PROGRAMA Sectorial de las Mujeres 2025-2030.
PROGRAMA SECTORIAL DE LAS MUJERES 2025-2030
1. Índice
1. Índice
2. Siglas y acrónimos
3. Señalamiento del origen de los recursos del Programa
4. Fundamento normativo
5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
6. Objetivos
6.1 Relevancia del objetivo 1: Fortalecer el diseño e implementación de la Política Nacional en materia de Igualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres, así como la transversalización de la perspectiva de género en el quehacer gubernamental
6.2 Relevancia del objetivo 2: Promover el ejercicio de los derechos de las mujeres de diversos sectores y territorios, a través del acceso y garantías de sus libertades.
6.3 Relevancia del objetivo 3: Impulsar la atención inmediata, integral y especializada, así como el acceso a la justicia y la máxima protección del Estado, con perspectiva de género y de derechos humanos, a las mujeres, adolescentes y niñas en situación de violencia
6.4 Relevancia del objetivo 4: Promover la prevención de la violencia contra las mujeres mediante acciones de educación, información y concientización que motiven cambios culturales que impidan normalizar y reproducir las violencias hacia las mujeres, adolescentes y niñas
6.5 Relevancia del objetivo 5: Promover cambios culturales que reviertan comportamientos, normas y creencias machistas, discriminatorias y estereotipadas que excluyen y obstaculizan los derechos, el desarrollo y bienestar de las mujeres
6.6 Relevancia del objetivo 6: Propiciar la participación y liderazgo de las mujeres en los espacios de decisión en sus territorios y comunidades y en el acompañamiento de las acciones gubernamentales a fin de que sean reconocidas sus necesidades y garantizados sus derechos
6.7 Vinculación de los objetivos del Programa Sectorial de las Mujeres 2025-2030
7. Estrategias y líneas de acción
8. Indicadores y metas
2. Siglas y acrónimos
APF. Administración Pública Federal.
BANAVIM. Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres.
Comité CEDAW. Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
CJF. Consejo de la Judicatura Federal.
CJM. Centros de Justicia para las Mujeres.
CONAPO. Consejo Nacional de Población.
CONAVIM. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
CONEVAL. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
ENADID. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica.
ENADIS. Encuesta Nacional sobre Discriminación.
ENASIC. Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados.
ENCUCI. Encuesta Nacional de Cultura Cívica
ENDIREH. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.
ENUT. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo.
ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
EPADEQ. Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad
IMEF. Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas.
IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social.
INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
INMUJERES. Instituto Nacional de las Mujeres.
INSABI. Instituto de Salud para el Bienestar
ISSSTE. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
LGAMVLV. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
LGBTTTIQ+. Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgéneros, Transexuales, Intersexuales y Queer.
LGIMH. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
OPPMM. Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México.
OSC. Organizaciones de la Sociedad Civil.
OIT. Organización Internacional del Trabajo.
PIB. Producto Interno Bruto.
PIPASEVM. Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
PND. Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
PNIMH: Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
PROIGUALDAD. Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
SESNSP. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
SNPASEVM. Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
UIG. Unidades de Igualdad de Género.
3. Señalamiento del origen de los recursos del Programa
La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio respectivo.
4. Fundamento normativo
En el marco de la normatividad vigente sobre la planeación nacional del desarrollo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 26, apartado A que el Estado, organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
De conformidad con la Ley de Planeación, en sus artículos 12 y 16 fracción III, corresponde a las dependencias responsables de cada sector la elaboración de los programas sectoriales en congruencia con los objetivos y prioridades del PND, considerando además las propuestas de los distintos órdenes de gobierno, órganos autónomos y ejercicios de participación ciudadana.
La Secretaría de las Mujeres, como dependencia rectora en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, y promoción de los derechos humanos de las mujeres, conforme a lo establecido en el artículo 42 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es la responsable de formular, coordinar, proponer, articular, fortalecer, vigilar y monitorear este Programa Sectorial.
A nivel constitucional, este Programa encuentra sustento en los artículos 1o., 2o., 4o. y 41 de la Carta Magna, que reconocen el derecho a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y la obligación del Estado de garantizar la paridad de género en todos los órdenes de gobierno.
La LGAMVLV establece las obligaciones del Estado para asegurar el acceso de las mujeres a sus derechos, garantizar su protección integral y promover condiciones que favorezcan su empoderamiento. De forma complementaria, la LGIMH establece como principio rector la igualdad sustantiva entre los sexos y tiene como objetivo garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en el ejercicio de los derechos humanos.
En el ámbito internacional, el Estado mexicano ha expresado su compromiso a favor de la igualdad y en contra de la discriminación y violencia por motivos de género, al adherirse a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que fija al Estado la obligación de eliminar la discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos, a reconocer la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y a adoptar medidas concretas contra las violencias de género. Asimismo, México ha reiterado su compromiso con el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias tanto en el ámbito público como en el privado, al formar parte de la Convención de Belém do Pará que impone a los Estados parte la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) también constituye un compromiso adoptado por el Estado mexicano para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, mediante reformas estructurales y políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos.
En este marco, y considerando la normatividad vigente en materia de planeación nacional, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, este Programa Sectorial de las Mujeres 2025-2030 ha sido diseñado para incidir directamente en la reducción de las desigualdades estructurales de género, garantizando el ejercicio pleno de los derechos de todas las niñas, adolescentes y mujeres, bajo una perspectiva de derechos humanos, género, interseccionalidad, interculturalidad y enfoque territorial.
5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
Fortalecimiento institucional y de la transversalización de la perspectiva de género
La PNIMH, de acuerdo con lo que establece la LGIMH, fija las acciones conducentes para lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos familiar, de cuidados, económico, político, de salud, social, laboral y cultural, entre otros. También debe considerar:
i) que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para la igualdad y la paridad entre mujeres y hombres;
ii) que se fomente la participación y representación política paritaria entre mujeres y hombres;
iii) se promueva la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres;
iv) se eliminen estereotipos establecidos en función del sexo;
v) se adopten las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres; medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres, y medidas tendientes a erradicar la brecha salarial de género en todos los ámbitos de la vida profesional y laboral, así como establece un conjunto de deberes para implementar dicha política en diferentes sectores de gobierno.
Para avanzar en estos cometidos la PNIMH, tiene como instrumentos: I. El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD), II. El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH); y III. La Observancia en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres que corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Es crucial que la PNIMH a través de sus tres instrumentos atienda las debilidades, insuficiencias u omisiones que el Estado Mexicano presenta para enfrentar la desigualdad estructural que afecta a las mujeres por su identidad y condición.
En este sentido, es necesario el fortalecimiento institucional para promover que todas las dependencias y entidades públicas de los tres poderes del Estado incorporen en su trabajo -mediante un proceso de transversalización- la perspectiva de género, con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas.
En administraciones anteriores se ha avanzado en crear institucionalidad, al respecto, se han creado Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM) que juegan un rol fundamental como ente o mecanismo rector del Poder Ejecutivo federal o local para coordinar y facilitar la transversalización de la igualdad de género en las políticas públicas.
También se han creado al interior de la APF las Unidades de Igualdad de Género (UIG) como órganos encargados de promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en las instituciones públicas, con el objetivo principal de incorporar la perspectiva de género en la toma de decisiones, políticas y programas de las dependencias gubernamentales.
A pesar del avance institucional y que la normatividad en materia de igualdad tiene como fundamento el marco de los derechos humanos y que a nivel de los programas públicos existe una normatividad clara y sólida, aún no se logra que las dependencias e instituciones responsables del desarrollo económico y social, cuenten con las capacidades institucionales, así como con los instrumentos y mecanismos para atender dichas desigualdades que impactan en las mujeres, adolescentes y niñas.
Tampoco se ha logrado en su totalidad la integración de la perspectiva de género en la legislación, las políticas públicas, los programas y los proyectos, ni se ha alcanzado que la PNIMH se identifique y mantenga como política de Estado.
Por otra parte, los mecanismos interinstitucionales e intersectoriales que articulan y coordinan a los diferentes sectores de gobierno para implementar y dar seguimiento a la PNIMH presentan algunas debilidades en su implementación y capacidad de interlocución, que derivan en el incumplimiento de acuerdos y de compromisos establecidos en la ley o en programas públicos, además impactan en la efectividad de las estrategias para implementar en los diferentes niveles de gobierno los compromisos asumidos.
Ante las necesidades apremiantes y múltiples desigualdades que presentan diversos grupos de mujeres en México, la Secretaría de las Mujeres asume el mandato de fortalecimiento institucional de la PNIMH, la transversalización de la perspectiva de género y la coordinación tanto al interior del gobierno como con los diferentes poderes del Estado.
Como resultado de la implementación de las estrategias propuestas, se sentarán las vías para que el Estado acelere el avance hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mismo que contará con un sólido marco normativo que reconocerá los derechos de las mujeres y las obligaciones de las instituciones públicas para promoverlos, protegerlos, respetarlos y garantizarlos. En el ámbito programático y presupuestario se fortalecerá la incorporación de la perspectiva de género en todo el ciclo de las políticas públicas y se robustecerán los mecanismos para visibilizar y profundizar el esfuerzo del Estado por erradicar las desigualdades de género.
Obstáculos y limitaciones para el ejercicio de los derechos sociales de las mujeres
En México, la lucha por la reivindicación de los derechos sociales de las mujeres en todos los ámbitos de su vida es una tarea compleja y multifacética que afecta su bienestar e impide el acceso y ejercicio de varios de sus derechos.
En términos de educación, México ha logrado avances significativos hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. De acuerdo con el Censo 2020, las mujeres, tienen hoy día, un promedio de 9.6 años de educación, apenas por debajo de los 9.8 años de los hombres(1). Sin embargo, esta aparente paridad oculta disparidades importantes.
En las áreas rurales, las mujeres tienen un promedio de 7.3 años de escolaridad, en comparación con los 10.2 años en zonas urbanas(2). Esta brecha se amplía aún más entre la población indígena, donde las mujeres hablantes de lenguas indígenas alcanzan solo 6.9 años de escolaridad, frente a los 9.9 años de las mujeres no indígenas.(3)
Estas diferencias educativas en el país también son diversas por regiones, mientras que, en los estados del sureste mexicano, tanto mujeres como hombres tienen un promedio de escolaridad inferior al nacional, como es el caso de Chiapas con el menor grado promedio de la región con 7.8 años, seguido de Oaxaca con 8.1 años y Guerrero con 8.4 años. En contraste, las entidades federativas del norte, centro y algunas del occidente superan el promedio nacional, como: Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro, alcanzando hasta 11.5 años.(4)
El rezago educativo es particularmente pronunciado entre las mujeres mayores en situación de pobreza, con 78.9% de ellas presentando niveles altos de rezago, superando a los hombres en 5.7 puntos porcentuales.(5) Las desigualdades en grados escolares se intensifican cuando más avanzan las mujeres en sus estudios de manera que la participación en estudios de educación superior es menor.
En 2022, la tasa de absorción por nivel educativo, según sexo, mostró una paridad en la transición de la educación primaria a la secundaria, con 96% tanto para mujeres como para hombres. En la educación media superior, las tasas son ligeramente superiores, alcanzando 96.2% para ambos sexos. Sin embargo, en el nivel de licenciatura, se observa una disparidad significativa: la tasa de absorción es 97.9% para los hombres y 70.3% para las mujeres.(6)
Esto refleja mayores barreras para las mujeres en la educación superior, debido a factores como responsabilidades familiares y barreras económicas, sociales y culturales. Además, el analfabetismo sigue siendo un problema, que afecta a 4.5 millones de personas que no sabían leer ni escribir, de las cuales 2.7 millones son mujeres y 1.8 millones hombres.(7)
En México, la participación de las mujeres en el ámbito científico y de investigación es considerablemente baja, según datos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), las mujeres representan solo 40.4% del total de personas del padrón.(8)
Esta disparidad subraya la necesidad urgente de fomentar una mayor participación femenina en la ciencia y la investigación, sobre todo, cuando la subrepresentación no necesariamente es por falta de escolaridad de las mujeres. Por ejemplo, en nivel licenciatura las mujeres representan 53.9% de la matrícula total (ANUIES, 2024).(9)
Otro de los grandes temas es la salud, misma que entre mujeres y hombres se ve afectada de manera distinta por factores biológicos, fisiológicos y de género, que incluyen aspectos sociales, culturales, creencias y valores. El nivel de salud de una población y la prevalencia de sus enfermedades reflejan su grado de desarrollo y las desigualdades entre mujeres y hombres, así como entre diferentes regiones geográficas y estratos socioeconómicos.
El acceso potencial a servicios de salud se determina por la afiliación de cada persona a algún sistema de salud. En México, casi tres cuartas partes de la población se encuentra afiliada a una institución de salud, en el caso de las mujeres 75 % mayor al de los hombres de 71.9 %.(10)
Es importante destacar que, aunque las mujeres tienen un mayor porcentaje de afiliación, esta suele ser indirecta, es decir, son afiliadas por sus parejas o hijos. La situación cambia cuando se considera la afiliación directa; solo 49% de las mujeres que trabajan están afiliadas por su empleo,(11) un porcentaje significativamente menor en comparación con los hombres, que alcanzan 74.2%.
En las zonas urbanas, aproximadamente la mitad de la población está afiliada al IMSS o al ISSSTE, con 52% de mujeres y 51.4% de hombres. En las zonas rurales, es la misma proporción del 50% entre las mujeres y hombres, aunque están afiliados a sistemas como el IMSS Bienestar o al INSABI.
Entre la población que habla alguna lengua indígena, la afiliación a estos últimos sistemas es alta, con 81.4% de mujeres y 77.6% de hombres.(12) La ventaja con quienes están afiliadas al IMSS o ISSSTE es que estas instituciones no solo proporcionan atención médica integral, sino también servicios de seguridad social para las y los trabajadores y sus familias.
No obstante, las mujeres enfrentan barreras significativas para acceder a servicios de salud. Según cifras del CONEVAL 37.5% de las mujeres tienen dificultades para acceder a la salud, específicamente, el 28.5% de las mujeres de 65 años y más, y el 57.2% de las mujeres indígenas.(13) Por sexo, el 91% de las mujeres en situación de pobreza carece de acceso a servicios de salud, en comparación con el 74% de los hombres en la misma condición.(14) Estas cifras reflejan una profunda desigualdad que debe ser abordada desde una perspectiva de derechos humanos y de género.
Respecto a la mortalidad en 2023, se registraron 799,869 muertes en México, de las cuales 44.1% fueron mujeres. Del total de defunciones, 89.5% se debió a enfermedades y problemas de salud, mientras que 10.5% fue causado por factores externos, como accidentes, homicidios y suicidios.(15) Según datos del INEGI, la tasa de mortalidad materna en México fue de 34.6 defunciones por cada 100,000 nacidas y nacidos vivos, un indicador crucial que refleja la calidad y accesibilidad de los servicios de salud materna.
En 2023, las principales causas de muerte tanto para mujeres como para hombres fueron las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos. Sin embargo, las mujeres también enfrentan enfermedades cerebrovasculares e influenza y neumonía como cuarta y quinta causas de muerte, mientras que para los hombres son los accidentes y las enfermedades del hígado.
Los tumores malignos representan una mayor proporción de muertes en mujeres (12.6%) que en hombres (9.1%), con el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino constituyendo una cuarta parte de los tumores en mujeres, en contraste con el cáncer de próstata que representa el 1.6% del total de tumores en hombres.(16)
Un tema de alta importancia en la salud es la salud sexual y reproductiva, la cual se entiende como un estado de bienestar integral que abarca aspectos físicos, mentales y sociales en relación con la sexualidad y fecundidad, y no solo la ausencia de enfermedad. Según la ENADID 2023, la edad mediana al inicio de la vida sexual de las personas es de 18 años. El 68.9% de las personas embarazadas deseaban su embarazo, mientras que 37% de las personas con dos o más hijas e hijos sobrevivientes no lo deseaban.(17)
El CONAPO estimó para 2024 que la tasa global de fecundidad (TGF) del país es de 1.89 hijas e hijos por mujer en promedio. Siendo las entidades del sur las que observan las tasas más altas, con Chiapas (2.82), Guerrero (2.24) y Oaxaca (2.2) superando el nivel de reemplazo generacional de 2.11 hijas e hijos, entidades con un alto porcentaje de población indígena y en situación de pobreza.
Durante el periodo 2018-2023, 95.6% de las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal. Además, 75.3% de las mujeres tuvieron una revisión posparto; 78.6% ocurrió durante los primeros 15 días posteriores al parto. Finalmente, 93.7% de las niñas y niños nacidos durante el periodo fueron alimentados con leche materna.(18)
Sobre el embarazo infantil y adolescente, México ha logrado una disminución significativa durante la última década. Según datos del INEGI, en 2023 se registraron 101 mil 147 nacimientos de madres entre 10 y 17 años, lo que representa una reducción del 47.3% en
comparación con casos reportados en 2013. (19)
Entre 2015 y 2023, se redujo en 30% la tasa de embarazo adolescente, al descender de 76 a 50 nacimientos por cada mil adolescentes.(20) Pese a su disminución, continúa siendo un tema crítico que suele estar vinculado a la violencia de género y el abuso sexual, lo que intensifica las repercusiones negativas para su salud y desarrollo.
El aborto es una decisión personal y un derecho fundamental que debe ser respetado y protegido. Las mujeres tienen el derecho de decidir sobre sus propios cuerpos y su salud reproductiva, sin ser juzgadas ni estigmatizadas. Es esencial abordar el tema del aborto desde una perspectiva de derechos humanos, reconociendo las diversas circunstancias que pueden influir en esta decisión, incluyendo la salud física y mental, la situación socioeconómica y las experiencias de violencia.
Según la ENADID 2023, se estimó que hubo 979 mil abortos como resultado de los embarazos en mujeres de entre 15 y 49 años, cuyo último embarazo ocurrió entre 2018 y 2023. De estas mujeres, 77.4% fue de manera espontánea, 10.5% por procedimiento quirúrgico, 7.4% tomando pastillas y 2.8 de otra forma, de cada 100 casos, 77 fueron inducidos y 21 inducidos.(21) Además, la ENDIREH 2021 revela que 2.8% de las mujeres de 15 años o más que han sufrido daños físicos debido a la violencia física y/o sexual por parte de su pareja actual o última, han experimentado un aborto o parto prematuro.(22)
Es crucial que las políticas de salud en México se diseñen e implementen con un enfoque de género y de derechos humanos, asegurando que todas las mujeres, incluidas mexicanas, migrantes, con discapacidad, niñas, adolescentes y de la diversidad sexual LGBTTTIQ+, puedan ejercer su derecho a la salud de manera plena y sin discriminación. Esto incluye no solo el acceso a servicios médicos, sino también la garantía de condiciones que permitan a las mujeres vivir una vida saludable y digna.
La participación de las mujeres en la economía es crucial para su empoderamiento, autonomía y capacidad de toma de decisiones. En México, la tasa de participación económica de las mujeres en el primer trimestre de 2024 fue 45.9%, significativamente inferior a la de los hombres, que alcanzó 75.9%.(23)
En el grupo de edad de 15 a 19 años, la tasa de participación económica de las mujeres es de 19.6 %, comparada con el 39 % de los hombres adolescentes. La tasa más alta para las mujeres se encuentra en el grupo de 30 a 39 años, con 62%, mientras que para los hombres de este grupo es 94.9%. Para las mujeres de 60 años y más, la tasa de participación económica es de 20.2 %, frente al 46.5 % de los hombres.(24)
En cuanto a la posición laboral, del total de mujeres ocupadas, 67.2% son trabajadoras asalariadas, 22.2% trabajan por cuenta propia, 5.4% son trabajadoras no remuneradas, 3.2% son empleadoras y 2% son trabajadoras subordinadas que reciben percepciones no salariales. En el caso de los hombres, estos porcentajes son 65.4%, 21.3%, 2.4%, 7.2% y 3.7%, respectivamente.(25) La falta de ingresos propios en una persona significa que no dispone de una fuente de recursos monetarios, lo cual restringe su capacidad para tomar decisiones personales y controlar el uso de sus recursos.
Asimismo, de acuerdo con la ENOE, en el primer trimestre de 2024, del total de las 3.3 millones de personas empleadoras, 2.5 millones eran hombres y 771 mil mujeres representando estas últimas el 23.4%. Asimismo, la concentración de la mano de obra femenina es evidente en determinados sectores económicos, ya que su presencia en la industria manufacturera llega al 94% y en áreas como el comercio y los servicios alcanza el 67%.(26)
Ante este escenario complejo, se vuelve imprescindible la adopción de estrategias integrales que aborden las desigualdades desde múltiples frentes. Es necesario impulsar políticas públicas que reconozcan las particularidades regionales y socioeconómicas del país, fomentando programas educativos orientados a reducir el rezago en áreas rurales e indígenas y a promover la inclusión a todos los niveles.
Por su parte, el cuidado es una necesidad fundamental a lo largo de todas las etapas de la vida y su adecuada provisión es crucial para el bienestar individual y colectivo de la sociedad. En México, todas las personas requieren algún tipo de cuidado, a lo largo de la vida, ya sea por razones de edad, discapacidad o dependencia. No obstante, la distribución de estos cuidados no es uniforme y existen importantes brechas en la atención que reciben diferentes grupos de la población, así como en las personas que los brindan, que son principalmente mujeres.
En el tema de cuidados es indispensable conocer la población y el número de personas susceptibles de requerirlos. De la población total en el país, el 45.5% (58.3 millones) necesita algún tipo de cuidado.(27) La necesidad de éstos varía según los grupos de población y para aquellas que presentan mayores grados de dependencia, se ha identificado como un problema principal la insuficiente provisión de cuidados fuera del hogar y una alta provisión dentro de las familias, principalmente por las madres, abuelas, hermanas, niñas y otras mujeres.
