PROGRAMA Institucional del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 2025-2030.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Salud.- Secretaría de Salud.- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Proporcionar servicios de acogimiento residencial integral, de Campamentos Recreativos y de Centros Gerontológicos a personas en situación de vulnerabilidad.

Mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.

Definición o
descripción

Servicios de acogimiento residencial otorgado a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores con problemas psicosociales, así como en estado de maltrato o abandono.

Servicios de hospedaje, alimentación, actividades recreativas y de esparcimiento otorgados a la población vulnerable por carencias sociales.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2025-2030.

1. Índice

2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa

3. Siglas y acrónimos

4. Fundamento normativo

5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo

6. Objetivos

6.1 Relevancia del objetivo 1: Garantizar la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

6.2 Relevancia del objetivo 2: Mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.

6.3 Relevancia del objetivo 3: Contribuir al ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

6.4 Relevancia del objetivo 4: Contribuir a que la población sujeta de asistencia social reduzca su situación de vulnerabilidad, a través del acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; apoyos y servicios de asistencia social, y la participación activa y democrática de la población en el desarrollo comunitario.

6.5 Vinculación de los objetivos del Programa Institucional del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 2025-2030

7. Estrategias y líneas de acción

8. Indicadores y metas

9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa

2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa

La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio respectivo.

3. Siglas y acrónimos

CAI: Centro de Atención Infantil

CAS: Centro de Asistencia Social

CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CIF: Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud

EIASADC: Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario

ENADID: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica

ENASIC: Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados

ENSANUT: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición

ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

LGBTIQ+: acrónimo que representa a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer y otras identidades y expresiones de género y orientaciones sexuales no binarias, representadas por el "+"

LGDNNA: Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

NNA: niñas, niños y adolescentes

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de la Salud

PCD: Personas con discapacidad

PFNNA: Procuraduría Federal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030

SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia o su plural

SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia o su plural

SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y también Sistema Nacional DIF

STyPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

4. Fundamento normativo

En su artículo 1º, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos que en ella se reconocen, y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección.

También, en su artículo 4º, se establece que el estado garantizará que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; así como a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución. Además, dispone que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Asimismo, el estado garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente, dando prioridad a las personas menores de dieciocho años de edad, en términos que fije la ley.

Por su parte, el artículo 26 Apartado A de nuestra Carta Magna establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. A partir de ello, la Ley de Planeación establece en sus artículos 1o, 9o y 22, las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación y desarrollo nacional con perspectiva intercultural y de género, y el Plan Nacional de Desarrollo indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deberán ser elaborados, sin perjuicios de aquellos, cuya elaboración se encuentre prevista en las leyes.

Bajo este contexto, la Ley General de Salud, en su artículo 1o. Bis señala que se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En su artículo 2o establece que, entre otras, el derecho a la protección de la salud tiene como finalidad el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. Por su parte, en el artículo 6o, fracción III, indica que el Sistema Nacional de Salud tiene como objetivo "Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;". Finalmente, en su artículo 172, establece que el gobierno federal contará con un organismo que tendrá entre sus objetivos la promoción de la asistencia social, prestación de servicios en ese campo y la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Por otro lado, la Ley de Asistencia Social, en su artículo 27, determina que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia es el Organismo Público Descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios, a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Salud; y en el artículo 28 se establecen las funciones que le corresponden, indicando en el inciso b) que deberá de elaborar los instrumentos de planeación de la Administración Pública Federal.

Dentro de los compromisos asumidos por el Estado Mexicano, en cumplimiento a los tratados y acuerdos internacionales, se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Ejecutivo Federal el 21 de septiembre de 1990, la cual reconoce los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes conforme a su edad y proceso de desarrollo. En este tratado internacional se reconoce el principio del interés superior de la niñez, que implica la protección activa del Estado para tutelar todos aquellos derechos de la infancia, de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Por otro lado, México es Parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual promueve un "cambio paradigmático" en la forma de ver y tratar a las PCD, ya que maneja un enfoque de Desarrollo Social, reafirmando que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Conforme a los artículos 9o, 17, fracción II, 22, 24, 29 de la Ley de Planeación, 47, 48, 49 y 58, fracciones I y II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 22 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las entidades paraestatales deberán elaborar sus respectivos programas institucionales, atendiendo a las previsiones contenidas en el Programa Sectorial correspondiente, en congruencia con los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo.

En razón de lo anterior, y en apego a lo establecido en el artículo 37, inciso d) es que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, acorde con lo establecido en el artículo 172 de la Ley General de Salud, elabora, ejecuta y da seguimiento a sus actividades de conformidad al presente Programa Institucional del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 2025-2030.

5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo

El Plan Nacional de Desarrollo representa un compromiso firme con el pueblo de México: avanzar en la consolidación de una transformación que coloque en el centro a las personas y su bienestar. En este proceso no hay marcha atrás: se trata de seguir construyendo un gobierno honesto, cercano y eficiente, que trabaje todos los días para garantizar la seguridad, los derechos y la justicia social. La meta es avanzar hacia una nación más igualitaria, productiva y sustentable, en la que el bienestar y la prosperidad lleguen a todas y todos, sin dejar a nadie atrás ni a nadie fuera.

El objetivo es claro: hacer de México un país más justo, igualitario y sustentable, donde la prosperidad no sea privilegio de unos cuantos, sino una realidad compartida. La verdadera riqueza de una nación está en la dignidad y felicidad de su gente, y por ello, por el bien de todos: primero los pobres. Este compromiso se traduce en políticas públicas con un profundo sentido humanista, porque, como lo hemos dicho, por el bien de todos: primero los pobres. La prosperidad de México solo será verdadera si es compartida, si se construye desde abajo y con todos.

Esta visión de desarrollo tiene como corazón el humanismo mexicano, pues no basta con reducir la pobreza: es necesario erradicar las condiciones que la perpetúan. Para lograrlo, el Estado tiene la obligación de garantizar derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda y la cultura, siempre bajo los principios de universalidad, igualdad, inclusión y progresividad. De este modo, el bienestar no se concibe como un privilegio, sino como un derecho que pertenece a cada persona.

En este marco, las acciones que aquí se presentan buscan traducir estos principios en realidades concretas. Se trata de rutas de atención integrales que, con perspectiva de ciclo de vida, igualdad sustantiva y equidad de género, aseguren que niñas, niños y adolescentes crezcan en entornos libres de violencia y que todas las personas cuenten con las oportunidades necesarias para alcanzar su felicidad y bienestar.

En el contexto de esta transformación orientada a la justicia social, la protección integral de niñas, niños y adolescentes se ubica en el centro de las prioridades nacionales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el principio del interés superior de la niñez debe prevalecer en todas las decisiones y acciones emprendidas por el Estado, garantizando el respeto y ejercicio pleno de sus derechos. Este mandato reconoce que las personas menores de edad requieren que se atiendan sus necesidades esenciales -alimentación, salud, educación y recreación- como condiciones indispensables para su desarrollo integral. Dicho principio funge como directriz fundamental en el diseño, aplicación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en materia de infancia.

En complemento, la Ley de Asistencia Social señala que esta comprende el conjunto de intervenciones destinadas a modificar las condiciones sociales que limitan o impiden el desarrollo integral de las personas. Conforme a lo establecido en su artículo 3, la asistencia social busca brindar protección física, mental y social a quienes se encuentran en situaciones de necesidad, indefensión o desventaja, a fin de garantizar su incorporación a una vida digna y productiva. A su vez, el artículo 4 reconoce el derecho de recibir atención del Estado para todas aquellas personas y familias que, por razones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieren servicios especializados que garanticen su protección e inclusión en el bienestar social.

Con base en este andamiaje normativo, la asistencia social en México otorga prioridad a niñas, niños y adolescentes expuestos a riesgos o contextos de vulnerabilidad, entre los que se incluyen la desnutrición, el rezago en su desarrollo físico o cognitivo, el maltrato, el abuso, el abandono, la explotación, las distintas formas de violencia, la migración irregular y la pobreza extrema.

Si bien en los últimos años se han logrado avances importantes en el reconocimiento jurídico y normativo de los derechos de la niñez y la adolescencia en el país, aún persisten desafíos significativos. Entre ellos se encuentran la fragmentación institucional, la débil coordinación entre los distintos niveles de gobierno, la falta de información confiable y actualizada, así como la insuficiencia de esquemas de protección que respondan adecuadamente a la diversidad de realidades que enfrentan niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), en coordinación con los Sistemas DIF de las entidades federativas y los municipios, ha identificado diversas problemáticas que requieren atención prioritaria en este grupo poblacional:

· La persistencia de violencias estructurales y cotidianas en el hogar, la escuela, las comunidades y los espacios públicos.

· La limitada eficacia de los mecanismos de protección especial y de restitución de derechos, particularmente en los sectores más vulnerables.

· El uso recurrente de la institucionalización prolongada como respuesta principal ante la falta de cuidados familiares.

· La exclusión y desigualdad en el acceso a servicios básicos como salud, educación, identidad, vivienda y modalidades de cuidado alternativo oportuno y de calidad.

· El crecimiento sostenido de la migración infantil y adolescente en condiciones de alto riesgo.

· La baja participación efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procesos que impactan directamente en su vida.

En las dos últimas décadas, México ha asumido compromisos internacionales trascendentes, como la adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño, y ha aprobado disposiciones legales de carácter nacional, entre ellas la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Estos instrumentos jurídicos obligan al Estado a garantizar, sin ningún tipo de discriminación, el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas menores de 18 años. No obstante, los esfuerzos institucionales desplegados hasta ahora no han logrado cerrar las brechas y desigualdades que persisten en la garantía de esos derechos.

La situación es aún más crítica para quienes han perdido el cuidado familiar. En 2020, se estimaba que más de 33 mil niñas, niños y adolescentes vivían en algún Centro de Asistencia Social, privados del derecho a crecer en familia. Para 2024, las procuradurías de protección estatales reportaron 803 CAS en operación, pero apenas el 56 % documentó los resultados de sus visitas de supervisión, lo que evidencia debilidades significativas en los esquemas de seguimiento y fiscalización.

