SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 45/2024 y su acumulada 51/2024, así como los Votos Particular del señor Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, Concurrente

	APARTADO	CRITERIO Y DECISIÓN	PÁGINA
I.	COMPETENCIA.	El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto.	6
II.	OPORTUNIDAD.	La demanda es oportuna.	6
III.	LEGITIMACIÓN.	La demanda fue presentada por parte legitimada.	7
IV.	CAUSAS DE IMPROCEDENCIA.	No se hicieron valer y el Tribunal Pleno no advierte ninguna de oficio.	9
V.	PRECISIÓN DE LA LITIS.	SE PRECISAN LOS PRECEPTOS QUE SERÁN MATERIA DE ANÁLISIS.	16
VI.	ESTUDIO DE FONDO.	Se analizan diversos artículos de distintas leyes de ingresos municipales del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal de 2024, publicadas en el Periódico Oficial del gobierno del referido Estado, el 30 de diciembre de 2023.	22
VII.	EFECTOS.	Se precisan los efectos de la sentencia.	103
VIII.	RESOLUTIVOS.	PRIMERO. Es parcialmente procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada. SEGUNDO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad 45/2024 respecto de los artículos decimocuarto de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, así como 26 y 27 de la Ley de Ingresos del Municipios de Delicias, Chihuahua, ambas para el Ejercicio Fiscal de 2024, publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el treinta de diciembre de dos mil veintitrés. TERCERO. Se declara la invalidez de la TARIFA, en su fracción II.4, numerales 4 y 7.3, así como su ANEXO 3, titulado SEGURIDAD PÚBLICA', en sus apartados SON INFRACCIONES CONTRA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD', en sus porciones normativas CAUSAR ESCÁNDALOS EN LUGARES PÚBLICOS, QUE ALTEREN LA TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS 550.00 1,090.00', PRODUCIR RUIDOS POR CUALQUIER MEDIO, QUE PROVOQUEN MOLESTIAS O ALTEREN LA TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS 260.00 610.00' y PARTICIPAR EN JUEGOS DE CUALQUIER ÍNDOLE EN LA VÍA PÚBLICA SIEMPRE QUE AFECTEN EL LIBRE TRÁNSITO DE LAS PERSONAS Y VEHÍCULOS O QUE MOLESTEN A LAS PERSONAS 260.00 550.00', y SON FALTAS O INFRACCIONES CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES Y LA INTEGRIDAD MORAL DEL INDIVIDUO Y DE LA FAMILIA', en su porción normativa FALTAR AL RESPETO A LAS PERSONAS, EN ESPECIAL FALTAR A LA CONSIDERACIÓN QUE SE DEBE A LOS NIÑOS, ANCIANOS Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 550.00 1,045.00', de la Ley de Ingresos del Municipio de Allende, de la TARIFA, en su fracción III.17, numeral 23, de la Ley de Ingresos del Municipio de Aquiles Serdán, de la TARIFA, en su apartado B, numeral 16.13, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ascensión, de la TARIFA, en su fracción IX, inciso a), intitulado Son infracciones contra el orden y la seguridad', en sus porciones normativas Causar escándalos en lugares públicos, que alteren la tranquilidad de las personas $550.00' y Producir ruidos por cualquier medio, que provoquen molestias o alteren la tranquilidad de las personas $260.00', de la Ley de Ingresos del Municipio de Bachíniva, del artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Balleza, del artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín, de la TARIFA, en su fracción II.6, numeral 6, de la Ley de Ingresos del Municipio de Bocoyna, de la TARIFA, en su fracción VII, apartado AA, inciso c), de la Ley de Ingresos del Municipio de Camargo, del artículo 9 y de la TARIFA, en su fracción IV, inciso a), numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Casas Grandes, de la TARIFA, en su fracción XXII, numerales 3, inciso b), y 4, inciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, del artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, y de la TARIFA, en su fracción II.7, numerales 9 y 11, subnumeral 11.1, inciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Coronado, de la TARIFA, en su fracción VII, numeral 8, de la Ley de Ingresos del Municipio de Coyame del Sotol, del artículo 8, fracción IV, numeral 1, inciso a), claves VIII-11 y IX-11, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, de