PROGRAMA Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 2025-2030.

Al margen un logotipo, que dice: Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 2025-2030.

Aprobado por la Unidad de Política y Estrategia para Resultados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio 419/UPER/2025/0443, de fecha 21 de agosto de 2025, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 14, fracciones I, III y IV, 26 bis y 29, párrafo cuarto, de la Ley de Planeación; 22, fracciones IV y X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de conformidad con el numeral 40 de los Criterios para la Gestión, Evaluación y Actualización de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

1. Índice

2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa

3. Siglas y acrónimos

4. Fundamento normativo

5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo

6. Objetivos

6.1 Objetivo 1: Promover la coordinación institucional y la eficacia de las autoridades involucradas en la prevención, identificación, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, mediante la integración, consulta y explotación de los datos de la Plataforma Digital Nacional, para formular metodologías y herramientas de inteligencia e innovación anticorrupción.

6.2 Objetivo 2: Contribuir a la consolidación de una agenda nacional articulada en materia de prevención, detección, y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en fiscalización, control de recursos públicos y fomento de la cultura de la integridad mediante la provisión de instrumentos técnicos, mecanismos y estrategias de seguimiento, evaluación y capacitación.

6.3 Objetivo 3. Consolidar la implementación de un modelo de gestión institucional orientado a resultados que incorpore los enfoques transversales de derechos humanos, igualdad de género y no discriminación, y que promueva una cultura de integridad en la actuación de las personas servidoras públicas.

6.4 Vinculación de los objetivos del Programa Institucional de la SESNA 2025-2030.

7. Estrategias y líneas de acción

8. Indicadores y metas

2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa

La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus Objetivos, Estrategias y Líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio respectivo.

3. Siglas y acrónimos

ASF: Auditoría Superior de la Federación

ATA: Anexo Transversal Anticorrupción

CJF: Consejo de la Judicatura Federal

CC-SNA: Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción

CPC: Comité de Participación Ciudadana

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

DOF: Diario Oficial de la Federación

ENCIG: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental

ENCOAP: Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública

FEMCC: Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción

INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

LGSNA: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

LGRA: Ley General de Responsabilidades Administrativas

MDA: Mercado Digital Anticorrupción

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

PAA: Plataforma de Aprendizaje Anticorrupción

PDN: Plataforma Digital Nacional

PEA: Políticas Estatales Anticorrupción

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación

PI-PNA: Programa de Implementación de la PNA

PNA: Política Nacional Anticorrupción

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030

SESNA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción

SESLA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción

SiSE: Sistema de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional Anticorrupción

SABG: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

SLA: Sistemas Locales Anticorrupción

SNA: Sistema Nacional Anticorrupción

SNF: Sistema Nacional de Fiscalización

TFJA: Tribunal Federal de Justicia Administrativa

4. Fundamento normativo

El 27 de mayo de 2015 se publicaron una serie de reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la CPEUM en materia de combate a la corrupción; en particular, se resalta la reforma al artículo 113, con la cual se crea el SNA, como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Como parte de las reformas antes mencionadas, se reformó también la fracción XXIV del artículo 73 de la CPEUM, facultando al Congreso de la Unión para expedir la ley general que estableciera las bases de coordinación del SNA, por lo que el 18 de julio de 2016 se publicó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), la cual es de observancia en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios para el funcionamiento del SNA.

De acuerdo con el artículo 9 de la LGSNA, el CC-SNA es la instancia responsable de definir los mecanismos de coordinación entre los integrantes del SNA y tiene bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.

En términos del artículo 25 de la LGSNA, se instituyó a la SESNA proveer asistencia técnica e insumos que resulten necesarios para el desempeño de sus atribuciones constitucionales y legales al CC-SNA. Conforme al artículo 24 de la LGSNA, la SESNA es un organismo descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, por lo que es regulada por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento respecto de su organización, funcionamiento y control, así como por su Estatuto Orgánico respecto de su estructura y organización particular.

En este sentido, siguiendo lo establecido en el artículo 26 de la CPEUM y el artículo 47 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; así como de la Ley de Planeación en su fracción II del artículo 17, los artículos 22, 24 y 26 Bis; el cuarto párrafo del artículo 29 de dicha Ley, y en el ejercicio de las facultades conferidas en la fracción II del artículo 18 del Estatuto Orgánico de la SESNA se presenta el Programa Institucional 2025 - 2030, el cual se ha desarrollado en estricto apego a los Criterios para la gestión, evaluación y actualización de los programas derivados del PND, así como a la Guía para la elaboración de programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030.

La SESNA contribuye en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos establecidos en la CPEUM como la garantía a la legalidad, así como el derecho a una buena administración pública y a la capacitación profesional. Debido a lo anterior, la SESNA es la entidad responsable de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del presente programa.

5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo

El control de la corrupción en México es un tema prioritario y desde la última década, continúa siendo un reto dentro de la agenda pública nacional. Esta problemática no solo debilita el tejido social, sino que también compromete el bienestar del pueblo mexicano.

Con la reforma anticorrupción de 2015 se creó el SNA, con la visión de fortalecer a las dos instancias administrativas encargadas del control y la vigilancia de las funciones administrativas, la SFP, hoy SABG, y la ASF, mediante un esquema de coordinación y colaboración donde convergieran con otras instituciones dotadas de autoridad: la FEMCC, como parte de la Fiscalía General de la República, el TFJA, el CJF y, hasta el ejercicio 2024, el hoy extinto INAI, y el Comité de Participación Ciudadana, integrado por ciudadanos elegidos por el poder legislativo con base a una convocatoria abierta quien preside dicho órgano, para que actuaran en conjunto y colocaran los cimientos sobre los cuales se edificaría el Sistema Nacional Anticorrupción. A este diseño institucional se le denominó Comité Coordinador. Además, el SNA cuenta con el SNF y los 32 SLA que reproducen el mismo diseño a nivel estatal y, en algunas entidades federativas, los sistemas municipales.

En este sentido, el SNA habrá de entenderse como el espacio de coordinación del que resulten mejoras administrativas en los entes públicos anticorrupción de todo el Estado mexicano bajo dos premisas:

· La homologación de normativa y criterios que permitan a todos los entes públicos del Estado Mexicano advertir qué es la corrupción, sus principales manifestaciones, así como contar con el andamiaje legal y técnico necesarios para un control eficiente; esto es, para funcionar como un sistema.

· La construcción e intercambio de prácticas, conocimientos y herramientas que doten a instituciones de los tres órdenes de gobierno y poderes de las capacidades suficientes para que el control de la corrupción privilegie la obtención de resultados y el uso eficiente de los recursos públicos.

Para cumplir con lo anterior, la SESNA, por mandato del CC-SNA, trabaja para facilitar la coordinación e intercambio efectivo entre todas las instituciones del Estado mexicano que contribuyen al control de la corrupción (LGSNA, artículos 24 y 25).

La SESNA es una institución que busca abonar en la construcción e instrumentación de política pública; de herramientas y desarrollos tecnológicos de vanguardia para una mejor prevención, identificación, investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción; así como de recursos formativos para contribuir en la construcción de un servicio público íntegro y mejor capacitado. Todo lo anterior con el propósito de sumar en la mejora de los grandes procesos a cargo de las instancias del Comité Coordinador Nacional y los Comités Estatales en la materia.

En lo que concierne al universo de atención, el SNA tiene como meta dar seguimiento a la ejecución de acciones en materia de integridad y anticorrupción en más de 325 entes públicos que orbitan en este sistema. Igualmente, debe homologar procesos y normativa en los más de 6,600 entes públicos del Estado mexicano que ejercen recursos públicos, y los más de 4 mil Órganos Internos de Control, 32 Tribunales de Justicia Administrativa y autoridades judiciales que participan en las labores de prevención, detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Para ello, esta Secretaría se encarga de dar puntual seguimiento a los acuerdos del CC-SNA y al propio SNA, en el marco de su Asamblea Nacional; de verificar que estos compromisos se cumplan en el total de los entes públicos ya señalados y, de especial importancia, administrar con transparencia, seguridad, y responsabilidad la PDN.

Así, se pone en contexto la visión estratégica que conduce el actuar de la SESNA. Esto a partir de la identificación de retos específicos que se han analizado dentro del SNA y que convergen con los ejes y propuestas que estará desarrollando el Gobierno Federal para el sexenio 2025 - 2030.

Un primer reto en materia de corrupción e integridad, y su atención por parte de la SESNA, es promover la coordinación institucional y la eficacia de las autoridades involucradas en la prevención, identificación, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, mediante la integración, consulta y explotación de los datos de la Plataforma Digital Nacional, para formular metodologías y herramientas de inteligencia e innovación anticorrupción.

En este sentido, las tecnologías de la información son considerados elementos preponderantes en toda agenda para atender problemas públicos. En el caso del control de la corrupción, dentro de la LGSNA se advirtió tempranamente la necesidad de conformar y administrar una PDN, con base en criterios y estándares homologados. La misión definida para esta plataforma es la integración y provisión de información oportuna y estratégica para que las Contralorías, Ministerios Públicos, Tribunales o autoridades judiciales, en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, puedan consultar y explotar información pertinente y en tiempo real para prevenir, identificar y reaccionar ante posibles hechos de corrupción o faltas administrativas.

Tal encomienda parte del reconocimiento sobre la importante heterogeneidad y diversidad de criterios para sistematizar información sobre aspectos clave como la evolución patrimonial de personas servidoras públicas; las sanciones de las personas servidoras públicas y particulares, los procesos de contrataciones públicas; y los mecanismos de denuncia, entre otros. A esto se suman las diferencias en cuanto a la capacidad instalada en los entes públicos para analizar información de manera masiva, así como los recursos financieros limitados para adquirir software especializado para la gestión y explotación de esta información.

Debido a ello, el Estado mexicano, ha visto mermadas sus capacidades, en tanto que no dispone de información de los tres órdenes de gobierno en las temáticas antes señaladas para identificar oportunamente tendencias, anomalías, patrones, coincidencias y relaciones en la actuación de las personas servidoras públicas y particulares (personas físicas y personas morales). De esta manera, sin una herramienta tecnológica como la PDN no es posible, por ejemplo, conocer si una persona servidora pública que fue sancionada en algún municipio está trabajando en el Gobierno Federal.

La PDN es una herramienta tecnológica administrada por la SESNA que interconecta, de manera eficiente y austera, información gubernamental para los siguientes Sistemas de Información que componen dicho instrumento:

1. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal;

2. Sistema de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas;

3. Sistema nacional de Servidores públicos y particulares sancionados;

4. Sistema de información y comunicación del SNA y del SNF;

5. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción; y,

6. Sistema de Información Pública de Contrataciones.

Para lograr el flujo de información entre los entes públicos, la SESNA conceptualizó un modelo basado en comunicaciones mediante servicios web (APIs). Este modelo permite consultar en un solo sitio en tiempo real y en un formato homologado las bases de datos que generan los entes públicos a nivel nacional. Así, contralorías, ministerios públicos, tribunales o autoridades judiciales, en el ejercicio de sus respectivas atribuciones pueden acceder, intercambiar y procesar grandes volúmenes de información de alrededor de 6,600 entes públicos de los tres poderes y órdenes de gobierno, así como de órganos constitucionales autónomos. En este sentido, los proveedores de información siguen generando y controlando sus datos, sin embargo, ahora estos se integran a una sola fuente de información sistémica que permite que los datos sean comparables, accesibles, explotables y reutilizables.

De esta manera, la PDN se concibe como un núcleo tecnológico que cristaliza la coordinación nacional anticorrupción. Es, consecuentemente, un medio que habilita al Estado mexicano en su conjunto para alertar e identificar anomalías o tendencias en la evolución y el comportamiento de personas servidoras públicas y particulares, las actividades que realizan en áreas de riesgo, así como la relación que existe entre estos dos grupos. Finalmente, la información que arroja la PDN mediante sus seis sistemas puede ser utilizada para construir herramientas en inteligencia anticorrupción, tales como algoritmos y modelos predictivos.

Cabe mencionar que la conexión a la PDN es posible gracias a las acciones de coordinación nacional con las autoridades que integran el Comité Coordinador de los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción, así como con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Locales Anticorrupción, quienes son las encargadas de concentrar y transferir información de la federación, los estados y municipios.

Estas acciones se refieren principalmente al desarrollo e implementación de estándares de información y normativa secundaria para regular el acceso y funcionamiento de los Sistemas de Información de la PDN; la creación de sistemas de información que permitan la consulta y explotación de los registros de los entes públicos; así como de herramientas tecnológicas y puentes de comunicación que faciliten la gestión y transferencia de la información de la federación, estados y municipios hacia la PDN.