Datos estadísticos evidencian que el 91.5% de niñas y niños de 0 a 2 años no asiste a la educación inicial; el 25.3% de 3 a 5 años no asisten a la educación preescolar, por su parte, niñas y niños de 6 a 11 años asisten en el 99.1% a la escuela y el 84% de las y los adolescentes de 12 a 17 años también asisten, no obstante, sólo el 5% tienen horarios extendidos en la primaria y secundaria.(28)
Al respecto de las personas con discapacidad, reconocemos que en función del tipo e intensidad de la discapacidad podrán contar con distintos grados de autonomía, por lo que no necesariamente requieran cuidados (intensivos o permanentes), no obstante, la dependencia que presentan de cuidados es crítica, ya que el 38.5% (2.2 millones) de personas con discapacidad o dependencia no reciben cuidados y sólo el 3.3% asisten a un centro de cuidados. Para las personas mayores de 60 años, el 77.6% (13.2 millones) no recibe cuidados y cuando presentan alguna discapacidad o dependencia el 34.8% no recibe cuidados.(29)
En México, el 75.1% de las personas que se encargan de los cuidados son mujeres, lo que representa aproximadamente 23.8 millones de mujeres cuidadoras, en comparación con los 7.9 millones de hombres cuidadores. Las mujeres dedican en promedio 37.9 horas a la semana a actividades de cuidado, 12 horas más que los hombres, quienes destinan un promedio de 25.6 horas semanales.(30) En contextos donde se brinda asistencia a personas con discapacidad o dependencia, tanto en el hogar como fuera de él, la figura central es la de la madre o la hija, encargándose de este rol en el 64.5% de los casos.
También, el cuidado infantil muestra una clara predominancia del trabajo de cuidados que realizan las mujeres. En el cuidado de niñas y niños de 0 a 5 años, la madre es la cuidadora principal en el 86.3% de las situaciones, seguida por la abuela en el 7.6% de los casos. Para el grupo de infancia y adolescentes de 6 a 17 años, la madre se destaca nuevamente como la principal cuidadora. Complementariamente, el padre y la abuela asumen roles de apoyo, con porcentajes de 6.6% y 6.3%, respectivamente.(31)
En el caso de personas mayores con algún tipo de discapacidad o dependencia, la hija o nieta suele desempeñar el papel de cuidadora principal, alcanzando un 44.3%. El cónyuge o pareja se posiciona en segundo lugar con un 29.4%, seguido por el hijo o nieto, que representa el 13.8%. En contraste, para las personas mayores sin discapacidad o dependencia, el rol principal lo asume el cónyuge o la pareja en el 49.2% de los casos, seguido por la hija o nieta con un 30.4% y, finalmente, el hijo o nieto con un 9.7%. Esta distribución evidencia cómo las mujeres continúan siendo las principales responsables del cuidado, en varios ciclos de su vida iniciando desde niñas y hasta la vejez.
Esta carga adicional limita significativamente el acceso de las mujeres a oportunidades de empleo remunerado, educación y desarrollo personal, perpetuando las desigualdades de género y restringiendo su potencial económico y social.
Las razones para la no inserción al mercado de trabajo también son reveladoras. Entre la población económicamente no activa de mujeres cuidadoras y no cuidadoras de 15 a 60 años que desean trabajar, el 68.4% de las mujeres cuidadoras indica que la principal razón para no trabajar es la falta de alguien que cuide a sus hijas, hijos o familiares que requieren apoyo.(32)
Los obstáculos y limitaciones que presentan las mujeres al ser las principales responsables de brindar los cuidados al interior de sus familias implican también impactos negativos en el acceso y ejercicio a otros derechos, donde en caso de dedicarse de tiempo completo al trabajo doméstico y de cuidados, pueden desertar de sus ciclos escolares ante los mandatos de género que les impongan la familia y la sociedad.
También se propicia que no cuenten con derechos laborales ni con el derecho a la seguridad social que les permita tener seguros por enfermedad, accidentes, aportes para sus jubilaciones y pensiones; al no tener ingresos propios, las mujeres no tienen capacidad de ahorrar y tienen una pérdida significativa de su autonomía física y en sus decisiones, siendo factores de riesgo para que puedan entrar en ciclos de violencia o tengan mayores impedimentos y menores oportunidades para poder salir de éstas, y sin duda, también tienen impactos ante entornos del medio ambiente y de su defensa.
El cuidado es un tema de interés público que impacta directamente en los derechos, el bienestar y las oportunidades de las personas. Por ello, es crucial incrementar y fortalecer el papel de los gobiernos y de todo el aparato estatal, así como la participación de otros sectores corresponsables para que contribuyan en el reconocimiento y redistribución del trabajo de cuidados, haciendo énfasis en aquellas mujeres que aún no están incluidas en la oferta pública de cuidados.
También como las propias mujeres cuidadoras, las que se encuentran en situación de pobreza, las mujeres indígenas, rurales, migrantes, con discapacidad, privadas de la libertad, de la diversidad sexual, afrodescendientes y en diferentes ciclos de vida; siendo grupos de mujeres que presentan diversas percepciones sobre lo que son y les representan los cuidados y tienen necesidades y obstáculos diferenciados en función de la identidad y condiciones que presentan.
Como resultado de la implementación de las estrategias propuestas en este Programa, se mejorarán las condiciones de vida de las mujeres, niñas y adolescentes, impulsando medidas que permitan garantizar la provisión de servicios de salud integrales, (considerando los de salud mental, alimentaria y salud sexual y reproductiva), y que propicien el acceso a un medio ambiente sano y a servicios básicos, con énfasis en las mujeres más empobrecidas.
En cuanto al ejercicio de los derechos laborales, se incrementará la participación económica de las mujeres en el empleo formal; se fortalecerá su acceso a la seguridad social y el ejercicio de sus derechos laborales, principalmente de aquellas en situación de vulnerabilidad. Se garantizará la igualdad salarial y se darán pasos hacia la eliminación de la discriminación laboral por cuestión de género y del acoso y hostigamiento sexual en el trabajo. Asimismo, se incrementará su autonomía económica promoviendo el acceso a la titularidad de la tierra y a la vivienda e impulsando proyectos productivos liderados por mujeres.
En el tema de cuidados, se generarán las condiciones que abonen a la construcción de una sociedad de cuidados a partir de la redistribución de los trabajos domésticos. Las mujeres trabajadoras de la maquila y jornaleras agrícolas tendrán acceso prioritario a los servicios del Sistema Público de Cuidados.
Se incrementará la oferta de servicios de cuidados de forma corresponsable entre el Estado y el sector privado; se fortalecerán los derechos laborales de las trabajadoras domésticas remuneradas y trabajadoras del cuidado; se incidirá en acelerar el cambio cultural para transformar la división sexual del trabajo que recarga las labores no remuneradas de cuidados en las mujeres y las niñas.
El Estado sentará las bases para un proceso de transformación cultural profundo, en donde la discriminación y desigualdades de género no tengan cabida, colocando la vida digna de todas y todos como su razón de ser.
Violencia contra las mujeres: un problema sistemático y generalizado y una falta de atención integral y especializada y acceso a la justicia para las víctimas
Las violencias contra las mujeres en México persisten como una violación sistemática de derechos humanos. A pesar de avances legislativos, como la promulgación de la LGAMVLV y sus reformas para abordar nuevas violencias contra las mujeres, existen deficiencias significativas en la prevención, atención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres en sus diferentes ciclos de vida.
El Tercer Informe Hemisférico del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) indicó en 2017 que, aunque México ha desarrollado legislación específica para erradicar las violencias contra las mujeres, persisten desafíos para la implementación efectiva de estas leyes.
Esta perspectiva tiene eco en el Informe Nacional Alterno Beijing +30 el cual destaca que, a pesar del marco jurídico, no se ha logrado una reducción efectiva de las violencias contra las mujeres.(33) Las aseveraciones precedentes pueden confirmarse en el hecho de que entre 2018 y 2022 los homicidios de mujeres aumentaron 2.5%, mientras que los de hombres disminuyeron 10.9% (INEGI, 2023).
En 2024, se registraron nueve muertes violentas de mujeres al día, para un total de 847 presuntos feminicidios y 2,561 homicidios dolosos de mujeres (SESNSP, 2024).(34) En el primer trimestre de 2025, se han registrado 162 feminicidios.
En las "Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México",(35) el Comité CEDAW identificó las siguientes causas estructurales y socioculturales que perpetúan la violencia de género en el país.
1. Cultura patriarcal, machista y estereotipos discriminatorios. Persisten creencias discriminatorias sobre las funciones y responsabilidades de mujeres y hombres en la familia y sociedad. Aunadas a formas interseccionales de discriminación, impiden avanzar en la promoción de la igualdad.
2. Violencia de género generalizada. Se han conformado patrones generalizados de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, que incluyen violencia física, psicológica, sexual y económica. Además de la violencia en el ámbito familiar, existen desapariciones, tortura sexual y feminicidios. Las principales causas estructurales que generan y perpetúan desigualdades y discriminación se relacionan con una cultura patriarcal arraigada que normaliza las violencias contra las mujeres y reproduce estereotipos de género.
3. Ausencia de armonización legislativa. Las legislaciones estatales no se encuentran armonizadas por completo con la LGAMVLV, lo que dificulta la tipificación adecuada del feminicidio, entre otros obstáculos para acceder a la justicia.
4. Barreras persistentes en la aplicación del mecanismo de alerta de violencia de género que limitan su capacidad para prevenir y atender casos de violencia.
Asimismo, la prevalencia de un sistema económico patriarcal y neoliberal que excluye, discrimina y reproduce desigualdades para las mujeres en todos sus ciclos de vida, deriva en la falta de garantía a los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres. Este contexto de múltiples discriminaciones contra las mujeres fomenta los círculos de violencia, aunado a una deficiente actuación institucional integral que ubique las violencias contra las mujeres, especialmente de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, en el centro de su desempeño.
Es importante señalar que las violencias por razones de género no se ciñen sobre un grupo específico de mujeres. De acuerdo con la ENDIREH 2021, siete de cada 10 mujeres mexicanas de 15 años y más han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.(36)
Por tipo, 27.4% de las mujeres de 15 años y más sufren discriminación, 51.6% sufren violencia psicológica, 49.7% sexual, 34.7% vive violencia física y 27.4% económica-patrimonial. Por ámbitos, las violencias a lo largo de la vida se presentaron de la siguiente manera: 32.3% en el ámbito escolar, 27.9% laboral, 45.6% comunitario y 39.9% en la pareja.(37)
Cuando nos referimos a mujeres que han sufrido violencia, también hablamos de niñas y adolescentes, así como mujeres adultas mayores. 41.8% de las mujeres de 15 años y más manifestaron haber vivido alguna situación de violencia en su infancia. De ellas, 12.6% experimentó abuso sexual en la niñez.(38) Por su parte, 14.6% de las mujeres de 60 años y más ha vivido alguna situación de violencia, siendo la violencia psicológica la de mayor incidencia (15.2%).(39)
El 60.5% de las mujeres que hablan una lengua indígena han sufrido violencia a lo largo de su vida, así como 67.6% de las mujeres que se identifican como indígenas.(40)
En el caso de las mujeres de 15 años y más con discapacidad, 72.6 % experimentó al menos un incidente de violencia a lo largo de la vida. Una proporción ligeramente mayor al dato nacional de 70.1%.(41)
Respecto a la distribución geográfica, el Estado de México (78.7%), la Ciudad de México (76.2%) y Querétaro (75.2%) presentan la mayor prevalencia de violencia contra las mujeres a la fecha del levantamiento de la encuesta. Al aumentar la escolaridad, aumentan las violencias psicológica y sexual contra las mujeres de 15 años y más, siendo la primera la más prevalente en cada nivel educativo.
Respecto a la violencia digital, según datos del Módulo sobre Ciberacoso del INEGI, 46.7% de las personas usuarias del internet son mujeres, de las cuales 22.9% de 12 años o más han sido víctimas de ciberacoso. De este grupo, 31% recibió fotos o vídeos con contenido sexual no solicitado y 53% de las mujeres refirieron haber vivido ciberacoso por parte de hombres.(42)
La discriminación es una violencia que impide el ejercicio de los derechos y causa daños psicológicos y emocionales, entre otros. El 46.9% de las personas LGBTTTIQ+ y 40.4% de las personas no LGBTTTIQ+ consideran que en México se respetan poco los derechos de esta población, lo que conlleva a conductas violentas o actos de odio (ENDISEG, 2021).(43)
En cuanto a las mujeres en situación de reclusión, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) de 2021 reveló que 39.8% de las mujeres encarceladas ha sufrido algún tipo de agresión tras su arresto, 15.5% agresiones sexuales y 4.8% violación.
Las violencias permean en todos los aspectos de la vida, incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad. Respecto a la violencia gineco obstétrica, en su último parto o cesárea, 31.4% de las mujeres de 15 a 49 años fueron víctimas de maltrato obstétrico. Específicamente, 20.8% vivió maltrato psicológico y al 20.2% le practicaron tratamientos médicos no autorizados (ENDIREH, 2021).(44)
Estos datos subrayan la necesidad urgente de políticas públicas efectivas e integrales y mecanismos de protección para todas las mujeres en su pluralidad en México. En específico, el componente preventivo de las políticas públicas sigue siendo uno de los más rezagados en la respuesta institucional frente a las violencias contra las mujeres.
A pesar de los esfuerzos normativos, persiste la ausencia de estrategias de prevención robustas, sostenidas y basadas en evidencia, especialmente aquellas dirigidas a modificar patrones socioculturales que perpetúan las violencias de género. La cobertura, calidad y pertinencia de los servicios preventivos es limitada y, en muchos casos, desarticulada del resto del sistema de atención.
Faltan datos sistemáticos que permitan evaluar la efectividad de las acciones de prevención implementadas a nivel federal, estatal y municipal, lo que debilita la posibilidad de generar aprendizajes institucionales y ajustar estrategias en función de los resultados.
Por otra parte, en el ámbito de la atención a la violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia, el problema se refleja cuando se analizan datos de la ENDIREH 2021 y estos reflejan que, siete de cada diez mujeres de 15 años y más reportaron haber sufrido violencia en algún momento de sus vidas. De ellas, casi la mitad vivió violencia sexual (49.7%) y un 34.7% fue víctima de violencia física.(45) Aunque estos tipos de violencia son los más visibles, 20.8 millones de mujeres que sufrieron alguna de estas violencias en el ámbito comunitario no presentó denuncia.(46) En cuanto a la violencia ejercida por sus parejas, 78.3% de mujeres víctimas tampoco interpusieron denuncia.(47)
De acuerdo con la misma fuente de información, las principales razones por las que las mujeres de 15 años y más en situación de violencia no buscan ayuda, atención o no denuncian son: 1) Consideraron que se trató de algo sin importancia que no les afectó; 2) Tuvieron miedo a las consecuencias o a las amenazas, y 3) No sabían cómo ni dónde denunciar. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024,(48) el 92.9% de los delitos no fueron captados por la autoridad debido a que la víctima no denunció el delito o, en caso de haberlo denunciado, no se inició una averiguación previa.
Si bien en los últimos años, se han establecido CJM, como ejemplo de alguna de las unidades de atención especializada, estos agrupan en un solo lugar los diferentes servicios que requieren las mujeres en situación de violencia. Aunque existen 73 CJM en 31 entidades federativas, su distribución no es equitativa, lo que dificulta el acceso de mujeres en zonas rurales, remotas o indígenas. Esto puede generar barreras adicionales para las mujeres que enfrentan violencia y requieren atención especializada.
Además, se ha identificado que muchos centros carecen de personal completamente capacitado en perspectiva de género en todos los servicios que ofrecen. Esta falta de formación puede comprometer la calidad del servicio y la seguridad de las víctimas. Asimismo, la colaboración entre diferentes servicios (salud, justicia, protección social) en los CJM es a veces insuficiente, lo que dificulta una atención integral y oportuna para las mujeres víctimas de violencia.
Por su parte, el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2024, que recoge los registros del CJF y los Poderes Judiciales Estatales, en 2023 registró un total de 332,306 personas procesadas, indiciadas o imputadas en causas penales ingresadas (incluye todas las causas penales). De este total, el 11.3% (37,650) correspondió a mujeres, mientras que el 75.9% (252,188) fueron hombres (el resto no identificado). (49)
En el mismo año, se registraron 47,746 personas sentenciadas, es decir, el 14.3%. De estas, el 71.2% fueron hombres y el 6.5% mujeres (el resto no identificado). En cuanto al tipo de sentencia, el 92% recibió una sentencia condenatoria o sancionatoria; el 7.5%, absolutoria; y el 0.5% recibió una sentencia mixta.(50) Estos datos expresan una relación de 1 persona sentenciada por cada 7 que fueron procesadas.
Respecto al desempeño de las autoridades judiciales, diversas entidades han señalado deficiencias en los procesos de investigación y procuración de justicia, que siguen siendo un obstáculo crítico para el acceso efectivo a la justicia para las mujeres.
Varios informes han documentado prácticas sistemáticas de revictimización que obligan a las mujeres a repetir su testimonio en múltiples instancias y sin garantías de confidencialidad; además, se identifican tiempos prolongados para la atención, uso de lenguaje técnico poco comprensible y falta de atención conforme a los principios establecidos en el Modelo Integral de Atención a Víctimas de Violencia.
A nivel institucional, se ha evidenciado la insuficiencia de personal capacitado en perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, especialmente en contextos indígenas y rurales, así como la escasa coordinación entre instituciones del sistema judicial, de salud y protección social, lo que fragmenta la atención y aumenta los riesgos para las víctimas (INMUJERES & CONAVIM, 2021).(51)
A esto se suman la falta de mecanismos accesibles y comprensibles de seguimiento a las denuncias y los procedimientos administrativos excesivos que burocratizan y desalientan la participación de las víctimas. Organizaciones feministas han señalado reiteradamente estas debilidades como causas estructurales de la impunidad, la desconfianza institucional y la desprotección de las mujeres (Equis Justicia, 2021; OCNF, 2022; RNR, 2023).(52)
Aunado a lo anterior, la implementación de los instrumentos previstos en la LGAMVLV presenta debilidades importantes. El PIPASEVM, que debería ser rector en la política pública, carecía de un carácter plenamente vinculante y no siempre se articuló con los presupuestos estatales o municipales.
A pesar de su relevancia, el programa no contaba con mecanismos eficaces de seguimiento ni de evaluación de impacto, lo cual limitó su efectividad enfrentando problemas crónicos de coordinación interinstitucional, sesiones irregulares, ausencia de indicadores comunes y escasa incidencia en las políticas locales.
Este contexto refleja una preocupante falta de acceso a la justicia y subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de apoyo y protección para las mujeres en México, para lograr vencer obstáculos como impunidad generalizada, falta de perspectiva de género y discriminación estructural.
Con la finalidad de revertir esta situación y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, el Segundo Piso de la Cuarta Transformación se ocupa en profundizar cambios estructurales para lograr una sociedad más justa e igualitaria. En esta etapa histórica, la mejora en la procuración de justicia y los servicios de atención a mujeres víctimas de violencias son fundamentales para fortalecer el Estado de derecho, promover la igualdad sustantiva e impulsar el desarrollo sostenible.
Para 2030, se espera contar con un entorno sólido de prevención de las violencias, cimentado en redes comunitarias activas, instituciones formadas en igualdad sustantiva y un marco normativo armonizado que garantice justicia pronta y con enfoque de género e interseccional, se espera que la mayoría de los casos de violencias contra las mujeres sean investigados y sancionados adecuadamente, reduciendo significativamente la impunidad.
Además, se espera que los CJM y otros servicios de atención estén presentes en todas las regiones, incluidas las zonas rurales e indígenas, prestando servicios especializados, con perspectiva de género, intercultural y de derechos humanos. Hacia 2050, el objetivo es desmontar las causas profundas de la violencia de género, reduciendo su expresión a niveles mínimos.
Gracias a lo anterior, la sociedad mexicana habrá internalizado valores de igualdad, respeto y no discriminación, reflejados en todos
los ámbitos, y las instituciones de justicia y atención estarán plenamente consolidadas, siendo accesibles, eficientes y confiables para todas las mujeres.
Persistencias culturales enmarcadas en roles y estereotipos de género
Para construir una sociedad más justa e igualitaria es esencial eliminar comportamientos, normas y creencias que limitan los derechos y el bienestar de las mujeres. Los roles de género y los estereotipos son construcciones sociales que, aunque tienen como punto de partida las diferencias biológicas, se traducen en expectativas aprendidas y transmitidas culturalmente.
Tradicionalmente se ha asignado a las mujeres roles vinculados al cuidado y labores domésticas, el "rol reproductivo", mientras que a los hombres se les relaciona con actividades en el ámbito público y productivo. Esta división no es una consecuencia biológica, surge de una construcción sociocultural que puede y debe transformarse en función de nuevas realidades y aspiraciones sociales.
A pesar de los avances hacia la igualdad de género, aún persisten creencias y normas machistas que limitan los derechos y el bienestar de las mujeres en México. Según la ENDIREH 2021, 91.1% de las mujeres cree que el cuidado de las hijas e hijos, de las personas enfermas y adultas mayores debe ser responsabilidad que deben compartir mujeres y hombres, sin embargo, 75.1% de las personas que brindan cuidados en el hogar y en otros hogares son mujeres y 24.9% son hombres. Inclusive, cuando las mujeres son las cuidadoras principales este porcentaje incrementa 86.9% de ellas y disminuye 13.1% de ellos.(53)
Respecto a las tareas del hogar, aunque 85.5% de las mujeres consideran que deben ser compartidas, existe aún 13.8% de mujeres que todavía creen que son deber exclusivo de las mujeres. Esta percepción es más pronunciada en zonas rurales, donde 23.9% de las mujeres creen que las labores domésticas son responsabilidad femenina, más de 10 puntos porcentuales al comparar esta proporción con 10.7% de las mujeres en áreas urbanas.(54)
En cuanto al ingreso y el trabajo masculino, 11.7 millones de mujeres de 15 años y más (23.1%) opinan que los hombres deben ser los principales proveedores económicos del hogar, no obstante, son más las mujeres (76%) que señalan que la responsabilidad de llevar dinero a la casa sea de ambos.(55)
En zonas rurales prevalece esta tendencia: 36.7% de las mujeres rurales creen que los hombres deben asumir esa responsabilidad económica, sin embargo, 61.9% de ellas consideran que es una responsabilidad de ambos.(56) Si bien la participación económica de las mujeres ha aumentado en las últimas décadas, la brecha aún es considerable.
