PROGRAMA Sectorial de Gobernación 2025-2030.

PROGRAMA SECTORIAL DE GOBERNACIÓN 2025-2030

1. Índice

2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa

3. Siglas y acrónimos

4. Fundamento normativo

5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo

6. Objetivos

6.1 Relevancia del objetivo 1: Consolidar una gobernanza democrática que responda a las demandas ciudadanas y fomente la participación informada de la sociedad.

6.2 Relevancia del objetivo 2: Fortalecer la coordinación interinstitucional y la participación social para la construcción de paz en las diferentes regiones del país.

6.3 Relevancia del objetivo 3: Dirigir una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades, el acceso universal a la justicia y la no discriminación.

6.4 Relevancia del objetivo 4: Reducir las brechas de desigualdad social y demográfica que afectan a la población, mediante políticas públicas con perspectiva de género, diversidad, curso de vida, intercultural e interseccional.

6.5 Relevancia del objetivo 5. Implementar una política migratoria integral, que promueva una movilidad ordenada, segura y regular, apegada al reconocimiento y protección de los derechos humanos de las personas migrantes, con especial atención en aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

6.6 Relevancia del objetivo 6: Mejorar la eficacia de la gestión pública y la gobernanza democrática en los municipios del país para reducir las brechas de desarrollo regional.

6.7 Vinculación de los objetivos del Programa Sectorial de Gobernación 2025-2030

7. Estrategias y líneas de acción

8. Indicadores y metas

2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa

La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio respectivo.

3. Siglas y acrónimos

APF: Administración Pública Federal

CNBP: Comisión Nacional de Búsqueda de Personas

CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos

COMAR: Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

CONAPO: Consejo Nacional de Población

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

CURP: Clave Única de Registro de Población

DOF: Diario Oficial de la Federación

ENADIS: Encuesta Nacional sobre Discriminación

ENCUCI: Encuesta Nacional de Cultura Cívica

ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INM: Instituto Nacional de Migración.

OIT Organización Internacional del Trabajo

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030

PSG: Programa Sectorial de Gobernación

RENAPO: Registro Nacional de Población e Identidad

STCONAPO: Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Población

TFCyA: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

4. Fundamento normativo

El artículo 26, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) ordena al Estado organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Conforme a este mandato, la Ley de Planeación establece, en su artículo 16 fracciones III y IV, que los programas de la Administración Pública Federal (APF) deberán sujetarse al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y que las dependencias deben elaborar sus correspondientes programas sectoriales para asegurar la congruencia con dicho Plan.

El Programa Sectorial de Gobernación (PSG) 2025-2030 se erige sobre el marco de derechos humanos garantizado por la CPEUM. Su fundamento constitucional directo es el Artículo 1o., el cual, además de proscribir toda forma de discriminación, establece el principio pro-persona como mandato para que toda autoridad interprete las normas otorgando la protección más amplia a los derechos de las personas. Los objetivos y estrategias aquí planteados se vinculan directamente con la protección de derechos fundamentales previstos en nuestra carta magna, entre los que destacan:

· Las libertades de expresión, de prensa, de asociación y de reunión pacífica (artículos 6o., 7o. y 9o.).

· Los derechos de petición y de participación ciudadana en los asuntos públicos (artículos 8o. y 35).

· El derecho a la identidad, a la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, y los derechos de niñas, niños y adolescentes (artículo 4o.).

· El derecho al acceso a una justicia pronta, completa e imparcial (artículo 17).

· Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a su libre determinación y autonomía (artículo 2o.).

· El derecho a la movilidad humana, al asilo y al reconocimiento de la condición de refugiado (artículo 11).

· La libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión (artículo 24).

Asimismo, el Programa asume y hace efectivos diversos compromisos internacionales del Estado Mexicano, en congruencia con instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Se atienden también las obligaciones emanadas de convenciones específicas para la protección de grupos de atención prioritaria, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En materia de movilidad humana, se consideran los objetivos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y del Pacto Mundial sobre los Refugiados.

Conforme a lo establecido en los artículos 9o. y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) es la dependencia responsable de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del presente Programa. Para su formulación, se atendió lo dispuesto en los Criterios para la Gestión, Evaluación y Actualización de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y la guía correspondiente, asegurando su plena alineación con los ejes y objetivos del PND 2025-2030 para contribuir a la transformación del país.

5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo

Con la llegada de los gobiernos de la Cuarta Transformación, la política interior del país se transformó con base en el modelo del humanismo mexicano, que coloca en el centro de la acción gubernamental a las personas, especialmente a las pobres y a las marginadas. Se privilegió el diálogo y la concertación para la atención de las demandas ciudadanas y la resolución de conflictos, así como la colaboración con todos los sectores de la sociedad.

La conducción de la política interior del país garantiza la gobernabilidad democrática y el cumplimiento de los preceptos constitucionales, para construir consensos y fortalecer las instituciones democráticas, con esto se busca un gobierno que garantice la paz y la seguridad para todas y todos los mexicanos.

Mediante un enfoque de justicia restaurativa se crearon espacios para garantizar el acceso a la verdad por violaciones a los derechos humanos por hechos del pasado y se fortaleció la política de protección y garantía de los derechos humanos, así como las acciones para combatir la discriminación y el racismo.

En este segundo piso de la Cuarta Transformación, la Secretaría de Gobernación prioriza en su actuar la construcción de paz y el fomento de la participación ciudadana, elementos centrales para fortalecer la gobernabilidad y lograr una gobernanza efectiva, condiciones fundamentales para el desarrollo económico sostenido y el bienestar social.

Un entorno de gobernabilidad democrática disminuye la incertidumbre, atrae inversión al garantizar el Estado de Derecho y facilita la implementación efectiva de políticas públicas.

A su vez, una gobernanza fuerte garantiza la asignación eficiente de recursos, la provisión de servicios públicos de calidad, la participación y cohesión social, elementos cruciales para mejorar la calidad de vida de la población y fomentar un crecimiento económico inclusivo y sostenible.

Así, el Programa Sectorial de Gobernación 2025-2030 se erige como un instrumento de planeación nacional que contribuye a la estabilidad política del país, la cohesión del pacto federal, así como a la ejecución coordinada y eficaz del conjunto de las políticas públicas, no sólo de la Secretaría de Gobernación sino del conjunto de la Administración Pública Federal (APF), lo que constituye un soporte esencial para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

Presentamos a continuación el PSG, que se encuentra integrado por seis objetivos, conforme a lo siguiente:

Rescate de la Confianza y Fortalecimiento del Estado

El modelo de gobernanza implementado durante el periodo neoliberal en México (1982-2018) se caracterizó por un distanciamiento del Estado frente a las necesidades ciudadanas y su responsabilidad como promotor del desarrollo. Esta falta de atención a las demandas sociales resultó en un menoscabo de las oportunidades y el bienestar de la población, a la vez que propició un entorno de corrupción sistémica y erosión de la confianza institucional. Las consecuencias directas fueron mayor desigualdad, ruptura del tejido social e incremento de la inseguridad y la violencia.

Esta situación se tradujo en una desconfianza creciente hacia el desempeño de los gobiernos electos y las instituciones públicas, condiciones que atentaron contra la gobernanza del país, toda vez que las autoridades fueron incapaces de hacerse responsables de atender las demandas de la población.

Durante las tres primeras administraciones del Gobierno federal en el siglo XXI, los mecanismos de atención de los conflictos sociales y participación ciudadana implementados, fueron rebasados por la creciente demanda de una sociedad cada vez más exigente de justicia a sus reclamos, lo cual exhibió la deficiente capacidad de respuesta gubernamental ante la complejidad de las dinámicas sociales.

Una de las principales manifestaciones de esta brecha es la gestión de la conflictividad social. En los últimos años se ha observado una diversificación de temas y una fragmentación de actores en la protesta. Si bien persisten demandas históricas (tierra, trabajo, derechos indígenas), han cobrado gran visibilidad movimientos con agendas específicas como el feminismo y los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Por ello, es crucial dar seguimiento tanto a los conflictos emergentes como a los ya arraigados, caracterizados por ciclos de violencia y pérdida de legitimidad institucional.

Sin embargo, el diálogo es insuficiente si la ciudadanía percibe que el sistema de justicia, encargado de garantizar sus derechos, es ineficaz y corrupto. Para asegurar un sistema eficaz, accesible y equitativo, es fundamental eliminar la corrupción y la influencia de grupos de poder en el Poder Judicial. Como prioridad de la presente administración, se impulsa una reforma judicial centrada en la elección popular de jueces, magistrados y ministros, con el propósito de separar el poder económico de la función judicial y fortalecer su independencia.

Esta crisis de confianza se evidencia en los datos. Según la ENVIPE 2024(1), se estima que ocurrieron 31.3 millones de delitos, de los cuales solo el 10.4% se denunció. De estos, únicamente en el 68.0% se abrió una carpeta de investigación, lo que implica que el 92.9% de los delitos no se investigaron, fenómeno conocido como 'cifra negra'. La misma encuesta reporta que jueces, policías y fiscalías mantienen bajos niveles de confianza, lo que denota la profunda brecha entre el pueblo y las autoridades. Por ello, se requiere fortalecer la coordinación con el Sistema de Justicia Penal para eliminar restricciones en el acceso a la justicia y revertir la mala percepción sobre sus operadores.

El sistema de impartición de justicia para las personas trabajadoras al servicio del Estado enfrenta importantes desafíos en su capacidad institucional. Una manifestación de ello es el considerable rezago procesal a cargo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA). Este escenario se explica, en parte, por una normatividad que requiere actualización y por procesos que presentan áreas de oportunidad para garantizar la plena protección de los derechos laborales, lo que ha derivado en un número significativo de litigios por despidos y otras controversias. Aunque en 2024 el TFCyA reportó que concluyó 11,399 asuntos, la carga de trabajo heredada provocó que el año 2025 iniciara con 37,701 expedientes activos en materia de justicia laboral.

A esta carga procesal se suma la responsabilidad del TFCyA en la gestión administrativa de 212 organizaciones sindicales. En este rubro, también se observa un déficit operativo, iniciando 2025 con un rezago de 875 expedientes relacionados con promociones y solicitudes de registro(2). Ambos rezagos, el judicial y el administrativo, sobrecargan la capacidad del Tribunal y postergan la certeza jurídica para miles de trabajadores y sus organizaciones.

Para hacer frente a esta situación crítica, se implementará una estrategia de reingeniería institucional enfocada en dos ejes: la modernización tecnológica para la digitalización de expedientes y la implementación de un sistema de conciliación virtual que agilice la resolución de conflictos.

Adicionalmente, se reconoce la necesidad de incorporar un análisis con perspectiva de género en futuros diagnósticos. Si bien hasta 2024 no se habían documentado sistemáticamente las brechas estructurales en este ámbito, es imperativo realizar estudios focalizados para identificar y atender posibles desigualdades en el acceso a la justicia laboral para las mujeres al servicio del Estado.

El fortalecimiento del Estado de Derecho requiere no solo sistemas de justicia eficaces, sino también un andamiaje jurídico robusto y un entorno mediático que opere con apego a la legalidad. Aunque en años recientes se han aprobado reformas constitucionales prioritarias (alimentación, medio ambiente, salud, derechos indígenas), muchas requieren aún desarrollo en legislación secundaria o armonización estatal. Además, la adecuada integración de normas internacionales y la atención a nuevos retos jurídicos -como la transición energética o el acceso a la justicia para grupos vulnerables- demandan una coordinación técnica y política eficaz.

Además, la Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación de la Secretaría de Gobernación tiene la responsabilidad de vigilar que los concesionarios de radio y televisión (un universo de 3,204 concesiones de radio(3) y 8 cadenas nacionales(4).) cumplan sus obligaciones legales. El PSG 2025-2030 fortalecerá el monitoreo para asegurar el apego a la legalidad, pilar del Estado de Derecho. Adicionalmente, y en congruencia con este principio, se velará por que el modelo de comunicación política del Gobierno se implemente con eficiencia, transparencia y en línea con la política de austeridad republicana.

Para articular todos estos frentes, la Secretaría de Gobernación fungirá como órgano vinculante del Ejecutivo con el Poder Legislativo. Coordinará acciones estratégicas con el Congreso de la Unión y los congresos estatales para impulsar iniciativas, construir acuerdos parlamentarios viables y facilitar la armonización de las normas jurídicas del Estado Mexicano, siempre con pleno respeto a la división de poderes.

En este marco, el Programa Sectorial de Gobernación (PSG) 2025-2030 busca atender los desafíos que limitan la capacidad del Estado para garantizar el desarrollo, la justicia y el bienestar de la población. Para ello, establece el Objetivo 1: Consolidar una gobernanza democrática que responda a las demandas ciudadanas y fomente la participación informada de la sociedad. Este se alcanzará mediante políticas públicas enfocadas en gestionar la conflictividad social de forma democrática y en fortalecer el Estado de Derecho.

Construcción de paz con participación ciudadana

Uno de los desafíos centrales para el desarrollo nacional es la persistencia de la violencia y la conflictividad social en algunas zonas del país. Esta problemática, que impide el desarrollo y el bienestar de las comunidades, es resultado de factores estructurales, institucionales y socioculturales configurados a lo largo de décadas y representa un obstáculo directo para la consolidación del modelo de desarrollo del Segundo piso de la Cuarta Transformación, que sitúa a las personas y su bienestar en el centro de la acción pública.

Las raíces de este desafío son profundas. Durante la etapa neoliberal, el Estado Mexicano modificó su papel en la sociedad, transitando de un rol protector del interés público a uno enfocado en la promoción del libre mercado. Esto generó consecuencias como la consolidación de desigualdades sociales, la marginación de amplios sectores de la población y el abandono de la seguridad social.

La nueva relación del Estado con la sociedad derivó en el incremento de la violación de derechos humanos, la pérdida de valores cívicos y la disminución de la confianza en las instituciones ante la corrupción gubernamental. Los asuntos públicos fueron concentrados en una minoría, mientras la democracia se restringía a los procesos electorales, excluyendo a la población de la toma de decisiones.

Hoy, esta herencia histórica se refleja en una compleja crisis de participación y confianza. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Cultura Cívica (ENCUCI 2020)(5), aunque el 69.2% de la población considera que para gobernar un país es necesario que todos participen, solo el 34.8% cree que sus opiniones son tomadas en cuenta. Esta desconexión se explica no solo por barreras institucionales, sino también por una insuficiente preparación cívica: apenas el 27.7% de la población de 15 años y más considera tener los conocimientos para participar, y el 29.6% de quienes no lo hacen señalan como principal motivo la falta de información (ENCUCI 2020).

En lo que respecta a la confianza institucional, pilar fundamental para la construcción de paz, el panorama es complejo. Si bien se registra un avance importante en la confianza hacia el Gobierno Federal, que pasó de 25.5% en 2017 a 59.1% en 2023, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2023)(6) revela brechas significativas con los otros órdenes de gobierno: la confianza en los gobiernos estatales es de 48.2% y en los municipales de 49.9%. Estas disparidades pueden interpretarse como un indicio de fragmentación en la acción del Estado y limitan la disposición social a involucrarse, especialmente cuando las autoridades locales son percibidas como ineficaces o poco transparentes.

Esta crisis afecta con mayor agudeza a los pueblos indígenas y afromexicanos, quienes enfrentan condiciones persistentes de exclusión. Según la ENADIS 2022(7), el 38.5% de la población indígena considera que sus derechos son poco respetados y el 24.3% reportó haber sufrido discriminación. Esta exclusión estructural se traduce en un acceso desigual a los mecanismos de participación y en una debilidad de los procesos de consulta que deberían garantizarse en todos los proyectos que afecten sus derechos o territorios.

Frente a este panorama, la administración anterior sentó las bases de una nueva estrategia con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, enfocada en atender las causas estructurales de la violencia. Su núcleo fue la coordinación permanente a través del Gabinete de Seguridad y su réplica en las 32 entidades y 266 regiones del país con las Mesas de Paz. Este modelo de coordinación demostró su eficacia: al comparar el primer trimestre de 2018 con el de 2025, se lograron disminuciones significativas en delitos de alto impacto como el homicidio doloso (-28.1%), el secuestro (-63.4%) y los feminicidios (-22.6%)(8).

El análisis de la situación actual demuestra la necesidad de profundizar el modelo de coordinación, complementándolo con una participación social más robusta y efectiva para que la construcción de paz sea sostenible y legítima.

Esta problemática es atendida a través del Objetivo 2 del presente Programa: Fortalecer la coordinación interinstitucional y la participación social para la construcción de paz en las diferentes regiones del país, el cual busca potenciar los avances logrados en la anterior administración para consolidar la construcción de una paz perdurable.

En este segundo piso de la Cuarta Transformación, las Mesas de Paz se adscriben ahora a la Secretaría de Gobernación para robustecer sus capacidades, transitando de un enfoque centrado en la seguridad a uno integral de construcción de paz que fomente la participación social.

Con ello se busca consolidar esquemas de colaboración institucional que generen proximidad social, gobernabilidad democrática y procesos corresponsables de paz territorializada. La intervención reconoce que la desigualdad y la exclusión son catalizadores de la violencia, por lo que el combate a estas brechas, junto con el fortalecimiento del acceso a derechos y la cohesión comunitaria, constituye el núcleo para consolidar una paz justa y duradera.

Dignidad y Derechos al Centro: Estrategia Nacional de Protección y Justicia

De conformidad con el Eje General 1 "Gobernanza con Justicia y Participación Ciudadana" del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, este objetivo atiende la necesidad de construir una sociedad más equitativa mediante el respeto a los derechos humanos y las libertades. Su implementación contribuye al modelo de desarrollo del Segundo Piso de la Transformación, que se fundamenta en los principios del Humanismo Mexicano, como la condena a toda forma de discriminación y el respeto a todas las libertades.

El Objetivo 3.- Dirigir una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades, el acceso universal a la justicia y la no discriminación, se enmarca en la superación de un modelo heredado por los gobiernos neoliberales por el cual, durante décadas, el Estado mexicano abandonó su papel como garante de los derechos humanos y protección de las personas.

Esta omisión se tradujo en insuficiente capacidad y legitimidad del Estado para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el acceso universal a la justicia, lo que perpetúa ciclos de violencia, impunidad y discriminación, afectando de manera desproporcionada a grupos en situación de vulnerabilidad.