Al respecto, es importante mencionar que los desarrollos tecnológicos para la operación de la PDN se han hecho en su mayoría con las personas servidoras públicas de la SESNA, ello, principalmente, a través de herramientas tecnológicas de uso libre y en código abierto. Para ello, se conformó el MDA, un espacio de software libre que democratiza el acceso y uso de los desarrollos tecnológicos para que los entes públicos puedan gestionar sus registros de información y acelerar estos flujos hacia la PDN. El MDA cuenta con 19 recursos digitales para la interconexión con la PDN, y se estima que puede generar ahorros de más mil millones de pesos. Lo anterior considerando que el uso de alguna herramienta disponible en el MDA permite a la institución ahorrar de 1.5 a 2 millones de pesos; recurso que en otra situación se destinaría al pago de proveedores externos o licenciamiento.

La PDN se encuentra en su versión 1.2 y al cuarto trimestre de 2024 integra más de 9.7 millones de registros de información de 2,904 entes públicos de la federación, 27 entidades federativas y 904 municipios (más de un tercio del total de municipios en el país). La PDN concentra información estratégica de aproximadamente 44% de los entes públicos a nivel nacional. Los registros de información que concentra la PDN son vitales para realizar inteligencia anticorrupción, ya que, a través de su ordenamiento y cruce de datos, así como la aplicación de metodologías y algoritmos, es posible identificar oportunamente posibles faltas administrativas y hechos de corrupción.

Actualmente se construyen metodologías y algoritmos especializados para identificar posibles faltas administrativas como el enriquecimiento oculto, la actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, entre otros. Al respecto, uno de los usos más significativos hasta ahora y sobre el cual se desarrollan reportes de inteligencia, es el cruce de los datos entre los Sistemas 1 y Sistema 6. Esto para analizar posibles casos en los cuales personas servidoras públicas que poseen acciones o intereses en sociedades comerciales o asociaciones, se benefician ilícitamente de la adjudicación de contratos de bienes servicios y obra pública.

Asimismo, se desarrolla el cruce de datos de los Sistemas 1, 3 y 6, con la finalidad de identificar casos en los que personas servidoras públicas y particulares, aun estando impedidos para hacerlo, se encuentran prestando sus servicios en o para la administración pública. Para lograr que la PDN pueda transitar hacia su segunda etapa, la explotación de la información, se identifican cinco pendientes en la materia:

i) La consolidación de la infraestructura de datos anticorrupción que supone dar pasos contundentes en la homologación nacional de criterios y normativa, para la integración de la información de todos los entes públicos a nivel nacional en cada uno de los Sistemas de Información de la PDN;

ii) El desarrollo y mejora de soluciones informáticas que ayuden a interconectar a todo México en aquellos procesos que resultan de alto riesgo e interés en el ejercicio de la función pública, como la contratación pública, las denuncias de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la información relativa a los procesos de fiscalización y auditorías realizadas a los entes públicos;

iii) La consulta de información e interoperabilidad de la PDN con otras fuentes de información públicas y de otras autoridades, como la Secretaría de Economía y el Servicio de Administración Tributaria;

iv) La capacitación y socialización de este instrumento tecnológico para que las autoridades en los distintos ámbitos de gobierno conozcan y utilicen este instrumento a través de casos de uso concretos, y a su vez, puedan acceder a los mecanismos de consulta y explotación de la información; y

v) Así como la cooperación multi actor y multi nivel con otras instancias internacionales para fomentar mecanismos de intercambio de información efectivos para la investigación de hechos de corrupción transnacionales.

Actualmente, para lograr incentivos al desarrollo y al acceso generalizado a herramientas para la identificación y prevención de riesgos de corrupción, los gobiernos producen grandes volúmenes de datos relacionados con procesos administrativos y sustantivos de las instituciones públicas, así como de temas sectoriales, censos, encuestas, indicadores, entre otros; sin embargo, los datos por sí mismos, no dan información suficiente y relevante para la toma de decisiones, para poder ser utilizados con ese fin requieren de procesos de depuración, contextualización e interpretación.

Al respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)(1) señala que el objetivo del uso comprensivo de datos en las administraciones públicas es producir evidencia que sea pertinente, de calidad y oportuna; esto para que la toma de decisiones en torno a la acción pública y al diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas sea basada en evidencia y genere valor público.

Particularmente, en el ámbito de la lucha contra la corrupción la aplicación de la inteligencia de datos tiene gran potencial en el marco de los procesos del ciclo anticorrupción, es decir en la prevención, detección, investigación y sanción de actos de corrupción. Como muestra, la inclusión de la inteligencia de datos contribuye a la determinación sistemática de riesgos de corrupción, esto debido a la identificación de espacios dentro de los procesos institucionales de la administración pública y su interacción con otros sectores donde la probabilidad de la manifestación de actos de corrupción es mayor. Dicha identificación parte de la definición e interacción de una serie de variables (normativas, institucionales, administrativas y fiscales, por mencionar algunas) que, a partir de modelos matemáticos pueden alertar sobre dónde se ubican los espacios de mayor riesgo y cuáles son los factores que los detonan.

Respecto a los datos que pueden utilizarse con este fin, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, por sus siglas en inglés) señala una serie de conjuntos que mejoran la capacidad para determinar relaciones, comunicaciones, locaciones y patrones detrás de transacciones para identificar riesgos y actos corruptos(2), estos son: Datos de contratación y compra pública, declaraciones de activos e

intereses, datos en materia tributaria, registros de empresas, información sobre sanciones a personas naturales y jurídicas, así como información de inteligencia financiera.

Ahora bien, en el contexto de la lucha contra la corrupción en México, se advierte la persistencia de asimetrías en el desarrollo de metodologías de gestión de riesgos y herramientas de inteligencia anticorrupción con el uso de datos masivos para la prevención y detección de actos de corrupción, de tal manera que permitan detectar anomalías en los marcos institucionales de la administración pública.

A manera de ejemplificar estos retos, de acuerdo con el Informe del SNF 2024, el 64% de Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL) y Órganos Estatales de Control (OEC) manifestaron que sus planes estratégicos incluyen el proceso general de gestión de riesgos. En la siguiente tabla se puede observar los rubros específicos en materia de gestión de riesgos que integran dichos planes.

Rubros del plan estratégico	%
Identificación, clasificación, evaluación y priorización de riesgos	56%
Evaluación de controles existentes	52%
Monitoreo y seguimiento de los riesgos	50%
Presentación, al titular de la institución, del informe respectivo	39%
Respuesta a los riesgos	42%

Fuente: Informe del SNF 2024

En este mismo informe se señala que, el 50% (22 EFSL y 10 OEC) respondieron que utilizan herramientas de TIC o sistemas de inteligencia artificial para llevar a cabo las labores de fiscalización y auditoría gubernamental. Otro ejemplo de esto se puede observar en las contrataciones públicas donde, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2023 del INEGI, solo una entidad federativa cuenta con un sistema electrónico que registra todas las etapas del procedimiento de contratación y 8 entidades reportaron no contar con un sistema electrónico de contrataciones. Según el mismo Censo, entre los mecanismos de salvaguarda institucional menos utilizados a nivel nacional en las contrataciones públicas se encuentran las "Metodologías homologadas de riesgos", donde solo el 50% de las entidades las integran.

Por otro lado, en materia de verificación patrimonial se observa que, si bien la LGRA señala algunos elementos generales para la realización de la "Verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales" a los que deben ceñirse las autoridades en la materia, actualmente, existen importantes asimetrías en cuanto al desarrollo de metodologías y herramientas para la instrumentación de este proceso.

Dado este contexto, aunque de manera sistemática las dependencias públicas generan, recopilan y albergan una gran cantidad de datos y que, incluso se han registrado avances en cuanto el desarrollo de metodologías de gestión de riesgos de corrupción y el uso masivo de datos para crear valor público en las instituciones gubernamentales, es evidente que, la adopción de este tipo de instrumentos es desigual debido a diversos factores como la falta de recursos, capacidades técnicas o limitaciones institucionales.

En ese sentido, la SESNA, refrenda su compromiso de proponer metodologías y herramientas homologadas y robustas técnicamente en materia de gestión de riesgos e inteligencia anticorrupción a escala nacional que permitan detectar anomalías en temas estratégicos de la lucha contra la corrupción y fortalecer la toma de decisiones de las autoridades responsables. Entre los principales proyectos realizados en esta materia se encuentra el desarrollo de la prueba de concepto del Sistema de Alertamiento de Riesgos de Corrupción en Contrataciones Públicas que integra por una serie de métricas que evalúan los riesgos de corrupción en las etapas de un procedimiento de contratación (pre -procedimiento, procedimiento y post - procedimiento), agrupados en cinco alertamientos. La selección de variables de los alertamientos está basada en datos de Compras MX y el Sistema 6 de la PDN, que se encuentran bajo el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas (EDCA).

Al respecto, en 2024, se socializaron y retroalimentaron las métricas propuestas para el sistema de alertamiento con los integrantes de los Sistemas Anticorrupción. Como resultado, se recibieron 126 respuestas de instituciones de 26 Sistemas Locales Anticorrupción y de FEMCC, INAI, de la antes SFP, ahora SABG, y el CPC.

Asimismo, se realizó el "Análisis comparativo del marco normativo de contrataciones públicas a nivel estatal" a partir de un mapeo de buenas prácticas y el análisis de la legislación aplicable. El proyecto contiene un protocolo de trabajo y una matriz estructurada en cuatro etapas (pre - procedimiento, procedimiento, post - procedimiento y general), con 11 variables, 22 temáticas y un total de 114 preguntas. Cada variable se vincula a una pregunta para evaluar la existencia de disposiciones normativas y señala el tipo de riesgo asociado a la falta de dichas disposiciones.

Por otro lado, la SESNA se encuentra desarrollando una prueba de un "Algoritmo anticorrupción de programas sociales", que puede entenderse como una metodología para dar seguimiento a diversos programas sociales, enfocada en poblaciones vulnerables y utilizando datos masivos para la identificación de patrones de comportamiento estatal, posibles distorsiones y sesgos a fin de mejorar el diseño y operación de los programas.

A través de dicha metodología, se analizan las características y condiciones de la población objetivo y se construyen escenarios simulados basados en criterios de racionalidad distributiva tomando en cuenta las restricciones impuestas por los recursos ejercidos y las reglas de operación. De esta manera, el algoritmo evalúa la similitud entre estos escenarios y la distribución para detectar cuál es la racionalidad que se ajusta mejor a lo observado en la realidad y, así, determinar la estrategia más cercana que siguió el Estado para otorgar los apoyos.

Es importante hacer mención del proyecto denominado "Modelo de Verificación Patrimonial". Al respecto, en la Segunda Sesión Ordinaria del CC-SNA, celebrada el 03 de mayo de 2024, se aprobó la conformación de un "Grupo Técnico con los integrantes del CC-SNA para el diseño de la propuesta del modelo de verificación patrimonial", por considerar relevante el establecimiento de una metodología homologada que sirva de guía para el análisis de la evolución patrimonial de personas servidoras públicas.

Bajo este contexto, desde la SESNA se ha desarrollado una propuesta preliminar del Modelo integrado por cinco componentes cuyo propósito es sistematizar análisis y generar alertas de forma automatizada para potenciar los efectos que tienen los procesos de evolución patrimonial en la lucha anticorrupción y, a la par, desahogar labores administrativas que actualmente realizan la SABG y homólogas en las entidades federativas y, en su caso, los Órganos Internos de Control para que puedan enfocar sus esfuerzos en las labores sustantivas que tienen a su cargo.

Actualmente, se cuenta con la propuesta metodológica y de herramienta de un Generador de Muestras que permite elegir en distintos tipos de muestras ya sea, muestreo simple o muestreo estratificado por perfiles de riesgo. Y, a la par, se está desarrollando una serie de métricas para la detección de anomalías en las declaraciones presentadas por las personas servidoras públicas.

Dado lo anterior, en los próximos años se tiene previsto consolidar los proyectos como propuestas metodológicas, herramientas de inteligencias y de tableros para la identificación de riesgos de corrupción en contrataciones públicas, programas sociales y otras que fortalezcan el proceso de verificación de la evolución patrimonial, a partir del uso masivo de datos de las declaraciones de las personas servidoras públicas.

Un segundo reto es contribuir a la consolidación de una agenda nacional articulada en materia de prevención, detección, y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en fiscalización, control de recursos públicos y fomento de la cultura de la integridad mediante la provisión de instrumentos técnicos, mecanismos y estrategias de seguimiento, evaluación y capacitación.

La corrupción en el país representa un problema público de carácter estructural que deteriora la calidad de vida de la población, acentúa las desigualdades sociales y socava la legitimidad de las instituciones públicas. Para atender este fenómeno se necesita de una acción coordinada y multisectorial, encabezada por el Estado.

El combate a la corrupción debe ser una tarea conjunta en la que confluyan los esfuerzos de los tres Poderes de la Unión y los distintos órdenes de gobierno, así como el involucramiento de la sociedad civil y del sector privado.