En las áreas urbanas, la participación de las mujeres es de 49.7%, mientras que en las zonas rurales es de 35.7 % esta diferencia de 14 puntos porcentuales refleja una disparidad significativa entre las mujeres en distintos entornos. En el caso de los hombres, la tasa de participación es de 73.5% en áreas urbanas y 80.3% en zonas rurales, con una diferencia de 6.8 %.(57)
Pese a que 10% de las mujeres en áreas urbanas considera que los hombres deben ganar un mayor salario en el trabajo, cifra que aumenta 23% en la percepción de las zonas rurales, son más las mujeres que aspiran a que ambos tengan un mayor salario: 88.1% de mujeres en zonas urbanas y 74.2% en zonas rurales; sin embargo, es necesario continuar con medidas públicas y regulaciones ya que para alcanzar la equidad salarial deben incrementarse los salarios de las mujeres 10.14% según los últimos datos de ingreso promedio de 2024.
Los datos expuestos reflejan cómo las percepciones sobre el salario y los roles de género pueden variar significativamente según el contexto geográfico y cultural, pero lo más significativo de resaltar son las aspiraciones y expectativas de las mujeres de una mayor igualdad, participación y remuneración por las que debemos seguir trabajando.(58)
Las creencias sobre la libertad de las mujeres reflejan restricciones importantes que motivan a que continúe el trabajo para que cada vez más mujeres tengan acceso y se garantice su derecho a la cultura, recreación, respeto y libertad de sus propias decisiones en torno a sus cuerpos, profesiones y proyectos de vida.
Al respecto, 39 millones de mujeres (ocho de cada 10) están de acuerdo con que las mujeres tienen el mismo derecho de salir por las noches a divertirse y solo dos de cada 10 está en desacuerdo. Sobre su derecho a trabajar, siete de cada 10 creen que las mujeres que tienen hijas(os) pueden trabajar, aun si no tienen la necesidad de hacerlo y solo tres de cada 10 mujeres están en desacuerdo con este punto.(59)
En otro tema, aproximadamente siete de cada 10 mujeres están en desacuerdo con que si se visten con escotes provocan el acoso masculino. Además, 94%, es decir, nueve de cada 10 mujeres en zonas urbanas están en desacuerdo que las casadas deben tener relaciones sexuales con su esposo cuando él quiera, porcentaje que se mantiene muy similar en zonas rurales donde 82.9%, (ocho de cada 10) también están en desacuerdo en este punto.
Pese a que existe una mayor concientización en sus libertades, decisiones y su derecho a la autonomía corporal(60) es indispensable señalar que aún persiste una alta violencia sexual y acoso en espacios públicos y privados hacia las mujeres, dado que 45.6% de las mujeres señalan que a lo largo de su vida han sufrido violencia en el espacio público. Asimismo, 6.9% de las mujeres de 15 años y más señalan que han vivido violencia sexual por parte de su pareja a lo largo de la relación.(61)
Los estereotipos no son inertes, se reproducen desde la infancia y se institucionalizan a través de diversos espacios e instituciones: familias, Estado, escuelas, iglesias, instituciones laborales, entre otras. En el ámbito de la educación, desde temprana edad se enseña a las niñas y niños conductas "apropiadas", incentivando comportamientos que se ajusten a un modelo tradicional del ser mujer o ser hombre. Los medios de comunicación y la publicidad también juegan un papel crucial, ya que la representación de personajes y roles en películas, series y anuncios sigue reforzando imágenes dualistas y limitantes.
La violencia de pareja es un problema grave que afecta profundamente la vida de las mujeres, restringiendo su libertad y autonomía en múltiples aspectos. Esta forma de violencia no solo tiene consecuencias físicas y emocionales, sino que también impone barreras significativas en su capacidad para participar plenamente en la sociedad y en espacios públicos, con lo que se ve limitada la libertad de las mujeres.
Como ejemplo de lo anterior, 14.2% de las mujeres de 15 años y más en el país, que han sufrido violencia psicológica, debe pedir permiso para trabajar, porcentaje que aumenta a 21.5% en casos de violencia física y a 24.7% en casos de violencia sexual.(62)
Además, 12.2% de las mujeres de 15 años y más, que ha sufrido violencia emocional, expresó que necesita autorización de su pareja para visitar familiares o amistades, cifra que aumenta a 20.5% en casos de violencia física y 26.1% cuando han enfrentado violencia sexual. Finalmente, 8.7% de las mujeres que ha experimentado violencia emocional debe pedir permiso para ir de compras, restricción que aumenta 10.8% en casos de violencia económica, 15.5% en violencia física y 20% cuando ha padecido violencia sexual.(63)
La discriminación que enfrentan las mujeres en México se basa en creencias y prácticas estereotipadas que desvalorizan el ser mujer, creando desigualdades en comparación con los hombres, esta discriminación limita el disfrute de libertades y el ejercicio de los derechos humanos, repitiendo las desigualdades.
Según la ENADIS 2022, 35.3% de las mujeres mayores de 18 años reportó haber sido discriminada por su género, en contraste con 9.6% de los hombres. Además del género, las mujeres también enfrentan discriminación por su forma de vestir o arreglarse (31.8%), su peso o estatura (30.7%) y su edad (23.1%), en comparación con los hombres, los cuales son discriminados principalmente por su forma de vestir (29.1%), sus opiniones políticas (29%) y su manera de hablar (24.8%).(64)
Respecto a las entidades federativas con mayor porcentaje de personas mayores de 18 años que reportó haber sufrido discriminación según los últimos datos del INEGI-ENADIS 2022, fueron: Yucatán (32.1%), Puebla (30.6%), Querétaro (30.5%), Ciudad de México (29.6%) y Jalisco (27.1%). Por otro lado, las entidades con menor porcentaje de población que mencionó haber sido víctima de discriminación fueron: Sinaloa (13.8%), Sonora (17.5%), Nayarit (17.9%), Nuevo León (18.4%) y Campeche (18.5%).
También es importante considerar la percepción que tienen las mujeres de diversos grupos sobre el respeto a sus derechos: 40.4% de las mujeres indígenas mayores de 12 años, 33.6% de las mujeres con discapacidad y 30.8% de las mujeres adultas mayores perciben que sus derechos se respetan muy poco, respectivamente, e inclusive, 14.9% de las niñas de 9 a 11 años considera que no se respetan los derechos de las niñas y los niños.(65)
Todos estos datos evidencian que pese a los esfuerzos y avances sobre el respeto, promoción, protección y garantía de derechos que se han establecido en instrumentos internacionales que el Estado Mexicano ha ratificado y que se han creado diversas leyes e instituciones a favor de los derechos de diversos grupos de mujeres, en las relaciones sociales sigue habiendo normas culturales, creencias y prácticas discriminatorias que son percibidas y que debemos progresivamente erradicar.
Es fundamental reconocer que los roles de género son dinámicos y pueden evolucionar para reflejar una sociedad más inclusiva y equitativa. La transformación de estos roles requiere promover cambios culturales que involucren a toda la sociedad, incluyendo familias, comunidades, el Estado y el sector privado. Solo así se podrá garantizar el desarrollo y bienestar de las mujeres, reconociendo y respetando sus derechos en todos los ámbitos.
La cultura implica comprenderla como un sistema en cambio constante influenciado por factores internos y externos con una adaptación al respeto de los derechos humanos de las mujeres para una verdadera reconfiguración. Esta administración enfocará esfuerzos para lograr sentar bases sólidas para una reconfiguración en la cultura del país, para poder integrar una visión en donde la igualdad sustantiva sea una constante.
El Segundo Piso de la Cuarta Transformación logrará incorporar normas sociales y prácticas institucionales y de políticas públicas que, en una visión a 20 años, alcanzará una reconfiguración en los roles y estereotipos para garantizar que los derechos humanos de las mujeres sean respetados y protegidos.
Restricciones en la toma de decisiones en los distintos ámbitos de la vida de las mujeres, participación política y falta de reconocimiento en el impacto comunitario
La participación y el liderazgo de las mujeres en los espacios de decisión son fundamentales para lograr una sociedad más equitativa y justa. En México, se han realizado importantes avances en la representación femenina en diversos ámbitos, desde la política hasta las comunidades rurales. Sin embargo, persisten desafíos significativos que deben ser abordados para garantizar que las necesidades de las mujeres sean reconocidas y sus derechos plenamente garantizados.
La presencia de mujeres en roles de liderazgo aumenta la posibilidad de que se consideren diversas perspectivas y necesidades. Además, su inclusión contribuye a la creación de políticas más justas que reflejan mejor la diversidad de la sociedad. En México, las mujeres ocupan más cargos de elección popular que en el pasado, gracias a las reformas constitucionales de 2014 y 2019 en términos de paridad, y a la implementación de cuotas de género desde los años noventa.
Recientemente, México ha logrado una integración paritaria en la Cámara de Diputadas y Diputados, así como en el Senado de la República. Además, se eligió a la primera presidenta en la historia del país, marcando un hito significativo en la igualdad de género.(66)
En los congresos locales, 53.5% de los escaños son ocupados por mujeres. En algunos estados como Chihuahua, Coahuila, Durango, Querétaro y San Luis Potosí, la representación femenina oscila entre 48% y 49%, muy cercana a la paridad. En contraste, en 22 entidades federativas, las mujeres ocupan más del 50% de las curules legislativas. A finales de 2024, 13 mujeres simultáneamente gobiernan las entidades de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz.(67)
Sin embargo, el progreso en la participación de las mujeres en el poder local ha sido más lento, específicamente en las presidencias municipales. A finales de 2024, solo 29.5% de los municipios estuvo encabezado por una mujer. En contraste, los cargos de regidoras alcanzaron 53.9% y los de síndicas el 69%.(68)
Para 2023, en el Poder Judicial de la Federación (PJF), 50% de las 54,780 personas servidoras públicas eran mujeres. En los Poderes Judiciales Estatales (PJE), las mujeres representaban 59.2% de las 74,507 personas. Aunque estas cifras sugieren paridad de género, la mayoría de las mujeres trabajan como personal de apoyo y administrativo, no como juezas o magistradas. Al finalizar 2023, solo 23.4% de los magistrados y 35.8% de los jueces en el CJF eran mujeres. Las tres entidades con menor paridad en personas magistradas fueron Coahuila (21.1%), Tamaulipas (27.3%) y Colima (30%).(69)
Esta disparidad pone de manifiesto la persistencia de barreras que dificultan el acceso de las mujeres a los cargos de mayor liderazgo ejecutivo a nivel local, que es el espacio más próximo a la población. Estas barreras pueden incluir factores culturales, sociales y económicos que prevalecen en los hombres, en la sociedad en general y en algunas mujeres que limitan las oportunidades de las mujeres para asumir roles de liderazgo en sus comunidades.
Es fundamental abordar estas barreras mediante políticas y programas que promuevan la equidad de género y faciliten el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo en el ámbito local. La representación femenina en estos espacios es crucial para garantizar que las necesidades y perspectivas de las mujeres sean consideradas en la toma de decisiones que afectan directamente a sus comunidades.
Respecto a los liderazgos locales, resalta el ámbito municipal, en especial las mujeres rurales que desempeñan un papel esencial en el desarrollo de sus comunidades, por su contribución en la producción y comercialización de alimentos y preservación del medio ambiente. Sin embargo, enfrentan obstáculos para acceder a recursos productivos como la tierra, lo que limita su capacidad para generar ingresos y alcanzar la autonomía económica. Esta falta de acceso también reduce su participación en la toma de decisiones, subrayando la necesidad de políticas que promuevan la igualdad de género y faciliten el acceso de las mujeres rurales a los recursos necesarios para su desarrollo integral.
En México, de los 66.7 millones de mujeres, el 21.2% (14.1 millones) vive en zonas rurales. De estas, 2.3 millones hablan lenguas indígenas y 8.1 millones viven en pobreza. De los 11.4 millones de hogares en el país encabezados por mujeres, el 16.2% se encuentra en zonas rurales.
Las mujeres urbanas tienen un promedio de 10.2 años de escolaridad, mientras que las rurales tienen 7.3 años. Las mujeres rurales tienen en promedio 2.7 hijos, comparado con 1.9 en zonas urbanas. El 17.7% de las mujeres rurales hablan lenguas indígenas, frente al 3.1% en áreas urbanas.(70) En términos económicos, el 31.6% de las mujeres rurales participan en actividades económicas, comparado con el 45.2% de las urbanas. Además, el 13.6% de las mujeres rurales no reciben pago por su trabajo, frente al 3.3% de las urbanas.(71)
Aunque en el país ha habido una lucha significativa por la tierra, centrada en quienes la trabajan, los logros de la revolución y las reformas agrarias no han beneficiado plenamente a las mujeres de los ejidos y comunidades. Actualmente, del total de personas que poseen un certificado parcelario como ejidatarias o comuneras, solo 26% son mujeres. Es relevante destacar que casi 50% de estas mujeres adquieren los derechos sobre la tierra en etapas tardías de su vida, generalmente a partir de los 50 años, al tomar posesión de la misma tras quedar viudas o cuando sus parejas se ausentan por largos periodos debido a la migración.(72)
En México, existen 13,873 ejidos con órganos de representación, en los cuales participan un total de 82,358 personas, de las cuales 24.2% son mujeres. En la presidencia del comisariado ejidal, 1,229 mujeres (9.8%) encabezan esta función, mientras que 3,502 mujeres (34.5%) ocupan el cargo de secretarias y 3,915 mujeres (40.3%) fungen como tesoreras. En la presidencia del consejo de vigilancia del ejido, participan 1,400 mujeres (11.3%).(73)
Las entidades con un mayor porcentaje de mujeres presidentas de ejidos son Ciudad de México (39.4%), Sonora (16.1%), Baja California (15.1%), Baja California Sur (15%) y Tamaulipas (13.2%). En contraste, las entidades con menor proporción de mujeres presidiendo estos órganos son Tlaxcala (6%), Yucatán (4.5%), Jalisco (4.4%), Guerrero (3%) y Zacatecas (1.4%).(74)
Respecto a las comunidades agrarias, 6.7% son presididas por mujeres (88 comunidades), 26% son secretarias de los órganos de representación y en 31.6% son tesoreras.(75)
A lo largo de su vida, 9.5% de las mujeres de 15 años y más ha participado en una organización vecinal o de condóminos, en comparación con 13% de los hombres. En cuanto a la participación en partidos políticos, 7% de las mujeres ha estado involucrada, frente a 9.4% de los hombres. En organizaciones de protección de derechos humanos, 3.2% de las mujeres ha participado, mientras que 2.6% de los hombres lo ha hecho. Finalmente, 3.2% de las mujeres ha formado parte de otras organizaciones para exigir al gobierno, en comparación con 4.6% de los hombres. (INEGI-ENCUCI, 2020).(76)
Si bien existe una menor participación de las mujeres en el ámbito social y comunitario, es esencial destacar el avance de las mujeres como defensoras y líderes en sus comunidades, donde han promovido derechos fundamentales y han enfrentado desafíos significativos. Su impacto positivo se refleja en la transformación de comunidades, pueblos y barrios, así como en la promoción de la agenda de género desde puestos de liderazgo.
Para propiciar la participación y liderazgo de las mujeres en sus territorios y comunidades, es fundamental continuar implementando políticas de paridad y acciones afirmativas que garanticen su representación en todos los niveles de gobierno. Además, es crucial promover programas que apoyen la autonomía económica de las mujeres y reconozcan sus contribuciones en el ámbito rural.
El acompañamiento de las acciones gubernamentales debe ser constante y enfocado en la eliminación de las barreras que impiden la plena participación de las mujeres, asegurando que sus necesidades sean reconocidas y sus derechos garantizados.
Si bien cada día se cuenta con una mayor participación de las mujeres en la vida pública, desde la presencia de liderazgos en las comunidades hasta la participación política reflejada con la llegada de la primera mujer presidenta del país, los esfuerzos de este Programa Sectorial se enfocarán a que la paridad en todo sea una constante y se desarrolle desde los espacios comunitarios.
El reconocimiento de liderazgos de mujeres busca promover que, a largo plazo, se consolide una estructura que permita la igualdad de condiciones de las mujeres en su participación en la vida pública y sea una realidad para las niñas y adolescentes imaginarse e incorporarse a la vida y a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la sociedad.
6. Objetivos
La Secretaría de las Mujeres, conforme a sus facultades, ha propuesto los siguientes objetivos que conformarán el Programa Sectorial de las Mujeres, con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de las acciones que el Gobierno de México implementará en los próximos años para consolidar la transformación del país e impulsar la igualdad sustantiva para que las mujeres, que históricamente se les han negado sus derechos plenos, puedan vivir con dignidad, sin discriminación y libres de todo tipo de violencias.
| Objetivos del Programa Sectorial de las Mujeres 2025-2030
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| 1.- Fortalecer el diseño e implementación de la Política Nacional en materia de Igualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres, así como la transversalización de la perspectiva de género en el quehacer gubernamental. |
| 2.- Promover el ejercicio de los derechos de las mujeres de diversos sectores y territorios, a través del acceso y garantías de sus libertades. |
| 3.- Impulsar la atención inmediata, integral y especializada, así como el acceso a la justicia y la máxima protección del Estado, con perspectiva de género y de derechos humanos, a las mujeres, adolescentes y niñas en situación de violencia. |
| 4.- Promover la prevención de la violencia contra las mujeres mediante acciones de educación, información y concientización que motiven cambios culturales que impidan normalizar y reproducir las violencias hacia las mujeres, adolescentes y niñas. |
| 5.- Promover cambios culturales que reviertan comportamientos, normas y creencias machistas, discriminatorias y estereotipadas que excluyen y obstaculizan los derechos, el desarrollo y bienestar de las mujeres. |
| 6.- Propiciar la participación y liderazgo de las mujeres en los espacios de decisión en sus territorios y comunidades y en el acompañamiento de las acciones gubernamentales a fin de que sean reconocidas sus necesidades y garantizados sus derechos. |
6.1 Relevancia del objetivo 1: Fortalecer el diseño e implementación de la Política Nacional en materia de Igualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres, así como la transversalización de la perspectiva de género en el quehacer gubernamental
Uno de los 100 compromisos de la Presidenta de la República fue la creación de la Secretaría de las Mujeres, a la cual, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde establecer y conducir la instrumentación, coordinación, supervisión, seguimiento, implementación y evaluación en el ámbito de su competencia, de la Política Nacional en materia de: a) Mujeres, adolescentes y niñas, igualdad sustantiva y transversalización de la perspectiva de género; b) Prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas y c) Sistema de cuidados.
Con dicha creación y atribuciones asignadas marcamos un referente que demuestra que el Segundo Piso de la Cuarta Transformación es de y para las mujeres, por lo que este Programa Sectorial establece y conduce la instrumentación, coordinación, supervisión, seguimiento, implementación y evaluación, de la Política Nacional en materia de: mujeres, adolescentes y niñas, igualdad sustantiva y transversalización de la perspectiva de género; prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas y, sistema de cuidados, así como la transversalización de la perspectiva de género en el quehacer gubernamental.
Reconocemos que, en nuestro país, es crucial que, para el fortalecimiento y transversalización de la perspectiva de género, se identifiquen las debilidades, tensiones y omisiones en el funcionamiento de la PNIMH. Varios de éstos se relacionan con reconocer que existe un marco de avances normativos, administrativos e institucionales en materia de igualdad que tienen como fundamento el marco de los derechos humanos y a nivel de los programas públicos, una normatividad clara y sólida, sin embargo, aún no se logra que las dependencias e instituciones públicas que son responsables para atender el acceso y garantía de diversos derechos de las mujeres, cuenten con las suficientes y sólidas capacidades institucionales.
Aun reconociendo los avances y logros que han alcanzado los instrumentos y mecanismos de la PNIMH, todavía presentan algunas debilidades en su funcionamiento y seguimiento, así como en su capacidad de interlocución, y en la efectiva articulación en las acciones.
El SNIMH, como mecanismo de coordinación interinstitucional entre las dependencias y entidades del Gobierno para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres ha sido clave fundamental para el avance en la materia. En 2024, según su informe anual, algunos de los productos de este trabajo coordinado, fueron, la Estrategia para el fortalecimiento de los Sistemas Estatales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Guía práctica para la creación y fortalecimiento de las UIG en las instituciones públicas.
Estos documentos reflejan que el trabajo coordinado genera resultados, sin embargo, más allá de la generación de los documentos se requiere de la acción y de los diferentes actores para que el cambio esperado sea una realidad. Por ejemplo a nivel interinstitucional, no se ha logrado que el total de las UIG tengan un nivel de jerarquía importante en la conducción y toma de decisiones al interior de su propia institución, de manera que no en todos los casos cuentan con el apoyo y voluntad política para transversalizar la perspectiva de género en la planeación, presupuestación, implementación, seguimiento y evaluación, además de que la rotación del personal y la falta de presupuesto también representan serios inconvenientes para fortalecer la institucionalidad.
Por su parte, el PROIGUALDAD, que fue implementado del 2020 al 2024, estuvo integrado por 6 objetivos prioritarios; 37 estrategias prioritarias y 267 acciones puntuales y fue construido derivado de las propuestas de 6 mil mujeres, recabadas a través de 32 foros de consulta estatales y uno nacional (INMUJERES, 2024);(77) como parte del cierre de este instrumento, en el año 2024, se realizó un balance, el cual, derivado de una semaforización tuvo como resultados que el 98.2% de las acciones puntuales fueron cumplidas y el 86.5% de Estrategias Prioritarias, registraron por lo menos algún compromiso realizado en algún año.
Sin embargo, las instituciones tuvieron un amplio margen de incumplimiento de los compromisos que fueron asumidos, pues los datos agregados mostraron que únicamente 2.7% de las Estrategias Prioritarias tuvieron cumplimiento del 100% en un año, mientras que ninguna Estrategia Prioritaria mostró cumplimiento del 100% para dos o tres años. (EPADEQ, 2024).(78)
Como se puede observar, fortalecer la capacidad institucional y la transversalización de la perspectiva de género en primer lugar debe reconocer que implementar políticas públicas transversales de género tiene desafíos para la conceptualización y el diseño de acciones, para la articulación, coordinación y supervisión de su implementación, sobre todo, cuando esta responsabilidad no depende sólo de una institución específica, sino de instituciones y organismos que están presentes en toda la estructura del Estado, así como la complejidad que implica la coordinación y articulación en múltiples espacios y niveles
Pese a la complejidad, para la Secretaría de las Mujeres resulta fundamental dar cumplimiento a la tarea que nuestra Presidenta encomendó en el marco de los 10 principios del humanismo mexicano "todas las mujeres tenemos derecho a la igualdad sustantiva" por lo que seguiremos impulsando que se fortalezcan las estrategias para promover la transversalización de la perspectiva de género en otros
ámbitos de la Administración Pública, incluyendo los diferentes niveles de gobierno y poderes del Estado, así como en la legislación, presupuestos, políticas y programas.