Históricamente, el Estado mexicano mantuvo una deuda con las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. La falta de mecanismos efectivos para garantizar su atención integral generó impunidad y perpetuó el sufrimiento de miles de familias. Casos emblemáticos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la violencia política del Estado durante el periodo de 1965 a 1990 ("Guerra Sucia") son muestra de esta problemática, que demanda una acción decidida para romper con las políticas de silencio y encubrimiento.

A partir de 2018, se impulsó la creación de mecanismos como la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ) y se ha dado atención a las víctimas de la violencia del pasado. No obstante, persiste el desafío de consolidar estas acciones y asegurar que la reparación del daño sea una realidad para todas las víctimas.

Esta situación justifica la necesidad de Fortalecer el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, mediante la ampliación de servicios de atención integral, la instalación de mesas interinstitucionales y la instrumentación de los acuerdos de las comisiones de la verdad.

La desaparición de personas es uno de los desafíos más dolorosos para México. Este fenómeno no solo constituye una grave vulneración de derechos, sino que genera un profundo impacto en el tejido social. Antes de 2018, no existía un marco institucional robusto para atender esta crisis. Entre 2018 y 2024 se sentaron las bases para una política de Estado con la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), las 32 Comisiones Locales y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH).

A pesar de estos avances, el reto actual es fortalecer la capacidad operativa, técnica y científica de estas instituciones, optimizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y mejorar la coordinación interinstitucional para garantizar el derecho de las familias a la verdad y la justicia; además se requiere la homologación de protocolos de búsqueda con perspectiva de género para mujeres y niñas desaparecidas.

Para ello es necesario fortalecer las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, a través de la optimización de procesos, la mejora de registros y bases de datos, el fortalecimiento del CNIH y la coordinación con las 32 entidades federativas.

Durante décadas, el Estado desatendió su responsabilidad de proteger a quienes defienden los derechos humanos y ejercen la libertad de expresión, lo que provocó un aumento de las agresiones en su contra. A partir de 2019 se fortaleció el Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con un incremento presupuestal del 311% en el periodo 2019-2024 en comparación con 2012-2018.

Sin embargo, persisten retos estructurales que amenazan la vida, integridad y seguridad de estas personas. Es prioritario reforzar las capacidades institucionales del Mecanismo, dotarlo de personal capacitado en análisis de riesgo con perspectiva de género y diferencial, y fomentar una mayor coordinación con las 32 entidades federativas para la implementación efectiva de medidas de protección.

La discriminación es un problema que reproduce la desigualdad y limita el ejercicio de derechos. Según la ENADIS 2022, el 23.7% de la población adulta reportó haber sufrido discriminación. Este fenómeno impacta con mayor intensidad a ciertos grupos: 37.3% de las personas de la diversidad sexual y de género, 33.8% de las personas con discapacidad, y 28.1% de las mujeres indígenas.

Aunque se ha avanzado en la armonización legislativa y la capacitación, es necesario transitar a un segundo piso que desmantele las prácticas discriminatorias sistémicas y garantice un acceso igualitario a derechos y servicios, mediante la implementación de políticas públicas con enfoque humanista y atención diferenciada. Para ello se propone la implementación de herramientas de política pública, la capacitación de las personas servidoras públicas, la promoción de una cultura de igualdad y la actualización del Sistema Nacional de Información sobre Discriminación.

Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, principalmente en el sur y sureste del país (Chiapas, Oaxaca, Guerrero), enfrentan desafíos históricos relacionados con el despojo de recursos, disputas territoriales y la falta de implementación efectiva de sus derechos. La reciente reforma constitucional que reconoce sus derechos es un avance fundamental, pero requiere de mecanismos institucionales para su plena aplicación.

La solución de estos conflictos es indispensable para la construcción de la paz y la garantía de la seguridad y el bienestar en estas comunidades, favoreciendo los principios de diversidad, pluriculturalidad e interculturalidad. El objetivo 3, plantea estrategias y líneas de acción específicas para instalar mesas de diálogo y conciliación para la transformación positiva de conflictos, a través del desarrollo de mediación con pertinencia cultural, la participación de mediadores con experiencia y la inclusión de mujeres indígenas en dichos procesos.

El sistema de justicia ha priorizado históricamente un enfoque punitivo que no siempre se traduce en justicia social. Existen personas privadas de la libertad por delitos menores, o que actuaron en condiciones de vulnerabilidad extrema, cuya reclusión no representa un beneficio para la sociedad y, en cambio, perpetúa ciclos de marginación. Es necesario priorizar la justicia social sobre el punitivismo, aplicando la Ley de Amnistía y otras medidas no privativas de la libertad para quienes no representan un riesgo social, y desarrollar estrategias efectivas de reinserción social.

Ante este diagnóstico, el PSG 2025-2030 incluye el Objetivo 3. Dirigir una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades, el acceso universal a la justicia y la no discriminación, mediante el cual se atienden las obligaciones del Estado Mexicano en esta materia.

Bases para la articulación de la política poblacional bajo un enfoque de derechos y desarrollo

México se encuentra en una etapa de profunda transformación demográfica. Con una población que supera los 133 millones de habitantes, el país experimenta una fase de crecimiento lento, inferior al uno por ciento anual, fenómeno que ha reconfigurado la estructura por edad de la población.

Actualmente, el mayor volumen poblacional se concentra en las edades adultas, un cambio que presenta tanto oportunidades como desafíos significativos para el desarrollo nacional. En respuesta, el presente Programa Sectorial establece como prioritario el Objetivo 4: Reducir las brechas de desigualdad social y demográfica que afectan a la población, mediante políticas públicas con perspectiva de género, diversidad, curso de vida, intercultural e interseccional.

El análisis de la situación actual revela varios problemas públicos interrelacionados que demandan una acción coordinada y estratégica por parte del Estado, el primero de ellos es la transición demográfica avanzada y el doble reto del envejecimiento y el bono demográfico.

Según las proyecciones de población elaboradas por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Población (STCONAPO), la estructura por edad del país se ha modificado sustancialmente. La población adulta (30 a 59 años) constituye el grupo más numeroso (38.33%), mientras que la población de 60 años y más (12.84%) está en una trayectoria de crecimiento acelerado. Se proyecta que para 2034, la proporción de personas mayores superará por primera vez a la de niñas y niños. Este cambio en la estructura por edad (envejecimiento demográfico) exige preparar al país a mediano y largo plazo para enfrentar mayores requerimientos en salud, seguridad social, vivienda y cuidados.

Simultáneamente, el país atraviesa la última fase de la ventana de oportunidad que ofrece el "bono demográfico", representado por la alta proporción de personas en edad productiva. Maximizar los efectos de este bono, y del "bono de género" asociado a una mayor participación económica de las mujeres, es crucial para el desarrollo económico y social, lo que requiere una coordinación estrecha con los sectores de trabajo, seguridad social y educación.

El análisis también observa persistencia de brechas de desigualdad de género y en la distribución de cuidados. La tasa de participación económica de las mujeres (46.4%) es significativamente menor que la de los hombres (75.2%). Esta brecha se explica, en gran medida, por la desproporcionada carga de trabajo no remunerado que recae sobre ellas, dedicando 30.8 horas semanales a labores domésticas y 37.9 horas al cuidado de otros integrantes del hogar, cifras muy superiores a las de los hombres.

Este escenario limita su autonomía económica y desarrollo profesional, y subraya la necesidad de impulsar acciones que maximicen los potenciales efectos del bono de género y el sistema de cuidados. Una política de población eficaz debe, por tanto, incorporar la perspectiva de género de manera transversal para orientar políticas públicas justas e incluyentes

Se identifica además la persistencia de desigualdades territoriales y sociales. La dinámica demográfica no es homogénea en el territorio nacional. Entidades como Chiapas mantienen una estructura poblacional joven, mientras que la Ciudad de México presenta un envejecimiento más avanzado. Esta heterogeneidad demanda políticas de población flexibles y concertadas con las autoridades de las entidades federativas para que sean acordes a sus diversas realidades demográficas.

Persisten además desigualdades estructurales que afectan a grupos históricamente vulnerados. La población indígena y afromexicana, así como las personas con discapacidad, enfrentan mayores barreras en el acceso a la salud, educación y oportunidades, lo que se refleja en indicadores de fecundidad, esperanza de vida y mortalidad más desfavorables. Cerca de 11.4 millones de personas habitan en municipios de alta y muy alta marginación. Este panorama justifica la necesidad de generar y actualizar indicadores sociodemográficos desagregados por grupos en condición de exclusión para fundamentar políticas que cierren estas brechas. El análisis de la desigualdad territorial es indispensable para orientar políticas de desarrollo sostenible.

Aunque la fecundidad adolescente ha disminuido, sus niveles siguen siendo elevados, por lo que existen áreas de oportunidad en la agenda en materia de derechos sexuales y reproductivos Si bien se ha avanzado en la despenalización de la interrupción del embarazo, es imperativo fortalecer y armonizar el marco normativo en materia de población, acorde con los más altos estándares de derechos humanos. Se requieren no solo reformas legales, sino también impulsar estrategias de información, comunicación y educación sobre población y desarrollo, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, para fortalecer la toma de decisiones libre, informada y responsable.

Finalmente se identificó el desafío de garantizar el derecho a la identidad como pilar para el acceso a otros derechos. El ejercicio pleno de los derechos sociales, económicos y culturales depende fundamentalmente del derecho a la identidad. Sin un registro oficial y un identificador único, las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, enfrentan barreras para acceder a servicios de salud, programas sociales, educación y participación ciudadana.

Por ello, es una prioridad del Estado modernizar el Registro Nacional de Población (RENAPO) y el servicio nacional de identificación personal. Esto implica optimizar la organización y administración del RENAPO, fortalecer la gestión integral de la Clave Única de Registro de Población (CURP), e implementar un Servicio Nacional de Identificación Personal moderno y seguro. Fortalecer estas capacidades es indispensable para que tanto personas nacionales como extranjeras accedan al pleno ejercicio de sus derechos.

Gobernanza de la Movilidad Humana en México

El fenómeno migratorio global ha experimentado un crecimiento sin precedentes, pasando de 153.9 millones de personas en 1990 a más de 304 millones para mediados de 2024. En este escenario, México se posiciona como un actor central, al ser uno de los principales corredores de movilidad y migración internacional donde convergen las cuatro dimensiones del fenómeno: origen, tránsito, destino y retorno. Esta complejidad exige una respuesta de Estado articulada, humanista y eficiente.

Ante este escenario, el presente Programa Sectorial establece como prioritario el Objetivo 5. Implementar una política migratoria integral, que promueva una movilidad ordenada, segura y regular, apegada al reconocimiento y protección de los derechos humanos de las personas migrantes, con especial atención en aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

El diagnóstico de la situación actual, que se fundamenta en los principios del Humanismo Mexicano, revela los siguientes problemas públicos que deben ser atendidos de manera prioritaria:

Complejidad de los flujos migratorios y necesidad de una gestión eficiente y segura. México no solo es el tercer país de origen de migrantes internacionales, con 11.6 millones de personas, sino también un territorio de tránsito y destino. Entre 2019 y 2024, se registraron más de 213 millones de ingresos regulares y cerca de 3 millones de eventos de personas en situación irregular(9). Si bien el flujo irregular representa un 1.8% del total de ingresos de extranjeros en el periodo, su notable incremento y diversificación tras la pandemia de COVID-19 plantean desafíos significativos para la gestión migratoria.

La heterogeneidad de los flujos -en origen, idioma, composición familiar y edad- demanda fortalecer los recursos institucionales y actualizar la normativa para optimizar la gestión migratoria con un enfoque de derechos humanos, así como consolidar la coordinación en la frontera sur del país.

Además, se identifica una fuerte presión sobre la capacidad de atención a personas con necesidades de protección internacional. Entre 2018 y 2024, México recibió 608,588 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, pero solo logró emitir 197,697 resoluciones (32.4% de la demanda)(10). Este rezago evidencia una brecha significativa entre la demanda y la capacidad de respuesta institucional. El posicionamiento de México como uno de los cinco países que más solicitudes recibe a nivel mundial(11) subraya la urgencia de fortalecer las acciones institucionales coordinadas para brindar protección integral a esta población.

Es fundamental aumentar la coordinación interinstitucional para robustecer las capacidades del sistema de protección internacional mexicano en registro, protección y asistencia y desarrollar un modelo de integración con perspectiva de derechos humanos, de género e intercultural.

Al ser México uno de los principales corredores de movilidad y migración internacional, otro de los problemas públicos identificados es la vulnerabilidad y riesgos para los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad.

Todas las personas en movilidad, independientemente de su estatus migratorio, tienen derechos humanos que deben ser respetados, protegidos y garantizados. Sin embargo, en su tránsito enfrentan riesgos que les colocan en situación de vulnerabilidad. El Gobierno de México impulsa una política humanista que prioriza el trato digno, lo que exige asegurar que todas las acciones operativas, incluyendo el control, la verificación y el alojamiento en estaciones migratorias, se realicen con un enfoque de derechos humanos.

Para ello, es indispensable mejorar las condiciones de las estaciones y estancias provisionales para cumplir con estándares internacionales y operar protocolos específicos para la detección y atención de personas en especial situación de vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas LGBTIQ+.

Desafíos para la reintegración de personas mexicanas en retorno.

La dimensión de retorno es fundamental en la política migratoria. Entre 2019 y 2024, alrededor de 1.3 millones de personas mexicanas fueron devueltas desde Estados Unidos. Su reincorporación a la vida social y económica del país enfrenta obstáculos que requieren una atención integral. Es necesario establecer mecanismos de recepción que faciliten su pleno ejercicio de derechos en sus comunidades de origen.

Esto implica fortalecer los procesos de recepción y atención mediante la coordinación interinstitucional, promover su vinculación laboral a través de acuerdos y difundir campañas para sensibilizar sobre la no discriminación y el respeto a las personas migrantes.

Obstáculos en el ejercicio del derecho a la identidad para personas migrantes y mexicanas nacidas en el exterior.

El derecho a la identidad es una condición necesaria para el acceso a otros derechos como la salud, la educación y el trabajo. En México residen más de 1.1 millones de personas nacidas en el extranjero, de las cuales casi 600 mil tienen ascendencia mexicana. Para garantizar su derecho a la identidad y a la doble nacionalidad, se ha avanzado en la implementación del Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID) y la expedición de la CURP con fotografía para solicitantes de refugio.

Consolidar y extender estos mecanismos es una prioridad para facilitar el acceso a servicios y la integración. Para ello, es clave instrumentar la interoperabilidad entre los sistemas de la COMAR y el INM para facilitar el registro y la verificación de identidad, garantizando la protección de datos personales.

Transformación de la gestión pública local

El municipio es la base del pacto federal y el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía. Su capacidad para proveer servicios públicos de calidad, gestionar su territorio y fomentar la participación ciudadana es fundamental para la gobernanza democrática y la reducción de las brechas de desarrollo regional. Sin embargo, persisten debilidades estructurales que limitan su eficacia. En este sentido, el presente Programa Sectorial establece como prioritario el Objetivo 6. Mejorar la eficacia de la gestión pública y la gobernanza democrática en los municipios del país para reducir las brechas de desarrollo regional.

El nuevo modelo de gobernanza del Gobierno de México demanda el fortalecimiento de las capacidades de las personas servidoras públicas en los tres órdenes de gobierno, garantizando el ejercicio eficiente, eficaz, transparente y honrado de los recursos públicos, como lo mandata el artículo 134 Constitucional.

El artículo 115 Constitucional confiere a los municipios la responsabilidad de proveer servicios esenciales para la vida comunitaria, como agua potable, drenaje, limpia, mercados, parques y seguridad pública. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 evidencia una profunda insatisfacción ciudadana. Solo el 27.2% de la población está satisfecha con el mantenimiento de calles y avenidas, y el 29.7% con los servicios de policía. Servicios básicos como el suministro de agua sin fugas (36.6%) y el alumbrado público (53.1%) también presentan niveles críticos de aprobación.

Esta brecha entre las responsabilidades constitucionales y la percepción ciudadana refleja una limitada capacidad de gestión y ejecución en la prestación de servicios públicos.

La baja calidad de los servicios es un síntoma de problemas estructurales más profundos. Existen deficiencias en los sistemas de control, seguimiento y evaluación de programas y presupuestos municipales. La alta percepción de corrupción (83.1% según la ENCIG) y la baja confianza en los gobiernos municipales (49.9%) están directamente relacionadas con la falta de capacidades técnicas, de planeación y administrativas.

Para superar este reto, es imperativo desarrollar programas de capacitación, certificación y profesionalización para las personas servidoras públicas locales, así como brindarles asesoría y acompañamiento técnico para la mejora de sus procesos de gestión e impulsar herramientas que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas.

Se identifica además la desarticulación intergubernamental y escasa colaboración para el desarrollo regional. Muchos de los desafíos más complejos, como la gestión del agua, la seguridad y el desarrollo económico trascienden los límites de un solo municipio y requieren una acción coordinada. La falta de espacios permanentes de diálogo y trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno y la escasa promoción de esquemas de colaboración intermunicipal fragmentan los esfuerzos y limitan el impacto de las políticas públicas.

Para reducir las brechas de desarrollo regional es fundamental promover una coordinación intergubernamental efectiva que permita alinear acciones y programas en favor del desarrollo municipal, respetando los ámbitos de competencia.

Existe además un limitado acceso y uso de información y conocimiento para la innovación en la gobernanza local. La toma de decisiones en el ámbito municipal a menudo carece de un sustento técnico y de evidencia. Para mejorar la gestión, es indispensable fortalecer el Sistema Nacional de Información Municipal, realizar y divulgar estudios sobre las problemáticas locales y desarrollar guías metodológicas que apoyen a los funcionarios.

Generar y difundir conocimiento e innovación es una estrategia clave para fortalecer la gobernanza local y evitar la repetición de errores.

Otra área de oportunidad es atender el marco jurídico desactualizado y la baja participación ciudadana en los asuntos públicos locales.