Hasta hace algunos años, el país carecía de una definición clara del fenómeno de la corrupción, así como de una agenda nacional para enfrentarla. Esta ausencia limitaba por un lado la capacidad de acción del Estado, y por otro, generaba que los esfuerzos fueran aislados lo que fomentaba un entorno de impunidad, opacidad y discrecionalidad en el ejercicio del poder público.

A partir de la conformación del SNA, el país cuenta con una PNA(3). Esta política se concibe como la hoja de ruta del Estado mexicano que establece las directrices para prevenir, combatir y controlar la corrupción. Su diseño se estructura en cuatro Ejes Estratégicos, diez Objetivos Específicos y cuatro principios transversales. De estos elementos se derivan 40 prioridades de política pública que orientan una acción coordinada e integral por parte de los entes públicos en el marco del SNA. Tras la aprobación de la PNA, el CC-SNA instruyó a la SESNA a dar seguimiento al avance en la elaboración y aprobación de políticas anticorrupción en cada entidad federativa. Esta medida responde a la necesidad de traducir la política nacional en acciones concretas a nivel local, fortaleciendo las capacidades de los entes públicos estatales para atender las problemáticas específicas de cada región.

Con base en lo anterior, al 31 de marzo del 2025, se han aprobado 31 PEA, cuya base común son las prioridades definidas en la PNA. Este proceso implicó la participación de más de 250 entes públicos. Asimismo, se han aprobado 22 Programas de Implementación de las PEA. De estos programas 16 se encuentran en ejecución y 15 ya cuentan con mecanismos de seguimiento. En materia de evaluación, se han aprobado 6 Modelos de Seguimiento y Evaluación y en 21 Sistemas Estatales Anticorrupción contemplan indicadores de seguimiento. No obstante, persisten desafíos en la estandarización de herramientas de calidad, de los indicadores y la sostenibilidad de los mecanismos de evaluación, especialmente en entidades con menor capacidad institucional.

Ahora bien, toda hoja de ruta requiere de elementos específicos que delimiten acciones y responsables para su instrumentación efectiva. Así, se cuenta con un PI-PNA(4), como el instrumento técnico para concretar los elementos definidos en la PNA, este comprende 64 Estrategias y 140 Líneas de Acción que diversas instituciones públicas llevarán a cabo. Lo anterior, marca el inicio de una segunda etapa de compromiso interinstitucional y de colaboración con otros sectores de la sociedad en materia de control y combate a la corrupción en México(5). Al tercer año de ejecución del PI-PNA, se han podido identificar temas y áreas en los que se deben llevar a cabo acciones que contribuyan a fortalecer los procesos de prevención, detección y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. Estos temas se encuentran establecidos en la LGSNA y forman parte de los 100 compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

Acción sistémica de varios entes públicos: En materia de investigación y sanción de faltas administrativas y delitos relacionados con hechos de corrupción, se han incorporado diversos mecanismos de denuncia, así como estándares para la clasificación de dichas faltas como graves o no graves. No obstante, persisten elevados niveles de rezago tanto en los procesos de investigación y sanción de responsabilidades administrativas, como en el cierre de carpetas de investigación por delitos de corrupción. Entre las principales causas de este rezago se encuentran las capacidades institucionales limitadas y la falta de implementación de acciones sistémicas entre los entes públicos, que permitan un intercambio oportuno y eficaz de información.

Gráfica 1. Tasa de prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal

Fuente: ENCIG, INEGI. Elaboración propia.

Fortalecimiento de acciones anticorrupción: En lo que respecta al contacto entre el gobierno y la ciudadanía, a través de la realización de trámites y la solicitud de servicios públicos, se ha observado una desaceleración en la disminución de la tasa de prevalencia de la corrupción. De acuerdo con la ENCIG, de periodicidad bienal, la tasa de prevalencia pasó de 15,732 casos por cada 100,000 habitantes en 2019, a 14,701 en 2021, y posteriormente a 13,966 en 2023. Esto representa una reducción del 7.5 % en el periodo 2017-2019, frente a una disminución del 5 % en el periodo 2021-2023.

Durante la ejecución del PI-PNA, se observó que, si bien se logró la participación de 70 entes públicos, la mayoría de las actividades reportadas al programa están alineadas principalmente con sus funciones institucionales y en escasas ocasiones se diseñan e implementan acciones con un enfoque orientado a generar un impacto directo en la sociedad respecto a las temáticas del PI-PNA.

Alineación presupuestal a los esfuerzos anticorrupción: El análisis de la ejecución del PI-PNA ha permitido identificar que, en algunos casos, el interés de los entes públicos por colaborar en la implementación de acciones anticorrupción alineadas con los objetivos de la PNA se ve limitado por la ausencia de instrumentos normativos que posibiliten o respalden la puesta en marcha de dichas actividades. Esta limitación se atribuye, en buena medida, al desconocimiento del ATA, el cual permite alinear partidas presupuestales con diversas líneas de acción y, con ello, garantizar la continuidad y sostenibilidad de las acciones anticorrupción.

Asociado a lo anterior, se identificó la necesidad de conocer hacia dónde se orienta el gasto público, cómo se ejerce y, especialmente, en qué medida los entes públicos asignan recursos financieros, humanos y materiales en acciones para combatir la corrupción. Lo anterior, surge de la falta de programación presupuestaria específica que ha dificultado identificar cuál es la correlación entre los recursos que ejercen las instituciones y sus funciones en materia anticorrupción, así como la evolución de los recursos destinados; en tal sentido, contar con herramientas de programación y alineación de los presupuestos para que este esfuerzo sea sostenido en el tiempo es fundamental.

Por esta razón, desde 2021 se implementaron herramientas de alineación transversal del presupuesto a temas anticorrupción, dentro del marco del PEF aprobado anualmente por la Cámara de Diputados. En consecuencia, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria(6), a fin de incluir un ATA como un mecanismo que permita saber claramente el uso y destino de los recursos que los entes públicos utilizan para la prevención, detección, investigación y sanción de hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos desde un enfoque de política pública.

En seguimiento a lo anterior, para los ejercicios fiscales 2021 y 2022 el ATA se integró con una metodología alineada a la estructura de la PNA y a partir del 2023 dicha metodología se actualizó conforme a los elementos de la cadena lógica que se encuentran plasmados en el PI-PNA a través de sus Estrategias y Líneas de Acción, así como a los entes públicos responsables de su implementación.

Bajo este contexto, para el ejercicio 2025, el ATA considera inicialmente a los integrantes del CC-SNA, exceptuando al Comité de Participación Ciudadana, se incluye a la SESNA y, además, se integran instituciones públicas centralizadas, descentralizadas y autónomas que son responsables de alguna de las Líneas de Acción del PI-PNA como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría de Bienestar; la Secretaría de Economía; la Secretaría de Gobernación; la Secretaría de las Mujeres; por mencionar algunas. En la siguiente gráfica se puede observar la evolución del ATA, a través de los distintos ejercicios fiscales.

Gráfica 2. Evolución del Anexo Transversal Anticorrupción

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2025. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por otro lado, desde 2023 se han integrado ATA a los proyectos presupuestales de algunas entidades federativas, similares al modelo implementado a nivel federal. El monto anual etiquetado en anexos transversales ha pasado de $2,552.8 millones en 2023 (con la participación de 51 instituciones) a $6,362.9 millones en 2025 (83 instituciones). Para este último año, seis entidades federativas contaban con un ATA similar al federal; sin embargo, persistieron diferencias significativas en la metodología utilizada para etiquetar los recursos, lo cual limita la comparabilidad, la trazabilidad y la evaluación efectiva del gasto orientado al combate a la corrupción(7).

Instrumentos de política pública aprobados en las entidades federativas
Políticas anticorrupción	31
Programas de implementación	22
Metodologías o modelos de seguimiento y evaluación	6
Políticas y/o programas de implementación con indicadores de seguimiento	21
Anexos transversales anticorrupción	6
Total:	86

Fuente: Informe sobre la situación de los SEA. Elaboración propia.

Entidades federativas que participan en los programas de implementación
Baja California	8
Baja California Sur	7
Campeche	31
Chiapas	12
Chihuahua	9
Coahuila	8
Colima	15
Estado de México	551
Guanajuato	11
Jalisco	8
Michoacán	121
Morelos	143
Nayarit	14
Puebla	8
Quintana Roo	46
San Luis Potosí	185
Sinaloa	28
Tabasco	6
Tlaxcala	7
Veracruz	7
Yucatán	30
Zacatecas	8
Total:	1,263

Fuente: Informe sobre la situación de los SEA. Elaboración propia.

Ahora bien, para entender la conformación y articulación del SNA es importante tener en cuenta que está compuesto por instituciones de los tres poderes y órdenes de gobierno. Ello da cuenta de su complejidad operativa y de la necesidad de instrumentos de política pública efectivos para su articulación. Al cierre del primer trimestre 2025, el SNA acumulaba un total de 783 designaciones requeridas, de las cuales 262 estaban pendientes. Para que este entramado institucional pueda funcionar, el SNA debe sesionar mediante la participación de 35 representantes(8), quienes canalizan los acuerdos de los comités coordinadores, integrados por 257 entes públicos. Esta estructura refleja una arquitectura institucional robusta, pero con desafíos en su operatividad, continuidad administrativa y legitimidad social.

Integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción
Comité Coordinador del SNA	1
Comités Coordinadores de los Sistemas Locales Anticorrupción	31
Comité de Participación Ciudadana Nacional	1
Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización	1
Total:	34

Fuente: Informe sobre la situación de los SEA. Elaboración propia.

Integrantes de los Órganos Colegiados del SNA y sus Secretarías Ejecutivas
		Pendientes
Comité de Selección	240	115
Comité de Participación Ciudadana	155	65
Comité Coordinador	254	28
Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización	103	44
Secretaría Ejecutiva	32	21
Total:	783	262

Fuente: Informe sobre la situación de los SEA. Elaboración propia.

Entes públicos que integran los Comités Coordinadores del SNA
Comité de Participación Ciudadana	32
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción	32
Órgano Superior de Fiscalización	32
Tribunal de Justicia Administrativa	32
Contraloría Estatal	32
Consejo de la Judicatura	32
Contraloría Municipal	24
Órgano Garante en Materia de Transparencia	31
Sindicatura Municipal	7
Consejo de Evaluación Social de la CDMX	1
Órgano de Control de la CDMX	1
Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso de Hidalgo	1
Total:	257

Fuente: Informe sobre la situación de los SEA. Elaboración propia.

El brazo técnico del SNA también lo constituyen las SESLA, quienes al igual que la SESNA desarrollan los instrumentos de política pública que son analizados, enriquecidos y aprobados por las Comisiones Ejecutivas y Comités Coordinadores en cada caso.

La colaboración y la coordinación con las instituciones que integran el SNA, en especial con las SESLA, son funciones que la SESNA lleva a cabo mediante el sistema de atención a requerimientos, el cual permite atender de manera ordenada, rápida y eficaz los apoyos, asesorías y capacitaciones solicitadas por las personas servidoras públicas. En consecuencia, la relación institucional ha permitido homologar y sistematizar aspectos técnicos para avanzar en los temas sustantivos del SNA, especialmente con las SESLA cuyas capacidades técnicas y financieras son desiguales. Los temas sustantivos mediante los cuales se apoya con asesoría técnica y acompañamiento versan sobre implementación, seguimiento y evaluación de política pública; los 10 Indicadores Nacionales asociados a los Objetivos Específicos de la PNA; la interconexión a los sistemas que integran la PDN, además de las herramientas digitales gratuitas disponibles en el MDA; la PAA, y la estrategia de difusión coordinada con las SESLA en el marco del SNA; sin embargo, respecto de la colaboración, las SESLA han identificado áreas de oportunidad en: contrataciones públicas, socialización de la agenda de riesgos de corrupción, desarrollo de algoritmos en materia de riesgos de corrupción, comunicación efectiva y mayor difusión del trabajo colaborativo y contar con sitios web más intuitivos e incluyentes para mayor difusión e interactividad.

Por otro lado, la SESNA puede establecer alianzas estratégicas con instituciones generadoras de información estadística en los distintos niveles y órdenes de gobierno, con el propósito de contar con insumos que permitan adecuar a la realidad las acciones de prevención, detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de los recursos públicos.

Por ello, es necesario continuar impulsando acuerdos de colaboración con instituciones que generan datos estadísticos o que participan en procesos vinculados con las temáticas anticorrupción, a fin de establecer mecanismos eficaces de intercambio de información y buenas prácticas. En este contexto, resulta fundamental mantener la cercanía en los trabajos con el INEGI, especialmente considerando la vocalía que ocupa la SESNA dentro del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).

