PROGRAMA Sectorial de Bienestar 2025-2030.
PROGRAMA SECTORIAL DE BIENESTAR 2025-2030
1. Índice
1. Índice
2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa
3. Siglas y acrónimos
4. Preámbulo
Introducción
La continuidad de una transformación pacífica
El Humanismo Mexicano como nuevo paradigma
Primero los pobres: la máxima del Humanismo Mexicano
Un nuevo pacto social entre el pueblo y el Estado
El impacto social de los Programas para el Bienestar
Hacia el Segundo Piso de la Cuarta Transformación: continuidad con profundidad
Fundamento normativo
5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
Protección social en todas las etapas de la vida
Las niñas y los niños son el presente de México
Que coman los que nos dan de comer
El rostro de un gobierno cercano al pueblo
Hacia un sistema universal de salud
Progreso sin justicia es retroceso
Visión 2030: un México más justo, fraterno y digno
6. Objetivos
6.1 Relevancia del objetivo 1: Reducir la vulnerabilidad de las personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres de 60 a 64 años, garantizando una vida digna, autónoma y con acceso a los derechos sociales.
6.2 Relevancia del objetivo 2: Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situaciones vulnerables al brindarles acceso a cuidados y educación, promoviendo la igualdad de oportunidades.
6.3 Relevancia del objetivo 3. Contribuir a disminuir la pobreza rural en México.
6.4 Relevancia del objetivo 4: Mitigar la situación de vulnerabilidad de las personas mexicanas y extranjeras, que se localicen en el territorio nacional y se encuentren afectadas por una emergencia provocada por un fenómeno social o natural que vulnere su bienestar y sus derechos sociales.
6.5 Relevancia del objetivo 5: Asegurar el acceso universal y equitativo a servicios de salud gratuitos, enfocadas en prevenir y atender enfermedades, priorizando a personas adultas mayores y personas con discapacidad.
6.6 Relevancia del objetivo 6: Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios.
6.7 Vinculación de los objetivos del Programa Sectorial de Bienestar 2025-2030
7. Estrategias y líneas de acción
8. Indicadores y metas
9. Anexo gráfico
2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa
La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio respectivo.
3. Siglas y acrónimos
CONAPO: Consejo Nacional de Población.
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ENADID: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica.
ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.
ENSAEM: Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México.
ESS: Economía Social y Solidaria.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
LESS: Ley de Economía Social y Solidaria.
LGDS: Ley General de Desarrollo Social.
PIB: Producto Interno Bruto.
PND: Plan Nacional de Desarrollo.
PSB: Programa Sectorial de Bienestar. PABNYNHMT: Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.
PBPAM: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. PBPCD: Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. PBPESN: Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural. PMB: Pensión Mujeres Bienestar.
El PND 2025-2030 es la guía estratégica que orienta los objetivos y acciones del Gobierno de México en los próximos años. Estos objetivos buscan consolidar la transformación del país mediante un modelo de desarrollo con bienestar, justicia social y sustentabilidad. A través de este Plan, enriquecido con el diálogo y la consulta popular, se refrenda el compromiso del Gobierno de México con el pueblo: gobernar con honestidad, eficiencia, democracia y con una profunda visión humanista.
El Proyecto de Nación que inspira el PND 2025-2030 tiene raíces profundas en la historia de México y en los anhelos del pueblo por construir un país para todas y todos. Este proyecto defiende la dignidad nacional, la soberanía y el derecho de México a ser un pueblo libre. El eje rector del Gobierno de la Transformación es el Humanismo Mexicano, que en esencia proclama: "Por el bien de todos, primero los pobres". Este principio orienta el camino hacia la fraternidad universal, la igualdad de oportunidades y la construcción de una prosperidad compartida.
En este marco, la Secretaría de Bienestar presenta el PSB 2025-2030, con pleno apego a los principios consagrados en la CPEUM, sus reformas recientes, los objetivos del PND 2025-2030 y los compromisos del Estado mexicano en materia de derechos humanos a nivel internacional. Este Programa consolida la Política de Bienestar como un pilar del nuevo modelo de desarrollo y como garantía del acceso a derechos para quienes históricamente han sido excluidos.
La Política de Bienestar está centrada en las personas como sujetos de derecho y se orienta a construir las bases de un verdadero Estado de bienestar. Con ello, el Gobierno de México responde al mandato popular de avanzar hacia una sociedad más justa, solidaria e igualitaria. Nuestro compromiso es generar las condiciones necesarias para asegurar el acceso universal al bienestar, particularmente de los grupos sociales que han sido sistemática e históricamente discriminados y marginados: personas adultas mayores, niñas, niños, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, personas afromexicanas, campesinas y campesinos, personas migrantes, entre otros.
A través de este Programa, el Sector de Bienestar continuará articulando acciones bajo un enfoque de universalismo garantista, donde el Estado asegure progresivamente el ejercicio efectivo de los derechos sociales, sin discriminación alguna. Se promoverán mecanismos con enfoque de derechos humanos que hagan estos derechos no solo reconocibles, sino también ejecutables y exigibles.
Así, el PSB reafirma la vocación transformadora del Gobierno de México y su compromiso irrenunciable con los principios de justicia social, equidad y dignidad. Es un paso más en la construcción de un país donde nadie se quede atrás, y nadie se quede fuera.
La continuidad de una transformación pacífica La Cuarta Transformación es una revolución pacífica y democrática que recuperó la vocación ética y social del Estado mexicano. Desde diciembre de 2018 comenzó un proceso de construcción de un nuevo pacto entre el pueblo y sus instituciones. En ese camino, la Política de Bienestar se consolidó como el eje rector del modelo de desarrollo nacional, reconociendo que el verdadero progreso no prioriza las cifras macroeconómicas, sino la dignidad y la felicidad de las personas.
Este proceso de regeneración nacional responde a una Revolución de las Conciencias que implica un cambio en la mentalidad individual y colectiva del pueblo. La revolución no se refleja únicamente en la transformación institucional, sino que también es palpable en el pensamiento y actuar de las personas al recuperar valores como la honestidad, la justicia social, la fraternidad, el respeto por los derechos y la solidaridad comunitaria.
Aunque se trata de una transformación pacífica, es profunda, pues la lógica individualista impuesta por el neoliberalismo ha sido remplazada por el interés colectivo centrado en el bienestar, en la dignidad humana y en el compromiso con las causas sociales. La Revolución de las Conciencias es el despertar del pueblo y la materialización de la lucha que ha mantenido por generaciones para construir una sociedad más justa, igualitaria y fraterna desde la raíz cultural y ética, no solo desde las estructuras económicas o políticas.
El PND 2019-2024 sentó las bases de esta transformación al colocar el bienestar de la población como el objetivo superior del interés público. A diferencia del pasado, en el que la política social se subordinó a intereses tecnocráticos o se reducía a programas focalizados y condicionados, el nuevo paradigma reconoce a las personas como sujetos de derechos y no como objetos de beneficencia. Así nació una nueva forma de hacer gobierno, con principios como la universalidad, la justicia social y la no discriminación, que devolvieron al Estado su papel esencial: garantizar el acceso efectivo a todos los derechos.
A seis años de aquel punto de partida, y con la confianza renovada del pueblo, el gobierno de la primera Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, comienza una nueva etapa en la vida pública de nuestro país. La llegada del Segundo Piso de la Cuarta Transformación reafirma la voluntad del pueblo de continuar y profundizar el Proyecto de Nación con una visión a largo plazo que busca alcanzar una prosperidad compartida para que el bienestar llegue a cada rincón del país. En este contexto, el PSB 2025-2030 refrenda la centralidad de la Política de Bienestar como una política de Estado. No se trata solo de una estrategia sectorial, sino de una política integral que articula la acción pública en torno a un propósito común: colocar al Bienestar como prioridad del desarrollo, garantizar los derechos sociales y reconstruir el vínculo entre el pueblo y el Estado.
Por ello, la Política de Bienestar es el eje rector del PND 2025-2030, pues es la expresión más clara del mandato popular de no dejar a nadie atrás ni afuera, del compromiso con la justicia social y de la convicción de que un país verdaderamente libre y democrático solo puede construirse a partir del bienestar del pueblo.
El Humanismo Mexicano como nuevo paradigma El Humanismo Mexicano constituye el fundamento político, ético y cultural de la Cuarta Transformación. Parte de la premisa de que el ejercicio del poder solo es virtuoso cuando se pone al servicio de los demás, especialmente de quienes han vivido en condiciones de exclusión, desigualdad y abandono; se trata de una visión que articula pensamiento y acción, que retoma el legado profundo de nuestra historia política y cultural, y que se expresa bajo el principio de mandar obedeciendo. Gobernar, en esta visión, es escuchar, acompañar y construir con el pueblo. Como decía el presidente Juárez, "con el pueblo todo, sin el pueblo nada".
Este modelo reconoce la grandeza del pueblo mexicano y se inspira en las gestas que marcaron nuestra identidad: la Independencia y su lucha por la libertad, el llamado a romper con la tiranía que disfrazaba la prosperidad de unos pocos a costa del empobrecimiento de las mayorías, y la constante exigencia de que el poder sirva al pueblo, no a las élites. A partir de esta tradición, se forja una nueva manera de gobernar desde el territorio y con el pueblo, instaurando una verdadera democracia.
El Humanismo Mexicano rechaza la visión que evalúa el desarrollo del país únicamente con base en cifras macroeconómicas. En su lugar, plantea una política centrada en la equidad, la distribución del ingreso y el combate a la pobreza. Para alcanzar la prosperidad compartida, "Por el bien de todos, primero los pobres". Apostar por quienes menos tienen no solo es un acto de justicia social: es el camino más firme para reconstruir el tejido social y lograr una transformación profunda. La justicia, más que el crecimiento, es el nuevo parámetro del desarrollo, en donde la atención a las causas es primordial.
Este nuevo paradigma rompe con la lógica tecnocrática del pasado y pone en el centro lo cualitativo: la felicidad del pueblo como fin último del Estado. La política, entendida así, se hace con amor y no con odio. La esperanza se funda en el amor, en la fraternidad y en la solidaridad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y por eso, la corrupción debe combatirse no solo por eficiencia, sino por ética y por principios. Las y los gobernantes deben ser honrados y honestos, comprometidos con el bien común y no con intereses particulares.
La libertad es esencia de la democracia; por eso, está prohibido prohibir. El desarrollo y bienestar del pueblo solo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. México es un país soberano, independiente y democrático: su destino no puede dictarse desde afuera, ni desde los privilegios de unos cuantos. La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es también un principio irrenunciable: las mujeres tenemos derecho a decidir, a vivir sin violencia y a ocupar el lugar que nos corresponde en la vida pública.
En este marco, la Política de Bienestar adquiere un papel central. Más allá de programas y transferencias, se trata de una visión estructural del desarrollo, orientada a garantizar derechos y dignificar la vida. El sistema universal de pensiones para mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad; el respaldo a las comunidades rurales y campesinas; el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho; y las acciones de salud y cuidados desde el territorio son la base de esta transformación social guiada por la dignidad.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha continuado este camino con una propuesta clara: alcanzar la prosperidad compartida. Esto implica cerrar brechas, ampliar derechos y garantizar que los frutos del desarrollo lleguen a todas las regiones, a todos los hogares, y particularmente a quienes han sido históricamente marginados. La prosperidad compartida es un principio que impulsa la justicia distributiva a través de la equidad territorial y el bienestar con rostro humano.
Finalmente, el Humanismo Mexicano condena toda forma de discriminación. El clasismo, el racismo, el machismo y cualquier expresión de odio no tienen cabida en un país que busca sanar su historia de desigualdad y exclusión. En esta nueva etapa histórica, los que antes fueron olvidados ahora están en el centro del movimiento. La Cuarta Transformación es, en esencia, un acto de amor colectivo, una política guiada por el pueblo y para el pueblo, que reivindica nuestras raíces y construye un futuro más justo, libre e igualitario.
Primero los pobres: la máxima del Humanismo Mexicano El principio de "Primero los pobres" constituye el eje central sobre el cual se articula la Política de Bienestar. Esta frase es una convicción ética y un posicionamiento histórico frente a la desigualdad estructural que ha caracterizado la realidad del país y que se agudizó a partir de la llegada del neoliberalismo. La pobreza en México no fue circunstancial ni accidental, sino consecuencia directa de decisiones políticas, económicas y sociales que privilegiaron a una minoría, excluyendo sistemáticamente a la mayoría del pueblo.
Este principio no solo guía las acciones del Gobierno de México para revertir esa realidad; también da vida al Humanismo Mexicano, una visión del Estado y de la vida pública. Así, se conecta directamente con las raíces más profundas de México: los pueblos originarios y afromexicanos. Estas comunidades representan la verdad más íntima de nuestro país, pues desde sus lenguas, saberes, formas de organización comunitaria y cosmovisión surge gran parte de nuestra riqueza cultural, histórica y ética nacional. Su legado se traduce en una organización comunitaria basada en el respeto a la vida, la solidaridad colectiva, la reciprocidad y el cuidado al medio ambiente.
El Proyecto de Nación que sustenta la Política de Bienestar se inspira precisamente en ese México profundo. No fue trazado desde el escritorio, sino forjado recorriendo el país, escuchando las voces del pueblo, recogiendo sus justas demandas y reconociendo la solidaridad que históricamente ha caracterizado a quienes menos tienen. Cada uno de los Programas de Bienestar, desde las pensiones hasta los apoyos productivos, ha nacido de los sentimientos del pueblo, del anhelo colectivo de justicia, y de la necesidad de construir un país más igualitario desde abajo y con la gente.
Durante siglos, estas comunidades fueron excluidas de las decisiones fundamentales del país y relegadas a condiciones de pobreza, marginación y despojo territorial. Esta exclusión significó no solo una violación sistemática de sus derechos, sino también un empobrecimiento colectivo al desaprovechar la riqueza cultural y ética que aportan. Por eso, poner en el centro del Proyecto de Nación a los que antes fueron olvidados es una reparación histórica y el comienzo para la recuperación de la sabiduría ancestral que emana de nuestro origen.
Por ello, la reforma reciente al artículo 2o. constitucional marca un hito histórico al reconocer por primera vez a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos plenos de derecho público, otorgándoles autonomía y capacidad jurídica para gestionar sus recursos, territorios y formas de vida. Esta reforma no es un acto simbólico, sino es una transformación estructural para que las comunidades asuman el control directo de los recursos públicos que les corresponden, decidan sobre su destino y sean actores fundamentales en el diseño e implementación de las políticas que impactan directamente sus vidas.
Así, el Estado mexicano transita del abandono a la restitución de derechos. La Política de Bienestar retoma este legado histórico para orientar sus acciones desde una perspectiva integral, territorial y culturalmente pertinente. Programas como Sembrando Vida, las pensiones universales, las becas para estudiantes de todos los niveles escolares, los apoyos a pequeños productores, los planes de justicia y las acciones de salud comunitaria buscan revertir la exclusión sistémica mediante una distribución directa y equitativa de los recursos. El objetivo es que los derechos sociales se vivan plenamente en los territorios, fortaleciendo así a las comunidades desde sus propias realidades y capacidades organizativas.
Asimismo, esta visión reconoce a los más vulnerables como derechohabientes, pero también como actores imprescindibles para construir una sociedad más democrática y justa. En la Cuarta Transformación, la máxima de "Primero los pobres" es la única vía efectiva para desterrar la desigualdad, pues allí radica la fuerza necesaria para lograr cambios estructurales profundos y sostenibles.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha fortalecido esta orientación al vincular directamente este principio con el objetivo estratégico de alcanzar una prosperidad compartida. Bajo este enfoque, el bienestar colectivo, la justicia distributiva y la equidad territorial solo pueden concretarse plenamente cuando se prioriza a quienes más lo necesitan. La Política de Bienestar, por lo tanto, fortalece derechos sociales y promueve paz social desde una perspectiva territorial, comunitaria y de justicia histórica.
De esta manera, "Primero los pobres" trasciende el ámbito de la política social para constituirse en la columna vertebral del Gobierno de México. Es una visión integral del Estado que entiende claramente que construir una sociedad justa, democrática y fraterna implica comenzar allí donde la desigualdad y la exclusión han dañado más. Esta perspectiva reconoce explícitamente que el México profundo no es el pasado, sino el camino más seguro hacia un futuro en el que nadie se quede atrás ni afuera.
Un nuevo pacto social entre el pueblo y el Estado La Cuarta Transformación ha construido un nuevo pacto social entre el pueblo y el Estado, rescatando su esencia popular y recuperando su función social desde una perspectiva verdaderamente democrática. Este pacto implica una relación renovada, cimentada en la participación del pueblo, en el reconocimiento pleno de sus derechos y en la dignificación de la vida cotidiana de millones de personas. Es la evolución de un Estado al servicio del pueblo, donde la soberanía popular se materializa en una realidad tangible que orienta la vida pública.
Desde 2018, la recuperación de la función social del Estado ha implicado una transformación radical en la manera en que se ejercen los derechos sociales y en cómo se entienden las obligaciones públicas. Hoy, las y los ciudadanos son protagonistas directos en la toma de decisiones a través de mecanismos reales de participación, como las consultas populares, la organización comunitaria para la ejecución de los Programas de Bienestar y la gestión directa de recursos públicos. Este enfoque ha permitido que las políticas públicas sean territoriales y reflejen las necesidades concretas de las comunidades, fortaleciendo así el tejido social y la cohesión comunitaria.
Entre las grandes conquistas del pueblo durante la Cuarta Transformación se destacan avances fundamentales como la universalización y la constitucionalización de derechos sociales clave, tales como la PBPAM, la PBPCD, y la ampliación sustantiva de derechos laborales y educativos. Estas políticas significan un cambio verdadero en la vida diaria de millones de personas, pues son la prueba fehaciente del cambio en la relación entre el Estado y la ciudadanía al otorgar certidumbre y justicia social a quienes históricamente fueron olvidados.
La dignidad recuperada por estas conquistas sociales no es menor, pues son parte de una Revolución de las Conciencias en la que el pueblo se asume como sujeto activo en la construcción cotidiana del bienestar. Las acciones de gobierno, al estar enfocadas en atender demandas largamente postergadas, han generado una renovación de la confianza social en las instituciones. Al transformar desde abajo, desde las comunidades y desde las regiones históricamente marginadas, el Estado ha logrado revertir la desesperanza institucional acumulada durante décadas y comenzar a sanar las heridas causadas por el abandono sistemático.
Así, esta nueva relación entre el pueblo y el Estado, fundamentada en la justicia social y en la participación popular, redefine no solo el papel del Estado, sino también el sentido mismo de la democracia mexicana. Ahora, la democracia no se reduce a lo electoral, sino que se vive cotidianamente en una sociedad donde prevalece el respeto absoluto por los derechos y la dignidad humana. Este nuevo pacto social, construido con el fundamento filosófico y ético del Humanismo Mexicano, representa la base sólida para una convivencia nacional basada en el respeto, la confianza mutua y el compromiso con la prosperidad compartida.
El impacto social de los Programas para el Bienestar Las Pensiones y Programas de Bienestar son el corazón del movimiento de la Cuarta Transformación y la materialización directa de los sentimientos y demandas del pueblo recogidas en territorio. Se basan en la confianza en el pueblo y en su capacidad para decidir sobre el uso de los recursos, sin condiciones ni tutelajes.
Esta política tiene como fundamento que el bienestar es un derecho y no un privilegio. Los Programas de Bienestar financiados mediante una administración austera y sin corrupción devuelven los recursos al pueblo, reconociendo que son suyos por derecho propio. Este enfoque rompe con la vieja lógica asistencialista para dar paso a una justicia cotidiana que llega directamente hasta la puerta de cada casa mediante las y los Servidores de la Nación. Se trata de un gobierno ambulante, no de escritorio, que conoce el territorio y que está presente en la cotidianidad.
El impacto de los Programas de Bienestar trasciende los efectos de una política social basada en transferencias no condicionadas. Los resultados son claros: según el INEGI, entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza. Esta transformación sin precedentes demuestra que cada apoyo al bienestar de una persona no solo mejora la vida de quien lo recibe, sino que también fortalece a su familia, reconstruye el tejido social de su comunidad y dinamiza el mercado interno.