La eficacia de la gestión municipal también se ve limitada por marcos jurídicos que en ocasiones resultan insuficientes o desactualizados. Es necesario proponer modificaciones a leyes y reglamentos para impulsar el fortalecimiento del federalismo y la autonomía municipal. Simultáneamente, la brecha entre la ciudadanía y sus autoridades, evidenciado por la baja confianza, exige promover activamente la adopción de mecanismos de participación ciudadana en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas municipales, como un pilar para la consolidación de una gobernanza democrática y responsable.

Visión de largo plazo

En suma, a través de la implementación de las estrategias y las líneas de acción del PSG 2025-2030, al término de la actual administración del Gobierno de México se habrá consolidado la gobernanza con justicia y la participación de los diversos actores sociales y sectores de la población; además, se habrá consolidado la gobernabilidad democrática del país bajo los principios del humanismo mexicano: por el bien de todos, primero los pobres; combate a la corrupción, austeridad republicana, justicia social e igualdad, fortalecimiento de la democracia participativa, respeto a la diversidad cultural y a los pueblos originarios.

Para 2045 se prevé un nivel alto de confianza en las instituciones, gracias a la consolidación de la gobernanza y la gobernabilidad democrática que serán sinónimo de legitimidad y eficacia en la atención de las demandas y necesidades de la población. La participación ciudadana será una práctica cotidiana y un elemento central de la vida pública en todo el territorio nacional.

En materia de construcción de paz, para 2030 la coordinación interinstitucional habrá alcanzado niveles óptimos, gracias a la operación permanente de las 32 mesas estatales y 266 mesas regionales de paz que permitirán implementar estrategias integrales y diferenciadas por región bajo un enfoque de atención de las causas estructurales de la violencia. Mientras que para 2045 se prevé que las tasas de violencia se habrán reducido significativamente, y las comunidades habrán desarrollado mecanismos propios de resolución de conflictos y convivencia pacífica.

Al concluir este segundo piso de la Cuarta Transformación la cultura de respeto a los derechos humanos estará arraigada en la sociedad y en la función pública. Además, se habrán logrado avances sustantivos para armonizar el marco normativo bajo estándares internacionales. Para 2045 México será un referente internacional en la promoción y protección de los derechos humanos, ya que se habrán disminuido de manera considerable la discriminación en todas sus modalidades.

La política de población operará con una perspectiva integral y sensible a las diversas dinámicas demográficas, lo que permitirá implementar programas y servicios diferenciados para atender las necesidades específicas de los distintos grupos de edad, bajo un enfoque de género e interculturalidad. Esto se reflejará en mejores indicadores de bienestar, salud y desarrollo para toda la población.

Al concluir esta administración, la política migratoria del Gobierno de México habrá establecido flujos migratorios ordenados y seguros, con pleno respeto a los derechos humanos de las personas en movilidad humana, independientemente de su estatus migratorio. Se habrán fortalecido los mecanismos de protección para personas en situación de vulnerabilidad y se habrán generado oportunidades para la integración social y económica de los migrantes en las comunidades de destino.

En 2045 la migración será reconocida como un factor de diversidad y desarrollo. Además, se prevé que se habrán establecido mecanismos de cooperación internacional eficaces para la gestión de los flujos migratorios y la protección de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad.

El federalismo, la descentralización y el desarrollo municipal habrán experimentado un avance significativo hacia 2030. Los estados y municipios contarán con mayores capacidades técnicas y financieras, así como con mecanismos efectivos de coordinación con la federación. La autonomía municipal será fortalecida, permitiendo la implementación de políticas públicas más adaptadas a las necesidades locales.

Para 2045 se habrán fortalecido los mecanismos de colaboración intergubernamental y la equidad territorial, a través de la promoción del federalismo y el desarrollo municipal. Los gobiernos locales serán actores clave en la implementación de las políticas nacionales y contarán con la autonomía y los recursos necesarios para responder a las necesidades de sus ciudadanos.

En resumen, para 2045, México se habrá consolidado como un Estado de bienestar inclusivo con una gobernanza democrática sólida, una cultura de paz arraigada, un pleno respeto a los derechos humanos, una política de población sensible a la diversidad, una gestión migratoria humanitaria y un federalismo fortalecido.

6. Objetivos

La Secretaría de Gobernación conforme a sus facultades propone los siguientes objetivos prioritarios con la finalidad de atender los compromisos establecidos en los ejes generales, objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030:

Objetivos del Programa Sectorial de Gobernación 2025-2030

1.- Consolidar una gobernanza democrática que responda a las demandas ciudadanas y fomente la participación informada de la sociedad.

2.- Fortalecer la coordinación interinstitucional y la participación social para la construcción de paz en las diferentes regiones del país.

3.- Dirigir una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades, el acceso universal a la justicia y la no discriminación.

4.- Reducir las brechas de desigualdad social y demográfica que afectan a la población, mediante políticas públicas con perspectiva de género, diversidad, curso de vida, intercultural e interseccional.

5.- Implementar una política migratoria integral, que promueva una movilidad ordenada, segura y regular, apegada al reconocimiento y protección de los derechos humanos de las personas migrantes, con especial atención en aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

6.- Mejorar la eficacia de la gestión pública y la gobernanza democrática en los municipios del país para reducir las brechas de desarrollo regional.

6.1 Relevancia del objetivo 1: Consolidar una gobernanza democrática que responda a las demandas ciudadanas y fomente la participación informada de la sociedad.

Este objetivo es de alta relevancia para consolidar el modelo de desarrollo del Segundo Piso de la Transformación, pues aborda la necesidad fundamental de fortalecer la capacidad del Estado para garantizar la gobernabilidad democrática, el Estado de Derecho y responder con eficacia a las demandas de una sociedad plural y exigente. La consolidación de una paz sostenible y el bienestar de la población dependen directamente de una gobernanza que sea percibida como legítima, justa y cercana, capaz de generar espacios de diálogo y construir acuerdos que fortalezcan el pacto social.

La urgencia de este objetivo se fundamenta en un diagnóstico que revela profundas causas estructurales de la conflictividad. Históricamente, los mecanismos de atención a conflictos sociales fueron rebasados, privilegiando políticas de carácter clientelar en lugar de respuestas institucionales a las demandas ciudadanas, lo que erosionó la confianza en las instituciones y socavó la gobernabilidad. Este déficit de desempeño se manifiesta no solo en la procuración de justicia, sino también en la provisión de servicios públicos básicos, un pilar del contrato social.

Las cifras actuales evidencian la magnitud de este desafío. Por un lado, una satisfacción ciudadana de apenas 50% con servicios básicos, que cae a niveles críticos en áreas como el mantenimiento de calles y avenidas (27.2.0%) y el desempeño de la policía (29.7%), conforme a cifras del INEGI, (12) representa una fuente constante de descontento y un desafío directo a la gobernabilidad.

Por otro lado, en el ámbito de la justicia, la "cifra negra" de delitos no investigados alcanza un alarmante 92.9%, según la ENVIPE 2024. De manera reveladora, en 60.8% de los casos, la ciudadanía no denuncia por causas atribuibles a la propia autoridad. Estos datos confirman una grave fractura en la relación entre el pueblo y las instituciones, obstaculizando el desarrollo y el bienestar.

Asimismo, este objetivo es clave para atender las brechas y rezagos que afectan de manera desproporcionada a grupos específicos de la población. El diagnóstico identifica la emergencia de movimientos con agendas especializadas, como el feminismo y los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, cuyas demandas requieren una atención particular y sensible por parte del Estado.

Este objetivo representa una solución orientada al bienestar de todas y todos los mexicanos porque articula una estrategia integral para reconstruir la confianza y la eficacia institucional. Propone implementar de manera progresiva una reforma judicial que, mediante la elección popular de sus integrantes, busca fortalecer la legitimidad social e independencia del Poder Judicial. A la par, busca modernizar la impartición de justicia mediante la innovación tecnológica y la automatización de procesos para abatir rezagos, como los que enfrenta el TFCyA.

Al concebir la protesta social como una manifestación legítima y promover el diálogo como la principal herramienta para la gestión de conflictos, el objetivo sienta las bases para una gobernanza democrática que cumple con su obligación de escuchar a la ciudadanía y reparar derechos vulnerados.

Para materializar esta visión, el objetivo se instrumentará a través de dos estrategias complementarias. Por un lado, se fortalecerá la articulación política y la cooperación institucional entre el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión y las legislaturas locales para impulsar el análisis y la aprobación de las iniciativas prioritarias que sustentan la transformación. Por otro lado, y de manera simultánea, se robustecerá la certeza jurídica y la eficiencia administrativa del Estado.

Esto se logrará mediante la modernización del Diario Oficial de la Federación, la sistematización del orden jurídico nacional y la optimización de servicios clave para la ciudadanía, como la agilización del trámite de apostille y el fomento de medios alternativos para la solución de controversias, asegurando que la justicia no solo se reforme, sino que sea accesible en el día a día.

El rol de la Secretaría de Gobernación como articulador político del Ejecutivo Federal le permite conducir las relaciones con otros poderes y atender las demandas ciudadanas de gobernabilidad. Por ello, es la instancia clave para organizar la respuesta del Estado a los complejos desafíos descritos.

Este objetivo es esencial para cumplir con el Eje General 1: Gobernanza con justicia y participación ciudadana del Plan Nacional de Desarrollo. Al atacar las causas del conflicto social, reformar el sistema de justicia para restaurar la confianza y promover el diálogo participativo, facilitando el acceso de la ciudadanía a la información de las acciones del Gobierno Federal, se avanza directamente hacia un Estado más democrático y eficiente. Su cumplimiento es, por tanto, indispensable para reconstruir la legitimidad institucional, fortalecer el pacto social y sentar las bases para la construcción de la paz, consolidando una república justa, honesta, libre y participativa para el bienestar de todo el pueblo de México.

6.2 Relevancia del objetivo 2: Fortalecer la coordinación interinstitucional y la participación social para la construcción de paz en las diferentes regiones del país.

La consolidación de una paz duradera es un pilar fundamental para el bienestar de la población y constituye una prioridad central del modelo de desarrollo del Segundo Piso de la Transformación. Este objetivo es de alta relevancia porque consolida la transición de un enfoque de seguridad pública tradicional hacia una visión integral de construcción de paz, la cual sólo puede ser sostenible si se cimienta en la colaboración efectiva entre los tres órdenes de gobierno y en la participación activa y corresponsable de la sociedad.

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública de la administración anterior sentó las bases para la pacificación al reducir la incidencia delictiva a través de la coordinación en las Mesas de Paz. Ahora, la tarea impostergable es profundizar estos avances, fortaleciendo el tejido social y la confianza institucional como condiciones indispensables para que la paz se arraigue en los territorios.

La urgencia de este objetivo se fundamenta en un diagnóstico que revela causas estructurales profundas. La etapa neoliberal no sólo generó desigualdades y marginación, sino que también concentró las decisiones públicas en una élite, restringiendo la democracia a su dimensión electoral y excluyendo a la ciudadanía del poder político.

Esta herencia ha dejado una brecha significativa entre las aspiraciones democráticas de la población y la capacidad de las instituciones para procesarlas. Cifras de la Encuesta Nacional sobre Cultura Cívica (ENCUCI 2020) evidencian esta desconexión: mientras 69.2% de la población considera que para gobernar un país es necesaria la participación de todas las personas, apenas 34.8% cree que sus opiniones son tomadas en cuenta por el gobierno.

Esta desconexión es aún más crítica para grupos históricamente vulnerados. Las juventudes, por ejemplo, perciben que su opinión es poco valorada (73.4%), y los pueblos indígenas y afromexicanos enfrentan discriminación (24.3%) y sienten que sus derechos son poco respetados (38.5%).

Atender estas brechas no es solo un acto de justicia social, sino una condición estratégica para garantizar que la construcción de paz sea verdaderamente incluyente y representativa de la diversidad de México.

Por ello, este objetivo representa una solución orientada al bienestar, pues aborda estas causas institucionales y socioculturales de la violencia mediante una doble estrategia. Primero, fortalecer la coordinación interinstitucional a través de las Mesas de Paz para consolidar una respuesta del Estado más coherente y cercana, superando la fragmentación evidenciada por la desigual confianza en los gobiernos federal (59.1%), estatal (48.2%) y municipal (49.9%) (ENCIG 2023). Segundo, y de manera simultánea, fomentar la participación social efectiva, empoderando a las comunidades, juventudes y pueblos originarios para que sean protagonistas de su propia seguridad. Esto crea un círculo virtuoso donde la gobernabilidad democrática y la paz se refuerzan mutuamente.

En síntesis, al centrarse en una coordinación estatal eficaz y en mecanismos que garanticen una participación social amplia y diversa, el Objetivo 2 establece una ruta clara para construir una gobernanza democrática y orientada a la justicia como cimiento de la paz. En consecuencia, este objetivo no solo es central para la estrategia de pacificación, sino que articula de manera transversal las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. Contribuye directamente al Eje 1: Gobernanza con justicia y participación ciudadana, al fortalecer la coordinación del Estado y cerrar la brecha entre la ciudadanía y las instituciones.

Asimismo, al atender las causas estructurales de la violencia y empoderar a las comunidades, sienta las bases para el Eje 2: Desarrollo con bienestar y humanismo, pues la paz es condición indispensable para la prosperidad. Finalmente, su enfoque en la inclusión responde a los mandatos del Eje Transversal de Igualdad Sustantiva y al de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, asegurando que la construcción de paz sea el cimiento de un México más justo, seguro y democrático para todas y todos.

6.3 Relevancia del objetivo 3: Dirigir una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades, el acceso universal a la justicia y la no discriminación.

Este objetivo es fundamental para la consolidación de un auténtico Estado de derechos y libertades. Su pertinencia no es solo programática, sino que constituye la base para la construcción de una paz duradera, cimentada en la justicia social, la igualdad y el respeto irrestricto a los derechos de todas las personas.

El Estado mexicano tiene ante sí el reto prioritario de fortalecer la confianza ciudadana en sus instituciones de protección y justicia. El Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2024 (INEGI)(13) ofrece un panorama claro de esta área de oportunidad: durante 2023, la CNDH y los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) recibieron un total de 149,527 solicitudes de queja. Este volumen de interacción evidencia la alta demanda ciudadana por mecanismos efectivos de defensa y subraya la importancia de seguir mejorando la capacidad de respuesta institucional.

El análisis de esta demanda muestra que ciertos grupos requieren atención prioritaria. Las mujeres constituyen el grupo que motivó el mayor número de quejas en 2023, con 18,001 registros, lo que subraya la importancia de diseñar políticas con un enfoque de género para garantizar la igualdad de oportunidades. De igual forma, las personas privadas de la libertad (7,968 quejas), las personas adultas mayores (4,986 quejas) y las niñas, niños y adolescentes (3,883 quejas), representan poblaciones cuya atención es clave para una sociedad más inclusiva.

Esta situación se vincula, además, con el compromiso histórico de atender a las víctimas de periodos de violencia política, como el ocurrido entre 1965 y 1990. Implementar medidas que garanticen el acceso a la justicia, la verdad y la memoria es un pilar para la reconciliación y la no repetición, contribuyendo a la construcción de la República democrática, justa y libre que se persigue.

Frente a este panorama, el periodo 2018-2024 marcó un punto de inflexión, transitando hacia un paradigma humanista centrado en las víctimas y en la garantía de los derechos. Se sentaron bases institucionales importantes, como el fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Estos logros constituyen los cimientos de la nueva política de Estado.

Ante este diagnóstico, el Objetivo 3 es estratégico porque busca consolidar y profundizar esta transformación. No se parte de cero, sino de los fundamentos ya construidos para edificar el "segundo piso" de la política de derechos humanos. Su propósito no es meramente reactivo -atender quejas-, sino dirigir una política de Estado proactiva y preventiva, que articule a las instituciones para cerrar las brechas de desigualdad y garantizar que la justicia sea un derecho accesible para todos. Su consecución es la vía para fortalecer el Estado de derecho, reconstruir la confianza y materializar la transformación nacional en una sociedad más justa, libre e igualitaria.

En este marco, el Objetivo 3 no es un componente aislado, sino un elemento transversal para la consecución del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Su cumplimiento es indispensable para materializar el Eje General 1: Gobernanza con justicia y participación ciudadana, al tiempo que nutre directamente los Ejes Transversales de Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, y de Derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.

Al hacerlo, este objetivo traduce los Principios del Humanismo Mexicano -particularmente la lucha contra toda forma de discriminación y la búsqueda de la igualdad sustantiva- en una política de Estado tangible y operativa, convirtiéndose así en la estrategia medular para asegurar que la transformación del país sea verdaderamente democrática y equitativa, consolidando la legitimidad del Estado y garantizando que el bienestar llegue a todas las personas y a todas las comunidades sin excepción.

México se encuentra en una fase de profunda transformación demográfica, caracterizada por la desaceleración del crecimiento poblacional, cambios en la estructura por edad, un acelerado proceso de envejecimiento y una ventana de oportunidad del bono demográfico antes de que se cierre. Este panorama no es homogéneo; por el contrario, está marcado por profundas desigualdades territoriales y sociales que demandan una acción pública articulada y precisa. La eficacia de las políticas de desarrollo y bienestar dependen de la capacidad del Estado para coordinar una política de población que responda a esta compleja y diversa realidad.

La necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y federalizar la política de población es evidente al observar las drásticas disparidades regionales. Mientras la Ciudad de México registra una escolaridad promedio de 11.5 años, en Chiapas es de solo 8 años.(14) De igual forma, la tasa de fecundidad adolescente en Guerrero (82.1 por cada mil) es más de cuatro veces superior a la de la Ciudad de México (19.2), y la razón de mortalidad materna en Chihuahua (70.7 por cada cien mil) es ocho veces mayor que en Campeche (8.7).(15)

Estas cifras demuestran que se requiere una coordinación estrecha con las entidades federativas, cuyas capacidades institucionales son a menudo "limitadas y dispares", para diseñar intervenciones pertinentes que aprovechen el bono demográfico y de género y preparen al país para los desafíos y oportunidades que representan los cambios en la estructura por edad y el envejecimiento poblacional.

Para que esta coordinación sea efectiva es indispensable generar y aplicar conocimiento sociodemográfico. La política pública debe basarse en evidencia que refleje las realidades de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, la tasa de fecundidad de las mujeres hablantes de lengua indígena (2.51 hijos) es significativamente mayor que la de las no hablantes (1.67), y la carencia de acceso a la seguridad social, que afecta al 48.2% de la población, es más acentuada en la niñez y la adolescencia(16).