los artículos 24 y 25 y de la TARIFA, en sus fracciones II.2.4, numeral 1, inciso B), y II.2.8, inciso B), numeral 2, de la Ley de Ingresos del Municipio de Delicias, del artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Dr. Belisario Domínguez, del artículo 26, inciso a), numeral 1, y de la TARIFA, en su numeral 4, subnumeral 4.6.2, de la Ley de Ingresos del Municipio de Galeana, del artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, y de la TARIFA, en su fracción II.3, numeral 15, de la Ley de Ingresos del Municipio de Gómez Farías, del artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guazapares, de la TARIFA, en su fracción II.1, numeral 15, incisos a) y c), de la Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo del Parral, del artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, y de la TARIFA, en su fracción II.6, numerales 1 y 2, de la Ley de Ingresos del Municipio de Huejotitán, de la TARIFA, en sus apartados intitulados TARIFAS DE MULTAS POR FALTAS AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO, CONTRA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD GENERAL', fracciones I, II y X, e INFRACCIONES CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES Y LA INTEGRIDAD MORAL DEL INDIVIDUO Y DE LA FAMILIA', fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez, de los artículos 50, 68, numerales 3, 4, 7 y 8, y 69, numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, del artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5 y de la TARIFA, en su numeral 4, subnumeral 4.20, de la Ley de Ingresos del Municipio de Julimes, de la TARIFA, en su fracción VI, intitulada FALTAS CONTRA EL ORDEN Y SEGURIDAD GENERAL', incisos A) y B), de la Ley de Ingresos del Municipio de López, del artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, y de la TARIFA, en sus fracciones I, numeral 6, y II, numeral 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Maguarichi, del artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, y de la TARIFA, en su fracción II.2, numerales 2.1, 2.2 y 2.5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Manuel Benavides, del artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Moris, de la TARIFA, en sus fracciones II.2.4, numerales 25, incisos A), B), C) y D), y 26, inciso b), y II.2.8, numeral 2, de la Ley de Ingresos del Municipio de Namiquipa, del artículo 21, fracción IV, apartado a, subapartados a.1 y a.2.18.14, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Casas Grandes, de los artículos 20 y 21 y de la TARIFA, en su fracción IV, numeral 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Rosales, del artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, y de la TARIFA, en su fracción II.6, numeral 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de Conchos, del artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 4, y de la TARIFA, en su fracción II.12, en su porción normativa Permiso para bailes de paga $161.83', de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco del Oro, de la TARIFA, en sus numerales 9.23, letras b y c), y 10, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Bárbara, de la TARIFA, en su fracción II.8, numeral 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de Satevó, de la TARIFA, en su numeral 11, subnumerales 20 y 26, fracciones III, inciso b), IV, inciso b), y VI, así como del apartado III, intitulado PRODUCTOS', subapartados INFRACCIONES A LA LEY DE TRÁNSITO', clave 8-7, e INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO', numeral 1, incisos I), II) y VIII), de la Ley de Ingresos del Municipio de Saucillo, del artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Temósachic y del artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Valle de Zaragoza, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal de 2024, publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el treinta de diciembre de dos mil veintitrés. CUARTO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Chihuahua, en los términos precisados en el apartado VII de esta determinación. QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.	111