En ese sentido, el Sistema Universal de Pensiones instaurado en la Cuarta Transformación es una política única en el mundo, la cual busca atender y acompañar a los derechohabientes en cada etapa de la vida. Con respecto a las personas adultas mayores, las mujeres y las personas con discapacidad, el sistema de pensiones les permite una autonomía económica para vivir con bienestar y dignidad sin comprometer su cuidado personal a la voluntad de terceros. Además, es un reconocimiento a sus aportaciones, a su trabajo no remunerado y a su participación activa en la sociedad. En concreto, es visibilizar a los que antes fueron ignorados.
Por otro lado, el programa Sembrando Vida promueve la regeneración ambiental y la economía local, generando empleos dignos en comunidades rurales para recuperar la esperanza y la vitalidad del campo. Este Programa es el resultado de que la confianza en las capacidades comunitarias es la vía para lograr un desarrollo sostenible y sustentable, empezando en el territorio.
Otros apoyos como el PBPESN y el PABNYNHMT responden directamente a causas estructurales y eventuales que afectan a los más vulnerables. Por ende, la Política de Bienestar mantiene su objetivo de favorecer a los más desfavorecidos, a la vez de que aumenta sus programas y pensiones en cantidad, pero también en calidad.
La diferencia fundamental entre un apoyo social y una pensión radica en su permanencia: mientras un apoyo puede ser temporal, una pensión representa un derecho permanente que acompaña a las personas durante una etapa específica de su vida. Este principio reafirma la visión del bienestar como una política integral, que no solo atiende emergencias, sino que construye seguridad y justicia a largo plazo. La Política de Bienestar ha sido diseñada para acompañar a las personas desde la niñez hasta la vejez, garantizando protección, autonomía y dignidad en cada etapa. Así, el Estado no interviene de forma esporádica, sino que permanece como presencia constante, cercana y comprometida con la vida cotidiana del pueblo.
De este modo, cada transferencia individual se convierte en un catalizador social que promueve la autonomía con dignidad, multiplicando sus efectos y consolidando una transformación pacífica y duradera. El cambio con continuidad que ofrece la Cuarta Transformación asegura que el bienestar colectivo no sea temporal, sino un derecho garantizado a lo largo de toda la vida.
Hacia el Segundo Piso de la Cuarta Transformación: continuidad con profundidad El Segundo Piso de la Cuarta Transformación representa una etapa de madurez institucional para consolidar y ampliar los alcances de la Política de Bienestar. Esta nueva etapa se construye sobre lo logrado, pero introduce cambios sustantivos que reflejan el aprendizaje recogido desde el territorio y el mandato del pueblo de seguir con la transformación del país. Además de ampliar la cobertura, se busca alcanzar mayor calidad, cercanía y la integralidad de los derechos sociales que el Estado debe garantizar.
En esta fase, el enfoque de ciclo de vida se fortalece con una visión más articulada entre programas, reconociendo que cada persona tiene derecho a una vida digna desde el nacimiento hasta la vejez. La política social deja de fragmentarse en medidas aisladas y se convierte en una red que acompaña, cuida y protege, con una estructura basada en el respeto, la autonomía y la equidad.
La nueva PMB expresa esta visión al reconocer la desigualdad que enfrentan millones de mujeres que, por razones de género, históricamente fueron excluidas del sistema de seguridad social. Este programa no solo repara una deuda estructural, sino que afirma que el trabajo de cuidado, antes invisibilizado, también tiene valor social y merece protección.
Por su parte, el nuevo programa Salud Casa por Casa representa una forma distinta de entender el derecho a la salud: como una responsabilidad del Estado que no espera en un consultorio, sino que camina, pregunta y acompaña. Este modelo traslada el sistema de salud al hogar de quienes más lo necesitan y se enfoca en la prevención, seguimiento y trato digno como parte de un nuevo estándar público de atención.
Ambos programas son ejemplos de una política pública que no solo distribuye recursos, sino que transforma realidades. Son manifestaciones concretas del Humanismo Mexicano, que entiende el bienestar como una práctica cotidiana de justicia y reconocimiento. Las nuevas políticas incorporan aprendizajes obtenidos directamente del pueblo, de sus asambleas, de los censos en campo, del trabajo diario de las Servidoras y Servidores de la Nación. Esa escucha activa es la fuente viva del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.
Esta continuidad con cambio profundo demuestra que gobernar con el pueblo es traducir sus demandas en políticas públicas que surgen del territorio, fortalecer lo construido y abrir nuevas rutas hacia la universalización de derechos. Esta etapa no representa una simple prolongación del camino recorrido, sino la consolidación de un modelo que acompaña, cuida y transforma desde la raíz. En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, el bienestar es el eje concreto y permanente del nuevo pacto entre el pueblo y su gobierno. Así se construye un país más justo y digno, con rumbo firme hacia la prosperidad compartida.
Conforme a lo establecido en la CPEUM, el Estado debe conducir el desarrollo nacional de forma democrática y equitativa, garantizando la soberanía nacional mediante el Sistema de Planeación Democrática (artículo 26), que recoge las demandas del pueblo y permite su participación en la definición de los objetivos y prioridades de la acción pública. Este principio orienta la acción del Gobierno de México en favor del interés general y de los sectores históricamente excluidos, a través de la Política de Bienestar.
En este contexto, PSB 2025-2030 da cumplimiento al mandato popular expresado en las urnas en 2018 y en 2024, que dio inicio a la transformación de las instituciones públicas para ponerlas al servicio del pueblo. Esta transformación pacífica se sustenta en un nuevo paradigma de desarrollo, guiado por el Humanismo Mexicano, que concibe al Estado como garante de los derechos sociales y de la dignidad de las personas. Por lo tanto, la planeación democrática pasa de ser un instrumento normativo a una expresión de la voluntad colectiva de construir un país más justo, igualitario y fraterno.
De esta manera, el PSB 2025-2030 da cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Planeación, particularmente en sus artículos 16 fracción III y del 21 al 23, y tiene por objeto traducir en acciones concretas los objetivos del PND 2025-2030, fortaleciendo las bases de un Estado social, justo y solidario. La Secretaría de Bienestar, como dependencia coordinadora del sector, formula este Programa incluyendo la definición de estrategias, líneas de acción e indicadores que aseguren la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del Programa con el compromiso de no dejar a nadie atrás ni afuera.
El objetivo del Programa es contribuir al cumplimiento de los derechos sociales reconocidos en la CPEUM -como el derecho a la educación (artículo 3o.), a la salud (artículo 4o.), a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad (artículo 4o.), a una vivienda digna y decorosa (artículo 4o.), al trabajo digno y socialmente útil (artículo 123), y a la participación en los beneficios del desarrollo nacional (artículo 25)-, que constituyen el núcleo del Estado de Bienestar que ha consolidado el Gobierno de México. A estos derechos, se suma la reciente reforma al artículo 2o. constitucional, que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, lo que implica que se garantiza su derecho a decidir sobre sus propios destinos.
Asimismo, las reformas a los artículos 4o. y 27 de la CPEUM aseguran la continuidad y progresividad de la Política de Bienestar. El artículo 4o. eleva a rango constitucional la PBPAM, la PBPCD, y el acceso a becas para estudiantes. Por su parte, el artículo 27 fortalece los apoyos dirigidos a los campesinos y pequeños productores.
En su artículo 6, la LGDS establece los derechos sociales que deben ser garantizados por el Estado: alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; salud; educación; vivienda digna; medio ambiente sano; trabajo digno y seguridad social. Además, conforme a su artículo 14, la Política de Bienestar tiene como eje la superación de la pobreza, el fomento al empleo, la cohesión social y el fortalecimiento del sector social de la economía, en línea con el principio de que "Por el bien de todos, primero los pobres".
El objetivo superior del PSB 2025-2030 es contribuir al bienestar general de la población, priorizando a quienes han sido históricamente excluidos, y promoviendo un enfoque transversal de derechos sociales, equidad de género, inclusión, justicia territorial, desarrollo sostenible y reconocimiento a la diversidad cultural del país. Con ello, el Gobierno de México, a través del sector, refrenda su compromiso de consolidar un Estado de Bienestar, donde los derechos no dependan de las coyunturas políticas, sino que se garanticen por mandato constitucional y por convicción ética en favor del pueblo.
5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo El PND 2019-2024 representó un parteaguas en la historia reciente de México, pues implica la ruptura con el modelo neoliberal que rigió la vida pública por más de tres décadas, y que dejó como saldo un país desigual, dolido y fracturado. Este Plan recoge el sentir de millones de mexicanas y mexicanos que clamaban por justicia, por un gobierno que escuchara y actuara, por una transformación de fondo.
Durante años, el Estado mexicano se replegó de sus responsabilidades sociales. Se asumió la falsa idea de que el mercado, por sí solo, podría generar bienestar. Al implementar un modelo que reducía al mínimo la responsabilidad del sector público, se privatizaron derechos como la salud, la seguridad social, educación y vivienda, se debilitó el tejido social y se desmantelaron instituciones públicas fundamentales. La pobreza se naturalizó, la desigualdad se profundizó y la corrupción se convirtió en norma. En ese contexto, el PND 2019-2024 vino a poner un alto y a abrir un nuevo camino.
Este Plan partía de una visión de Estado distinta: el gobierno no es un administrador de intereses privados, sino el principal garante de los derechos del pueblo. En vez de acumular riqueza en unas cuantas manos, se propuso construir un país más justo y equitativo. Por ello, el PND 2019-2024 planteó el cambio del modelo de desarrollo desde sus cimientos, sustituyendo la lógica del crecimiento económico por la del bienestar como fin último, pues progreso sin justicia es retroceso.
Desde esta perspectiva, el Plan reconoce que la pobreza, la marginación y la desigualdad no son problemas inevitables ni derivados de la falta de esfuerzo individual, sino consecuencias directas de decisiones políticas y económicas que favorecieron a una minoría. Por eso, el nuevo Proyecto de Nación colocó en el centro de su estrategia al pueblo, especialmente a quienes históricamente fueron olvidados: los pobres, las comunidades indígenas y afromexicanas, las personas mayores, las personas con discapacidad, las niñas, niños y jóvenes, los campesinos, los pequeños productores.
El eje de Bienestar en el PND 2019-2024 ha sido el corazón de la transformación. A través de programas universales y no condicionados, se busca garantizar derechos y cerrar brechas históricas. Ya no se trata de dádivas ni asistencialismo: se trata de restituir lo que les fue arrebatado a millones de personas durante décadas de abandono institucional. La Política de Bienestar ya no se concibe como paliativo, sino como palanca para el desarrollo integral de las personas y sus comunidades.
Además, este Plan revalorizó el papel del Estado como actor estratégico en la economía y en la protección social. Recupera el principio de que donde hay necesidad, debe estar el gobierno. La Política de Bienestar, bajo esta lógica, no se limita a entregar apoyos, sino que busca fortalecer la dignidad, la autonomía y las capacidades de las personas para que nadie se quede atrás y nadie se quede fuera.
La apuesta por un nuevo modelo de desarrollo también implicó una nueva ética pública: la austeridad republicana, el combate frontal a la corrupción y la rendición de cuentas son pilares fundamentales. El derroche y el privilegio quedaron atrás. Hoy se gobierna con el ejemplo, desde el territorio, cerca de la gente.
En suma, la Cuarta Transformación representa una ruptura necesaria con el pasado y una apuesta por un nuevo horizonte de país. Un país donde el bienestar no sea un privilegio, sino un derecho; donde el Estado esté al servicio del pueblo, y donde la transformación no sea una promesa, sino una realidad en marcha. Desde el sector Bienestar, este compromiso se vive todos los días, en cada comunidad, en cada hogar, en cada persona que vuelve a confiar en el futuro.
La Política de Bienestar surgió como respuesta urgente a una realidad marcada por la desigualdad estructural, el desmantelamiento del Estado y la normalización de la pobreza como una condición permanente para millones de mexicanas y mexicanos. Así, se vino a
cambiar un modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico sin bienestar, en el mercado sin justicia y en la exclusión como norma, para transitar hacia un modelo que pone en el centro a las personas, y el acceso efectivo a sus derechos.
A lo largo del periodo neoliberal -de 1982 a 2018- se impuso una política económica que favoreció la concentración de la riqueza y el debilitamiento de las capacidades públicas. El país creció de manera desigual, al tiempo que la pobreza se volvió una constante estructural.
Durante las décadas que el modelo neoliberal dominó la vida pública de México sostuvo que el crecimiento económico, por sí solo, traería bienestar para todas y todos. Sin embargo, los resultados fueron otros. Se debilitó al Estado, se marginó al pueblo, y se profundizaron las desigualdades sociales. La política social fue utilizada más como paliativo que como herramienta de transformación. Se asistía, pero no se emancipaba; se condicionaba, pero no se reconocían derechos.
En este periodo, el país fue conducido por un modelo económico que privilegió la liberalización del mercado, la desregulación del trabajo y la reducción del papel del Estado. Bajo la lógica neoliberal, se prometió que el crecimiento macroeconómico se traduciría, por sí solo, en bienestar para todas y todos. Sin embargo, la historia mostró otra cara: la concentración del ingreso, el deterioro del salario y el abandono de los sectores más vulnerables. La pobreza, en vez de disminuir estructuralmente, se volvió una condición persistente para millones de mexicanas y mexicanos.
Los datos históricos de las tasas de pobreza por ingreso permiten observar esta realidad con claridad. De acuerdo con el Banco Mundial, en 1989, el 9% de la población vivía con menos de 2.15 dólares diarios, una expresión de pobreza extrema intolerable en un país con enormes riquezas naturales y humanas. A este grupo se sumaba un 24% de personas que, aunque superaban ese umbral, subsistían con menos de 3.65 dólares al día. Más aún, más de la mitad de la población (54%) vivía con menos de 6.85 dólares al día, lo que habla de una pobreza más amplia y estructural que afectaba a la mayoría del país (ver gráfica 1 del anexo).(1)
Estos porcentajes representan millones de vidas marcadas por la carencia, la incertidumbre y la falta de futuro y, también, el fracaso de un modelo que apostó a la eficiencia del mercado como único organizador del desarrollo. Lo más revelador es que, tras más de una década de reformas estructurales -de privatizaciones, recortes y liberalización económica-, los niveles de pobreza se dispararon nuevamente durante los años noventa. En 1996, por ejemplo, el 14% vivía con menos de 2.15 dólares diarios, y el 60.4% con menos de 6.85 dólares. El modelo no solo no alivió la pobreza, en muchos casos, la profundizó.(2)
En contraste, el periodo reciente muestra una inflexión histórica impulsada por un nuevo paradigma. A partir de la Cuarta Transformación, el Estado recuperó su papel rector, no para suplantar al mercado, sino para corregir sus excesos y garantizar el bienestar como derecho. La Política de Bienestar -con sus transferencias directas, la universalización de derechos sociales y la atención prioritaria a los más pobres- demostró que una política con rostro humano es no solo posible, sino eficaz.
Los datos lo reflejan con claridad: la tasa de pobreza extrema bajó de 1.9% en 2018 a 1.2% en 2022. La pobreza moderada (menos de 3.65 dólares diarios) cayó del 7.8% al 4.7%, y la pobreza más amplia (menos de 6.85 dólares diarios) pasó del 28.8% al 21.8%.(3) Es decir, millones de personas salieron de condiciones de precariedad gracias a una política que, por primera vez en mucho tiempo, decidió empezar por los de abajo.
Este cambio de rumbo no es fortuito. Es el resultado de haber escuchado a las comunidades, de haber revalorizado la vida campesina, indígena y popular, y de haber entendido que no hay verdadero desarrollo si no se garantiza lo mínimo para una vida digna. Lo que los números muestran es que, cuando el Estado actúa con ética, compromiso social y visión de largo plazo, los resultados son tangibles. La pobreza deja de ser un destino y se convierte en una injusticia que puede y debe corregirse.
Uno de los logros más significativos de esta transformación es la reducción sostenida de la pobreza entre 2018 y 2024, pese a los efectos devastadores de la pandemia de COVID-19. De acuerdo con el CONEVAL, y tomando en cuenta la actualización metodológica implementada por el INEGI y el propio Consejo, la pobreza en México pasó de afectar al 41.9% de la población en 2018 a un 29.6% en 2024. Esto representa una disminución de 12.3 puntos porcentuales, equivalente a más de 13.4 millones de personas que dejaron de vivir en condiciones de pobreza.
Particularmente notable es lo ocurrido en el momento más crítico de la pandemia. En 2020, cuando se esperaba un aumento dramático de la pobreza debido a la contracción económica global, la pobreza extrema subió ligeramente (de 7.0% en 2018 a 8.5%), pero fue contenida por la expansión de programas universales. Dos años después, en 2022, esa misma pobreza extrema se redujo nuevamente a 7.1%, casi al mismo nivel que antes de la crisis sanitaria. Y, en los siguientes dos años, en un contexto de mayor normalidad, bajó a 5.3%.(4) Es decir, la Política de Bienestar actuó como un amortiguador eficaz ante el impacto económico, evitando que millones de familias cayeran en mayor precariedad.
Otro dato revelador es la caída de la pobreza moderada: de 34.9% en 2018 a 24.2% en 2024, lo que muestra un avance tangible en la mejora del ingreso y las condiciones de vida de amplios sectores populares. Esto fue posible gracias a una política articulada por dos ejes, la mejora salarial y las transferencias directas, sin intermediarios, orientadas a personas adultas mayores, personas con discapacidad, jóvenes, comunidades indígenas y campesinas. A diferencia de los programas focalizados del pasado, la nueva estrategia optó por el carácter universal y la progresividad, reconociendo derechos en vez de ofrecer apoyos condicionados (ver gráfica 2 del anexo).
La pandemia de COVID-19 supuso una dura prueba. Mientras otros países vieron dispararse sus niveles de desigualdad, en México, gracias a la Política de Bienestar, se logró amortiguar el impacto y evitar un retroceso estructural. La participación del decil más bajo incluso aumentó ligeramente entre 2020 y 2022, en un contexto global marcado por crisis inflacionaria y caída de ingresos reales en los hogares.
En suma, entre 2018 y 2022, México no sólo logró revertir una tendencia histórica de estancamiento en la reducción de la pobreza, sino que lo hizo en todas las entidades, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. Ello confirma que cuando el Estado asume su papel redistributivo y coloca a los más pobres en el centro de la acción pública, es posible construir una sociedad más justa. La Política de Bienestar no es asistencialismo: es justicia histórica para un país profundamente desigual (ver gráfica 3 del anexo).
A través de transferencias directas y universales, del aumento histórico al salario mínimo, del fortalecimiento de derechos sociales y de un gobierno austero y cercano, la Política de Bienestar impulsada desde 2018 mostró resultados tangibles. En 2024, la pobreza bajó a 29.6%, y 13.4 millones de personas salieron de esta condición entre 2020 y 2024, incluso en medio de la pandemia. La pobreza extrema descendió de 10.8% a 7.1%, y las carencias sociales también se redujeron. Estos representan los niveles más bajos registrados desde que se realiza esta medición (ver gráfica 4 del anexo).
Pero hay un dato aún más revelador del cambio de rumbo: la distribución del ingreso entre los más ricos y los más pobres. Durante el periodo neoliberal, la desigualdad se convirtió en uno de los sellos más profundos del modelo económico impuesto en México. Lejos de generar bienestar para todas y todos, ese Proyecto de Nación consolidó privilegios para unos cuantos, mientras millones quedaban relegados a la pobreza y al abandono. Un indicador que ilustra con mayor crudeza esa realidad es la participación en el ingreso nacional del 10 % mejor y peor remunerado de la población, cuya distancia evidencia la concentración del ingreso y, con ella, del poder económico.
A lo largo de los años 90 y 2000, incluso cuando el crecimiento económico repuntaba, la desigualdad se mantuvo como una constante. En 2000, por ejemplo, el 10% de mayores ingresos recibía 42.4% del total, y el decil inferior apenas 1.2%, lo que implicaba una relación de 35 a 1. Este patrón de concentración se convirtió en uno de los grandes obstáculos para el desarrollo con justicia.