Generar indicadores desagregados por etnicidad, edad, género y territorio, entre otras características, es fundamental para diseñar programas que cierren brechas de manera eficaz y orienten políticas de desarrollo sostenible en los asentamientos humanos, donde persisten marcados desequilibrios.

Asimismo, el éxito de la política de población depende de la participación ciudadana, para lo cual es clave fomentar una cultura demográfica. Decisiones personales como el tamaño de la familia, la participación laboral femenina o la migración están influenciadas por normas sociales y por el acceso a la información. La brecha entre el número de hijos deseado y el real, y el hecho de que 77% de los jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres(17), en su mayoría por dedicarse a labores de cuidado, subraya la necesidad de ampliar las oportunidades laborales de las mujeres, y de generar campañas de comunicación y educación que promuevan la toma de decisiones libres e informadas y la corresponsabilidad.

Capacitar a las y los servidores públicos en el uso de información demográfica es igualmente vital para mejorar la gestión.

Finalmente, toda política coordinada y basada en evidencia requiere, como pilar fundamental, modernizar el registro nacional de población y garantizar el derecho a la identidad. Sin un sistema robusto que permita identificar de manera única y fehaciente a cada persona, es imposible garantizar derechos y focalizar servicios. Acciones como la construcción de un millón de viviendas, la universalización de la salud o la formalización laboral dependen de la certeza jurídica que otorgan un RENAPO y una CURP actualizados y fiables. Fortalecer estos sistemas es la base para la interoperabilidad entre instituciones y para asegurar que los beneficios del desarrollo lleguen a toda la población, especialmente a la más vulnerable.

Por tanto, este objetivo y sus estrategias asociadas son la respuesta gubernamental lógica y necesaria a la complejidad demográfica del país, articulando la acción interinstitucional, la evidencia científica, la participación ciudadana y la certeza jurídica para construir un desarrollo más justo, inclusivo y sostenible.

Las estrategias y acciones contempladas en este objetivo buscan consolidar una política de población con enfoque de derechos, para un desarrollo sustentable con justicia. Esta es una tarea fundamental para el presente y el futuro de México.

Este enfoque responde al llamado del Humanismo Mexicano al colocar en el centro de la acción pública el bienestar de las personas, particularmente de aquellas que han sido históricamente excluidas. La población no es un dato abstracto: está compuesta por mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, integrantes de las comunidades LGBT+, personas migrantes, y habitantes de territorios rurales, urbanos y fronterizos. Cada uno de estos grupos enfrenta condiciones distintas que deben ser comprendidas y atendidas a través de políticas basadas en evidencia y con enfoque de derechos humanos.

Con la implementación de estas estrategias y acciones, la SEGOB atiende al compromiso de conducir una política de población que rebasa su carácter de instrumento de diagnóstico y descripción de la realidad y se constituye como una herramienta transformadora de futuro; condición necesaria para la consecución de los grandes ejes de este Plan Nacional de Desarrollo.

La movilidad humana es uno de los fenómenos sociodemográficos más dinámicos y complejos del siglo XXI. A nivel global, el número de migrantes internacionales ha crecido un 97.5% en las últimas tres décadas, pasando de 153.9 millones en 1990 a más de 304 millones en 2024. En este escenario, México ocupa una posición geopolítica y social de primer orden; no solo es uno de los cinco principales países de origen de la migración internacional, con 11.6 millones de connacionales residiendo fuera de sus fronteras, sino que se ha consolidado como un corredor estratégico donde convergen las cuatro dimensiones de la movilidad: origen, tránsito, destino y retorno.

La urgencia de atender esta realidad se sustenta en cifras contundentes. Entre 2018 y 2023, aproximadamente 1.2 millones de personas emigraron de México, principalmente en búsqueda de oportunidades laborales. Simultáneamente, el país ha experimentado un aumento sin precedentes en los flujos migratorios de tránsito, con una notable diversificación de nacionalidades, lenguas y estructuras familiares, especialmente tras la pandemia de COVID-19.

Si bien los eventos de personas en situación irregular representan un 1.8% del volumen total de ingresos de extranjeros entre 2019 y 2024, la demanda de protección internacional ha alcanzado niveles históricos. De 2018 a 2024, México recibió 608,588 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, emitiendo resolución en solo el 32.4% de los casos, lo que evidencia la presión sobre las capacidades institucionales del Estado(18). Esta situación ha posicionado al país como uno de los cinco principales receptores de solicitudes de asilo a nivel mundial, demandando un fortalecimiento integral de la política migratoria y de protección.

Este objetivo se alinea de manera directa con los Principios del Humanismo Mexicano que sustentan el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, particularmente con el compromiso de condenar toda forma de discriminación, el respeto a los derechos humanos y la defensa de las personas migrantes. Constituye una pieza clave para la consolidación del Eje General 1: Gobernanza con justicia y participación ciudadana, pues la gestión de la movilidad humana es una responsabilidad indelegable del Estado para garantizar la seguridad, el acceso a la justicia y los derechos de toda persona en su territorio, en congruencia con una política exterior soberana y humanista.

Asimismo, este objetivo contribuye al Eje General 2: Desarrollo con bienestar y humanismo, al asegurar que los derechos sociales a la identidad, la salud y la educación se extiendan a las poblaciones en movilidad, incluyendo a las y los hijos de mexicanos nacidos en el exterior, y a quienes buscan protección en nuestro país, bajo el principio de universalidad. La atención a las mujeres y niñas, que constituyen el 48% de la población migrante internacional(19), hace que este objetivo sea fundamental para el Eje Transversal 1: Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, reconociendo y atendiendo sus vulnerabilidades específicas.

La respuesta gubernamental que articula este objetivo es, por tanto, integral. Su propósito es transformar la gestión migratoria, superando un enfoque meramente administrativo para consolidar una política de Estado con perspectiva de derechos humanos y de género. Las estrategias para lograrlo se centran en fortalecer las capacidades institucionales, como se ha iniciado con la implementación del Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID) y la expedición de la CURP con fotografía para solicitantes de refugio, garantizando así el derecho a la identidad como puerta de acceso a otros derechos. Atender este fenómeno con una visión humanista no solo responde a una obligación jurídica nacional e internacional, sino que representa una oportunidad para el desarrollo y una manifestación clara del modelo de prosperidad compartida que impulsa la Cuarta Transformación.

6.6 Relevancia del objetivo 6: Mejorar la eficacia de la gestión pública y la gobernanza democrática en los municipios del país para reducir las brechas de desarrollo regional.

La capacidad de respuesta del gobierno municipal define en gran medida la percepción ciudadana sobre la legitimidad y eficacia del Estado en su conjunto. Es en este primer nivel de gobierno donde se construye o erosiona la confianza en el contrato social a través de la prestación de servicios básicos.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 evidencia una clara brecha entre los gobiernos locales y las necesidades de los ciudadanos, ya que demuestra que los servicios públicos de competencia primordialmente municipal presentan bajos niveles de satisfacción a nivel nacional. Esta situación pone de manifiesto las profundas debilidades institucionales, técnicas y financieras de los gobiernos locales, lo que justifica plenamente la priorización de su fortalecimiento.

Los datos más recientes de la ENCIG ilustran esta deficiencia de manera contundente. Apenas 38.9% de la población usuaria se encuentra satisfecha con el servicio de agua potable, un derecho humano fundamental y una responsabilidad local clave. En materia de drenaje y alcantarillado, la satisfacción es de solo el 45.6%. Paralelamente, menos de la mitad de la población (45.3%) reporta satisfacción con el alumbrado público -un factor directamente ligado a la percepción de seguridad-, y únicamente el 26.1% se muestra satisfecha con el estado de las calles y avenidas, evidenciando una carencia crítica en el mantenimiento de la infraestructura vial.

La deficiente provisión de estos servicios genera un círculo vicioso: deteriora la calidad de vida, fomenta la desconfianza y erosiona la legitimidad del gobierno más cercano a la gente.

Esta misma debilidad institucional es un terreno fértil para la corrupción. La percepción ciudadana, capturada por la ENCIG 2023, identifica que solo el 32.8% de la población confía en sus autoridades municipales. En contraste, instituciones de carácter federal como la Marina (89.3%) o el Ejército (86.7%) gozan de una confianza significativamente mayor, lo que evidencia una brecha de legitimidad entre los órdenes de gobierno.

Ante este diagnóstico, el Objetivo 6: Mejorar la eficacia de la gestión pública y la gobernanza democrática en los municipios del país para reducir las brechas de desarrollo regional es la respuesta estructural e institucional a la raíz del problema, mediante la cual se busca atacar la causa primaria: la debilidad de las capacidades institucionales locales.

Esto implica no solo una transferencia de recursos más eficiente, sino, fundamentalmente, una inversión en el desarrollo de capital humano, capacidades técnicas, tecnológicas y de planeación en los más de 2,400 municipios del país. Un municipio con capacidades fortalecidas puede proveer servicios públicos de calidad (agua, calles, seguridad).

La mejora tangible en la vida cotidiana de las personas es la vía más efectiva para reconstruir la confianza y reducir los espacios para la corrupción. Un gobierno local que funciona es un gobierno en el que se puede confiar.

Desde una perspectiva de desarrollo nacional, fortalecer el federalismo permite atender las profundas desigualdades territoriales que las cifras nacionales a menudo ocultan. Un desarrollo municipal robusto asegura que el bienestar llegue a todas las comunidades y no se concentre únicamente en los grandes polos urbanos, haciendo realidad un desarrollo más equitativo, inclusivo y sostenible, como lo mandatan los principios del Humanismo Mexicano.

El Objetivo 6 sienta las bases para reconstruir la capacidad del Estado desde el nivel local, convirtiéndose en el vehículo que asegura que la transformación nacional se materialice en un bienestar tangible y duradero para todas y todos los mexicanos en sus comunidades.

6.7 Vinculación de los objetivos del Programa Sectorial de Gobernación 2025-2030

Objetivos del Programa Sectorial de Gobernación 2025-2030	Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030	Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030
1.- Consolidar una gobernanza democrática que responda a las demandas ciudadanas y fomente la participación informada de la sociedad.	Objetivo 1.1: Promover y fortalecer el desarrollo de una sociedad democrática, participativa, transparente y justa. Objetivo 1.3: Erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, la honestidad, la integridad y el buen gobierno para fortalecer la confianza en las instituciones.	Estrategia 1.1.2 Fortalecer la gobernanza mediante mecanismos que atiendan las demandas ciudadanas y fomenten una sociedad más participativa e informada. Estrategia 1.1.4 Ampliar el acceso a los medios públicos de información y divulgación, fortaleciendo la gestión documental y la administración de archivos para impulsar la participación ciudadana en la agenda pública. Estrategia 1.1.7 Fortalecer las instituciones a través de la gobernanza territorial, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la participación social y comunitaria. Estrategia 1.3.6 Asegurar la legalidad y certeza jurídica en los actos de las entidades gubernamentales para garantizar confianza y transparencia.
2. Fortalecer la coordinación interinstitucional y la participación social para la construcción de paz en las diferentes regiones del país.	Objetivo 1.1: Promover y fortalecer el desarrollo de una sociedad democrática, participativa, transparente y justa. Objetivo 1.2: Dirigir una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades, el acceso universal a la justicia y la no discriminación. Objetivo 1.5: Garantizar la seguridad pública y fortalecer un entorno de paz mediante acciones eficaces de prevención, justicia y proximidad social. Objetivo T3.4: Asegurar el ejercicio pleno del derecho a la libre determinación, autonomía y autogobierno de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en los ámbitos social, económico, cultural, jurídico y político, fortaleciendo su capacidad de decisión y gestión en los niveles comunitario, municipal y regional.	Estrategia 1.1.1 Impulsar espacios y mecanismos de participación social a fin de involucrar a la población en los asuntos públicos para mejorar sus comunidades y su entorno Estrategia 1.1.2 Fortalecer la gobernanza mediante mecanismos que atiendan las demandas ciudadanas y fomenten una sociedad más participativa e informada. Estrategia 1.1.3 Promover espacios de liderazgo y decisión para que los grupos en situación de vulnerabilidad se integren a la cultura democrática del país. Estrategia 1.1.6 Garantizar la participación y representación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la toma de decisiones a nivel federal, estatal y municipal, así como en los procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado. Estrategia 1.1.7 Fortalecer las instituciones a través de la gobernanza territorial, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la participación social y comunitaria. Estrategia 1.2.5 Implementar políticas públicas y estrategias que contribuyan a asegurar un sistema de justicia expedita, imparcial y cercano a la ciudadanía en todos los niveles de gobierno. Estrategia 1.5.4 Abordar las causas estructurales de la violencia para construir una sociedad basada en la paz y la justicia social. Estrategia 1.5.5 Promover la celebración de asambleas de paz y gestión de conflictos, para inhibir el desarrollo de la violencia. Estrategia T3.4.3 Garantizar mecanismos efectivos de consulta previa, libre e informada, así como el consentimiento de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en decisiones legislativas o administrativas que afecten sus derechos o generen impactos significativos en su vida o su entorno.
3 Dirigir una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades, el acceso universal a la justicia y la no discriminación.	Objetivo 1.2: Dirigir una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades, el acceso universal a la justicia y la no discriminación. Objetivo 2.1: Fortalecer la red de protección social para garantizar la inclusión social y económica de toda la población, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. Objetivo 2.3: Garantizar el ejercicio pleno del derecho a una educación inclusiva y equitativa para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas, promoviendo una formación humanista, científica, intercultural, plurilingüe e integral que mejore el bienestar de la población e impulse el desarrollo del país. Objetivo T1.4: Impulsar un cambio cultural con perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad para erradicar las violencias contra las mujeres en todas sus formas, mediante estrategias de educación, sensibilización y promoción de su autonomía.	Estrategia 1.2.1: Promover y garantizar la protección de los derechos humanos mediante políticas públicas focalizadas. Estrategia 1.2.2 Erradicar prácticas discriminatorias que generen exclusión y desigualdad, garantizando los derechos de las minorías y grupos históricamente discriminados. Estrategia 1.2.3 Garantizar el acceso pleno a la justicia, la verdad y la reparación del daño a las víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos, mediante una atención integral con perspectiva de género y la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno. Estrategia 1.2.4 Fortalecer y expandir las acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas, garantizando la participación activa de sus familiares y asegurando un enfoque basado en derechos humanos, justicia y reparación integral. Estrategia 1.2.6 Reconocer y fortalecer los sistemas normativos y la jurisdicción indígena, mediante una coordinación efectiva con el sistema jurídico estatal, garantizando el respeto al pluralismo jurídico. Estrategia 1.2.7 Establecer medidas para fortalecer los espacios de representación política de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en las instancias de toma de decisiones. Estrategia 1.2.9 Promover y garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, dignificando los sistemas penitenciarios. Estrategia 2.1.1 Garantizar el acceso pleno a los derechos sociales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años en situación de vulnerabilidad, priorizando a quienes carecen de uno o ambos padres, mediante apoyos económicos para su cuidado y educación. Estrategia 2.1.9 Articular políticas nacionales, integrales e intersectoriales para garantizar los derechos de la primera infancia, niñez y adolescencia, con un enfoque de ciclo de vida, igualdad sustantiva y equidad de género, asegurando servicios universales e intervenciones diferenciadas según su nivel de riesgo o vulnerabilidad. Estrategia 2.3.7 Garantizar la atención integral de la primera infancia, con énfasis en la educación inicial, y fortalecer el bienestar de niñas, niños y adolescentes para impulsar un desarrollo pleno a lo largo de su ciclo de vida. Estrategia T1.4.1 Prevenir las violencias contra las mujeres en todos los ámbitos y etapas de la vida, mediante acciones que transformen estereotipos de género y promuevan entornos seguros para mujeres, niñas, niños y adolescentes.
4. Reducir las brechas de desigualdad social y demográfica que afectan a la población, mediante políticas públicas con perspectiva de género, diversidad, curso de vida, intercultural e interseccional.	Objetivo 1.1: Promover y fortalecer el desarrollo de una sociedad democrática, participativa, transparente y justa. Objetivo 1.2: Dirigir una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades, el acceso universal a la justicia y la no discriminación. Objetivo 1.7: Fortalecer las relaciones internacionales de México con base en los principios constitucionales de política exterior, garantizando la defensa de la soberanía, los intereses nacionales y el compromiso con la paz, el derecho internacional, los derechos humanos, la igualdad sustantiva y un orden global justo y equitativo. Objetivo 2.7: Garantizar el derecho a la protección de la salud para toda la población mexicana mediante la consolidación y modernización del sistema de salud, con un enfoque de acceso universal que cierre las brechas de calidad y oportunidad, protegiendo el bienestar físico, mental y social de la población. Objetivo 2.10: Promover entornos públicos justos y adaptativos mediante la planificación de espacios rurales y urbanos, con el objetivo de reducir las disparidades en el acceso a oportunidades y servicios entre diferentes regiones y comunidades del país. Objetivo 3.2: Promover el trabajo digno para todas las personas en edad laboral, especialmente para los grupos históricamente vulnerados, facilitando su inserción en empleos alineados con las vocaciones económicas de los mercados laborales regionales y locales. Objetivo T1.1: Impulsar la autonomía económica de las mujeres para cerrar brechas históricas de pobreza y precariedad laboral, garantizando condiciones equitativas de acceso al trabajo, ingresos dignos y una cultura de empoderamiento basada en la igualdad sustantiva. Objetivo T1.2: Impulsar una sociedad de cuidados con perspectiva de género, interseccional, intercultural e intergeneracional, promoviendo el reconocimiento, redistribución y reducción de los trabajos domésticos y de cuidados, con corresponsabilidad entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado. Objetivo T1.3: Garantizar la participación plena y sustantiva de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social y comunitario, promoviendo su liderazgo y el ejercicio efectivo de sus derechos. Objetivo T1.4: Impulsar un cambio cultural con perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad para erradicar las violencias contra las mujeres en todas sus formas, mediante estrategias de educación, sensibilización y promoción de su autonomía.	Estrategia 1.1.1: Impulsar los espacios y mecanismos de participación social a fin de involucrar a la población en los asuntos públicos para mejorar sus comunidades y su entorno. Estrategia 1.1.2: Fortalecer la gobernanza mediante mecanismos que atiendan las demandas ciudadanas y fomenten una sociedad más participativa e informada. Estrategia 1.1.7: Fortalecer las instituciones a través de la gobernanza territorial, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la participación social y comunitaria. Estrategia 1.2.1 Promover y garantizar la protección de los derechos humanos mediante políticas públicas focalizadas. Estrategia 1.2.2: Erradicar prácticas discriminatorias que generen exclusión y desigualdad, garantizando los derechos de las minorías y grupos históricamente discriminados. Estrategia 1.7.4: Reforzar la presencia de México en foros multilaterales, cortes y tribunales internacionales, mecanismos de concertación, y con organizaciones de la sociedad civil, para promover la paz, la seguridad global, el desarrollo sostenible, la igualdad de género y los derechos humanos. Estrategia 1.7.6: Ampliar la cooperación internacional para impulsar el desarrollo humano sustentable y promover la igualdad sustantiva. Estrategia 1.7.8: Fortalecer el liderazgo de México para impulsar acciones colectivas que aceleren el cumplimiento de la Agenda 2030, reduzcan la pobreza y las desigualdades, y consoliden comunidades sustentables, incluyentes y resilientes. Estrategia 2.7.4: Promover la igualdad sustantiva a través de información y servicios de salud sexual y reproductiva en la adolescencia, etapa pregestacional, embarazo, parto y puerperio, erradicando la violencia obstétrica, sexual y de género. Estrategia 2.10.3: Promover un ordenamiento territorial integral y sustentable que articule la gestión de riesgos de desastres, la integración armónica de los ámbitos rural y urbano, mediante procesos de planeación participativos para reducir las desigualdades socio-territoriales. Estrategia 3.2.1 Promover mecanismos que aumenten la formalidad laboral para mejorar el bienestar de las familias mexicanas. Estrategia 3.2.2 Fortalecer las capacidades institucionales que garanticen los derechos laborales, promuevan la igualdad de oportunidades y la inclusión de grupos vulnerables al mercado laboral formal, con un enfoque en el Humanismo Mexicano, la igualdad sustantiva y la no discriminación. Estrategia 3.2.4: Acompañar la transición de las y los jóvenes de la etapa formativa a su integración al empleo formal, promoviendo trayectorias laborales exitosas. Estrategia T1.1.1: Fortalecer el marco normativo e institucional para garantizar la inclusión económica de las mujeres en condiciones de igualdad y equidad, eliminando las barreras estructurales que perpetúan la pobreza y la violencia de género. Estrategia T1.1.5: Promover la igualdad salarial y garantizar el acceso, contratación, participación, permanencia y promoción de las mujeres en el mercado laboral, eliminando estereotipos y prácticas sexistas para asegurar condiciones equitativas de trabajo. Estrategia T1.1.6: Garantizar el acceso equitativo de las mujeres, niñas y adolescentes a la educación, salud, cultura, deporte, espacios públicos y servicios básicos, mediante políticas y acciones que eliminen barreras y promuevan su bienestar integral. Estrategia T1.2.6: Fomentar condiciones laborales flexibles y equitativas que permitan la conciliación entre el trabajo y las responsabilidades de cuidado, garantizando derechos laborales y promoviendo la corresponsabilidad. Estrategia T1.3.2: Fomentar un cambio cultural en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y educativo que promueva la participación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones, reconociendo sus capacidades, garantizando su autonomía y erradicando la discriminación. Estrategia T1.4.4: Crear las condiciones necesarias para asegurar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, garantizando su acceso a servicios de salud adecuados, educación integral y decisiones informadas sobre su cuerpo y vida sexual.
5.- Implementar una política migratoria integral, que promueva una movilidad ordenada, segura y regular, apegada al reconocimiento y protección de los derechos humanos de las personas migrantes, con especial atención en aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.	Objetivo 1.2: Dirigir una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades, el acceso universal a la justicia y la no discriminación. Objetivo 2.2: Brindar atención integral a las personas en situación de vulnerabilidad en el territorio nacional, afectadas por emergencias derivadas de fenómenos sociales o naturales, garantizando su bienestar y derechos sociales con un enfoque humanista, empático y solidario. Objetivo T3.6: Asegurar el desarrollo integral, intercultural y sostenible de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, garantizando su plena autonomía para ejercer el derecho a la libre determinación y definir sus propios modelos de desarrollo que fortalezcan su bienestar y calidad de vida.	Estrategia 1.2.8: Atender el fenómeno migratorio de manera integral, garantizando el respeto a los derechos humanos de las poblaciones migrantes y su incorporación a los sectores productivos. Estrategia 2.2.1: Desarrollar políticas públicas que aborden las causas estructurales de la migración y promuevan un proceso seguro, ordenado y respetuoso de los derechos humanos. Estrategia 2.2.2 Reforzar la coordinación interinstitucional para brindar apoyo y protección a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad social. Estrategia T3.6.7 Implementar acciones gubernamentales para atender necesidades emergentes, brindar asesoría legal y facilitar trámites y documentación a personas indígenas y afromexicanas migrantes, en su retorno o en situación de desplazamiento forzado.
6. Mejorar la eficacia de la gestión pública y la gobernanza democrática en los municipios del país para reducir las brechas de desarrollo regional.	Objetivo 1.1: Promover y fortalecer el desarrollo de una sociedad democrática, participativa, transparente y justa.	Estrategia 1.1.7 Fortalecer las instituciones a través de la gobernanza territorial, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la participación social y comunitaria.