A esta problemática se suma la creciente presión derivada de los flujos migratorios. Durante 2023, se identificaron 113,660 personas menores de edad en situación migratoria irregular, de las cuales el 96.1 % viajaba acompañadas y el 3.9 % eran no acompañadas. Este dato representa un incremento del 258 % respecto a 2018, cuando se registraron 31,717 casos.

Las causas de estos problemas son de naturaleza estructural y frecuentemente interdependientes:

· La débil cultura de derechos, que se traduce en un desconocimiento generalizado de los derechos de la niñez.

· La insuficiencia presupuestal para políticas y programas que requieren asignaciones suficientes, estables y progresivas.

· La fragmentación institucional entre autoridades federales, estatales y municipales.

· La desigualdad territorial que limita las oportunidades de desarrollo, especialmente en zonas rurales, comunidades indígenas y contextos de alta marginación.

· La falta de profesionalización y capacitación especializada de las personas encargadas de la protección de derechos.

Los efectos de estas carencias son graves: revictimización institucional, institucionalización prolongada, deserción escolar, exposición a redes delictivas, afectaciones a la salud mental y emocional, así como pérdida de oportunidades de desarrollo.

Estas brechas impactan de forma diferenciada según la población:

· Niñas y adolescentes mujeres enfrentan mayor riesgo de violencia sexual, embarazo infantil y discriminación de género.

· Niños y adolescentes varones están más expuestos a la violencia comunitaria y la criminalización.

· Niñas, niños y adolescentes indígenas y afromexicanos tienen un acceso limitado a servicios básicos y atención con pertinencia cultural.

· Niñas, niños y adolescentes con discapacidad carecen de servicios integrales y accesibilidad física, comunicativa y programática.

· Niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad enfrentan riesgos de trata, desaparición, detención migratoria, separación familiar y falta de regularización.

· Niñas, niños y adolescentes LGBTIQ+ sufren discriminación y violencia que limita su participación y permanencia en entornos escolares y familiares.

· Niñas, niños y adolescentes institucionalizados pierden el derecho a crecer en familia y enfrentan procesos de desinstitucionalización insuficientes.

La estrategia planteada por el Sistema Nacional DIF se inscribe en el modelo de desarrollo impulsado por el Segundo Piso de la Transformación, colocando al centro la dignidad humana. La protección integral de la infancia y adolescencia contribuye directamente al desarrollo con justicia y bienestar. En este sentido, se fortalecerá la articulación interinstitucional, los mecanismos comunitarios de prevención, la profesionalización del personal, la generación de información estadística confiable, los modelos de intervención centrados en el entorno familiar y la participación activa de niñas, niños y adolescentes.

El Humanismo Mexicano, como principio rector del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, reconoce que garantizar los derechos de la niñez es una forma de proteger el presente y asegurar el futuro del país. Este enfoque ético concibe a las infancias no como objetos de protección, sino como sujetos plenos de derecho, con voz, agencia y capacidad de transformación social.

Los proyectos sustantivos incluyen:

· El rediseño normativo y fortalecimiento del sistema de supervisión de los Centros de Asistencia Social.

· La implementación de medidas de desinstitucionalización progresiva.

· La capacitación especializada y continua del personal.

· La expansión de espacios de participación infantil y adolescente.

· La construcción de un sistema robusto de información estadística.

· La implementación de medidas diferenciadas para niñas, niños y adolescentes en movilidad, con enfoque de protección internacional.

· Campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos de la niñez y su relación con el bienestar nacional.

Entre los principales cambios esperados destacan:

· Incrementar el número de niñas, niños y adolescentes que acceden a medidas de protección y restitución efectivas.

· Reducir el número de personas institucionalizadas sin justificación.

· Mejorar la calidad del cuidado alternativo.

· Ampliar su participación en la deliberación pública.

· Homologar criterios de atención entre procuradurías locales y federal.

· Sistematizar información útil que permita diseñar políticas públicas más eficaces.

Es necesario retomar lo planteado en el Eje General 2: Desarrollo con bienestar y humanismo, corazón de la transformación, establecido en el PND 2025-2030, cuyo objetivo central es disminuir la pobreza y eliminar las condiciones estructurales que la reproducen. Este enfoque, basado en el bienestar y el humanismo, busca consolidar y ampliar la red de protección social, dando prioridad a quienes enfrentan desigualdad, marginación, pobreza o diversas formas de vulnerabilidad. En consonancia con el compromiso de construir una República para y con niñas, niños y adolescentes, resulta indispensable derribar los obstáculos que limitan su pleno desarrollo, entre ellos el acceso insuficiente a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Asimismo, el Eje Transversal 1: Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres contempla la Estrategia T1.2.4, dirigida a impulsar la creación de un Sistema Nacional de Cuidados con carácter progresivo, intersectorial e intergubernamental, que garantice la corresponsabilidad social y la provisión equitativa de servicios de cuidado de calidad.

En este marco, el Programa Institucional del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 2025-2030 tiene como finalidad atender de manera integral a la población sujeta de asistencia social, dando prioridad a quienes se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad. Para cumplir con este propósito, contempla acciones orientadas a garantizar el acceso a la alimentación nutritiva y a apoyos y servicios de asistencia social, así como fomentar la inclusión activa y democrática de las comunidades en iniciativas de salud, autogestión y fortalecimiento del bienestar, todo ello con enfoque de derechos humanos, interseccionalidad y perspectiva de género.

Su implementación requiere de una coordinación efectiva por parte del SNDIF, la articulación multisectorial con las dependencias de los ámbitos educativo, de salud y de asistencia social, así como la colaboración estrecha entre los tres órdenes de gobierno. De igual forma, la participación comunitaria y la vigilancia ciudadana son indispensables para garantizar transparencia, legitimidad y eficacia en la ejecución de las acciones.

A pesar de los avances alcanzados en la reducción de la pobreza, persisten retos de gran magnitud. De acuerdo con el INEGI, entre 2022 y 2024 la proporción de personas en situación de pobreza disminuyó de 46.9 % a 29.6 %. Sin embargo, en cifras absolutas, en 2024 aún 38.5 millones de personas vivían en pobreza y 6.9 millones en pobreza extrema, lo que muestra que los sectores más vulnerables continúan enfrentando condiciones estructurales que obstaculizan su bienestar y limitan el acceso efectivo a derechos fundamentales. Asimismo, 35 de cada 100 personas no contaban con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

El panorama es todavía más complejo en el caso de niñas, niños y adolescentes. Para 2024, la incidencia de pobreza en este grupo poblacional alcanzó 38.7 %, frente al 29.6 % de la población total. Además, 22 % enfrentaba al menos tres carencias sociales, siendo la más recurrente el acceso a la seguridad social, con una prevalencia del 55.6 %.

La alimentación es un reflejo claro de las desigualdades estructurales. Si bien la carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad descendió de 18.2 % a 14.4 % entre 2022 y 2024, aún afectaba a 18.8 millones de personas. En ese mismo periodo, la carencia de servicios de salud pasó de 39.1 % a 34.2 %, mientras que el rezago educativo se redujo ligeramente, de 25.1 millones a 24.2 millones de personas.

La ENSANUT 2022 advierte que los problemas de sobrepeso y obesidad continúan aumentando en todos los grupos de población. En niñas y niños de 5 a 11 años, la prevalencia de sobrepeso se incrementó 7 % entre 2006 y 2022; en adolescentes, el aumento fue del 24 %. En la población adulta de 20 años o más, 75.2 % presenta sobrepeso u obesidad, siendo más elevado en el grupo de 40 a 60 años, donde alcanza 85 %. Al mismo tiempo, la desnutrición crónica sigue siendo un problema grave en la primera infancia: 14.2 % de las niñas y niños menores de 5 años presentan retraso en el crecimiento, con una mayor incidencia en el sur del país, donde uno de cada cinco lo padece.

Otro aspecto de especial relevancia es el de los cuidados. Según la ENASIC 2022, en 77.8 % de los hogares del país habita al menos una persona que requiere cuidados; de ellos, 8.4 % son niñas y niños menores de cinco años y 12.4 % son personas mayores de 60 años. No obstante, 35.5 % de quienes requieren cuidados (35.5 millones de personas) no los reciben. En la primera infancia, la dependencia es particularmente marcada: 86.3 % de las niñas y niños menores de cinco años dependen de la madre, y 7.6 % de la abuela.

Este marco también incluye a otros sectores históricamente relegados o discriminados, como mujeres embarazadas o lactantes, madres adolescentes en situación de abandono o explotación, personas indígenas migrantes, personas mayores en situación de desamparo, personas con discapacidad, personas dependientes de quienes se encuentran privadas de la libertad, personas enfermas en fase terminal y víctimas de violencia.

Dentro de estos grupos, la población con discapacidad tiene una especial relevancia. La discapacidad forma parte de la diversidad humana y, en las últimas décadas, su comprensión ha transitado de una visión exclusivamente médica a un enfoque biopsicosocial y de derechos humanos. Bajo esta perspectiva, la discapacidad surge de la interacción entre una condición de salud y las barreras del entorno físico, social o actitudinal que limitan la participación plena de una persona en la sociedad (OPS, 2023).

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la OMS ofrece un marco conceptual estandarizado para entender la discapacidad como un fenómeno complejo que abarca deficiencias corporales, limitaciones en la actividad, restricciones en la participación y la existencia de barreras en el entorno.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 1°, establece que este grupo incluye a todas aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de largo plazo que, al interactuar con diferentes barreras, ven restringida su participación en igualdad de condiciones. En este sentido, la Ley de Asistencia Social reconoce el derecho de esta población a recibir servicios especializados que promuevan su integración plena al bienestar, a través de acciones de promoción, prevención, protección y rehabilitación.

Pese a los avances normativos y al reconocimiento formal de sus derechos, las personas con discapacidad siguen enfrentando obstáculos estructurales que limitan el ejercicio efectivo de su ciudadanía. Su historia ha estado marcada por la discriminación, la exclusión y el capacitismo, entendido como una forma de discriminación que privilegia solo ciertos modos de funcionamiento considerados "normales" o "deseables", lo que repercute directamente en su autonomía y calidad de vida.