Gracias a esta coordinación, el SNA ha podido participar en la integración de observaciones a nivel nacional en la Propuesta de Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Responsabilidades Administrativas con Fines Estadísticos, desarrollada por el INEGI. Asimismo, se han incorporado módulos de preguntas en los censos de gobierno sobre temas relacionados con contrataciones públicas, contraloría social y procedimientos de sanción por faltas administrativas graves y no graves. Estos módulos también incluyen información sobre el monto de las sanciones económicas impuestas y las efectivamente cobradas. Este último aspecto reviste especial importancia, ya que estos censos se convierten en instrumentos clave para la recopilación de datos que permiten a los integrantes del CC-SNA informar a la sociedad sobre los procedimientos con sanción firme y las indemnizaciones efectivamente recuperadas, conforme a lo establecido en el artículo 57 de la LGSNA.

Ahora bien, desde su conformación en 2016, el SNA reconoció la necesidad de contar con herramientas y metodologías de seguimiento y evaluación para una adecuada implementación de las políticas anticorrupción, y así quedó establecido en el artículo 6 de la LGSNA, el cual enuncia que la SESNA será la instancia encargada de establecer, articular y evaluar la política en materia de combate a la corrupción.

Con base en lo anterior, el SiSE del SNA, fue aprobado el 12 de enero de 2024 por el CC-SNA y publicado en el DOF el 4 de marzo del mismo año. El SiSE es un conjunto de herramientas metodológicas e informáticas que brindan un panorama amplio tanto de los avances en la implementación de la PNA, a través de los PI-PNA y PI-PEA, como de los efectos positivos que el SNA está generando.

De esta forma se facilitará la obtención de evidencia, para analizar los resultados de la política pública anticorrupción y fortalecer la toma de decisiones en la materia. Entre su conjunto de herramientas destacan los 10 Indicadores Nacionales asociados a cada Objetivo Específico (OE) de la PNA. La primera medición realizada en 2024(9) permitió conocer los retos que el SNA tiene de cara a la construcción del Segundo piso de la cuarta transformación mismos que se encuentran relacionados con cada objetivo:

Coordinación del SNA (OE 1). Para que el SNA opere adecuadamente requiere que cada una de las piezas que lo conforman estén debidamente articuladas. Se identificó que el SNA cuenta con 22% de consolidación en términos de colaboración interinstitucional. Se observó que al cierre de 2023 en el ámbito local se contaba únicamente con 16 programas de implementación de Políticas Estatales Anticorrupción, pero ninguno de ellos estaba en operación. Aquí también es importante considerar el cumplimiento de acuerdos del SNA al cierre del 2024 contó con un avance promedio de 26%.

Aprovechamiento de Capacidades del Sistema de Justicia en materia de combate a la corrupción (OE 2). Uno de los mayores compromisos del SNA ha sido acabar con la impunidad logrando que los delitos por hechos de corrupción sean judicializados y sancionados con prontitud. Para ello se requiere un adecuado intercambio de información entre las instancias de procuración de justicia e impartición de justicia. Al cierre de 2024, la relación de capacidades institucionales entre estas dos instancias para el desahogo de investigaciones y juicios en materia de combate a la corrupción se ubicó en 39%, con un aprovechamiento del 50% en las fiscalías y del 28% en el sistema judicial. Este desequilibrio se refleja en un dato particularmente crítico: solo el 8.9% de las causas penales por hechos de corrupción se concluyeron con una sentencia definitiva.

Profesionalización del Servicio Público (OE3). Para erradicar la arbitrariedad, el abuso de poder y la discrecionalidad en el servicio público es necesario asegurar que las instituciones públicas cuenten con personas servidoras públicas íntegras. Al cierre de 2024, la cobertura nacional de esquemas de profesionalización y capacitación de las personas servidoras públicas en materia de integridad se ubicó en 44%. Además, se identificó que 16% de estos se encuentran contratados bajo regímenes que limitan la profesionalización. Asimismo, persiste la brecha entre hombres y mujeres en el servicio público y se tiene un rezago de 33.7% en la implementación de esquemas como el reclutamiento y selección de personal y de servicio civil de carrera.

Estandarización presupuestaria (OE 4). La forma en que se asigna y gasta el dinero público es un asunto que concierne directamente a la sociedad. En este tema, se ha identificado que la adopción de prácticas, metodologías e instrumentos estandarizados de presupuestación y ejercicio del gasto, establecidos por instituciones federales y nacionales se ubica en un 88%; y, la accesibilidad a instrumentos presupuestarios que abonan a la transparencia y rendición de cuentas se ubica en un 79%.

Homologación de capacidades fiscalizadoras (OE 5). Se requiere producir y sistematizar evidencia sobre el seguimiento a las auditorías por parte del SNF, lo cual permitirá impulsar el desarrollo del sistema 4 de la PDN. El avance en la homologación de normas, procesos y capacidades entre los integrantes del SNF se ubicó en un 68%. De los tres elementos que conforman la medición, el menor valor lo obtuvo la existencia de mecanismos de seguimiento de auditorías al ubicarse en 47%, en promedio los integrantes del SNF reportaron contar con 5 de los 14 mecanismos existentes.

Control de Riesgos (OE 6). Entre los compromisos del SNA, y de la actual agenda de gobierno, se encuentra el prevenir la corrupción. Para ello es necesario identificar factores de riesgo que posibiliten llevar a cabo algún acto de corrupción. Al respecto, el alcance en la implementación de esquemas de contención que contribuyen a disminuir los riesgos de corrupción en las interacciones entre la ciudadanía y las personas servidoras públicas, en el marco de trámites y programas sociales se ubicó en 58%. A nivel nacional, se ofrecen poco más de 15 millones de trámites únicos de los cuales el 52% se ofrecen de manera electrónica o web. En cuanto a programas sociales se gestionaron 8,566 durante 2024, de estos 65% contaron con reglas de operación claras y 63% con padrón de beneficiarios.

Fortalecimiento a las contrataciones (OE 7). El ejercicio del gasto público se materializa, en buena medida, a través de las contrataciones públicas, lo que las convierte en un componente estratégico del combate a la corrupción. Sin embargo, se observó que la adopción de procedimientos, reglas y herramientas informáticas que fomentan la transparencia, la competencia y el uso eficiente de los recursos en los procesos de contrataciones públicas se ubicó en 38%. Además, se identificó que la implementación de mecanismos de salvaguarda institucional se ubicó en 39% principalmente por la falta de adopción de estos a nivel estatal y municipal.

Fortalecimiento a la participación ciudadana (OE 8). Involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones gubernamentales contribuye a mejorar la transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, el grado de presencia de esquemas de transparencia y acceso a la información en los entes públicos, así como la cobertura en la adopción de mecanismos de participación ciudadana orientados a fortalecer las acciones de seguimiento, evaluación y de toma de decisiones de la acción gubernamental se ubicó en 57%. Esta medición se compone de dos aristas, la primera, referente a la disponibilidad y accesibilidad de la información gubernamental, la cual alcanzó el 60%. Por otro lado, la dimensión que evalúa la influencia de las personas en la toma de decisiones públicas a través de mecanismos institucionales y métodos de contacto tradicionales y digitales registró un valor de 32%.

Implementación de mecanismos de integridad en el sector privado (OE 9). Para avanzar en la prevención de actos de corrupción en las contrataciones públicas resulta indispensable incorporar a la iniciativa privada. En este sentido, fortalecer la cultura de integridad empresarial es una condición necesaria para reducir los riesgos de colusión, simulación y sobornos en los procesos de contrataciones públicas. Al respecto, se observa que hay un 25% de implementación de políticas de integridad empresarial para la mitigación de riesgos de corrupción por parte de la iniciativa privada. Adicionalmente, se observa una escasa adopción de estos mecanismos, ya que únicamente 79 empresas están registradas en el Padrón de Integridad Empresarial (PIE) del gobierno, de 23,585 pertenecientes al Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC).

Normalización de la Corrupción (OE 10). La PNA identifica que el problema de la corrupción es estructural y por ello se requieren esfuerzos sistémicos que la prevengan detecten y sancionen. La ausencia y desconocimiento de estos mecanismos obliga a la ciudadanía a normalizar la prevalencia de estos actos, ya que 76% de la población de 18 años y más que fue víctima o estuvo expuesta a un riesgo de corrupción lo toleró, al manifestar estar satisfecha o muy satisfecha con el resultado obtenido. De las víctimas de corrupción que tuvieron que pagar una dadiva, pago o regalo se identificó que 8 de 10 personas no denunciaron porque desconocen cómo y dónde hacerlo, o bien consideran que es una pérdida de tiempo, o no tendrán respuesta favorable, entre otras, es decir, las barreras a la denuncia persisten.

De igual forma, la PNA, el PI-PNA y el SiSE consideran muy relevante el tema de la perspectiva de género como pieza fundamental para garantizar los Derechos Humanos en el marco del combate a la corrupción. Es por ello que, a partir de las variables de medición de los 10 Indicadores Nacionales, se identificaron elementos de análisis que se consideran importantes para construir una "Métrica transversal que estima el impacto diferenciado de la corrupción en México"(10), que permita conocer el efecto de las intervenciones públicas y mejorar su efectividad en el marco del SNA.

Derivado de la primera medición, la corrupción afecta 42.15% más a las mujeres que a los hombres. Por lo tanto, es fundamental promover la generación sistemática de datos que permitan conocer la prevalencia y la incidencia de faltas administrativas y hechos de corrupción desde una perspectiva integral, que abarque todas las etapas del proceso: desde la denuncia, la investigación, la resolución y la sanción. Estos datos deben estar desagregados por sexo y considerar las condiciones sociales, económicas y culturales de las víctimas, a fin de construir diagnósticos más completos y útiles para la toma de decisiones. Reconocer las asimetrías de género es un elemento indispensable para la formulación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Esta comprensión permite visibilizar las barreras estructurales que enfrentan las mujeres frente a la corrupción y habilita la posibilidad de diseñar respuestas institucionales más eficaces y justas.

Durante muchos años, se han observado asimetrías importantes en las capacidades instaladas para la atención efectiva de procesos prioritarios entre los tres órdenes de gobierno. Como se describe en el Informe de avance sobre los indicadores nacionales 2024, se estima que el universo aproximado de personas servidoras públicas en los tres ámbitos y órdenes de gobierno es de 5.86 millones. De este total, cerca del 20% no cuenta con esquemas de profesionalización en sus respectivas instituciones. El escenario es particular en el ámbito estatal, en donde se requiere de la instrumentación de mayores esfuerzos de profesionalización y capacitación para acercar conocimientos y capacidades a las personas servidoras públicas de manera eficaz y eficiente.

Lo anterior revela la complejidad inherente al combate a la corrupción, toda vez que los resultados que las y los mexicanos esperan requieren necesariamente que las instituciones municipales, estatales y federales cuenten con un piso mínimo de capacidades técnicas, de conocimientos sobre la norma que les rige, así como del funcionamiento del SNA, entre otros aspectos. Es importante señalar que este escenario no es privativo del ámbito anticorrupción. Por el contrario, es uno de los aspectos a atender desde un espíritu de desarrollo institucional federalista, así como una acción concreta para fortalecer el servicio público y, con ello, abonar en la generación de resultados, en su legitimidad y en la confianza que este le genera a la ciudadanía.

La construcción de capacidades debe ser vista como un proceso estratégico en todo tipo de organización, entendiendo que esto permitirá que las personas que son parte de instituciones públicas o privadas puedan contribuir cualitativa y cuantitativamente a la consecución de objetivos, así como colaborar a la materialización de misiones y visiones institucionales.

Adicionalmente, el control de la corrupción requiere de perfiles con conocimientos adecuados y suficientes. Por ello, se recalca que es importante contar con personas servidoras públicas más capacitadas y con acceso a herramientas institucionales para tales fines, que abonen en la reducción de espacios a un actuar discrecional. Más aún, la capacitación supone generar consciencia sobre el sentido de las normas, sobre los efectos de ciertas prácticas y, con ello, las posibilita para advertir problemáticas y utilizar sus herramientas para colaborar en su solución.

La construcción de capacidades es una acción que estimula el correcto desempeño dentro del servicio público. La OCDE señala que la capacitación habrá de posibilitar que las personas servidoras públicas tengan acceso a recursos que, además de fortalecer el ejercicio de sus responsabilidades cotidianas, les dote de competencias para cuestionar su práctica(11), así como analizar dilemas éticos según sus contextos.

En síntesis, mejores instituciones suponen mejores personas servidoras públicas, siendo la profesionalización y la capacitación medios para tales fines. La construcción permanente de capacidades en anticorrupción e integridad dentro del servicio público es, esencialmente, una apuesta decidida a instituciones más fuertes y responsivas a las necesidades de la población. Capacitar es un elemento muy relevante en la ecuación sobre la construcción de conocimiento en anticorrupción e integridad; sin embargo, este tiene que complementarse con estrategias y acciones sostenidas que abonen en acercar conocimiento en la materia tanto a personas servidoras públicas como población en general.

En ese sentido, poner en marcha mecanismos de promoción y difusión en un contexto global de creciente consumo de información digital contribuye al conocimiento sobre instituciones y las acciones de estas en el control de la corrupción.