6.2 Relevancia del objetivo 2: Promover el ejercicio de los derechos de las mujeres de diversos sectores y territorios, a través del acceso y garantías de sus libertades.
Fortalecer el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de las mujeres, así como reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados son cuestiones indispensables para el Humanismo mexicano, enfocado en poner a las personas más vulnerables en el centro de la acción pública. Abordar ambas cuestiones de manera integral tiene implicaciones positivas tanto en el aspecto económico, como en la dignidad humana. Por ello, las líneas de acción propuestas para el Objetivo 2 constituyen una condición indispensable para avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y sostenible.
Por una parte, el Gobierno de México tiene la obligación y la voluntad de saldar deudas históricas con las mujeres. Para cerrar brechas de género que han marginado a las mujeres, especialmente a las más empobrecidas, a las mujeres indígenas, a quienes habitan en zonas rurales y a las afromexicanas, es fundamental garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de niñas, adolescentes y mujeres. El pleno ejercicio del derecho a la salud, a la educación, al trabajo digno, a la seguridad social y a una vida libre de violencia es esencial para impulsar la autonomía de las mujeres y su participación plena en todos los ámbitos de la vida pública.
No solo se trata de contar con servicios suficientes y de calidad para que las mujeres ejerzan sus derechos. La organización social del cuidado sigue siendo uno de los principales obstáculos estructurales para el ejercicio pleno de las autonomías de las mujeres.
Según la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (2023), las mujeres realizan el 72.8% de las horas invertidas en el trabajo no remunerado doméstico y de cuidados, lo que limita su tiempo disponible para la educación, el empleo formal, la participación política, la recreación, entre otras posibilidades. Esta situación perpetúa la desigualdad de género, la pobreza intergeneracional y la dependencia económica, afectando de forma desproporcionada a mujeres en situación de pobreza, indígenas, rurales, afrodescendientes o con discapacidad.
Al proponernos avanzar hacia una sociedad de cuidados mediante la construcción de un sistema nacional y progresivo de cuidados, procuramos, en primer lugar, que las personas reciban los cuidados que necesitan. En segunda instancia, cimentamos un pilar de justicia social en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación al redistribuir equitativamente este trabajo. Cuando se libera el tiempo de las mujeres mediante servicios de cuidados, ellas disponen de tiempo para continuar su educación y acceder a empleos formales y de mayor calidad.
En este sentido, disminuye su vulnerabilidad económica, en especial para mujeres jefas de hogar y en situación de pobreza. También, mejora la salud física y mental de las mujeres al reducir la sobrecarga y el estrés del trabajo doméstico no remunerado. En suma, fortalece la autonomía económica y el ejercicio de otros derechos, como el acceso a la justicia o la participación en la vida pública.
El estudio de ONU Mujeres, del INMUJERES y de la CEPAL "Costos, retornos y efectos de un Sistema de cuidado infantil universal, gratuito y de calidad en México" (2020) presenta importantes beneficios macroeconómicos derivados de un sistema de cuidados para niñas y niños menores de 6 años. El estudio estima que se crearían 1.4 millones de empleos directos e indirectos; la cantidad de mujeres con empleo aumentaría hasta en 3.7%; el PIB crecería hasta en 1.8% adicional; y la recaudación fiscal se incrementaría en un 0.4% del PIB, lo que podría financiar parte del sistema mismo. Estos datos demuestran que invertir en cuidados no es un gasto, sino una inversión estratégica con altos retornos sociales y económicos.
La oferta de servicios de cuidado infantil con enfoque educativo, inclusivo y de calidad impacta directamente en el desarrollo del capital humano: la educación inicial fortalece el desarrollo cognitivo, emocional y social de niñas y niños, especialmente en contextos de marginación. Esto se traduce en mejor rendimiento escolar, mayor permanencia en el sistema educativo y, eventualmente, mayores oportunidades de inserción laboral calificada. A mediano y largo plazo, reduce la pobreza intergeneracional, al romper ciclos de exclusión y vulnerabilidad social.
Por tanto, un sistema de cuidados universal también es una herramienta de igualdad de oportunidades y movilidad social, al garantizar que todas las niñas y niños inicien su vida con condiciones mínimas de bienestar, sin que su desarrollo dependa de la situación económica o social de sus madres.
En conclusión, promover la cobertura progresiva de los cuidados es una de las políticas más transformadoras para México en el siglo XXI. La transformación de los cuidados representa un nuevo pacto social entre el Estado, el sector privado, las comunidades, las familias, los hombres y las mujeres, que reconoce el valor del trabajo reproductivo y redistribuye sus cargas de forma justa.
Reconocer, reducir y redistribuir los cuidados de manera paralela con la garantía de los derechos de las mujeres es una prioridad nacional con implicaciones en la justicia social, el desarrollo económico, la democracia y los derechos humanos.
6.3 Relevancia del objetivo 3: Impulsar la atención inmediata, integral y especializada, así como el acceso a la justicia y la máxima protección del Estado, con perspectiva de género y de derechos humanos, a las mujeres, adolescentes y niñas en situación de violencia
En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación un pilar fundamental de la construcción de una sociedad más justa y democrática es mejorar e incrementar la atención y el acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencias, promoviendo una respuesta integral e inmediata y la máxima protección del Estado con perspectiva de género, por lo cual, garantizar que las niñas, adolescentes y mujeres accedan a servicios de atención de calidad y a procesos de justicia eficaces es una forma de contribuir al principio del Humanismo Mexicano, donde las personas más vulnerables se ubican en el centro de las políticas públicas.
Además, las violencias contra las mujeres en México constituyen una problemática estructural y persistente con múltiples manifestaciones. Donde, a pesar de avances legislativos significativos y la creación de instituciones especializadas, la insuficiencia de servicios de atención para las mujeres en situación de violencias y las deficiencias en la procuración de justicia continúan representando obstáculos significativos para garantizar los derechos de las mujeres y su acceso a la justicia.
De acuerdo con datos de la ENDIREH 2021, en México 70.1% de las mujeres sufrieron algún tipo de violencia a lo largo de su vida, como pudo reflejarse en el Diagnóstico, esta violencia se ha presentado en los diferentes tipos y ámbitos siendo la prevalencia más alta en el ámbito comunitario, en el cual, el 42.2% de las mujeres manifestó haber sufrido violencia sexual, mientras que 20.7 % señaló que presentó violencia psicológica en este ámbito. En la misma esfera, se tiene que el 72.2% de las mujeres que experimentaron violencia manifestaron que fue ejercida por un desconocido, siendo la calle el lugar de ocurrencia más señalado, seguido del transporte público.
Por otra parte, relacionado al ámbito de pareja, del 39.9% de mujeres que manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida en dicho ámbito, 35.4% sufrió violencia psicológica, 19.1% violencia económica o patrimonial, 16.8% violencia física y el 6.9 violencia sexual. En este ámbito la prevalencia de la violencia se manifestó mayormente en Guerrero (47.6%), Hidalgo (45.6) y Yucatán (45.1%).
En cuanto a la prevalencia de la violencia entre las mujeres de 15 años y más de acuerdo con sus características sociodemográficas en los últimos 12 meses, los resultados arrojan que la violencia ejercida contra las mujeres se concentra en el grupo entre los 15 y 24 años. El 58.3% de las mujeres en este grupo de edad ha sufrido algún incidente violento. Sobre la situación conyugal de las mujeres que han sufrido violencia, el 53.9 % era soltera, el 41.1 % estaba casada o unida y el 34% estaba separada o divorciada. También se encontró que el 40.6% de las mujeres que sufrieron algún tipo de violencia era hablante de alguna lengua indígena o se consideraba indígena.
Bajo este contexto, desde 2010 el Gobierno de México ha impulsado la creación de Centros de Justicia para las Mujeres, los cuales han buscado dar cumplimiento a las obligaciones en materia de atención y prevención de violencia contra las mujeres, así como atender diversas recomendaciones internacionales realizadas al Estado mexicano; fortalecer el acceso de las mujeres a la justicia por medio de un proceso de autoevaluación para detener la violencia, y proporcionar herramientas que propicien la toma de decisiones informadas y encaminadas a construir un proyecto de vida en entornos libres de violencia.
Por su parte, también se encuentran los refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia, que son mecanismos de protección establecidos por la LGAMVLV, como parte de las acciones y medidas que el Estado establece para proteger a las víctimas de violencia que brindan atención especializada a las mujeres, a sus hijas e hijos en situación de violencia extrema.
Asimismo, en las Entidades Federativas, a través de acciones de las IMEF en coordinación con el Gobierno Federal se ha atendido la violencia contra las mujeres a nivel nacional, sin embargo, esta atención no ha llegado en todos los lugares ni a todas las mujeres, por poner algún ejemplo, de acuerdo con lo señalado anteriormente, las entidades con mayor prevalencia de violencia en el ámbito de pareja se presentó en Guerrero, Hidalgo y Yucatán, y de acuerdo la CONAVIM, hasta el 2024 en el estado de Guerrero solo existían dos CJM (Tlapa de Comonfort y Chilpancingo), en Hidalgo un CJM en Pachuca de Soto y en Yucatán dos CJM en Mérida y Tizimín.
Con la creación de la Secretaría de las Mujeres, los Programas que otorgaban subsidios a refugios y a CJM que antes se operaban por la CONAVIM, pasaron a formar parte de nuestras acciones, lo que implica una gran oportunidad para fortalecer estos mecanismos y con ello mejorar la atención que se brinda a las mujeres, desde una perspectiva de derechos humanos y justicia social. Como parte de las acciones que llevará a cabo esta Secretaría, se creará una Red Nacional de Abogadas de las Mujeres, a fin de coadyuvar en el ejercicio del derecho a una vida libre de violencias y acceso a la justicia de las mujeres de todo el país, a través de asesoría jurídica gratuita.
Además, estas acciones son una oportunidad para impulsar medidas para el fortalecimiento institucional de las IMEF como agentes corresponsables de generar las sinergias entre otras dependencias y entidades locales para implementar la política pública para promover el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como la participación, corresponsabilidad y coordinación de los gobiernos estatales y municipales para el fortalecimiento de los servicios de atención y el acceso a justicia de las mujeres en situación de violencia.
Construir una República de y para las Mujeres implica consolidar una respuesta estatal articulada, territorializada y sensible a las diferentes intersecciones en las vidas de las mujeres. Dado que las violencias tienen efectos más allá de la víctima directa, mejorar la atención permite restituir los derechos de las mujeres e impulsar sus autonomías, en un entorno habilitador para su pleno desarrollo.
6.4 Relevancia del objetivo 4: Promover la prevención de la violencia contra las mujeres mediante acciones de educación, información y concientización que motiven cambios culturales que impidan normalizar y reproducir las violencias hacia las mujeres, adolescentes y niñas
Atender las violencias contra las niñas, adolescentes y mujeres a través de programas, acciones y mecanismos de coordinación orientados a la prevención es una condición indispensable para alcanzar el bienestar, la justicia y la igualdad sustantiva. Al mismo tiempo, cumplir con el mandato de prevenir las violencias representa una oportunidad histórica para transformar patrones socioculturales que normalizan la violencia, basados en estereotipos de género y relaciones desiguales de poder.
Para contextualizar, en la Encuesta Nacional de Género realizada por la UNAM en 2015, el 11.3% de las mujeres manifestó que ser objeto de abusos, acoso, maltrato (familiar, laboral y sexual) es considerado la mayor desventaja de ser mujer, mientras que la mayor pluralidad de los hombres (35.1%) no lograron identificar alguna desventaja. En este mismo estudio, el 62.7%de hombres respondió que nunca se justifica pegarle a una mujer, sin embargo, el 5.5% respondió que es justificable "cuando es necesario corregirla", esta última respuesta se acentúa en la región centro del país con un 6.4%, mientras que en el norte es de 3.7%. Para el caso de niñeces es aún peor, pues el 30.2% de las personas encuestadas justificaron que cuando era necesario corregirlo.
Por otra parte, la ENADIS 2022, reflejó que aún el 1.3% de la población de 18 años y más justifica mucho que un hombre le pegue a una mujer, situación que no se ha modificado significativamente de acuerdo con el 1.8% que opinaba lo mismo en la ENADIS 2017. Asimismo, con relación a las frases de prejuicios y estereotipos, el 13.1% de los hombres de 18 años o más estuvo de acuerdo en que algunas de las mujeres que son violadas es porque provocan a los hombres, mientras que 9.2% de las mujeres, en el mismo rango de edad, tuvieron esta misma opinión.
Como se puede observar, dado que la violencia contra las mujeres no surge de manera espontánea, sino que se aprende, se reproduce y se tolera en múltiples espacios (la escuela, el hogar, la comunidad, los medios de comunicación y las instituciones); la prevención debe tener una presencia permanente, transversal e integral en todos esos ámbitos. Este abordaje desde la raíz tiene impactos positivos no solo en la vida de las mujeres, sino en la sociedad en su conjunto. Una estrategia de prevención, con enfoque interseccional, culturalmente pertinente y sostenida en el tiempo puede reducir significativamente la incidencia de todas las formas de violencia, y contribuir al fortalecimiento del tejido social, la cultura democrática y la paz.
En primera instancia, prevenir las violencias tiene efectos directos en la salud física y mental de las mujeres, en su acceso a oportunidades educativas y laborales, en su autonomía y participación plena en la vida pública y privada. Este enfoque de bienestar rompe ciclos de violencias y repercute positivamente en la vida de niñas, niños y adolescentes.
En segundo lugar, la violencia de género genera altos costos para las familias, el Estado y el sector privado, tanto en atención médica y legal, como en pérdida de productividad y ausentismo laboral. De acuerdo con estimaciones del Programa Universitario de Estudios de Género y de la CONAVIM, el costo de la violencia contra las mujeres en México representó 1.4% del PIB de 2015, equivalente al 5.2% del Presupuesto de Egresos de la Federación del mismo año, es decir, $245,118,266,538 pesos. Invertir en prevención no solo es éticamente necesario, sino que es estratégico, pues los recursos pueden traducirse en múltiples beneficios sociales y económicos.(79)
Fortalecer la prevención de las violencias contra las mujeres es también un paso imprescindible para hacer realidad nuestra aspiración de convertirnos en sociedad de cuidados. No puede haber una sociedad de cuidados si las mujeres viven con miedo, si los espacios educativos y comunitarios reproducen violencia simbólica o si el Estado se limita a responder, en lugar de transformar. La prevención permite reeducar desde la igualdad, la empatía, la corresponsabilidad y la no violencia, creando nuevas generaciones en igualdad sustantiva y libres de discriminación.
Por tanto, la relevancia de fortalecer los programas, acciones y mecanismos de coordinación para la prevención de las violencias reside en que es una vía concreta para garantizar la dignidad humana, avanzar hacia la igualdad sustantiva y consolidar un Estado democrático y justo. Esto implica no solo mejorar la cobertura y calidad de los servicios preventivos, sino asegurar su articulación interinstitucional, su conexión con la vida cotidiana y su arraigo comunitario.
Con estas acciones, en el contexto del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, contribuiremos al objetivo de promover la prevención de la violencia contra las mujeres mediante acciones de educación, información y concientización que motiven cambios culturales que impidan normalizar y reproducir las violencias hacia las mujeres, adolescentes y niñas, siendo un pilar fundamental de la construcción de una sociedad más justa, democrática y libre de discriminación, y poder crear condiciones necesarias para que las niñas, adolescentes y mujeres vivan libres de violencias, en forma concreta, hacer realidad el principio del Humanismo Mexicano contemporáneo, que ubica a las personas -y particularmente a las más vulnerables- en el centro de las políticas públicas.
6.5 Relevancia del objetivo 5: Promover cambios culturales que reviertan comportamientos, normas y creencias machistas, discriminatorias y estereotipadas que excluyen y obstaculizan los derechos, el desarrollo y bienestar de las mujeres
El presente objetivo busca una transformación cultural profunda que desafíe y derribe comportamientos, normas y creencias heredadas del sistema patriarcal. Este objetivo se centra en desmantelar una estructura social donde el ser hombre es un privilegio en todos los ámbitos de la vida, que relega a segundo plano y de forma sistemática el rol y las contribuciones de las mujeres. Al desvalorizar las actividades tradicionalmente asociadas al género femenino, especialmente aquellas realizadas en el ámbito de lo privado, se perpetúa un sistema que entorpece el pleno acceso a derechos y oportunidades en igualdad.
Los últimos datos sobre negación de derechos reportan que 21.3% de las mujeres de 18 años y más expresó que ha sido objeto de negación injustificada de alguno de sus derechos, situación que aumenta según el grupo de población; 26.9% de la población indígena, 21.5% de la población migrante de 15 años y más, 28.3% de la población afrodescendiente de 12 años y más, 30.7% de la población de 12 años y más con discapacidad y 31.6% de la población de 60 años y más también reportó estas experiencias.(80)
En este contexto, tanto las mujeres como las personas de género diverso enfrentan barreras que limitan su acceso a la educación, al empleo y a una participación política y social significativa. La presencia continua de modelos jerárquicos y estereotipos rígidos contribuye a la manifestación de la violencia de género, la cual se expresa en formas diversas como la burla, el insulto, la discriminación, el abuso y el acoso sexual, elementos que son un reflejo palpable de la urgencia de un cambio cultural. En México es tal el grado de violencia que 70.1% de las mujeres de 15 años y más ha manifestado haber sido víctima de algún acto de violencia a lo largo de su vida. (81)
En México, donde la participación económica de las mujeres es la cuarta más baja de América Latina,(82) los roles tradicionales y los estereotipos de género siguen siendo barreras significativas. Promover la inclusión de más mujeres en el mercado laboral y mejorar sus condiciones no solo beneficia a la mitad de la población, sino también a sus familias. Este cambio cultural es esencial para romper con los estereotipos que limitan el crecimiento profesional de las mujeres. Además, es estratégico para potenciar la competitividad del país, ya que una mayor participación de las mujeres en la economía puede impulsar el desarrollo y la innovación, creando un entorno más equitativo y próspero para todos.
Por otro lado, la cultura patriarcal impone expectativas rígidas de masculinidad que afectan negativamente la salud mental y física de los hombres, dificultando la expresión de emociones y la búsqueda de apoyo. Aunque los hombres parecen beneficiarse del sistema patriarcal, también viven bajo la presión de ser, la mayoría de las veces, los únicos proveedores y de no mostrar vulnerabilidad, lo que incrementa su nivel de frustración y, en consecuencia, los datos de suicidio. Según datos recientes, la tasa de suicidio por cada 100 mil fue de 2.5 en el caso de mujeres y 11.4 en hombres.(83) Esta situación subraya la necesidad de un cambio que permita a los hombres expresar sus emociones libremente y buscar apoyo sin temor a ser juzgados.
Por ello, promover una cultura más equitativa e inclusiva resulta esencial para aprovechar plenamente el potencial de todos los sectores de la sociedad, abriendo la puerta a oportunidades reales y a una transformación estructural en pro de la igualdad. El progreso cultural se establece como la base fundamental para afianzar la segunda etapa de la Cuarta Transformación, al impulsar modificaciones en la sociedad que reduzcan la desigualdad entre los géneros. Es imperativo desmantelar estructuras discriminatorias gestadas en el patriarcado, que han llevado a la violencia contra las mujeres por la existencia y reproducción de los roles y estereotipos rígidos que han limitado históricamente el camino hacia el pleno desarrollo de mujeres y hombres.
Esta renovación social se sustenta en la construcción de un entorno guiado por valores como la fraternidad, la solidaridad y el respeto. Se trata de un proyecto que persigue garantizar el acceso al bienestar como un derecho inalienable, trazando rutas hacia un México más inclusivo, equitativo y sostenible, en el que el desarrollo y la prosperidad no sean privilegios, sino realidades para todas y todos.
Para favorecer el empoderamiento de las mujeres, es crucial fomentar una transformación que promueva la igualdad y la protección de los derechos humanos. Esto implica profundizar en el reconocimiento de las prerrogativas de las mujeres y diseñar estrategias efectivas para prevenir actitudes violentas y prácticas discriminatorias. A través de campañas de educación y sensibilización, junto con la implementación de políticas interseccionales e interculturales, se puede lograr que se consolide un marco en el que se reconozcan y salvaguarden los derechos humanos de las mujeres.
6.6 Relevancia del objetivo 6: Propiciar la participación y liderazgo de las mujeres en los espacios de decisión en sus territorios y comunidades y en el acompañamiento de las acciones gubernamentales a fin de que sean reconocidas sus necesidades y garantizados sus derechos
A través de este objetivo se busca atender y reivindicar las aportaciones de las mujeres líderes de sus comunidades e impulsar su participación en la toma de decisiones, problemática que aún persiste. Por lo cual, es necesario impulsar la vida comunitaria, las asambleas y sentar las bases para la reconstitución de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de sus culturas, de sus lenguas y sus instituciones.
La participación, liderazgo y reconocimiento de las mujeres en los espacios de toma de decisión en las comunidades es una condición indispensable para el logro de la igualdad sustantiva, para que puedan ser partícipes activas en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que impulsa el Gobierno Federal, los gobiernos estatales, municipales y las acciones comunitarias.
En México se han logrado avances sustantivos en la participación de las mujeres en términos de paridad con el incremento de las mujeres en los espacios de toma de decisión gubernamental, impulsado por la reforma de "Paridad en Todo" que ha sido clave para garantizar la representación de las mujeres en el poder público. Tras los comicios de 2024, México ha alcanzado una integración paritaria en la Cámara de Diputadas (250) y Diputados (250), así como en el Senado de la República con 63 Senadoras y 64 Senadores. Además, se eligió a la primera presidenta en la historia del país, marcando un hito significativo en la igualdad de género y con la participación de 13 mujeres a cargo del Ejecutivo en las siguientes entidades federativas; Baja California, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Ciudad de México, Campeche, Quintana Roo, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Estado de México y Colima. (Cámara de Diputados,2024).
