayores porcentajes de población de 18 años y más que manifestó haber sido discriminada son Yucatán (32.1%), Puebla (30.6%), Querétaro (30.5%), Ciudad de México (29.6%) y Jalisco (27.1%).
Fuente: Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022.
Estos datos demuestran que la discriminación no es un fenómeno aislado de casos individuales, sino un patrón que afecta a la sociedad de manera transversal, influyendo en diferentes regiones y contextos socioculturales del país. Esta variación geográfica subraya la necesidad continuar con el diseño e implementación de políticas públicas adaptadas a las realidades específicas de cada entidad, considerando las particularidades que exacerban la desigualdad y la exclusión en cada una de ellas.
La ENADIS 2022 también muestra una variación respecto a 2017: mientras que entonces el 23.3% de la población de 18 años y más consideró que en los últimos cinco años se le negó injustificadamente algún derecho, en 2022 esta cifra bajó a 20.5%. En lo particular, se observaron disminuciones en la prevalencia de discriminación para algunos grupos en comparación con 2017:
· La población de la diversidad religiosa experimentó una disminución en la discriminación percibida, pasando del 32.9% en 2017 al 28.6% en 2022.
· Las personas adultas mayores (de 60 años y más) también vieron una ligera reducción en la discriminación, del 18.3% en 2017 al 17.9% en 2022.
· En el caso de las niñas y niños (de 9 a 11 años), la discriminación por parte de sus compañeros de escuela disminuyó del 23.5% en 2017 al 19.4% en 2022
En este contexto de avances, cobran especial relevancia las reformas al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 2019 y 2024, las cuales representan un firme compromiso con el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas en México. Estas reformas no solo buscan profundizar su autonomía, sino también garantizar su acceso efectivo a la justicia y a la reparación de las graves violaciones que han sufrido a lo largo de la historia. La reforma de 2024 además reconoce constitucionalmente a las comunidades afromexicanas, integrándolas plenamente a la pluriculturalidad de la nación. Este reconocimiento les otorga personalidad jurídica y derechos propios, consolidando un paso firme hacia la igualdad, la justicia y la erradicación de la discriminación.
Si bien la discriminación no ha sido erradicada por completo y subsisten prácticas que limitan el ejercicio pleno de derechos fundamentales, el país ya no se encuentra en el mismo punto del pasado. Los avances normativos, institucionales y culturales alcanzados han abierto nuevas rutas para la inclusión y el reconocimiento de la diversidad que nos define como nación. Este proceso de transformación nos convoca a seguir consolidando una cultura de dignidad, igualdad y respeto, en la que los derechos de todas y todos se reconozcan, se protejan y se ejerzan de manera efectiva
No obstante, los avances alcanzados, datos de la ENADIS 2022 identifican la persistencia de brechas en el ejercicio pleno de derechos, con impactos diferenciados de la discriminación en ciertos grupos de población:
· Género: El 24.5% de las mujeres y el 22.8% de los hombres de 18 años y más reportaron haber experimentado algún acto de discriminación, lo que indica una mayor incidencia en las mujeres.
· Pertenencia étnico-racial: El 28.1% de las personas de pueblos y comunidades indígenas refirieron haber sido discriminadas, siendo su identidad étnico-racial la principal causa. Esta cifra se agudiza en el caso de las personas afrodescendientes, donde la incidencia alcanza el 34%.
· Diversidad sexual y de género. Con una prevalencia de discriminación del 37.3%. En este grupo, la exclusión se motivó en un 41.8% de los casos por la expresión de género, la vestimenta o el arreglo personal.
· Discapacidad. 33.8% de la población de 12 años y más con discapacidad vivió algún acto discriminatorio, principalmente debido a su condición (49.6%) o a su edad (26.1%). Estos datos resaltan la persistencia de prejuicios que afectan de forma particular a estas poblaciones.
Estos datos muestran la persistencia de prejuicios que afectan de forma particular a estas poblaciones y la urgencia de continuar con la implementación de políticas públicas con un enfoque diferenciado que atiendan las necesidades específicas de los grupos históricamente vulnerados, garantizando su pleno acceso a derechos y oportunidades.
En este marco, desde diciembre de 2018, con el inicio de los gobiernos de la Cuarta Transformación se ha priorizado la atención inmediata a la discriminación estructural y la desigualdad social, entendiéndolas como barreras inaceptables que impiden el pleno ejercicio de los derechos. Más allá de reconocerlas como un fenómeno sistémico y no como incidentes aislados, el Estado asume el mandato ineludible de intervenir en todos los ámbitos de la vida nacional para desmantelar estas prácticas, garantizando la igualdad sustantiva desde los servicios públicos hasta los sectores privado y social.
Para abordar esta problemática, se plantea el Objetivo 1. Garantizar el ejercicio del derecho a la igualdad y no discriminación de toda persona en territorio nacional, a fin de implementar una política de Estado transversal que no solo corrija las fallas institucionales, sino que también promueva activamente un cambio cultural para que la igualdad y la no discriminación sean principios operativos y una realidad tangible en la vida cotidiana de todas y todos los mexicanos.
Discriminación en el sector público
Entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, el CONAPRED registró 1,195 planteamientos de presunta discriminación contra personas servidoras públicas. Si bien esta cifra representa una reducción del 57.28% en comparación con el sexenio anterior, aún constituye el 29.6% del total de los asuntos presentados ante el organismo.
Este avance refleja los esfuerzos por atender de manera más expedita las demandas sociales, las cuales durante años fueron limitadas por la burocracia institucional y los largos tiempos de espera. En los gobiernos de la Cuarta Transformación, se ha privilegiado la resolución desde el primer contacto, orientada a resolver de manera directa los problemas planteados por las personas peticionarias. Como resultado, las orientaciones brindadas por CONAPRED aumentaron un 59% entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, en comparación con la administración anterior.
Sin embargo, estos datos también evidencian la dimensión del desafío estructural que persiste y la necesidad de sostener y profundizar las acciones emprendidas para atenderlo. A partir de avances normativos y de una creciente visibilización del problema, resulta fundamental consolidar la implementación, fortaleciendo las políticas públicas y la capacitación continua para superar las resistencias culturales que aún perduran.