Asimismo, dar a conocer información de y sobre el SNA se advierte como un aspecto clave para robustecer la vinculación entre los diversos sectores involucrados en el control de la corrupción. A partir de esta lógica, se entiende que la construcción de materiales para difundir, la organización de espacios de intercambio y la habilitación de herramientas de consulta son elementos necesarios para conformar dinámicas horizontales entre actores y, con ello, aportar insumos a los procesos de mejora en las políticas públicas(12).

De esta manera, se reconoce la relevancia de comunicar y difundir información en el marco del SNA para acercar las acciones que diversas instituciones, organizaciones sociales, academia y sector privado para sumar esfuerzos en la lucha por controlar la corrupción en México. Más aún, esto implica un refuerzo sustantivo a la construcción de una población más informada y crítica.

Para contar con una sociedad más informada en anticorrupción e integridad es necesario construir conocimiento mediante acciones de capacitación y de difusión de información relevante lo cual implica un reto preponderante para el ámbito anticorrupción. Este conjunto de acciones posibilita, por un lado; la reducción de espacios para el ejercicio discrecional de recursos y atribuciones.

Un servicio público más capacitado, así como una sociedad en general más informada representan diques naturales para alzar la voz sobre comportamientos que atenten contra la integridad pública. Y por otro, el fortalecimiento de la coordinación entre entes públicos, sociedad civil, y sector privado a partir de conceptos y conocimientos compartidos, esto es, la conformación de un punto tangible para el diálogo.

En este sentido, la SESNA a partir del ejercicio 2023 ha llevado a cabo el levantamiento de instrumentos diagnósticos en materia de capacitación que permitan orientan los objetivos, estrategias y líneas de acción que habrán de guiar el actuar institucional. De esta manera, a partir de una Encuesta de Detección de Necesidades de Capacitación durante el noviembre de 2024, fue posible advertir cuáles son algunos de los conocimientos prioritarios a fortalecer en las personas servidoras públicas en el marco de un Sistema Anticorrupción. Con base en la respuesta por parte de 30 entidades federativas y la participación como concentradores de información de 25 SESLA se advirtió lo siguiente:

Cursos 2025	Población potencial por curso
Introducción al Sistema Nacional Anticorrupción	7,099
Ética e Integridad en el Servicio Público	7,731
Integridad Corporativa para MIPYMES	6,696
Introducción al Análisis de Riesgos de Corrupción 1	6,892
Ciencias del Comportamiento en el Combate a la Corrupción	7,117
Implicaciones de los Derechos Humanos en la Lucha Anticorrupción	8,378
Introducción al Análisis de Riesgos de Corrupción 2	8,076
Total	51,989

Fuente: Informe de la PAA 2024. Elaboración propia.

Los datos revelan que para el ejercicio 2025 se tienen una población potencial por curso, a partir de la oferta actual en la PAA, de más de 50 mil personas. Esta cifra representa un primer acercamiento para que, de manera sostenida y año con año, la SESNA en colaboración con aliados institucionales del SNA, pueda dar atención a la demanda de capacitación y avanzar en la provisión de recursos formativos. A lo anterior se suma la detección de tres temáticas prioritarias para actores anticorrupción:

1. Uso y aprovechamiento de datos contenidos en la PDN;

2. Herramientas de seguimiento y evaluación de política pública; y,

3. Fortalecimiento de los mecanismos, canales y herramientas para la denuncia de hechos de corrupción.

Es importante señalar que la PAA del SNA representa el medio tecnológico e informático del cual dispone el Sistema para abonar en la conformación de un piso parejo en conocimientos y capacidades especializados. Ante dicho escenario, la PAA tiene el reto de sostener su ritmo de crecimiento en personas usuarias registrados y en eficiencia terminal. Igualmente, será fundamental continuar implementando instrumentos para orientar el crecimiento de la oferta de capacitación. La siguiente tabla sintetiza el crecimiento en los ejercicios en los que ha operado.

	2023	2024	Total 2023-2024	Porcentaje de incremento
Personas participantes inscritas	8,334	16,607	24,941	99.27%
Personas participantes aprobadas	5,502	13,891	19,393	152.47%
Eficiencia terminal del periodo	66.02%	83.65%	77.76%

Fuente: Informe de la PAA 2024. Elaboración propia.

Por otro lado, en lo que concierne a la promoción y difusión de información para fines de fortalecimiento de la conversación pública en anticorrupción, la SESNA ha realizado análisis sobre el estado que guarda la popularidad del SNA y la propia SESNA. Los siguientes fueron los principales hallazgos:

1. Si bien el SNA es reconocido a partir de un análisis de la conversación en medios de comunicación, persisten críticas sobre las barreras y frenos a los que se ha enfrentado, tales como el retraso en nombramientos nacionales y locales y la ausencia de una estrategia comprehensiva.

2. La presencia o huella digital de las comunicaciones SNA mediante el uso de las redes sociales de la SESNA es de 04/100, lo cual advierte que el reconocimiento del SNA y la SESNA es bajo. Sin embargo, se identificó que la generación de contenidos informativos mediante formato audiovisual puede contribuir a posicionar al Sistema.

Sobre este aspecto, la SESNA, ha implementado un Programa de Promoción, Difusión y Comunicación con miras a robustecer el conocimiento que se tiene de y sobre el SNA. En ese sentido, las acciones específicas detonadas en materia de comunicación, como publicaciones diferenciadas en las redes sociales institucionales según el perfil de persona usuaria ha permitido un crecimiento sostenido en audiencias. Si bien, ello supone un avance importante en el acercamiento de información en medios digitales a población diversa; es importante que implique la elaboración sostenida de contenidos en formatos de fácil consumo, así como la articulación de esto con acciones de promoción tales como conferencias, conversatorios, entre otros, en donde sea posible advertir la presencia del SNA y la SESNA.

Finalmente, el tercer reto es consolidar la implementación de un modelo de gestión institucional orientado a resultados que incorpore los enfoques transversales de derechos humanos, igualdad de género y no discriminación, y que promueva una cultura de integridad en la actuación de las personas servidoras públicas.

De acuerdo con la LGSNA, la SESNA es un organismo descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autonomía técnica y de gestión, por lo que es regulada por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento respecto de su organización, funcionamiento y control, así como por su Estatuto Orgánico respecto de su estructura y organización particular.

Dentro de la LGSNA no se contempla un mecanismo eficiente para la defensa de los actos jurídicos que emite el CC-SNA. Dado que confiere, en su artículo 12, fracción II, la representación de dicho órgano colegiado a la persona que presida el CPC, es decir, a un ciudadano. Por lo tanto, la defensa jurídica de los actos que aprueba o emita el CC-SNA, se encuentran a cargo de una persona ciudadana que pudiera no contar con los conocimientos técnicos suficientes para ello.

Por lo anterior, cada integrante, por conducto de sus áreas jurídicas, se vería forzado a llevar a cabo la defensa de los actos de sus titulares en lo particular, lo que resultaría en una carga laboral adicional a cada institución, menoscabando la operación eficaz y eficiente del SNA.

A ello, se suma el hecho de que la mayoría de los instrumentos jurídicos facultan a una institución o unidad administrativa para su interpretación y establecen un mecanismo de consulta sobre sus alcances. Al respecto, la referida Ley no confiere a ninguna institución la facultad de interpretación normativa, ni tampoco dispone de un mecanismo orientador que permita a los Sistemas Locales Anticorrupción contar con alguna opinión para dirimir problemáticas en la instalación y óptimo funcionamiento de sus sistemas anticorrupción.

Ante este posible escenario, el CC-SNA accedió a que la SESNA lleve a cabo la defensa jurídica de sus actos por conducto de su área jurídica a lo que también se sumó la instauración de un mecanismo orientador, no imperativo, dirigido a los Sistemas Locales Anticorrupción. Dicho mecanismo permitió a estos últimos formular consultas o solicitudes de opiniones por conducto de sus SESLA. Con base en lo anterior, se proyecta continuar presentando al CC-SNA normativa y formatos para homologación nacional.

Considerando que la Secretaría Ejecutiva es una instancia relativamente de reciente creación, se observa una incipiente apropiación de la cultura de la integridad y de los principios de la igualdad y la no discriminación. Apropiación que ha venido fortaleciéndose desde su creación y que requiere de acciones sistemáticas y constantes que fortalezcan, y no demeriten en ningún momento la visión institucional de un servicio público con compromiso por la excelencia, bajo una nueva ética pública, orientado al logro de resultados y con una visión de respeto pleno a los derechos humanos.

Es por ello que la SESNA atiende las obligaciones de cumplimiento respecto a los compromisos en materia de derechos humanos establecidos en la CEPUM, y en los principales instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano en la materia. Esto es así, dada la indisoluble relación que existe entre el combate a la corrupción y sus implicaciones en el ámbito de los derechos humanos.

Ahora bien, para poder llevar a cabo un efectivo control y combate a la corrupción, es necesario impulsar acciones que combatan de manera integral las condiciones que perpetúan la desigualdad bajo un enfoque interseccional que considere la diversidad de experiencias y realidades de las mujeres a lo largo de su vida.

Dentro del PND se encuentra el Eje Transversal 1: Igualdad Sustantiva y Derechos de las Mujeres mediante el cual el Estado establece su compromiso para erradicar las desigualdades estructurales que han limitado el acceso de las mujeres a sus derechos y oportunidades.

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en el Objetivo 5 retoma la importancia de la igualdad de género para la construcción de un mundo pacífico, próspero y sostenible. En ese sentido, la SESNA reconoce la importancia de incorporar la perspectiva de género y los Derechos Humanos en el actuar de la Administración Pública Federal. Con ello, la SESNA establece su compromiso de eliminar las brechas de género con acciones de capacitación y sensibilización en la materia que se traduzcan en una correcta transversalización de la Perspectiva de Género al interior la institución para las personas servidoras públicas adscritas a la SESNA.

Partiendo de este contexto y los potenciales retos presentados, la SESNA redefinió sus objetivos institucionales entendidos como los elementos que dirigen su andamiaje institucional acorde al cumplimiento de las funciones y atribuciones que le fueron conferidas de modo que se logre una correcta vinculación con los elementos estratégicos que conforman el PND.

De conformidad con lo anterior, se integró el PI de la SESNA para el periodo 2025-2030, este se compone de tres objetivos institucionales enmarcados en el Eje 1: Gobernanza con justicia y participación ciudadana del PND, el cual toma como eje principal el Humanismo Mexicano, y conllevan Estrategias y Líneas de Acción que suman a la República democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable y al Eje transversal 1: Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres. Contribuir a instaurar el segundo piso de la cuarta transformación, tomando en cuenta que la honradez y la honestidad serán los imperativos éticos que deben distinguir a las personas servidoras públicas. Por ello, las acciones y proyectos de la SESNA serán desarrollados en un marco que vele por el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género y que busque siempre la participación ciudadana en los asuntos de interés público. De esta forma, para contribuir a un gobierno honesto, honrado, sin influyentismos, ni nepotismos, corrupción o impunidad serán clave las acciones que promuevan la coordinación frente al combate y control de la corrupción, y así sumar esfuerzos para consolidar este nuevo modelo de gobernanza, sostenido en pilares como la austeridad republicana, la transparencia, la rendición de cuentas; y la disciplina financiera y fiscal; en pro de ser un gobierno sin lujos ni privilegios.

6. Objetivos

La SESNA tiene entre sus encargos institucionales grandes tareas que contribuyen a que todos los integrantes que conforman el SNA puedan llevar a cabo acciones efectivas en el combate y control integral de la corrupción a nivel federal y estatal. Para conseguirlo será necesario contar con una estrategia integral basada en el uso de herramientas tecnológicas, de inteligencia y del desarrollo de políticas públicas integrales en la materia que promuevan la coordinación interinstitucional, sobre esta base se establecen los siguientes objetivos institucionales:

Objetivos del Programa Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 2025-2030

1.- Promover la coordinación institucional y la eficacia de las autoridades involucradas en la prevención, identificación, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, mediante la integración, consulta y explotación de los datos de la Plataforma Digital Nacional, para formular metodologías y herramientas de inteligencia e innovación anticorrupción.

2.- Contribuir a la consolidación de una agenda nacional articulada en materia de prevención, detección, y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en fiscalización, control de recursos públicos y fomento de la cultura de la integridad mediante la provisión de instrumentos técnicos, mecanismos y estrategias de seguimiento, evaluación y capacitación.

3.- Consolidar la implementación de un modelo de gestión institucional orientado a resultados que incorpore los enfoques transversales de derechos humanos, igualdad de género y no discriminación, y que promueva una cultura de integridad en la actuación de las personas servidoras públicas.

La lucha contra la corrupción en México exige un enfoque estratégico, coordinado e innovador que permita prevenir, detectar, investigar y sancionar de manera efectiva y oportuna los actos que vulneran la integridad pública. En este contexto, la inteligencia anticorrupción basada en el uso sistemático de tecnologías, datos y el desarrollo de metodologías para la gestión de riesgos de corrupción se posiciona como un componente clave del SNA y, particularmente, de las atribuciones conferidas a la SESNA.