El Informe Mundial sobre la Equidad en Salud para las Personas con Discapacidad (OMS, 2022) señala que este sector de la población enfrenta mayores riesgos de violencia, abandono, explotación y trato negligente. Asimismo, presentan una incidencia superior de enfermedades, tienen menor acceso a servicios de salud y mayor riesgo de fallecer de manera prematura, todo ello agravado por entornos inaccesibles y la insuficiencia de servicios especializados.

En materia de rehabilitación, el artículo 26 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los Estados parte a organizar y fortalecer los servicios de habilitación y rehabilitación en ámbitos como salud, educación, empleo y servicios sociales. No obstante, persisten brechas importantes derivadas de la carencia de infraestructura adecuada, personal capacitado y tecnologías de apoyo accesibles, lo cual limita la autonomía y las posibilidades de desarrollo de las personas con discapacidad.

El artículo 24 de la misma Convención establece el derecho a la educación, lo que supone garantizar un sistema inclusivo en todos los niveles, con los ajustes y apoyos necesarios. Sin embargo, la exclusión educativa sigue siendo una realidad. En México, de acuerdo con la ENADID 2023, únicamente 46 de cada 100 personas de entre 5 y 29 años con discapacidad asistían a la escuela, frente a 60 de cada 100 en la población sin discapacidad. Además, el 14.9 % de las personas con discapacidad de 15 años o más carecía de escolaridad, en contraste con el 3.2 % de las personas sin discapacidad.

En el ámbito laboral, el artículo 27 de la Convención reconoce el derecho al trabajo en igualdad de condiciones. Pese a ello, la persistencia de estigmas, la discriminación y las brechas educativas reducen significativamente la participación de esta población en el mercado laboral. En México, la tasa de participación económica entre personas con discapacidad de 15 años y más es de 40.6 %, frente al 68.0 % de las personas sin discapacidad. La brecha se amplía en el caso de las mujeres con discapacidad, cuya participación apenas alcanza 31.3 % (ENADID 2023).

Quienes logran incorporarse al trabajo lo hacen, en su mayoría, bajo condiciones de informalidad, sin acceso pleno a derechos laborales, prestaciones ni ajustes razonables en sus centros de trabajo. Ello los excluye de los sistemas contributivos de protección social y amplía las desigualdades que ya enfrentan (CEPAL, 2023).

Este panorama evidencia que, aunque existe un marco legal sólido, persisten retos significativos para garantizar una verdadera equidad para las personas con discapacidad. Por tal motivo, es necesario redoblar esfuerzos institucionales y sociales para construir un país incluyente, en el que los derechos no dependan de las condiciones individuales, sino de la capacidad colectiva para eliminar barreras y generar oportunidades para todas y todos.

A esta situación se suma el deterioro del tejido social, que intensifica los ciclos de exclusión y aislamiento. La ENVIPE 2024 muestra que únicamente 35.2 % de la población adulta participó en actividades comunitarias o vecinales en el último año, reflejando la fragilidad de las redes de apoyo y el limitado ejercicio de la corresponsabilidad social.

Frente a ello, el Sistema Nacional DIF identifica como una prioridad la atención a poblaciones vulnerables por carencias sociales, entre ellas niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana, quienes enfrentan barreras estructurales que restringen el ejercicio pleno de sus derechos.

Las causas que explican esta situación son múltiples, entre las que destacan:

· La falta de acceso a una vivienda adecuada y la disfunción o desintegración familiar.

· El incremento de personas adultas mayores en situación de abandono familiar e institucional.

· La realidad de niñas, niños y adolescentes desplazados por violencia, persecución, hambre o conflictos.

· La carencia de actividades recreativas, culturales y de esparcimiento.

Estas condiciones generan consecuencias graves como:

· La vulneración de derechos de poblaciones que requieren atención especializada.

· El aumento de personas adultas mayores en contextos de alta vulnerabilidad.

· El crecimiento sostenido del número de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad humana.

· La reproducción de desigualdades extremas.

· La negación de derechos esenciales vinculados al juego, al descanso, a la cultura y a la participación artística.

Para enfrentar estos desafíos, el SNDIF establece convenios con instituciones públicas, privadas y con organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de ofrecer atención especializada mediante apoyos de acogimiento residencial integral. De manera complementaria, se supervisan las condiciones de infraestructura y la preparación del personal en centros gerontológicos y casas hogar, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores beneficiarias.

Asimismo, se implementan medidas de prevención de la violencia intrafamiliar y estrategias de atención integral dirigidas a niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana, asegurando el respeto pleno de sus derechos humanos. Paralelamente, se impulsan servicios de recreación y esparcimiento para poblaciones en situación de vulnerabilidad, con el propósito de prevenir problemas de salud física, mental y comunitaria, y promover la reconstrucción del tejido social.

El DIF Nacional reconoce que la atención integral de niñas, niños y adolescentes requiere un enfoque sensible al contexto, que tome en cuenta su alta dependencia de los cuidados familiares y de la protección del Estado. La infancia y la adolescencia son etapas críticas para el desarrollo físico, emocional y social, y las condiciones adversas vividas en este periodo pueden dejar secuelas duraderas que limiten sus oportunidades y bienestar a lo largo de toda la vida.

En esta dirección, el Programa Institucional del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 2025-2030, en congruencia con el modelo de desarrollo con bienestar con base en el humanismo mexicano, se orienta a construir políticas públicas capaces de reducir las brechas de desigualdad, garantizar el acceso efectivo a los derechos y fortalecer la cohesión social. El desafío es ambicioso: lograr que cada persona, sin importar origen, género, condición social o lugar de residencia, viva con dignidad y desarrolle su máximo potencial.

Este compromiso reafirma que ninguna persona en situación de vulnerabilidad debe quedar excluida. Su bienestar constituye la base de un México más justo, solidario y próspero. En síntesis, este Programa refleja la voluntad del Estado mexicano de poner en el centro la felicidad y el bienestar de su pueblo. La política se ejerce con amor, con respeto a la dignidad humana y con la convicción de que la justicia social es el camino para un país donde la mayor riqueza sea el bienestar compartido, y la mayor satisfacción, estar bien consigo mismo, con la comunidad y con la nación.

Visión de largo plazo

Hacia el año 2030, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), en su papel de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, habrá logrado articular de manera exitosa políticas, programas y acciones orientadas a reducir las desigualdades estructurales que históricamente han afectado a niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres, comunidades indígenas y afromexicanas, personas en contexto de movilidad humana y otros grupos prioritarios, con ello, México habrá consolidado su lugar como referente internacional en materia de protección social integral y garantía efectiva de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad.

Así, en 2030, el país contará con un sistema nacional de protección integral de niñas, niños y adolescentes, capaz de prevenir, proteger, restituir y garantizar derechos de forma efectiva. Este sistema descansará en la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y en la participación activa de las comunidades, asegurando que la voz de la infancia y la adolescencia esté institucionalizada como parte transversal en la toma de decisiones, el diseño de políticas y la evaluación de resultados.

La transformación del servicio de alimentación escolar habrá culminado con la transición del modelo de alimentos fríos a calientes, garantizando a niñas, niños y adolescentes el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente, variada y culturalmente pertinente, lo que fortalecerá su salud, su desarrollo integral y su capacidad de aprendizaje. Paralelamente, la red nacional de Centros de Desarrollo Comunitario se consolidará como un espacio seguro, inclusivo y participativo, donde se promoverá la organización social, la cultura, el deporte, la salud preventiva, la educación, la autonomía y los cuidados, contribuyendo al fortalecimiento de la cohesión comunitaria.

En materia de cuidados, se habrá consolidado un Sistema Nacional de Cuidados progresivo, intersectorial y articulado, con mecanismos de corresponsabilidad social que garanticen a todas las personas el acceso a servicios de calidad con perspectiva de género, interseccionalidad y enfoque de derechos humanos. Las personas adultas mayores encontrarán oportunidades reales para un envejecimiento activo, digno y saludable, a través de la atención especializada en Casas de Día y otros espacios comunitarios. A su vez, las personas con discapacidad tendrán acceso a servicios integrales de rehabilitación, inclusión educativa, laboral y comunitaria, así como a productos de apoyo accesibles, en línea con la Estrategia de Rehabilitación 2030 de la Organización Mundial de la Salud.

El país habrá dado pasos firmes hacia la consolidación de modelos integrales de asistencia social, garantizando progresivamente el acceso equitativo y de calidad a los servicios, sin importar el lugar de residencia, con especial prioridad en comunidades rurales y zonas de mayor rezago. La coordinación intersectorial con los sistemas de salud, educación, protección civil y desarrollo social permitirá una atención oportuna frente a emergencias, desastres naturales y crisis humanitarias.

Asimismo, el SNDIF y los sistemas estatales y municipales de desarrollo integral de la familia (SEDIF y SMDIF) habrán conformado un cuerpo multidisciplinario de alta capacidad técnica, con personal profesionalizado, ético y comprometido con los principios del Humanismo Mexicano, la justicia social y la sustentabilidad. La capacitación continua, la innovación tecnológica y la investigación aplicada serán pilares para mejorar la pertinencia y la eficacia de los servicios, generando evidencia sólida que respalde la toma de decisiones en materia de política pública.

De esta forma, hacia 2030, niñas, niños y adolescentes; mujeres embarazadas y en lactancia; personas adultas mayores; personas con discapacidad; comunidades indígenas y afromexicanas; y personas en situación de movilidad humana, contarán con acceso efectivo a una alimentación nutritiva y suficiente, a apoyos económicos y a servicios de asistencia social que fortalezcan su dignidad y su capacidad de agencia.

Se habrán consolidado también estrategias de atención integral para niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana, asegurando su protección, su inclusión educativa y la restitución de sus derechos. En paralelo, se habrán fortalecido las redes familiares de acogida, las comunidades terapéuticas y los programas de desinstitucionalización, avanzando hacia un modelo de protección sustentado en el interés superior de la niñez.

De manera complementaria, se habrá promovido el acceso universal a actividades culturales, recreativas, deportivas y de esparcimiento, reconociendo estos derechos como esenciales para el bienestar, en especial de la niñez y la adolescencia. Estas acciones habrán fortalecido la cohesión social, la resiliencia comunitaria y la reconstrucción del tejido social, fomentando entornos protectores, inclusivos y solidarios.