7. Estrategias y líneas de acción

A partir del diagnóstico sobre los desafíos y áreas de oportunidad para la nación, y en observancia de los principios del Humanismo Mexicano contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el Programa Sectorial de Gobernación define las acciones para fortalecer la gobernabilidad democrática, la paz y el ejercicio de los derechos y libertades. Para este fin, se han establecido seis objetivos que atienden las causas de las problemáticas identificadas en el diagnóstico. Cada objetivo se desagrega en estrategias para la generación de soluciones, las cuales se instrumentan a través de líneas de acción que detallan las tareas a ejecutar.

La estructura de este programa está orientada a consolidar la transformación de la vida pública, garantizar la cohesión social y construir un Estado de derecho que opere con eficacia, transparencia y cercanía hacia la población.

Objetivo 1. Consolidar una gobernanza democrática que responda a las demandas ciudadanas y fomente la participación informada de la sociedad.

Estrategia 1.1. Impulsar la coordinación intergubernamental y con actores sociales para fortalecer la gobernanza y la solución pacífica de conflictos.

Líneas de acción

1.1.1 Generar mecanismos de respuesta anticipada a conflictos mediante modelos de negociación y diálogo basados en la equidad, el consenso, la legalidad y la participación interinstitucional.

1.1.2 Establecer una relación continua con colectivos y actores sociales relevantes mediante la creación de mesas de diálogo y espacios de concertación permanente.

1.1.3 Fortalecer la detección temprana de conflictos sociales y políticos a través de la mejora en los sistemas de recopilación y análisis de información estratégica.

1.1.4 Atender las demandas ciudadanas mediante el establecimiento de mesas interinstitucionales con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con perspectiva de género.

1.1.5 Fortalecer la coordinación entre las Oficinas de Representación de la SEGOB y los tres órdenes de gobierno mediante protocolos para el monitoreo y reporte oportuno de conflictos.

1.1.6 Coordinar la atención a las demandas de organizaciones sociales a través de la instrumentación de acuerdos de colaboración con dependencias de los tres órdenes de gobierno.

1.1.7 Establecer y conducir mesas de diálogo con organizaciones sociales como mecanismo para la gestión y atención de sus demandas a nivel nacional y regional.

1.1.8 Promover la vinculación entre organizaciones sociales y dependencias gubernamentales mediante la facilitación de espacios de trabajo para construcción de políticas públicas para la atención de sus demandas.

1.1.9 Recibir y dar seguimiento a las peticiones de organizaciones sociales mediante la implementación y operación de un sistema de información centralizado.

Estrategia 1.2 Fortalecer la capacidad institucional de la dependencia para anticipar, analizar y responder de manera oportuna a los desafíos en materia de política interior y gobernabilidad.

Líneas de acción

1.2.1 Implementar un mecanismo de coordinación interna para el seguimiento de eventos de política interior y la integración de una agenda de gobernabilidad.

1.2.2 Coordinar reuniones de trabajo entre las áreas que integran la Secretaría para la evaluación y seguimiento de riesgos a la gobernabilidad.

1.2.3 Desarrollar metodologías estandarizadas para el análisis cualitativo de eventos sociopolíticos y su impacto potencial en la gobernabilidad.

1.2.4 Desarrollar análisis prospectivo de escenarios sociopolíticos mediante el monitoreo en tiempo real y la generación de reportes de riesgos emergentes.

1.2. 5 Promover el uso estratégico de herramientas digitales y plataformas tecnológicas para la interacción con actores sociales y la sistematización de demandas.

1.2.6 Elaborar estudios y diagnósticos sobre las dinámicas actuales de conflictos sociales históricos no resueltos.

Estrategia 1.3 Impulsar la aprobación de las reformas y leyes prioritarias de la agenda de gobierno, con pleno respeto a la separación de poderes para consolidar el marco jurídico de la transformación nacional.

Líneas de acción

1.3.1 Coordinar acciones estratégicas con el Congreso de la Unión, los Congresos locales, así como con Organismos Autónomos mediante mecanismos de cooperación institucional en materia legislativa.

1.3.2 Fortalecer los mecanismos de trabajo interinstitucional para el desahogo favorable de las iniciativas prioritarias en el Congreso de la Unión y Congresos locales.

1.3.3 Impulsar la coordinación interinstitucional entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, partidos y asociaciones políticas a través de mecanismos que fortalezcan las instituciones democráticas.

1.3.4 Fomentar el enlace, diálogo y vínculo permanente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a través de la interacción con enlaces legislativos de la APF con el Congreso de la Unión.

1.3.5. Integrar, actualizar, mantener y sistematizar el acervo de información y documentación necesarios para el adecuado ejercicio de las atribuciones de la Unidad de Enlace.

1.3.6 Coordinar con las Instancias Legislativas y Administrativas correspondientes el seguimiento y gestión técnico-político de los asuntos administrativos y otras resoluciones.

Estrategia 1.4 Modernizar los sistemas de publicación, compilación y certificación de documentos oficiales, para brindar certeza y seguridad jurídica a la población.

Líneas de acción

1.4.1. Publicar y difundir los actos administrativos de los Poderes de la Unión a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) para garantizar su debida observancia.

1.4.2 Fomentar el desarrollo y la innovación tecnológica para asegurar la edición y difusión del DOF.

1.4.3. Dirigir la compilación y sistematización de todo el acervo jurídico nacional en los tres órdenes de gobierno para contar con una fuente de información completa y actualizada.

1.4.4 Asegurar el funcionamiento y actualización constante del Registro Nacional de Avisos de Testamento y del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales.

1.4.5 Coordinar el análisis y dictamen de anteproyectos de leyes, reglamentos y otras disposiciones para asegurar su congruencia con el marco jurídico nacional.

1.4.6. Asesorar y, en su ámbito de atribuciones, instruir acciones en materia de conciliación, acuerdos y convenios dentro de los medios alternativos de solución de controversias, ofreciendo a la población vías adicionales a los procesos judiciales para resolver conflictos legales.

1.4.7 Implementar mejoras tecnológicas y administrativas en los procedimientos de registro de autógrafos y apostilla, a cargo de la Unidad de Gobierno, para reducir tiempos de respuesta y facilitar el trámite a los ciudadanos.

1.4.8 Desarrollar y administrar una plataforma digital que permita a los usuarios iniciar y dar seguimiento al proceso de apostilla en línea.

1.4.9 Sistematizar el registro de autógrafos de los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas para hacer constar la legitimidad de los documentos para apostillar.

1.4.10 Crear y divulgar materiales informativos claros y accesibles que expliquen qué documentos requieren apostilla, los pasos a seguir, los costos y los tiempos estimados, utilizando diversos canales de comunicación para asegurar que la población conozca y comprenda el proceso.

Estrategia 1.5 Fortalecer la rectoría del Estado en la supervisión y aplicación de la normatividad en materia de medios de comunicación, para proteger los derechos de las audiencias y el interés público.

Líneas de acción

1.5.1 Fortalecer la regulación de las campañas de comunicación social de la APF para lograr un uso eficiente y transparente de los recursos.

1.5.2 Supervisar y verificar el cumplimiento de la normatividad sobre los tiempos oficiales del Estado en radio y televisión.

1.5.3 Incentivar la difusión de las clasificaciones y controles parentales de las consolas de videojuegos, de acuerdo con los rangos de edad.

1.5.4 Mantener actualizados los expedientes de las publicaciones periódicas impresas, para vigilar que cumplan con la normatividad aplicable.

1.5.5 Promover acciones para una navegación segura en la era digital, con la finalidad de proteger el interés superior de la niñez, en coordinación con las autoridades competentes.

1.5.6 Coordinar con las áreas competentes la vigilancia y monitoreo de los medios de comunicación para detectar contenidos que propicien o promuevan la trata de personas, en el marco de la normatividad aplicable a medios.

1.5.7 Entregar informes periódicos sobre el cumplimiento que den los medios impresos a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y, en coordinación con las autoridades competentes, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

1.5.8 Documentar las actividades públicas de la persona Titular del Ejecutivo Federal con material de video y audio, para su difusión en los medios electrónicos de comunicación.

1.5.9 Desarrollar producciones audiovisuales de calidad que permitan a la ciudadanía conocer los programas y acciones gubernamentales, garantizando su accesibilidad para su aprovechamiento por plataformas digitales, televisión pública y redes sociales.

Estrategia 1.6 Fortalecer el sistema de justicia laboral para las personas trabajadoras al servicio del Estado, para garantizar una justicia pronta, expedita y que privilegie la conciliación.

Línea de acción

1.6.1 Rediseñar e implementar procesos internos optimizados para la atención de trámites, solicitudes y resoluciones en materia laboral mediante la incorporación de metodologías innovadoras, herramientas tecnológicas y la capacitación continua del personal.

1.6.2 Implementar y operar un sistema de monitoreo, análisis y mejora continua de los procesos de atención institucional para evaluar su efectividad, asegurar el cumplimiento de criterios de eficiencia y equidad, y realizar los ajustes estratégicos que se requieran.

1.6.3 Elaborar y difundir guías y materiales educativos claros y accesibles sobre la normativa laboral, utilizando los canales oficiales del TFCyA para informar a los actores del sector.

1.6.4 Promover el conocimiento, cumplimiento y ejercicio efectivo de los derechos y obligaciones laborales mediante la organización y participación en foros de diálogo, programas de capacitación y talleres participativos dirigidos a trabajadores, sindicatos e instituciones del sector público.

1.6.5 Asegurar procesos rápidos para la conciliación laboral entre trabajadores y dependencias a través del establecimiento de protocolos estandarizados.

1.6.6 Capacitar a las personas conciliadoras en técnicas modernas de mediación laboral, vía remota integrando habilidades tecnológicas y prácticas de negociación efectiva para resolver conflictos.

1.6.7 Implementar un programa integral de capacitación y formación continua para el personal de la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado (PRODETSE), enfocado en el dominio de los derechos y obligaciones laborales, técnicas de asesoría efectiva y la perspectiva de derechos humanos laborales.

1.6.8 Establecer mecanismos de supervisión, seguimiento y gestión de los asuntos de representación legal a cargo de la PRODETSE, a fin de estandarizar criterios jurídicos y agilizar la resolución de los juicios.

Objetivo 2. Fortalecer la coordinación interinstitucional y la participación social para la construcción de paz en las diferentes regiones del país.

Estrategia 2.1 Fortalecer la coordinación territorial entre los tres órdenes de gobierno para impulsar acciones conjuntas de construcción de paz.

Líneas de acción

2.1.1 Dirigir la Estrategia Nacional de Construcción de Paz, asegurando la coordinación efectiva entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno.

2.1.2 Mantener en operación las 32 Mesas de Paz estatales y las 266 Mesas de Paz regionales garantizando los recursos humanos y condiciones organizativas necesarias para su funcionamiento efectivo.

2.1.3 Desarrollar un sistema de análisis de información nacional para generar modelos de atención a riesgos que fortalezcan la gobernabilidad.

2.1.4 Canalizar las demandas ciudadanas para su atención y seguimiento mediante gestiones de enlace y vinculación directa con las autoridades competentes.

2.1.5 Promover la instalación de Consejos de Paz municipales para la sostenibilidad territorial de la construcción de paz en el país.

2.1.6 Fomentar el desarrollo de capacidades institucionales y de la ciudadanía para el fortalecimiento de la participación responsable y activa en la construcción de paz.

Estrategia 2.2 Impulsar acciones institucionales de atención a las causas estructurales de la violencia en los territorios prioritarios, para construir entornos de paz y bienestar sostenibles.

Líneas de acción

2.2.1 Coordinar acciones de atención interinstitucional en el país, para identificar necesidades, rezagos y oportunidades de incidencia que orienten la atención gubernamental a las causas estructurales que generan la violencia.

2.2.2 Fomentar acciones que impulsen el desarme voluntario en los hogares.

2.2.3 Fomentar la celebración de asambleas y la instalación de comités como experiencias colectivas de fortalecimiento de la participación social para la construcción de paz.

2.2.4 Promover actividades culturales, deportivas y artísticas que impulsen la cohesión social, la recuperación de espacios públicos y la construcción de paz.

2.2.5 Coordinar acciones institucionales para la atención de las poblaciones afectadas por carencias estructurales, condiciones de vulnerabilidad o de marginación como mecanismo de cohesión social y construcción de paz.

2.2.6 Impulsar acciones en territorio para la prevención de las violencias de género desde un enfoque de masculinidades alternativas, de prevención social del delito para la construcción de la paz.

Estrategia 2.3 Fortalecer los mecanismos de participación de organizaciones sociales y comunitarias en los procesos de construcción de paz, para reconstruir el tejido social y atender de manera integral las causas que originan la violencia.

Líneas de acción

2.3.1 Diseñar e implementar estrategias de asesoría, capacitación e intercambio de experiencias para fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil y orientar a los grupos en proceso de constitución.