De acuerdo con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, a nivel nacional el porcentaje de mujeres en los congresos estatales es de 53.5 %, En contraparte, en el ámbito local sigue predominando la presencia de hombres en las presidencias municipales, ya que el porcentaje de mujeres en el cargo es de solo 29.5%. Sin embargo, es necesario consolidar estos logros y garantizar que las mujeres ejerzan sus derechos políticos sin obstáculos ni violencia.
Es fundamental implementar acciones gubernamentales para ampliar la formación y capacitación de mujeres en todos los ámbitos y niveles para incrementar su presencia en los espacios de decisión, sin dejar a un lado la experiencia con la que cuentan las mujeres en la resolución de conflictos, de problemáticas y la organización en redes que realizan para el beneficio de sus comunidades. Para responder a estos problemas que aún persisten, este objetivo contribuirá con acciones específicas con enfoques interseccionales, interculturales con perspectiva de género, de derechos humanos y desde lo local, teniendo en cuenta que la participación de las mujeres no es solo un derecho, sino una necesidad para el desarrollo del país.
Si bien en el ámbito político se ha logrado un gran avance en la participación de las mujeres, es necesario analizar si desde el ámbito comunitario, se han impulsado acciones efectivas que promuevan su participación.
Por otra parte, durante los inicios de la cuarta transformación de nuestro país, como un esfuerzo de Política Nacional, se impulsó la Estrategia de Redes de Mujeres Constructoras de Paz, la cual fue un referente de la organización de mujeres y la importancia que tiene su participación en esta reconstrucción el tejido social desde lo local. En el periodo comprendido de 2020 a 2024 se crearon 1,602 Redes Mucpaz en las que participaron 29 mil 930 mujeres, teniendo incidencia en 300 municipios a nivel nacional (INMUJERES, 2024).
Actualmente, si bien aún no existe una estrategia o programa con ese alcance, como parte de los objetivos de esta Secretaría, para dar cumplimiento a uno de los 100 compromisos de nuestra Presidenta, se impulsará la formación de la Red Nacional de Mujeres Tejedoras de la Patria, impulsando los liderazgos de las mujeres a nivel territorio y llegando a los rincones más lejanos del País y fuera del territorio, esto permitirá que través de las voces de las propias mujeres, se informe sobre los derechos y servicios de atención y programas que existen para las mujeres y se coadyuve a la transformación de las comunidades.
Promover la inclusión de las mujeres en el desarrollo comunitario también es a partir de visibilizar y dignificar el papel que desempeñan en la reconstrucción del tejido social, contribuyendo a la paz, la reconciliación y la prevención de la violencia, a través de la promoción de la igualdad de género y con espacios de diálogo para la construcción de sociedades más justas, además, es necesario dignificar el rol clave de las mujeres en la defensa del medio ambiente, ya que son referentes de la conservación de culturas originarias que encuentran fundamental la preservación de la naturaleza. Su participación es clave para la seguridad alimentaria, la preservación de la biodiversidad, la adaptación y acciones debido al cambio climático, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible.
6.7 Vinculación de los objetivos del Programa Sectorial de las Mujeres 2025-2030
En el marco del fortalecimiento de la planeación nacional con perspectiva de género, se presenta a continuación la vinculación entre los objetivos del Programa Sectorial de las Mujeres 2025-2030 y los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Este ejercicio tiene por finalidad identificar correspondencias sustantivas que permitan alinear las prioridades sectoriales con los ejes, objetivos y estrategias nacionales del PND. La articulación realizada contribuye a promover la transversalidad de la igualdad sustantiva en los instrumentos de política pública, así como a fortalecer la coordinación interinstitucional y territorial en favor de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres conforme a la visión transformadora del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.
| Objetivos del Programa Sectorial de las
Mujeres 2025 - 2030
| Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
2025 - 2030
| Estrategias del Plan Nacional de
Desarrollo 2025 - 2030
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| Objetivo 1 Fortalecer el diseño e implementación de la Política Nacional en materia de Igualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres, así como la transversalización de la perspectiva de género en el quehacer gubernamental. | Objetivos T1.1 y T1.5
| Estrategias T1.1.1, T1.1.2, T1.1.4, T1.1.5 y
T1.1.6
Estrategias T1.5.1 y T1.5.3
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| Objetivo 2 Promover el ejercicio de los derechos de las mujeres de diversos sectores y territorios, a través del acceso y garantías de sus libertades. | Objetivos, T1.1, T1.2, T1.4 y T3.6.
| Estrategias, T1.1.3, T1.1.6, T1.2.1, T1.2.2,
T1.2.3, T1.2.4, T1.2.5, T1.2.6 y T1.4.4
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| Objetivo 3 Impulsar la atención inmediata, integral y especializada, así como el acceso a la justicia y la máxima protección del Estado, con perspectiva de género y de derechos humanos, a las mujeres, adolescentes y niñas en situación de violencia. | Objetivo T1.5
| Estrategias T1.5.1, T1.5.2 y T1.5.3.
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| Objetivo 4 Promover la prevención de la violencia contra las mujeres mediante acciones de educación, información y concientización que motiven cambios culturales que impidan normalizar y reproducir las violencias hacia las mujeres, adolescentes y niñas. | Objetivo T1.4
| Estrategias T1.4.1, T1.4.2 y T1.4.5.
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| Objetivo 5 Promover cambios culturales que reviertan comportamientos, normas y creencias machistas, discriminatorias y estereotipadas que excluyen y obstaculizan los derechos, el desarrollo y bienestar de las mujeres. | Objetivo T1.4
| Estrategias T1.4.1, T1.4.3 y T1.4.4.
|
| Objetivo 6 Propiciar la participación y liderazgo de las mujeres en los espacios de decisión en sus territorios y comunidades y en el acompañamiento de las acciones gubernamentales a fin de que sean reconocidas sus necesidades y garantizados sus derechos. | Objetivo T1.3
| Estrategias T1.3.1 y T1.3.2.
|
7. Estrategias y líneas de acción
Para enfrentar los problemas públicos identificados en el diagnóstico, se proponen estrategias articuladas con los objetivos enunciados en este Programa Sectorial; mismas que se encuentran alineadas con el modelo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Estas estrategias buscan fortalecer las capacidades del Gobierno de México mediante una actuación coordinada, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género interseccional y visión de largo plazo hacia 2030 y 2045, en consonancia con el humanismo mexicano contemporáneo. Para cada uno de los objetivos de los programas se establecerán hasta siete estrategias, las cuales describirán los conjuntos de intervenciones de políticas públicas que serán implementadas para el logro de dichos objetivos. En este conjunto de intervenciones se insertan hasta 10 líneas de acción por estrategia, que deberán implementarse para consecución de los objetivos. Este conjunto de estrategias y líneas de acción refleja los compromisos asumidos por México en instrumentos internacionales para la garantía de los derechos humanos de las mujeres y considera las recomendaciones de organizaciones feministas y de la sociedad civil.
Es importante mencionar que la Secretaría de las Mujeres funge como cabeza de sector y al mismo tiempo constituye la totalidad del sector comprendido en el Ramo Administrativo 54 "Mujeres". Por ende, todas las líneas de acción señaladas en este Programa Sectorial serán realizadas por esta Secretaría.
Objetivo 1. Fortalecer el diseño e implementación de la Política Nacional en materia de Igualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres, así como la transversalización de la perspectiva de género en el quehacer gubernamental
Estrategia 1.1 Fortalecer la coordinación y resultados de mecanismos interinstitucionales a nivel nacional con los poderes de la Unión, niveles de gobierno y sociedad civil para impulsar el cumplimiento de la Política Nacional en materia de igualdad.
| Línea de acción
|
| 1.1.1 Coordinar el funcionamiento y seguimiento del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres a fin de promover la PNIMH y la transversalización de la perspectiva de género. |
| 1.1.2 Coordinar el diseño, funcionamiento y seguimiento del Programa Nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres (PROIGUALDAD) 2025-2030, para promover el cumplimiento de la Política Nacional en materia de igualdad sustantiva y transversalización de la perspectiva de género. |
| 1.1.3 Fortalecer los vínculos de colaboración, capacidades y acciones de los mecanismos para el adelanto de las mujeres en los tres órdenes de gobierno para impulsar el cumplimiento de la PNIMH y transversalización de la perspectiva de género. |
| 1.1.4 Promover la incorporación de la perspectiva de género y los enfoques de derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad en todas las etapas de las políticas, programas y presupuestos públicos que promuevan la igualdad sustantiva. |
| 1.1.5 Impulsar alianzas y convenios con los poderes de la unión, órdenes de gobierno, instituciones públicas, académicas, privadas, sociedad civil para cumplir PNIMH y la transversalización de la perspectiva de género. |
| 1.1.6 Fomentar las relaciones y alianzas con entidades federativas, gobiernos locales, municipales, OSC, academia y agencias de cooperación para fomentar el cumplimiento de la Política Nacional de igualdad y ampliar el alcance de los programas dirigidos a las mujeres. |
Estrategia 1.2 Promover procesos formativos y de fortalecimiento de habilidades y capacidades, del personal de los sectores público, social y privado en materia de igualdad sustantiva para fomentar el acceso, garantía y ejercicio de los derechos de las mujeres adolescentes y niñas.
| Línea de acción
|
| 1.2.1 Generar procesos formativos y creación de redes de personas capacitadoras para fortalecer las capacidades de la Secretaría y de otras instituciones públicas en la transversalización de la perspectiva de género y acciones a favor de la igualdad sustantiva. |
| 1.2.2 Desarrollar materiales, así como cursos presenciales y virtuales sobre igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, para fortalecer las capacidades de instituciones públicas, privadas, organizaciones, comunidades y ciudadanía. |
| 1.2.3 Impulsar la certificación de competencias y/o capacidades profesionales alineadas a funciones claves de la PNIMH y la transversalización de la perspectiva de género. |
| 1.2.4 Asesorar a las entidades y dependencias de la APF, del ámbito local, y de los sectores social y privado para que desarrollen iniciativas de capacitación y certificación en igualdad de género, en función de sus necesidades y obligaciones en la materia. |
Estrategia 1.3 Desarrollar propuestas e instrumentos técnicos para incluir y fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género y los enfoques de derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad en las políticas, programas y acciones afirmativas y presupuestos a favor de los derechos de mujeres.
| Línea de acción
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| 1.3.1 Diseñar estrategias, criterios y lineamientos para promover la inclusión de la perspectiva de género, los enfoques de derechos humanos, interculturalidad e interseccionalidad en las políticas públicas que implementan las dependencias y entidades de la APF. |
| 1.3.2 Proponer estudios, protocolos y estrategias con perspectiva de género y desde los enfoques de derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad que contribuyan al cumplimiento de los derechos de las mujeres. |
| 1.3.3 Promover la inclusión de la perspectiva de género en la creación, planeación y ejecución de los anexos transversales del Presupuesto de Egresos de la Federación. |
| 1.3.4 Coordinar la definición y el seguimiento del Anexo Transversal de Cuidados para identificar las acciones y programas que lleva a cabo el Gobierno Federal para atender las necesidades de las personas cuidadoras y las que requieren cuidados, así como elaborar sus documentos técnicos. |
| 1.3.5 Elaborar análisis presupuestarios con perspectiva de género e instrumentos normativos para el seguimiento y rendición de cuentas de los anexos transversales en igualdad sustantiva y cuidados. |
| 1.3.6 Promover en coordinación con instituciones públicas, académicas y sociales la realización de estudios, metodologías, observatorios, plataformas, instrumentos de medición y georreferencia e informes con perspectiva de género, para fortalecer acciones en favor de la igualdad sustantiva. |
Estrategia 1.4 Incentivar la generación de conocimiento, a través de investigaciones, datos, estadísticas y sistemas de información sobre la situación de las mujeres, adolescentes y niñas con énfasis en quienes presentan mayores condiciones de desigualdad y vulnerabilidad.
| Línea de acción
|
| 1.4.1 Promover la generación y uso de estadísticas con enfoque de género en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los tres órdenes de gobierno y organismos autónomos para cumplir los marcos jurídicos internacionales y nacionales, y a la política nacional de igualdad sustantiva. |
| 1.4.2 Participar en la elaboración de propuestas e integración de información estadística y/o georreferenciada necesaria para mejorar la identificación y atención de las acciones comprometidas en el Programa Sectorial y los programas especiales de la Secretaría. |
| 1.4.3 Elaborar diagnósticos e integrar información estadística para conocer la situación de las mujeres respecto al ejercicio de sus derechos y las brechas de desigualdad de género con énfasis en quienes presentan mayores condiciones de desigualdad y vulnerabilidad. |
| 1.4.4 Fortalecer los sistemas de información estadística y georreferenciada que integren los indicadores para dar seguimiento. |
Estrategia 1.5 Fortalecer y armonizar el marco normativo e institucional de forma que aseguren políticas, programas y acciones a favor de la igualdad sustantiva.
| Línea de acción
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| 1.5.1 Promover que en las políticas públicas y programas presupuestarios de las entidades y dependencias de la APF se incluyan acciones a favor de la igualdad sustantiva en relación con sus atribuciones y responsabilidades, a través de incorporar de la perspectiva de género en el quehacer gubernamental. |
| 1.5.2 Promover cambios y propuestas con perspectiva de género e interseccional en el marco normativo y programático-administrativo de las entidades y dependencias de la APF que permitan cerrar las brechas de desigualdad y generar acciones a favor de la igualdad sustantiva. |
| 1.5.3 Promover, a través de asesorías, propuestas y opiniones técnicas, que la legislación incluya y fortalezca la perspectiva de género e interculturalidad a fin de facilitar el acceso, garantía y ejercicio de los derechos y necesidades de las mujeres, adolescentes y niñas. |
| 1.5.4 Impulsar la agenda de igualdad sustantiva en los foros y mecanismos a nivel regional e internacional. |
| 1.5.5 Promover la ratificación, adhesión y cumplimiento de México a los tratados internacionales y regionales vinculatorios que protegen los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas y motivar la armonización legislativa en el marco normativo nacional y local. |
| 1.5.6 Promover el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones internacionales en materia de igualdad sustantiva. |
| 1.5.7 Dar respuesta a organismos internacionales sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano en coordinación con autoridades competentes y actuar como autoridad nacional en los mecanismos internacionales que correspondan. |
| 1.5.8 Asesorar a las instancias de la APF y locales, así como de los poderes legislativo y judicial sobre los compromisos del Estado Mexicano derivados de los acuerdos internacionales suscritos. |
Objetivo 2. Promover el ejercicio de los derechos de las mujeres de diversos sectores y territorios, a través del acceso y garantías de sus libertades.
Estrategia 2.1 Promover el derecho al trabajo digno de las mujeres y sus derechos económicos, así como a la seguridad social con el fin de erradicar la pobreza y la precariedad laboral.
| Línea de acción |
| 2.1.1 Promover la incorporación de la perspectiva de género y los enfoques de derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad en las políticas, programas y presupuestos públicos que promuevan el acceso y garantía de los derechos al trabajo digno, económicos y de seguridad social de las mujeres. |
| 2.1.2 Impulsar programas y reformas que promuevan la inclusión de las mujeres en el mercado laboral sin discriminación, ampliando la seguridad y protección social de las mujeres trabajadoras y sus familias con énfasis en trabajadoras históricamente más precarizadas. |
| 2.1.3 Fortalecer la certificación en igualdad laboral y no discriminación e impulsar la igualdad salarial, la paridad de género para que las mujeres accedan a altos mandos, otorgando reconocimiento público a las instituciones, empresas y organizaciones que los realicen. |
| 2.1.4 Fortalecer el marco normativo e institucional para la inclusión económica de las mujeres en condiciones de igualdad. |
| 2.1.5 Promover acciones que impulsen la permanencia y promoción de mujeres en instituciones y empresas con mayor participación masculina y acciones para fortalecer sus competencias laborales a fin de incrementar su acceso al mercado de trabajo formal en sectores con mayor potencial económico. |
| 2.1.6 Promover medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal en las dependencias y entidades de la APF a través de la implementación de esquemas laborales flexibles que faciliten una nueva cultura institucional basada en las personas. |
| 2.1.7 Promover acciones que reconozcan y garanticen derechos laborales y faciliten el acceso a créditos, financiamientos, subsidios o cooperación internacional para mujeres productoras, jornaleras, trabajadoras del hogar y aquellas en situación de marginación. |
| 2.1.8 Apoyar el desarrollo de capacidades organizativas, productivas y la innovación tecnológica en las actividades que realizan las mujeres emprendedoras y apoyar la creación y consolidación de proyectos de economía social de mujeres creadoras y artesanas en cadenas productivas encabezadas por mujeres. |
| 2.1.9 Impulsar la participación amplia y activa de las mujeres en la economía social y solidaria, ambientalmente sostenible. |
Estrategia 2.2 Promover se garantice a las mujeres el acceso a servicios de salud de calidad, oportuna e integral; que sean tratadas con respeto en la atención médica, y puedan ejercer plenamente sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, libres de violencia y discriminación.
| Línea de acción
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| 2.2.1 Impulsar que las instituciones y personal del sector salud promuevan el derecho y acceso a los servicios de salud desde un enfoque intercultural de género, y derechos de las mujeres, con énfasis en las de poblaciones más desfavorecidas. |
| 2.2.2 Promover la incorporación de la perspectiva de género y los enfoques de derechos humanos, interseccionalidad, interculturalidad territorialidad, ciclo de vida en las políticas y programas públicos vinculados a los derechos a la salud, sexuales y reproductivos de las mujeres. |
| 2.2.3 Impulsar reformas, opiniones técnicas y armonización al marco jurídico federal y estatal vinculadas a los derechos a la salud, sexuales y reproductivos de las mujeres. |
| 2.2.4 Promover las condiciones para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos fortaleciendo estrategias de prevención y atención integral de embarazo en adolescentes, retraso del segundo embarazo, y aborto seguro con énfasis en víctimas de violencia sexual. |
| 2.2.5 Impulsar que se incorpore la accesibilidad y enfoque intercultural a la salud, centros de salud, hospitales, centros comunitarios entre otros para las mujeres indígenas, rurales, con discapacidad y con mayores índices de marginación, con énfasis en la prevención de la mortalidad materna e infantil. |
| 2.2.6 Promover que se implementen estrategias comunitarias de salud mental desde un enfoque psicosocial dirigidas a mujeres, niñas, jóvenes y adultas mayores. |
| 2.2.7 Impulsar acciones desde un enfoque centrado en la experiencia de las mujeres, adaptado a las necesidades locales, integrando acciones de prevención de adicciones y de promoción de la salud con un enfoque territorial. |
| 2.2.8 Articular acciones que recojan las necesidades de salud y el acceso a los servicios médicos de las mujeres privadas de la libertad y de sus hijos e hijas, de las migrantes y en movilidad, indígenas, afromexicanas, con discapacidad, personas LGBTTTIQ+ y de adolescentes y jóvenes. |
| 2.2.9 Generar y fortalecer espacios de diálogo e intercambio entre sectores académicos, instituciones públicas, OSC sobre temas de salud y calidad de vida de las mujeres, las adolescentes y las niñas. |
Estrategia 2.3 Mejorar las condiciones para el acceso al derecho a la educación y la cultura con el fin de promover el bienestar, desarrollo y las oportunidades de las mujeres en sus diferentes ciclos de vida.
| Línea de acción
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| 2.3.1 Promover la incorporación de la perspectiva de género y los enfoques de derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad en las políticas, programas y presupuestos públicos vinculados a los derechos a la educación cultura y recreación de las mujeres, adolescentes y niñas. |
| 2.3.2 Promover con las instituciones públicas competentes que las mujeres y niñas en todos los niveles educativos tengan educación integral, pública, gratuita, laica, igualitaria y de calidad, con énfasis al acceso a nuevas tecnologías y a la innovación científica para reducir la segregación educativa. |
| 2.3.3 Impulsar acciones y medidas especiales de carácter temporal para impulsar el acceso y permanencia a la educación de las mujeres y las niñas, erradicar la deserción escolar y promover una mayor participación desde niñas en ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas. |
| 2.3.4 Identificar los obstáculos que impiden a las niñas avanzar en los niveles educativos y promover su acceso a áreas de ciencias, tecnología, ingenierías, matemáticas. |
| 2.3.5 Promover la eliminación del sexismo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en contenidos educativos y en la orientación vocacional en todos los niveles escolares. |
| 2.3.6 Promover la prevención y atención de la violencia escolar contra mujeres y niñas, a través de la armonización de protocolos de atención a la violencia y acoso sexual en las escuelas. |
| 2.3.7 Impulsar la creación y difusión de la cultura y el deporte como fuente de desarrollo en la vida de las mujeres y niñas, para la cohesión social y bienestar comunitario con énfasis en las mujeres de sectores más desfavorecidos. |
| 2.3.8 Implementar estrategias locales de intervención cultural como detonador del desarrollo comunitario igualitario. |
Estrategia 2.4 Promover acciones para proteger, restablecer y procurar un medio ambiente sano y sostenible, combatir el cambio climático y sus efectos sobre mujeres, adolescentes y niñas promoviendo la disponibilidad, saneamiento y gestión sostenible del agua.
| Línea de acción
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| 2.4.1 Promover que se incluya la perspectiva de género y derechos de las mujeres en los diagnósticos, diseño, implementación y evaluación de programas de medio ambiente, conservación y restauración de biodiversidad, daños frente a los impactos del cambio climático, gestión de riesgos y manejo de desastre. |
| 2.4.2 Promover los derechos de las mujeres para el acceso, gestión, control, uso y manejo de recursos como la tierra, el agua, forestales, entre otros. |
| 2.4.3 Diseñar esquemas de participación activa de mujeres para integrar las experiencias, necesidades e intereses de las mujeres en la planeación e implementación de proyectos de gestión integral de riesgos de desastres. |
| 2.4.4 Impulsar la incorporación de los enfoques de justicia de género y justicia ambiental en las políticas, programas, planes y acciones de las políticas ambientales y climáticas. |
| 2.4.5 Generar o fortalecer los mecanismos para fomentar una cultura ambiental sustentable con perspectiva de género, interseccional y pertinencia cultural. |
Estrategia 2.5 Promover la inclusión de las mujeres en la propiedad, uso y decisiones sobre la vivienda y bienes de
producción, incluidos la tenencia de la tierra y recursos naturales, a fin de fortalecer su patrimonio.