Un desafío central que atiende este programa institucional es la persistencia de sesgos discriminatorios que, por inercia histórica, intentan subsistir dentro de las estructuras del Estado mexicano. Este fenómeno trasciende el ámbito administrativo; su núcleo radica en la necesidad de blindar las capacidades institucionales frente a prejuicios y estereotipos sociales que buscan filtrarse en la operación cotidiana, afectando a grupos prioritarios.
Desde esta perspectiva, la discriminación institucional se entiende como un reto estructural complejo que requiere redoblar los esfuerzos de transformación. Por ello, mediante el Objetivo 2. Desmantelar prácticas discriminatorias en autoridades, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, este programa busca consolidar la reingeniería operativa y cultural del servicio público ya iniciada. La meta es desmantelar los reductos de exclusión en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los organismos autónomos, para que el Estado afiance su carácter como garante activo e inquebrantable de la igualdad y la inclusión.
Es importante destacar que, como parte de la primera fase de la Cuarta Transformación, el Estado mexicano ya desplegó acciones estratégicas en materia de igualdad y no discriminación, por lo que no partimos de cero. Se impulsó la armonización normativa, el desarrollo de herramientas con perspectiva antidiscriminatoria, la generación de datos desagregados para visibilizar a los grupos en situación de discriminación y la capacitación continua de personas servidoras públicas.
Estas iniciativas reflejan un proceso de transformación en curso, que ahora demanda una segunda fase de acciones. El objetivo es seguir avanzando en el desmantelamiento de prácticas discriminatorias en sectores prioritarios, lo cual permitirá continuar mitigando los principales efectos negativos de la desigualdad social y asegurar el acceso y goce de derechos en condiciones de igualdad para las poblaciones históricamente discriminadas.
En ese tenor, el PND 2025-2030 establece que el acceso a la salud y la educación son derechos inherentes del pueblo de México, no mercancías ni privilegios. En el ámbito laboral, se reafirma la importancia de restaurar el poder adquisitivo de las familias y de garantizar un ambiente laboral sin discriminación, con igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Estos tres temas son pilares fundamentales para la promoción de la justicia social.
En el ámbito de salud, se busca avanzar en la construcción de un sistema de salud que garantice el acceso universal a la atención médica, estudios de laboratorio y medicamentos gratuitos. Lo anterior, debe estar acompañado con un enfoque de atención diferenciada, dinámica y flexible que se ajuste a las características y necesidades específicas de cada persona y población.
El acceso a la educación sigue representando un desafío significativo para diversos grupos históricamente discriminados. La ENADIS 2022 reporta que los niveles de analfabetismo fueron más altos entre personas con discapacidad (15.4%), indígenas (13.2%) y adultos mayores (12.5%).
Adicionalmente, el porcentaje de personas sin escolaridad entre quienes tienen alguna discapacidad fue siete veces mayor que en la población general. La situación se agudiza entre las personas hablantes de lenguas indígenas, donde solo el 7.6% ha alcanzado estudios superiores. Para contrarrestar esta realidad, se continuarán con el fortalecimiento de los servicios escolares con pertinencia y pertenencia cultural y lingüística, promoviendo así un sistema educativo verdaderamente inclusivo.
En el entorno laboral, la discriminación se manifiesta en el acceso desigual a derechos y prestaciones. Las personas trabajadoras del hogar constituyen el grupo con menor cobertura, con solo el 16.6% afiliado a servicios de salud y el 15.8% con contrato por escrito. De manera similar, las personas de pueblos y comunidades indígenas muestran una afiliación a servicios de salud de apenas el 18.4%.
Respecto a las personas con discapacidad (28.3%), afrodescendientes (27.6%) y migrantes no nacionales (26.6%) han reportado la negación injustificada de al menos un derecho fundamental, incluyendo la atención médica, servicios públicos, programas sociales y oportunidades laborales o educativas.
Otro problema público identificado es la desarticulación de la política antidiscriminación en los distintos niveles de gobierno y en el marco legal, por lo que mediante el Objetivo 3. Impulsar la territorialización de políticas públicas en los tres órdenes de gobierno, así como la armonización del marco legislativo nacional con el principio de igualdad y no discriminación, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, se reconoce que, para ser efectiva, la lucha contra la discriminación no puede ser un esfuerzo aislado del Gobierno Federal, sino que debe replicarse y adaptarse en los estados y municipios, además de estar respaldada por un marco normativo coherente y actualizado.
Desde el CONAPRED, se continuará con el impulso de acciones con un enfoque humanista para contribuir a que todas las personas tengan acceso a servicios de salud y educación que respondan a sus necesidades particulares. También se proseguirá con la actuación como defensor del derecho a la no discriminación, con el propósito de que cada persona, sin importar su origen, identidad o condición, reciba un trato justo y respetuoso, especialmente en ámbitos esenciales como el de salud, educativo y laboral.
Visión al 2030: Un México Incluyente
Para el año 2030, México habrá transformado las estructuras sociales, políticas y económicas que han perpetuado la desigualdad y la exclusión, impulsado por los principios del Humanismo Mexicano. La igualdad y la no discriminación no solo figurarán como principios constitucionales, sino que se materializarán como una vivencia cotidiana para todas las personas.
En las próximas décadas, México habrá dado pasos firmes para desmantelar las prácticas discriminatorias tanto en el ámbito público como privado. La igualdad y la no discriminación serán los pilares fundamentales de nuestras políticas públicas y servicios, y se habrá creado un marco legal y político que promueva una verdadera igualdad para todas las personas. Esto incluirá la implementación efectiva de legislaciones específicas para proteger a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad, mujeres, niñeces y adolescencias, y otros grupos históricamente discriminados.
La formación en derechos humanos y antidiscriminación será inherente a todas las personas servidoras públicas. Se garantizará el acceso igualitario a la atención médica de calidad mediante un sistema de salud inclusivo y políticas de atención diseñadas de manera diferenciada.
Las brechas de acceso y permanencia por prejuicios y estigmatización serán eliminadas. Se fomentará la pertinencia cultural y la accesibilidad universal, desmantelando las barreras estructurales que han obstaculizado la educación de calidad.