Durante los años del modelo neoliberal se repitió la idea de que el crecimiento económico por sí solo traería bienestar. Sin embargo, los datos muestran lo contrario. Entre 2010 y 2018, el PIB pasó de 20.1 a 24.1 billones de pesos (a precios del 2018), lo que representa un crecimiento económico considerable. A pesar de ello, la pobreza no disminuyó. Al contrario, se mantuvo en niveles altos: 52.8% en 2010, 55.3% en 2014 y 51.9% en 2018. Es decir, el crecimiento económico no se tradujo en una mejora para la mayoría del pueblo (ver gráfica 5 del anexo).
Este estancamiento en la reducción de la pobreza evidencia que el modelo anterior no garantizaba derechos ni redistribuía la riqueza. La mayoría fue excluida de los beneficios del crecimiento, mientras una minoría acumulaba privilegios. La pobreza no fue un accidente: fue el resultado de decisiones que marginaron a quienes históricamente han sostenido al país con su trabajo.
El contraste es claro cuando se observa lo ocurrido entre 2018 y 2024. En 2020, con la pandemia, el PIB cayó y la pobreza aumentó a 55.7%. Sin embargo, para 2022, aun con una recuperación económica parcial, la pobreza bajó a 46.8% y en 2024 a 38.5%, la cifra más baja desde que se mide la pobreza multidimensional. Esta disminución no fue producto del mercado, sino de una nueva política pública que puso al centro a quienes más lo necesitaban (ver gráfica 5 del anexo).
A partir de 2018 se marca un punto de inflexión, tanto en la orientación del Estado como en los resultados. De acuerdo con los datos, entre 2018 y 2024 la participación del 10% con mayores ingresos se redujo de 36.4% a 30.3%, mientras que la del 10% con menores ingresos pasó de 1.8% a 2.2%. Esto implica que la brecha entre ambos sectores se redujo de 19.8 veces a 14.0 veces, lo que representa el nivel más bajo de desigualdad en más de tres décadas.
Esta mejora en la redistribución del ingreso no es casual: es el reflejo directo de una política económica distinta, que apostó por fortalecer el ingreso de los más pobres mediante transferencias directas, pensiones, apoyos al campo, becas y aumentos al salario mínimo, entre otras medidas. La lógica fue clara: primero los pobres, no como consigna vacía, sino como guía de acción.
La evolución del coeficiente de Gini lo deja claro. En 1989, este índice -que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, donde 0 representa igualdad perfecta y 1 la máxima desigualdad- se ubicaba en 0.50. Pero en lugar de mejorar con la implementación de las reformas neoliberales, empeoró: alcanzó su punto más alto en 1994, con 0.53, justo en los años de mayor liberalización económica. Durante los siguientes años, aunque hubo ligeras oscilaciones, el Gini se mantuvo persistentemente por encima de 0.50, lo que indica que el crecimiento económico no logró traducirse en justicia distributiva (ver gráfica 6 del anexo).
La evolución del coeficiente de Theil en México entre 1989 y 2022 ofrece una mirada clara sobre cómo las crisis económicas han impactado la equidad social y cómo las políticas públicas han influido en su reducción o aumento. Durante los años noventa, el país enfrentó una de sus crisis más severas con el llamado "error de diciembre" en 1994. En ese periodo, la desigualdad alcanzó niveles elevados: el coeficiente se mantuvo entre 0.57 y 0.59, entre 1989 y 1998. La crisis financiera afectó de forma desproporcionada a los sectores más vulnerables, y el modelo económico entonces vigente no ofreció mecanismos de protección social. Aunque en 1996 se observa una leve caída a 0.55, la desigualdad volvió a repuntar, mostrando la fragilidad estructural del modelo ante los choques externos.
La crisis financiera global de 2008 también dejó huella. Aunque el coeficiente bajó a 0.49 en 2006, volvió a subir a 0.54 en 2008, lo que refleja cómo los sectores de menores ingresos resintieron más la inestabilidad económica mundial, mientras que las políticas siguieron sin corregir las brechas estructurales.
En cambio, a partir de 2018 se observa una tendencia sostenida a la baja en el coeficiente, pasando de 0.45 en 2010 a 0.38 en 2022. En este periodo destaca el año 2020, cuando la pandemia de COVID-19 provocó una profunda crisis económica. A pesar de ello, el coeficiente de Theil continuó descendiendo: de 0.44 en 2018 a 0.40 en 2020, y a 0.38 en 2022. Esto es significativo, ya que, ante un contexto de crisis global, México logró reducir la desigualdad, lo cual se explica en buena medida por la implementación de una nueva Política de Bienestar centrada en la redistribución directa de los recursos y en el fortalecimiento del ingreso de los hogares más pobres (ver gráfica 7 del anexo).
El índice de Theil, más sensible a los cambios en los extremos de la distribución del ingreso, confirma esta tendencia. En 1989 se encontraba en 0.57, y lejos de disminuir con el tiempo, se elevó a 0.59 en 1998, reflejando un aumento en la desigualdad entre los más ricos y los más pobres. A diferencia del Gini, el índice de Theil permite descomponer la desigualdad y analizarla tanto entre grupos (por ejemplo, regiones o sectores sociales) como dentro de ellos, lo que es especialmente útil en un país tan heterogéneo como México. El hecho de que ambos indicadores se mantuvieran elevados durante toda la era neoliberal apunta a una desigualdad sistemática y estructural, no a un fenómeno transitorio (ver gráfica 8 del anexo).
Fue hasta 2018, con el inicio de un nuevo Proyecto de Nación centrado en la justicia social, que esta tendencia comenzó a revertirse. Entre 2018 y 2022, el coeficiente de Gini bajó de 0.46 a 0.43, y el índice de Theil cayó aún más dramáticamente: de 0.44 a 0.38, marcando el nivel más bajo registrado en más de tres décadas. Este cambio no puede explicarse únicamente por factores externos. Por el contrario, coincide con el despliegue de una nueva Política de Bienestar, que colocó a los pobres en el centro de las prioridades del Estado: pensiones para personas adultas mayores y personas con discapacidad, becas para estudiantes, apoyo a jóvenes sin empleo, aumentos
sustanciales al salario mínimo, y una estrategia de reactivación económica desde abajo, con programas como Sembrando Vida y Producción para el Bienestar (ver gráfica 8 del anexo).
La disminución en los índices de desigualdad durante este periodo adquiere mayor relevancia si se considera que ocurrió en medio de la pandemia de COVID-19, una crisis que, en otros países, incrementó la pobreza y la exclusión. En México, los programas sociales amortiguaron los efectos más devastadores de la emergencia sanitaria, evitando un deterioro mayor de las condiciones de vida y protegiendo el ingreso de los sectores más vulnerables.
Tanto el Gini como el índice de Theil dan cuenta del fracaso del modelo neoliberal para construir una sociedad más justa, y al mismo tiempo, muestran los primeros frutos del nuevo modelo basado en derechos y redistribución. El avance no es menor: por primera vez en mucho tiempo, la desigualdad está disminuyendo, no por inercia del mercado, sino gracias a la voluntad política de construir un país donde nadie se quede atrás.
Esta transformación en la lógica económica y social no sólo se expresó en el discurso, sino que se hizo tangible en los bolsillos de quienes históricamente habían sido ignorados por las políticas públicas. De acuerdo con datos del Banco Mundial, entre 2016 y 2022, el ingreso per cápita del 40% más pobre de la población mexicana pasó de 5.16 a 6.4 dólares diarios (medidos en paridad de poder adquisitivo de 2017). Este aumento real del 24% se dio en un periodo atravesado por una de las crisis sanitarias y económicas más profundas de las últimas décadas: la pandemia de COVID-19. En contraste, el ingreso promedio de toda la población creció 12.3% en el mismo periodo, lo que confirma una tendencia redistributiva clara y deliberada (ver gráfica 9 del anexo).
Más aún, el hecho de que los ingresos del 40% más pobre crecieran al doble del ritmo que el promedio nacional refleja un proceso de democratización en marcha. En vez de concentrarse, la riqueza generada comenzó a distribuirse de manera más justa. Esto se confirma al observar que, en ese mismo periodo, el índice de Gini y el índice de Theil -indicadores que miden la desigualdad en la distribución del ingreso- alcanzaron sus niveles más bajos en décadas.
El fortalecimiento de los ingresos de los sectores populares no es sólo un logro en términos de justicia social: es también un pilar fundamental para el desarrollo sostenible del país. Cuando se invierte en quienes históricamente han sido excluidos, se genera una base sólida para la cohesión social, el dinamismo económico y la paz. Así, la visión humanista de la Cuarta Transformación no sólo repara el daño del pasado, sino que sienta las bases de un futuro más igualitario.
Esta reducción de la pobreza, visible en los datos oficiales -que muestran una disminución de 43.2% en 2016 a 29.63% en 2024 a nivel nacional, lo que representa que 13.7 millones de personas salieron de la pobreza-, no fue producto de la casualidad ni de las inercias del mercado. Se logró gracias a cuatro ejes fundamentales que dieron contenido real al principio de "Por el bien de todos, primero los pobres".
El primero de estos ejes fue la implementación de transferencias directas a sectores históricamente vulnerables: personas adultas mayores, personas con discapacidad, estudiantes, campesinas y campesinos. A diferencia de los programas sociales clientelares o condicionados del pasado, estos apoyos se entregaron sin intermediarios, de manera universal o con criterios de justicia social, garantizando que llegaran directamente a quienes más los necesitaban. Este ingreso adicional no solo alivió necesidades inmediatas, sino que también fortaleció la economía local en comunidades rurales y urbanas.
El segundo eje fue el incremento sostenido del salario mínimo, que durante décadas había perdido su capacidad adquisitiva. Entre 2018 y 2024, el salario mínimo creció más del doble en términos reales, lo cual elevó la línea base de ingresos para millones de personas trabajadoras, reduciendo la pobreza laboral y fortaleciendo el poder de compra de las familias. Gracias a esta política decidida, se revirtió una de las peores herencias del neoliberalismo: la precarización del trabajo (ver gráfica 10 del anexo).
Desde principios de este siglo, entre el año 2000 y 2015, las y los trabajadores apenas vieron crecer sus ingresos. El promedio anual pasó de 75.6 a 78.54, un incremento mínimo en 15 años, que no alcanzaba ni para compensar la inflación. Fue una época en que, lamentablemente, los salarios se usaban como ancla de la política económica, condenando a millones de mexicanas y mexicanos a vivir con lo mínimo, a resistir en vez de prosperar. Esa fue la realidad del modelo neoliberal: salarios bajos, pobreza extendida y desigualdad creciente.
A partir de 2019, empezamos a ver los primeros signos de una recuperación histórica. En ese año, el salario promedio anual subió a 104.56, y desde entonces, no ha dejado de crecer, como no se había visto en décadas. A pesar de las adversidades que trajo consigo la pandemia, seguimos avanzando: 119.54 en 2020, 130.57 en 2021, 146.89 en 2022, 167.38 en 2023, 191.18 en 2024, y este 2025, ya llegamos a 208.84 (ver gráfica 10 del anexo).
Esto significa que, en seis años, el salario promedio de las y los trabajadores en México prácticamente se ha duplicado. Este crecimiento no es casualidad. Es fruto de una visión humanista, que pone por delante el bienestar del pueblo. La recuperación del salario es una de las mayores conquistas populares. No solo porque significa más ingresos para las familias, sino porque es símbolo de un cambio de fondo, de un país que está dejando atrás la corrupción, la desigualdad y la injusticia.
En tercer lugar, los proyectos estratégicos emprendidos por el gobierno federal han tenido un impacto significativo en diversas regiones históricamente marginadas, donde las condiciones de vida de la población eran, hasta hace poco, una constante muestra de la desigualdad social y económica que ha caracterizado al país durante décadas. A través de la implementación de iniciativas de infraestructura clave, como el Tren Maya en el sureste, el Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, y la construcción de la Refinería Dos Bocas en Tabasco, se ha logrado un proceso de reactivación económica en estos territorios que anteriormente carecían de los recursos necesarios para su desarrollo integral.
En particular, los estados de Veracruz, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, ubicados en áreas clave de estos proyectos, han comenzado a experimentar un cambio positivo en su estructura económica y social. A lo largo de décadas, estos estados han sido afectados por altas tasas de migración, pobreza extrema y escaso acceso a empleo formal, lo que se traduce en la marginación histórica de sus poblaciones. La implementación de proyectos como el Tren Maya ha permitido la creación de miles de empleos directos e indirectos, los cuales han beneficiado particularmente a las y los jóvenes y comunidades rurales que anteriormente carecían de opciones laborales dignas (ver gráfica 11 del anexo).
El impacto de estas iniciativas ha sido especialmente notable en la contratación de mano de obra local, lo que ha permitido que la inversión pública se traduzca directamente en beneficios para las comunidades que han estado históricamente excluidas del desarrollo nacional. Este enfoque de desarrollo territorial equitativo busca no solo la creación de infraestructura de clase mundial, sino también la mejora sustancial de las condiciones de vida de las personas que habitan en las regiones más desfavorecidas, al proporcionarles las herramientas necesarias para un futuro próspero.
La construcción de la Refinería Dos Bocas, por ejemplo, ha generado un número importante de empleos en la región de Tabasco y ha promovido la capacitación técnica de la población local, lo que ha resultado en una mejora directa en la calidad del empleo disponible, elevando los niveles salariales y fomentando un desarrollo más equilibrado. De igual manera, el Tren Interoceánico, al conectar las costas del Pacífico con el Golfo de México, ha facilitado el flujo de mercancías y servicios, creando nuevas oportunidades comerciales que fortalecen las economías locales y regionales.
El cuarto eje de la política económica se ha enfocado en la promoción de la economía local mediante diversas acciones estratégicas, con el objetivo de reducir la dependencia de grandes corporaciones y permitir que la riqueza circule dentro de los propios territorios. Este enfoque no solo beneficia a las comunidades locales, sino que también fortalece una economía más justa y equitativa, colocando en el centro a las personas y sus necesidades.
Una de las principales acciones ha sido la construcción de caminos rurales impulsados con mano de obra comunitaria, lo que no solo genera empleos, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y colaboración dentro de las comunidades. Esta obra de infraestructura facilita el acceso a mercados y servicios, mejorando la conectividad y las oportunidades de desarrollo económico local.
El impulso al turismo social ha sido otra de las estrategias clave, especialmente en comunidades rurales, para diversificar las fuentes de ingresos y promover un desarrollo más equilibrado. A través de esta iniciativa, se busca que las comunidades se beneficien directamente del turismo, evitando que los grandes corporativos acaparen las ganancias y asegurando que los recursos generados se queden dentro de la región. Además, este enfoque promueve la valorización de la cultura local y el patrimonio, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad y la cohesión social.
En cuanto a la producción agrícola de autoconsumo, el gobierno ha brindado apoyos a pequeños productores, contribuyendo a la seguridad alimentaria y reduciendo la dependencia de grandes cadenas de distribución. Esta acción no solo mejora la calidad de vida de las familias rurales, sino que también fomenta la sostenibilidad al promover prácticas agrícolas responsables con el medio ambiente.
En este sentido, según el Censo Económico 2019, las grandes empresas representan solo el 0.2% del comercio minorista, pero concentran más del 23% de los ingresos. Esto destaca la necesidad de continuar fortaleciendo a las empresas locales, las cuales, al recibir apoyo, pueden generar un mayor impacto en el desarrollo económico regional y disminuir la concentración de riqueza.
Las cooperativas, que representan una parte significativa de la economía social en México, también han jugado un papel clave en la inclusión financiera, especialmente en las zonas rurales. En 2021, las cooperativas operaban el 73% de las sucursales de ahorro y crédito en municipios rurales, facilitando el acceso a financiamiento en comunidades que históricamente han estado excluidas de los servicios bancarios tradicionales. Esta es una acción crucial, ya que ampliar el acceso a servicios financieros a través de entidades de economía social reduce costos y genera un mayor impacto social por su naturaleza sin fines de lucro.
El fortalecimiento de la ESS ha sido otra estrategia relevante. La ESS contribuye significativamente al PIB nacional, aportando un 1.52%. Esta forma de economía, que busca generar un impacto social positivo, no solo genera ingresos, sino que también promueve la equidad, la sostenibilidad y la paz social. Las actividades agrícolas, pecuarias y forestales, sectores en los que la ESS tiene un peso importante (contribuyendo al 74.4% del PIB de la ESS en el caso agrícola, el 37% en el pecuario y el 25.7% en el forestal), han sido el foco de diversas iniciativas para fortalecer la producción local de los ejidos y comunidades, que constituyen el 75% del PIB de la ESS.
En el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, la Política de Bienestar contribuye a consolidar un modelo de desarrollo con rostro humano, que prioriza la inclusión social, el reconocimiento de la diversidad cultural y el ejercicio pleno de los derechos sociales. Desde los principios del Humanismo Mexicano, que colocan a las personas en el centro de las decisiones públicas, se reconoce que el bienestar no puede alcanzarse sin justicia territorial, sin cerrar las brechas históricas que afectan a las comunidades rurales, indígenas y afromexicanas. Por ello, el Programa propone acciones que fortalecen las capacidades productivas de estos pueblos y promueven su plena participación en la economía nacional.
Por tanto, es necesaria la implementación de programas para capacitar a las poblaciones rurales en economía social con un enfoque intercultural, de género y antidiscriminatorio, lo que ha fortalecido las capacidades productivas de personas campesinas e indígenas. Estas capacitaciones permitirían integrar a las y los jóvenes de comunidades indígenas y afromexicanas en proyectos productivos, promoviendo su inclusión en la economía formal y mejorando sus ingresos.
Asimismo, la ESS sería empleada como una herramienta de desarrollo en zonas con altos índices de violencia, donde se ha promovido la convivencia comunitaria como parte de un esfuerzo más amplio para generar paz y bienestar social. Esta estrategia lograría no solo mejorar las condiciones económicas de las comunidades, sino también fortalecer la cohesión social en regiones históricamente marginadas.
A diferencia de los modelos de desarrollo centrados exclusivamente en el crecimiento económico o en el aumento de la riqueza agregada, la Política de Bienestar ha puesto en el centro la calidad de vida de las personas. Esta visión reconoce que el verdadero objetivo no se mide únicamente en cifras macroeconómicas, sino en la forma en que las personas viven, sienten y se relacionan con su entorno. Por ello, en esta nueva etapa de la transformación, el desarrollo se percibe en la cotidianidad, no sólo en cifras económicas. En este sentido, indicadores como el World Happiness Report cobran relevancia, pues integran dimensiones que habían sido históricamente ignoradas por las políticas públicas: la confianza en las instituciones, la libertad para tomar decisiones, el sentido de comunidad y la percepción de justicia.
Este avance no se limita a indicadores macroeconómicos o al aumento en la cobertura de transferencias monetarias: representa, ante todo, un cambio profundo en la vida cotidiana del pueblo. El World Happiness Report 2025 ubica a México entre los diez países más felices del mundo, por primera vez en la historia. Este reconocimiento no se logra más que con una transformación real que ha devuelto a millones de personas la posibilidad de vivir con dignidad, con tranquilidad y con alegría. Es la prueba de que la Política de Bienestar implementada por el Gobierno de México funciona y es reconocida internacionalmente. El bienestar ya no es una abstracción: es la
certeza de tener lo necesario, de confiar en el gobierno, y de decidir con libertad el rumbo de la propia vida.
Los datos son elocuentes. Entre 2012 y 2025, la percepción de libertad personal creció más de 12.8%, y hoy casi 9 de cada 10 personas en México se sienten con autonomía para tomar decisiones importantes. La percepción de corrupción disminuyó un 80%, y la confianza en el gobierno aumentó un 60%. Estos indicadores reflejan algo más profundo que una buena administración: hablan de una nueva relación entre el Estado y la ciudadanía, de un gobierno que escucha, que sirve, y que transforma la vida pública con ética y desde el territorio.
La Política de Bienestar ha dejado de ser una propuesta filosófica para convertirse en una realidad palpable. Es la gente, no el mercado, quien está al centro de la política pública. Hoy el bienestar no es privilegio de unos cuantos, sino un derecho posible para todas y todos. La transformación ha llegado al corazón de los hogares, a las comunidades más olvidadas, y se expresa en una nueva manera de vivir a partir de la reconstrucción del tejido social.