| Línea de acción
|
| 2.5.1 Promover la incorporación de la perspectiva de género y los enfoques de derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad en las políticas, programas y presupuestos públicos vinculados a los derechos a la vivienda y acceso a la propiedad de las mujeres. |
| 2.5.2 Impulsar acciones para facilitar el acceso a créditos de adquisición, mejora y autoproducción de vivienda dirigidos a mujeres; con énfasis en mujeres en condición de vulnerabilidad y pobreza. |
| 2.5.3 Promover mecanismos que promuevan los derechos de propiedad y titularidad de tierras a mujeres indígenas y rurales y otros recursos naturales, así como su participación en las organizaciones agrarias a fin de promover el desarrollo territorial sustentable y equitativo. |
| 2.5.4 Impulsar mecanismos que permitan promover la regularización de la vivienda, la propiedad o posesión de las tierras a mujeres, con énfasis en indígenas y rurales de los núcleos agrarios, entre otros. |
| 2.5.5 Promover estrategias para favorecer el acceso de las mujeres rurales a la propiedad de activos productivos. |
| 2.5.6 Promover la prevención y erradicación de la violencia económica y patrimonial que viven las mujeres, facilitando el acceso a la propiedad, uso y decisiones sobre la vivienda, la tierra, y otros recursos con énfasis en las adultas mayores y mujeres con mayores rezagos. |
Estrategia 2.6 Generar condiciones para la construcción de una sociedad de cuidados a partir de la redistribución de los trabajos domésticos y de cuidados con una participación central del Estado en corresponsabilidad con las familias, comunidad y el sector privado.
| Línea de acción
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| 2.6.1 Promover el fortalecimiento y armonización del marco normativo e institucional sobre el cuidado a fin de reconocerlo como un derecho: a cuidar, a ser cuidada(o) y al autocuidado. |
| 2.6.2 Impulsar el cumplimiento del Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares y del Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos del OIT. |
| 2.6.3 Promover el fortalecimiento de políticas, programas y acciones de cuidados con enfoques de género, derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad que permitan incrementar las obligaciones del gobierno, ampliar la oferta pública y la cobertura para quienes los requieren. |
| 2.6.4 Impulsar que la oferta pública considere las necesidades de cuidados de mujeres, indígenas, afromexicanas, migrantes, rurales, con discapacidad, de la diversidad sexual, privadas de la libertad, adultas mayores, en condición de pobreza, entre otras. |
| 2.6.5 Promover acciones para ampliar escuelas de tiempo completo en primarias y secundarias, estancias permanentes y casas de día para personas adultas mayores, centros de rehabilitación y de día integrales para personas con discapacidad, capacitación y certificación para quienes cuidan, entre otras. |
| 2.6.6 Promover la redistribución de los cuidados considerando el papel del estado en la provisión, coordinación, articulación, regulación, formación, supervisión y reorganización de responsabilidades, fomentando la participación de los hombres, los sectores privado, comunitario, académico, las familias y la sociedad civil. |
| 2.6.7 Promover con el sector privado medidas de conciliación y de liberación de tiempo tendientes a aumentar la empleabilidad y competitividad de las mujeres e involucrar a los hombres trabajadores el ejercicio de sus responsabilidades den los cuidados. |
| 2.6.8 Proporcionar asesoría y capacitación a las dependencias y entidades de la APF, autoridades estatales, municipales a fin de reconocer sus responsabilidades en el tema, ampliar la oferta de programas y servicios, y coadyuvar a construir el sistema nacional de cuidados. |
Objetivo 3. Impulsar la atención inmediata, integral y especializada, así como el acceso a la justicia y la máxima protección del Estado, con perspectiva de género y de derechos humanos, a las mujeres, adolescentes y niñas en situación de violencia
Estrategia 3.1 Fortalecer el marco institucional que permita el acceso de las mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de las violencias.
| Línea de acción
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| 3.1.1 Promover la armonización legislativa relativa al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, a través de homologar la tipificación de delitos de género como feminicidio, interrupción del embarazo, uniones infantiles forzadas, violencia obstétrica, entre otros. |
| 3.1.2 Impulsar medidas para el fortalecimiento institucional de las IMEF como agentes corresponsables de generar sinergias y coordinación con otras dependencias y entidades locales para la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres. |
| 3.1.3 Promover una mayor participación, corresponsabilidad y coordinación de los gobiernos estatales y municipales para el fortalecimiento de los servicios de atención y el acceso a justicia de las mujeres en situación de violencia. |
| 3.1.4 Promover procesos de formación y profesionalización en tipos y modalidades de violencia, identificación y prevención de factores de riesgo, intervención de crisis, entre otros, para las personas servidoras públicas que dan atención a las mujeres en los tres órdenes de gobierno. |
| 3.1.5 Implementar acciones para formar, certificar, orientar y sensibilizar al personal encargado de la procuración e impartición de justicia en materia de derechos humanos de las mujeres y aplicación de la perspectiva de género en la investigación, resoluciones judiciales y sentencias. |
| 3.1.6 Impulsar programas de sensibilización y capacitación para la actuación policial con perspectiva de género. |
Estrategia 3.2 Mejorar la coordinación y fomentar la corresponsabilidad interinstitucional, intergubernamental e intersectorial para la atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres.
| Línea de acción
|
| 3.2.1 Fortalecer la coordinación, las capacidades y las acciones implementadas por los mecanismos estatales en el marco del SNPASEVM. |
| 3.2.2 Promover la vinculación de estrategias, programas y acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, principalmente en contextos sociales de delincuencia organizada. |
| 3.2.3 Promover procedimientos y mecanismos de coordinación entre los Ministerios Públicos y el sector salud para que las personas víctimas de violencia sexual reciban atención expedita e integral de acuerdo con NOM 046-SSA2-2005, con perspectiva de género, derechos humanos y pertinencia cultural. |
| 3.2.4 Promover la creación o adecuaciones a las normas y mecanismos para prevenir y sancionar la violencia obstétrica, impulsar la capacitación del personal de salud sobre este tipo de violencia, difundir los derechos reproductivos y las normas de atención, así como fomentar y facilitar su denuncia, principalmente en contextos rurales. |
| 3.2.5 Impulsar el desarrollo de acciones para la detección, prevención y erradicación de la trata de personas, principalmente en regiones de alta marginación y pobreza, en el sector turismo, espacios laborales, digitales, etc. |
| 3.2.6 Promover iniciativas de cooperación entre el sector social, público y privado, academia y agencias internacionales para el desarrollo de acciones orientadas a combatir las violencias contras las mujeres, adolescentes y niñas. |
| 3.2.7 Promover la articulación de organizaciones y colectivos de la sociedad civil que trabajan en contra de la discriminación y violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes. |
| 3.2.8 Promover en las dependencias de procuración de justicia estrategias de reeducación, dirigidas a personas agresoras a fin de sensibilizarlas en torno al ejercicio de la violencia contra las mujeres y brindarles herramientas para detener la violencia que ejercen. |
| 3.2.9 Impulsar el marco normativo e institucional para la prevención de la violencia de género en el trabajo y observar la aplicación del Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en la APF. |
Estrategia 3.3 Fortalecer las acciones del Estado para garantizar el derecho al acceso y procuración de la justicia de las mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencia.
| Línea de acción
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| 3.3.1 Impulsar acciones estratégicas que fortalezcan los CJM mediante políticas públicas que garanticen la protección a través de medidas, atención integral especializada y acceso a la justicia para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia. |
| 3.3.2 Promover la homologación de los lineamientos de atención en los casos de emergencia adscritos a los CJM. |
| 3.3.3 Promover la profesionalización y certificación del personal ministerial, pericial y policial en la investigación de delitos de género con perspectiva de género y apego a los protocolos especializados. |
| 3.3.4 Implementar la estrategia de "Abogadas de las Mujeres" en las 32 entidades federativas para brindar asesoría, orientación y representación especializada a las mujeres, principalmente aquellas en situación de vulnerabilidad. |
| 3.3.5 Promover el fortalecimiento, a través de capacitaciones a personal de juzgados especializados con competencia mixta en materia penal y familiar que permita la procuración y administración de justicia para las mujeres de manera oportuna, integral y eficaz. |
| 3.3.6 Impulsar medidas para promover la denuncia a fin de proteger oportunamente y aumentar la posibilidad de acceso a la justicia, además de reducir la cifra negra de delitos de violencia por razones de género, contra niñas, adolescentes, adultas mayores y mujeres en situación de vulnerabilidad. |
| 3.3.7 Impulsar que todas las entidades cuenten con protocolos de investigación del feminicidio actualizados, además de impulsar el abatimiento del rezago de consignaciones y judicializaciones, así como promover la emisión de sentencias condenatorias particularmente en el delito del feminicidio. |
| 3.3.8 Impulsar la creación de mecanismos para la reparación integral del daño y restitución de derechos a las víctimas directas e indirectas de violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente a las hijas e hijos de las víctimas de feminicidio. |
| 3.3.9 Fortalecer desde una perspectiva de derechos humanos y género la homologación y aplicación del protocolo de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas. |
Estrategia 3.4 Promover el acceso universal de las mujeres en situación de violencia a servicios de atención integral y especializados, con enfoque interseccional e intercultural, así como a los mecanismos de protección que garanticen su seguridad e integridad.
| Línea de acción
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| 3.4.1 Impulsar la ampliación de la red de servicios de atención a mujeres en situación de violencia. |
| 3.4.2 Institucionalizar acciones para el fortalecimiento de los espacios de refugios a partir de la actualización y homologación de su modelo de atención con enfoque de infancias, interseccional e intercultural; así como establecer medidas necesarias para verificar su cumplimiento. |
| 3.4.3 Implementar en territorio el modelo de atención integral a las mujeres en situación de violencia a través de la operación de los centros LIBRE, las unidades móviles, la línea telefónica y el equipo de Abogadas de las Mujeres del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM). |
| 3.4.4 Promover la incorporación de procesos de autocuidado y contención psicoemocional para las prestadoras de servicios especializados de orientación y atención a las violencias contra las mujeres en el ámbito federal. |
| 3.4.5 Proponer la aplicación de un tamizaje de riesgo homologado, para instancias que atienden a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, con énfasis en la detección oportuna para prevenir la violencia feminicida. |
| 3.4.6 Impulsar acciones para fortalecer la emisión, registro, implementación, seguimiento y cumplimiento de las medidas u órdenes de protección para mujeres y niñas, así como para medir su eficacia, fortaleciendo la coordinación con los tres órdenes de gobierno. |
| 3.4.7 Fortalecer estrategias para el seguimiento de la atención a mujeres víctimas de violencia a fin verificar que los servicios brindados o referidos son los adecuados con base en sus necesidades y valoración de riesgo, o bien, para activar medidas adicionales. |
| 3.4.8 Fortalecer los procesos de canalización a las mujeres en situación de violencia con programas federales o locales que les faciliten atención jurídica y psicoemocional y el acceso a apoyos, créditos, empleo, vivienda, capacitación etc., para brindar una atención integral y contribuir a su autonomía. |
| 3.4.9 Fortalecer o implementar nuevos mecanismos que eliminen las barreras económicas, lingüísticas y geográficas que entorpecen la atención y el acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia, especialmente aquellas de bajos ingresos, indígenas, del medio rural y con discapacidad. |
| 3.4.10 Fortalecer la atención integral de mujeres que sufren violencias en contextos de alta vulnerabilidad, como las mujeres migrantes, en situación de reclusión, mujeres indígenas, en condiciones de pobreza y marginación, con discapacidad, mujeres de la diversidad sexual genérica. etc. |
Estrategia 3.5 Generar un sistema de información y estadísticas que permita diseñar, implementar, dar seguimiento y evaluar las acciones y programas en materia de violencia contra las mujeres.
| Línea de acción
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| 3.5.1 Impulsar la generación de información oportuna, precisa y completa de la prevalencia de las violencias por razón de género, a través de registros administrativos en distintos sectores como salud, educación y laboral, para la toma de decisiones y elaboración de política pública. |
| 3.5.2 Impulsar la generación de estadísticas y registros administrativos sobre el acceso a la justicia de las mujeres según tipos penales de violencia, incluyendo registros de órdenes y medidas de protección, órganos receptores de denuncias, estado de los procesos judiciales y sentencias o resoluciones. |
| 3.5.3 Impulsar el registro obligatorio, garantizando la consistencia, oportunidad, fiabilidad, completitud, calidad y veracidad de la información capturada en el BANAVIM, por parte de las instancias públicas y privadas que atienden a mujeres en situación de violencia. |
| 3.5.4 Vincular el BANAVIM con el Registro Nacional de Medidas y Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños para mujeres víctimas de violencia. |
| 3.5.5 Establecer lineamientos y metodologías para el seguimiento y evaluación de las medidas, programas y acciones nacionales y estatales de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres, principalmente de la violencia feminicida. |
| 3.5.6 Capacitar a las dependencias y entidades de los distintos órdenes de gobierno en el uso de datos en materia de violencia para la toma de decisiones basada en evidencia. |
| 3.5.7 Propiciar la generación de informes sobre los avances y resultados en materia de prevención, atención, investigación, sanción y reparación integral del daño a víctimas directas e indirectas y sobrevivientes del delito del feminicidio. |
| 3.5.8 Coadyuvar en la elaboración del procedimiento para el Registro Nacional de niñas y niños en condición de orfandad por feminicidio y sus características técnicas para garantizar la restitución de sus derechos a través de la coordinación interinstitucional. |
| 3.5.9 Elaborar y difundir estudios, investigaciones, diagnósticos y propuestas con perspectiva de género y pertinencia cultural sobre las problemáticas y necesidades relacionadas con la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. |
Objetivo 4. Promover la prevención de la violencia contra las mujeres mediante acciones de educación, información y concientización que motiven cambios culturales que impidan normalizar y reproducir las violencias hacia las mujeres, adolescentes y niñas
Estrategia 4.1 Impulsar la transformación de comportamientos y normas socioculturales que fomenten una cultura libre de violencia y discriminación contra las mujeres.
| Línea de acción
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| 4.1.1 Impulsar acciones de difusión y concientización sobre los tipos y modalidades de las violencias contra las mujeres, sus manifestaciones más frecuentes, su comportamiento ascendente y sus efectos en las vidas de las mujeres, sus hijas e hijos, desde un enfoque interseccional y pertinencia cultural. |
| 4.1.2 Promover cambios legislativos, administrativos y convenios, así como la corresponsabilidad de las audiencias, a fin de que los medios de comunicación no difundan mensajes que reproduzcan los roles y estereotipos de género que propician la violencia contra las mujeres. |
| 4.1.3 Promover que las niñas, niños, adolescentes y juventudes participen activamente en procesos de formación, organización e incidencia para la prevención de la violencia contra las mujeres, a través de la elaboración de instrumentos para el personal docente. |
Estrategia 4.2 Fomentar medidas de prevención para erradicar las violencias contra las mujeres en todos los ámbitos, con énfasis en los espacios comunitarios, educativos, laborales, digitales y en el noviazgo.
| Línea de acción
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| 4.2.1 Transversalizar la perspectiva de género en las instituciones educativas, a través de contenidos, coadyuvar a la formulación de instrumentos, llevar a cabo procesos de formación a directivos y figuras docentes e impulsar la activación de niñas, niños, adolescentes y juventudes. |
| 4.2.2 Impulsar la elaboración y aplicación de mecanismos de prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual para universidades e instituciones de educación superior. |
| 4.2.3 Desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades dirigido a implementadoras y Tejedoras de la Patria para realizar acciones de prevención de las violencias contra las mujeres. |
| 4.2.4 Impulsar acciones para que las mujeres, adolescentes y niñas se apropien y habiten espacios públicos desarrollando actividades culturales, deportivas y de recreación en municipios con altos índices de violencia contra las mujeres. |
| 4.2.5 Desarrollar actividades de coordinación interinstitucional para la realización de foros, mesas de trabajo y contenidos para la prevención de la violencia digital. |
| 4.2.6 Fortalecer las capacidades institucionales y acompañar a las Unidades de Igualdad de Género de las dependencias y entidades de la APF en la creación o mejora de instrumentos, mecanismos y procedimientos de prevención y sanción de violencia de género, acoso y hostigamiento sexual y laboral. |
| 4.2.7 Fomentar procesos de reflexión y participación de las juventudes para la identificación de las causas estructurales de la violencia y la promoción de relaciones sanas e igualitarias. |
| 4.2.8 Promover la aplicación del Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en la APF, con el fin de generar ambientes libres de violencia contra las mujeres. |
Estrategia 4.3 Promover acciones coordinadas para la prevención de las violencias a mujeres en situación de vulnerabilidad.
| Línea de acción
|
| 4.3.1 Coordinar el funcionamiento y seguimiento del SNPASEVM para promover la Política Nacional de prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, y la cultura de no violencia y no discriminación con perspectiva de género. |
| 4.3.2 Coordinar el diseño, funcionamiento y seguimiento del PIPASEVM 2025-2030, para promover el cumplimiento de la Política Nacional en materia de prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas. |
| 4.3.3 Fortalecer los vínculos de colaboración, capacidades y acciones de los mecanismos interinstitucionales en los tres órdenes de gobierno para impulsar el cumplimiento de la Política Nacional de prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas. |
| 4.3.4 Generar campañas permanentes con enfoque interseccional e intercultural para la prevención de las violencias contra mujeres en situación de mayor vulnerabilidad como niñas y mujeres indígenas, adultas mayores, mujeres en reclusión, mujeres migrantes, población LGBTTTIQ+, entre otros. |
| 4.3.5 Promover, a través de convenios con los CJM, el acceso a programas federales a mujeres egresadas de centros de reclusión, a fin de facilitar la restitución de sus derechos y la reinserción social libre de discriminación y violencias. |
| 4.3.6 Implementar acciones coordinadas para definir estrategias de prevención que garanticen el tránsito seguro y libre de violencias para las mujeres en movilidad. |
| 4.3.7 Impulsar procesos para la prevención de la violencia contra mujeres indígenas y afromexicanas en contextos comunitarios a través de procesos colectivos y de transformación de sistemas normativos indígenas que protejan a las mujeres. |
| 4.3.8 Promover una cultura institucional con pertinencia cultural para prevenir la violencia contra las mujeres indígenas. |
Estrategia 4.4 Coordinar acciones interinstitucionales para el diseño y elaboración de políticas públicas para la inclusión de los hombres en acciones de prevención de las violencias contra las mujeres.
| Línea de acción
|
| 4.4.1 Promover campañas de difusión para la promoción de la inclusión de los hombres en la prevención de la violencia contra las mujeres. |
| 4.4.2 Implementar procesos de formación y activación comunitaria sobre la construcción de identidades masculinas no violentas y corresponsables con la igualdad. |
| 4.4.3 Diseñar directrices, premisas y criterios para la transversalización del eje de construcción de identidades masculinas no violentas y corresponsables con la igualdad para ser implementadas por todas las instituciones de la APF. |
Objetivo 5. Promover cambios culturales que reviertan comportamientos, normas y creencias machistas, discriminatorias y estereotipadas que excluyen y obstaculizan los derechos, el desarrollo y bienestar de las mujeres
Estrategia 5.1 Implementar estrategias de comunicación que promuevan la igualdad sustantiva, una vida libre de violencias y de discriminaciones hacia las mujeres.
| Línea de acción
|
| 5.1.1 Difundir las acciones en materia de igualdad sustantiva y transversalización de la perspectiva de género, prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, a través de campañas de comunicación. |
| 5.1.2 Promover la coordinación con las dependencias de la APF con el fin de contribuir en la generación de contenidos en materia de igualdad sustantiva y una vida libre de violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas en el ámbito de sus competencias. |
| 5.1.3 Realizar campañas de difusión, para propiciar la transformación de los roles y estereotipos de género que obstaculizan los derechos, el desarrollo y bienestar de las mujeres. |
| 5.1.4 Generar campañas en redes sociales con el fin de acercar información y contenidos estratégicos a la ciudadanía en materia de igualdad sustantiva y una vida libre de violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas. |
| 5.1.5 Establecer alianzas con los medios de comunicación públicos y privados para desarrollar contenidos y acciones de comunicación que propicien un cambio cultural para la igualdad sustantiva y la erradicación de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas. |
| 5.1.6 Integrar y administrar el Centro de Documentación de la Secretaría con el fin de contar con un espacio de fácil acceso para la ciudadanía en donde se encuentren disponibles documentos especializados en materia de igualdad sustantiva y una vida libre de violencias. |
| 5.1.7 Vincular la información y contenidos del Centro de Documentación con otros centros de investigación, bibliotecas especializadas, observatorios vinculados a los derechos de las mujeres. |
| 5.1.8 Coordinar la producción editorial de materiales especializados para divulgar información referente a la igualdad sustantiva y una vida libre de violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas. |
| 5.1.9 Fomentar que las mujeres pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas conozcan sus derechos y participen de las actividades de la Secretaría a través de la traducción y difusión de los contenidos, acciones y programas en lenguas indígenas y con pertinencia cultural |
| 5.1.10 Elaborar y difundir, a la población en el territorio mexicano, a través de campañas en medios tradicionales y en línea, la cartilla de derechos de las mujeres para que niñas, adolescentes y mujeres conozcan y exijan el cumplimiento de sus derechos. |
Estrategia 5.2 Desarrollar herramientas que promuevan cambios culturales para la prevención de la violencia contra las mujeres y el ejercicio de sus derechos.
| Línea de acción
|
| 5.2.1 Difundir acciones para prevenir las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. |
| 5.2.2 Llevar a cabo asambleas comunitarias que promuevan la igualdad y una vida libre de violencias, con el fin de generar espacios seguros donde las mujeres expresen libremente sus pensamientos, sentimientos y experiencias. |
| 5.2.3 Elaborar contenidos que promuevan modelos de masculinidades no violentas para modificar los roles y estereotipos de género que perpetúan una cultura machista. |
Estrategia 5.3 Desarrollar herramientas que promuevan el conocimiento y reconocimiento de los derechos de las mujeres, para generar cambios culturales en las comunidades y en las autoridades de todos los órdenes de gobierno.