De conformidad con la LGSNA, la SESNA tiene a su cargo el desarrollo y administración de la PDN, una fuente de inteligencia institucional para construir integridad y combatir la corrupción a partir de la integración y uso de grandes volúmenes de información que producen los entes públicos en México. La información que deberá contener la PDN es la que a ella incorporen los integrantes del SNA, y contará, al menos, con seis sistemas informáticos que permitan establecer políticas integrales, metodologías de medición, así como disponer de los datos e información necesarias para que las autoridades competentes tengan acceso a la información de dichos sistemas(13).

En este sentido, la PDN se concibe como una herramienta de generación de inteligencia institucional que permite cerrar brechas de información y disponer, en un solo sitio, de datos comparables, accesibles y utilizables para que las autoridades puedan explotarlos eficazmente. Al respecto, la PDN se mantiene en constante evolución de acuerdo con las nuevas herramientas digitales y tecnológicas y las necesidades propias del SNA.

Ahora bien, es importante mencionar que la administración de la PDN implica, entre otras actividades, el desarrollo y alcance de la operación normativa, tecnológica y de funcionalidad de los Sistemas de Información que la integran; el establecimiento y emisión de protocolos, reglamentos y especificaciones técnicas para la interconexión con otros sistemas informáticos (proveedores y encargados de la información en los entes públicos); así como el diseño de políticas y estándares en materia de seguridad informática para su adecuado funcionamiento(14).

Sobre este punto, la implementación de la PDN también conlleva la integración de la información de más de 6,600 entes públicos a nivel nacional de los tres Poderes de la Unión y de los tres ámbitos de gobierno, así como de los Órganos Constitucionales Autónomos, que deben interconectarse con la PDN e incorporar sus registros a ella. Al respecto, la SESNA ejecuta diversas acciones de coordinación nacional con las autoridades que participan en el Comité Coordinador de los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción, así como con las Secretarías de los Sistemas Locales Anticorrupción, quienes son las encargadas de concentrar y transferir la información de los estados y municipios hacia la PDN.

En este contexto, el uso estratégico de los datos integrados en la PDN representa una herramienta clave para cumplir con el mandato conferido a la SESNA como generadora de insumos técnicos para el desempeño de las atribuciones del CC-SNA. Al respecto, para que los datos contenidos en los distintos Sistemas de la PDN se transformen en herramientas o información especializada que permita a las autoridades anticorrupción tomar decisiones basadas en evidencia o automatizar sus procedimientos estratégicos para hacerlos más eficientes, se requiere un proceso de transformación de los datos a la inteligencia anticorrupción. Esto implica analizar grandes volúmenes de datos provenientes de declaraciones patrimoniales, contrataciones públicas, sanciones y otros registros clave para que, a través de distintas metodologías y enfoques, se puedan construir herramientas de inteligencia institucional que permitan identificar patrones de riesgo y áreas vulnerables ante hechos de corrupción.

Asimismo, el desarrollo de este tipo de instrumentos de inteligencia debe sustentarse en el principio de la coordinación institucional, ya que las distintas autoridades que participan en la prevención, identificación, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción requieren herramientas comunes, lenguaje compartido y acceso a información confiable. En este sentido, la explotación de los registros de información de la PDN se convierte en un mecanismo de articulación que facilita el trabajo conjunto y coherente entre los integrantes del SNA, fortaleciendo su capacidad de respuesta y reduciendo duplicidades o esfuerzos fragmentados.

La SESNA promueve la formulación de herramientas y metodologías homologadas a nivel nacional que puedan ser adoptadas por los distintos entes públicos de los distintos niveles y ámbitos de gobierno, facilitando una respuesta articulada y medible frente a las amenazas

a la integridad pública.

Por lo anterior, gestionar procesos como la administración de la PDN, el fortalecimiento de la inteligencia anticorrupción, así como de las metodologías de riesgos de corrupción, a través de la integración de información de distintas fuentes de información gubernamentales y el diseño de metodologías estandarizadas para el combate a la corrupción representa un eje estratégico en las funciones de la SESNA, debido a que no solo contribuye a anticipar posibles actos de corrupción, sino a también a mejorar la capacidad del Estado para actuar de manera preventiva, eficiente y coordinada en beneficio de la integridad pública.

El SNA desempeña un papel estratégico en la coordinación institucional orientada a prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción. Sin embargo, aún persisten desafíos estructurales que dificultan una acción gubernamental plenamente articulada. Entre los principales obstáculos se encuentran la fragmentación de esfuerzos, la heterogeneidad metodológica entre entidades y la limitada estandarización de indicadores.

En el marco del ciclo de las políticas públicas, los esfuerzos del SNA actualmente se concentran en las etapas de implementación y seguimiento. Si bien se han impulsado acciones relevantes a nivel nacional, también se ha identificado que algunas de estas iniciativas carecen de una alineación efectiva con los objetivos estratégicos del SiSE y de la propia PNA. Esta falta de vinculación limita significativamente la posibilidad de medir impactos sustantivos, obstaculiza el intercambio de aprendizajes entre entidades federativas y restringe la generación de evidencia sólida que permita una toma de decisiones informada y coordinada a escala nacional.

El fortalecimiento de una agenda anticorrupción compartida, técnicamente robusta y sostenible, se vuelve indispensable para avanzar en el cumplimiento de los Compromisos del Segundo Piso de la Transformación, particularmente aquellos agrupados bajo la República democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable, que promueve un gobierno honesto, sin nepotismo, austero y cercano a la ciudadanía. Esto en sintonía con el Eje General 1 del PND: Gobernanza con Justicia y Participación Ciudadana, que impulsa instituciones eficaces, procesos de justicia accesibles y mecanismos de participación que fortalezcan la legitimidad democrática.

Los Sistemas Anticorrupción deben contar con políticas públicas y programas anticorrupción: 1 PNA y su PI-PNA, y 32 PEA, cada una con su PI-PEA. Para conocer el grado de cobertura de los programas de implementación, se analizan las interacciones, es decir, el número total de participaciones únicas que se esperan por parte de las instituciones para cada línea de acción u homóloga. Si bien para finales de 2023 se aprobaron 16 PI (15 estatales y el nacional), solo se ha iniciado el seguimiento del nacional. Por ello, se estima que, una vez que comience el seguimiento a los estatales, el total de interacciones alineadas a la PNA necesarias para alcanzar 100% es de 28,608.

Creada en 2023 y administrada por la SESNA, la Plataforma de Aprendizaje Anticorrupción (PAA) es una herramienta tecnológica y pedagógica cuyo propósito es fortalecer los conocimientos en materia de combate y control de la corrupción e integridad de las personas participantes, a fin de crear conciencia y aprendizaje en la materia. A pesar de encontrarse en una etapa incipiente, durante 2023 se inscribieron 4,922 personas servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno; sin embargo, éste no representa un avance significativo si se considera que la estimación del universo total de personas servidoras públicas que deberían capacitarse en la materia es de 5.86 millones.

La participación de las 4,922 personas servidoras públicas tuvo lugar a través del curso de "Introducción al Sistema Nacional Anticorrupción" y 4,145 de ellos lograron culminar satisfactoriamente. Este número toma en cuenta las cuatro generaciones que han existido hasta ahora y una edición extraordinaria. A nivel nacional, 56% de las personas servidoras públicas inscritas fueron hombres y 44% mujeres (10 personas prefirieron no decir su género). Tanto hombres como mujeres tuvieron una eficiencia terminal similar (84.4% y 84%, respectivamente).

Por otro lado, los acuerdos representan los compromisos adquiridos y las decisiones tomadas por los 35 integrantes del SNA. Su fin es canalizar los esfuerzos colectivos hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos del SNA. Desde la instalación del SNA en 2022, se han suscrito 4 acuerdos susceptibles a seguimiento: la elaboración del Plan de Acción en Materia de Contrataciones Públicas, así como su implementación; la retroalimentación a la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Responsabilidades Administrativas del INEGI y la adopción de los Lineamientos para el Código de Ética institucional.

En este marco, resulta fundamental impulsar el diseño de instrumentos técnicos, estadísticos y normativos que permitan traducir dichos compromisos en acciones medibles, sostenibles y conectadas entre sí. Ello no solo contribuirá al fortalecimiento de las capacidades institucionales del SNA y los Sistemas Estatales Anticorrupción, sino que sentará las bases para una gobernanza centrada en la rendición de cuentas, la integridad pública y el ejercicio democrático del poder.

Un modelo de gestión institucional orientado a resultados debe operar mediante una cultura de la integridad y de legalidad en el servicio público y promover la ética, la transparencia, el respeto y apego a las normas vigentes. Ello fortalece a las instituciones y contribuye a la construcción de un gobierno más efectivo que impacta en la confianza de la ciudadanía. Esto se logra a través de la implementación de distintas acciones clave que favorezcan la adquisición de conocimientos, el desarrollo de competencias y promuevan su práctica en la materia.

Las responsabilidades de las personas servidoras públicas están establecidas en el artículo 109 de la CPEUM. A su vez, la LGSNA establece las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público, así como las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de las personas servidoras públicas y crea las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.

De acuerdo con datos de la ENCOAP 2023 revelan que el nivel de confianza Institucional con el que cuenta la población es de un 55.1%(15), específicamente en las personas empleadas del gobierno federal. Por otro lado, en cuanto a la Confianza Institucional en el ámbito de -integridad- este es de 48.1%. Siguiendo esta línea, en el mismo periodo a nivel nacional, se calculó que 13, 966 personas por cada 100,000 habitantes que tuvieron contacto con algún servidor público fueron víctimas de actos de corrupción(16), de acuerdo con datos del INEGI. Si bien esta es una cifra que ha ido decreciendo, aún no se compara con los resultados que se tenían hace casi 10 años, en donde 12,080 personas fueron víctimas de actos de corrupción por cada 100,000 habitantes.

La persistencia de una profunda insatisfacción ciudadana ante las instituciones y las personas servidoras públicas que en ellas laboran, se debe a factores generales que afectan la confianza en las acciones del gobierno federal. En este sentido, un 67.8%(17) de la población piensa que la razón que impacta en mayor proporción en el nivel de confianza es que no se cumpla con los compromisos adquiridos, seguida de que sea un gobierno con personas honestas con un 67 %. Si bien, las estadísticas recientes muestran ligeras mejoras, estas no son del todo representativas por lo que es crucial reconocer que estos resultados, aunque son positivos en apariencia, no alcanzan las expectativas de la sociedad.

Por lo tanto, las iniciativas para mejorar la gestión gubernamental han retomado lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), en su artículo 5(18), mediante el cual se exhortó a que los Estados miembros establecieran y fomentaran prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción y promover la integridad, la rendición de cuentas y la gestión adecuada de los asuntos y bienes públicos.

En consecuencia, la entonces Secretaría de la Función Pública hoy Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno desarrolló una estrategia para difundir y fortalecer las herramientas con las que cuenta el personal que labora para el Estado, con la intención de replantear la integridad en el servicio público. Este replanteamiento de la política de integridad pública parte de una desatención, por varias décadas, del interés general y como consecuencia de la corrupción que ha imperado en las instituciones gubernamentales en perjuicio del bienestar de la población.

Los esfuerzos y políticas públicas que el gobierno actual instrumenta en materia de mejora de la gestión se orientan a que las dependencias y entidades lleven a cabo acciones que contribuyan eficientemente al cumplimiento de sus objetivos y metas, con un empleo adecuado de los recursos asignados para propiciar la optimización de los procesos institucionales, y reorientando el actuar del gobierno bajo la lógica del bienestar social, privilegiando los principios y el espíritu de los instrumentos regionales e internacionales en materia de combate a la corrupción, integridad, transparencia y promoviendo la transversalización de los enfoques de derechos humanos y de igualdad.

Es por ello que la SESNA refrenda su compromiso de llevar a cabo acciones sistemáticas y constantes que fortalezcan, y no demeriten en ningún momento, la visión institucional de un servicio público alineado a la nueva ética pública, orientado al logro de resultados y con una visión de respeto pleno a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de las personas. De igual forma tomando como base el marco de los compromisos internacionales asumidos y ratificados por el Estado Mexicano en materia de combate a la corrupción, y de las obligaciones para fomentar y garantizar la integridad en el servicio público la SESNA ha instaurado su propio Código de Ética y de conducta, para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas.

Estos instrumentos son la base que crea y mantiene las condiciones que permiten la actuación ética y responsable de cada persona servidora pública de la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, para velar por la perspectiva de derechos humanos, igualdad de género y no discriminación es necesario impulsar acciones que combatan de manera integral las condiciones que perpetúan la desigualdad con un enfoque interseccional que considere la diversidad de experiencias y realidades de las mujeres a lo largo de su vida.