En el horizonte del 2030, México se consolidará como un país que reconoce y protege la dignidad de todas las personas, que promueve la igualdad sustantiva y la no discriminación, y que impulsa políticas de asistencia social con perspectiva de derechos. Esta visión implica asumir con responsabilidad histórica la protección integral de quienes representan el presente y el futuro del país.

Con ello, se contribuirá a cumplir el objetivo mayor del Gobierno de México: afianzar la transformación nacional bajo un modelo de bienestar, justicia social y sustentabilidad, en congruencia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y los principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. Objetivos

El Estado mexicano tiene la responsabilidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos sociales de los mexicanos, siguiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; para atender este mandato, el gobierno de la cuarta transformación cuenta con la asistencia social, la cual está enfocada en la generación de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral de las personas que enfrentan condiciones de

desigualdad, exclusión, movilidad, violencia o maltrato.

El SNDIF, como parte de la Administración Pública Federal, contribuye al desarrollo con bienestar y humanismo, por ello, debe continuar su transformación para atender los nuevos riesgos de la vulnerabilidad, derivados de fenómenos sociales que requieren fortalecer la integración familiar y comunitaria, la vigilancia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la atención de los adultos y adultos mayores y contribuir a que la población con discapacidad mejore sus condiciones de vida e inclusión social.

La promoción de la asistencia social y la prestación de los servicios en ese campo requiere de la concurrencia de acciones y recursos para consolidar, dar continuidad y potenciar su alcance. El concurso de la acción pública, privada y de la sociedad en su conjunto permitirá avanzar en un solo camino en torno a la transformación de un México Incluyente y con bienestar social. Asimismo, el humanismo mexicano, impulsado en el sexenio pasado, ha buscado establecer la igualdad como el camino hacia la justicia social. Por ello, el gobierno ha centrado esfuerzos en atender las necesidades básicas de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.

Con la interrelación ordenada de todos los actores involucrados en la asistencia social y la suma de esfuerzos, se establecerá y dará curso a nuevos mecanismos y programas que amplíen el campo de acción de la asistencia social, para modificar y mejorar las circunstancias que impidan el desarrollo integral del individuo, hasta lograr su incorporación a una vida plena, productiva y con bienestar.

En ese sentido, la articulación de las disposiciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el Programa Sectorial de Salud 2025-2030 y de la Ley de Asistencia Social, constituyen el marco a partir del cual se establecen los objetivos del Programa Institucional del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Objetivos del Programa Institucional del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 2025-2030

1.- Garantizar la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

2.- Mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.

3.- Contribuir al ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

4.- Contribuir a que la población sujeta de asistencia social reduzca su situación de vulnerabilidad, a través del acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; apoyos y servicios de asistencia social, y la participación activa y democrática de la población en el desarrollo comunitario.

6.1 Relevancia del objetivo 1: Garantizar la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Garantizar la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es un compromiso fundamental para cualquier sociedad que busque el desarrollo equitativo y el bienestar de sus generaciones futuras. Este grupo poblacional, por su condición de vulnerabilidad, enfrenta constantes riesgos que amenazan su integridad física, emocional y social, tales como la violencia, el abuso, la explotación y la exclusión. Cuando estos derechos no son protegidos, no solo se afecta su presente, sino también su futuro, perpetuando ciclos de desigualdad y limitando sus oportunidades de crecimiento. Por ello, es indispensable implementar acciones que aseguren su protección integral y la restitución efectiva de sus derechos en caso de vulneración.

Uno de los principales desafíos es la falta de promoción y prevención efectiva de los derechos de la niñez y adolescencia. Muchos niños, niñas y adolescentes, así como sus familias y comunidades, desconocen sus derechos o no cuentan con las herramientas necesarias para exigirlos, lo que facilita su vulneración y normaliza situaciones de riesgo. Esto se agrava por la fragmentación en la atención institucional, donde la falta de coordinación entre entidades públicas, privadas y de la sociedad civil genera respuestas tardías o insuficientes, dejando desprotegidos a quienes más lo necesitan.

Por otro lado, el acceso a la justicia sigue siendo una barrera significativa, ya que los procesos judiciales y administrativos suelen ser lentos, poco adaptados a las necesidades de la niñez y, en muchos casos, revictimizantes. Esto genera impunidad y desconfianza en las instituciones, impidiendo una reparación integral de derechos.

El cumplimiento de este objetivo tendría un impacto profundo y multidimensional. En primer lugar, las niñas, niños y adolescentes crecerían en entornos más seguros y protectores, donde sus derechos sean respetados y su desarrollo integral esté garantizado. Las familias y comunidades, al contar con mayor información y acceso a redes de apoyo, estarían mejor preparadas para prevenir situaciones de riesgo y actuar ante ellas.

A nivel social, se avanzaría hacia una mayor equidad, reduciendo las brechas que afectan a los grupos más vulnerables y promoviendo una cultura de respeto a los derechos humanos. En conjunto, esto sentaría las bases para una sociedad más justa e inclusiva, donde cada niña, niño y adolescente tenga la oportunidad de vivir una vida plena y digna.

6.2 Relevancia del objetivo 2: Mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.

Mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad es un imperativo ético y social que busca reducir las desigualdades estructurales y garantizar el acceso a derechos fundamentales. Quienes enfrentan condiciones de pobreza, exclusión, discapacidad o edad avanzada suelen experimentar barreras sistemáticas que limitan su desarrollo y bienestar. Sin intervenciones específicas, estas desventajas se profundizan, perpetuando ciclos de marginación y afectando no solo a los individuos, sino también a sus familias y comunidades. Este objetivo reconoce que el progreso social solo es posible si se prioriza a los grupos más desfavorecidos, asegurando que nadie quede atrás.

Uno de los principales desafíos es la falta de acceso a servicios básicos de calidad para las personas en situación de vulnerabilidad. Muchas de ellas carecen de atención médica adecuada, vivienda digna o redes de apoyo social, lo que agrava su condición. Además, existe un déficit en la supervisión de las organizaciones que brindan asistencia, lo que puede derivar en servicios inconsistentes o poco efectivos. La estrategia de verificar el cumplimiento de los convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil busca corregir esta situación, asegurando que la población albergada reciba una atención acorde a sus necesidades.

Otro problema crítico es la exclusión que enfrentan ciertos grupos, como las personas con discapacidad o los adultos mayores, quienes a menudo son invisibilizados en las políticas públicas. La falta de adaptación en infraestructura, servicios y programas limita su autonomía y participación social. Las líneas de acción enfocadas en brindar apoyos funcionales y servicios gerontológicos integrales abordan directamente estas carencias, promoviendo una asistencia especializada que respete su dignidad.

Asimismo, la marginación social priva a muchas personas de oportunidades para el esparcimiento y la recreación, elementos clave para su desarrollo emocional y físico. El impulso a actividades deportivas y lúdicas en espacios abiertos no solo mejora su calidad de vida, sino que también fomenta la cohesión comunitaria. Estas acciones, combinadas con el acogimiento residencial integral, permiten ofrecer un apoyo holístico que trasciende la satisfacción de necesidades inmediatas y contribuye a su integración social.

El logro de este objetivo tendría un impacto transformador en la vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Al garantizar su acceso a salud, vivienda, recreación y asistencia especializada, se les proporcionan las herramientas necesarias para mejorar sus condiciones materiales y emocionales. Esto no solo alivia situaciones de crisis, sino que también abre caminos para su autonomía y participación activa en la sociedad.

Para las comunidades, esto significa avanzar hacia una mayor equidad, donde todos los miembros tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente, independientemente de sus circunstancias. Además, fortalece la confianza en las instituciones, al demostrar su capacidad para responder a las necesidades de los más desprotegidos. A largo plazo, estas acciones reducen los costos sociales y económicos asociados a la exclusión, creando una sociedad más justa, cohesionada y resiliente. En esencia, mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables no es solo un acto de justicia, sino una inversión en el futuro colectivo.

6.3 Relevancia del objetivo 3: Contribuir al ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

Contribuir al ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad constituye un compromiso fundamental con la inclusión, la equidad y la justicia social. Históricamente, este grupo ha enfrentado barreras físicas, sociales y culturales que limitan su participación activa en la vida económica, política y cultural de sus comunidades. Garantizar sus derechos no solo es un mandato legal y ético, sino también una condición necesaria para construir sociedades más diversas y cohesionadas. Cuando las personas con discapacidad pueden desarrollar sus capacidades y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, toda la sociedad se beneficia de su talento, perspectiva y contribuciones.

Uno de los principales desafíos es la insuficiente infraestructura y equipamiento para la asistencia social y la rehabilitación. Muchos centros carecen de los recursos necesarios para brindar servicios de calidad, lo que dificulta la movilidad, la autonomía y la integración de las personas con discapacidad. La estrategia de fortalecer estos espacios busca eliminar barreras arquitectónicas y tecnológicas, facilitando su acceso a terapias, educación y empleo.

Otro problema crítico es la falta de prevención y detección temprana de condiciones discapacitantes, lo que incrementa el riesgo de complicaciones evitables. Sistemas de salud con enfoque reactivo, en lugar de preventivo, generan mayores costos humanos y económicos. Al reforzar acciones de diagnóstico oportuno y atención primaria, se puede reducir la incidencia de discapacidades secundarias y mejorar la calidad de vida desde edades tempranas.

Además, persisten actitudes discriminatorias y un desconocimiento generalizado sobre las capacidades de las personas con discapacidad, lo que limita sus oportunidades. La rehabilitación integral y la inclusión social requieren no solo intervenciones médicas, sino también campañas de sensibilización, adaptaciones laborales y educativas, y políticas que promuevan su participación plena. Las estrategias dirigidas a impulsar su autonomía y bienestar complementario -como el acceso a cultura, deporte y tecnologías de asistencia- son clave para romper estereotipos y fomentar su independencia.

El cumplimiento de este objetivo tendría un impacto profundo en la vida de las personas con discapacidad y en la sociedad en su conjunto. Al garantizar servicios de rehabilitación física y ocupacional de calidad, se promueve su autonomía, permitiéndoles desarrollar habilidades para la vida diaria y el trabajo. Esto, a su vez, reduce su dependencia de redes asistenciales y abre oportunidades económicas que benefician a sus familias y comunidades.