| Línea de acción
|
| 5.3.1 Propiciar espacios de diálogo, proyectos culturales y estrategias comunitarias para fomentar una cultura de igualdad. |
| 5.3.2 Realizar estrategias de comunicación que promuevan una masculinidad no hegemónica con el fin de generar cambios culturales que reviertan estereotipos y prejuicios de género. |
| 5.3.3 Generar contenidos para propiciar el pensamiento crítico de las niñas y adolescentes para la construcción de un proyecto de vida que contribuya a su autonomía y empoderamiento. |
| 5.3.4 Generar espacios con niñas y adolescentes para incentivar su incorporación a las ciencias, tecnologías, ingenierías, matemáticas y robótica con el fin de erradicar los estereotipos que limitan sus capacidades. |
| 5.3.5 Difundir campañas que promuevan los derechos de las mujeres en materias de educación, salud, sexualidad, reproducción, trabajo, ingresos y recreación, con el fin de garantizar los derechos y las libertades de las mujeres. |
| 5.3.6 Impulsar acciones de gobierno para acercar y hacer accesible la información de los derechos de las mujeres, los programas con los que cuentan, para llevarlas a las comunidades y territorios con mayores índices de violencias en contra de las mujeres. |
Objetivo 6. Propiciar la participación y liderazgo de las mujeres en los espacios de decisión en sus territorios y comunidades y en el acompañamiento de las acciones gubernamentales a fin de que sean reconocidas sus necesidades y garantizados sus derechos
Estrategia 6.1 Llevar a cabo estrategias para propiciar, convocar y reconocer a mujeres líderes en sus comunidades y promover su participación y liderazgo en espacios de decisión.
| Línea de acción
|
| 6.1.1 Generar acciones para reconocer liderazgos de mujeres que promuevan la autogestión y la participación en procesos comunitarios, sociales o barriales. |
| 6.1.2 Promover la creación de una red de mujeres voluntarias para aportar a su liderazgo y al fortalecimiento de vínculos comunitarios que generen impactos positivos en sus comunidades. |
| 6.1.3 Llevar a cabo actividades públicas y encuentros que impulsen una visión positiva del liderazgo de las mujeres con diversos modelos aspiracionales, igualitarios, participativos e incluyentes. |
| 6.1.4 Promover la vinculación de redes de mujeres con otras redes y organizaciones para la construcción de una red nacional de apoyo comunitario, a través de estrategias de acompañamiento, fortalecimiento e intercambio de saberes. |
| 6.1.5 Promover acciones que fomenten la participación política y comunitaria de las mujeres, con pertinencia cultural y enfoque territorial, mediante el uso de nuevas tecnologías, radios comunitarias y medios públicos. |
| 6.1.6 Fomentar el intercambio de saberes entre mujeres de los pueblos y comunidades, para conservar, visibilizar e impulsar el impacto que han tenido sus acciones individuales y colectivas en su entorno y a favor de los derechos de las mujeres, a través de foros, asambleas y eventos. |
Estrategia 6.2 Propiciar condiciones de participación social y política para fomentar la incorporación de las mujeres en la toma de decisiones.
| Línea de acción
|
| 6.2.1 Propiciar los liderazgos de mujeres con perspectiva de género para generar un entorno igualitario en los puestos de decisión en los ámbitos público, privado, comunitario y social. |
| 6.2.2 Promover la observancia de la participación política de las mujeres mediante el fortalecimiento del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. |
| 6.2.3 Impulsar la participación y representación política de las mujeres en los sistemas de gobierno y estructuras organizativas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a través de la organización de asambleas, con respeto a sus sistemas normativos. |
| 6.2.4 Generar espacios de colaboración para establecer acciones coordinadas que promuevan la participación política de las mujeres en espacios de toma de decisiones en el ámbito público y en los diferentes órdenes de gobierno con el fin de reducir las brechas y cumplir con el principio de paridad en todo. |
| 6.2.5 Abrir espacios para incluir las demandas de las mujeres y organizaciones de mujeres en las políticas y acciones gubernamentales. |
| 6.2.6 Desarrollar estrategias para fortalecer internamente a las organizaciones de mujeres y colectivas para que establezcan entre estas y con los diferentes niveles de gobierno puentes de comunicación a favor de sus demandas y derechos. |
| 6.2.7 Proponer acciones de vinculación con autoridades del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para impulsar acciones de igualdad sustantiva y el principio de paridad en todo. |
| 6.2.8 Establecer acciones de coordinación con instituciones a nivel federal y local para generar información estadística que permita medir la participación de las mujeres en el ámbito político, comunitario y social. |
| 6.2.9 Generar espacios de trabajo con las gobernadoras y gobernadores, congresos locales e integrantes de ayuntamientos, para coadyuvar en la agenda de representación de las mujeres en la toma de decisiones. |
| 6.2.10 Promover acciones que permitan generar condiciones para la inclusión de las mujeres en puestos de toma de decisión en la administración pública para impulsar la igualdad sustantiva y el principio de paridad en todo. |
Estrategia 6.3 Generar acciones para la participación de las mujeres en la construcción y reconstrucción del tejido social en temas de paz, seguridad ciudadana y ambiental.
| Línea de acción
|
| 6.3.1 Identificar y difundir buenas prácticas barriales, comunitarias, municipales y estatales en materia de seguridad ciudadana y construcción de entornos de paz con perspectiva de género, para la generación de estrategias gubernamentales que incluyan en su diseño las acciones comunitarias efectivas. |
| 6.3.2 Impulsar iniciativas de organización comunitaria de mujeres en localidades con vulnerabilidad ambiental, para la mitigación de los efectos del cambio climático en sus entornos comunitarios. |
| 6.3.3 Contribuir a la generación de materiales que promuevan el respeto y la inclusión de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+, con el fin de crear entornos seguros que contribuyan a erradicar la violencia y crímenes de odio que les afecta. |
| 6.3.4 Fomentar la participación de las mujeres en la construcción de una cultura de paz y de resolución de conflictos a nivel comunitario con perspectiva de género, interseccionalidad, pertinencia cultural y enfoque territorial, para visibilizar su papel como agentes de cambio. |
| 6.3.5 Generar un mapeo con información estadística de la participación de mujeres en sus comunidades en la construcción del tejido social para una cultura de paz, con el fin de realizar acciones focalizadas que coadyuven a generar entornos seguros. |
| 6.3.6 Contribuir al desarrollo de capacidades, organización y liderazgo de mujeres para construir procesos comunitarios para la sostenibilidad ambiental y gestión de riesgos en pueblos y comunidades, con énfasis en aquellos con altos índices delictivos o vulnerabilidad al cambio climático. |
8. Indicadores y metas
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo del Programa Sectorial de las Mujeres 2025-2030, y en cumplimiento de los principios de planeación, monitoreo y rendición de cuentas de la APF, se han definido indicadores específicos para cada uno de sus objetivos. Estos indicadores permiten medir el avance en la implementación de las políticas públicas orientadas a la igualdad sustantiva, generar evidencia para la toma de decisiones y fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación. Asimismo, buscan asegurar la trazabilidad de los compromisos institucionales en materia de derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres, conforme a los marcos normativos nacionales e internacionales, y en armonía con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
Indicador del objetivo 1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| 1.1 Índice de avance en la armonización legislativa por entidad.
|
| Objetivo
| Objetivo 1: Fortalecer el diseño e implementación de la Política Nacional en materia de Igualdad sustantiva entre Mujeres y
Hombres, así como la transversalización de la perspectiva de género en el quehacer gubernamental
|
| Definición o
descripción
| Mide el avance legislativo en las entidades federativas, a través de la existencia y adecuación de 8 leyes o reglamentos en
cuatro áreas clave: igualdad sustantiva, prevención y atención de la violencia contra las mujeres, no discriminación y combate a
la trata de personas.
|
| Derecho asociado
| Derecho a la igualdad y no discriminación en el Artículo 1o. de CPEM; derecho a una vida libre de violencia en el Artículo 4o. de
la CPEM y derecho a no ser explotado en los Artículos 1o. y 29 de la CPEM.
|
| Nivel de desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o periódico
| Acumulado
| Disponibilidad de la información
| Diciembre
|
| Unidad de medida
| Índice
| Periodo de recolección de los datos
| Enero a diciembre
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad responsable de reportar el
avance
| Dirección General de Inteligencia, Innovación y
Planeación Estratégica para la Mejora Continua de
los Programas
Secretaría de las Mujeres
|
| Método de cálculo
| Donde:
 Mide el avance legislativo a nivel nacional.  Ley o reglamento por entidad federativa.  es la entidad federativa que va de Aguascalientes a Zacatecas.  Cada una de las 8 leyes o reglamentos considerados. |
| Observaciones
| Para la medición del indicador, se consideran las siguientes leyes y reglamentos: - Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres - Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia - Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación - Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas - Reglamento de la Ley de Igualdad - Reglamento de la Ley de Violencia - Reglamento de la Ley de Discriminación - Reglamento de la Ley de Trata Se contabiliza el número de leyes y reglamentos con que cuenta cada entidad federativa y se da el mismo valor de ponderación a cada uno (12.5 puntos). |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Sumatoria de los porcentajes
que se obtuvieron de cada
entidad federativa, 2024
| Valor variable 1
| 2700.5
| Fuente de
información
variable 1
| Congresos Locales
|
| Nombre variable 2
| Total de entidades federativas,
2024
| Valor variable 2
| 32
| Fuente de
información
variable 2
| Marco Geoestadístico. INEGI.
|
| Sustitución en método
de cálculo
| Ae = (75.0 + 62.5+ 50.0 + 62.5 + 75.0 + 100.0 + 100.0 + 100.0 + 100.0+ 75.0 + 100.0 + 75.0 + 87.5 + 87.5 + 87.5 + 87.5 + 87.5
+ 75.00 + 100 + 75.5 + 100.0 + 100.0 + 100.0 + 87.5 + 87.5 + 100.0 + 62.5 + 75.0+ 87.5 + 75.0 + 87.5 + 75.0) /32
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 84.4%
| NA
|
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 98.4%
| NA
|
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| 76.6
| 76.6
| 79.3
| 79.7
| 80.5
| 83.2
| 84.4
|
| METAS
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 86.4
| 88.5
| 90.7
| 93.1
| 95.7
| 98.4%
|
Indicadores del objetivo 2
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| 2.1 Porcentaje de mujeres de 18 años o más víctimas de negación de derechos.
|
| Objetivo
| Objetivo 2. Promover el ejercicio de los derechos de las mujeres de diversos sectores y territorios, a través del acceso y
garantías de sus libertades.
|
| Definición o descripción
| Mide la proporción de mujeres adultas de 18 años o más, que han experimentado la negación de uno o más derechos (como
salud, educación, trabajo, justicia, entre otros) sin una justificación legal o válida, en contextos institucionales, familiares o
sociales.
|
| Derecho asociado
| Derecho a la igualdad y no discriminación en el Artículo 1° y derecho a la salud en el Artículo 4° de la CPEM
|
| Nivel de desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Quinquenal
|
| Acumulado o periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la
información
| Diciembre
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de los
datos
| Entre el segundo y tercer trimestre
|
| Tendencia esperada
| Descendente
| Unidad responsable de
reportar el avance
| Dirección General de Inteligencia,
Innovación y Planeación Estratégica para
la Mejora Continua de los Programas
Secretaría de las Mujeres
|
| Método de cálculo
| Donde: PMDI = Porcentaje de mujeres de 18 años o más víctimas de negación de derechos de manera injustificada. NMDI= Número de mujeres de 18 años o más que reportaron negación de derechos injustificada. TM18=Total de mujeres de 18 años y más. |
| Observaciones
| La ENADIS, ha sido levantada en dos ocasiones en 2017 y 2022, lo cual puede ser corroborado en la página del INEGI, es
por ello que se ha colocado que la próxima fecha será en cinco años. Si bien, no es una encuesta declarada de Información
de Interés Nacional
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Número de mujeres de 18
años o más que reportaron
negación de derechos
injustificada, 2022
| Valor variable 1
| 8,522,751.
| Fuente de
información
variable 1
| INEGI- Encuesta Nacional
sobre Discriminación
(ENADIS) 2022
|
| Nombre variable 2
| Total de mujeres de 18 años y
más, 2022
| Valor variable 2
| 40,008,226
| Fuente de
información
variable 2
| INEGI- Encuesta Nacional
sobre Discriminación
(ENADIS) 2022
|
| Sustitución en método de
cálculo
| PMDI = (8,522,751. / 40,008,195) x100
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 21.3%
| NA
|
| Año
| 2022
|
| Meta 2027
| Nota sobre la meta 2030
|
| 17.7%
| El último dato será en 2027 con un valor de 17.7%. El siguiente dato a reportarse
será en 2032.
|
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| NA
| NA
| NA
| NA
| 21.3%
| NA
| NA
|
| METAS
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| NA
| NA
| 17.7%
| NA
| NA
| NA
|
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| 2.2 Porcentaje de mujeres ocupadas con acceso a instituciones de salud y a otras prestaciones laborales.
|
| Objetivo
| Objetivo 2: Promover el ejercicio de los derechos de las mujeres de diversos sectores y territorios, a través del acceso y
garantías de sus libertades.
|
| Definición o descripción
| Mide la proporción de mujeres que, estando empleadas, cuentan con acceso a servicios de salud y beneficios laborales.
|
| Derecho asociado
| Derecho a la igualdad y no discriminación en el Artículo 1° y derecho a la salud en el Artículo 4° de la CPEM.
|
| Nivel de desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o periódico
| Acumulado
| Disponibilidad de la información
| Mayo
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de los datos
| Enero a marzo
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad responsable de reportar el
avance
| Dirección General de Inteligencia, Innovación y
Planeación Estratégica para la Mejora Continua
de los Programas.
Secretaría de las Mujeres
|
| Método de cálculo
| Donde: PmOP: Porcentaje de mujeres ocupadas con acceso a instituciones de salud y a otras prestaciones laborales NmAsp: Mujeres ocupadas (15 años y más) que reportan tener acceso a servicios de salud por su trabajo y otras prestaciones laborales TmO: Total de mujeres ocupadas (15 años y más) |
| Observaciones
| Para el seguimiento del avance del indicador se toma como referencia el primer trimestre de cada año de la ENOE. Los
beneficios laborales incluyen aguinaldo, vacaciones con goce de sueldo y participación de utilidades si fuera el caso o crédito
para vivienda.
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Mujeres ocupadas (15 años y
más) que reportan tener
acceso a servicios de salud
por su trabajo y otras
prestaciones laborales
| Valor variable 1
| 9,374,827
| Fuente de
información
variable 1
| INEGI. Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo
(ENOE). 1er Trimestre.
|
| Nombre variable 2
| Total de mujeres ocupadas (15
años y más)
| Valor variable 2
| 24,024,874
| Fuente de
información
variable 2
| INEGI. Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo
(ENOE). 1er Trimestre.
|
| Sustitución en método de
cálculo
| |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 39.0
| NA
|
| Año
| 2025
| NA
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 41.0%
| NA
|
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| 36.4%
| 37.0%
| 39.0%
| 38.0%
| 37.9%
| 37.7%
| 39.0%
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 39.3%
| 39.6%
| 39.9%
| 40.2%
| 41.0%
|
Indicadores del objetivo 3
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| 3.1 Prevalencia de mujeres de 15 años y más que vivieron violencia en el ámbito comunitario en los últimos 12 meses
|
| Objetivo
| Objetivo 3. Impulsar la atención inmediata, integral y especializada, así como el acceso a la justicia y la máxima protección del
Estado, con perspectiva de género y de derechos humanos, a las mujeres, adolescentes y niñas en situación de violencia.
|
| Definición o descripción
| Mide el porcentaje de mujeres de 15 años y más que han experimentado algún tipo de violencia en espacios públicos o
comunitarios (como calles, transporte público, parques, mercados, etc.) durante los últimos 12 meses.
|
| Derecho asociado
| Derecho a una vida libre de violencia establecido en el Artículo 4° de la CPEM.
|
| Nivel de desagregación
| Nacional
| Periodicidad o
frecuencia de
medición
| Quinquenal
|
| Acumulado o periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la
información
| Diciembre
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de
recolección de los
datos
| Octubre-noviembre
|
| Tendencia esperada
| Descendente
| Unidad responsable
de reportar el
avance
| Dirección General de Inteligencia, Innovación y
Planeación Estratégica para la Mejora Continua de
los Programas
Secretaría de las Mujeres
|
| Método de cálculo
| Donde: PmVC: Prevalencia de mujeres de 15 años y más que vivieron violencia en el ámbito comunitaria en los últimos 12 meses NmpVc: Número de mujeres de 15 años y más que han experimentado violencia en espacios públicos o comunitarios en los últimos 12 meses. NTm: Número total de mujeres de 15 años y más. |
| Observaciones
| La referencia a los "últimos 12 meses" corresponde al periodo de doce meses previos al momento en que se realizó el levantamiento de la encuesta. La ENDIREH es el instrumento más robusto para medir la violencia contra las mujeres en sus distintos ámbitos. Su relevancia metodológica y temática ha llevado a que sea declarada encuesta de interés nacional, lo que refuerza su validez como fuente confiable y especializada. Se levanta con una periodicidad quinquenal, lo cual responde a criterios técnicos y operativos que permiten garantizar la calidad de la información, la comparabilidad entre ediciones y la sostenibilidad del ejercicio estadístico. Esta periodicidad también está alineada con la complejidad del fenómeno que se estudia, permitiendo observar tendencias y cambios significativos en el tiempo. |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Número de mujeres de 15 años
y más que han experimentado
algún tipo de violencia en
espacios públicos o
comunitarios en los últimos 12
meses del 2021.
| Valor variable 1
| 11,326,694
| Fuente de
información
variable 1
| INEGI. Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares
(ENDIREH)
|
| Nombre variable 2
| Número total de mujeres de 15
años y más, 2021
| Valor variable 2
| 50,523,469
| Fuente de
información
variable 2
| INEGI. Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares
(ENDIREH)
|
| Sustitución en método de
cálculo
| PmVC = (11,326,694/50,523,469) * 100
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 22.4%
| El año 2021 se establece como línea base del indicador, al corresponder
con el levantamiento más reciente de información disponible.
|
| Año
| 2021
|
| Meta 2026
| Nota sobre la meta 2026
|
| 21.5%
| La meta del indicador se fijará para 2026, año del siguiente levantamiento
programado. El siguiente ejercicio está previsto para 2031
|
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| NA
| NA
| NA
| 22.4%
| NA
| NA
| NA
|
| META
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| NA
| 21.5%
| NA
| NA
| NA
| NA
|
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| 3.2 Prevalencia de mujeres de 15 años y más que vivieron violencia en el ámbito escolar en los últimos 12 meses
|
| Objetivo
| Objetivo 3: Impulsar la atención inmediata, integral y especializada, así como el acceso a la justicia y la máxima protección del
Estado, con perspectiva de género y de derechos humanos, a las mujeres, adolescentes y niñas en situación de violencia
|
| Definición o descripción
| Mide el porcentaje de mujeres de 15 años y más que reportaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia en espacios
escolares durante los últimos 12 meses.
|
| Derecho asociado
| Derecho a educación establecido en el Artículo 3° de la CPEM, y derecho a una vida libre de violencia establecido en el
Artículo 4° de la CPEM.
|
| Nivel de desagregación
| Nacional
| Periodicidad o
frecuencia de
medición
| Quinquenal
|
| Acumulado o periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la
información
| Diciembre
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de
recolección de los
datos
| Octubre-noviembre
|
| Tendencia esperada
| Descendente
| Unidad responsable
de reportar el
avance
| Dirección General de Inteligencia, Innovación y
Planeación Estratégica para la Mejora Continua de
los Programas
Secretaría de las Mujeres
|
| Método de cálculo
| Donde: PmVE: Prevalencia de mujeres de 15 años y más que vivieron violencia en el ámbito escolar en los últimos 12 meses NmpVe: Número de mujeres de 15 años y más que han experimentado algún tipo de violencia en el ámbito escolar en los últimos 12 meses. NTme: Número Total de mujeres que asistieron a la escuela. |
| Observaciones
| La referencia a los "últimos 12 meses" corresponde al periodo de doce meses previos al momento en que se realizó el levantamiento de la encuesta. La ENDIREH es el instrumento más robusto para medir la violencia contra las mujeres en sus distintos ámbitos. Su relevancia metodológica y temática ha llevado a que sea declarada encuesta de interés nacional, lo que refuerza su validez como fuente confiable y especializada. Se levanta con una periodicidad quinquenal, lo cual responde a criterios técnicos y operativos que permiten garantizar la calidad de la información, la comparabilidad entre ediciones y la sostenibilidad del ejercicio estadístico. Esta periodicidad también está alineada con la complejidad del fenómeno que se estudia, permitiendo observar tendencias y cambios significativos en el tiempo. |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Número de mujeres de 15
años y más que han
experimentado algún tipo de
violencia en el ámbito escolar
en los últimos 12 meses,
2021.
| Valor variable 1
| 1,395,407
| Fuente de información
variable 1
| INEGI. Encuesta
Nacional sobre la
Dinámica de las
Relaciones en los
Hogares (ENDIREH)
|
| Nombre variable 2
| Número Total de mujeres
que asistieron a la escuela,
2021.
| Valor variable 2
| 6,911,278
| Fuente de información
variable 2
| INEGI. Encuesta
Nacional sobre la
Dinámica de las
Relaciones en los
Hogares (ENDIREH)
|
| Sustitución en método de
cálculo
| PmVC = (1,395,407/6,911,278) * 100
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 20.2%
| El año 2021 se establece como línea base del indicador, al corresponder
con el levantamiento más reciente de información disponible.