Lo anterior tiene un impacto no únicamente institucional; sino que contribuye directamente al objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2023 de México(19) en donde se retoma la importancia de la igualdad de género para la construcción de un mundo pacífico, próspero y sostenible. Y por otro, se alinea al Eje Transversal 1 del PND, el cual sugiere la Igualdad Sustantiva y Derechos de las Mujeres como compromiso de Estado para erradicar las desigualdades estructurales que han limitado el acceso de las mujeres a sus derechos y oportunidades.

6.4 Vinculación de los objetivos del Programa Institucional de la SESNA 2025-2030

El PND es el instrumento que tiene el estado mexicano donde planifica la visión de largo plazo para el desarrollo del país. En este se han establecido los objetivos, metas, estrategias, así como los indicadores que serán las herramientas que permitan dar seguimiento para evaluar el progreso en el crecimiento del país. Para ello, es necesario ejecutar acciones coordinadas y vinculadas a los objetivos superiores que aseguren una dirección clara y coherente. Por lo tanto, la SESNA como una entidad perteneciente a las entidades paraestatales, bajo su Programa Institucional 2025-2030 establece sus propios objetivos, indicadores y metas de acuerdo con las atribuciones conferidas en la normatividad aplicable y en el marco de una planeación de resultados nacional.

Objetivos del Programa Institucional SESNA 2025-2030	Objetivos PND 2025 - 2030	Estrategias PND 2025 - 2030
Objetivo 1. Promover la coordinación institucional y la eficacia de las autoridades involucradas en la prevención, identificación, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, a través del desarrollo y uso de enfoques innovadores mediante la integración, consulta y explotación de los datos de la Plataforma Digital Nacional, para formular metodologías y herramientas de inteligencia e innovación anticorrupción.	Objetivo 1.1 Objetivo 1.3 Objetivo T2.2	Estrategia 1.1.7 Estrategias 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.7 Estrategia T2.2.1, T2.2.3, T2.2.4.
Objetivo 2. Contribuir a la consolidación de una agenda nacional articulada en materia de prevención, detección, y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en fiscalización, control de recursos públicos y fomento de la cultura de la integridad, mediante instrumentos técnicos, mecanismos y estrategias de seguimiento, evaluación y capacitación.	Objetivo 1.3	Estrategia 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.7
Objetivo 3. Consolidar la implementación de un modelo de gestión institucional orientado a	Objetivo 1.4	Estrategia 1.4.2

resultados que incorpore los enfoques transversales de derechos humanos, igualdad de género y no discriminación, y que promueva una cultura de integridad en la actuación de las personas servidoras públicas.

Objetivo T1.4

Estrategia T1.4.1, T1.4.3

7. Estrategias y líneas de acción

Para que este Programa Institucional pueda dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el apartado anterior, es necesario establecer los conjuntos y niveles de intervenciones que llevará a cabo, esto es, definir los medios bajo los cuales se lograran dichos objetivos. Es por ello que se plantean las siguientes estrategias y líneas de acción, a implementar en el periodo de vigencia del presente programa.

Objetivo 1. promover la coordinación institucional y la eficacia de las autoridades involucradas en la prevención, identificación, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, mediante la integración, consulta y explotación de los datos de la Plataforma Digital Nacional, para formular metodologías y herramientas de inteligencia e innovación anticorrupción.

Estrategia 1.1. Promover la estandarización, integración y actualización de los registros de información gubernamentales de los entes públicos a Sistemas de Información de la Plataforma Digital Nacional con la finalidad de facilitar su consulta y explotación por parte de las autoridades que participan en el control de la corrupción.

Línea de acción

1.1.1. Publicar la normativa secundaria que regula la homologación y la integración de la información de los registros de los entes públicos obligados para interconectarse con la Plataforma Digital Nacional.

1.1.2. Orientar a los entes públicos a través del desarrollo de especificaciones técnicas sobre la interconexión de los Sistemas y bases de datos de con los Sistemas de Información de la Plataforma Digital Nacional.

1.1.3. Desarrollar herramientas informáticas que permitan a los entes públicos obligados a interconectarse con la Plataforma Digital Nacional para la gestión y transferencia de los registros de información.

1.1.4. Fortalecer las capacidades de los entes públicos para la integración de información a la Plataforma Digital Nacional mediante la impartición de cursos de capacitación, asistencia técnica y operativa.

1.1.5. Elaborar un catálogo de perfiles que establezca los niveles de acceso a los Sistemas de Información de la Plataforma Digital Nacional, para la gestión y el uso adecuado de los datos.

1.1.6. Actualizar los servicios de consulta y explotación de la información de los Sistemas de Información de la Plataforma Digital Nacional, mediante la identificación de necesidades y casos de uso identificados por las personas usuarias.

Estrategia 1.2. Desarrollar propuestas de metodologías y estudios especializados en materia de gestión de riesgos, así como herramientas de inteligencia anticorrupción, a fin de promover su adopción estandarizada a escala nacional y fomentar la automatización de los procesos institucionales en la administración pública.

Línea de acción

1.2.1. Elaborar estudios especializados acerca de los principales factores problemáticos que propician la corrupción en agendas relevantes señaladas en la Política Nacional Anticorrupción, mediante la identificación, análisis e interpretación de fuentes de información y datos de distintos repositorios.

1.2.2. Promover la generación de metodologías homologadas de gestión de riesgos de corrupción aplicables a los distintos ámbitos y niveles de gobierno, a través de la revisión de buenas prácticas internacionales, definición de perfiles de riesgo y métricas para la identificación de anomalías.

1.2.3. Impulsar la realización de ejercicios de co-creación y socialización de las metodologías y herramientas generadas con las instituciones del Sistema Anticorrupción y organizaciones especializadas para consolidar estos instrumentos a escala nacional.

1.2.4. Realizar análisis exploratorios sobre la disponibilidad y calidad de los datos para la elaboración de propuestas de herramientas de inteligencia anticorrupción para determinar la viabilidad de su desarrollo.

1.2.5. Desarrollar pruebas de concepto de herramientas de inteligencia anticorrupción para hacer más eficiente los procesos de prevención e identificación de actos de corrupción

1.2.6. Promover la adopción de las herramientas de inteligencia anticorrupción, a través de acciones de sensibilización, colaboración y presentación ante el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Objetivo 2. Contribuir a la consolidación de una agenda nacional articulada en materia de prevención, detección, y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en fiscalización, control de recursos públicos y fomento de la cultura de la integridad mediante la provisión de instrumentos técnicos, mecanismos y estrategias de seguimiento, evaluación y capacitación.

Estrategia 2.1. Desarrollar instrumentos técnicos, marcos metodológicos, propuestas de política pública y mecanismos de diseño, seguimiento y evaluación que faciliten la implementación homogénea y la coordinación efectiva entre los entes públicos del SNA, con base en evidencia, información estadística, metodologías estandarizadas y colaboración interinstitucional.

Línea de acción

2.1.1. Promover la implementación progresiva de herramientas de seguimiento presupuestal en materia anticorrupción en los ámbitos subnacionales mediante el acompañamiento técnico a los sistemas estatales anticorrupción.

2.1.2. Fomentar el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los Sistemas Anticorrupción, a través del acompañamiento técnico y metodológico que brinda la SESNA.

2.1.3. Desarrollar criterios metodológicos y técnicos para el seguimiento y evaluación de políticas públicas anticorrupción, a partir de la evidencia generada por las distintas herramientas establecidas en el SiSE.

2.1.4. Promover la colaboración con el INEGI y el SNF para la utilización y análisis de información estadística que facilite la toma de decisiones en el ámbito anticorrupción, mediante el intercambio y retroalimentación de información.

Estrategia 2.2. Fomentar el conocimiento sobre el SNA y la SESNA mediante la implementación de un programa de difusión y la operación de herramientas de capacitación en anticorrupción e integridad, dirigidos a personas servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno, del sector privado, así como personas interesadas en el combate y control de la corrupción.

Línea de acción

2.1.1. Mantener una oferta anual de capacitación especializada en anticorrupción e integridad actualizada, vigente y alineada a las necesidades de capacitación de los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción, identificadas mediante instrumentos aplicados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

2.1.2. Establecer alianzas con instituciones y actores clave tanto del sector público como privado, para el establecimiento de acciones de colaboración que aporten a la generación de nuevos contenidos, así como al fortalecimiento de sus programas o acciones de capacitación, para con ello contribuir a la construcción de una cultura de integridad en el país.

2.1.3. Instrumentar un Programa Anual de Capacitación en Anticorrupción e Integridad en colaboración con las Presidencias de los Sistemas Estatales Anticorrupción y sus Secretarías Ejecutivas, dirigido a instituciones públicas, privadas, así como a organizaciones de la sociedad civil y a personas involucradas en el combate y control de la corrupción del país.

2.1.4. Comunicar, privilegiando un lenguaje ciudadano, las labores institucionales, avances y logros del SNA y su Secretaría Ejecutiva, mediante el uso estratégico redes sociales institucionales para acercar a la población a las herramientas y desarrollos para el control de la corrupción y el fomento de la cultura de la integridad.

2.1.5. Promover el conocimiento sobre el SNA y la SESNA mediante eventos y acciones de difusión y promoción (boletines, cápsulas informativas, materiales gráficos, entre otros).

Objetivo 3. Consolidar la implementación de un modelo de gestión institucional orientado a resultados que incorpore los enfoques transversales de derechos humanos, igualdad de género y no discriminación, y que promueva una cultura de integridad en la actuación de las personas servidoras públicas.

Estrategia 3.1. Implementar un modelo de resultados institucional que integre los criterios de austeridad y los principios fundamentales de transparencia y rendición de cuentas en el marco de una gestión pública efectiva.

Línea de acción

3.1.1. Realizar evaluaciones de desempeño del personal a nivel individual y organizacional para identificar las fortalezas y oportunidades de mejora continua.

3.1.2. Generar y publicar informes de desempeño periódicos que incentiven una mejor y más oportuna transparencia y rendición de cuentas de los resultados y avances institucionales.

3.1.3. Coordinar el uso responsable y con las medidas de austeridad de los recursos públicos para el desarrollo de los proyectos y actividades institucionales, mediante un proceso eficiente y eficaz de planeación, programación y ejercicio del gasto.

3.1.4. Realizar los procesos del Sistema de Control Interno y cumplir con las disposiciones que minimicen los riesgos y promueva el cumplimiento de objetivos y metas institucionales y la detección de posibles actos de corrupción.

3.1.5. Organizar y convocar a las sesiones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción para el desahogo de los asuntos de su competencia.

Estrategia 3.2. Promover la cultura de integridad institucional, respeto a los derechos humanos e igualdad de género en el desarrollo de las funciones del personal adscrito a la SESNA para que guíen sus acciones hacia el logro de resultados al interior y exterior de la institución.

Línea de acción

3.2.1. Fortalecer las capacidades y habilidades de las personas servidoras públicas mediante los programas de capacitación en temas de derechos humanos, igualdad de género, no discriminación, conflictos de interés, ética pública, cultura de la integridad, así como clima y cultura organizacional.

3.2.2. Potenciar las condiciones que propicien la igualdad entre mujeres y hombres al interior de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, mediante acciones de sensibilización y la estrategia de transversalización de la perspectiva de género institucional.

3.2.3. Difundir entre las personas servidoras públicas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción los Códigos de Ética y de Conducta y los medios y mecanismos de denuncia por su incumplimiento, garantizando el derecho a ser atendidas ante las instancias

correspondientes.

3.2.4. Atender las denuncias que se presenten en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción por incumplimiento al Código de Ética, a las Reglas de Integridad y al Código de Conducta acoso y hostigamiento sexual, así como actos de discriminación dentro de los plazos señalados conforme a los procedimientos establecidos.

8. Indicadores y metas

Considerando que se espera saber en qué medida se cumplen con los resultados esperados, es necesario darles seguimiento, ya que de esta forma se pueden detectar deficiencias tanto en el diseño como en su operación y será posible hacer los ajustes que se consideren necesarios para alcanzar los objetivos planteados.

Por ello, para conocer el avance en el cumplimiento de los objetivos, se establecieron Indicadores estratégicos como los instrumentos que proporcionan un medio para el seguimiento en el logro de las metas de los objetivos del Programa y que servirán como una herramienta de transparencia y rendición de cuentas.

Indicador 1.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

Porcentaje de incremento en las consultas de información de la Plataforma Digital Nacional.

Objetivo

Promover la coordinación institucional y la eficacia de las autoridades involucradas en la prevención, identificación, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, mediante la integración, consulta y explotación de los datos de la Plataforma Digital Nacional, para formular metodologías y herramientas de inteligencia e innovación anticorrupción.

Definición o
descripción

Mide el incremento en los usuarios que realizan consultas para el análisis y explotación de la información interconectada en los sistemas que integran la Plataforma Digital Nacional.

Derecho asociado

Principio a la legalidad.

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o frecuencia de
medición

Anual.

Acumulado o
periódico

Periódico

Disponibilidad de la información

Enero del año siguiente.

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de recolección de los
datos

Periodo de enero a diciembre.