La prevención de discapacidades evitable mejora la salud pública y reduce la carga sobre los sistemas médicos, mientras que la inclusión social enriquece los espacios educativos, laborales y culturales con diversidad. Empresas, escuelas y gobiernos que adoptan prácticas inclusivas no solo cumplen con la normativa, sino que se vuelven más innovadores y representativos.

A largo plazo, estas acciones construyen una sociedad donde la discapacidad no es sinónimo de exclusión, sino de ciudadanía activa. El respeto a los derechos de este grupo refleja el nivel de desarrollo humano de un país y sienta las bases para un futuro donde todas las personas, sin distinción, puedan vivir con dignidad y plenitud.

Contribuir a que la población sujeta de asistencia social reduzca su situación de vulnerabilidad representa un eje fundamental para romper ciclos de pobreza y desigualdad. La falta de acceso a alimentación adecuada, servicios básicos y oportunidades de participación comunitaria perpetúa condiciones de marginación que afectan no solo a individuos, sino a generaciones enteras. Este objetivo reconoce que la vulnerabilidad es multidimensional: no se resuelve solo con asistencia inmediata, sino mediante estrategias integrales que combinen nutrición, empoderamiento comunitario y protección de derechos. Al abordar estas dimensiones, se sientan las bases para un desarrollo humano sostenible donde todas las personas puedan ejercer sus derechos con dignidad.

Uno de los desafíos más urgentes es la inseguridad alimentaria, que afecta a amplios sectores de la población en situación de vulnerabilidad. La falta de acceso a alimentos nutritivos y suficientes tiene consecuencias graves en la salud, especialmente en niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, limitando su desarrollo físico y cognitivo. La estrategia de complementar dietas con alimentos inocuos, junto con educación nutricional, no solo mitiga carencias inmediatas, sino que promueve hábitos saludables para prevenir enfermedades crónicas relacionadas con la mala alimentación.

Otro problema estructural es la exclusión de las comunidades vulnerables en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas. Sin mecanismos de participación efectiva, las políticas asistenciales corren el riesgo de ser paternalistas o desconectadas de las necesidades reales. El fomento a la organización social democrática busca revertir esta dinámica, capacitando a las comunidades para identificar y resolver sus propios desafíos. Esto incluye fortalecer su capacidad para exigir derechos, gestionar recursos y promover proyectos que aborden determinantes sociales de la salud, como el acceso a agua limpia o vivienda digna.

Además, persiste un enfoque fragmentado en la asistencia social, donde los apoyos suelen limitarse a paliar emergencias sin abordar las causas profundas de la vulnerabilidad. La entrega de servicios con perspectiva integral -que combine ayuda material, inclusión social y sostenibilidad- permite transitar de un modelo asistencialista a uno de desarrollo comunitario. Por ejemplo, programas que vinculen la entrega de apoyos económicos con capacitación laboral o acceso a servicios de salud generan oportunidades duraderas para superar la pobreza.

El logro de este objetivo tendría un impacto transformador en múltiples niveles. Para las personas en situación de vulnerabilidad, significaría no solo satisfacer necesidades básicas como la alimentación, sino también adquirir herramientas para mejorar sus condiciones de vida de manera autónoma. La educación nutricional y los alimentos de calidad reducirían problemas como la desnutrición infantil o la obesidad, mientras que el empoderamiento comunitario fortalecería su capacidad para incidir en políticas públicas y acceder a recursos.

A nivel comunitario, se fomentaría la cohesión social mediante procesos participativos que reconozcan la voz de los grupos históricamente marginados. Esto crearía redes de solidaridad local capaces de enfrentar crisis colectivas, desde desastres naturales hasta desigualdades económicas. Para el Estado, representaría un avance hacia el cumplimiento de compromisos internacionales en derechos humanos, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al tiempo que optimizaría recursos al priorizar intervenciones preventivas y no solo reactivas.

En el largo plazo, estas acciones contribuirían a reducir brechas estructurales, construyendo sociedades más justas donde el bienestar no dependa de circunstancias arbitrarias. La combinación de asistencia inmediata con estrategias de desarrollo sostenible no solo alivia el sufrimiento humano, sino que activa el potencial de comunidades enteras para convertirse en protagonistas de su propio progreso. Este enfoque refleja una visión de solidaridad que va más allá de la caridad: es una apuesta por la equidad como pilar del desarrollo nacional.

6.5 Vinculación de los objetivos del Programa Institucional del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 2025-2030

El cumplimiento de los objetivos institucionales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia contribuye directamente al logro de los propósitos planteados en el Programa Sectorial de Salud, generando sinergias que fortalecen la protección social, la inclusión y el bienestar de la población en situación de vulnerabilidad.

En primer lugar, el Objetivo Institucional 1: Garantizar la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se vincula con el Objetivo 1 del Programa Sectorial de Salud: Garantizar el acceso universal a los servicios de salud, a través de la Estrategia 1.2: Garantizar la atención de salud integral y de calidad. La articulación entre ambos objetivos permite asegurar que la niñez y la adolescencia cuenten con servicios de salud oportunos y de calidad, indispensables para el ejercicio pleno de sus derechos. Asimismo, este objetivo institucional se relaciona con el Objetivo 6 del Programa Sectorial de Salud: Disminuir las brechas de salud y atención para poblaciones prioritarias y vulnerables, mediante la Estrategia 6.7: Fomentar un sistema de atención y cuidados para personas vulnerables, al fortalecer mecanismos de protección especial para niñas, niños y adolescentes en contextos de mayor desventaja.

El Objetivo Institucional 2: Mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, se integra al Objetivo 6 del Programa Sectorial de Salud, también a través de la Estrategia 6.7, al impulsar un modelo de cuidados que atienda de manera focalizada las necesidades específicas de las poblaciones en desventaja. De esta forma, se favorece una atención más equitativa y sensible a la diversidad de condiciones que enfrentan estas personas, con miras a reducir desigualdades estructurales.

En correspondencia, el Objetivo Institucional 3: Contribuir al ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, se articula igualmente con el Objetivo 6 del Programa Sectorial de Salud y con la Estrategia 6.7, al promover un sistema de atención y cuidados incluyente, que elimine barreras estructurales y garantice la igualdad de oportunidades. Esto asegura que las personas con discapacidad tengan acceso a servicios integrales de salud y apoyos que favorezcan su inclusión plena en la sociedad.

El Objetivo Institucional 4: Contribuir a que la población sujeta de asistencia social reduzca su situación de vulnerabilidad, a través del acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; apoyos y servicios de asistencia social, y la participación activa y democrática en el desarrollo comunitario, se alinea con el Objetivo 1 del Programa Sectorial de Salud, específicamente con las Estrategias 1.1: Fortalecer al IMSS-BIENESTAR como principal proveedor de servicios de salud para la población no derechohabiente y 1.2: Garantizar la atención de salud integral y de calidad. Esta vinculación permite que la asistencia alimentaria y social se complemente con el acceso universal a servicios de salud, potenciando así la reducción de vulnerabilidades y la mejora del bienestar comunitario.

De igual forma, este objetivo se relaciona con el Objetivo 4 del Programa Sectorial de Salud: Mejorar la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, mediante las Estrategias 4.1 y 4.2, que impulsan la detección temprana, la prevención y la promoción de la salud en la infancia y adolescencia. Asimismo, se conecta con el Objetivo 6 del Programa Sectorial de Salud, a través de las Estrategias 6.2 y 6.6, que fortalecen la nutrición y desarrollo de la primera infancia, así como la atención específica para la población indígena, afromexicana y migrante, con un enfoque de equidad e inclusión.

En conjunto, estas acciones reflejan la contribución del SNDIF a la consolidación de un sistema nacional de protección social y de salud que reduce brechas, promueve la igualdad de oportunidades y asegura el ejercicio pleno de los derechos humanos. De esta manera, se fortalece el compromiso del Estado mexicano con la justicia social, la inclusión y la protección integral de la población más vulnerable, en plena consonancia con los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por el país.

Objetivos del Programa Institucional del SNDIF 2025-2030	Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2025 - 2030	Estrategias del Programa Sectorial de Salud 2025 - 2030
1. Garantizar la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes	1. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud. 6. Disminuir las brechas de salud y	1.2 Garantizar la atención de salud integral y de calidad. 6.7 Fomentar un sistema de atención y

	atención para poblaciones prioritarias y vulnerables.	cuidados para personas vulnerables a través de estrategias focalizadas según sus condiciones específicas.
2. Mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.	6. Disminuir las brechas de salud y atención para poblaciones prioritarias y vulnerables.	6.7 Fomentar un sistema de atención y cuidados para personas vulnerables a través de estrategias focalizadas según sus condiciones específicas.
3. Contribuir al ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.	6. Disminuir las brechas de salud y atención para poblaciones prioritarias y vulnerables.	6.7 Fomentar un sistema de atención y cuidados para personas vulnerables a través de estrategias focalizadas según sus condiciones específicas.
4. Contribuir a que la población sujeta de asistencia social reduzca su situación de vulnerabilidad, a través del acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; apoyos y servicios de asistencia social, y la participación activa y democrática de la población en el desarrollo comunitario.	1. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud.	1.1 Fortalecer al IMSS-BIENESTAR como el principal proveedor de servicios de salud para la población no derechohabiente, garantizando acceso universal y cobertura en todo el territorio nacional. 1.2 Garantizar la atención de salud integral y de calidad.
	4. Mejorar la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.	4.1 Fortalecer las políticas de salud colectiva que privilegien la detección, prevención de enfermedades y la promoción de la salud para que contribuyan en el bienestar poblacional a través del SNSP. 4.2 Detectar y atender oportunamente los principales problemas de salud que afectan a los niños y las niñas durante la primera infancia y la adolescencia, considerando los determinantes sociales, la interculturalidad y la perspectiva de género para mejorar su bienestar.
	6. Disminuir las brechas de salud y atención para poblaciones prioritarias y vulnerables.	6.2 Mejorar la salud, nutrición y desarrollo de la primera infancia a través del Programa de los 1000 días. 6.6 Establecer las condiciones para mejorar la prestación y transformación de los servicios de salud para y con la población indígena, afromexicana, y población migrante.