|
| Año
| 2021
|
| Meta 2026
| Nota sobre la meta 2026
|
| 17.5%
| La meta del indicador se fijará para 2026, año del siguiente levantamiento
programado. El siguiente ejercicio está previsto para 2031
|
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| NA
| NA
| NA
| 20.2%
| NA
| NA
| NA
|
| META
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| NA
| 17.5%
| NA
| NA
| NA
| NA
|
Indicador del objetivo 4
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| 4.1 Prevalencia de femicidios en México(84)
|
| Objetivo
| Objetivo 4: Promover la prevención de la violencia contra las mujeres mediante acciones de educación, información y
concientización que motiven cambios culturales que impidan normalizar y reproducir las violencias hacia las mujeres,
adolescentes y niñas.
|
| Definición o descripción
| Mide el número de feminicidios ocurridos en un año determinado por cada 100,000 mujeres de la población total de mujeres.
|
| Derecho asociado
| Derecho a la igualdad y no discriminación en el Artículo 1° y derecho a una vida libre de violencia en el Artículo 4°
establecidos en la CPEM.
|
| Nivel de desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la
información
| Mensual
|
| Unidad de medida
| Feminicidio por cada 100,000 mujeres
| Periodo de recolección de los
datos
| Enero a Diciembre
|
| Tendencia esperada
| Descendente
| Unidad responsable de
reportar el avance
| Dirección General de Inteligencia,
Innovación y Planeación Estratégica para
la Mejora Continua de los Programas
Secretaría de las Mujeres
|
| Método de cálculo
| Fórmula: Pmuertes = (TMmt / PTmt)×100 000
Donde: Pmuertes: Prevalencia de femicidios en México TMmt: Total de feminicidios registrados en un año específico PTmt: Población total de mujeres estimada para ese mismo año |
| Observaciones
| NA
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Total de feminicidios
registrados en 2024
| Valor variable 1
| 852
| Fuente de
información
variable 1
| Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de
Seguridad Pública
(SESNSP)
|
| Nombre variable 2
| Población total de mujeres
estimada para 2024
| Valor variable 2
| 67,568,918
| Fuente de
información
variable 2
| Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de
Seguridad Pública
(SESNSP)
|
| Sustitución en método de
cálculo
| Pmuertes = (852 / 67,568,918) × 100 000
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 1.3
| NA
|
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 1.0
| NA
|
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| 1.4
| 1.5
| 1.5
| 1.6
| 1.6
| 1.3
| 1.3
|
| METAS
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 1.3
| 1.2
| 1.2
| 1.1
| 1.1
| 1.0
|
Indicador del objetivo 5
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| 5. Índice de transformación de estereotipos de género.
|
| Objetivo
| Objetivo 5: Promover cambios culturales que reviertan comportamientos, normas y creencias machistas, discriminatorias y
estereotipadas que excluyen y obstaculizan los derechos, el desarrollo y bienestar de las mujeres.
|
| Definición o
descripción
| Este indicador mide el grado en que la población se aleja de las creencias y normas sociales tradicionales que asignan
funciones diferenciadas a hombres y mujeres en distintos ámbitos de la vida cotidiana. El índice se construye a partir de
diversas variables que reflejan percepciones y prácticas relacionadas con la distribución de responsabilidades en el hogar, el
trabajo, la educación y otros espacios sociales.
|
| Derecho asociado
| Derecho a la igualdad y no discriminación en el Artículo 1 y derecho a una vida libre de violencia en el Artículo 4 establecidos en
la CPEM.
|
| Nivel de desagregación
| Nacional
| Periodicidad o
frecuencia de
medición
| Quinquenal
|
| Acumulado o periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la
información
| Diciembre
|
| Unidad de medida
| Índice
| Periodo de
recolección de los
datos
| Octubre-noviembre
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad
responsable de
reportar el avance
| Dirección general de inteligencia, innovación y
planeación estratégica para la mejora continua de
los programas
Secretaría de las Mujeres.
|
| Método de cálculo
| Donde: IPER: Índice de prevalencia de estereotipos y roles de género. PTH: Porcentaje de mujeres de 15 años y más que opinan que ambos, mujeres y hombres, son responsable de las tareas de la casa. PIS: Porcentaje de mujeres de 15 años y más que piensa que ambos deben ganar más salario en el trabajo. PCC: Porcentaje de mujeres de 15 años y más que considera que el cuidado de los hijos(as), de personas enfermas y ancianas debe ser una responsabilidad compartida. PCL: Porcentaje de mujeres de 15 años y más que opina que ambos tienen la misma capacidad para trabajar y/o estudiar. PDC: Porcentaje de mujeres de 15 años y más que opina que ambos deben ser los responsables de traer dinero para la casa. |
| Observaciones
| La ENDIREH publica directamente los porcentajes de cada variable en sus tabulados, por lo que no es necesario realizar
cálculos adicionales para obtener los valores de las variables de este índice. En caso de requerir realizar o corroborar el cálculo,
la encuesta proporciona los elementos necesarios en los tabulados correspondientes para hacerlo.
La referencia a los "últimos 12 meses" corresponde al periodo de doce meses previos al momento en que se realizó el
levantamiento de la encuesta. La ENDIREH es el instrumento más robusto para medir la violencia contra las mujeres en sus
distintos ámbitos. Su relevancia metodológica y temática ha llevado a que sea declarada encuesta de interés nacional, lo que
refuerza su validez como fuente confiable y especializada. Se levanta con una periodicidad quinquenal, lo cual responde a
criterios técnicos y operativos que permiten garantizar la calidad de la información, la comparabilidad entre ediciones y la
sostenibilidad del ejercicio estadístico. Esta periodicidad también está alineada con la complejidad del fenómeno que se estudia,
permitiendo observar tendencias y cambios significativos en el tiempo.
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Porcentaje de mujeres de 15 años
y más que opinan que ambos,
mujeres y hombres, son
responsable de las tareas de la
casa, 2021
| Valor variable 1
| 85.5
| Fuente de
información
variable 1
| INEGI-Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares
(ENDIREH) 2021
|
| Nombre variable 2
| Porcentaje de mujeres de 15 años
y más que piensa que ambos
deben ganar más salario en el
trabajo, 2021
| Valor variable 2
| 84.9
| Fuente de
información
variable 2
| INEGI-Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares
(ENDIREH) 2021
|
| Nombre variable 3
| Porcentaje de mujeres de 15 años
y más que considera que el
cuidado de los hijos(as), de
personas enfermas y ancianas
debe ser una responsabilidad
compartida, 2021
| Valor variable 3
| 91.1
| Fuente de
información
variable 3
| INEGI-Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares
(ENDIREH) 2021
|
| Nombre variable 4
| Porcentaje de mujeres de 15 años
y más que opina que ambos
tienen la misma capacidad para
trabajar y/o estudiar, 2021
| Valor variable 4
| 92.1
| Fuente de
información
variable 4
| INEGI-Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares
(ENDIREH) 2021
|
| Nombre variable 5
| Porcentaje de mujeres de 15 años
y más que opina que ambos
deben ser los responsables de
traer dinero para la casa, 2021
| Valor variable 5
| 76.0
| Fuente de
información
variable 5
| INEGI-Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares
(ENDIREH) 2021
|
| Sustitución en método
de cálculo
| IPER = (85.5+84.9+91.1+92.1+76.0) / 5
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 85.9
| NA
|
| Año
| 2021
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 90%
| NA
|
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| NA
| NA
| NA
| 85.9
| NA
| NA
| NA
|
| METAS
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| NA
| 90%
| NA
| NA
| NA
| NA
|
Indicadores del objetivo 6
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| 6.1 Porcentaje de mujeres constituidas como Tejedoras de la Patria con respecto a las programadas.
|
| Objetivo
| Objetivo 6. Propiciar la participación y liderazgo de las mujeres en los espacios de decisión en sus territorios y
comunidades y en el acompañamiento de las acciones gubernamentales a fin de que sean reconocidas sus necesidades y
garantizados sus derechos.
|
| Definición o descripción
| Mide el avance en la integración de mujeres dentro de la Estrategia Nacional Tejedoras de la Patria. La Estrategia busca
fortalecer el liderazgo femenino en comunidades y fomentar la reconstrucción del tejido social a través de redes de
mujeres voluntarias.
|
| Derecho asociado
| Derecho a la igualdad y no discriminación en el Artículo 1° y derecho a la organización y asociación en el Artículo 9°
establecidos en la CPEM.
|
| Nivel de desagregación
| Nacional
| Periodicidad o
frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o periódico
| Acumulado
| Disponibilidad de la
información
| Anual
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de
recolección de los
datos
| Enero-diciembre
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad responsable
de reportar el
avance
| Dirección General de Inteligencia, Innovación y
Planeación Estratégica para la Mejora Continua de
los Programas.
Secretaría de las Mujeres
|
| Método de cálculo
| Donde: PTp: Porcentaje de mujeres constituidas como Tejedoras de la Patria con respecto a las programadas. TPCe: Tejedoras de la Patria constituidas. tTPa: Total de Tejedoras de la Patria programadas. |
| Observaciones
| |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Tejedoras de la Patria
constituidas
| Valor variable 1
| 0
| Fuente de información
variable 1
| Registros
Administrativos
Secretaría de las
Mujeres
|
| Nombre variable 2
| Total de Tejedoras de la
Patria programadas
| Valor variable 2
| 200,000
| Fuente de información
variable 2
| Registros
Administrativos
Secretaría de las
Mujeres
|
| Sustitución en método de
cálculo
| PTp = (0/200,000) * 100
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 0
| El valor es 0 porque la Estrategia Nacional Tejedoras de la Patria inició en
2025.
|
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 100%
| Al finalizar 2030 se tiene proyectado alcanzar un total de 200,000
Tejedoras de la Patria constituidas
|
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| 0
|
| METAS
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 30.0%
| 55.0%
| 70.0%
| 85.0%
| 95.0%
| 100%
|
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| 6.2 Porcentaje de núcleos agrarios en ejidos y comunidades presididos por mujeres.
|
| Objetivo
| Objetivo 6: Propiciar la participación y liderazgo de las mujeres en los espacios de decisión en sus territorios y comunidades
y en el acompañamiento de las acciones gubernamentales a fin de que sean reconocidas sus necesidades y garantizados
sus derechos.
|
| Definición o descripción
| Mide la participación femenina en la administración y toma de decisiones dentro de los núcleos agrarios. Se calcula como la
proporción de ejidos y comunidades en los que una mujer ocupa la presidencia, en relación con el total de núcleos agrarios
existentes.
|
| Derecho asociado
| Derecho a la propiedad establecido en el artículo 27 de la CPEUM.
|
| Nivel de desagregación
| Nacional
| Periodicidad o
frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o periódico
| Acumulado
| Disponibilidad de
la información
| Diciembre
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de
recolección de los
datos
| Enero-diciembre
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad
responsable de
reportar el avance
| Dirección General de Inteligencia, Innovación y
Planeación Estratégica para la Mejora Continua de
los Programas.
Secretaría de las Mujeres
|
| Método de cálculo
| Donde: PNACm: Porcentaje de núcleos agrarios en ejidos y comunidades presididos por mujeres. TNAm: Número de núcleos agrarios (ejidos y comunidades) en los que la presidencia del comisariado ejidal o del consejo de bienes comunales está ocupada por una mujer. TNAp: Total de núcleos agrarios registrados en el país (ejidos y comunidades), según el Padrón del Registro Agrario Nacional. |
| Observaciones
| |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Número de núcleos agrarios (ejidos y comunidades) en los que la presidencia del comisariado ejidal o del consejo de bienes comunales está ocupada por una mujer, 2024. | Valor variable 1
| 1,317
| Fuente de
información variable
1
| Registro Agrario
Nacional (RAM)
Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y
Urbano
|
| Nombre variable 2
| Total de núcleos agrarios registrados en el país (ejidos y comunidades), según el Padrón del Registro Agrario Nacional, 2024 | Valor variable 2
| 15,276
| Fuente de
información variable
2
| Registro Agrario
Nacional (RAM)
Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y
Urbano
|
| Sustitución en método de
cálculo
| PNACm= (1,317/ 15,276) x 100
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 8.6%
| NA
|
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 11.6%
| NA
|
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| 6.5%
| 7.4%
| 7.5%
| 7.2%
| 7.6%
| 7.9%
| 8.6%
|
| METAS
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 9.5%
| 10.2%
| 11.0%
| 11.5%
| 12.5%
| 13.0%
|
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| 6.2 Porcentaje de núcleos agrarios en ejidos y comunidades presididos por mujeres.
|
| Objetivo
| Objetivo 6: Propiciar la participación y liderazgo de las mujeres en los espacios de decisión en sus territorios y comunidades
y en el acompañamiento de las acciones gubernamentales a fin de que sean reconocidas sus necesidades y garantizados
sus derechos.
|
| Definición o descripción
| Mide la participación femenina en la administración y toma de decisiones dentro de los núcleos agrarios. Se calcula como la
proporción de ejidos y comunidades en los que una mujer ocupa la presidencia, en relación con el total de núcleos agrarios
existentes.
|
| Derecho asociado
| Derecho a la propiedad establecido en el artículo 27 de la CPEUM.
|
| Nivel de desagregación
| Nacional
| Periodicidad o
frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o periódico
| Acumulado
| Disponibilidad de
la información
| Diciembre
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de
recolección de los
datos
| Enero-diciembre
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad
responsable de
reportar el avance
| Dirección General de Inteligencia, Innovación y
Planeación Estratégica para la Mejora Continua de
los Programas.
Secretaría de las Mujeres
|
| Método de cálculo
| Donde: PNACm: Porcentaje de núcleos agrarios en ejidos y comunidades presididos por mujeres. TNAm: Número de núcleos agrarios (ejidos y comunidades) en los que la presidencia del comisariado ejidal o del consejo de bienes comunales está ocupada por una mujer. TNAp: Total de núcleos agrarios registrados en el país (ejidos y comunidades), según el Padrón del Registro Agrario Nacional. |
| Observaciones
| |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Número de núcleos agrarios (ejidos y comunidades) en los que la presidencia del comisariado ejidal o del consejo de bienes comunales está ocupada por una mujer. | Valor variable
1
| 1,317
| Fuente de
información
variable 1
| Registro Agrario Nacional
(RAM)
Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano
|
| Nombre variable 2
| Total de núcleos agrarios registrados en el país (ejidos y comunidades), según el Padrón del Registro Agrario Nacional. | Valor variable
2
| 15,276
| Fuente de
información
variable 2
| Registro Agrario Nacional
(RAM)
Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano
|
| Sustitución en método de
cálculo
| PNACm= (1,317/ 15,276) x 100
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 8.6%
| NA
|
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 11.6%
| NA
|
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| 6.5%
| 7.4%
| 7.5%
| 7.2%
| 7.6%
| 7.9%
| 8.6%
|
| METAS
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 9.5%
| 10.2%
| 11.0%
| 11.5%
| 12.5%
| 13.0%
|
____________________________
1 INEGI, 2021. Censo de Población y Vivienda, 2020. México. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_Principales_resultados_EUM.pdf
2 Inmujeres, 2024. Sistema de indicadores de Género, Tarjeta Mujeres Rurales, con información del Censo 2020. Disponible en: http://estadistica-sig.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Mujer_rural.pdf
3 Inmujeres, 2021. Las mujeres Indígenas en el Centro de la Transformación, Cuadernillo 2021. Pág 14. Disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Cuadernillo%20Mujeres%20Indigenas.pdf
4 INEGI. Plataforma Cuéntame de México, apartado Escolaridad. Disponible en: https://cuentame.inegi.org.mx/explora/poblacion/escolaridad/
5 CONEVAL. Pobreza y género en México 2016-2022: Sistema de indicadores. Disponible, en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-y-genero-en-Mexico-2016-2022.aspx
6 Inmujeres, 2024. Sistema de indicadores de Género. Índice de absorción de mujeres a la educación media superior y superior. Disponible en: http://estadistica-sig.inmujeres.gob.mx/formas/muestra_indicador.php?cve_indicador=1172&Switch=0&Descripcion2=null&indicador2=0&original=0&fuente=1172.pdf&IDNivel1=14&IDTema=2#temas-section
7 INEGI. Plataforma Cuéntame de México, apartado Analfabetismo. Disponible en: https://cuentame.inegi.org.mx/descubre/poblacion/analfabetismo/.
8 SECIHTI Sala de prensa. Fundamental impulsar la participación de las mujeres en ciencia, humanidades, tecnología e innovación: Secihti. https://secihti.mx/sala-de-prensa/fundamental-impulsar-la-participacion-de-las-mujeres-en-ciencia-humanidades-tecnologia-e-innovacion-secihti/
9 Anuarios Estadísticos de Educación Superior. Ciclo escolar 2023-2024. ANUIES. Disponible en https://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
10 INEGI, 2021. Censo de Población y Vivienda 2020. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
11 Idem.
12 Idem.
13 CONEVAL 2023. Evaluación estratégica sobre el avance de las mujeres en el ejercicio de sus derechos. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/Documents/Informes/evaluacion_estrategica_mujeres.pdf
14 Centro de Investigación en Política Pública. IMCO. 2024. Pobreza en México #CONLUPADEGÉNERO. Disponible en: https://imco.org.mx/pobreza-en-mexico-conlupadegenero/
15 INEGI, 2023. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR)
16 INEGI. Mortalidad. Tabulados interactivos. 2023. México.
17 Inmujeres. 2024. Sistema de indicadores de género. Tarjeta temática Salud sexual y reproductiva. Disponible en: http://estadistica-sig.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/salud_reproductiva.pdf
18 INEGI, 2024. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2023/doc/resultados_enadid23.pdf
19 INEGI. Estadística de Nacimientos Registrados (ENR). Tabulados interactivos. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/natalidad/#tabulados
20 SEGOB. 2024. Tasa de fecundidad de adolescentes descendió 30 por ciento en los últimos siete años: Conapo. Disponible en: https://www.gob.mx/segob/prensa/tasa-de-fecundidad-de-adolescentes-descendio-30-por-ciento-en-los-ultimos-siete-anos-conapo
21 INEGI, 2024. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2023/doc/resultados_version_amplia_enadid23.pdf
22 INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf
23 INEGI, 2024. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_presentacion_ejecutiva_trim1_2024.pdf
24 Idem.
25 Idem.
26 INEGI 2024. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tabulados interactivos
del primer trimestre de 2024, disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#tabulados.
27 INEGI, 2022.Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC), 2022. Disponible:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enasic/2022/doc/enasic_2022_presentacion.pdf
28 Idem.
29 Idem.
30 Idem.
31 Idem.
32 Idem.
33 Presentación del Informe Nacional Alterno Beijing +30 en el Senado de la República https://www.youtube.com/watch?v=lS5lMzxfgKM
34 Datos abiertos de incidencia delictiva, SESNSP. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva
35 https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/N1823803.pdf
36 INEGI. ENDIRHE 2021. Principales resultados. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf
37 Idem.
38 INEGI, 2023.Estadísticas a propósito del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2023/EAP_VCM_23.pdf
39 Idem.
40 Idem.
41 INEGI, 2022. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2021. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/endireh/Endireh2021_Nal.pdf
42 INEGI. 2024.Módulo sobre Ciberacoso,. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/MOCIBA/MOCIBA2023.pdf
43 INEGI, 2022. Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y Género (ENDISEG) 2021 https://www.inegi.org.mx/programas/endiseg/2021/
44 Estadísticas a propósito del Día internacional de la eliminación de la de la violencia contra la mujer. INEGI. 2024.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_VCM_24.pdf
45 INEGI. ENDIREH 2021. Principales resultados. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf
46 INEGI. ENDIREH 2021. Tabulados. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2021/#tabulados
47 INEGI. ENDIREH 2021. Principales resultados. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf
48 INEGI, 2024. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. 2024. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2024/doc/envipe2024_presentacion_nacional.pdf
49 INEGI. Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2024. Presentación de resultados generales. Disponible en:
50 Idem.
51 Diagnóstico Nacional sobre los Centros de Justicia para las Mujeres. INMUJERES y CONAVIM.
52 La justicia que soñamos: una justicia con igualdad y sin discriminación. Equis Justicia para las Mujeres. 2021; Informe sobre el acceso a la justicia para mujeres víctimas de feminicidio. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. 2022; Informe anual sobre violencias contra mujeres y niñas y respuestas institucionales. Red Nacional de Refugios. 2023.
53 INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2021.
54 Idem.
55 Idem.
56 Idem.
57 Idem.
58 Idem.
59 Idem.
60 Idem.
61 INEGI, 2022. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf
62 Idem.
63 Idem.
64 INEGI. Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_resultados.pdf
65 Idem.
66 Secretaría de las Mujeres, Tribunal Federal Electoral e Instituto Nacional Electoral. Observatorio de participación política. En cifras. México. Disponible en: https://observatorio.inmujeres.gob.mx/mvc/view/public/index.html?v=3.0.8
67 Secretaría de las Mujeres. Resultados Proceso Electoral Federal y Elecciones Locales 2024 con base en los Organismos Públicos Locales Electorales. México.
68 Secretaría de las Mujeres. Sistema de Indicadores de Género. México.
69 Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal, 2024. INEGI.
70 INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2020. México.
71 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Primer trimestre, 2024.
72 SEDATU. Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral (SIMCR) del Registro Agrario Nacional (RAN).
73 Opt cit. SEDATU.
74 Idem.
75 Idem.
76 ENCUCI 2020. https://www.inegi.org.mx/programas/encuci/2020/
77 Informe de Gestión Gubernamental 2018-2024. INMUJERES. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/944055/Informe_de_Gestio_n_Gubernamental_2018-2024.pdf
78 Informe del Balance del PROIGUALDAD 2020-2024. EPADEQ.
79 PUEG & CONAVIM, 2016. El costo de la violencia contra las mujeres. https://oig.cepal.org/sites/default/files/el_costo_de_la_violencia_contra_las_mujeres_en_mexico.pdf
80 INEGI. Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), 2022. México.
81 INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2021. México. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf
82 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2024 & Centro de Investigación Política Pública. Datos y propuestas por la igualdad. México. Disponible en: https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2024/03/IMCO_Datos-y-propuestas-por-la-igualdad_VF.pdf
83 INEGI, 2024. Estadísticas a Propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Comunicado de prensa núm. 547/24. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_Suicidio24.pdf
84 La Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Seguridad Pública tienen atribuciones directas en la prevención y atención de la violencia feminicida. Este indicador permite articular acciones entre sectores, identificar zonas de riesgo y priorizar recursos en territorios con mayor prevalencia.