En este balance integral de los avances alcanzados gracias a la Política de Bienestar, se puede concluir que los resultados obtenidos reflejan una transformación profunda en las condiciones sociales y económicas del país. A lo largo de este proceso, se ha logrado un avance significativo en la reducción de la pobreza y en la disminución de la desigualdad, aspectos fundamentales para mejorar la calidad de vida de millones de mexicanas y mexicanos (ver gráfica 12 del anexo).
La disminución de la pobreza es uno de los logros más destacados. A través de programas como las pensiones para personas con discapacidad, la pensión para personas adultas mayores y los apoyos a comunidades rurales e indígenas, se ha logrado elevar el nivel de bienestar de los sectores más vulnerables. Esta política de transferencias directas ha permitido no solo una mejora en el acceso a necesidades básicas, sino también una redistribución de la riqueza que ha empoderado a sectores históricamente marginados. La reducción de la pobreza extrema y el aumento en la cobertura de servicios de salud y educación son reflejo de este esfuerzo.
La desigualdad también ha sido abordada de manera frontal. A través de una distribución más equitativa de los recursos, la inversión en infraestructura social y el fortalecimiento de la economía local, se ha generado un cambio tangible en las condiciones de vida en comunidades rurales y urbanas.
En estos resultados favorables, destaca de manera clara la importancia de las transferencias directas y los programas universales como pilares fundamentales de la transformación social y económica que ha experimentado el país. Estos mecanismos no solo han servido como punto de partida, sino también como catalizadores de un cambio profundo en la vida de millones de personas.
Las transferencias directas han permitido una redistribución inmediata y efectiva de los recursos a los sectores más vulnerables, brindando a las personas un acceso directo a lo necesario para mejorar su calidad de vida. Programas como la PBPAM, la PBPCD, y el Apoyo a los Jóvenes Construyendo el Futuro han generado un impacto inmediato en el bienestar de las personas, al tiempo que garantizan que los recursos lleguen sin intermediarios, reduciendo costos administrativos y asegurando que el beneficio llegue realmente a quienes más lo necesitan.
Por otro lado, el carácter universal de las Pensiones y Programas de Bienestar ha sido clave para garantizar la inclusión de todas las y los mexicanos, sin importar su estatus económico o ubicación geográfica. La universalidad de estos programas asegura que las personas no sean discriminadas o excluidas, sino que reciban el apoyo necesario para mejorar sus condiciones de vida. Este enfoque ha logrado reducir significativamente las brechas de desigualdad y ha aumentado la cobertura de servicios esenciales como la salud, la educación y la seguridad social, asegurando que ninguna persona quede atrás.
Gracias a estos programas, la cobertura de los derechos sociales ha aumentado, lo que ha permitido una reducción de la pobreza y una mejora en la calidad de vida de los sectores más desprotegidos, ya que uno de los principales compromisos de la Cuarta Transformación ha sido atender primero a los sectores históricamente excluidos, reduciendo la desigualdad y garantizando derechos básicos a través de los Programas de Bienestar. Los datos sobre pobreza entre poblaciones prioritarias entre 2018 y 2024 muestran avances claros y consistentes que reflejan el impacto de la Política de Bienestar centrada en la dignidad y el acceso directo a recursos esenciales (ver gráfica 13 del anexo).
En el caso de las personas adultas mayores, la pobreza disminuyó en 19.6% entre 2018 y 2024. Esta reducción no es casualidad; es resultado de la implementación de la PBPAM, un programa universal que garantiza un ingreso bimestral a quienes más lo necesitan. El apoyo directo ha fortalecido la capacidad de las personas adultas mayores para enfrentar gastos básicos, reduciendo su vulnerabilidad y dándoles la posibilidad de vivir con mayor tranquilidad en la última etapa de su vida (ver gráfica 13 y 14 del anexo).
De manera similar, las personas con discapacidad vieron una disminución en su nivel de pobreza de 16.6%. La creación de la PBPCD responde a una deuda histórica con este sector, y su implementación ha permitido a miles de mexicanas y mexicanos acceder a un apoyo económico que contribuye a su autonomía y reduce las barreras económicas que históricamente han enfrentado (ver gráfica 13 del anexo).
Las mujeres, quienes enfrentan una doble carga de pobreza y desigualdad estructural, también se beneficiaron. Entre 2020 y 2022, la pobreza entre mujeres se redujo en 12.5%. Este avance ha sido acompañado por un fortalecimiento de programas que reconocen el papel central de las mujeres en el desarrollo social y económico, contribuyendo a cerrar las brechas de género (ver gráfica 13 del anexo).
En las primeras infancias, grupo que comprende a niñas y niños de 0 a 5 años, la pobreza disminuyó 10.6%. La mejora en las condiciones de vida de las niñas y los niños refleja el impacto de programas como La Escuela es Nuestra, que fortalece la infraestructura educativa y garantiza condiciones dignas para el aprendizaje y el cuidado de la niñez, especialmente en las comunidades más pobres (ver gráfica 13 del anexo).
La población menor de 18 años también vio una reducción significativa de 11.6% en los niveles de pobreza. Aunque programas como Jóvenes Construyendo el Futuro se dirigen específicamente a personas de 18 a 29 años, las transferencias dirigidas a las familias, las becas educativas y el fortalecimiento del acceso a servicios básicos han impactado positivamente en las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes (ver gráfica 13 del anexo).
En el caso de los jóvenes de 12 a 29 años, la pobreza disminuyó en 10.9%. Para quienes ya alcanzan la mayoría de edad, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido crucial al ofrecer alternativas reales de capacitación y vinculación laboral, dándoles la oportunidad de construir un futuro diferente al que la desigualdad les tenía reservado (ver gráfica 13 del anexo).
Por otra parte, la población indígena y hablante de lengua indígena experimentó reducciones de 7.9% en pobreza. Estos datos reflejan que los esfuerzos por llevar los Programas de Bienestar de manera prioritaria a los pueblos originarios están dando frutos. La prioridad otorgada a las comunidades indígenas no sólo busca saldar una deuda histórica, sino también reconocer su papel fundamental en la riqueza cultural, social y espiritual del país (ver gráfica 13 del anexo).
Finalmente, en las localidades rurales, donde históricamente se han concentrado altos niveles de pobreza, la disminución fue también de 9.5%. Programas como Producción para el Bienestar y el fortalecimiento de precios de garantía han permitido mejorar los ingresos de los pequeños productores y personas campesinas, dignificando el trabajo en el campo y favoreciendo la autosuficiencia alimentaria.
Estos datos, en su conjunto, muestran que cuando el Estado orienta su acción a garantizar derechos y no a administrar la pobreza, los resultados son palpables. Los Programas de Bienestar no sólo han significado apoyos económicos; han implicado un cambio de paradigma, donde los más pobres son primero, donde el apoyo no es una dádiva, sino un derecho, y donde la política social se convierte en un instrumento de transformación profunda (ver gráficas 14 y 15 del anexo).
México ha construido un sistema de pensiones y apoyos directos único en el mundo, que acompaña a las personas a lo largo de todas las etapas de su vida. Desde la primera infancia hasta la vejez, el Estado mexicano garantiza, mediante programas universales y prioritarios, el derecho a vivir con dignidad. A través de la PBPAM, la PBPCD, las Becas para el Bienestar Benito Juárez, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y los apoyos directos a productores del campo como Producción para el Bienestar y Sembrando Vida, el Gobierno de México construye un modelo de protección social que nace desde el territorio y desde las necesidades reales del pueblo.
Estos programas dejaron de ser medidas asistenciales sujetas a decisiones coyunturales y se han elevado a rango constitucional. Hoy, las pensiones y becas forman parte de los derechos sociales garantizados, asegurando su continuidad como conquistas del pueblo. Esto significa que las generaciones presentes y futuras contarán siempre con un Estado que respalde su bienestar y su libertad.
Entre otras medidas, la operación de 3,149 sucursales del Banco del Bienestar asegura que los derechohabientes reciban los recursos de manera directa y sin intermediarios, además de posibilitar su inclusión financiera (ver gráfica 16 del anexo). Las transferencias directas que reciben millones de mexicanas y mexicanos funcionan como un "derecho llave": permiten acceder en mejores condiciones a otros derechos fundamentales, como la salud, la educación, el trabajo digno y la participación comunitaria. Son mucho más que un apoyo económico; son un instrumento de justicia social que reconoce a cada persona como sujeto de derechos, no como beneficiario de favores. Así, México teje un nuevo pacto social en el que el bienestar y la dignidad no son privilegios, sino derechos garantizados para todas y todos.
Los Programas de Bienestar que hoy forman el corazón de la política social en México están dirigidos a poblaciones que, por décadas, fueron las más golpeadas por la desigualdad y el olvido institucional. Personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños, jóvenes, mujeres, comunidades indígenas y habitantes del campo vivieron históricamente rezagados en el acceso a derechos básicos como la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social. Frente a esta realidad de exclusión acumulada, las transferencias directas y universales han sido un instrumento clave para garantizar su bienestar y fortalecer su autonomía.
Cada uno de estos grupos prioritarios enfrenta desafíos particulares, pero todos comparten una historia común de rezago estructural. Por ello, los Programas de Bienestar no solo representan una política integral más amplia, sino una estrategia de justicia social que reconoce, repara y transforma realidades marcadas por la desigualdad. A partir de este enfoque, es posible observar cómo la inversión social ha impactado en mejorar las condiciones de vida de millones de personas y cómo el fortalecimiento de estos programas resulta indispensable para seguir cerrando brechas.
Protección social en todas las etapas de la vida Actualmente, las personas adultas mayores indígenas en México reciben un apoyo fundamental a través de la PBPAM, una política pública que reconoce su derecho a vivir una vejez digna y con mayores garantías de bienestar. No obstante, pese a los avances, es fundamental comprender que las condiciones estructurales de vulnerabilidad que afectan a esta población exigen no sólo la continuidad del Programa, sino su fortalecimiento para lograr un verdadero ejercicio de sus derechos.
Durante décadas, las personas indígenas enfrentaron un entorno de exclusión y precariedad laboral que limitó su acceso a los sistemas formales de seguridad social. La organización del trabajo en sus comunidades, centrada mayoritariamente en actividades agrícolas, artesanales o de autoempleo, estuvo marcada por la informalidad, sin acceso a prestaciones laborales ni a mecanismos de ahorro para el retiro. Esta realidad histórica explica que la mayoría de las personas adultas mayores indígenas no cuenten hoy con una pensión contributiva ni con servicios médicos derivados de esquemas laborales formales.
A ello se suma el proceso de envejecimiento de la población que vive México, sin que durante buena parte del siglo XX se hayan construido políticas de previsión social incluyentes para las comunidades indígenas. Esta falta de planeación institucional ha tenido como consecuencia que el envejecimiento en las comunidades indígenas y en las regiones rurales se viva en condiciones de mayor pobreza, marginación territorial y discriminación interseccional.
Frente a esta situación, la instauración de la PBPAM ha representado un cambio de paradigma: se reconoce que todas las personas, por el solo hecho de envejecer, tienen derecho a un ingreso que les permita atender sus necesidades básicas, independientemente de su trayectoria laboral previa.
Gracias a esta pensión, 12.9 millones de personas adultas han visto incrementados sus ingresos, mejorando su acceso a la alimentación, la salud y otras condiciones de bienestar. Para 2025, la pensión asciende a $3,100 pesos mensuales, pagaderos bimestralmente. La pensión ha sido clave no sólo para reducir la pobreza en este sector, sino también para dignificar su papel en las familias y en sus comunidades, reforzando los lazos de solidaridad y reconocimiento. (ver gráfica 17 del anexo).
Por ello, es indispensable garantizar la continuidad del programa y su fortalecimiento, tanto en términos presupuestales como en la
articulación con otros servicios de protección social. La PBPAM no debe verse como un gasto, sino como una inversión social que reconoce la deuda histórica con las personas adultas mayores y construye un piso mínimo de bienestar para quienes dieron toda su vida en el trabajo comunitario y productivo del país.
Más aún, ante los riesgos de políticas regresivas que pudieran intentar restringir los derechos sociales en el futuro, fue fundamental consolidar el programa como un derecho irreversible, ligado a la dignidad humana y no sujeto a los vaivenes políticos. Esto implica garantizar recursos suficientes, mecanismos de actualización del monto conforme a la inflación y el fortalecimiento de la infraestructura de atención para personas mayores indígenas en sus propios territorios.
La atención a las personas adultas mayores a través de la Pensión para el Bienestar constituye uno de los avances sociales más relevantes de los últimos años en México. No obstante, debido a la profunda vulnerabilidad estructural que aún enfrentan, su continuidad y fortalecimiento no son sólo necesarios, sino éticamente indispensables.
El porcentaje de jefes de familia de 65 años y más, por entidad federativa, muestra un incremento en todos los casos al comparar los datos de las Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2018 y 2022. Este aumento refleja que la independencia económica de las personas adultas mayores se incrementa cada vez más.
Este aumento es significativo, ya que refleja un fortalecimiento de la autonomía y el rol social de las personas adultas mayores. Una de las explicaciones más relevantes de este fenómeno es la implementación y ampliación de la PBPAM, que se consolidó a partir de 2019 como un derecho universal.
La PBPAM ha permitido que más personas mayores cuenten con un ingreso propio y seguro. Esto les ha dado mayor independencia económica, reforzando su capacidad de tomar decisiones dentro de sus hogares y comunidades. En términos concretos, disponer de un ingreso regular no sólo mejora su calidad de vida, sino que les permite ejercer con mayor plenitud sus derechos humanos, como el derecho a la autonomía, a una vida digna y a participar activamente en la vida familiar y comunitaria.
El aumento nacional de jefaturas de hogar entre personas adultas mayores -de 18.4% en 2018 a 21.6% en 2022- indica un cambio estructural: hoy más personas mayores tienen reconocimiento social y económico dentro de sus familias. Entidades como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Zacatecas y San Luis Potosí, donde la pobreza ha sido históricamente mayor y donde las comunidades indígenas tienen fuerte presencia, muestran incrementos aún más altos. Esto sugiere que el impacto de la PBPAM es especialmente importante en las poblaciones que enfrentaban mayores rezagos. (ver gráfica 18 del anexo).
Con el Objetivo 1, se garantizará la vejez digna al reducir la vulnerabilidad de las personas adultas mayores, mejorar el ingreso y fortalecer el ejercicio de derechos fundamentales. Así, se otorga voz, autonomía y capacidad de decisión a quienes antes eran considerados dependientes o invisibles en los núcleos familiares. Gracias a esta política, las personas adultas mayores son hoy protagonistas de sus propios proyectos de vida y continúan aportando a la transformación social del país.
En México, la población con discapacidad ha crecido significativamente en los últimos años. De acuerdo con la ENADID 2023, aproximadamente el 6.8% de la población total del país, es decir, más de 8.8 millones de personas, vive con alguna forma de discapacidad. De este total, el 53.4% son mujeres y el 46.6% son hombres, y la población adulta mayor (60 años o más) concentra el 49.4% de las personas con discapacidad.
Este fenómeno es consecuencia, en parte, del envejecimiento poblacional, un proceso que está afectando tanto a México como al resto del mundo, junto con el incremento de enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y trastornos de salud mental. La tendencia creciente de personas con discapacidad es un reto que los gobiernos deben abordar con políticas públicas adecuadas y efectivas.
Uno de los aspectos más críticos de esta situación es la alta prevalencia de pobreza entre las personas con discapacidad. Según el Estudio Multidimensional de la Pobreza realizado por el CONEVAL, en 2018, el 48.9% de las personas con discapacidad vivían en alguna condición de pobreza. Sin embargo, en 2024, se logró una disminución a 32.9%, lo que indica un avance importante en la lucha contra la pobreza en este grupo poblacional, aunque aún queda mucho por hacer.
En este contexto, la PBPCD ha jugado un papel crucial, el cual se alinea con los principios de la Cuarta Transformación, especialmente con el compromiso del gobierno de garantizar los derechos de las personas más vulnerables. La pensión universal para las personas con discapacidad es un derecho reconocido que busca romper las barreras que históricamente han marginado a este sector de la población.
A través de la PBPCD, las personas con discapacidad reciben un apoyo económico directo que les permite mejorar su autonomía e incrementar su participación social y económica; no solo garantiza la dignidad de las personas con discapacidad, sino que también es un paso firme hacia la igualdad de derechos y la eliminación de la discriminación por condiciones de salud o capacidades físicas.
En términos específicos, la PBPCD está diseñada para promover, proteger y asegurar el goce pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad, garantizando que puedan acceder a las mismas oportunidades que cualquier otro miembro de la sociedad. La pensión no solo responde a una necesidad económica, sino que empodera a las personas con discapacidad, brindándoles las herramientas para participar activamente en la vida cotidiana, tanto en su entorno familiar como en la comunidad.
Así, con el cumplimiento del Objetivo 1, se promoverá la inclusión social y económica de las personas con discapacidad, permitiéndoles superar las barreras que limitan su participación plena. Igualmente, el Gobierno de México está contribuyendo a disminuir las disparidades que enfrentan las personas con discapacidad en áreas como la salud, la educación, el trabajo y la accesibilidad. La PBPCD tiene el potencial de transformar la vida de millones de mexicanas y mexicanos con discapacidad, pues no solo les proporciona un ingreso, sino que también actúa como un mecanismo para fomentar su inclusión y participación activa en la sociedad.
Las mujeres adultas mayores enfrentan un panorama económico considerablemente más difícil que los hombres, lo que contribuye a una mayor vulnerabilidad. En 2022 el 36.9% de las mujeres en México vivían en situación de pobreza, lo que representa a 24.8 millones de mujeres. De este grupo, un porcentaje significativo (7.4%) se encontraba en pobreza extrema, lo que implica que carecían de los recursos más básicos para una vida digna. En comparación, el 35.6% de los hombres estaba en pobreza, pero la disparidad es mayor entre las mujeres.
El 49.1% de las mujeres carecen de acceso a la seguridad social, lo que representa una gran carencia de mecanismos de respaldo frente a eventualidades como la vejez, enfermedad o discapacidad. Para las mujeres en pobreza extrema, la falta de seguridad social es la carencia que más contribuye a la intensidad de su pobreza (25.4%). La carencia por acceso a los servicios de salud afecta al 37.5% de las mujeres, lo que es crucial dado que la salud se convierte en una prioridad en la vejez. Además, otras carencias como el acceso a la alimentación de calidad y a la educación continúan afectando a un porcentaje significativo de mujeres adultas mayores, lo que empeora su bienestar económico y social.
Además, cerca de la mitad de las mujeres (44.4%) tienen ingresos inferiores a la línea de pobreza por ingresos. De este grupo, el 7.2% vive por debajo de la línea de pobreza extrema, lo que implica que no pueden cubrir ni lo básico, como la alimentación.
Las mujeres adultas mayores enfrentan también una grave desigualdad en términos de acceso al mercado laboral y remuneración. A pesar de la creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral, en México existe una brecha de participación económica de 32.1 puntos porcentuales entre hombres y mujeres. Esto significa que menos de la mitad de las mujeres en edad de trabajar está económicamente activa, en contraste con más de tres cuartas partes de los hombres. Muchas mujeres, especialmente en áreas rurales, siguen siendo responsables de tareas domésticas y de cuidados no remuneradas. Estas labores no solo limitan su tiempo para acceder a empleos remunerados, sino que, cuando lo hacen, a menudo se ven forzadas a trabajar en el sector informal, con salarios bajos y sin acceso a prestaciones de seguridad social, lo que perpetúa su vulnerabilidad económica.
En este contexto de desigualdad y vulnerabilidad, la PMB se erige como una respuesta crucial para mitigar las carencias que enfrentan las mujeres adultas mayores en México. Así, el Objetivo 1 de este Programa fortalecerá la independencia económica y el bienestar integral de las mujeres, para reducir las brechas de género y fomentar su autonomía. Al ofrecer una pensión universal no contributiva, se está construyendo un camino hacia la equidad, donde las mujeres adultas mayores reciben el respaldo necesario para vivir con bienestar, sin dejar de lado su participación activa y valiosa en la sociedad.