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 45/2024 Y SU ACUMULADA 51/2024.

PROMOVENTES: PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Vo. Bo.

Sr. Ministro

PONENTE:

MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN.

Cotejó:

SECRETARIO:

HÉCTOR HIDALGO VICTORIA PÉREZ.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 45/2024 y su acumulada 51/2024, promovidas por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra diversas porciones normativas, contenidas en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicadas el treinta de diciembre de dos mil veintitrés.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA.

1 Presentación de las demandas. El veintinueve de enero de dos mil veinticuatro, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos(1) y la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(2), respectivamente, promovieron acciones de inconstitucionalidad impugnando diversas disposiciones de carácter general, señalando como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

2 La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal estimó vulnerados los artículos 1, 4, 14, 16, 31, fracción IV y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estimó actualizadas violaciones a los artículos 1, 6, 9, 14, 16 y 31, fracción IV, del Texto Fundamental, así como diversos preceptos convencionales.

3 Radicación y acumulación. Por auto de treinta de enero de dos mil veinticuatro(3), la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo Federal, a la que le correspondió el número 45/2024.

4 Posteriormente, mediante acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro(4), la Presidenta registró la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el número de expediente 51/2024.

5 Al existir identidad de decretos legislativos impugnados en ambos asuntos, ordenó la acumulación de ambos expedientes y por razón de turno, designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en ambos procedimientos.

6 Admisión. En proveído de trece de febrero de dos mil veinticuatro(5), el Ministro instructor admitió las acciones relativas, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Fiscalía General de la República para los efectos legales conducentes.

7 Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Por acuerdo de once de marzo de dos mil veinticuatro(6) se tuvo al Poder Ejecutivo de dicha entidad, rindiendo el informe respectivo, en el que expresó los razonamientos siguientes:

8 Primero, que resulta extemporánea la impugnación que realiza del impuesto adicional destinado al sostenimiento de universidades públicas en razón de una tasa del 4%, pues si bien las disposiciones aquí impugnadas prevén esa misma contribución, éstas únicamente replican lo previsto por el artículo 165 Bis del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en vigor desde el uno de enero de dos mil veintitrés (sic).

9 Asimismo, considera que la norma no contraviene los principios del artículo 31, fracción IV, constitucional, toda vez que la misma encuentra sustento en el destino que se les darán a los recursos que por dicho concepto se recauden.

10 Segundo, que el cobro de derechos por copias certificadas se encuentra justificado en tanto que dicha actividad implica que el funcionario cotejará la información, cerciorándose de que es una réplica exacta de la información original, lo que genera un costo para el Estado. Por ende, respeta los principios tributarios.

11 Tercero, que la infracción que se impone por la realización de juegos en la vía pública resulta constitucional al no contravenir el derecho de acceso al deporte ni los principios de desarrollo de la personalidad, seguridad jurídica, legalidad, sino simplemente pone una restricción en cuanto se participe en juegos en la vía pública, siempre y cuando éstos afecten el libre tránsito de personas y vehículos.

12 Cuarto, que el cobro de un registro de nacimiento extemporáneo busca incentivar a que el registro se realice de manera inmediata, garantizando el derecho a la personalidad.

13 Quinto, que el establecimiento de derechos por alumbrado público resulta acorde con el principio de proporcionalidad tributaria pues encuentran sustento en el destino que se le dará a los recursos que por estos conceptos se recauden, los cuales benefician directamente a la colectividad.

14 Sexto, que el cobro por la entrega de información a través de distintos medios se encuentra justificado en tanto no está vinculado a los procedimientos de acceso a la información, entonces, no debe hacer un análisis a la luz del principio de gratuidad. Máxime, que el cobro en comento se realiza en relación con el dispositivo a través del cual se entrega la información y no por la información misma.

15 Séptimo, que las cuotas establecidas por la obtención de permisos para fiestas particulares no contravienen el derecho de reunión, ya que estas tarifas corresponden a las medidas de seguridad que deben adoptarse en dichos casos.

16 Octavo, que las demás infracciones administrativas que se impugnan resultan constitucionales, ya que buscan la preservación del orden y la paz pública, así como evitar abusos en el ejercicio de la libertad de expresión, lo que resulta acorde a los principios constitucionales y tratados internacionales.

17 Informe del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. Mediante acuerdo de uno de abril de dos mil veinticuatro, se tuvo por presentado el informe del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. En el cual, para controvertir los conceptos de invalidez señala que las cuotas impugnadas no dejan de lado el costo que se tiene por la ejecución del servicio que presta, además de que las tarifas son fijas e iguales para todos lo que reciben servicios análogos.