7. Estrategias y líneas de acción

Durante varias décadas del periodo neoliberal, el Estado mexicano descuidó la atención de legítimas demandas sociales y abandonó su papel como promotor del desarrollo económico y garante del interés público. Esta omisión provocó un deterioro en las oportunidades y la calidad de vida de la población, sobre todo de aquella que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Como consecuencia, el país experimentó un aumento de la desigualdad, la fragmentación del tejido social y una escalada de violencia e inseguridad.

Por lo anterior, desde 2018 se puso en marcha el Proyecto de Nación del gobierno de la transformación, el cual tiene como eje principal el humanismo mexicano que, en esencia, significa "Por el bien de todos, primero los pobres". El objetivo es lograr la fraternidad universal, la igualdad de oportunidades para todas las personas y una prosperidad compartida. Entre todos debemos construir un México donde la mayor fuerza sea el desarrollo con bienestar para las poblaciones prioritarias y vulnerables.

El desarrollo con bienestar y humanismo es el corazón de la transformación. La meta no es solo reducir la pobreza, sino erradicar las condiciones que la perpetúan. Se fortalecerán los derechos a la salud y bienestar, con una visión donde la equidad y la justicia social sean la base de la acción pública.

En este marco, y derivado de las prioridades planteadas por el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 bajo el lema de Prosperidad Compartida "La prosperidad de una sociedad depende de todos. Y para que haya prosperidad debe ser compartida, por eso, por el bien de todos: primero los pobres", se propone continuar atendiendo a las poblaciones prioritarias o vulnerables a través de diversos tipos de intervención, asociadas a la salud y a la inclusión e integración social de las personas que enfrentan esa situación, la atención en materia de prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad, a la asistencia social alimentaria, a la promoción y al fortalecimiento de la implementación en localidades de alta y muy alta marginación de proyectos comunitarios integrales y el fortalecimiento y desarrollo de conocimiento, habilidades y competencias de los habitantes que contribuyan a mejorar sus condiciones de salud y bienestar comunitario. De igual manera, acciones de vinculación institucional y de profesionalización que contribuyan al bienestar de este grupo de poblaciones.

De esta manera, a través de las estrategias y acciones establecidas en el Programa Institucional del SNDIF 2025-2030 se contribuye al modelo de desarrollo basado en el humanismo mexicano que ha sido establecido en este gobierno, ya que permite mitigar la situación de vulnerabilidad y desamparo en NNA, mujeres y hombres.

Objetivo 1. Garantizar la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Estrategia 1.1 Fortalecer acciones de promoción, protección y prevención de los derechos de niñas, niños y adolescentes para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

Línea de acción

1.1.1 Fortalecer la Red Nacional de Impulsores de la Transformación de los derechos de las NNA, garantizando la participación efectiva y activa de las NNA, mediante la aplicación de encuestas sobre violencia y derechos, que permiten fomentar el ejercicio del liderazgo y la ciudadanía.

1.1.2 Realizar campañas de capacitación en materia de derechos de las NNA, considerando un diagnóstico de necesidades entre personas servidoras públicas y la elaboración de un programa de capacitación especializado, en modalidad "escalonada".

1.1.3 Proporcionar herramientas, competencias, destrezas y habilidades a las niñas, niños y adolescentes con y sin cuidados parentales o en situación de movilidad, de las diversas modalidades de cuidados alternativos, como parte de su desarrollo integral, a través del servicio de acogimiento residencial.

1.1.4 Restituir los derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes, a través del otorgamiento de servicios multidisciplinarios.

Estrategia 1.2 Crear y fortalecer redes de colaboración entre instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil para garantizar una atención integral y oportuna a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Línea de acción

1.2.1 Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales de coordinación y cooperación con entidades federativas, municipios, alcaldías, sectores sociales y organismos internacionales en materia de protección integral de niñas, niños y adolescentes, mediante acciones de monitoreo periódicas.

1.2.2 Impulsar procesos de planeación e implementación de políticas públicas, en colaboración con las Procuradurías de Protección locales, promoviendo esquemas de corresponsabilidad institucional.

Estrategia 1.3 Generar y fortalecer los sistemas de información que permitan monitorear, evaluar y mejorar las políticas públicas en materia de protección de la niñez.

Línea de acción

1.3.1 Brindar acompañamiento técnico a las Procuradurías de Protección locales en el uso e implementación de sistemas, registros y bases de datos desarrollados por la PFPNNA, a través de mesas de ayuda permanentes.

1.3.2 Realizar análisis de contextos, identificación de problemáticas prioritarias y el diseño de estrategias de atención diferenciada dirigidas a niñas, niños y adolescentes, utilizando información proveniente de registros administrativos, sistema especializados y bases de datos desarrollados por la PFPNNA.

Estrategia 1.4 Fomentar acciones que procuren el acceso a la justicia y la restitución integral de derechos de niñas, niños y adolescentes involucrados en procesos judiciales o administrativos donde se diriman situaciones relativas a sus derechos con independencia de la materia.

Línea de acción

1.4.1 Fortalecer las acciones en materia de acceso a la justicia para las NNA, mediante designaciones por parte de personal especializado en procesos judiciales y convenios de colaboración con instituciones como la CEAV.

1.4.2 Impulsar acciones que permitan a las NNA contar con mecanismos efectivos de representación jurídica en suplencia y/o coadyuvante en cualquier procedimiento administrativo o judicial que les involucre, mediante designaciones por parte de personal especializado en procesos judiciales.

1.4.3 Generar procesos de coadyuvancia en materia de conciliación y mediación en situaciones en que se involucre a NNA,

siempre que ello atienda a su interés superior, otorgando atención mediante asesoría especializada y canalización a instituciones como la Defensoría Pública.

1.4.4 Establecer la obligación de las autoridades federales, estatales y municipales de cumplir las medidas de protección especial que se dicten en favor de las NNA, a través del seguimiento a las medidas de protección y solicitud de la ratificación de autoridad jurisdiccional para verificar su cumplimiento.

1.4.5 Facultar a la PFPNNA de las atribuciones necesarias en materia de Centros de Asistencia Social, que le permitan impulsar en todo el país la regulación y vigilancia de los mismos, a través de procedimientos homologados.

1.4.6 Incrementar la coordinación con las Procuradurías de Protección locales, tendientes a regular y supervisar a los Centros de Asistencia Social, mediante mesas de trabajo interinstitucionales, visitas de supervisión y la atención a denuncias de irregularidades y quejas.

1.4.7 Implementar el Modelo Nacional de Cuidados Alternativos, para consolidar un Sistema Nacional de Cuidados Alternativos, con la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, a través de mesas de trabajo para su difusión y ejecución con cada Procuraduría de Protección local.

1.4.8 Promover la obligatoriedad a protocolos y modelos de atención que se emitan desde la PFPNNA, a través de opiniones técnicas legislativas y propuestas de reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

1.4.9 Promover un proceso administrativo único de adopción que permita garantizar el interés superior de NNA susceptibles a la misma, mediante opiniones técnicas legislativas para la creación de la Ley Nacional de Adopciones.

Objetivo 2. Mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.

Estrategia 2.1 Promover el derecho a la salud y la integración social de las personas en situación de vulnerabilidad para contribuir a su bienestar y desarrollo.

Línea de acción

2.1.1 Verificar que la población albergada por las Organizaciones de la Sociedad Civil con las que se firmen convenios de concertación, se encuentre correctamente asistida, a través de acciones de seguimiento.

2.1.2 Brindar atención a personas en situación de vulnerabilidad que sean sujetas de asistencia social a través del apoyo de acogimiento residencial integral.

2.1.3 Impulsar el derecho a la recreación, juego y deporte en espacios abiertos que favorezcan el desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, brindándoles servicios en los Campamentos Recreativos institucionales.

2.1.4 Dar atención a personas sujetas de asistencia social que padecen alguna discapacidad física o motriz a través de apoyos funcionales.

2.1.5 Brindar atención a personas mayores en situación de vulnerabilidad por medio de servicios integrales multi e interdisciplinarios en materia de Gerontología y Geriatría.

Objetivo 3. Contribuir al ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

Estrategia 3.1 Fortalecer la infraestructura y el equipamiento para los servicios de asistencia social y de rehabilitación física y ocupacional dirigidos a las personas que viven con discapacidad con el fin de facilitar su inclusión social.

Línea de acción

3.1.1 Ampliar y modernizar la Red Nacional de Centros y Unidades de Rehabilitación en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

Estrategia 3.2 Reforzar acciones de prevención y detección oportuna de condiciones de salud potencialmente discapacitantes para reducir la incidencia de la discapacidad.

Línea de acción

3.2.1 Disminuir riesgo de secuelas potencialmente discapacitantes y alteraciones en el desarrollo de la primera infancia, vigilando la correcta maduración y adquisición de hitos del desarrollo, a través de campañas de detección extramuros en centros de desarrollo infantil, guarderías y escuelas.

3.2.2 Coadyuvar en el diagnóstico temprano de enfermedades crónico-degenerativas, mediante tamizaje a la población general a través de ofertar tomas de presión arterial, niveles séricos de glucosa en sangre, así como medición de peso y talla.

3.2.3 Promover el envejecimiento saludable, a través de la activación física bajo supervisión médica.

Estrategia 3.3 Impulsar la rehabilitación e inclusión social de personas con discapacidad o en riesgo de desarrollarla, a fin de garantizar el ejercicio pleno y autónomo de sus derechos.

Línea de acción

3.3.1 Reforzar el programa de credencialización de la discapacidad, con el apoyo de los tres niveles de gobierno para ampliar su cobertura y capacitar a los profesionales de la salud en materia de certificación de la discapacidad.

3.3.2 Fomentar la inclusión educativa y la capacitación docente en materia de discapacidad, a través de la coordinación con instituciones educativas del Sistema Educativo Nacional y la actualización del personal que participa en la formación de médicos especialistas y fisioterapeutas.