Las niñas y los niños son el presente de México El PABNYNHMT responde a una de las problemáticas más complejas que enfrenta la niñez en México: la vulnerabilidad derivada de la ausencia de uno o ambos padres, situación que afecta directamente la garantía de sus derechos fundamentales, tales como el acceso a la educación, a la salud y, especialmente, a cuidados adecuados.
A lo largo de los últimos años, se ha evidenciado que más de 46.4% de la población infantil y adolescente de México vive en condiciones de pobreza, situación que se agudiza especialmente en contextos rurales y entre las niñas y niños con discapacidad, donde el acceso a servicios básicos y de protección es aún más limitado. Ante este panorama, el PABNYNHMT se presenta como un modelo integral que busca ir más allá de una mera transferencia económica, y lo hace al proporcionar un acompañamiento que asegura que las niñas y niños en situación de vulnerabilidad puedan tener acceso a los cuidados, atención y formación adecuados para su desarrollo integral.
El diagnóstico sobre la situación de la niñez mexicana muestra la urgente necesidad de estrategias específicas para atender las diversas formas de vulnerabilidad, y el PABNYNHMT constituye una respuesta a esa necesidad. Sin embargo, las condiciones estructurales de pobreza y desigualdad han hecho evidente que los modelos previos, como las estancias infantiles, no eran viables para las niñas y niños con mayor grado de vulnerabilidad, que en su mayoría se encuentran en zonas rurales alejadas de los centros urbanos.
Las estancias, aunque necesarias en ciertos contextos, no lograban garantizar la cobertura adecuada ni la equidad en su acceso, ya que muchas de las niñas y niños que más lo necesitaban residían en localidades distantes, donde los servicios eran limitados o inexistentes. Esta realidad generaba una exclusión sistemática de aquellos sectores que más requieren de apoyos para garantizar su desarrollo y, en consecuencia, perpetuaba las condiciones de desigualdad.
Por ello, es necesario plantear modelos alternativos de cuidado, donde las familias sean el eje central de la atención, no solo como receptoras de apoyo económico, sino como aliadas en el proceso de desarrollo de la infancia. El PABNYNHMT, al proveer apoyos económicos dirigidos a las madres y padres solteros o tutores, se adapta mejor a la realidad de estas familias, muchas de las cuales no tienen acceso a instituciones o estancias que garanticen la calidad de los cuidados. Al mismo tiempo, el programa responde a la demanda de un sistema de cuidados que sea flexible y adecuado a las circunstancias individuales de cada familia, priorizando el interés superior de la niñez y respetando las decisiones de los tutores sobre las mejores opciones para sus hijos.
Con el cumplimiento del Objetivo 2, el PABNYNHMT garantizará el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situaciones vulnerables al brindarles acceso a cuidados y educación, promoviendo la igualdad de oportunidades. Además, el programa también se alinea con las directrices internacionales sobre el cuidado infantil, que enfatizan la importancia de que las niñas y niños vivan en un entorno familiar seguro y afectuoso. A través de este modelo, se reconoce que las familias son las principales responsables de los cuidados, pero también se les ofrece el respaldo necesario para que puedan cumplir con este rol en las mejores condiciones posibles. Esto no solo mejora el bienestar de los niños y niñas en el presente, sino que tiene un impacto directo sobre su desarrollo futuro, reduciendo las probabilidades de que las condiciones de pobreza y exclusión se perpetúen.
Que coman los que nos dan de comer En las zonas rurales de México, donde habitan aproximadamente 11.87 millones de personas, muchas de las cuales pertenecen a pueblos originarios y comunidades afromexicanas, persisten profundos retos sociales y económicos. A pesar de que el 70.6% del territorio nacional está cubierto por vegetación forestal, estas comunidades enfrentan una serie de carencias. La pobreza afecta al 48.8% de la población rural, con 14.9% en pobreza extrema. Además, más de la mitad de la población rural (54.8%) carece de acceso a servicios de salud y 31.4% no tiene acceso a la educación básica, lo que agrava las condiciones de desigualdad y limita las oportunidades de desarrollo.
En términos de acceso a servicios básicos, 43.8% de la población rural vive en viviendas con carencias, y 21.3% sufre por la falta de acceso a alimentos nutritivos y de calidad. Estas desigualdades, que afectan particularmente a las comunidades indígenas y afromexicanas, han sido históricamente marginadas, enfrentándose a falta de infraestructura, dificultades económicas y desigualdades estructurales.
A pesar de estos retos, el programa Sembrando Vida se ha implementado para atender estas problemáticas, buscando mitigar las desigualdades en las zonas rurales, fortalecer la autonomía de las comunidades y promover un desarrollo rural sustentable. El programa registra actualmente a 426,646 personas sujetas de derecho, de las cuales 43% son indígenas y 1% afromexicanas. Este enfoque inclusivo es clave, pues atiende directamente a las poblaciones más vulnerables de México.
Sembrando Vida busca dar respuesta a estos desafíos mediante la regeneración ecológica, la producción agroecológica y la organización comunitaria. Con presencia en 1,033 municipios de 24 estados, ha establecido 1,066,615 hectáreas de sistemas agroforestales, promoviendo la siembra de plantas perennes y la creación de biofábricas, viveros y comunidades de aprendizaje campesino. De esta forma, se fomenta la producción sostenible, contribuyendo a la seguridad alimentaria y a la adaptabilidad al cambio climático.
Además, alrededor del 73% de los cultivos anuales producidos se destinan al autoconsumo de las familias rurales, mientras que el 27% restante se comercializa, lo que permite a las comunidades generar ingresos y reducir la dependencia de mercados externos. Este modelo contribuye a la mejora de la calidad de vida, fomentando la autosuficiencia alimentaria y un desarrollo más equitativo en las zonas rurales.
En términos de la conservación ambiental, el programa ha plantado más de 1,202 millones de plantas perennes, lo que contribuye a la restauración de ecosistemas degradados y al fortalecimiento de la biodiversidad. Este enfoque también ayuda a generar empleos verdes en comunidades rurales, que son esenciales para el desarrollo económico y social de las regiones más alejadas de los centros urbanos.
Sembrando Vida ha tenido éxito en mejorar la autonomía económica y la regeneración ecológica. Sin embargo, persisten desigualdades de género y la necesidad de fortalecer aún más la inclusión de las mujeres en los procesos productivos y en la toma de decisiones dentro de las comunidades rurales.
El Objetivo 4 ayudará a reducir la pobreza rural en México a la vez que mejorará la calidad de vida y promoverá un desarrollo sostenible en el país. Mediante la integración de la producción agroecológica, la restauración ecológica y el fortalecimiento comunitario, el programa está contribuyendo significativamente a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades rurales más marginadas, al tiempo que promueve la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.
El rostro de un gobierno cercano al pueblo México enfrenta una constante exposición a riesgos y amenazas tanto naturales como sociales, como huracanes, sismos, sequías y fenómenos de violencia. Las comunidades rurales, particularmente aquellas de pueblos originarios y afromexicanos, son las más afectadas por estos desastres debido a su ubicación geográfica, condiciones climáticas y vulnerabilidad estructural. Las personas que migran enfrentan riesgos adicionales durante su tránsito, sobre todo las mujeres, niñas y niños, quienes se ven más expuestos a abusos y agresiones.
El PBPESN responde a estos retos mediante un enfoque integral que combina la atención inmediata a desastres con acciones preventivas para mitigar la vulnerabilidad social. El programa tiene como objetivo atender a las poblaciones en situación de mayor riesgo, especialmente en las zonas rurales, y garantizar su acceso a servicios básicos, como alimentación, salud y vivienda digna.
En el caso de los desastres naturales, el PBPESN proporciona asistencia directa a las comunidades afectadas, facilitando recursos financieros, alimentos, agua potable y servicios médicos. Para abordar la migración forzada, el PBPESN establece mecanismos de protección a migrantes y desplazados, con un enfoque especial en la atención a mujeres, niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad. Esto incluye el acceso a albergues, servicios de salud y asistencia psicológica, así como la integración de los migrantes a comunidades locales, ayudándoles a regularizar su estatus y acceder a oportunidades de empleo y educación.
De este modo, el Objetivo 4 de este Programa ayudará a mitigar la situación de vulnerabilidad de las personas mexicanas y extranjeras que se localicen en el territorio nacional y se encuentren afectadas por una emergencia provocada por un fenómeno social o natural que vulnere su bienestar y sus derechos sociales.
Hacia un sistema universal de salud En México, la población de personas con discapacidad y personas adultas mayores enfrenta una serie de barreras significativas para acceder a la atención médica adecuada. Según datos recientes, los hogares con personas con discapacidad destinan un porcentaje mucho mayor de sus ingresos al cuidado de la salud en comparación con los hogares sin discapacidad. En 2022, el 13.6% de las personas con discapacidad señalaron que les había sido negado su derecho a acceder a atención médica o a medicamentos, de la misma forma que el 9.2% de las personas adultas mayores.
Por otro lado, más del 28.8% de las personas adultas mayores en México no tiene acceso a la seguridad social y 18.7% no tiene acceso a servicios de salud, mientras que los porcentajes para las personas con discapacidad son 42.3% y 33.4% respectivamente.
Además, aunque la CPEUM y la Ley General de Salud garantizan el derecho a la salud para todas y todos, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores continúan enfrentando obstáculos significativos para acceder a los servicios médicos. Las barreras no solo son económicas, sino también geográficas. Muchos de estos grupos viven en zonas rurales o periféricas, donde los centros de salud están alejados o carecen de los recursos adecuados para brindar atención integral. Este aislamiento geográfico y la falta de infraestructura adecuada crean una situación de vulnerabilidad aún mayor, en la que el acceso a la salud se ve limitado por factores externos fuera del control de los pacientes.
La atención médica a estos grupos vulnerables debe ser prioritaria, no solo por su condición de salud, sino también porque la atención temprana es crucial para prevenir complicaciones graves y mejorar la calidad de vida. En este sentido, el programa Salud Casa por Casa se presenta como una solución efectiva y urgente para abordar estas problemáticas. Al llevar la atención médica directamente a los hogares, especialmente en áreas donde el acceso a centros de salud es limitado, se garantiza que las personas con discapacidad y las personas adultas mayores reciban la atención que requieren sin necesidad de desplazarse grandes distancias.
Este enfoque tiene varias ventajas, entre ellas, la prevención de enfermedades y el seguimiento de las condiciones crónicas en el mismo entorno del paciente, lo cual favorece la atención temprana y reduce la necesidad de tratamientos costosos y hospitalizaciones. Además, al estar más cerca de la población objetivo, se contribuye a disminuir la exclusión social y sanitaria de estos grupos, promoviendo la inclusión y el bienestar integral. Así, el Objetivo 5 asegurará el acceso universal y equitativo a servicios de salud gratuitos, enfocados en prevenir y atender enfermedades, priorizando a personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Progreso sin justicia es retroceso El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) es uno de los instrumentos más importantes del Estado mexicano para combatir la pobreza y reducir las brechas históricas de desigualdad. Forma parte del ramo 33 del presupuesto federal y está orientado a financiar obras y acciones que garanticen el acceso efectivo a derechos sociales fundamentales, especialmente en comunidades con altos niveles de marginación y rezago. A través del FAIS se construyen caminos, sistemas de agua potable, drenaje, electrificación, vivienda, infraestructura educativa y de salud, en beneficio directo de quienes han sido históricamente excluidos del desarrollo.
Este fondo se divide en dos componentes. El primero es el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), que se transfiere a los gobiernos estatales. El segundo es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FAISMUN), que se entrega directamente a los municipios y alcaldías. Ambos componentes están destinados a atender carencias sociales con un enfoque territorial y de justicia distributiva, y su asignación se basa en una fórmula que considera indicadores oficiales de pobreza y rezago social.
Con la reforma al artículo 2o. constitucional, que reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a la libre determinación, se creó un nuevo componente dentro del FAIS: el Componente para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Este componente permite que las propias comunidades ejerzan de manera directa los recursos que les corresponden, con base en sus propias prioridades, sistemas normativos y formas de organización. Se trata de una transformación profunda en la manera de entender la política pública, que deja atrás el enfoque vertical y asistencialista, y apuesta por la participación directa, la autonomía y el respeto a la diversidad cultural.
El FAIS, y en particular su componente indígena, representa un paso firme hacia una política de desarrollo más justa, incluyente y democrática. Reafirma el compromiso del Estado mexicano con la equidad territorial y con el reconocimiento pleno de los pueblos originarios como sujetos de derecho, capaces de decidir sobre su presente y su porvenir.
Visión 2030: un México más justo, fraterno y digno La visión hacia el 2030 marca el horizonte de un país donde el bienestar deja de ser una aspiración para convertirse en el eje estructural de un nuevo modelo de desarrollo. A partir de los logros alcanzados durante el Primer y Segundo Piso de la Cuarta Transformación, el futuro se construye sobre una certeza: el bienestar es el camino, no el complemento. Ya no se concibe el desarrollo desligado de los derechos sociales ni del papel activo del Estado en la vida cotidiana del pueblo. México avanza con paso firme hacia una sociedad más fraterna y digna, donde la justicia social es la norma.
La Política de Bienestar se consolida como una auténtica política de Estado. Ha dejado de ser una respuesta programática para darle un sentido humano a la vida pública. Su universalización, su diseño territorial y su enfoque de ciclo de vida delinean un modelo que, más allá de administrar programas, construye una nueva relación entre el pueblo y sus instituciones. Aquellos sectores que durante décadas fueron marginados -las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las mujeres, las niñas y niños hijos de madres trabajadoras, las personas campesinas y productoras, así como quienes enfrentan emergencias sociales o naturales- son hoy el centro y el corazón de la transformación. De haber sido históricamente relegados, hoy son reconocidos como sujetos de derecho, protagonistas de un país que les devuelve con justicia lo que les fue negado por tanto tiempo. El legado del Humanismo Mexicano se proyecta hacia el futuro como una ética pública, un horizonte de justicia cotidiana y un modelo que, por su profundidad y alcance, hoy es referente internacional.
Esta nueva etapa también está marcada por un cambio histórico: por primera vez, una mujer fue elegida para encabezar la Presidencia de la República. La decisión del pueblo en las urnas reafirma la permanencia de una transformación pacífica, pero con un impulso renovador que lleva una agenda pública con rostro de mujer. Este hecho sin precedentes honra la memoria de nuestras ancestras, sana heridas históricas y estructurales hacia las mujeres y abre las puertas de lo posible para las nuevas generaciones. Bajo el liderazgo de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, la dignificación del trabajo de cuidados, la erradicación de las violencias contra la mujer y la ampliación de derechos para niñas, adolescentes y mujeres han pasado al centro de las prioridades nacionales. La presidencia de una mujer cambia el sentido mismo del poder: lo acerca, lo humaniza y lo convierte en instrumento de justicia. Por eso, hoy más que nunca, es tiempo de mujeres.
En 2030, México habrá dado el paso definitivo hacia la continuidad de un proyecto vivo, nutrido desde abajo y con su raíz en la historia de lucha y reivindicación del pueblo. Es la afirmación de que el bienestar no se delega, se garantiza; que los derechos no se administran, se ejercen plenamente; y que el poder solo tiene sentido cuando sirve a los más necesitados. El Humanismo Mexicano es una ética pública que guía el actuar del Estado: una forma de gobernar con cercanía, con dignidad y con profundo amor al pueblo. Por ello, el porvenir tiene sus cimientos en la convicción de que la transformación no se detendrá, pues el pueblo ha decidido no dar marcha atrás a este Proyecto de Nación. Ahí, donde nadie se quede atrás ni afuera, es donde radica el lado correcto de la historia.
El PSB se inscribe en una larga lucha del pueblo de México por la justicia social y representa la continuidad de un cambio profundo que comenzó con la Cuarta Transformación. Este Proyecto de Nación partió de una convicción clara: el bienestar no es un privilegio, sino un derecho que el Estado debe garantizar de manera universal, prioritaria y sin discriminación.
Hoy, con bases más sólidas, este Programa reafirma ese compromiso, poniendo en el centro a quienes fueron históricamente excluidos: las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, la niñez, la juventud, las mujeres, la población rural y quienes enfrentan emergencias o desigualdades territoriales.
Los seis objetivos aquí trazados reflejan la voluntad de seguir cerrando brechas, desmontar barreras estructurales y construir una sociedad más justa, igualitaria y solidaria. No partimos de cero: caminamos sobre lo andado, con la firme convicción de que el bienestar del pueblo es la mayor riqueza de la nación.
| Objetivos del PSB 2025-2030
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| 1.- Reducir la vulnerabilidad de las personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres de 60 a 64 años, garantizando una vida digna, autónoma y con acceso a los derechos sociales. |
| 2.- Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situaciones vulnerables al brindarles acceso a cuidados y educación, promoviendo la igualdad de oportunidades. |
| 3.- Contribuir a disminuir la pobreza rural en México. |
| 4.- Mitigar la situación de vulnerabilidad de las personas mexicanas y extranjeras, que se localicen en el territorio nacional y se encuentren afectadas por una emergencia provocada por un fenómeno social o natural que vulnere su bienestar y sus derechos sociales. |
| 5.- Asegurar el acceso universal, equitativo y gratuito a servicios de salud integrales, con énfasis en la prevención y atención prioritaria de personas adultas mayores y personas con discapacidad, fortaleciendo el sistema público de salud. |
| 6.- Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios. |
6.1 Relevancia del objetivo 1: Reducir la vulnerabilidad de las personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres de 60 a 64 años, garantizando una vida digna, autónoma y con acceso a los derechos sociales. México enfrenta un proceso acelerado de envejecimiento poblacional: actualmente, de acuerdo con la ENIGH 2024 más de 13.5 millones de personas tienen 65 años o más, muchas de las cuales viven en condiciones de precariedad, sin ingresos suficientes, sin seguridad social ni acceso garantizado a servicios básicos. Esta situación es aún más grave en zonas rurales, indígenas y marginadas, donde la cobertura de servicios formales ha sido históricamente limitada.
En cuanto a las personas con discapacidad, representan otro sector prioritario: según la ENIGH 2024, 9.5 millones de personas viven con alguna forma de discapacidad, de las cuales sólo el 25% no se encuentra en situación de pobreza y no es vulnerable por carencias. Estas personas enfrentan múltiples barreras físicas, sociales y económicas que limitan su autonomía, restringen su participación plena y agudizan su exclusión. Además, 3 de cada 10 personas con discapacidad vive en situación de pobreza.
En el caso de las mujeres de 60 a 64 años, la desigualdad estructural se traduce en un menor acceso a empleos formales, ingresos propios y protección social. De acuerdo con la medición de la pobreza 2024 de 2.1 millones de mujeres adultas mayores tienen ingresos inferiores a la línea de pobreza, lo que revela una condición estructural que incide en la alta vulnerabilidad que afecta su proceso de envejecimiento. Muchas de ellas han dedicado su vida al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, sin que esto haya sido reconocido ni compensado por el Estado o el mercado.
El Segundo Piso de la Cuarta Transformación plantea la construcción de un Estado que garantice bienestar a lo largo de todo el ciclo de vida, priorizando a quienes enfrentan mayores desigualdades. En este marco, atender a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad y a las mujeres mayores, independientemente de si fueron incluidas en los sistemas de protección social, pues es una condición necesaria para avanzar hacia un país con justicia social y sin exclusión estructural.
Este objetivo representa una apuesta ética, social y económica: reconocer a quienes han aportado a sus familias, comunidades y al país, pero que fueron sistemáticamente excluidos del desarrollo. Además, se alinea con una visión de derechos universales, que no depende del estatus laboral previo ni de la capacidad de pago, sino de la dignidad inherente a toda persona.
Reducir la vulnerabilidad de estas poblaciones permitirá cerrar brechas históricas, generar condiciones para una vejez más justa y equitativa, y construir un piso mínimo de bienestar desde el cual todas las personas puedan ejercer sus derechos. Se fortalece la autonomía, la capacidad de decisión y el papel activo de estas personas en sus hogares y comunidades.
Además, este objetivo contribuirá a enfrentar de raíz los efectos acumulados de la desigualdad por edad, género, condición de salud o discapacidad. Reconocer estas realidades, e intervenir de forma decidida y estructural, es clave para consolidar un modelo de bienestar que no deje a nadie atrás.