Se habrán contrarrestado las barreras basadas en género, etnia, orientación sexual o discapacidad. Los espacios de trabajo, tanto públicos como privados, serán inclusivos, respetuosos y libres de acoso o violencia.
En 2030, México será reconocido como un país que ha logrado reducir significativamente las desigualdades regionales y culturales, erigiéndose como un ejemplo de inclusión, justicia e igualdad a nivel global.
6. Objetivos
El objetivo central del PND 2025-2030 es consolidar la prosperidad y el bienestar de la población, a través de una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades, el acceso universal a la justicia y la no discriminación.
En este marco, el Objetivo 1.2 y la Estrategia 1.2.2 establecen la necesidad de erradicar las prácticas discriminatorias que generan exclusión y desigualdad, garantizando los derechos de las minorías y de los grupos históricamente discriminados.
En coherencia con los principios del Humanismo Mexicano, que condenan el clasismo, el racismo, el machismo y cualquier otra forma de discriminación, el Programa Institucional define tres objetivos prioritarios para guiar las acciones en la materia.
| Objetivos del Programa Institucional del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 2025-2030
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| 1.- Garantizar el ejercicio del derecho a la igualdad y no discriminación de toda persona en territorio nacional. |
2.- Desmantelar prácticas discriminatorias en autoridades, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos. |
| 3.- Impulsar la territorialización de políticas públicas en los tres órdenes de gobierno, así como la armonización del marco legislativo nacional con el principio de igualdad y no discriminación, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. |
6.1 Relevancia del objetivo 1: Garantizar el ejercicio del derecho a la igualdad y no discriminación de toda persona en territorio nacional. Este objetivo tiene una relevancia fundamental para la construcción de una sociedad justa y equitativa, el gobierno del segundo piso de la transformación busca garantizar el ejercicio del derecho a la igualdad y no discriminación al no ser solo un ideal abstracto, sino un principio legalmente reconocido que debe ser aplicado de manera práctica y efectiva. Se refiere a la necesidad de asegurar que todas las personas puedan gozar de sus derechos sin ser objeto de discriminación.
En primer lugar, la lucha contra la discriminación en todos los niveles es crucial para garantizar que toda persona pueda acceder a los mismos derechos y oportunidades, sin importar su sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, discapacidad o cualquier característica. La discriminación en cualquiera de sus formas limita el acceso a oportunidades laborales, educativas, de salud, y a una serie de servicios públicos básicos que son fundamentales para el bienestar y el desarrollo de una persona. Cuando estos derechos no se garantizan de manera equitativa, se perpetúan ciclos de pobreza, marginación y exclusión social, lo que contribuye a profundizar las brechas de desigualdad existentes en la sociedad.
En sociedades diversas, como la mexicana, donde coexisten distintos grupos étnicos, culturales, religiosos, diversidad sexual, asegurar que toda persona en territorio nacional pueda vivir sin miedo a ser excluida o estigmatizada es un paso esencial para la construcción de una paz duradera.
La ENADIS 2022 señala que, el porcentaje de la población a nivel estatal que no denunció la negación injustificada de algún derecho en los últimos cinco años fue del 90%. Las entidades con los porcentajes más altos de personas que no presentaron denuncia son: Morelos (97.8%), Tabasco (94.9%), Chihuahua (94.1%), Coahuila (93.7%) y Michoacán (93.1%).
Fuente: Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022.
En contraste la mayoría de las quejas que se presentaron ante CONAPRED entre 2021 y 2024, fueron de la Ciudad de México (36.0 %), del Estado de México (11.8%), y Nuevo León (11.5%). Esta distribución geográfica subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de recepción y atención de denuncias por actos de discriminación, especialmente en aquellos estados con mayor incidencia. Las estrategias para alcanzar este objetivo buscan garantizar un enfoque accesible para todas las personas, con particular atención a los grupos históricamente discriminados. Además, la formación y capacitación de las personas servidoras públicas es otra medida esencial para asegurar que las denuncias sean atendidas de manera sensible, respetuosa y conforme a los principios de derechos humanos.
Analizar los datos generados por instrumentos como la ENADIS 2022 es fundamental para comprender la persistencia de los prejuicios y estereotipos en la sociedad mexicana, y para diseñar acciones que los enfrenten de manera efectiva. La encuesta muestra que, aunque ha habido avances en la reducción de ciertos prejuicios en los últimos años, como el que asocia a las juventudes con la irresponsabilidad (el cual disminuyó más de 10 puntos porcentuales entre 2017 y 2022), estos siguen profundamente arraigados: todavía el 50% de la población de 18 años y más considera a las personas jóvenes como irresponsables.
Persisten también estigmas contra personas que viven con VIH, con discapacidad, extranjeras y mujeres, lo que refleja una cultura discriminatoria que normaliza la exclusión y la violencia, especialmente hacia los grupos históricamente discriminados. Destaca, conforme a la información presentada por la ENADIS 2022, que el 11% de la población estaba de acuerdo con que algunas mujeres son violadas porque provocan a los hombres, lo que evidencia la necesidad urgente de erradicar discursos que justifican la violencia de género. Además de que la socialización de estereotipos se manifestó desde la infancia, pues el 34% de niñas y niños entre 9 y 11 años consideró que jugar con muñecas era solo para niñas, y 19% creyó que era mejor tener la piel blanca.
Sin embargo, se han logrado avances significativos en varios estados, se ha alcanzado el reconocimiento legal de la identidad de género a través de procedimientos administrativos en el registro civil, lo que constituye un paso fundamental para garantizar el derecho a la identidad de las personas trans. Además, en el contexto de la Cuarta Transformación, se han implementado políticas laborales internas para prevenir la discriminación de género y mecanismos para denunciar violencia, promoviendo una mayor inclusión y respeto dentro de las instituciones públicas.
Estos avances forman parte de un proceso continuo de transformación en el que se consolidan acciones en curso para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y equitativa. En este sentido, los datos generados por la ENADIS 2022 y otras fuentes deben verse como una base para fortalecer los esfuerzos del Estado y la sociedad civil en la construcción de una cultura de respeto, igualdad y no discriminación.