18 Añade, que la cuota debe encontrarse relacionada con el costo que se tiene para prestar un determinado servicio, lo que implica que pueda considerarse dentro de éste los insumos, la mano de obra para prestar el servicio y demás gastos directos e indirectos, así como el costo que implica.

19 Agrega que las disposiciones resultan acordes con la intención de garantizar el desarrollo de las personas, por lo que se encuentra justificado establecer parámetros normativos que limiten la posibilidad de sucesos que dañen la integridad de las personas.

20 Señala que el cobro de derechos por alumbrado público guarda razonabilidad entre el costo del servicio y el cobro de éste, pues se toma en cuenta la cantidad de luminarias y trabajos que las mismas necesitan, por lo que respetan el principio de proporcionalidad y equidad tributaria.

21 Por último, que las cuotas por la obtención de permisos para fiestas particulares constituyen una restricción válida al derecho de reunión. Asimismo, que las infracciones administrativas establecidas respetan los parámetros del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

22 Alegatos. Por escritos recibidos el diecisiete(7) y veintiséis(8) de abril de dos mil veinticuatro, los delegados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como el representante del Congreso del Estado de Chihuahua, respectivamente, formularon los alegatos que estimaron pertinentes.

23 Cierre de instrucción. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veinticuatro(9) se declaró cerrada la instrucción.

I. COMPETENCIA.

24 Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, incisos c) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(10) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(11), toda vez que se solicita la declaración de inconstitucionalidad de diversas leyes de ingresos municipales del Estado de Chihuahua, por considerar que éstas prevén cantidades y supuestos que contravienen los principios constitucionales.

II. OPORTUNIDAD.

25 De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(12), el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y el cómputo inicia a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial, en el entendido de que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

26 En el caso, los preceptos legales impugnados se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el sábado treinta de diciembre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad trascurrió del domingo treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés al lunes veintinueve de enero de dos mil veinticuatro.

27 Luego, si los escritos de demanda del Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se presentaron el veintinueve de enero de dos mil veinticuatro ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, así como en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia la Nación -respectivamente-, esto es, el último día del plazo para su vencimiento, es claro que su interposición resulta oportuna.

III. LEGITIMACIÓN.

28 La acción de inconstitucionalidad promovida por el Poder Ejecutivo Federal fue instada por parte legítima, conforme al artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal, pues fue suscrita por María Estela Ríos González, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en términos de los diversos 11, párrafo último, y 59 de la Ley Reglamentaria, así como del Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno. Dicha personalidad la acreditó con copia certificada del nombramiento respectivo.

29 Asimismo, el medio de defensa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también fue promovido por parte legitimada, toda vez que de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(13) dicha Comisión está facultada para promover la acción de inconstitucionalidad contra leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos contenidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales.

30 Por otra parte, el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59, de la Ley Reglamentaria de la materia,(14) establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

31 En el caso, el escrito inicial fue suscrito por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia de la comunicación emitida por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo en el periodo dos mil diecinueve a dos mil veinticuatro.(15)

32 Dicha funcionaria ostenta la representación de la Comisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(16) y 18 de su Reglamento Interno;(17) y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad de acuerdo con el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(18)

33 Además, en el caso se plantea que diversos preceptos de múltiples leyes de ingresos del Estado de Chihuahua, los cuales establecen contribuciones, resultan violatorios de los derechos de libertad de reunión, acceso a la información, así como los principios de seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria. Consecuentemente, se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el referido artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, procede reconocerse la legitimación activa en este asunto.

IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA.