Tendencia esperada

Ascendente

Unidad responsable de reportar el
avance

Unidad de Plataforma Digital Nacional.

Método de cálculo

((Total de usuarios de los sistemas de información de la Plataforma Digital Nacional en el año t - Total de usuarios de los sistemas
de información de la Plataforma Digital Nacional en el año t-1) / Total de usuarios de los sistemas de información de la Plataforma
Digital Nacional en el año t-1) *100

Desagregación recomendada

· Por tipo de público: Público consultante / Sujetos obligados.

· Por tipo de uso: consulta/búsqueda/descarga; documentación de interconexión.

(Se obtiene segmentando las páginas clave en los reportes de GA4.)

Observaciones

Para la medición se usarán reportes estadísticos en los que se puede observar el acceso a los distintos sistemas de la Plataforma Digital Nacional. Por mencionar una herramienta es Google Analytics 4 (GA4), la cual es una herramienta de análisis de datos que ayuda a las organizaciones a comprender cómo las personas interactúan con sus plataformas digitales y tomar decisiones basadas en datos, con un enfoque más flexible, predictivo y respetuoso de la privacidad que sus versiones anteriores.

Previo a la emisión de normativa secundaria y publicaciones técnicas para la interconexión, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción deberá aprobar dichos instrumentos.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.

Nombre variable 1

Total de usuarios de los sistemas de información de la PDN en el año t= 2024

Valor variable 1

191,985

Fuente de
información
variable 1

Registros de la PDN (Google
Analytics del usuario), bajo el
resguardo de la Unidad de
Plataforma Digital Nacional.

Nombre variable 2

Total de usuarios de los sistemas de información de la PDN en el año t-1= 2023

Valor variable 2

143,028

Fuente de
información
variable 2

Registros de la PDN (Google
Analytics del usuario), bajo el
resguardo de la Unidad de
Plataforma Digital Nacional.

Sustitución en
método de cálculo

((191,985 - 143,028) / 143,028) * 100

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

34.23%

Con base en los usuarios de las consultas de información de los Sistemas que se
encontraban en operación en 2023 y 2024

(1, 2, 3 y 6).

Año

2024

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

La estimación para la meta de 2030 se realiza tomando en cuenta que, para los años
subsecuentes, 2025 en adelante, se encontrarán en operación los Sistemas de
Información 4 y 5 de la PDN.

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

Se deberán registrar los valores de acuerdo a la frecuencia de medición del indicador.

Pude registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

34.22%

METAS

Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.

2025

2026

2027

2028

2029

2030

14%

10%

Nota: Las metas se establecieron tomando como referencia la línea base.

Indicador 1.2

ELEMENTOS DEL INDICADOR
Nombre	Índice de calidad de los proyectos estratégicos en materia de riesgos e inteligencia anticorrupción
Objetivo	Promover la coordinación institucional y la eficacia de las autoridades involucradas en la prevención, identificación, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, mediante la integración, consulta y explotación de los datos de la Plataforma Digital Nacional, para formular metodologías y herramientas de inteligencia e innovación anticorrupción.
Definición o descripción	Mide el porcentaje ponderado de la calidad de los tres proyectos desarrollados en materia de riesgos e inteligencia anticorrupción presentados y aprobados ante el Comité Coordinador del SNA.
Derecho asociado	Principio a la legalidad.
Nivel de desagregación	Nacional			Periodicidad o frecuencia de medición				Anual
Acumulado o periódico	Estratégico			Disponibilidad de la información				Enero del año siguiente.
Unidad de medida	Porcentaje			Periodo de recolección de los datos				Periodo de enero a diciembre.
Tendencia esperada	Ascendente			Unidad responsable de reportar el avance				Dirección General de Riesgos e Inteligencia Anticorrupción.
Método de cálculo	Elementos mínimos de calidad en los proyectos (variable binaria): Cuando un proyecto cuente con uno de los elementos mencionados se colocará 1, si no cuenta con el elemento, será 0 su calificación. EEi -> Estudio Exploratorio del i-ésimo proyecto Proti -> Documento metodológico del i-ésimo proyecto Soci ->Acciones de socialización del i-ésimo proyecto Resuli -> Resultados de la i-ésima intervención Actividades del proceso de presentación y aprobación de los proyectos: PPSNA -> Número de proyectos presentados ante el Comité Coordinador del SNA PASNA -> Número de proyectos aprobados por el Comité Coordinador del SNA PPlan -> Tres proyectos planeados (Contrataciones públicas, Verificación Patrimonial y Programas sociales) para presentación y aprobación ante el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Definición de la ponderación: Para los elementos mínimos de calidad se definió una ponderación por cada criterio de un .20 que en el acumulado da el .80 considerando que son acciones que están bajo el control del área responsable. Por otro lado, respecto a las actividades del proceso de presentación y aprobación se ponderaron con un .10 cada una sumando el .20 esto dado que la actividad no depende del área. El total de la suma de todos los ponderadores es igual a 1.
Observaciones	Previo a la presentación de los tres proyectos: Contrataciones públicas, Verificación Patrimonial y Programas sociales, ante el Comité Coordinador del SNA, se debe considerar un proyecto de calidad, cuyos elementos mínimos son: estudio exploratorio, documento metodológico, proceso de socialización, y los resultados de la intervención programada. Respecto a las actividades relacionadas con la presentación y aprobación de los proyectos ante el Comité Coordinador del SNA, la segunda variable del indicador mide el desempeño de ambas actividades. Respecto a la agenda de contrataciones públicas, se tiene programado fortalecer el desarrollo del Sistema de Alertamiento de Riesgos de Corrupción en Contrataciones Públicas que interconectado al Sistema 6 de la Plataforma Digital Nacional permita identificar alertas por riesgos de corrupción en las distintas fases del proceso. Por su parte, en la agenda de verificación patrimonial se realizará la propuesta de Modelo de Verificación Patrimonial que permita detectar anomalías en la presentación de declaraciones patrimoniales y homologar las herramientas y metodologías que se utilizan para ello; por último, en materia de programas sociales, se consolidará el desarrollo del Algoritmo de Programas Sociales que permita identificar los sesgos de integridad en el diseño e implementación de estos instrumentos de política.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.
Nombre variable 1	Estudio Exploratorio del i-ésimo proyecto		Valor variable 1	.20	Fuente de información variable 1				Documentos de trabajo del estudio exploratorio en resguardo de la SESNA.
Nombre variable 2	Documento metodológico del i-ésimo proyecto		Valor variable 2	.20	Fuente de información variable 2				Documento metodológico de los tres proyectos en resguardo de la SESNA.
Nombre variable 3	Acciones de socialización del i-ésimo proyecto		Valor variable 3	.20	Fuente de información variable 3				Informe anual de acciones de socialización de los tres proyectos.
Nombre variable 4	Resultados de la i-ésima intervención		Valor variable 4	.20	Fuente de información variable 4				Informe anual de los resultados de la intervención.
Nombre variable 5	Número de proyectos presentados ante el Comité Coordinador del SNA		Valor variable 5	.10	Fuente de información variable 5				Orden del Día y Actas del Comité Coordinador Sistema Nacional Anticorrupción. de los Proyectos presentados
Nombre variable 6	Número de proyectos aprobados por el Comité Coordinador del SNA		Valor variable 6	.10	Fuente de información variable 6				Actas de del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. en resguardo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Nombre variable 7	Número de proyectos planeados para presentación y aprobación ante el Comité Coordinador del SNA		Valor variable 7	3	Fuente de información variable 7				Tres proyectos: 1.- Contrataciones públicas, 2.- Verificación Patrimonial y 3.- Programas sociales
Sustitución en método de cálculo	Nota: Los valores son los estimados para el ejercicio 2030.
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base				Nota sobre la línea base
Valor	0			No se cuenta con línea base puesto que la primera medición se llevará a cabo en 2026.
Año	2025
Meta 2030				Nota sobre la meta 2030
100				Se espera que todos los proyectos que sean presentados al Comité Coordinador del SNA para su potencial adopción.
SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR Se deberán registrar los valores de acuerdo a la frecuencia de medición del indicador. Pude registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.
2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024
NA	NA	NA		NA		NA		NA		NA
METAS Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.
2025	2026	2027		2028			2029			2030
0	27%	53%		73%			87%			100%

Indicador 2.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

Porcentaje de alcance en la implementación de la Política Nacional Anticorrupción.

Objetivo

Contribuir a la consolidación de una agenda nacional articulada en materia de prevención, detección, y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en fiscalización, control de recursos públicos y fomento de la cultura de la integridad mediante la provisión de instrumentos técnicos, mecanismos y estrategias de seguimiento, evaluación y capacitación.

Definición o
descripción

Mide las acciones contempladas en las políticas integrales anticorrupción a nivel nacional que han sido implementadas.

Derecho asociado

Principio a la legalidad.

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o frecuencia de
medición

Anual

Acumulado o
periódico

Periódico

Disponibilidad de la
información

Mayo del año siguiente

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de recolección de
los datos

Enero - diciembre

Tendencia esperada

Ascendente

Unidad responsable de
reportar el avance

Unidad de Política Pública del Sistema
Nacional Anticorrupción.

Método de cálculo

((Número de veces únicas en las que las instituciones reportaron por lo menos una acción en una Línea de Acción de la Política Nacional Anticorrupción / Número de veces únicas en las que las instituciones participan en una Línea de Acción de la Política Nacional Anticorrupción) + Promedio del porcentaje de cobertura de los Programas de Implementación de las Políticas Estatales Anticorrupción) / 2

Observaciones

La variable Promedio del porcentaje de cobertura de los Programas de Implementación de las Políticas Estatales Anticorrupción se calcula promediando la cobertura de todos los estados que cuentan con un Programa de Implementación de su Política Estatal Anticorrupción. Cada una de las coberturas estatales individuales se calcula de manera idéntica a la cobertura nacional, estas coberturas después se promedian. La fórmula completa de este promedio se omite para mantener la brevedad de la fórmula (21 estados contaban con PI-PEA al corte de diciembre 2024).

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.

Nombre variable 1

Número de veces únicas en las
que las instituciones participan en
una Línea de Acción de la
Política Nacional Anticorrupción

Valor variable 1

414

Fuente de
información
variable 1

Programa de Implementación
de la Política Nacional
Anticorrupción

Nombre variable 2

Número de veces únicas en las
que las instituciones reportaron
por lo menos una acción en una
Línea de Acción de la Política
Nacional Anticorrupción

Valor variable 2

179

Fuente de
información
variable 2

Tablero de Implementación de
la Política Nacional
Anticorrupción

Nombre variable 3

Promedio del porcentaje de
cobertura de los Programas de
Implementación de las Políticas
Estatales Anticorrupción.

Valor variable 3

Fuente de
información
variable ...

Tableros de Implementación de
las Política Estatales
Anticorrupción y homólogos

Sustitución en
método de cálculo

((179/414) + 0) / 2

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

22%

Año

2023

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

90%

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

Se deberán registrar los valores de acuerdo a la frecuencia de medición del indicador.

Pude registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

22%

METAS

Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.

2025

2026

2027

2028

2029

2030

35%

40%

50%

62%

75%

90%

Indicador 2.2

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

Porcentaje de eficiencia terminal de los cursos ofrecidos por la Plataforma de Aprendizaje Anticorrupción del Sistema
Nacional Anticorrupción.

Objetivo

Definición o
descripción

Mide la eficiencia terminal general de los cursos de la Plataforma de Aprendizaje Anticorrupción del Sistema Nacional Anticorrupción (PAA-SNA). El valor de 100% significa que, en todos los cursos, todas las personas inscritas los concluyeron con una calificación aprobatoria.

Derecho asociado

Derecho a la capacitación profesional.

Nivel de desagregación

Nacional

Periodicidad o frecuencia de
medición

Anual

Acumulado o periódico

Periódico

Disponibilidad de la
información

Enero del año siguiente

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de recolección de
los datos

Enero - diciembre

Tendencia esperada

Ascendente

Unidad responsable de
reportar el avance

Dirección General de Fomento de la
Cultura de la Integridad

Método de cálculo

(Total de personas que terminaron uno de los cursos de la PAA con calificación aprobatoria / Total de personas que se
inscribieron a uno de los cursos de la PAA) * 100

Observaciones

La eficiencia terminal de los cursos de la PAA-SNA ofrece un panorama sobre la sensibilización y capacitación efectiva que las personas que pertenecen al sector público, privado, organizaciones de la sociedad civil y academia tienen en materia de integridad y anticorrupción. Los cursos que se contemplan para este indicador son: Introducción al Sistema Nacional Anticorrupción, Introducción al Análisis de Riesgos de Corrupción y Ética e Integridad en el Servicio Público.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.

Nombre variable 1

Número de personas que
finalizaron el curso
Introducción al Sistema
Nacional Anticorrupción y
obtuvieron calificación
aprobatoria

Valor variable 1

9,407

Fuente de
información
variable 1