La sensibilización y formación ciudadana en torno a la igualdad y la no discriminación es clave en la construcción de una cultura de respeto y empatía como lo establece el propio PND 2025-2030. A través de la capacitación y la sensibilización, es posible reducir los prejuicios, estereotipos y estigmas que aún prevalecen en muchas partes de la sociedad. Las campañas de sensibilización, los programas de formación en derechos humanos y las iniciativas de inclusión social contribuyen a visibilizar las experiencias y los derechos de los grupos discriminados, generando un cambio en la percepción social hacia ellos.
El primer objetivo es fundamental porque busca garantizar que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos en condiciones de igualdad y sin discriminación. Esto no solo es un imperativo moral y legal, sino que también es esencial para la construcción de una sociedad inclusiva, cohesionada y respetuosa de los derechos humanos.
6.2 Relevancia del objetivo 2: Desmantelar prácticas discriminatorias en autoridades, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos. Los compromisos enmarcados en la República democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable se inscriben en un proceso de transformación ya iniciado, orientado a fortalecer la confianza en las instituciones y garantizar que los derechos y la justicia lleguen a todas las personas sin distinción. En este contexto, se reafirma y consolida el papel del gobierno en la promoción de la justicia social, la redistribución de la riqueza y el acceso equitativo a derechos fundamentales como la educación, salud y empleo digno.
Durante el primer piso de la transformación, se realizaron acciones que fortalecieron la legitimidad del gobierno y contribuyeron a que la confianza de la población en el Gobierno Federal aumentara de 25.5% en 2017 a 59.1% en 2023, según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. No obstante, persisten retos como el desafío de erradicar las prácticas discriminatorias dentro de las estructuras gubernamentales y las instituciones del Estado.
Si bien el 70.4% del total de asuntos presuntamente discriminatorios recibidos en CONAPRED entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024 se dirigieron a particulares, es prioritario atender la parte correspondiente al sector público y desmantelar prácticas discriminatorias en las dependencias gubernamentales, en especial aquellas que brindan atención ciudadana. Asimismo, destacan como principales ámbitos en los que ocurrieron los presuntos actos de discriminación, señalados en quejas contra personas servidoras públicas, el laboral y el educativo.
Por años, la discriminación institucional fue una de las formas más invisibles que perpetuaron la desigualdad, al estar inmersa en los procesos y normativas que rigen el funcionamiento del aparato estatal. Al no abordarse de manera adecuada se siguió dando pie a injusticias contra grupos históricamente discriminados, como mujeres, niñeces y adolescencias, personas adultas mayores, indígenas, afromexicanas, con discapacidad, migrantes, de la diversidad sexual y de género, entre otras.
El PND 2025-2030 contempla acciones que buscan una mayor inclusión de grupos históricamente discriminados, colocándolos como actores centrales en la construcción de un país libre de discriminación e injusticia. Este enfoque busca que el gobierno sea ejemplo de inclusión, no discriminación e igualdad, siendo un gobierno austero y honesto fundamental para la implementación de políticas públicas y la garantía de derechos.
Un Estado democrático debe garantizar que sus estructuras operativas sean inclusivas y accesibles para todas las personas, independientemente de su origen, edad, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, religión, condición de salud o cualquier otra característica. Esto implica una profunda transformación cultural y estructural dentro de las instituciones públicas, reconociendo la pluralidad y la dignidad intrínseca de cada persona. Las políticas públicas no solo deben reflejar el compromiso con la no discriminación, sino que deben estar diseñadas y ejecutadas de manera que generen resultados tangibles de justicia social e igualdad sustantiva.
Desmantelar las prácticas discriminatorias dentro de las instituciones del Estado también tiene un impacto directo en el funcionamiento democrático. Las políticas inclusivas aseguran que las personas de diversos sectores sociales y de grupos históricamente discriminados no sean vistas como beneficiarias pasivas sino como sujetos plenos de derechos con características particulares e intersecciones que exigen una atención diferenciada. Para lograrlo, se deben revisar los procesos dentro de la administración pública para eliminar cualquier tipo de sesgo que obstaculice el pleno ejercicio de derechos.
La implementación de estrategias que fomenten la coordinación interinstitucional, la recopilación de datos desagregados sobre grupos discriminados, la capacitación en derechos humanos y la creación e implementación de protocolos de actuación claros son medidas necesarias para abordar esta problemática. La relevancia de este objetivo también radica en que no se trata solo de una cuestión ética o moral, sino también de un compromiso histórico con los derechos humanos, reflejados tanto en la Constitución como en los tratados internacionales suscritos por el país.
En resumen, el segundo objetivo contribuye al fortalecimiento de un marco institucional que no solo combate la discriminación, sino que también promueve una cultura de inclusión, respeto y equidad dentro del aparato estatal. Esto garantiza una mayor legitimidad del sistema democrático y facilita el ejercicio pleno de los derechos humanos para todas las personas.
6.3 Relevancia del objetivo 3: Impulsar la territorialización de políticas públicas en los tres órdenes de gobierno, así como la armonización del marco legislativo nacional con el principio de igualdad y no discriminación, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. En el contexto previo del inicio del proyecto de la Cuarta Transformación se trabajó con un enfoque limitativo respecto a la efectividad de implementación de las políticas pública, es por ello por lo que estas deben ser acompañadas por estrategias locales que respondan a las especificidades y desafíos de cada contexto.
Bajo esta tesitura se requiere una estrategia territorial fortalecida que permita acercar la labor pública a los contextos históricos de discriminación a través de la coordinación y colaboración con diversas autoridades locales, con la única intención de generar mecanismos de atención en materia de igualdad y no discriminación, así como estrategias de prevención y cambio cultural que hagan del derecho a la igualdad y no discriminación una realidad presente en la vida de todas las personas para el goce de sus derechos humanos y oportunidades.
Según los resultados de la ENADIS 2022, el 61.1% de la población reside en localidades urbanas (de 15 mil habitantes o más), mientras que el 38.9% habita zonas rurales o semiurbanas (con menos de 15 mil habitantes). Las diferencias que existen entre estos contextos territoriales generan diversas desigualdades en el ejercicio de derechos, el disfrute de libertades y el acceso a bienes y servicios públicos, afectando de manera diferenciada a quienes viven fuera de las zonas urbanas.