2.3.2 Dar seguimiento a los mecanismos de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para propiciar espacios de encuentro, diálogo y colaboración entre las OSC, la Secretaría de Gobernación, la APF y los gobiernos locales.

2.3.3 Mantener actualizado el Padrón de Organizaciones de la Sociedad Civil que desarrollen actividades relacionadas con la participación social, la cultura democrática y la construcción de paz.

2.3.4 Promover los mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la APF.

2.3.5 Impulsar la adopción de mecanismos de participación social y ciudadana en los lineamientos, reglas de operación y demás documentos normativos de programas y acciones de gobierno.

Estrategia 2.4 Impulsar la participación efectiva de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en los procesos de consulta, para garantizar el respeto a su libre determinación y sus derechos colectivos.

Líneas de acción

2.4.1 Fomentar mecanismos de colaboración y coordinación interinstitucional que impulsen la participación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en el diseño e implementación de políticas públicas.

2.4.2 Fortalecer la armonización regulatoria de las consultas indígenas para asegurar que se realicen de acuerdo con los estándares de derechos humanos y cumplan su finalidad de mecanismo de participación y salvaguarda de derechos indígenas.

2.4.3 Impulsar acciones de capacitación y de asesoría técnica a personas servidoras públicas para llevar a cabo procesos de consulta eficaces que salvaguarden los derechos colectivos y culturales de los pueblos indígenas y afromexicanos.

2.4.4 Supervisar, monitorear y evaluar que las consultas indígenas en el ámbito federal se implementen con apego a los estándares normativos nacionales e internacionales de derechos humanos.

Estrategia 2.5 Promover la cultura cívica, la cultura de la legalidad y la construcción de ciudadanía en los territorios, para fortalecer el tejido social y la confianza en las instituciones democráticas.

Líneas de acción

2.5.1 Difundir el calendario cívico nacional, promoviendo la reflexión sobre efemérides y conmemoraciones patrias, desde la perspectiva de la igualdad sustantiva.

2.5.2 Impulsar acciones interinstitucionales de cultura cívica que fortalezcan la cohesión social y la construcción de paz.

2.5.3 Establecer mecanismos de fomento del respeto y uso adecuado de los símbolos patrios conforme a la legislación vigente.

2.5.4 Desarrollar campañas de sensibilización y comunicación sobre valores democráticos, respeto a la ley y corresponsabilidad ciudadana.

2.5.5 Fortalecer la cultura de la legalidad mediante la actualización de los marcos normativos y la innovación tecnológica en materia de la regulación de juegos y sorteos.

Estrategia 2.6 Fortalecer el Estado laico, el respeto a la diversidad religiosa y la participación de asociaciones religiosas como componentes estratégicos de la construcción de paz.

Líneas de acción

2.6.1 Impulsar acciones de coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia religiosa.

2.6.2 Implementar acciones de difusión y capacitación para el conocimiento de la normatividad en materia religiosa a nivel nacional.

2.6.3 Promover mecanismos de diálogo con asociaciones religiosas para el diseño, implementación y seguimiento de políticas, proyectos y acciones institucionales para fomentar la construcción de paz.

2.6.4 Actualizar los procedimientos para realizar trámites en materia religiosa.

Objetivo 3. Dirigir una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades, el acceso universal a la justicia y la no discriminación.

Estrategia 3.1 Fortalecer el marco institucional para la protección de los derechos humanos, con especial atención a los grupos históricamente discriminados, para reducir las brechas de desigualdad y construir una sociedad más justa.

Líneas de acción

3.1.1 Impulsar la agenda nacional de derechos humanos, mediante el diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas con énfasis en grupos de atención prioritaria.

3.1.2 Fortalecer la coordinación interinstitucional, la prevención a violaciones de derechos humanos, así como los mecanismos de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH, mediante acciones normativas, operativas y de seguimiento que garanticen atención integral a víctimas.

3.1.3 Atender, con las dependencias y entidades de la APF y las autoridades competentes del Estado mexicano, el cumplimiento de las resoluciones de organismos internacionales en las que se determine la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones a derechos humanos.

3.1.4 Coordinar políticas y acciones para la erradicación de la tortura y tortura sexual mediante instrumentos como el Programa Nacional contra la Tortura y el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra las Mujeres.

3.1.5 Impulsar la difusión de información y campañas de prevención de la trata de personas dirigidas, en particular, a población altamente vulnerable, para evitar violaciones a derechos humanos.

3.1.6 Fomentar la coordinación interinstitucional con las áreas encargadas de la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de las 32 entidades federativas.

3.1.7 Difundir la labor del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en las áreas de atención de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de las 32 entidades federativas.

3.1.8 Fortalecer la gobernanza y la coordinación interinstitucional y multisectorial para la efectiva garantía y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

3.1.9 Impulsar el diseño e implementación de políticas, programas e instrumentos que incorporen la perspectiva de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

3.1.10 Impulsar la generación e intercambio de información estadística e indicadores que permita monitorear y dar seguimiento a los progresos alcanzados en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a través de los sistemas de información nacional y estatales.

Estrategia 3.2 Fortalecer el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, para garantizar a las personas el acceso a la verdad, justicia, memoria y reparación integral del daño.

Líneas de acción

3.2.1 Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de atención integral a víctimas, asegurando la aplicación de protocolos con perspectiva de género e interculturalidad.

3.2.2 Agilizar la atención y el seguimiento de los casos de las víctimas por medio del establecimiento y operación de mesas de trabajo interinstitucionales con los tres órdenes de gobierno.

3.2.3 Instrumentar los acuerdos y resoluciones emitidos por comisiones de la verdad y mecanismos de justicia para garantizar su cumplimiento efectivo y la reparación del daño.

Estrategia 3.3 Instalar mesas de diálogo y conciliación para la transformación positiva de conflictos en territorios indígenas y afromexicanos, a fin de contribuir a la construcción de la paz y garantizar la seguridad de sus habitantes.

Líneas de acción

3.3.1 Desarrollar estrategias de mediación adaptadas a las particularidades culturales de las comunidades indígenas y afromexicanas.

3.3.2 Promover la participación de mediadores y conciliadores con experiencia en derechos y cultura indígena en las mesas de diálogo.

3.3.3 Fomentar la inclusión de mujeres indígenas en las mesas de diálogo para asegurar la representación equitativa de todos los sectores y asegurar la aplicación del principio constitucional de paridad de género.

3.3.4 Establecer un sistema de seguimiento para medir los avances en la resolución de conflictos en los territorios indígenas.

3.3.5 Impulsar programas de sensibilización sobre la importancia de la conciliación y la resolución pacífica de conflictos en las comunidades indígenas y afromexicanas.

Estrategia 3.4 Fortalecer las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, para garantizar el derecho a la verdad de sus familiares y el acceso a la justicia para las víctimas.

Línea de acción

3.4.1 Dar seguimiento a las acciones de búsqueda mediante la optimización de procesos para mejorar la localización de personas.

3.4.2 Optimizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

3.4.3 Generar certeza en la información de los reportes de personas desaparecidas y no localizadas mediante el establecimiento de mecanismos óptimos de recolección de datos.

3.4.4 Mejorar las estrategias de uso de la información con la finalidad de contribuir en el desarrollo de las acciones de búsqueda y localización.

3.4.5 Fortalecer la capacidad técnica y científica del equipo multidisciplinario del Centro Nacional de Identificación Humana.

3.4.6 Desarrollar los sistemas necesarios para la interoperabilidad de bases de datos para la consulta de información de personas desaparecidas y no localizadas que permitan realizar acciones de búsqueda.

3.4.7 Suscribir convenios de colaboración y coordinación con instituciones públicas y privadas a efecto de ampliar las capacidades de consulta y, en su caso, intercambio de información necesaria para la búsqueda e identificación humana de personas desaparecidas y no localizadas.

3.4.8 Eficientizar la coordinación en acciones de búsqueda y localización de personas en las 32 entidades federativas mediante la colaboración interinstitucional con personal de la CNBP que participa en las acciones referidas.

3.4.9 Impulsar la homologación de protocolos de investigación y de búsqueda con perspectiva de género en casos de mujeres y niñas desaparecidas y no localizadas en las entidades federativas.

3.4.10 Implementar mecanismos de coordinación, seguimiento y fortalecimiento de capacidades de las Comisiones Locales de Búsqueda a través de convenios de colaboración y la supervisión eficiente del uso de recursos para asegurar su impacto en la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas.

Estrategia 3.5 Implementar acciones para el otorgamiento de amnistías y medidas no privativas de la libertad, a fin de priorizar la justicia social y garantizar los derechos de personas que no representan un riesgo para la sociedad.

Línea de acción

3.5.1 Dictaminar la viabilidad de las solicitudes de amnistía, previo análisis técnico-jurídico sobre el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en la ley.

3.5.2 Remitir a los jueces federales las resoluciones procedentes de amnistía para su calificación, soportadas en la argumentación jurídica que realizan los abogados de la Comisión de Amnistía ante el órgano jurisdiccional, sobre la procedencia de dicho beneficio.

3.5.3 Recibir, substanciar y emitir opiniones técnico-jurídicas para determinar la procedencia o improcedencia de peticiones de personas privadas de su libertad que solicitan se gestione a su favor ante los jueces federales competentes los beneficios de preliberación o cambio de medida cautelar, en el ámbito de las atribuciones de la SEGOB.

3.5.4 Establecer y ejecutar las estrategias de atención de las solicitudes ciudadanas que sean competencia de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, ante las autoridades competentes, en coordinación con las entidades federativas y municipales, que permitan la solución del conflicto, la justicia y la reinserción social, sin afectar el interés público.

3.5.5 Desarrollar estrategias de reinserción social y apoyo a las personas que cumplan su sentencia y sean puestas en libertad, para vincularlos con las instituciones y organizaciones que brindan servicios postpenales, considerando acciones de capacitación en el trabajo, educación, salud y deporte, para lograr su reincorporación a la sociedad, incluida la elaboración de un diagnóstico integral de los programas federales y de las entidades federativas, que permita generar los mecanismos de coordinación en materia de servicios postpenales.

Estrategia 3.6 Fortalecer las capacidades institucionales, tanto a nivel federal como local, con el objetivo de prevenir, atender y erradicar todas las formas de discriminación, promoviendo de manera integral una cultura de igualdad, inclusión y respeto pleno a los derechos humanos.

Línea de acción

3.6.1 Implementar herramientas de política pública, normativas y educativas que garanticen que en el acceso a los servicios públicos y privados se contemplen las características particulares de cada persona en el ejercicio de sus derechos.

3.6.2 Promover programas y buenas prácticas que contribuyan a la transformación cultural mediante acciones que generen condiciones de igualdad y no discriminación.

3.6.3 Impulsar la capacitación continua del servicio público en materia de igualdad y no discriminación, para fortalecer la incorporación transversal de estos enfoques en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.

3.6.4 Brindar orientación y atención a personas afectadas por actos de discriminación, asegurando un acompañamiento integral y la aplicación de medidas que garanticen el respeto a sus derechos humanos y el acceso igualitario a los servicios.

3.6.5 Promover que el marco normativo contemple el enfoque antidiscriminatorio para favorecer el acceso igualitario a los derechos, especialmente para mujeres, pueblos indígenas y afromexicanos.

3.6.6 Implementar campañas de comunicación para promover una cultura institucional y social de igualdad, respeto a la diversidad y no discriminación.

3.6.7 Brindar asistencia técnica a gobiernos locales en materia de igualdad y no discriminación para fortalecer las capacidades del servicio público local.

3.6.8 Actualizar el Sistema Nacional de Información sobre Discriminación como herramienta para el diseño de políticas públicas antidiscriminatorias

Objetivo 4. Reducir las brechas de desigualdad social y demográfica que afectan a la población, mediante políticas públicas con perspectiva de género, diversidad, curso de vida, intercultural e interseccional.

Estrategia 4.1 Fortalecer la coordinación interinstitucional y la vinculación con actores clave para implementar una política de población participativa y eficaz.

Líneas de acción

4.1.1 Coordinar la política de población con las dependencias y entidades que integran el CONAPO y otras instituciones competentes, para incorporar la perspectiva demográfica en sus instrumentos de planeación y políticas públicas.

4.1.2 Concertar con las autoridades en las entidades federativas una política de población que contribuya al desarrollo nacional, acorde con las diversas estructuras y dinámicas demográficas, a través de mecanismos de coordinación intersectorial.

4.1.3 Impulsar la celebración de acuerdos, convenios y concertaciones con instancias competentes para la formulación de políticas públicas en materia de población y desarrollo.

4.1.4 Establecer y operar grupos de trabajo interinstitucionales para el seguimiento y cumplimiento de las acciones derivadas de los programas de población.

4.1.5 Promover el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la planeación e inclusión de la perspectiva demográfica en las políticas públicas a nivel nacional y local.

4.1.6 Promover el aprovechamiento de la última ventana de oportunidad que ofrece el bono demográfico y maximizar los potenciales efectos del bono de género, en particular con los sectores trabajo, seguridad social, educación y el sistema de cuidados.

4.1.7 Impulsar acciones ante los cambios en la estructura por edad y preparar al país para enfrentar a mediano y largo plazo los requerimientos en los ámbitos de salud, educación, seguridad social, empleo, vivienda, adaptación de los entornos y cuidados.

4.1.8 Promover la armonización del marco normativo en materia de población, de acuerdo con los más altos estándares de derechos humanos y los objetivos de desarrollo nacional, justicia social y bienestar.

Estrategia 4.2 Impulsar la generación y aplicación de conocimiento sociodemográfico con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género para el diseño de políticas públicas justas e incluyentes

Líneas de acción

4.2.1 Contribuir a la agenda de investigación, desarrollo de metodologías y estudios sobre la dinámica demográfica y los desafíos sociodemográficos emergentes que contribuyan a fundamentar el diseño, ejecución y evaluación de la política de población federal, estatal y municipal.

4.2.2 Generar y actualizar indicadores sociodemográficos que permitan contar con estimaciones de la dinámica poblacional, desagregando por grupos en condición de exclusión.

4.2.3. Impulsar el uso de indicadores sociodemográficos para su inclusión en los planes y programas de desarrollo económico y social que promuevan la justicia social y la igualdad de oportunidades.

4.2.4 Analizar la desigualdad territorial y la movilidad interna para orientar políticas de desarrollo sostenible de los asentamientos humanos.

Estrategia 4.3 Fomentar la cultura demográfica para el ejercicio de derechos y toma de decisiones libre, informada y responsable de la población

Líneas de acción

4.3.1 Mantener actualizados los mecanismos de sistematización de la información en población, utilizando herramientas tecnológicas, para facilitar su consulta y análisis por parte de la ciudadanía y personas tomadoras de decisiones.

4.3.2. Realizar campañas de comunicación social que fortalezcan la cultura demográfica nacional y el entendimiento de los fenómenos poblacionales y su impacto en el desarrollo.

4.3.3 Capacitar a personas servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno en el uso e interpretación de información sociodemográfica para la toma de decisiones.

4.3.4 Impulsar estrategias de información y comunicación para una mejor comprensión y gestión de los fenómenos poblacionales basada en el respeto, la dignidad, la solidaridad intergeneracional y la garantía de los derechos humanos de todas las personas.

4.3.5 Impulsar la educación sobre población y desarrollo, incluyendo derechos sexuales y reproductivos, envejecimiento de la población y movilidad, entre otros, para fortalecer capacidades institucionales e individuales para la toma de decisiones.

Estrategia 4.4 Modernizar el registro nacional de población y del servicio nacional de identificación personal para garantizar el derecho a la identidad.

Líneas de acción

4.4.1 Optimizar la organización, integración y administración continua del Registro Nacional de Población (RENAPO), asegurando la completitud, exactitud y actualización permanente de la información que lo conforma.

4.4.2 Diseñar, implementar y operar un Servicio Nacional de Identificación Personal moderno, seguro y eficiente, que incluya la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana y la Cédula de Identidad Personal, conforme a las disposiciones jurídicas.

4.4.3 Fortalecer la gestión integral de la Clave Única de Registro de Población (CURP), implementando procesos robustos para su asignación, validación, certificación y la permanente actualización de los datos asociados.

4.4.4 Desarrollar e implementar normas, métodos, procedimientos y directrices técnicas y operativas actualizadas para la integración, organización, administración y seguridad del RENAPO y del Servicio Nacional de Identificación Personal, en acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas.

4.4.5 Impulsar la interconexión y modernización tecnológica de los Registros Civiles del país con el RENAPO, proponiendo acciones, normas y procedimientos para la simplificación administrativa en el registro de personas y la operación del Sistema Nacional de Registro e Identidad.

4.4.6 Establecer y operar mecanismos continuos de verificación, validación y autenticación de la identidad de las personas, utilizando los datos del RENAPO para certificar fehacientemente la identidad conforme a la ley.

4.4.7 Promover la adopción y uso generalizado de la CURP como identificador único y oficial en todos los niveles de la Administración Pública Federal, estatal y municipal, así como en el sector privado y financiero, mediante la emisión de lineamientos operativos y la celebración de convenios.

Estrategia 4.5 Mejorar las capacidades del Servicio Nacional de Identificación Personal para que las personas nacionales y extranjeras accedan al pleno ejercicio de sus derechos.

Líneas de acción

4.5.1 Coordinar la estandarización de métodos de registro e identificación de personas, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal, y otros organismos relevantes, promoviendo la interoperabilidad.

4.5.2 Formalizar acuerdos y convenios de colaboración, coordinación y concertación con dependencias federales, estatales, municipales, órganos autónomos, y sectores privado y financiero para la integración del RENAPO, la adopción y validación de la CURP, y la utilización del Servicio Nacional de Identificación Personal.

4.5.3 Desarrollar e implementar una política de comunicación y difusión sobre la importancia del derecho a la identidad, los servicios del RENAPO y la CURP, y los beneficios de la Cédula de Identidad, dirigida a la población en general.

4.5.4 Proponer reformas legislativas y administrativas, que fortalezcan el marco jurídico y normativo en materia de población e identidad.

4.5.5 Promover la capacitación continua del personal de la Dirección General y de las entidades colaboradoras (Registros Civiles, otras dependencias) en los aspectos técnicos, normativos y operativos del RENAPO, la CURP y el SNIP.