6.2 Relevancia del objetivo 2: Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situaciones vulnerables al brindarles acceso a cuidados y educación, promoviendo la igualdad de oportunidades. De acuerdo con la ENIGH 2022, en México, se estima que tan sólo el 16.6% de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 23 años en situación de ausencia parental no vive en situación de pobreza o sufre alguna carencia social, lo que limita gravemente el ejercicio pleno de sus derechos de este sector. Esta cifra es aún menor en contextos rurales, indígenas o en hogares monoparentales, donde la falta de ingresos, servicios públicos y redes de apoyo incrementa la vulnerabilidad infantil. La ausencia de uno o ambos padres o tutores -por fallecimiento, abandono, migración o situación laboral- coloca a millones de niñas y niños en riesgo de desprotección, sin acceso pleno a cuidados adecuados, educación, alimentación o atención médica.
A esto se suma la falta de infraestructura suficiente y equitativa para garantizar cuidados infantiles de calidad. Modelos anteriores, basados en esquemas institucionales centralizados, no lograron llegar a las comunidades más aisladas ni responder a la diversidad de realidades familiares. Como resultado, los menores con mayores carencias eran, paradójicamente, quienes menos acceso tenían a servicios de cuidado y protección.
El cuidado infantil sigue siendo una tarea profundamente desigual, recaída principalmente en mujeres sin remuneración ni apoyo, lo que perpetúa la pobreza intergeneracional y restringe el desarrollo integral de las niñas y niños, así como la autonomía de sus madres o tutores.
El Segundo Piso de la Cuarta Transformación plantea un modelo de desarrollo que no solo corrige desigualdades del presente, sino que actúa sobre las causas estructurales de la pobreza y la exclusión. La niñez es el punto de partida más poderoso para construir un país con igualdad de oportunidades: garantizar su cuidado, protección y educación desde los primeros años de vida no es solo un acto de justicia social, sino una inversión con efectos duraderos en el bienestar colectivo.
Este objetivo es fundamental porque coloca a las niñas, niños y adolescentes en el centro de la acción pública, con una mirada que articula el derecho al cuidado con el derecho a la educación, la salud, la alimentación y a crecer en un entorno familiar seguro. Además, reconoce la pluralidad de contextos familiares y culturales del país, y promueve esquemas más flexibles, comunitarios y cercanos a las personas, en vez de modelos únicos que no responden a la realidad de quienes más lo necesitan.
Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad contribuye a interrumpir el ciclo de pobreza intergeneracional, al brindar acceso temprano a condiciones dignas de vida, educación y afecto. Al apoyar a las familias cuidadoras, se reconoce su papel como núcleo de desarrollo infantil, y se fortalece su capacidad para brindar bienestar, especialmente en contextos donde el Estado históricamente ha estado ausente.
Este objetivo contribuye directamente al cumplimiento del interés superior de la niñez, promueve la igualdad de oportunidades desde la infancia, y sienta las bases para una sociedad más justa, equitativa y cohesionada. En términos de política pública, representa una solución estructural y no asistencial, que responde a una de las problemáticas más urgentes y sensibles del país: la infancia en pobreza.
6.3 Relevancia del objetivo 3. Contribuir a disminuir la pobreza rural en México. La pobreza rural en México sigue siendo uno de los principales desafíos para la justicia social y el desarrollo incluyente. Según datos de la Medición de Pobreza Multidimensional 2024, casi la mitad de la población rural (48.8%) vive en situación de pobreza, y un 14.9% en pobreza extrema, lo que significa que millones de personas enfrentan dificultades severas para cubrir necesidades tan básicas como la alimentación, la salud, la educación o una vivienda digna.
Estas condiciones afectan de manera particular a los pueblos originarios y comunidades afromexicanas, que habitan muchas de las regiones más alejadas y con mayor riqueza natural del país. A pesar de que, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información Forestal, el 70.6% del territorio nacional está cubierto por vegetación forestal, los habitantes de estas regiones sufren altos niveles de marginación, debido a décadas de abandono institucional, falta de infraestructura productiva, precariedad laboral y ausencia de oportunidades sostenibles de ingreso.
El INEGI, a través de la Medición de Pobreza Multidimensional 2024, señala que casi la mitad de la población rural (48.7%) carece de acceso a servicios de salud, el 32.2% presenta rezago educativo, y el 43.8% habita viviendas sin acceso a servicios básicos, lo cual limita su calidad de vida e impide el ejercicio de sus derechos más elementales. La pobreza en el campo no es solo una expresión de carencias materiales, sino también resultado de un modelo de desarrollo históricamente desigual, que concentró la inversión en las ciudades y relegó a las comunidades rurales a condiciones de subsistencia.
Disminuir la pobreza rural es fundamental para el nuevo modelo de desarrollo que propone el Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Este modelo no puede consolidarse sin una redistribución efectiva de los recursos y oportunidades hacia las zonas rurales, donde se concentra una gran parte de la riqueza natural del país, pero también una profunda desigualdad histórica.
La visión de bienestar planteada por la Cuarta Transformación implica reconocer el valor del trabajo campesino, indígena y comunitario, y apostar por la autosuficiencia alimentaria, la regeneración del entorno y el fortalecimiento de las economías locales. Este objetivo es clave para construir una economía más justa, verde e inclusiva, en la que las comunidades rurales no solo sobrevivan, sino prosperen con dignidad y en armonía con su territorio. Asimismo, se alinea con una transición hacia formas sostenibles de producción y consumo, que vinculan el desarrollo económico con la conservación del medio ambiente, el combate al cambio climático y el respeto a los saberes campesinos.
Atender estructuralmente la pobreza rural es una medida indispensable para garantizar el bienestar de millones de personas que viven del campo. Reducir las brechas en el acceso a ingresos, servicios, educación, salud y vivienda en las zonas rurales implica no solo atender una deuda histórica, sino abrir nuevas rutas de desarrollo comunitario, regeneración ecológica y soberanía alimentaria.
La implementación de esquemas que articulen la producción agroecológica, la restauración ambiental y el fortalecimiento organizativo de las comunidades campesinas ha mostrado impactos positivos tanto en el ingreso de las familias como en la protección del patrimonio natural. Por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria 2019, el 75.4% de unidades de producción destinan parte de su cosecha al consumo familiar, lo que indica un potencial transformador hacia la autosuficiencia y la resiliencia territorial.
Con el cumplimiento de este objetivo se busca reducir la dependencia de las comunidades rurales respecto a cadenas productivas injustas, al tiempo que se impulsa su autonomía económica y su capacidad de decidir sobre sus medios de vida. Apostar por el desarrollo rural desde una perspectiva integral, ecológica y comunitaria no solo combate la pobreza, sino que fortalece el tejido social del país y promueve una transición hacia un modelo más justo y sustentable.
6.4 Relevancia del objetivo 4: Mitigar la situación de vulnerabilidad de las personas mexicanas y extranjeras, que se localicen en el territorio nacional y se encuentren afectadas por una emergencia provocada por un fenómeno social o natural que vulnere su bienestar y sus derechos sociales. México es un país altamente expuesto a fenómenos naturales y sociales que, al combinarse con condiciones de vulnerabilidad estructural, provocan afectaciones graves en la vida, los bienes y los derechos de millones de personas. Desde huracanes, terremotos e incendios forestales, hasta desplazamientos por violencia, accidentes colectivos o crisis migratorias, las emergencias ocurren con frecuencia creciente y golpean con mayor fuerza a quienes menos tienen.
Esta situación se agrava cuando las personas carecen de vivienda segura, acceso a servicios de salud, educación o redes comunitarias, lo que impide una respuesta oportuna y profundiza la desigualdad. En zonas marginadas o con alta precariedad económica, una emergencia puede significar la pérdida total del patrimonio familiar y un impacto duradero que afecta su calidad de vida, salud y estabilidad económica. Además, fenómenos como el cambio climático están intensificando la frecuencia e intensidad de los eventos naturales extremos, haciendo cada vez más urgente una política integral de gestión del riesgo.
Este enfoque reconoce que la atención a las emergencias no puede ser únicamente reactiva. Se requiere una visión preventiva y de ciclo completo que abarque todas las etapas: identificación del riesgo, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.
La lógica de este modelo parte del reconocimiento de que la vulnerabilidad no es homogénea, sino que se expresa de múltiples maneras: física, económica, social, educativa, cultural, ambiental, política o tecnológica. Por eso, las estrategias deben ser multidimensionales y adaptadas a los contextos específicos. El énfasis en la prevención y la resiliencia comunitaria es clave para evitar que las emergencias se traduzcan en crisis humanitarias de largo plazo.
Este enfoque está en sintonía con el modelo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que pone en el centro la dignidad humana, el derecho al bienestar y la justicia social, y que entiende que proteger la vida y los derechos en contextos de emergencia es una obligación del Estado, no una concesión.
El objetivo está dirigido a todas las personas que se encuentren en el territorio nacional y que resulten afectadas por un evento de emergencia, sin distinción de nacionalidad, lo cual es particularmente importante en un contexto donde también se registran desplazamientos internos y migraciones forzadas.
Especialmente se busca atender a quienes, por sus condiciones de vida, enfrentan mayor riesgo de ser impactados: personas en pobreza, habitantes de zonas de riesgo geográfico, personas con discapacidad, personas adultas mayores, mujeres cuidadoras, niñas, niños, adolescentes, personas migrantes y comunidades indígenas y rurales.
Al cumplir este objetivo, se garantiza una respuesta equitativa y efectiva, que no solo actúa tras el desastre, sino que previene daños, salva vidas, protege derechos y reconstruye condiciones de dignidad. Además, contribuye a preservar la estabilidad social, económica y emocional de las comunidades afectadas, minimizando los efectos de la emergencia en el mediano y largo plazo.
6.5 Relevancia del objetivo 5: Asegurar el acceso universal, equitativo y gratuito a servicios de salud integrales, con énfasis en la prevención y atención prioritaria de personas adultas mayores y personas con discapacidad, fortaleciendo el sistema público de salud. El derecho a la salud está consagrado en la CPEUM y en la Ley General de Salud; sin embargo, en la práctica, millones de personas en México, especialmente personas adultas mayores y con discapacidad, se enfrentan cotidianamente a barreras que limitan su acceso efectivo a servicios de salud dignos y oportunos. Esta situación, profundamente injusta, no solo vulnera derechos fundamentales, sino que genera costos humanos, familiares y sociales que afectan el bienestar general del país.
Más de la mitad de las personas adultas mayores vive con alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes o artritis, que requiere atención médica continua. A pesar de ello, más del 80.9% de las personas mayores de 58 años no logró acceder a una cita médica en el último año, de acuerdo con datos de la ENSAEM 2021 del INEGI. En el caso de las personas con discapacidad, el panorama es aún más complejo: enfrentan mayores gastos en salud y una infraestructura médica que no siempre está diseñada para sus necesidades.
Los hogares con personas con discapacidad destinan el 7.3% de su ingreso a gastos médicos, casi el doble que los hogares sin personas con discapacidad (3.9%). Esta carga económica acentúa las desigualdades, ya que muchas veces impide cubrir otras necesidades básicas como alimentación, vivienda o educación. Además, gran parte de esta población habita en zonas rurales, indígenas o periurbanas, donde los servicios médicos son escasos, lejanos o inadecuados, y el traslado implica costos adicionales y grandes esfuerzos para familias ya de por sí en situación de vulnerabilidad.
El acceso a la salud debe ser entendido no solo como la posibilidad de recibir atención cuando ya existe una enfermedad, sino como un componente integral del bienestar, ligado a la prevención, el diagnóstico oportuno y el acompañamiento continuo, especialmente en poblaciones que requieren cuidados especiales.
Por ello, se ha adoptado un enfoque preventivo, domiciliario y territorializado que reconoce las barreras estructurales -económicas, geográficas, físicas y culturales- que impiden a millones de personas recibir atención. Los modelos más eficaces acercan los servicios médicos a quienes más los necesitan, reduciendo la dependencia de infraestructura hospitalaria y permitiendo la detección y tratamiento de enfermedades en su etapa temprana.
Este objetivo prioriza a personas adultas mayores y con discapacidad, sectores que concentran los mayores índices de padecimientos crónicos y de exclusión en el sistema sanitario. Sin embargo, su cumplimiento también beneficia a sus familias, que muchas veces asumen los cuidados sin apoyo del Estado, y fortalece los sistemas comunitarios de salud.
Al garantizar servicios gratuitos, cercanos y adecuados, se rompen barreras de acceso, se alivian cargas económicas en los hogares y se previenen complicaciones médicas que deterioran la calidad de vida. Pero, sobre todo, se devuelve a estas personas el derecho a vivir con dignidad, sin tener que elegir entre comer o comprar un medicamento, sin tener que desplazarse cientos de kilómetros para una consulta, sin tener que esperar meses para ser atendidas.
Este objetivo es esencial para el modelo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, porque parte del principio de que no hay justicia sin salud, y no hay bienestar sin atención a quienes más lo necesitan. La salud no puede seguir siendo un privilegio ni una lotería territorial. Es un derecho que el Estado tiene la obligación de garantizar de manera universal, gratuita y con enfoque de equidad.
6.6 Relevancia del objetivo 6: Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios. En México persisten desigualdades territoriales que limitan el acceso equitativo a los bienes esenciales para una vida digna. Estas brechas se originaron con la retirada del Estado de funciones clave como el abasto alimentario, el acceso a servicios financieros y la generación de empleo digno, dejando al mercado concentrado y al capital privado el control de sectores estratégicos.
Con la reducción del papel del Estado en el abasto, el mercado fue ocupado por cadenas oligopólicas de autoservicio, donde se concentran ingresos y se elevan los precios. En zonas rurales dispersas, el problema es más crítico: el 45.52% de la población potencial no tiene acceso al Programa de Abasto Rural, lo que se refleja en que el 23.9% de la población rural sufre carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.
La falta de inclusión financiera frena el desarrollo local. En zonas rurales, muchas personas recurren al agio o créditos caros. En las ciudades, el sobreendeudamiento por tarjetas de crédito es común. A pesar de contar con 154 cooperativas autorizadas que atienden a más de 7 millones de personas, México aún está por debajo de países como Brasil, Colombia y Ecuador en relación entre socios y población económicamente activa. Además, sólo el 2.5% del PIB nacional corresponde al sector asegurador, revelando una enorme vulnerabilidad ante riesgos.
Aunque el salario mínimo ha mejorado, persisten grandes desafíos. El 56% del empleo en México es informal, con salarios bajos y sin acceso a seguridad social. El sector social de la economía, que incluye cooperativas y empresas comunitarias, representó apenas 3.2% del empleo formal en 2018, pero creció a una tasa anual de 7.8% entre 2013 y 2018, lo que demuestra su potencial si se le apoya adecuadamente.
Atender estas desigualdades no es solo una cuestión de justicia, sino de sostenibilidad del desarrollo. El fortalecimiento de las redes de abasto comunitarias, las cooperativas de ahorro y consumo, y el empleo solidario no solo mejora el ingreso y la seguridad económica, sino que reconstruye el tejido social, promueve el arraigo local y fortalece la autonomía territorial.
Reducir las desigualdades territoriales es esencial para asegurar que ninguna comunidad se quede atrás, y que el bienestar llegue a todos los rincones del país. Este objetivo no solo enfrenta los rezagos actuales, sino que sienta las bases para un desarrollo más justo, equilibrado y con rostro humano.
6.7 Vinculación de los objetivos del Programa Sectorial de Bienestar 2025-2030 El PSB 2025-2030 contribuye de manera decisiva a los objetivos y estrategias del PND 2025-2030, al consolidar una política centrada en los derechos, la dignidad humana, la justicia social y la igualdad sustantiva. A través de sus objetivos prioritarios, este Programa orienta las acciones del Gobierno de México hacia la reducción de desigualdades, la garantía de derechos sociales y el bienestar integral de la población, con énfasis en los grupos históricamente excluidos. En estrecha alineación con el PND 2025-2030, promueve un Estado de Bienestar proactivo que asegura protección, inclusión y desarrollo, fortaleciendo la red de bienestar desde una perspectiva de derechos, de territorio y de ciclo de vida.