En este sentido, la primera estrategia de este tercer objetivo refleja el compromiso de descentralizar y diversificar el alcance institucional, generando procesos significativos con pertinencia cultural e intención de diálogo con localidades de distintos puntos del territorio mexicano.
Actualmente, el Gobierno de México ha generado instrumentos que buscan atender demandas legítimas de la población, con enfoque diferenciado. Un ejemplo de ello son los planes de justicia orientados a la atención de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Al asegurar que las políticas contra la discriminación se implementen de manera efectiva a nivel nacional, garantiza que las personas sin importar su ubicación tengan las mismas oportunidades y el ejercicio plenos de sus derechos.
En los últimos años se impulsaron reformas para garantizar el pleno respeto y reconocimiento de los derechos humanos. Se debe tomar en cuenta que México tiene una composición pluricultural, por lo que es fundamental adaptar estrategias y medidas a las realidades locales y regionales para evitar cualquier acto de discriminación.
A nivel local, las medidas legislativas dirigidas a prevenir, sancionar, reparar y erradicar la discriminación son heterogéneas, lo que genera desigualdad en la protección de derechos según el estado en que se habite. Si bien existe un marco jurídico nacional, como la LFPED, así como diversas leyes estatales, estas presentan diferencias sustanciales que impiden su consolidación como leyes antidiscriminatorias integrales. Esta disparidad no solo obstaculiza la aplicación efectiva de los derechos, sino que también limita la posibilidad de construir una política de Estado coherente y articulada en materia de igualdad.
Además, diversos organismos internacionales de derechos humanos han exhortado al Estado mexicano a armonizar su legislación federal y estatales con los estándares internacionales en materia de igualdad y no discriminación, a fin de garantizar un marco normativo uniforme, eficaz y respetuoso de los compromisos internacionales asumidos por México.
Es crucial que el sistema jurídico nacional garantice la igualdad y no discriminación en todos los ámbitos de la vida de las personas. Proponer la armonización del marco legislativo nacional con el principio de igualdad y no discriminación, conforme estándares internacionales de derechos humanos es esencial para el ejercicio pleno de los derechos de las personas.
Esta necesidad que las leyes nacionales y locales se alineen con los estándares internacionales en materia de derechos humanos implica la revisión del andamiaje legislativo en los tres órdenes de gobierno para garantizar un avance en los vacíos legales o interpretaciones que den paso a prácticas discriminatorias.
En resumen, el tercer objetivo es esencial porque refuerza la pertinencia de las políticas públicas para combatir la discriminación en todo el país y el marco jurídico, asegurando que todas las personas desde la diversidad puedan gozar de sus derechos en igualdad de condiciones.
A través de este programa institucional, el CONAPRED promueve una República democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable, al impulsar el respeto a todos los derechos y combate a la discriminación, conforme a los Cien compromisos para el segundo piso de la transformación.
6.4 Vinculación de los objetivos del Programa Institucional del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 2025-2030. Para avanzar en la garantía de derechos para todas las personas, la SEGOB, mediante el Programa Sectorial de Gobernación 2025-2030, busca reducir prácticas de exclusión y desigualdad, promoviendo un entorno más justo. En este marco, se alinea el Programa Institucional con sus objetivos y estrategias.
| Objetivos del Programa Institucional del
Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación 2025-2030
| Objetivos del Programa Sectorial de
Gobernación 2025-2030
| Estrategias del Programa Sectorial
Gobernación 2025-2030
|
| 1. Garantizar el ejercicio del derecho a la igualdad y no discriminación de toda persona en territorio nacional. | 3. Dirigir una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades, el acceso universal a la justicia y la no discriminación. | 3.6 Fortalecer las capacidades institucionales, tanto a nivel federal como local, con el objetivo de prevenir, atender y erradicar todas las formas de discriminación, promoviendo de manera integral una cultura de igualdad, inclusión y respeto pleno a los derechos humanos. |
| 2. Desmantelar prácticas discriminatorias en autoridades, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos. |
| 3. Impulsar la territorialización de políticas públicas en los tres órdenes de gobierno, así como la armonización del marco legislativo nacional con el principio de igualdad y no discriminación, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. |
7. Estrategias y líneas de acción Objetivo 1. Garantizar el ejercicio del derecho a la igualdad y no discriminación de toda persona en territorio nacional. Estrategia 1.1 Orientar y atender las denuncias por presuntos actos de discriminación para garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos humanos
| Línea de acción
|
| 1.1.1 Fortalecer los mecanismos de recepción, canalización y seguimiento de denuncias por presuntos actos de discriminación, a través de la optimización de procesos internos que brinden una mejor atención a la ciudadanía. |
| 1.1.2 Capacitar al personal responsable de la atención de personas peticionarias mediante la implementación de programas de formación continua en temas de trato diferenciado y con enfoque de derechos humanos. |
| 1.1.3 Impulsar mecanismos interinstitucionales de comunicación para la derivación de casos sobre presuntos casos de discriminación, a través del contacto permanente con organismos autónomos de derechos humanos en el país. |
| 1.1.4 Incentivar la cultura de la denuncia mediante la difusión del "Modelo para la Defensa de Casos de Discriminación" a personas particulares, pertenecientes a organizaciones civiles o servidoras públicas. |
Estrategia 1.2 Ofrecer capacitación y sensibilización para comprender las experiencias y desafíos que enfrentan las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados y contribuir a un cambio cultural en materia antidiscriminatoria | Línea de acción
|
| 1.2.1 Contribuir a la cultura de paz y el desarrollo sostenible, mediante la difusión de herramientas educativas generadas por el CONAPRED que promuevan el conocimiento y el respeto de derechos y fomenten la igualdad. |
| 1.2.2 Sentar las bases de una cultura de inclusión y diversidad en los distintos sectores sociales mediante programas de formación que contemplen contenidos especializados en sectores como salud, educación y trabajo. |
| 1.2.3 Contrarrestar prejuicios y estereotipos contra grupos históricamente discriminados a través de cursos de sensibilización sobre la igualdad y no discriminación a la ciudadanía. |
| 1.2.4 Reivindicar a los pueblos y comunidades afrodescendientes a través de la implementación de acciones de reconocimiento y visibilización de sus aportaciones y la preservación de sus contribuciones al patrimonio cultural. |