3.3.3 Vincular a personas con discapacidad a programas de capacitación para el empleo e inserción laboral, a través de los servicios de capacitación técnica que otorgan instituciones públicas y la Red de Vinculación Laboral de la STyPS.

3.3.4 Facilitar la inclusión deportiva de personas con discapacidad, a través de la vinculación con instituciones afines.

3.3.5 Fortalecer los servicios de rehabilitación integral para favorecer la rehabilitación de las personas con discapacidad o en riesgo de desarrollarla, a través de la capacitación y/o actualización de los profesionales de la salud en sus áreas de especialización.

Estrategia 3.4 Impulsar acciones complementarias que contribuyan al bienestar de las personas con discapacidad.

Línea de acción

3.4.1 Apoyar la construcción, remodelación o reequipamiento de Centros y Unidades de Rehabilitación, con el apoyo de los tres órdenes de gobierno y los sectores privado y social.

3.4.2 Contribuir en la generación de capital humano para atender la escasez de profesionales de la salud, a través de la formación de médicos especialistas en rehabilitación y licenciados en terapia física y ocupacional.

Objetivo 4. Contribuir a que la población sujeta de asistencia social reduzca su situación de vulnerabilidad, a través del acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; apoyos y servicios de asistencia social, y la participación activa y democrática de la población en el desarrollo comunitario.

Estrategia 4.1 Favorecer un estado de nutrición adecuado de las personas en situación de vulnerabilidad, complementando su dieta, mediante la entrega de alimentos nutritivos e inocuos, acompañados de acciones de orientación y educación alimentaria para contribuir a su derecho a la alimentación.

Línea de acción

4.1.1 Promover el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos a la población de atención prioritaria, que asiste a planteles públicos del Sistema Educativo Nacional, mediante la entrega de alimentos que cumplen con criterios de calidad nutricia e inocuidad.

4.1.2 Contribuir a un estado nutricional adecuado de las niñas y los niños en sus primeros 1,000 días, a través de la entrega de raciones alimenticias o canastas nutritivas.

4.1.3 Favorecer el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos a las personas en situación de vulnerabilidad, a través de la entrega de alimentos con criterios de calidad nutricia, en contribución al ejercicio del derecho a la alimentación.

4.1.4 Favorecer el acceso de las personas en condición de emergencia o desastre, a alimentos inocuos y nutritivos, a través de apoyos alimentarios temporales, diseñados con base en criterios de calidad nutricia.

4.1.5 Incidir en hábitos alimentarios saludables que contribuyan a un estado de nutrición adecuado de la población, por medio de la incorporación de acciones integrales de orientación y educación alimentaria, a nivel nacional.

4.1.6 Asegurar que la entrega de alimentos se efectúe bajo mecanismos que garanticen la calidad e inocuidad de los insumos, con el fin de prevenir algún riesgo a la salud de las personas vulnerables.

4.1.7 Incentivar la incorporación en la dieta de alimentos nutritivos y variados a través de la promoción de la difusión y explicación del uso del Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible en cada una de las comidas.

4.1.8 Fomentar la educación nutricional, la lactancia materna y prácticas adecuadas de cuidado, higiene y estimulación temprana, para el correcto desarrollo, a través de la implementación a nivel nacional del Programa de Atención Alimentaria en los Primeros 1000 días.

4.1.9 Incentivar la capacitación a grupos de desarrollo comunitario en materia de alimentación adecuada y/o lactancia materna, inocuidad de los alimentos, entre otras para impulsar trabajos enfocados en mejorar los determinantes sociales de la salud, a través de los programas alimentarios de la EIASADC.

4.1.10 Implementar acciones que promuevan la evaluación del Estado Nutricional de la población vulnerable para identificar factores de riesgo y tomar acciones preventivas que lleven a garantizar una vida saludable, mediante estrategias interinstitucionales en los tres niveles de gobierno, a nivel nacional.

Estrategia 4.2 Fomentar la organización y participación social de forma democrática e inclusiva, mediante el desarrollo de capacidades y proyectos que permitan el empoderamiento de las comunidades para enfrentar y superar los determinantes sociales de la salud.

Línea de acción

4.2.1 Promover la formación de comunidades autogestoras, a través de Grupos de Desarrollo, mediante la implementación de proyectos comunitarios sociales o productivos y/o la impartición de capacitaciones.

4.2.2 Implementar el Modelo para el Bienestar Comunitario mediante la conformación de Grupos de Desarrollo Comunitario.

Línea de acción

4.2.3 Fortalecer competencias del personal a través de capacitación continua, a fin de proporcionar herramientas para la gestión de proyectos y bienestar de comunidades.

4.2.4 Promover mecanismos de vigilancia ciudadana mediante la conformación de Comités de Vigilancia para que los integrantes del Grupo de Desarrollo y/o personas verifiquen la recepción de apoyos y ejecución de los proyectos de desarrollo comunitario.

4.2.5 Conocer la percepción de los Grupos de Desarrollo sobre los determinantes sociales de la salud en su entorno, para identificar áreas de mejora y fortalecer las acciones comunitarias, por medio de la aplicación de diagnósticos participativos y programas de trabajo comunitario, a nivel nacional.

4.2.6 Fortalecer el bienestar de la población de las localidades, barrios y zonas de atención prioritaria, a través de una red de servicios que promueva la autonomía, la economía, la educación, el deporte y la cultura.

Estrategia 4.3 Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables, mediante la entrega de apoyos y servicios con un enfoque integral que combina inclusión social, protección de derechos y promoción del desarrollo sostenible, para mitigar las carencias y coadyuvar en sus derechos sociales.

Línea de acción

4.3.1 Promover la atención en niñas, niños, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, población indígena, personas en situación de movilidad y otras comunidades históricamente excluidas mediante servicios que mitiguen las carencias y promuevan la inclusión.

4.3.2 Promover un envejecimiento activo y saludable, así como la inclusión plena de las personas con discapacidad, mediante actividades socio-recreativas, atención interdisciplinaria y programas de capacitación integral sobre envejecimiento saludable y derechos de las personas con discapacidad.

4.3.3 Brindar atención a niñas y niños de 45 días a 5 años 11 meses, hijas e hijos de madres trabajadoras de escasos recursos y a familias en situación de marginación, mediante apoyos y servicios que favorezcan el desarrollo de los menores, así como la participación activa y responsable de la familia.

4.3.4 Promover el desarrollo de las capacidades institucionales de respuesta de los gobiernos estatales y municipales, a través de mecanismos de coordinación para realizar acciones de prevención, previsión, atención y recuperación respecto de situaciones de emergencia o desastre, natural o antropogénico.

4.3.5 Mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, mediante apoyos y servicios que favorezcan sus condiciones de vida.

4.3.6 Dar atención a niñas, niños y adolescentes mediante el fortalecimiento de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, órganos equivalentes y centros de asistencia social.

4.3.7 Favorecer la creación de un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados mediante de acciones de colaboración y coordinación interinstitucional, así como estrategias de cambio cultural que promuevan la corresponsabilidad en torno al cuidado a nivel nacional.

4.3.8 Fomentar el aumento de la capacidad instalada en materia de cuidados mediante apoyos para la construcción de centros de cuidado para infancias, personas mayores con dependencia y personas con discapacidad a nivel estatal.

8. Indicadores y metas

Para garantizar la eficacia del Programa y asegurar que las acciones emprendidas se traduzcan en resultados concretos, es indispensable contar con mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan monitorear su avance, impacto y áreas de mejora. En este sentido, el Programa incorpora indicadores estratégicos de seguimiento, diseñados para medir de manera objetiva y periódica el grado de cumplimiento de cada objetivo planteado.

Estos indicadores cumplen con criterios de pertinencia, verificabilidad, sensibilidad al cambio y alineación con los principios del humanismo mexicano y del modelo del segundo piso de la transformación. Además, su diseño busca visibilizar avances en la atención a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, así como retroalimentar la toma de decisiones institucionales. A través del monitoreo de estos indicadores, se generará evidencia útil para fortalecer las políticas públicas de protección, mejorar la articulación interinstitucional, y promover una rendición de cuentas clara, ética y centrada en resultados que incidan directamente en el bienestar de la población en situación de vulnerabilidad que se encuentra en el país.

Indicador 1.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR
Nombre	NNA atendidos por razones jurídicas o de protección
Objetivo	Garantizar la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Definición o descripción	Número de niñas, niños y adolescentes que reciben asistencia, asesoría, orientación o representación jurídica por parte de la Procuraduría Federal de Protección, debido a: (1) la vulneración de sus derechos; (2) su participación en procedimientos administrativos o judiciales; o (3) la existencia de reportes de maltrato infantil recibidos por cualquier medio.
Derecho asociado	Derecho a la protección integral (Art 13, LGDNNA) ; derecho a la prioridad (Art. 11, LGDNNA); derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral (Art. 14, LGDNNA); derecho a la asistencia y representación jurídica (Art.74, LGDNNA); derecho a no ser discriminado y a recibir protección especial si se encuentra en condiciones de vulnerabilidad (Art.9 y Art.14, LGDNNA); derecho a ser escuchado (Art.18, LGDNNA).
Nivel de desagregación			Periodicidad o frecuencia de medición		Anual
	- Geográfica: Nacional, regional y entidad federativa.
	- Edad
	- Sexo
	- Nacionalidad
	- Pertenencia étnica: Indígenas o afromexicanos
	- Condición de movilidad
	- Motivo de atención (procedimiento judicial, vulneración de derechos, maltrato, etc.)
Acumulado o periódico	Periódico		Disponibilidad de la información		Enero del año siguiente
Unidad de medida	Personas (niñas, niños y adolescentes)		Periodo de recolección de los datos		Enero a diciembre
Tendencia esperada	Ascendente		Unidad responsable de reportar el avance		NHK - SNDIF
Método de cálculo	NNA atendidos en el período por causas jurídicas o de protección
Observaciones	Este es un indicador de tipo absoluto, no requiere denominador. También es un indicador de resultado, pues refleja el efecto inmediato de la intervención institucional sobre una población específica.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.
Nombre variable 1	NNA atendidos por razones jurídicas o de protección	Valor variable 1	9,000		Fuente de información variable 1	Base de datos institucional de la Procuraduría Federal de Protección, informes de gestión y plataformas de seguimiento.
Sustitución en método de cálculo	9,000
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base			Nota sobre la línea base
Valor	9,000		NA
Año	2024
Meta 2030			Nota sobre la meta 2030
Incremento del 20 % respecto la meta alcanzada el año previo			Se establecerá de acuerdo con el comportamiento histórico del indicador
SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
Se deberán registrar los valores de acuerdo a la frecuencia de medición del indicador.
Pude registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ND	ND	ND	ND	ND	ND	9000
METAS
Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.
2025	2026	2027		2028	2029	2030