34 El Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria, en relación con las normas que prevén un impuesto adicional destinado al sustento de universidades públicas de la entidad federativa, ya que, a su juicio, dicha contribución se encuentra prevista en el artículo 165 Bis del Código Municipal para el Estado de Chihuahua,(19) desde el veinticinco de mayo de dos mil dos, por lo que su impugnación resultaría extemporánea.(20)

35 Lo anterior resulta infundado.

36 Ello, toda vez que, contrario a lo señalado por la autoridad, de la lectura de las disposiciones contenidas en las leyes de ingresos municipales que prevén el impuesto adicional en comento, no se advierte que éstas remitan o hagan referencia al distinto artículo 165 Bis del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

37 Aunado a ello, importa destacar que a las normas aquí impugnadas de vigencia anual les precedió el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas de un procedimiento legislativo distinto al relacionado con el Código Municipal.

38 Tampoco puede perderse de vista que la integración de estas normas a las distintas leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, hizo efectiva la potestad tributaria de dichos órdenes de gobierno al permitir que se entere a las haciendas municipales las cantidades correspondientes a dicho impuesto adicional, otorgándole de esta manera consecuencias normativas específicas y distintas a las del señalado Código Municipal.

39 Por ende, resulta dable afirmar que, desde el punto de vista formal y material, las normas ahora impugnadas que prevén el pago de un impuesto adicional destinado al sostenimiento de las universidades públicas constituyen nuevos actos legislativos con independencia de que el contenido normativo de las disposiciones impugnadas sea similar al del artículo 165 Bis del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia invocada por la autoridad.

40 Al caso resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 25/2016 (10a.) de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO".(21)

41 Por otra parte, este Tribunal Pleno advierte oficiosamente que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con los numerales 59 y 60 de la Ley Reglamentaria, pues en la demanda de acción de inconstitucionalidad, respecto del artículo decimocuarto de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, no se hizo valer concepto de invalidez alguno, tal como se explica a continuación.

42 Es dable destacar que el Poder Ejecutivo Federal promovió la presente acción de inconstitucionalidad contra el artículo decimocuarto de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el treinta de diciembre de dos mil veintitrés, esta disposición señala a la letra:

"ARTÍCULO DECIMOCUARTO. - El impuesto adicional a que se refiere la Sección I, del Título Tercero, de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, se determinará una vez aplicados los estímulos fiscales y condonaciones establecidas en la presente Ley de Ingresos, así como las condonaciones que se autoricen en términos de lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Chihuahua.

Una vez que sean pagadas en su totalidad las aportaciones estatales, en términos de los convenios federales que suscriban las universidades públicas del Estado a que se refieren los párrafos segundo y tercero del artículo 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, los ingresos correspondientes al impuesto adicional que se recauden, serán destinados a cubrir obligaciones de pago relacionadas con las pensiones de las propias universidades e infraestructura.

43 De la configuración normativa anterior, se advierte que la norma remite a la Sección I, del Título Tercero, de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, que establece lo siguiente:

TÍTULO TERCERO

OTROS IMPUESTOS

SECCIÓN I

IMPUESTO ADICIONAL UNIVERSITARIO

OBJETO

ARTÍCULO 79. Es objeto de este impuesto, los montos que resulten a pagar por concepto de impuestos ordinarios y derechos a que se refieren esta Ley, la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua y, en su caso, el Acuerdo por el que se establecen las cuotas por el uso de carreteras del Estado.

SUJETOS

ARTÍCULO 80. Son sujetos de este impuesto, los contribuyentes obligados al pago de los impuestos ordinarios y derechos indicados en el artículo anterior.

BASE

ARTÍCULO 81. Se tomará como base de este impuesto, el monto total que se cause en cada impuesto ordinario o derecho.

TASA Y DESTINO

ARTÍCULO 82. A la base a que se refiere el artículo 81 de esta Ley, se le aplicará la tasa del 4%, tratándose de impuestos ordinarios y derechos por el uso de carreteras de cuota estatales; y la tasa del 6%, tratándose del resto de derechos, y el importe que se obtenga será el impuesto a pagar.