| 1.2.5 Actualizar los contenidos de los cursos en línea sobre igualdad y no discriminación, a través de la incorporación periódica de nuevas perspectivas, investigaciones recientes y materiales generales. |
Estrategia 1.3 Difundir información, perspectivas y narrativas no discriminatorias y de respeto a la diversidad que terminen prejuicios y estereotipos | Línea de acción
|
| 1.3.1 Promover el conocimiento de los derechos de todas las personas, con especial énfasis en grupos históricamente discriminados, a través de la creación y difusión de campañas de comunicación. |
| 1.3.2 Reivindicar la identidad artística, lingüística y cultural de los grupos históricamente discriminados, mediante la generación de materiales sobre las diversas percepciones y similitudes desde una perspectiva antidiscriminatoria. |
| 1.3.3 Fomentar ambientes laborales sin discriminación y con igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la promoción de buenas prácticas laborales en los centros de trabajo públicos y privados del país. |
| 1.3.4 Prevenir narrativas discriminatorias y discursos de odio, a través de la generación de informes, guías, cuadernillos, infografías, entre otras herramientas alternativas de difusión que promuevan el respeto, la inclusión y la convivencia intercultural en el ámbito nacional. |
| 1.3.5 Visibilizar entornos laborales inclusivos y libres de discriminación, mediante mecanismos de reconocimiento público a centros de trabajo, tanto públicos como privados, que adopten y mantengan buenas prácticas laborales en materia de igualdad sustantiva y no discriminación. |
Objetivo 2. Desmantelar prácticas discriminatorias en autoridades, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos. Estrategia 2.1 Fomentar prácticas incluyentes que aseguren el principio de igualdad y no discriminación | Línea de acción
|
| 2.1.1 Propiciar la coordinación y articulación de las instancias operadoras de la política de combate a la discriminación, mediante la implementación del PRONAIND en la APF, que potencialice el impacto en grupos históricamente discriminados. |
| 2.1.2 Promover acciones de fortalecimiento institucional con enfoque diferenciado, con pertinencia y pertenencia cultural en los servicios públicos, a través de la implementación de guías, lineamientos o protocolos. |
| 2.1.3 Promover la aplicación del Protocolo de Actuación de los Comités de Ética en la Atención de Denuncias y Prevención de Actos de Discriminación mediante acciones de divulgación y capacitación, en la APF. |
| 2.1.4 Impulsar la implementación del Protocolo de Atención Prioritaria, Accesible y de Calidad para Grupos Históricamente Discriminados, mediante acciones de divulgación y capacitación en las instituciones públicas con servicios de ventanilla. |
| 2.1.5 Fortalecer las capacidades de las personas servidoras públicas en temas de no discriminación, derechos humanos e inclusión, a través de estrategias de capacitación en las instituciones públicas, fomentando que guíen su actuar bajo estos principios. |
| 2.1.6 Supervisar las medidas que los órganos públicos y las autoridades federales realizan en materia de igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación a través de acciones de monitoreo y difusión. |
Estrategia 2.2 Generar información y conocimiento sobre las características de los grupos históricamente discriminados para diseñar e impulsar acciones que contrarresten las prácticas discriminatorias que limitan el pleno ejercicio de sus derechos | Línea de acción
|
| 2.2.1 Promover la recopilación y generación de datos sobre los grupos históricamente discriminados e interseccionalidades, mediante procesos coordinados entre dependencias que utilicen registros administrativos y herramientas estadísticas, para facilitar la creación de políticas públicas focalizadas. |
| 2.2.2 Posicionar al Sistema Nacional de Información sobre Discriminación como herramienta para el diseño e implementación de políticas públicas antidiscriminatorias, mediante la actualización periódica de la información cualitativa y cuantitativa disponible en el portal digital. |
| 2.2.3 Actualizar el diagnóstico de la discriminación en el país mediante el levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS). |
| 2.2.4 Visibilizar a las poblaciones históricamente excluidas, mediante el desarrollo y sistematización de herramientas técnicas y documentos que sirvan como insumos de información que incorporen un enfoque de derechos humanos, interculturalidad, e inclusión social. |
Objetivo 3. Impulsar la territorialización de políticas públicas en los tres órdenes de gobierno, así como la armonización del marco legislativo nacional con el principio de igualdad y no discriminación, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Estrategia 3.1 Fortalecer las capacidades locales y regionales para fomentar políticas antidiscriminatorias que respondan a las diversas realidades del país | Línea de acción
|
| 3.1.1 Generar información que permita la adaptación de políticas públicas a los contextos locales, a partir de la realización de diagnósticos participativos y con enfoque intercultural. |
| 3.1.2 Apoyar las capacidades del servicio público local, brindando asistencia técnica a gobiernos locales en materia de igualdad y no discriminación. |
| 3.1.3 Fortalecer las capacidades de mujeres en distintos ámbitos de la vida, mediante la creación de espacios que promuevan el conocimiento y defensa de sus derechos individuales y colectivos, en contextos rurales. |
| 3.1.4 Impulsar la incorporación del principio de igualdad y no discriminación en los Planes de Justicia y Desarrollo Regional, mediante el acompañamiento técnico a autoridades locales de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. |
| 3.1.5 Implementar medidas contra la discriminación de forma eficaz, por medio de la coordinación de acciones con gobiernos estatales y municipales, en sus respectivas jurisdicciones. |
Estrategia 3.2 Promover la difusión de herramientas que incentiven la armonización en la legislación nacional y estatal para asegurar que toda persona goce de los derechos humanos reconocidos en la Constitución | Línea de acción
|
| 3.2.1 Promover la revisión de marcos jurídicos y normativos de las entidades federativas, mediante la adopción de herramientas técnicas y criterios especializados en materia de igualdad y no discriminación en los ejercicios de armonización legislativa. |
| 3.2.2 Establecer y coordinar un mecanismo de monitoreo interinstitucional de las recomendaciones emitidas por el Comité de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de Naciones Unidas. |
| 3.2.3 Compilar los principales estándares internacionales, sobre la no discriminación, aplicables a grupos históricamente discriminados, a través de documentos de difusión. |
| 3.2.4 Monitorear la adecuación de las normas locales a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, con énfasis en igualdad y no discriminación, a través de un mecanismo interno de seguimiento y análisis legislativo. |
Con el propósito de monitorear el cumplimiento de las acciones establecidas en cada uno de los tres Objetivos Prioritarios del Programa Institucional, se han definido cuatro indicadores. A continuación, se presentan las fichas técnicas de cada indicador.