4.5.6 Fortalecer las capacidades del SNIP, y la instrumentación de la plataforma única de identidad para el registro y validación de las personas nacionales y extranjeras, mediante el uso de estándares internacionales ISO.

4.5.7 Implementar jornadas de registro y expedición del documento nacional de identidad, priorizando a personas en situación de vulnerabilidad.

4.5.8 Fortalecer los mecanismos automatizados del SID con mejoras tecnológicas y colaboración institucional para reducir inconsistencias y dar certeza a los registros de identidad y estado civil del RENAPO.

4.5.9 Fortalecer los mecanismos para que toda persona, nacional o extranjera, cuente con un registro de identidad y una CURP vinculada, a fin de garantizar su certificación, unicidad y univocidad.

Objetivo 5. Implementar una política migratoria integral, que promueva una movilidad ordenada, segura y regular, apegada al reconocimiento y protección de los derechos humanos de las personas migrantes, con especial atención en aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

Estrategia 5.1. Consolidar una gestión migratoria eficiente para la movilidad humana segura, ordenada y regular, con pleno respeto a los derechos humanos para garantizar la dignidad de las personas en movilidad y reducir las condiciones de vulnerabilidad, en congruencia con los principios del Humanismo Mexicano.

Líneas de acción

5.1.1 Robustecer las acciones que promuevan una movilidad humana segura, ordenada y regular, a través de una actualización integral de la normativa en materia migratoria.

5.1.2 Instrumentar acciones de regulación migratoria, tendientes a la promoción de la unidad familiar, el empleo, el turismo y la estancia regular.

5.1.3 Promover mecanismos y medidas de concertación, coordinación o colaboración con otros actores nacionales e internacionales que faciliten la movilidad de población mexicana y extranjera.

5.1.4 Fortalecer los recursos institucionales para optimizar la gestión migratoria con un enfoque integral y de respeto a los derechos humanos.

5.1.5 Fomentar procesos de mejora continua para la atención en trámites y servicios migratorios con base en criterios diferenciados y no discriminatorios con pleno respeto a los derechos humanos.

5.1.6 Promover estándares nacionales de calidad para la mejora de los servicios de atención dirigidos a víctimas de violencias en movilidad humana, que incluyan la atención psicológica, médica, social y legal, con énfasis en mujeres y niñas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

5.1.7 Crear un mecanismo de seguimiento y coordinación interinstitucional, para la atención del fenómeno migratorio en las cuatro entidades fronterizas del sur (Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco), con participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

5.1.8 Formalizar convenios y acuerdos con autoridades de los tres órdenes de gobierno para la atención de personas en contexto de movilidad humana en la frontera sur.

5.1.9 Fortalecer las capacidades institucionales de autoridades de los tres órdenes de gobierno en la frontera sur, a través de acciones de capacitación.

5.1.10 Instrumentar la interoperabilidad entre los sistemas de COMAR e INM para facilitar el registro y la verificación de identidad de las personas extranjeras a través de interfaces restringidas que garanticen la protección de sus datos personales.

Estrategia 5.2 Garantizar la protección integral y el respeto a los derechos humanos de todas las personas en contexto de movilidad para dar cumplimiento a los compromisos internacionales y consolidar el liderazgo de México como un actor humanitario y responsable en la región.

Líneas de acción

5.2.1 Coordinar y supervisar la operación de los grupos de protección a migrantes, asegurando su capacitación, recursos y actuación conforme a protocolos que prioricen la asistencia humanitaria y la identificación de necesidades específicas.

5.2.2 Asegurar que todas las acciones operativas del INM, incluyendo control, verificación, y alojamiento en estaciones migratorias, se realicen con un enfoque de derechos humanos, previniendo cualquier acto de discriminación o violencia.

5.2.3 Mejorar las condiciones y la gestión de las estaciones migratorias y estancias provisionales, asegurando el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo acceso a salud, alimentación, comunicación, asistencia legal y consular, y condiciones dignas de alojamiento.

5.2.4 Establecer y operar protocolos específicos para la detección, identificación y atención integral de personas migrantes en situación de vulnerabilidad (niñas, niños y adolescentes, mujeres, víctimas de trata o violencia, personas LGBTIQ+, entre otros), en coordinación con instituciones especializadas.

5.2.5 Capacitar de forma continua al personal del INM en materia de derechos humanos, derecho de asilo, no discriminación, perspectiva de género e interculturalidad.

Estrategia 5.3 Establecer mecanismos de recepción enfocados en las personas mexicanas que regresan de Estados Unidos de América por medio de una atención integral para su reincorporación y el pleno ejercicio de sus derechos en sus comunidades de origen.

Líneas de acción

5.3.1 Fortalecer los procesos de recepción, atención y reintegración de personas mexicanas repatriadas mediante mecanismos de coordinación interinstitucional.

5.3.2 Robustecer las acciones que correspondan a la reintegración de las familias, así como para el acceso a diversos servicios institucionales, mediante la concertación y coordinación con los sectores público, privado y social.

5.3.3 Promover la vinculación laboral de las personas repatriadas, a través de acuerdos binacionales, interinstitucionales y regionales.

5.3.4 Difundir productos de información y comunicación, a través de medios y plataformas digitales, para sensibilizar sobre la no discriminación y el respeto y valoración de las personas migrantes.

Estrategia 5.4. Fortalecer las acciones institucionales coordinadas para brindar protección integral a las personas solicitantes, refugiadas o con protección complementaria.

Líneas de acción

5.4.1 Aumentar los procesos de concertación y coordinación interinstitucionales, que fortalezcan las capacidades del sistema de protección internacional mexicano, a través de las acciones de registro, protección y asistencia.

5.4.2. Fortalecer las medidas para brindar asistencia institucional a las personas solicitantes de la condición de refugiado, personas refugiadas y a sus familiares, mediante la articulación y vinculación con diversos actores.

5.4.3. Mejorar los procesos de reunificación familiar de las personas refugiadas, mediante el fortalecimiento del marco jurídico aplicable y la simplificación del procedimiento.

5.4.4. Desarrollar el modelo de integración con perspectiva de derechos humanos, de género e intercultural para las personas que requieren protección internacional.

Objetivo 6. Mejorar la eficacia de la gestión pública y la gobernanza democrática en los municipios del país para reducir las brechas de desarrollo regional

Estrategia 6.1 Incrementar las capacidades institucionales y de gestión de los gobiernos locales para mejorar la provisión de servicios públicos y elevar la calidad de vida en las comunidades.

Líneas de acción

6.1.1. Realizar diagnósticos periódicos, basados en indicadores, sobre las capacidades de gestión, planeación, financieras y administrativas de los gobiernos locales para identificar áreas prioritarias de intervención.

6.1.2 Desarrollar y ejecutar programas anuales de capacitación, certificación y profesionalización para personas servidoras públicas locales, adaptados a las necesidades detectadas y enfocados en áreas clave como planeación, finanzas, servicios públicos, y gobernabilidad democrática.

6.1.3 Brindar asesoría y acompañamiento técnico a los gobiernos locales que lo soliciten para la mejora de sus procesos de gestión, la elaboración de planes de desarrollo, la modernización administrativa y la implementación de políticas públicas eficientes.

6.1.4 Impulsar la adopción de herramientas y modelos de gestión que fomenten la transparencia, la rendición de cuentas, la gestión por resultados y la innovación en la administración pública local.

6.1.5 Proponer y coadyuvar en la implementación de un sistema de certificación de competencias para funcionarios municipales en áreas estratégicas, que valide sus conocimientos y habilidades.

6.1.6 Proponer mecanismos y ofrecer capacitación para mejorar la recaudación propia, la gestión del gasto y la transparencia fiscal de los municipios, en coordinación con la SHCP.

6.1.7 Colaborar con gobiernos locales y asociaciones de municipios en la elaboración y promoción de programas indicativos de desarrollo y fortalecimiento municipal y regional, con visión de largo plazo y participación ciudadana.

Estrategia 6.2 Impulsar la coordinación intergubernamental efectiva y la colaboración estratégica para reducir las brechas de desigualdad y promover un desarrollo equitativo en las regiones del país.

Líneas de acción

6.2.1. Promover y facilitar la creación de espacios permanentes de diálogo y trabajo conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales para la definición e implementación de políticas de desarrollo territorial.

6.2.2 Dar seguimiento sistemático a los convenios en materia de federalismo, descentralización y desarrollo municipal suscritos entre la Secretaría y otros órdenes de gobierno, para asegurar su cumplimiento y efectividad.

6.2.3 Promover la Creación y Fortalecimiento de Instancias Estatales de Desarrollo Municipal.

6.2.4 Promover esquemas de colaboración entre municipios para abordar problemáticas comunes y desarrollar proyectos de impacto regional y metropolitano, con participación de la comunidad y organizaciones.

6.2.5 Establecer mecanismos conjuntos de planeación, programación y enlace con dependencias de la APF para alinear acciones y programas en favor del desarrollo municipal, respetando los ámbitos de competencia.

6.2.6 Colaborar activamente con asociaciones de municipios y organizaciones sociales y privadas en la elaboración y promoción de programas de desarrollo y fortalecimiento municipal.

Estrategia 6.3 Generar y difundir conocimiento e innovación para fortalecer la gobernanza local.

Líneas de acción

6.3.1. Integrar, actualizar y fortalecer el Sistema Nacional de Información, asegurando que sea una herramienta accesible y útil para la consulta de datos, diagnósticos e indicadores relevantes.

6.3.2 Realizar y divulgar estudios, investigaciones y diagnósticos sobre el desarrollo institucional y problemáticas de los gobiernos locales, así como sobre el estado del federalismo.

6.3.3 Desarrollar y distribuir materiales didácticos, guías metodológicas y manuales operativos para apoyar la gestión y la toma de decisiones en los gobiernos locales.

6.3.4 Administrar y enriquecer la biblioteca especializada, física y digital, con acervos actualizados y relevantes sobre federalismo, descentralización y desarrollo municipal.

6.3.5 Promover y participar en encuentros, seminarios y congresos para el intercambio de experiencias exitosas, el análisis de temas prioritarios y la identificación de tendencias en la materia.

Estrategia 6.4 Modernizar el marco jurídico y fomentar la participación ciudadana para un federalismo democrático y responsable

Líneas de acción

6.4.1 Proponer a las unidades competentes de la Secretaría y otras instancias, modificaciones a leyes y reglamentos para impulsar el fortalecimiento del federalismo, la descentralización y la autonomía municipal.

6.4.2 Promover la adopción de diversos mecanismos de participación ciudadana en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas municipales.

6.4.3 Desarrollar campañas y materiales para difundir los principios del federalismo, los derechos y responsabilidades ciudadanas en el ámbito local, y la importancia de la participación en el desarrollo municipal.

8. Indicadores y metas

Con la finalidad de dar seguimiento al desempeño de las actividades plasmadas en cada uno de los seis Objetivos Prioritarios del Programa Sectorial de Gobernación 2025-2030, se han diseñado siete indicadores, los cuales permitirán conocer de manera oportuna y eficiente los avances en el quehacer de la Secretaría de Gobernación y el sector que coordina.

A continuación, se presentan las fichas de cada uno de los indicadores del Programa Sectorial de Gobernación 2025-2030.

Indicador 1.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR
Nombre	1.1 Porcentaje de población de 18 años y más que confía en el Gobierno Federal
Objetivo	Objetivo 1. Consolidar una gobernanza democrática que responda a las demandas ciudadanas y fomente la participación informada de la sociedad.
Definición o descripción	Mide el porcentaje de la población a la que le inspira mucha o algo de confianza el Gobierno Federal
Derecho asociado	Artículo 8o. de la CPEUM (derecho de petición y obligación de las autoridades de responder). Artículo 134 constitucional (principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la administración pública).
Nivel de desagregación	Nacional		Periodicidad o frecuencia de medición		Bienal
Acumulado o periódico	Periódico		Disponibilidad de la información		Mayo 2026
Unidad de medida	Porcentaje		Periodo de recolección de los datos		Octubre - noviembre
Tendencia esperada	Ascendente		Unidad responsable de reportar el avance		Subsecretaría de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, SEGOB
Método de cálculo
Observaciones	Por su relevancia, este indicador fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Monitorear el nivel de confianza de la ciudadanía en la Administración Pública Federal como un indicador de legitimidad institucional y condición habilitante para la participación social efectiva en los asuntos públicos, en el marco de las estrategias de construcción de paz y gobernabilidad democrática.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1	Nivel de confianza en la Administración Pública Federal	Valor variable 1	Mucha confianza 8,165,950 Algo de confianza 22,837,589		Fuente de información variable 1	INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)
Nombre variable 2	Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más	Valor variable 2	52,485,093		Fuente de información variable 2	INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)
Sustitución en método de cálculo
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base			Nota sobre la línea base
Valor	59.1		Ninguna
Año	2023
Meta 2030			Nota sobre la meta 2030
65			Ninguna
SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
2019		2021		2023
51.2		54.1		59.1
METAS
2025		2027		2029
61		63		65

Indicador 1.2

ELEMENTOS DEL INDICADOR
Nombre	1.2 Porcentaje de conflictos solucionados o distendidos mediante el diálogo y la concertación para fortalecer y consolidar la Gobernanza y el estado de derecho.
Objetivo	Objetivo 1. Consolidar una gobernanza democrática que responda a las demandas ciudadanas y fomente la participación informada de la sociedad.
Definición o descripción	Mide el porcentaje de conflictos solucionados o distendidos mediante el diálogo y la concertación por la Subsecretaría de Gobernación.
Derecho asociado	Artículos 1o., 8o., 9o., 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos derechos humanos: de petición de asociación, a la educación salud, trabajo.
Nivel de desagregación	Nacional		Periodicidad o frecuencia de medición					Anual
Acumulado o periódico	Periódico		Disponibilidad de la información					Enero del año siguiente
Unidad de medida	Porcentaje		Periodo de recolección de los datos					Enero - diciembre
Tendencia esperada	Ascendente		Unidad responsable de reportar el avance					Unidad de Gobierno y la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales, ambas de la Secretaría de Gobernación.
Método de cálculo
	Donde CsUG = Total de conflictos solucionados o distendidos en el periodo por la UG CaUG = Total de conflictos atendidos por UG CsDGR = Total de conflictos solucionados o distendidos en el periodo por las Representaciones de la Subsecretaría de Gobernación CaDGR = Total de conflictos atendidos por las Representaciones de la Subsecretaría de Gobernación CsUAOS= Total de conflictos solucionados o distendidos en el periodo por la UAOS CaUAOS = Total de conflictos atendidos por la UAOS
Observaciones	Se entenderá por conflicto solucionado o distendido cuando los actores del conflicto expresan su conformidad con los acuerdos logrados y la atención institucional brindada a las organizaciones o ciudadanos mediante un diálogo permanente, aun cuando existan acciones de largo plazo que de manera posterior se tendrán que cumplir. Se entenderá por conflicto atendido a los asuntos recibidos, ya sea verbal o por escrito, en los que se solicita la intervención de la SEGOB y su trámite correspondiente.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1	Conflictos solucionados o distendidos por la UAOS en el periodo (CsUAOS)	Valor variable 1			34			Fuente de información variable 1	Registros administrativos de la UAOS
Nombre variable 2	Conflictos atendidos por la UAOS en el periodo (CaUAOS)	Valor variable 2			51			Fuente de información variable 2	Registros administrativos de la UAOS
Nombre variable 3	Conflictos solucionados o distendidos en el periodo por la UG	Valor variable 3			30			Fuente de información variable 3	Registros administrativos de la Unidad de Gobierno
Nombre variable 4	Conflictos atendidos en el periodo por la UG	Valor variable 4			30			Fuente de información variable 4	Registros administrativos de la Unidad de Gobierno
Nombre variable 5	Conflictos solucionados o distendidos en el periodo por las Direcciones Generales Regionales	Valor variable 5			1,292			Fuente de información variable 5	Registros administrativos de las Direcciones Generales Regionales
Nombre variable 6	Conflictos atendidos en el periodo por las Direcciones Generales Regionales	Valor variable 6			1,582			Fuente de información variable 6	Registros administrativos de las Direcciones Generales Regionales
Sustitución en método de cálculo
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base				Nota sobre la línea base
Valor	81.53			El valor fue tomado de lo reportado en el año 2024, no se cuenta con insumos para construir la serie histórica
Año	2024
Meta 2030				Nota sobre la meta 2030
88
SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
2018	2019	2020	2021				2022	2023	2024
N/D	N/D	N/D	N/D				N/D	N/D	81.53
METAS
2025	2026	2027				2028		2029	2030
83	84	85				86		87	88

Indicador 2.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR
Nombre	2.1 Porcentaje de personas de 18 años y más que considera seguro su municipio
Objetivo	Objetivo 2. Fortalecer la coordinación interinstitucional y la participación social para la construcción de paz en las diferentes regiones del país.
Definición o descripción	Mide el número de personas que perciben su municipio como seguro, estimadas en población de 18 años y más por cada 100 000 habitantes.
Derecho asociado	Derecho a la seguridad pública establecido en el artículo 21 de la CPEUM
Nivel de desagregación	Nacional		Periodicidad o frecuencia de medición		Anual
Acumulado o periódico	Periódico		Disponibilidad de la información		Septiembre
Unidad de medida	Porcentaje		Periodo de recolección de los datos		Marzo-abril
Tendencia esperada	Descendente		Unidad responsable de reportar el avance		Subsecretaría de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.
Método de cálculo	DONDE Porcentaje de población de 18 años y más que consideran segura su colonia o localidad Psm: Población total de personas de 18 años y más que consideran segura su colonia o localidad PT: Población total de 18 años y más
Observaciones
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1	Psm	Valor variable 1	34,097,018		Fuente de información variable 1	INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)
Nombre variable 2	PT	Valor variable 2	94,037,600		Fuente de información variable 2	INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)
Sustitución en método de cálculo
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base			Nota sobre la línea base
Valor	36.3
Año	2024
Meta 2030			Nota sobre la meta 2030
42.3
SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
28.9	28.3	28.6	33.2	34	35.3	36.3
METAS Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.
2025	2026	2027		2028	2029	2030
37.3	38.3	39.3		40.3	41.3	42.3

Indicador 3.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

3.1 Tasa de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos por cada cien mil personas presentados ante la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Objetivo

Objetivo 3. Dirigir una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades, el acceso universal a
la justicia y la no discriminación.