Los ingresos que se obtengan por la aplicación de la tasa del 4% sobre impuestos ordinarios, así como la recaudación equivalente a 4 puntos porcentuales de la tasa del 6% sobre derechos, se destinarán por partes iguales, como aportación estatal respecto a los convenios federales que firmen la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En caso de que dichos convenios no sean suscritos, los ingresos recaudados se destinarán, en igual proporción, al sostenimiento de dichas universidades.

El ingreso equivalente a los 2 puntos porcentuales restantes de la tasa del 6% a derechos, así como el ingreso obtenido por la aplicación de la tasa del 4% a derechos por el uso de carreteras de cuota estatales, se destinarán como aportación estatal respecto a los convenios federales que firmen otras universidades públicas estatales y al financiamiento de programas estatales de fomento educativo.

PAGO

ARTÍCULO 83. El impuesto establecido en esta sección deberá pagarse en los mismos plazos y de manera conjunta con los impuestos ordinarios y derechos que lo causen.

44 De las precitadas disposiciones se advierte que prevén los elementos esenciales del impuesto adicional universitario cuya última reforma data del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno.

45 Lo antes señalado cobra relevancia toda vez que en sus conceptos de invalidez la Consejería accionante estima que el referido artículo decimocuarto resulta violatorio del principio de proporcionalidad tributaria por considerar que la tasa de 4% resulta incongruente con la capacidad contributiva de los sujetos pasivos.

46 Ahora bien, como se advierte de la mera comparación del artículo efectivamente impugnado -decimocuarto- y las disposiciones contenidas en la Sección I, del Título Tercero, de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, resulta claro que los artículos 79 a 83 de este último ordenamiento son los que contienen, tanto la tasa del 4% efectivamente impugnada, como los demás elementos del impuesto adicional universitario que se pretende combatir (objeto, sujeto, base y momento de pago).

47 A partir de ello, es dable afirmar que los argumentos supuestamente hechos valer por la consejería contra el artículo decimocuarto de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, realmente se encuentran encaminados a combatir la tasa y elementos contenidos en los artículos 79 a 83 de la Ley de Hacienda estatal, los cuales no fueron señalados como disposiciones impugnadas por la accionante.

48 Sin que sea el caso suplir la deficiencia de la queja para tener por impugnados los diversos artículos de la ley hacendaria estatal pues de cualquier forma su impugnación resultaría extemporánea, toda vez que dichas normas fueron reformadas el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno y, en consecuencia, el plazo previsto por el artículo 60 de la ley reglamentaria ha transcurrido en exceso.

49 A similar conclusión debe arribarse en relación con los artículos 26 y 27 de la Ley de Ingresos del Municipio de Delicias, que a la letra prevén:

Artículo 26. Por cada operación de traslado de dominio, se cobrará una cuota fija de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.), a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y que el contribuyente deberá enterar ante la Dirección de Finanzas y Administración, de aquellos bienes ubicados en el Municipio de Delicias.

Dicha contribución, se pagará en la misma forma y términos en que deba pagarse el Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles y, se destinará para el fortalecimiento de la operación y de los programas y proyectos del DIF Municipal.

Artículo 27. Por cada operación de traslado de dominio, se cobrará una cuota fija de $50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.), para el Instituto Municipal de Planeación de Delicias y que el contribuyente deberá enterar ante la Dirección de Finanzas y Administración, de aquellos bienes ubicados en el Municipio de Delicias.

Dichas contribuciones, se pagará en la misma forma y términos en que deba pagarse el Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes, Inmuebles y, se destinará al "Fideicomiso Gran Visión del Municipio de Delicias, Chihuahua" del IMPLAN, a fin de que sea designado al financiamiento de Proyectos Municipales de Inversión Estratégica.

50 Ahora bien, en el apartado respectivo, el Poder Ejecutivo señala que dichos preceptos vulneran los principios de legalidad y seguridad jurídica, como los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, previstos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

51 Ello, al considerar que "no existe congruencia entre el mecanismo impositivo que prevén y la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, dado que tiene por objeto gravar el cumplimiento de la mencionada obligación tributaria, tan es así que la base sobre la cual se calcula el monto del impuesto adicional, se obtiene al multiplicar por 0.04 la cantidad que resulte del cálculo establecido para la determinación de los impuestos predial y sobre la traslación de dominio de bienes inmuebles".