Indicador 1.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Tasa de asuntos atendidos por presuntos actos de discriminación.
|
| Objetivo
| Objetivo 1. Garantizar el ejercicio del derecho a la igualdad y no discriminación de toda persona en territorio nacional. |
| Definición o
descripción
| Mide el porcentaje de asuntos atendidos a través de la orientación, mediación, acuerdos de conclusión y resoluciones por disposición, en
relación con los asuntos pendientes del año anterior y los recibidas en el año.
|
| Derecho asociado
| Derecho a la no discriminación
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la información
| Enero del año posterior al año de medición
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de los
datos
| Enero a diciembre
|
| Tendencia
esperada
| Ascendente
| Unidad responsable de reportar el
avance
| Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Dirección General Adjunta de Quejas
|
| Método de cálculo
| donde:
TAA= Tasa de atención de asuntos por presuntos actos de discriminación.
NAA t = Número de asuntos atendidos en el año a través de la orientación, mediación, acuerdos de conclusión y resoluciones por
disposición
NAP t-1 = Número de asuntos pendientes del año anterior.
NAR t = Número de asuntos recibidos en el año.
t = Año de referencia.
|
| Observaciones
| |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Número de asuntos
atendidos en el año a
través de la orientación,
mediación, acuerdos de
conclusión y
resoluciones por
disposición
| Valor
variable 1
| 8 360
| Fuente de
información
variable 1
| Registros Administrativos de la
Dirección General Adjunta de
Quejas.
|
| Nombre variable 2
| Número de asuntos
pendientes del año
anterior.
| Valor
variable 2
| 948
| Fuente de
información
variable 2
| Registros Administrativos de la
Dirección General Adjunta de
Quejas.
|
| Nombre variable 3
| Número de asuntos
recibidos en el año.
| Valor
variable ...
| 8 359
| Fuente de
información
variable ...
| Registros Administrativos de la
Dirección General Adjunta de
Quejas.
|
| Sustitución en
método de cálculo
| |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 89.8
| |
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 95.5
| |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| 89.8
|
| METAS
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 90
| 91.5
| 93
| 94.5
| 95
| 95.5
|
Indicador 2.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Porcentaje de instituciones públicas capacitadas en igualdad, no discriminación y atención con enfoque diferenciado
|
| Objetivo
| Objetivo 2. Desmantelar prácticas discriminatorias en autoridades, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos. |
| Definición o
descripción
| Mide el porcentaje acumulado de las instituciones públicas que han completado la capacitación de al menos tres cursos en materia de
principios fundamentales de igualdad y no discriminación, así como en la atención con enfoque diferenciado, con el propósito de que
dichos principios se integren de manera efectiva en su desempeño y en su actuación cotidiana.
|
| Derecho asociado
| Derecho a la no discriminación
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o
periódico
| Acumulado
| Disponibilidad de la información
| Enero del año posterior al año de medición
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de los datos
| Enero a diciembre
|
| Tendencia
esperada
| Ascendente
| Unidad responsable de reportar el
avance
| Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Coordinación de Vinculación, Cultura y Educación
|
| Método de cálculo
| donde:
PIPCP t= Porcentaje acumulado de instituciones públicas capacitadas en igualdad, no discriminación y atención con enfoque
diferenciado hasta el año t.
NIPC acum t= Número acumulado de instituciones que han completado al menos tres cursos hasta el año t.
120 = Total de instituciones públicas programas a capacitar en el periodo de 6 años.
t = Año de referencia.
|
| Observaciones
| |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Número acumulado de
instituciones que han
completado al menos
tres cursos hasta el año
t.
| Valor
variable 1
| 0
| Fuente de
información
variable 1
| Registros Administrativos de la
Coordinación de Vinculación,
Cultura y Educación
|
| Nombre variable 2
| Total de instituciones
públicas programas a
capacitar en el periodo
de 6 años
| Valor
variable 2
| 120
| Fuente de
información
variable 2
| Registros Administrativos de la
Coordinación de Vinculación,
Cultura y Educación
|
| Sustitución en
método de cálculo
| |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 0-
| Dado que es un indicador de nueva creación la línea base parte de 0
|
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 100
| Se contempla capacitar a 120 instituciones de la Administración Pública Federal.
|
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
|
| METAS
Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 12.5
| 30
| 47.5
| 65
| 82.5
| 100
|
Indicador 2.2
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Porcentaje de reducción de casos de discriminación relacionados con personas con discapacidad en la prestación de servicios públicos
|
| Objetivo
| Objetivo 2. Desmantelar prácticas discriminatorias en autoridades, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos. |
| Definición o
descripción
| Medir el cambio porcentual anual en el número de casos de discriminación relacionados con personas con discapacidad en la prestación
de servicios públicos. Su objetivo es evaluar el impacto de las acciones implementadas por CONAPRED, a partir de la aplicación del
"Protocolo para la prestación de servicios sin discriminación a personas con discapacidad, desde el enfoque diferenciado". Este
indicador permite monitorear la efectividad de las estrategias y los protocolos implementados para garantizar la igualdad y prevenir actos
discriminatorios en el ámbito del servicio público, reflejando las variaciones proporcionales de casos nuevos registrados cada año en
relación con el año inmediato anterior.
|
| Derecho asociado
| Derecho a la no discriminación
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la información
| Enero del año posterior al año de medición
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de los datos
| Enero a diciembre
|
| Tendencia
esperada
| Constante
| Unidad responsable de reportar el
avance
| Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Dirección General Adjunta de Quejas
|
| Método de cálculo
| donde:
PRCD t= Porcentaje de reducción acumulada de casos de discriminación hacia personas con discapacidad en la prestación de servicios
públicos en el año t.
TCD t-1= Total acumulado de casos de discriminación hacia personas con discapacidad en la prestación de servicios públicos registrados
en el año t-1.