| Objetivos del PSB 2025-2030
| Objetivos del PND 2025-2030
| Estrategias del PND 2025-2030
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| 1. Reducir la vulnerabilidad de las personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres de 60 a 64 años, garantizando una vida digna, autónoma y con acceso a los derechos sociales. | Objetivo 2.1: Fortalecer la red de protección social para garantizar la inclusión social y económica de toda la población, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. | Estrategia 2.1.2 Fortalecer la autonomía económica de las mujeres adultas mayores de 60 a 64 años en todo el país, con especial atención a mujeres indígenas y afromexicanas. Estrategia 2.1.3 Impulsar, en coordinación con las entidades federativas, la inclusión social, económica, y la atención integral de las personas con discapacidad permanente, eliminando barreras estructurales para garantizar su plena participación. Estrategia 2.1.4 Implementar acciones para reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que afectan a las personas adultas mayores de 65 años o más, garantizando su bienestar y calidad de vida. Estrategia 2.1.8 Impulsar políticas de corresponsabilidad, generación de conocimiento y desarrollo de capacidades para el cuidado, atención y recreación de las personas adultas mayores, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. |
| 2. Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situaciones vulnerables al brindarles acceso a cuidados y educación, promoviendo la igualdad de oportunidades. | Objetivo 2.1: Fortalecer la red de protección social para garantizar la inclusión social y económica de toda la población, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. | Estrategia 2.1.1 Garantizar el acceso pleno a los derechos sociales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años en situación de vulnerabilidad, priorizando a quienes carecen de uno o ambos padres, mediante apoyos económicos para su cuidado y educación. Estrategia 2.1.9 Articular políticas nacionales, integrales e intersectoriales para garantizar los derechos de la primera infancia, niñez y adolescencia, con un enfoque de ciclo de vida, igualdad sustantiva y equidad de género, asegurando servicios universales e intervenciones diferenciadas según su nivel de riesgo o vulnerabilidad. |
| 3. Contribuir a disminuir la pobreza rural en México. | Objetivo 3.4: Fortalecer la soberanía alimentaria para garantizar el derecho del pueblo de México a una alimentación nutritiva, suficiente, de calidad y a precios accesibles para todos. Objetivo 3.5: Contribuir al bienestar y la inclusión social de la población rural, enfocándose en micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros, así como en las personas jornaleras, mediante acciones que mejoren sus ingresos. Objetivo 4.5: Proteger y restaurar los ecosistemas naturales, promoviendo su uso sustentable mediante una política ecológica humanista, inclusiva y participativa. | Estrategia 3.4.1 Fortalecer la capacidad e inclusión productiva de los productores, con énfasis en la micro, pequeña y mediana escala, para aumentar la producción nacional sostenible de alimentos bajo un enfoque agroecológico. Estrategia 3.4.2 Promover el buen funcionamiento de los mercados agrícolas, acuícolas y pesqueros, impulsando la generación de valor agregado y optimizando la comercialización de sus productos para garantizar el abasto de alimentos. Estrategia 3.5.1 Mejorar el ingreso y promover la inclusión social de la población rural y las personas jornaleras, a través de la formalización del empleo y la dignificación del trabajo, garantizando el reconocimiento de sus derechos y la mejora de sus condiciones laborales. Estrategia 4.5.3 Fomentar actividades productivas sustentables en los ecosistemas naturales para aumentar la productividad forestal, proteger la biodiversidad y mejorar los medios de vida de las comunidades. |
| 4. Mitigar la situación de vulnerabilidad de las personas mexicanas y extranjeras, que se localicen en el territorio nacional y se encuentren afectadas por una emergencia provocada por un fenómeno social o natural que vulnere su bienestar y sus derechos sociales. | Objetivo 2.2: Brindar atención integral a las personas en situación de vulnerabilidad en el territorio nacional, afectadas por emergencias derivadas de fenómenos sociales o naturales, garantizando su bienestar y derechos sociales con un enfoque humanista, empático y solidario. | Estrategia 2.2.1 Desarrollar políticas públicas que aborden las causas estructurales de la migración y promuevan un proceso seguro, ordenado y respetuoso de los derechos humanos. Estrategia 2.2.2 Reforzar la coordinación interinstitucional para brindar apoyo y protección a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad social. Estrategia 2.2.3 Reducir el impacto de emergencias climáticas o sociales en el bienestar de personas y familias, fortaleciendo la gestión integral de riesgos para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos |
| 5. Asegurar el acceso universal, equitativo y gratuito a servicios de salud integrales, con énfasis en la prevención y atención prioritaria de personas adultas mayores y personas con discapacidad, fortaleciendo el sistema público de salud. | Objetivo 2.7: Garantizar el derecho a la protección de la salud para toda la población mexicana mediante la consolidación y modernización del sistema de salud, con un enfoque de acceso universal que cierre las brechas de calidad y oportunidad, protegiendo el bienestar físico, mental y social de la población. Objetivo 2.8: Fomentar la investigación e innovación en salud para mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud mexicano, asegurando eficiencia y eficacia, con un enfoque prioritario en las personas en situación de mayor vulnerabilidad. | Estrategia 2.7.2 Reforzar las políticas de salud colectiva, tomando en consideración prácticas médicas tradicionales respaldadas científicamente, que prioricen la detección, prevención y atención de enfermedades, así como la promoción de la salud, contribuyendo al bienestar poblacional a través del Sistema Nacional de Salud Pública. Estrategia 2.7.3 Implementar políticas mediante el Sistema Nacional de Salud Pública que aseguren atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, con énfasis en población indígena, afromexicana, migrante o con discapacidad. Estrategia 2.7.5 Implementar acciones de promoción y prevención en salud mental, brindando atención integral con ética, calidad y respeto a lo largo de la vida. Estrategia 2.7.9 Garantizar la atención médica integral y de calidad para las personas adultas mayores, considerando sus necesidades y preferencias, y contribuyendo a la construcción de una sociedad de cuidados. Estrategia 2.8.1 Ampliar el acceso a servicios de salud especializados, preventivos y de largo plazo, con el objetivo de reducir la incidencia y el impacto de enfermedades crónicas, degenerativas e incapacitantes. |
| 6. Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios. | Objetivo T3.2: Diseñar e implementar Planes de Justicia y Desarrollo Regional en coordinación con los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos, su bienestar y un desarrollo integral, intercultural y sostenible, fortaleciendo su patrimonio cultural y la protección de sus territorios. Objetivo T3.3: Ejecutar políticas, programas y asignar recursos presupuestales directos a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, garantizando su administración autónoma para fortalecer el ejercicio de sus derechos, su bienestar y su desarrollo integral, intercultural y sostenible. Objetivo T3.6: Asegurar el desarrollo integral, intercultural y sostenible de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, garantizando su plena autonomía para ejercer el derecho a la libre determinación y definir sus propios modelos de desarrollo que fortalezcan su bienestar y calidad de vida. | Estrategia T3.2.2 Garantizar la asignación de recursos federales para la ejecución de proyectos, obras y acciones acordadas con las Autoridades Indígenas, asegurando su implementación efectiva dentro de los Planes de Justicia y Desarrollo Regional. Estrategia T3.2.3 Fortalecer la coordinación entre los ámbitos federal, estatal y municipal para garantizar la implementación efectiva de los Planes de Justicia y Desarrollo Regional, asegurando que los Pueblos Indígenas y Afromexicanos definan, administren, ejecuten, evalúen y transparenten los proyectos, obras y acciones acordadas. Estrategia T3.3.3 Definir normas, criterios y mecanismos para garantizar una asignación presupuestal equitativa, justa y proporcional a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, asegurando su administración y ejercicio directo mediante criterios compensatorios que fortalezcan su desarrollo y autonomía. Estrategia T3.6.5 Desarrollar infraestructura esencial en Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para garantizar acceso a agua potable, electrificación, drenaje y saneamiento, además de fortalecer espacios comunitarios, integrando técnicas tradicionales, tecnologías sustentables y empleo de mano de obra local. |
7. Estrategias y líneas de acción Las estrategias y líneas de acción que presenta el PSB 2025-2030 están diseñadas para consolidar una política integral, dirigida a atender las diversas necesidades y condiciones de vulnerabilidad de la población. Estas líneas de acción buscan garantizar el acceso efectivo a los derechos sociales, promover la inclusión, reducir desigualdades y fortalecer la coordinación para una ejecución eficaz de los programas. Cada estrategia se enfoca en acciones concretas que permitirán avanzar hacia una vida digna y justa para todas y todos, especialmente para quienes más apoyo requieren.
Reducir la vulnerabilidad de las personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres de 60 a 64 años, garantizando una vida digna, autónoma y con acceso a los derechos sociales. Estrategia 1.1 Mejorar la situación de protección social de toda la población adulta mayor de 65 años o más de edad, a través de una pensión no contributiva. | Línea de acción
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| 1.1.1 Otorgar pensiones no contributivas bimestrales, directas y sin intermediarios a personas adultas mayores de 65 años o más, mediante transferencias bancarias y/o operativos de pago en territorio. |
| 1.1.2 Ampliar la cobertura de la pensión para personas adultas mayores conforme al crecimiento demográfico, mediante la actualización permanente de padrones. |
| 1.1.3 Garantizar una pensión no contributiva a toda persona adulta mayor de 65 años o más, mexicana por nacimiento o naturalización y residente en el país, mediante inscripción en el padrón de beneficiarios. |
| 1.1.4 Establecer mecanismos de registro accesibles y permanentes en todo el país para personas adultas mayores, mediante módulos fijos y brigadas móviles. |
| 1.1.5 Asegurar la transparencia y puntualidad en la entrega de pensiones económicas, mediante controles administrativos y herramientas de seguimiento. |
| 1.1.6 Contribuir a mejorar las condiciones de bienestar social de las personas adultas mayores residentes en el territorio nacional a través de servicios integrales. |
Estrategia 1.2 Promover la inclusión social y económica de las personas con discapacidad, permitiéndoles superar las barreras estructurales que limitan su participación plena. | Línea de acción
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| 1.2.1 Contribuir a mejorar el ingreso económico de las personas mexicanas con discapacidad permanente y de sus hogares, mediante pensiones no contributivas bimestrales, directas y sin intermediarios. |
| 1.2.2 Otorgar pensiones no contributivas bimestrales, directas y sin intermediarios a personas con discapacidad, mediante transferencias bancarias o a través de operativos de pago, priorizando zonas rurales, indígenas y de alta marginación. |
| 1.2.3 Ampliar la cobertura del programa para personas con discapacidad conforme al crecimiento demográfico, mediante actualización de padrones, apertura de nuevos registros y fortalecimiento de la estructura operativa. |
| 1.2.4 Garantizar la transparencia y puntualidad en la entrega de pensiones económicas, mediante controles administrativos y procesos de supervisión. |
| 1.2.5 Establecer convenios de colaboración con las entidades federativas para dar cobertura a personas con discapacidad de entre 30 y 64 años, mediante la coordinación presupuestal y la operación compartida del programa. |
Estrategia 1.3 Fortalecer la independencia económica y el bienestar integral de las mujeres, para reducir las brechas de género y fomentar su autonomía. | Línea de acción
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| 1.3.1 Otorgar pensiones económicas no contributivas bimestrales a mujeres adultas mayores de 60 a 64 años, mediante transferencias directas y sin intermediarios. |
| 1.3.2 Priorizar la entrega de pensiones económicas en municipios indígenas, rurales y de alta marginación, mediante criterios territoriales y operativos. |
| 1.3.3 Ampliar la cobertura del programa para alcanzar su carácter universal, mediante la incorporación progresiva de beneficiarias y la actualización del padrón. |
| 1.3.4 Establecer mecanismos de seguimiento y supervisión para verificar la entrega oportuna y transparente de las pensiones, mediante sistemas de monitoreo, auditoría social y evaluación periódica. |
Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situaciones vulnerables al brindarles acceso a cuidados y educación, promoviendo la igualdad de oportunidades. Estrategia 2.1 Contribuir a mejorar las condiciones que permitan el acceso al ejercicio pleno de los derechos sociales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad por la ausencia de uno o de ambos padres. | Línea de acción
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| 2.1.1 Brindar apoyos económicos bimestrales a madres, padres solos o tutores, para garantizar el acceso a cuidados y educación de niñas, niños y jóvenes, mediante transferencias directas y sin intermediarios. |
| 2.1.2 Ampliar la cobertura del programa a comunidades con mayor grado de vulnerabilidad, mediante criterios de priorización territorial. |
| 2.1.3 Priorizar la incorporación de personas que habiten en municipios o localidades indígenas o afromexicanas, con alto o muy alto grado de marginación. |
| 2.1.4 Otorgar un apoyo económico bimestral, directo y sin intermediarios, a niñas y niños de hasta 4 años de edad (o hasta 6 años en caso de discapacidad) en situación de ausencia parental. |
| 2.1.5 Otorgar un apoyo económico bimestral, directo y sin intermediarios, a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años en orfandad materna. |
Estrategia 2.2 Mejorar las condiciones para el acceso a cuidados y educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años de edad, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, mediante la entrega de un apoyo económico destinado a sus cuidados. | Línea de acción
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| 2.2.1 Entregar el apoyo económico bimestralmente mediante orden de pago o tarjeta bancaria, una vez verificados y validados los datos. |
| 2.2.2 Entregar las tarjetas bancarias a las personas beneficiarias o responsables a través de operativos. |
| 2.2.3 Incorporar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad que vivan en familias monoparentales u otros modelos de cuidado familiar, mediante procesos de registro accesibles y flexibles que reconozcan la diversidad de formas de organización familiar. |
Objetivo 3. Contribuir a disminuir la pobreza rural en México. Estrategia 3.1 Consolidar la transición agroecológica y la autosuficiencia alimentaria. | Línea de acción
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| 3.1.1 Otorgar apoyos económicos directos a productores en pobreza para la transición agroecológica vinculados a programas de bienestar. |
| 3.1.2 Facilitar el acceso a pequeños productores a mercados locales mediante esquemas de comercialización solidario con enfoque en la equidad social. |
| 3.1.3 Coordinar el fortalecimiento de los sistemas SAF y MIAF como base de la soberanía alimentaria. |
| 3.1.4 Garantizar el uso y producción de bioinsumos mediante biofábricas comunitarias |
| 3.1.5. Promover la organización, fortalecimiento y sostenibilidad de toda clase de sociedades cooperativas, como impulso al desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible, para elevar el nivel de bienestar de las familias rurales con rezago social |
| 3.1.6 Fortalecer la economía de las personas campesinas que viven en municipios con rezago social, procurando la autosuficiencia alimentaria y promoviendo su inclusión productiva |
Estrategia 3.2 Conectividad ecosistémica y restauración agroecológica con base comunitaria. | Línea de acción
|
| 3.2.1 Fortalecer y equipar viveros comunitarios para la producción de especies nativas, restauración ecológica y conectividad agroforestal, considerando condiciones hídricas locales. |
| 3.2.2 Coordinar capacitaciones a beneficiarios en el manejo agroecológico en SAF y MIAF, para la conservación de suelos, agua, biodiversidad y captura de carbono. |
| 3.2.3 Desarrollar obras de conservación de suelo y agua en territorio para mejorar la resiliencia comunitaria. |
| 3.2.4 Consolidar biofábricas comunitarias para la autosuficiencia en bioinsumos, mejorando la fertilidad del suelo, la sanidad vegetal y la gestión sostenible del agua. |
| 3.2.5 Vincular la restauración ecológica con los planes productivos comunitarios, mediante esquemas participativos de monitoreo, conservación de semillas y fortalecimiento de capacidades locales. |
Estrategia 3.3 Fortalecer la organización territorial y la gobernanza comunitaria. | Línea de acción
|
| 3.3.1 Formar equipos técnicos interdisciplinarios con visión biocultural. |
| 3.3.2 Promover la planeación participativa basada en información geoestadística. |
| 3.3.3 Impulsar el sujeto colectivo como actor de gestión territorial. |
| 3.3.4 Desarrollar capacidades organizativas mediante programas de formación territorializados que fortalezcan la autonomía y la democracia comunitarias. |
Estrategia 3.4 Impulsar la inclusión de jóvenes, mujeres, comunidades indígenas y afromexicanas, para garantizar los derechos y desarrollo de las comunidades rurales.
| Línea de acción
|
| 3.4.1 Integrar juventudes en comunidades de aprendizaje y liderazgo agroecológico. |
| 3.4.2 Establecer alianzas con instituciones educativas y de investigación. |
| 3.4.3 Impulsar esquemas de cooperación y alianzas que fortalezcan la innovación rural, el intercambio de saberes y la transferencia de tecnologías sustentables. |
| 3.4.4 Fomentar interinstitucionalmente la participación efectiva de las mujeres con el propósito de reducir brechas de desigualdad por género y etnia por el acceso a los recursos. |
Objetivo 4. Mitigar la situación de vulnerabilidad de las personas mexicanas y extranjeras, que se localicen en el territorio nacional y se encuentren afectadas por una emergencia provocada por un fenómeno social o natural que vulnere su bienestar y sus derechos sociales. Estrategia 4.1 Orientar las intervenciones hacia la identificación y mitigación de las causas estructurales de la migración, promoviendo que esta se realice de forma segura, ordenada y con respeto a los derechos humanos. | Línea de acción
|
| 4.1.1 Brindar atención a personas migrantes con diversas condiciones migratorias -como solicitantes de asilo, refugiados, desplazados internos y repatriados- mediante el PBPESN, tanto en la frontera sur como en la frontera norte del país. |
| 4.1.2 Ofrecer albergue temporal, formación productiva y acceso a servicios básicos a personas migrantes y connacionales en condición de vulnerabilidad, a través de los Centros de Bienestar para el Migrante ubicados en Ciudad Juárez, Tijuana y Matamoros. |
| 4.1.3 Entregar apoyos en especie en refugios, albergues, estaciones de tránsito y otros espacios de protección, para garantizar la seguridad y bienestar mínimo de personas afectadas por emergencias sociales. |
| 4.1.4 Establecer procesos de incorporación simplificados y sin formatos restrictivos para personas afectadas por emergencias, mediante la aplicación del principio pro persona. |
Estrategia 4.2 Impulsar esquemas de coordinación interinstitucional para garantizar apoyo y protección integral a las personas migrantes. | Línea de acción
|
| 4.2.1 Promover la participación comunitaria de personas beneficiarias del programa en la frontera sur, mediante actividades de servicio de reciprocidad en coordinación con instituciones gubernamentales, académicas y organismos civiles. |
| 4.2.2 Garantizar la transparencia y puntualidad en la entrega de los apoyos económicos, mediante mecanismos de supervisión y control administrativo. |
| 4.2.3 Atender a personas migrantes en trámites de regularización migratoria en la frontera sur, mediante apoyos temporales y servicios básicos, en coordinación con instancias gubernamentales y sociales. |
Estrategia 4.3 Diseñar y desplegar mecanismos de atención para reducir el impacto de emergencias climáticas o sociales en el bienestar de las personas y familias, asegurando el ejercicio de sus derechos sociales. | Línea de acción
|
| 4.3.1 Priorizar la atención a personas que habiten, transiten o permanezcan en municipios o localidades indígenas, afromexicanas o de alta marginación, así como a niñas y niños viajantes, en tránsito migratorio o expósitos, mediante los servicios y apoyos del PBPESN. |
| 4.3.2 Implementar mecanismos de atención inmediata para personas afectadas por fenómenos naturales como ciclones, inundaciones, sismos, incendios, erupciones volcánicas y sequías, mediante la entrega directa de apoyos económicos o en especie, conforme a los criterios establecidos en los lineamientos del PBPESN. |
| 4.3.3 Entregar bienes esenciales como alimentos, productos de higiene, medicamentos, herramientas y servicios de traslado, en zonas afectadas por fenómenos naturales, para mitigar riesgos y restituir condiciones mínimas de bienestar. |
Objetivo 5. Asegurar el acceso universal, equitativo y gratuito a servicios de salud integrales, con énfasis en la prevención y atención prioritaria de personas adultas mayores y personas con discapacidad, fortaleciendo el sistema público de salud.
Estrategia 5.1 Mejorar las condiciones de acceso a los servicios de salud de los derechohabientes de la PBPAM y la PBPCD. | Línea de acción
|
| 5.1.1 Brindar atención médica domiciliaria a personas derechohabientes de las pensiones para personas adultas mayores y personas con discapacidad. |
| 5.1.2 Incorporar y capacitar profesionales de la salud para llevar a cabo visitas preventivas y de seguimiento. |
| 5.1.3 Realizar diagnósticos integrales de salud mediante visitas domiciliarias para identificar necesidades específicas de atención médica. |
| 5.1.4 Garantizar la atención médica preventiva y domiciliaria sin discriminación, priorizando a personas en situación de vulnerabilidad. |
| 5.1.5 Asegurar la accesibilidad de los servicios de salud mediante visitas domiciliarias en todo el país, eliminando barreras geográficas, culturales o físicas. |
Estrategia 5.2 Brindar atención médica y preventiva, a través de la incorporación de profesionales de la salud para que lleven a cabo visitas domiciliarias para garantizar la atención integral y el seguimiento del estado de salud. | Línea de acción
|
| 5.2.1 Fomentar la integración de servicios médicos con otros programas sociales de salud. |
| 5.2.2 Realizar diagnósticos y monitoreos periódicos de la salud de los derechohabientes para mejorar la atención. |
| 5.2.3 Recabar y resguardar la información médica de los derechohabientes de manera segura, respetando la confidencialidad de sus datos personales. |
| 5.2.4 Establecer mecanismos de acompañamiento al desempeño de las personas facilitadoras de la salud. |
Objetivo 6. Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios. Estrategia 6.1 Fomentar los esquemas de consumo asociativo, para incrementar el ahorro y el bienestar de las familias y los pequeños productores. | Línea de acción
|
| 6.1.1 Apoyar el cooperativismo escolar que propicia estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos, a través de acciones de formación en las prácticas, valores y principios cooperativos. |
| 6.1.2 Promover la creación y desarrollo de cooperativas de bienes y servicios de consumo básico, facilitando la organización comunitaria, especialmente en zonas de atención prioritaria. |
| 6.1.3 Promover la creación y desarrollo de asociaciones de pequeños productores, a través de acciones de capacitación y fomento, especialmente en zona rurales marginadas. |
Estrategia 6.2 Favorecer la ampliación de los servicios financieros cooperativos y mutuales, para que éstos sean accesibles y de bajo costo. | Línea de acción
|
| 6.2.1 Propiciar un entorno favorable al desarrollo de los servicios financieros cooperativos y mutuales, a través de un adecuado marco normativo. |
| 6.2.2 Promover los servicios cooperativos y mutuales como alternativa de inclusión financiera, a través de acciones de visibilización. |
| 6.2.3 Fortalecer a las cooperativas y mutuales de servicios financieros, a través de acciones de capacitación y formación. |
Estrategia 6.3 Apoyar el desarrollo de cooperativas y otros organismos del sector social productores de bienes y servicios, para ampliar las opciones de generación de empleos dignos y bien remunerados
| Línea de acción
|
| 6.3.1 Propiciar un entorno favorable al desarrollo de cooperativas y otros organismos del sector social productores de bienes y servicios, a través de un adecuado marco normativo. |
| 6.3.2 Ampliar las posibilidades de comercialización de bienes y servicios de las cooperativas y otros organismos del sector social, favoreciendo su participación como proveedores del gobierno federal. |
| 6.3.3 Apoyar el crecimiento de cooperativas y otros organismos del sector social productores de bienes y servicios, promoviendo opciones accesibles de financiamiento. |
Indicador del objetivo 1.1.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Número de personas adultas mayores no pobres y no vulnerables
|
| Objetivo
| Reducir la vulnerabilidad de las personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres de 60 a 64 años, garantizando
una vida digna, autónoma y con acceso a los derechos sociales
|
| Definición o
descripción
| Mide la cantidad total de personas adultas mayores y que, según la medición oficial de pobreza multidimensional, no se
encuentran en situación de pobreza ni en condición de vulnerabilidad por carencias sociales o por ingresos.
|
| Derecho asociado
| Derecho a una pensión no contributiva.
|
| Nivel de
desagregación
| · Nacional.