Definición o
descripción

El indicador mide la cantidad de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos registrados en los
expedientes de queja calificados durante el año como presuntamente violatorios de derechos humanos, en la CNDH
respecto a la población a mitad del año.

Derecho asociado

Todos los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y los tratados internacionales de conformidad con el
artículo 1o. constitucional.

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Acumulado o
periódico

Periódico

Disponibilidad de
la información

Diciembre

Unidad de medida

Hechos presuntamente violatorios de
derechos humanos por cada cien mil
habitantes.

Periodo de
recolección de los
datos

Agosto -septiembre

Tendencia
esperada

Descendente

Unidad
responsable de
reportar el avance

Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y
Migración

Método de cálculo

Observaciones

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Nombre variable 1

Hechos presuntamente
violatorios de derechos
humanos

Valor variable 1

30,671

Fuente de
información
variable 1

INEGI. Censo Nacional de
Derechos Humanos
Federal y Estatal.

Nombre variable 2

Población a mitad del
año

Valor variable 2

131,135,337

Fuente de
información
variable 2

CONAPO. Conciliación
Demográfica 1950 a 2019
y Proyecciones de la
Población de México 2020
a 2070.

Sustitución en
método de cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

23.4

El último valor definitivo disponible corresponde a 2023

Año

2023

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

15.7

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

2018

2019

2020

2021

2022

2023

19.4

22.4

20.9

15.7

18.3

23.4

METAS

2025

2026

2027

2028

2029

2030

21.2

20.1

17.9

16.8

15.7

Indicador 4.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

4.1 Brechas de la esperanza de vida al nacimiento entre las entidades federativas del país

Objetivo

Objetivo 4. Reducir las brechas de desigualdad social y demográfica que afectan a la población, mediante políticas
públicas con perspectiva de género, diversidad, curso de vida, intercultural e interseccional.

Definición o
descripción

Mide la diferencia que existe entre la entidad federativa con mayor esperanza de vida al nacimiento y la de menor, en
un año calendario.

Derecho asociado

A nivel internacional, la esperanza de vida es uno de los componentes del índice de Desarrollo Humano, y se asocia,
entre otros con el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo y a la igualdad.

El artículo 1o. constitucional garantiza la protección de todos los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna
y los tratados internacionales; el derecho a la educación se consagra en el artículo 3o.; los derechos a la protección
de la salud y a una alimentación nutritiva y de calidad, están protegidos por el artículo 4o.; mientras que el artículo
123 establece el derecho al trabajo digno y socialmente útil, complementado por la libertad para dedicarse a
cualquier profesión lícita, como lo mandata el artículo 5o..

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o frecuencia de
medición

Anual

Acumulado o
periódico

Periódico

Disponibilidad de la información

Diciembre

Unidad de medida

Años de vida promedio

Periodo de recolección de los
datos

Enero-diciembre

Tendencia
esperada

Descendente

Unidad responsable de reportar
el avance

4.- Gobernación

G00.- Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Población

Método de cálculo

BEV (t): Brecha de la esperanza de vida

MEVEF: Mayor esperanza de vida entre las entidades federativas (t)

mevef: Menor esperanza de vida entre las entidades federativas (t)

Observaciones

El indicador se calculará cada año con dos años de desfase debido a que las defunciones al cierre de cada año
tienen al menos un año de retraso en su publicación, además, se actualizará la serie completa cuando haya una
nueva conciliación demográfica a partir de los censos, conteos, encuestas representativas, estadísticas vitales y
otras fuentes de información.

Las cifras de 2019 corresponden a estimaciones asociadas a la Conciliación Demográfica de México, 1950-2019. De
2020 a la fecha corresponden a las Proyecciones de Población de México y de las Entidades Federativas, 2020-
2070.

En la generación de los datos se actualizan los componentes de la dinámica demográfica al incorporar nuevas
fuentes de información, como el Censo de Población y Vivienda realizado en 2020, entre otras fuentes por lo que las
cifras anteriores concluyen su vigencia.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.

Variable 1 (2024)

Mayor esperanza de vida al nacimiento
entre las entidades federativas del país en
el año t

Valor 1

77.73

Proyecciones de la
Población de México y de
las Entidades Federativas
2020 - 2070.

Variable 2 (2024)

Menor esperanza de vida al nacimiento
entre las entidades federativas del país en
el año t

Valor 2

72.99

Proyecciones de la
Población de México y de
las Entidades Federativas
2020 - 2070.

Sustitución en
método de cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

4.74

Se establece la línea base respecto al año 2024, por ser el
año en el que cierra la administración previa y en los años
siguientes se busca que el indicador tenga un cambio
favorable.

Año

2024

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

4.25

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4.76

7.34

7.58

4.84

4.79

4.74

METAS

2025

2026

2027

2028

2029

2030

4.71

4.64

4.57

4.48

4.37

4.25

Indicador 5.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

5.1 Índice de población extranjera con estancia autorizada en México.

Objetivo

Objetivo 5. Implementar una política migratoria integral, que promueva una movilidad ordenada, segura y regular,
apegada al reconocimiento y protección de los derechos humanos de las personas migrantes, con especial
atención a aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

Definición o
descripción

Mide la estancia o ingreso regular y ordenado a territorio nacional para personas extranjeras en México.

Derecho asociado

El derecho a la movilidad humana, al asilo y al reconocimiento de la condición de refugiado protegido por el
artículo 11 de la CPEUM.

Nivel de
desagregación

Personas extranjeras con intención de
residencia en México

Nacional

Periodicidad o
frecuencia de medición

Anual

Acumulado o
periódico

Periódico

Disponibilidad de la
información

Febrero del año posterior al cierre del
año

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de recolección
de los datos

Enero a diciembre.

Tendencia esperada

Ascendente

Unidad responsable de
reportar el avance

Unidad de Política Migratoria, Registro
e Identidad de Personas

Método de cálculo

IPEA= ((C1*4)+(C2*2.5)+(C3*3.5))

C1= Porcentaje de trámites resueltos positivos para residencia temporal o permanente

C2= Porcentaje de trámites resueltos positivos para la tarjeta de visitante por razones humanitarias

C3= Porcentaje de trámites resueltos positivos de regularización por tener documento vencido o realizar
actividades no autorizadas

Observaciones

El C1 incluye los trámites de estancia temporal y permanente por cualquier vía autorizada en la Ley de Migración, así como los trámites de regularización migratoria por motivos como el vínculo de parentesco y separa a los trámites integrados al componente C3 para evitar duplicidad.

El componente C3 incluye exclusivamente las regularizaciones por documento vencido o actividades no autorizadas, que muestra la relevancia de contar con elementos que fomente la regularización de las personas que llegan o las que ya están en territorio nacional, pero que se encuentran en algún supuesto de irregularidad migratoria.

Los pesos se asignan debido a la importancia relativa de cada componente en el contexto del objetivo general, que es garantizar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos para las personas extranjeras en México.

C1 (Peso 4): La residencia temporal o permanente puede considerarse la vía más estable para la regularización de la estancia en un país, así que se le ha dado el peso más alto por su impacto duradero en la vida de los inmigrantes.

C2 (Peso 2.5): La tarjeta de visitante por razones humanitarias es crucial, pero afecta generalmente a un número más limitado de situaciones y no siempre significa una estancia prolongada o permanente.

C3 (Peso 3.5) La regularización de personas con documentos vencidos o que realizan actividades no autorizadas es crucial. Aunque tal regularización podría no ofrecer una situación tan estable como la residencia temporal o permanente, proporciona más estabilidad en comparación con las tarjetas de visitante por razones humanitarias.

El valor del indicador tiene un puntaje que va de 0 a 10.

10 = significa que se está garantizando el acceso de las personas extranjeras a la migración regular en México.

8-9 = significa que se garantiza de manera aceptable el acceso de las personas extranjeras a la migración regular en México.

6-7 = significa que se debe trabajar en la gestión o normativa para garantizar de manera aceptable el acceso de las personas extranjeras a la migración regular en México.

0-5 = significa que existe un proceso deficiente para garantizar el acceso de las personas extranjeras a la migración regular en México.

El valor de las variables se expresa en porcentaje, sin embargo, en el método de cálculo, el valor se expresa en decimales para la aplicación de los ponderadores y que el valor final del índice sea interpretado en la escala de 1 a 10, previamente definida.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Nombre
variable 1

Porcentaje de trámites
resueltos positivos para
residencia temporal o
permanente.

Valor variable 1

99.98

Fuente de
información variable
1

Estadística migratoria
a partir de los
registros
administrativos

Gobernación

Unidad de Política
Migratoria, Registro e
Identidad de
Personas.

Nombre
variable 2

Porcentaje de trámites
resueltos positivos para
la tarjeta de visitante
por razones
humanitarias.

Valor variable 2

100

Fuente de
información variable
2

Estadística migratoria
a partir de los
registros
administrativos

Gobernación

Unidad de Política
Migratoria, Registro e
Identidad de
Personas.

Nombre
variable 3...

Porcentaje de trámites
resueltos positivos de
regularización por tener
documento vencido o
realizar actividades no
autorizadas.

Valor variable 3...

99.48

Fuente de
información variable
3...

Estadística migratoria
a partir de los
registros
administrativos

Gobernación

Unidad de Política
Migratoria, Registro e
Identidad de
Personas.

Sustitución en
método de cálculo

IPEA 2023= ((0.9998*4)+(1*2.5)+(0.9948*3.5))

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

9.98

Al cierre de la integración del PSG 2025-2030 la información
correspondiente a 2024 aún no se encontraba consolidada, por lo
que se toma como línea base las cifras consolidadas de 2023.

El valor del indicador va de 1 a 10. Dado que el indicador ya es
alto, la proporción de crecimiento es marginal.

Año

2023

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

10.0

El valor del indicador va de 1 a 10. Se espera que la meta se
alcance en 2029 y se mantenga hasta 2030

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

2018

2019

2020

2021

2022

2023

9.10

9.47

9.62

9.87

9.52

9.98

METAS

2025

2026

2027

2028

2029

2030

9.99

10.0

Indicador 5.2

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

5.2 Porcentaje de personas mexicanas en retorno desde Estados Unidos vinculadas a orientaciones, servicios o
programas de asistencia gubernamentales.

Objetivo

Objetivo 5. Implementar una política migratoria integral, que promueva una movilidad ordenada, segura y regular,
apegada al reconocimiento y protección de los derechos humanos de las personas migrantes, con especial atención a
aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

Definición o
descripción

Mide el porcentaje de personas mexicanas en retorno vinculados a orientaciones, servicios o programas de asistencia
gubernamentales o derivadas de mecanismos de concertación.

Derecho
asociado

El derecho a la movilidad humana, al asilo y al reconocimiento de la condición de refugiado protegido por el artículo 11
de la CPEUM.

Nivel de
desagregación

Personas mexicanas repatriadas desde
Estados Unidos Nacional

Periodicidad o
frecuencia de medición

Anual

Acumulado o
periódico

Periódico

Disponibilidad de la
información

Febrero del año posterior al cierre del año

Unidad de
medida

Porcentaje

Periodo de recolección
de los datos

Enero a diciembre.

Tendencia
esperada

Descendente.

Unidad responsable de
reportar el avance

Unidad de Política Migratoria, Registro e
Identidad de Personas

Método de
cálculo

Total de personas mexicanas devueltas desde Estados Unidos registradas como reincidentes durante un año
calendario entre el total de personas mexicanas devueltas desde Estados Unidos registradas como reincidentes que
recibieron apoyo para acceder a servicios financieros, educativos y/o a programas sociales en los módulos de puntos
oficiales de repatriación o en los aeropuertos donde se aplica el Procedimiento de Repatriación al Interior de México en
un año calendario por cien

Observaciones

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.

Nombre variable
1

Total de personas mexicanas devueltas
desde Estados Unidos registradas como
reincidentes durante un año calendario.

Valor
variable 1

213

Fuente de
información
variable 1

Estadística migratoria a
partir de los registros
administrativos

Gobernación

940.- Unidad de Política
Migratoria, Registro e
Identidad de Personas

Nombre variable
2

Total de personas mexicanas devueltas
desde Estados Unidos registradas como
reincidentes que recibieron apoyo para
acceder a servicios financieros,
educativos y/o a programas sociales en
los módulos de puntos oficiales de
repatriación o en los aeropuertos donde
se aplica el Procedimiento de
Repatriación al Interior de México en un
año calendario.

Valor
variable 2

20,040

Fuente de
información
variable 2

Estadística migratoria a
partir de los registros
administrativos

Gobernación

940.- Unidad de Política
Migratoria, Registro e
Identidad de Personas

Sustitución en
método de cálculo

(213/20,040)*100=1.1

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

1.1

Se estima un valor promedio de reducción de 0.34
anual

Año

2024

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

0.5

Se estima un valor promedio de reducción de 0.34
anual

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

N/D

8.8

1.2

2.0

1.1

METAS

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

Indicador 6.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

6.1 Confianza en los gobiernos estatales y municipales

Objetivo

Objetivo 6. Mejorar la eficacia de la gestión pública y la gobernanza democrática en los municipios del país para
reducir las brechas de desarrollo regional.

Definición o
descripción

El indicador mide el porcentaje de personas de 18 años y más en áreas urbanas que manifiestan que el Gobierno
Municipal y el Gobierno Estatal les generan mucha confianza o algo de confianza.

Derecho asociado

Artículo 8o. de la CPEUM (derecho de petición y obligación de las autoridades de responder). Artículo 134
constitucional (principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la administración pública).

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o frecuencia de
medición

Bienal

Acumulado o
periódico

Periódico

Disponibilidad de la
información

Mayo

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de recolección de los
datos

Octubre - noviembre

Tendencia esperada

Ascendente

Unidad responsable de
reportar el avance

Instituto Nacional para el Federalismo y
Desarrollo Municipal

Método de cálculo

Observaciones

Donde

CAPE: Confianza en la Administración Pública Estatal

CAPM: Confianza en la Administración Pública Municipal

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.

Nombre variable 1

Porcentaje de confianza
en la Administración
Pública Estatal

Valor variable 1

48.22

Fuente de
información
variable 1

INEGI. Encuesta
Nacional de Calidad
e Impacto
Gubernamental
(ENCIG)

Nombre variable 2

Porcentaje de confianza
en la Administración
Pública Municipal

Valor variable 2

49.92

Fuente de
información
variable 2

INEGI. Encuesta
Nacional de Calidad
e Impacto
Gubernamental
(ENCIG)

Sustitución en
método de cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

49.07

La línea base se construye con el dato para
2023 toda vez que la frecuencia del indicador
es bienal.

Año

2023

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

55.74

La meta de la administración se alcanzaría en
2029, toda vez que el indicador es bienal

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

42.40

46.12

49.07

METAS

2025

2026

2027

2028

2029

2030

51.29

53.51

55.74

FUENTES CITADAS

· Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR por sus siglas en inglés), 2022. Para más información véase: https://www.acnur.org/sites/default/files/2023-06/global-trends-2022_esp.pdf

· Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN DESA por sus siglas en inglés), 2025. Data accessed via the Migration Data Portal, datos consultados el 25 de abril de 2025. https://www.migrationdataportal.org/international-data?i=stock_abs_&t=2024.

· Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020. Encuesta Nacional sobre Cultura Cívica (ENCUCI). En: https://www.inegi.org.mx/programas/encuci/2020/

· Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2022. Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS). En: https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2022/#::text=La%20ENADIS%202022%20se%20suma,manera%20estructural%20han%20sido%20discriminados

· Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2023. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG). En: https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2023/

· Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2024. Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal (CNDHF-E). En: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/CNDHE-F/CNDHF-EF2024.pdf

· Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2024. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). En: https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2024/

· Secretaría de Gobernación. Los datos pueden consultarse en: http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Direccion_de_Estadistica#est

· Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incidencia delictiva del fuero común, con corte al 31 de marzo de 2025. Datos preliminares al 20 de abril de 2025.

___________________________________

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2024. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). En: https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2024/

2 Fuente: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

3 Instituto Nacional de Telecomunicaciones, 2024, Informe de Cobertura de los Servicios de Radiodifusión en México 2024 disponible en: https://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/espectro-radioelectrico/informedecoberturadelosserviciosderadiodifusionenmexico2024.pdf

4 Diario Oficial de la Federación, 2024. Disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5716322&fecha=07/02/2024#gsc.tab=0

5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020. Encuesta Nacional sobre Cultura Cívica (ENCUCI). En: https://www.inegi.org.mx/programas/encuci/2020/

6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2023. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG). En: https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2023/

7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2022. Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS). En: https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2022/#::text=La%20ENADIS%202022%20se%20suma,manera%20estructural%20han%20sido%20discriminados

8 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incidencia delictiva del fuero común, con corte al 31 de marzo de 2025. Datos preliminares al 20 de abril de 2025. Disponible en : https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva

9 Secretaría de Gobernación. Los datos pueden consultarse en: http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Direccion_de_Estadistica#est

10 Las resoluciones hacen referencia a casos no a personas, por lo que un caso puede considerar a más de una persona. Datos al cierre de diciembre de 2024, para más información véase: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/964580/Cierre_Diciembre-2024.pdf

11 Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR por sus siglas en inglés), 2022. Para más información véase: https://www.acnur.org/sites/default/files/2023-06/global-trends-2022_esp.pdf

12 Fuente: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/EstSegPub/ENCIG_23.pdf

13 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/CNDHE-F/CNDHF-EF2024.pdf

14 Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación (Coneval, 2024); Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. Ciclo escolar 2023-2024 (SEP, 2024).

15 Fuente: INEGI 2023, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023.

16 Fuente: INEGI. Pobreza multidimensional, 2024. Cálculos con base en la información de la ENIGH 2024.

17 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2025, Primer trimestre (INEGI, 2025).

18 Las resoluciones hacen referencia a casos no a personas, por lo que un caso puede considerar a más de una persona. Datos al cierre de diciembre de 2024, para más información véase: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/964580/Cierre_Diciembre-2024.pdf

19 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN DESA por sus siglas en inglés), 2025. Data accessed via the Migration Data Portal, datos consultados el 25 de abril de 2025. https://www.migrationdataportal.org/international-data?i=stock_abs_&t=2024.