TCDt = Total de casos de discriminación hacia personas con discapacidad en la prestación de servicios públicos registrados durante el
año t.
t = Año de referencia.
|
| Observaciones
| Interpretación de resultados: Un valor positivo del indicador indica que los casos nuevos registrados en el año t representan una proporción menor respecto al total acumulado hasta el año anterior. Este resultado sugiere una reducción proporcional en la ocurrencia de actos de discriminación en el ámbito del servicio público hacia personas con discapacidad. Tal disminución puede asociarse a mejoras progresivas en la implementación del protocolo, así como a una mayor sensibilización institucional y al fortalecimiento de prácticas de atención con enfoque inclusivo y diferenciado. Un valor negativo, por el contrario, refleja que los casos nuevos superan proporcionalmente al acumulado previo, lo que puede interpretarse como un incremento relativo en la incidencia o visibilidad de actos discriminatorios. Este comportamiento puede tener múltiples interpretaciones: · Por una parte, podría evidenciar la persistencia o intensificación de prácticas discriminatorias por parte de personas servidoras públicas federales. · No obstante, también es posible que dicho incremento derive de un mayor nivel de reconocimiento, visibilidad y denuncia de conductas discriminatorias por parte de las personas con discapacidad. Este fenómeno puede ser consecuencia de una difusión más amplia del protocolo, una mejor accesibilidad a los mecanismos de denuncia, o bien una mayor confianza en las instituciones encargadas de atender estas situaciones. Finalmente, un valor cercano a cero indica que no se observan variaciones significativas entre los casos nuevos registrados en el año t y el acumulado anterior, lo que podría interpretarse como un estancamiento en los esfuerzos de reducción, o bien como una estabilidad en los patrones de registro, dependiendo del contexto institucional y social en que se analice. |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Total acumulado de
casos de discriminación
hacia personas con
discapacidad en la
prestación de servicios
públicos registrados
hasta el año t-1
| Valor
variable 1
| -
| Fuente de
información
variable 1
| Base de datos institucional del
CONAPRED, derivada de las
denuncias registradas y
clasificadas por sector.
|
| Nombre variable 2
| Total de casos de
discriminación hacia
personas con
discapacidad en la
prestación de servicios
públicos registrados
durante el año t
| Valor
variable 2
| -
| Fuente de
información
variable 2
| Base de datos institucional del
CONAPRED, derivada de las
denuncias registradas y
clasificadas por sector.
|
| Sustitución en
método de cálculo
| |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 0
| Dado que el protocolo para la prestación de servicios sin discriminación a personas con discapacidad será publicado hacia el cierre del año 2025, este año será el punto de partida para el seguimiento del presente indicador. |
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 7
| La meta es reducir los casos nuevos en 7% cada año respecto al año anterior, para un
total acumulado de 35 % menos casos a partir de la implementación del protocolo
|
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 7
| 7
| 7
| 7
| 7
|
Indicador 3.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Porcentaje de cobertura territorial de acciones institucionales en igualdad y no discriminación
|
| Objetivo
| Objetivo 3. Impulsar la territorialización de políticas públicas en los tres órdenes de gobierno, así como la armonización del marco legislativo nacional con el principio de igualdad y no discriminación, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. |
| Definición o
descripción
| Mide el porcentaje de entidades federativas en las que se han implementado al menos tres acciones institucionales orientadas a
promover la igualdad, prevenir la discriminación y fomentar la atención con enfoque diferenciado. Estas acciones pueden incluir
actividades de difusión, asesoría técnica, acompañamiento, formación, entre otras, realizadas en coordinación con actores locales.
|
| Derecho asociado
| Derecho a la no discriminación
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Anual
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| Acumulado o
periódico
| Acumulado
| Disponibilidad de la información
| Enero del año posterior al año de medición
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| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de los datos
| Enero a diciembre
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| Tendencia
esperada
| Ascendente
| Unidad responsable de reportar el
avance
| Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Coordinación de Vinculación, Cultura y Educación
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| Método de cálculo
| donde:
PCT t= Porcentaje de cobertura territorial de acciones institucionales en igualdad y no discriminación hasta el año t.
NIPC acum t= Número acumulado de entidades federativas que han registrado al menos tres acciones institucionales verificables hasta
el año t.
32 = Total de entidades federativas.
t = Año de referencia.
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| Observaciones
| Se consideran acciones válidas: asesoría técnica, acompañamiento institucional, acciones de difusión, sensibilización y capacitación, u otras intervenciones institucionales vinculadas a igualdad, no discriminación o enfoque diferenciado |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
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| Nombre variable 1
| Número acumulado de
entidades federativas
que han registrado al
menos dos acciones
institucionales
verificables hasta el año
t.
| Valor
variable 1
| 0-
| Fuente de
información
variable 1
| Registros Administrativos de la
Coordinación de Vinculación,
Cultura y Educación
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| Nombre variable 2
| Total de entidades
federativas
| Valor
variable 2
| 32
| Fuente de
información
variable 2
| Registros Administrativos de la
Coordinación de Vinculación,
Cultura y Educación
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| Sustitución en
método de cálculo
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| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
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| Línea base
| Nota sobre la línea base
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| Valor
| 0
| Dado que es un indicador de nueva creación la línea base parte de 0
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| Año
| 2024
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| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
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| 100
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| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
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| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
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| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
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| METAS
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| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
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| 25
| 43.8
| 53.1
| 71.9
| 90.6
| 100
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El suscrito Lcdo. Tonatiuh Flores Camarillo, Director de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con fundamento en los artículos 51 fracciones VI, VIII, XII y XIV y 55 fracciones II, XIII, XXVIII y XXXII del Estatuto Orgánico de Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, así como en las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, hace constar que el presente documento de 42 hojas útiles fue aprobado por la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en su Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 4 de diciembre de 2025 con el Acuerdo JG-02ETX/03/02-12-2025.- Ciudad de México a los 23 días del mes de diciembre de 2025.- Titular de Asuntos Jurídicos, Tonatiuh Flores Camarillo.- Rúbrica.
1 Este documento se basa en los datos oficiales más recientes disponibles, que pueden presentar desfases temporales y su diagnóstico no desconoce los avances recientes, sino que sirve como base para orientar objetivos y acciones de gobierno con una visión de mediano plazo.