· Personas Adultas Mayores
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Bienal
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la
información
| Julio-agosto del año siguiente
|
| Unidad de medida
| Personas
| Periodo de recolección de los
datos
| Agosto a octubre de los años pares
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad responsable de
reportar el avance
| Unidad para la Atención de Grupos
Prioritarios.
|
| Método de cálculo
| Conteo del número de personas de 65 años o más no pobres y no vulnerables en el año t
t = año de cálculo
|
| Observaciones
| |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.
|
| Nombre variable 1
| Personas adultas
mayores no pobres y
no vulnerables
| Valor variable 1
| 5,939,577
| Fuente de
información variable
1
| Medición de la
pobreza INEGI
|
| Sustitución en
método de cálculo
| |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 5,939,577
| |
| Año
| 2022
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 7,676,840
| |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
Se deberán registrar los valores de acuerdo a la frecuencia de medición del indicador.
Puede registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| 3,751,801
| NA
| 4,796,780
| NA
| 5,939,577
| NA
| ND
|
| METAS
Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| NA
| 6500000
| NA
| 7,000,000
| NA
| 7,676,840
|
Indicador del objetivo 1.1.2
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Número de personas con discapacidad no pobres y no vulnerables
|
| Objetivo
| Reducir la vulnerabilidad de las personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres de 60 a 64 años, garantizando
una vida digna, autónoma y con acceso a los derechos sociales
|
| Definición o
descripción
| Mide la cantidad total de personas con discapacidad y que, según la medición oficial de pobreza multidimensional, no se
encuentran en situación de pobreza ni en condición de vulnerabilidad por carencias sociales o por ingresos.
|
| Derecho asociado
| Derecho a una pensión no contributiva.
|
| Nivel de
desagregación
| · Nacional. · Personas con discapacidad | Periodicidad o frecuencia de
medición
| Bienal
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la
información
| Julio-agosto del año siguiente
|
| Unidad de medida
| Personas
| Periodo de recolección de
los datos
| Agosto a octubre de los años pares
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad responsable de
reportar el avance
| Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios.
|
| Método de cálculo
| Conteo del número de personas con discapacidad no pobres y no vulnerables en el año t
t = año de cálculo
|
| Observaciones
| |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.
|
| Nombre variable 1
| Personas con
discapacidad no
pobres y no
vulnerables
| Valor variable 1
| 1,590,868
| Fuente de
información variable
1
| Medición de la
pobreza INEGI
|
| Sustitución en
método de cálculo
| |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 1,590,868
| |
| Año
| 2022
|
| Meta 2030
| |
| 1,907,899
| |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
Se deberán registrar los valores de acuerdo a la frecuencia de medición del indicador.
Puede registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| ND
| NA
| 1,273,837
| NA
| 1,590,868
| NA
| ND
|
| METAS
Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| NA
| 1700000
| NA
| 1,800,000
| NA
| 1,907,899
|
Indicador del objetivo 1.1.3
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Número de mujeres de 60 a 64 años no pobres y no vulnerables
|
| Objetivo
| Reducir la vulnerabilidad de las personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres de 60 a 64 años, garantizando
una vida digna, autónoma y con acceso a los derechos sociales
|
| Definición o
descripción
| Mide la cantidad total de mujeres entre 60 y 64 años y que, según la medición oficial de pobreza multidimensional, no se
encuentran en situación de pobreza ni en condición de vulnerabilidad por carencias sociales o por ingresos.
|
| Derecho asociado
| Derecho a la seguridad social.
|
| Nivel de
desagregación
| · Nacional. · Mujeres de 60 a 64 años | Periodicidad o frecuencia de
medición
| Bienal
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la
información
| Julio-agosto del año siguiente
|
| Unidad de medida
| Personas
| Periodo de recolección de
los datos
| Agosto a octubre de los años pares
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad responsable de
reportar el avance
| Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios.
|
| Método de cálculo
| Conteo del número de mujeres de 60 a 64 años no pobres y no vulnerables en el año t
t = año de cálculo
|
| Observaciones
| |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.
|
| Nombre variable 1
| Mujeres de 60 a 64
años no pobres y no
vulnerables
| Valor variable 1
| 1,166,842
| Fuente de
información variable
1
| Medición de la
pobreza INEGI
|
| Sustitución en
método de cálculo
| |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 1,166,842
| |
| Año
| 2022
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 1,379,650
| |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
Se deberán registrar los valores de acuerdo a la frecuencia de medición del indicador.
Puede registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| 745,427
| NA
| 922,694
| NA
| 1,166,842
| NA
| ND
|
| METAS
Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| NA
| 1,200,000
| NA
| 1,300,000
| NA
| 1,379,650
|
Indicador del objetivo 2.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Porcentaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años en situación de ausencia parental no pobres y no vulnerables
|
| Objetivo
| Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situaciones vulnerables al brindarles acceso a
cuidados y educación, promoviendo la igualdad de oportunidades.
|
| Definición o
descripción
| Estima la proporción de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años que, aun encontrándose en situación de ausencia
parental, no presentan condiciones de pobreza ni de vulnerabilidad por carencias sociales o por ingresos, de acuerdo con la
medición de pobreza multidimensional.
|
| Derecho asociado
| Derecho al cuidado y al desarrollo integral.
|
| Nivel de
desagregación
| · Nacional
· Niñas, niños, adolescentes y jóvenes de
0 a 23.
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Bienal
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la información
| Julio-agosto del año siguiente
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de los
datos
| Agosto a octubre de los años pares
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad responsable de reportar el
avance
| Unidad para la Atención de Grupos
Prioritarios.
|
| Método de cálculo
| (Número de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años en situación de ausencia parental no pobres y no vulnerables a
nivel nacional en el periodo t / Número de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años a nivel nacional en el periodo t) *
100
t = año de cálculo
|
| Observaciones
| |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.
|
| Nombre variable 1
| Número de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes de
hasta 23 años en situación
de ausencia parental no
pobres y no vulnerables a
nivel nacional
| Valor variable 1
| 3,169,179
| Fuente de
información
variable 1
| Medición de la
pobreza INEGI
|
| Nombre variable 2
| Número de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes de
hasta 23 años a nivel
nacional en el periodo
| Valor variable 2
| 19,129,005
| Fuente de
información
variable 2
| Medición de la
pobreza
|
| Sustitución en
método de cálculo
| |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 16.6%
| |
| Año
| 2022
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 20.8%
| |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
Se deberán registrar los valores de acuerdo a la frecuencia de medición del indicador.
Puede registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| 15.5%
| NA
| 14.4%
| NA
| 16.6%
| NA
| ND
|
| METAS
Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| NA
| 17%
| NA
| 19%
| NA
| 20.8%
|
Indicador 3.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Variación de la población rural en situación de pobreza.
|
| Objetivo
| Contribuir a disminuir la pobreza rural en México.
|
| Definición o
descripción
| Mide la variación de la población en situación de pobreza en el ámbito rural en México en el año t respecto al año t-2.
t = año de cálculo
|
| Derecho asociado
| El Estado garantizará, en los términos que fije la ley, la entrega de:
a) Un jornal seguro, justo y permanente a personas campesinas que cultiven sus tierras con frutales, maderables y especies que requieran ser procesadas. Artículo 27, fracción XX, inciso a) de la CPEUM. |
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de medición
| Bienal
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la información
| Agosto
|
| Unidad de medida
| Millones de personas
| Periodo de recolección de los datos
| Enero-diciembre
|
| Tendencia esperada
| Descendente.
| Unidad responsable de reportar el
avance
| 300. Subsecretaría de Inclusión Productiva y
Desarrollo Rural
|
| Método de cálculo
| VPRSPn= (PRSPt -PRSPt-2)
Donde:
VPRSP= Variación, en millones de personas, de la población rural en situación de pobreza en el año t.
PRSPt= Población rural, en millones de personas, en situación de pobreza en el año t.
PRSPt-2= Población rural, en millones de personas, en situación de pobreza en el año t-2
t = año de cálculo
|
| Observaciones
| Los datos se obtienen a partir de los indicadores desarrollados por CONEVAL y, a partir de 2025, por INEGI, no se manipula en ningún sentido. Las variables para el método de cálculo están expresadas en millones de personas. Este indicador es bienal y se espera un comportamiento descendente, por lo cual se espera que el número de personas en situación de pobreza en el ámbito rural disminuya durante el sexenio, a partir de su año base que es 2022. En el presente indicador no se incluyen metas intermedias (casos inferiores de la presente ficha) ya que lo que se busca medir es que la variación en condiciones de pobreza en el ámbito rural a nivel nacional disminuya de manera bienal conforme a la medición que se establece en el presente indicador, es decir, lo que se busca es que a partir de cada medición se tenga menos población a nivel nacional que presente condiciones de pobreza en el ámbito rural, motivo por el cual no se establecen metas intermedias ya que el objetivo central del presente indicador es medir que efectivamente este porcentaje disminuya y no tener únicamente metas intermedias que muy probablemente se alejen de la realidad por la cual atraviesa nuestro país. |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.
|
| Nombre variable 1
| Población rural, en millones de
personas, en situación de
pobreza en el año t
| Valor variable 1
| 15.5
| Fuente de
información variable
1
| Resultados de la
medición de la
pobreza, CONEVAL
2022.
|
| Nombre variable 2
| Población rural, en millones de
personas, en situación de
pobreza en el año t-2
| Valor variable 2
| 16.6
| Fuente de
información variable
2
| Resultados de la
medición de la
pobreza, CONEVAL
2020.
|
| Sustitución en
método de cálculo
| VPRSP2022= (15.5 millones de personas 2022-16.6 millones de personas 2020)
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| -1.1
| Se establece la línea base para el año 2022 en -1.1 millones derivado de que se
pretende comenzar las mediciones del presente indicador posterior al año 2022.
|
| Año
| 2022
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| -1.78
| Corresponde a la variación en el número de personas que salen de la situación
de pobreza en el ámbito rural en 2030.
|
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
Se deberán registrar los valores de acuerdo a la frecuencia de medición del indicador.
Puede registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| 0.6
| NA
| -0.8
| NA
| -1.1
| NA
| ND
|
| METAS
Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| NA
| -1.27
| NA
| -1.63
| NA
| -1.78
|
Indicador del objetivo 4.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Porcentaje de personas afectadas por una emergencia social o natural atendidas por el PBPESN con apoyos económicos y/o en
especie
|
| Objetivo
| Mitigar la situación de vulnerabilidad de las personas mexicanas y extranjeras, que se localicen en el territorio nacional y se
encuentren afectadas por una emergencia provocada por un fenómeno social o natural que vulnere su bienestar y sus derechos
sociales.
|
| Definición o
descripción
| El indicador mide el porcentaje de personas afectadas por una emergencia social o natural atendidas por el Programa con apoyos
respecto a la población objetivo.
|
| Derecho asociado
| Derecho al acceso a alimentación, salud y atención humanitaria.
|
| Nivel de
desagregación
| · Nacional · Personas afectadas por una emergencia social o natural. | Periodicidad o frecuencia de medición
| Anual.
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico: Cobertura del Programa.
| Disponibilidad de la información
| Febrero del año siguiente.
|
| Unidad de medida
| Porcentaje.
| Periodo de recolección de los datos
| Enero a diciembre.
|
| Tendencia esperada
| Constante.
| Unidad responsable de reportar el
avance
| Unidad de Vinculación Interinstitucional.
|
| Método de cálculo
| PPAESN= (PAP / PO) * 100
Donde:
PPAESN: Porcentaje de personas afectadas por una emergencia social o natural atendidas por el Programa con apoyos
económicos y en especie en el año t
PAP: Número de personas afectadas por una emergencia social o natural atendidas por el Programa con apoyos económicos y en
especie en el año t.
PO: Población Objetivo en el año t
|
| Observaciones
| En caso de ser necesario, podrá registrar alguna observación que permita la mejor interpretación del indicador. (máximo 500
caracteres contando espacios)
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.
|
| Nombre variable 1
| Número de personas
afectadas por una emergencia
social o natural atendidas por
el Programa con apoyos
económicos y en especie en el
año t
| Valor variable 1
| 206,295
| Fuente de
información
variable 1
| Unidad de Vinculación
Interinstitucional
|
| Nombre variable 2
| Población objetivo en el año t
| Valor variable 2
| 1,338,086
| Fuente de
información
variable 2
| Diagnóstico de la
Unidad de Vinculación
Interinstitucional
|
| Sustitución en
método de cálculo
| |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 15.41
| |
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 16
| |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
Se deberán registrar los valores de acuerdo a la frecuencia de medición del indicador.
Puede registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| ND
| ND
| ND
| ND
| ND
| ND
| 15.41
|
| METAS
Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 15.5
| 15.6
| 15.7
| 15.8
| 15.9
| 16
|
Indicador 5.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Porcentaje de derechohabientes visitados respecto al total de derechohabientes
|
| Objetivo
| Asegurar el acceso universal, equitativo y gratuito a servicios de salud integrales, con énfasis en la prevención y atención
prioritaria de personas adultas mayores y personas con discapacidad, fortaleciendo el sistema público de salud
|
| Definición o
descripción
| El indicador verifica el avance de visitas de los derechohabientes respecto de lo programado.
|
| Derecho asociado
| Derecho a la salud
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico: Cobertura del Programa.
| Disponibilidad de la información
| Febrero del año siguiente
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de los
datos
| Enero a diciembre
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad responsable de reportar
el avance
| Unidad para la Atención de Grupos
Prioritarios
|
| Método de cálculo
| (Número de derechohabientes visitados en el año t / Número total de derechohabientes inscritos en la PBPAM y la PBPCD en el
año t) *100
t = año de cálculo
|
| Observaciones
| Este indicador se genera para cuantificar la implementación del compromiso presidencial número 22 "Atención médica domiciliaria
para las personas adultas mayores".
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.
|
| Nombre variable 1
| Número de derechohabientes
visitados
| Valor variable 1
| N/A
| Fuente de
información
variable 1
| Unidad para la
Atención de Grupos
Prioritarios.
|
| Nombre variable 2
| Número total de
derechohabientes inscritos en la
PBPAM y la PBPCD
| Valor variable 2
| N/A
| Fuente de
información
variable 2
| Unidad para la
Atención de Grupos
Prioritarios.
|
| Sustitución en
método de cálculo
| N/A
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 0
| Al ser un nuevo programa se parte de una línea base 0
|
| Año
| N/A
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 95
| |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
Se deberán registrar los valores de acuerdo a la frecuencia de medición del indicador.
Puede registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
|
| METAS
Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 90
| 91
| 92
| 93
| 94
| 95
|
Indicador del objetivo 6.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Índice de Formación de nuevas Sociedades Cooperativas
|
| Objetivo
| Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios
|
| Definición o
descripción
| Mide el índice de la tendencia que presenta el registro de sociedades cooperativas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) y en el Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (FOCOOP) |
| Derecho asociado
| Derecho al trabajo
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o
frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la
información
| Anual
|
| Unidad de medida
| Número índice
| Periodo de
recolección de los
datos
| Anual
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad responsable
de reportar el
avance
| INAES
|
| Método de cálculo
| IFSC= (VTRSCa/VTRSC0) * 100
IFSC: Índice de Formación de nuevas Sociedades Cooperativas
VTRSCa: Valor de la Tendencia en el registro de sociedades cooperativas del año corriente
VTRSC0: Valor de la Tendencia en el registro de sociedades cooperativas en el año base
|
| Observaciones
| IFSC= (VTRSCa/VTRSC0) * 100
Nota: Los datos observados en el DENUE y el FOCOOP sobre el registro de sociedades cooperativas entre 2013 y 2024 presentan una tendencia que se expresa en la ecuación de la recta: y= 7.4161X + 316.21. Con la ecuación se construyó una serie de valores que inicia con 323.6 para 2013 y termina con un valor de 405.2 para el año 2024, estimándose los valores para el periodo 2025-2030. Para determinar el índice de los valores se estableció como año base 2024=100.0, y utilizando el valor de este año base se calculó el número índice para los demás años dividiendo el valor de cada año entre el valor de 2024 y multiplicando por 100. |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.
|
| Nombre variable 1
| VTRSCa
| Valor variable 1
| 110.0
| Fuente de información
variable 1
| DENUE
FOCOOP
|
| Nombre variable 2
| VTRSC0
| Valor variable 2
| 110.0
| Fuente de información
variable 2
| DENUE
FOCOOP
|
| Sustitución en
método de cálculo
| IFSC= (110.0/110.0) * 100
IFSC= (1) * 100
IFSC= 100.0
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 100.0
| |
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 112.2
| |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
Se deberán registrar los valores de acuerdo a la frecuencia de medición del indicador.
Puede registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| 87.8
| 89.8
| 91.8
| 93.9
| 95.9
| 98.0
| 100.0
|
| METAS
Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 102.0
| 104.1
| 106.1
| 108.2
| 110.2
| 112
|
9. Anexo gráfico
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la Poverty and Inequalty Plataform del Banco Mundial en: https://pip.worldbank.org/country-profiles/MEX.
Fuente: Elaboración propia con base en la Medición de la pobreza 2024 de CONEVAL.
Histórico de la reducción de pobreza por entidad 2016-2024
Fuente: Elaboración propia con base en la Medición de la pobreza 2024 de INEGI.
Fuente: Elaboración propia con base en la Medición de la pobreza 2024 de INEGI.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México. PIB Trimestral. Año Base 2018. Serie del primer trimestre de 1993 al primer trimestre de 2025, así como estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del MCS-ENIGH y con base en la ENIGH 2018, 2020 y 2022 del INEGI y la estimación de la Pobreza Multidimensional 2024 de INEGI
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la Poverty and Inequalty Plataform del Banco Mundial en: https://pip.worldbank.org/country-profiles/MEX.
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la Poverty and Inequalty Plataform del Banco Mundial en: https://pip.worldbank.org/country-profiles/MEX.
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la Poverty and Inequalty Plataform del Banco Mundial en: https://pip.worldbank.org/country-profiles/MEX.
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la Poverty and Inequalty Plataform del Banco Mundial en: https://pip.worldbank.org/country-profiles/MEX.
Fuente: Elaboración propia con datos de CONASAMI, Evolución del salario mínimo real. Pesos de la segunda quincena de julio de 2018
Reducción de la pobreza en porcentaje (2018-2024)
Fuente: Elaboración propia con base en la Medición de la pobreza 2024 de INEGI.
Grado de marginalidad 2020
Fuente: Elaboración propia con base en el Índice de Marginalidad de CONAPO
Reducción de la pobreza de grupos prioritarios
| Población adulta mayor (65 años o más)
| Población con discapacidad
| Población de mujeres
|
| | | |
| Población de primeras infancias (0 a 5 años)
| Población menor de edad (menor de 18 años)
| Población joven (12 a 29 años)
|
| | | |
| Población hablante de lengua indígena
| Población indígena
| Población que habita en localidades
rurales
|
| | | |
Fuente: Elaboración propia con base en la Medición de la pobreza 2024 de INEGI.
Porcentaje de Cobertura de Programas a cargo de la Secretaría de Bienestar en 2019 respecto al total de la población
Fuente: Elaboración propia con base en el Padrón Único de Beneficiarios
Porcentaje de Cobertura de Programas a cargo de la Secretaría de Bienestar en 2025 respecto al total de la población
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección General de Validación de Beneficiarios.
Mapa de las sucursales del Banco de Bienestar
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Directorio de Sucursales del Banco del Bienestar en: https://directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx/
Fuente: Elaboración propia con base en las Reglas de Operación del Programa de 2007 a 2025.
Porcentaje de Personas Adultas Mayores jefes de familia (2016-2024)
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la ENIGH (2016 y 2022) del INEGI
________________________________________
1 Poverty and Inequalty Plataform del Banco Mundial en: https://pip.worldbank.org/country-profiles/MEX.
2 Poverty and Inequalty Plataform del Banco Mundial en: https://pip.worldbank.org/country-profiles/MEX.
3 Poverty and Inequalty Plataform del Banco Mundial en: https://pip.worldbank.org/country-profiles/MEX.
4 Medición de la Pobreza Multidimensional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2024) en: https://www.inegi.org.mx/desarrollosocial/.