9,000

10,800

12,960

15,552

18,,662

22,395

Indicador 1.2

ELEMENTOS DEL INDICADOR
Nombre	Porcentaje de servicios otorgados en los Centros de Asistencia Social a Niñas, Niños y Adolescentes del SNDIF y Establecimiento de Asistencia para niñez acompañada, no acompañada y separada en contexto de movilidad humana Huixtla, Chiapas
Objetivo	Garantizar la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
Definición o descripción	El indicador muestra el porcentaje de servicios que fueron otorgados a Niñas, Niños y Adolescentes sujetos de asistencia social y en contexto de movilidad humana, respecto al número de servicios que se programaron realizar en el periodo.
Derecho asociado	Ley General de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes
Nivel de desagregación	Niñas y niños entre 0 y 11 años. Adolescentes de 12 hasta los 17 años. Nacional		Periodicidad o frecuencia de medición			Anual
Acumulado o periódico	Periódico		Disponibilidad de la información			Enero del año siguiente
Unidad de medida	Porcentaje		Periodo de recolección de los datos			Enero a diciembre
Tendencia esperada	Ascendente		Unidad responsable de reportar el avance			NHK - SNDIF
Método de cálculo	(Número de servicios otorgados en los Centros de Asistencia Social a Niñas, Niños y Adolescentes en Establecimiento de Asistencia para niñez acompañada, no acompañada y separada en contexto de movilidad humana Huixtla, Chiapas en el periodo t / Número de servicios programados a otorgar a Niñas, Niños y Adolescentes en situación de riesgo en los Centros de Asistencia Social y Establecimiento de Asistencia para niñez acompañada, no acompañada y separada en contexto de movilidad humana Huixtla, Chiapas en el periodo t) * 100
Observaciones
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.
Nombre variable 1	Número de servicios otorgados	Valor variable 1	1,075,603			Fuente de información variable 1	Reporte de metas de la Dirección de Centros de Asistencia Social de NNA
Nombre variable 2	Número de servicios programados	Valor variable 2	1,143,234			Fuente de información variable 2	Programación de metas de la Dirección de Centros de Asistencia Social de NNA
Sustitución en método de cálculo	[(1,075,603/1,143,234) *100]=94.08%
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base				Nota sobre la línea base
Valor	94.08 %
Año	2024
Meta 2030				Nota sobre la meta 2030
				Dependerá de las condiciones de infraestructura y el presupuesto
SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR Se deberán registrar los valores de acuerdo a la frecuencia de medición del indicador. Pude registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.
2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024
ND	ND	ND	ND		ND	ND	94.08 %
METAS Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.
2025	2026	2027			2028	2029	2030
100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	100 %

Indicador 2.1

	Servicios de asistencia social otorgados a personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad en centros gerontológicos.
Derecho asociado	Derechos de las Personas con Discapacidad, Derecho a la Asistencia Social, Derechos de las Personas Adultas Mayores y Derecho a la recreación
Nivel de desagregación	Servicios otorgados a personas vulnerables por carencias sociales a nivel Nacional		Periodicidad o frecuencia de medición		Anual
Acumulado o periódico	Periódico		Disponibilidad de la información		Enero del año siguiente
Unidad de medida	Servicios		Periodo de recolección de los datos		Enero a diciembre
Tendencia esperada	Ascendente		Unidad responsable de reportar el avance		NHK - SNDIF
Método de cálculo	Resultado de la sumatoria del número de servicios de acogimiento residencial + Número de servicios otorgados a los visitantes en los 7 campamentos recreativos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia + Número de servicios otorgados a las personas adultas mayores de 60 años y más en los Centros Gerontológicos
Observaciones
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.
Nombre variable 1	Número de servicios otorgados de acogimiento residencial	Valor variable 1	3,392		Fuente de información variable 1	Reporte de metas de la Dirección de Servicios Asistenciales
Nombre variable 2	Número de servicios otorgados a los visitantes en los 7 campamentos recreativos	Valor variable 2	162,521		Fuente de información variable 2	Reporte de metas de la Dirección de Centros Gerontológicos y Campamentos Recreativos
Nombre variable 3	Número de servicios otorgados a las personas adultas mayores de 60 años y más en los Centros Gerontológicos		913,123			Reporte de metas de la Dirección de Centros Gerontológicos y Campamentos Recreativos
Sustitución en método de cálculo	3,3392+162,521+913,123 = 1,079,036
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base			Nota sobre la línea base
Valor	1,079,036
Año	2023
Meta 2030			Nota sobre la meta 2030
			Dependerá de las condiciones de infraestructura y el presupuesto
SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR Se deberán registrar los valores de acuerdo a la frecuencia de medición del indicador. Pude registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
NA	NA	NA	NA	NA	1,079,036	961,557
METAS Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.
2025	2026	2027		2028	2029	2030
1,178,624	1,172,731	1,172,731		1,172,731	1,172,731	1,172,731

Indicador 3.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

Porcentaje de servicios de prevención, rehabilitación e inclusión otorgados a personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla a nivel nacional.

Objetivo

Contribuir al ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad

Definición o
descripción

El indicador muestra el porcentaje de servicios de prevención, rehabilitación e inclusión que se otorgaron a las personas con discapacidad o en riesgo potencial de desarrollarla que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por carencias sociales, respecto al total de servicios que fueron solicitados en el periodo.

Derecho
asociado

Derecho a la salud (asistencia social).

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Acumulado o
periódico

Acumulado

Disponibilidad de la
información

Enero del siguiente año

Unidad de
medida

Porcentaje

Periodo de
recolección de los
datos

Enero-Diciembre

Tendencia
esperada

Ascendente

Unidad responsable
de reportar el avance

NHK - SNDIF

Método de
cálculo

(Número de servicios de prevención, rehabilitación e inclusión otorgados a personas con discapacidad o en riesgo
potencial de presentarla / Total de demanda de servicios) x 100

Observaciones

En la variable 1. Servicios de prevención, rehabilitación e inclusión, están incluidas las consultas médicas, paramédicas, terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, órtesis, prótesis, platicas de prevención y detección, estimulación múltiple temprana.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.

Nombre variable
1

Número de servicios
de prevención,
rehabilitación e
inclusión otorgados
a personas con
discapacidad o en
riesgo potencial de
presentarla

Valor variable 1

1,451,006

Fuente de
información
variable 1

Plantillas Estadísticas del
Sistema de Información de
Servicios Prestados

Nombre variable
2

Total de demanda
de servicios

Valor variable 2

10,157,300

Fuente de
información
variable 2

Sistema de Reporte, Monitoreo
y Evaluación de Indicadores
Presupuestales

Sustitución en
método de
cálculo

(1,451,006/10,157,300) * 100 = 14.3 %

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

14.3 %

Año

2024

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

97.9%

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

Se deberán registrar los valores de acuerdo a la frecuencia de medición del indicador.

Pude registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

14.3 %

METAS

Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.

2025

2026

2027

2028

2029

2030

28.0 %

41.9 %

55.9 %

69.9 %

83.9 %

97.9 %

Indicador 4.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR
Nombre	Proporción de población con tres o más carencias sociales en municipios de alta y muy alta marginación.
Objetivo	Contribuir a que la población sujeta de asistencia social reduzca su situación de vulnerabilidad, a través del acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; apoyos y servicios de asistencia social, y la participación activa y democrática de la población en el desarrollo comunitario.
Definición o descripción	El indicador mide la proporción de la población total en municipios de alta y muy alta marginación que cuenta con tres o más carencias sociales.
Derecho asociado	Derecho a la alimentación, Derecho a la salud, Derecho a la seguridad social y Derecho a la educación.
Nivel de desagregación	Nacional		Periodicidad o frecuencia de medición	Quinquenal
Acumulado o periódico	Periódico, Carencias sociales y grados de marginación		Disponibilidad de la información	Diciembre del año siguiente a los levantamientos nacionales de información
Unidad de medida	Porcentaje		Periodo de recolección de los datos	Quinquenal
Tendencia esperada	Descendente		Unidad responsable de reportar el avance	NHK - SNDIF
Método de cálculo	(Total de población con tres o más carencias sociales en municipios de alta y muy alta marginación dividido / Total de población en municipios de alta y muy alta marginación) por 100
Observaciones
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.
Nombre variable	Total de población con	Valor variable 1	6,690,451	Fuente de	1.Medición de la

1	tres o más carencias sociales en municipios de alta y muy alta marginación				información variable 1		pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010-2020 Indicadores de pobreza por municipio. CONEVAL. 2. Ídice de Marginación 2020, CONAPO.
Nombre variable 2	población en municipios de alta y muy alta marginación	Valor variable 2	11,822,238		Fuente de información variable 2		1.Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010-2020 Indicadores de pobreza por municipio. CONEVAL. 2. Índice de Marginación 2020, CONAPO.
Sustitución en método de cálculo	(6,690,451 / 11,822,238)*100
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base			Nota sobre la línea base
Valor	56.59		Los datos más recientes disponibles para el cálculo de la línea base son del año 2020.
Año	2020
Meta 2030			Nota sobre la meta 2030
50.5			La meta depende de múltiples factores sociales y la disponibilidad de información nacional para su cálculo.
SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR Se deberán registrar los valores de acuerdo con la frecuencia de medición del indicador. Pude registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.
2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024
NA	NA	56.59	NA	NA		NA	NA
METAS Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.
2025	2026	2027		2028		2029	2030
53.20	NA	NA		NA		NA	50.5

9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa

SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Se expide en la Ciudad de México, el 17 de septiembre de 2025.- Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Mtra. María del Rocío García Pérez.- Rúbrica.