52 Además, estimó que dichas contribuciones "se traducen en un impuesto adicional el cual será utilizado para el sostenimiento de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez, contrario a lo que señala el numeral 115, fracción IV, inciso a), de la CPEUM, por tal motivo, dicha carga tributaria violenta la libertad hacendaria de los municipios (...)".

53 Así, de un contraste de los conceptos de invalidez y el texto de las disposiciones impugnadas puede colegirse que los argumentos hechos valer por la accionante, no están encaminados a controvertir los artículos 26 y 27 de la Ley de Ingresos del Municipio de Delicias, ya que estos preceptos no hacen referencia a una tasa del 4% sino de la cantidad fija de $50.00, ni se encuentran destinados al sostenimiento de las universidades del Estado como los artículos 24 y 25 de la misma legislación.

54 En tal orden de ideas, es dable estimar que el Poder Ejecutivo Federal omitió formular conceptos de invalidez en los que atribuyera a los artículos 26 y 27 de la Ley de Ingresos del Municipio de Delicias, vicios de inconstitucionalidad específicos.

55 En tal virtud, debe sobreseerse la acción de inconstitucionalidad respecto del artículo decimocuarto de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, y de los artículos 26 y 27 de la Ley de Ingresos del Municipios de Delicias, ambas legislaciones para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, en términos del artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria al no haber expresado motivos de disenso tendientes a impugnar la constitucionalidad, de dichos preceptos.

56 Resulta aplicable, a contrario sensu, la jurisprudencia P./J. 93/2000, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA QUE SE ESTUDIEN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE LA CONTRAVENCIÓN DE LA NORMA QUE SE IMPUGNA CON CUALQUIER PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."(22)

V. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS.

57 De la lectura integral de las demandas y de lo determinado en el apartado anterior, se desprende que la litis se circunscribe a analizar determinados preceptos de múltiples leyes de ingresos municipales del Estado de Chihuahua, en relación con los temas siguientes:

TEMA I. Cobro por el servicio de alumbrado público.

1. Artículo 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez.

TEMA II. Cobro por la reproducción de la información solicitada relacionada con el acceso a la información pública.

1. Fracción VII, apartado AA, inciso c), de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Camargo.

2. Fracción XXII, numerales 3, inciso b), y 4, inciso b), de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua.

3. Fracción II.1, numeral 15, incisos a) y c), de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo del Parral.

4. Artículo 68, numerales 3, 4, 7 y 8, de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez.

5. Fracción II.2.4, numeral 25, incisos A), B), C) y D), de la Ley de Ingresos del Municipio de Namiquipa.

6. Numeral 10 de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Bárbara.

7. Numeral 11, subnumerales 20 y 26, fracciones III, inciso b), IV, inciso b) y VI de la tarifa anexa a Ley de Ingresos del Municipio de Saucillo.

TEMA III. Cobro por la reproducción de la información solicitada no relacionada con el acceso a la información pública.

1. Fracción II.4, numeral 7.3, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Allende.

2. Fracción IV, inciso a), numerales 1, 2 y 3, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Casas Grandes.

3. Fracción II.7, numerales 9 y 11, subnumeral 11.1, inciso b), de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Coronado.

4. Fracción II.2.4, numeral I, inciso B), de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Delicias.

5. Numeral 4, subnumeral 4.6, número 4.6.2, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Galeana.

6. Fracción II.3, numeral 15, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Gómez Farías.

7. Fracción II.6, numerales 1 y 2, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos de Huejotitán.

8. Fracciones I, numeral 6, y II, numeral 1, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Maguarichi.

9. Fracción II.2, numerales 2.1, 2.2 y 2.5 de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Manuel Benavides.

10. Fracción II.2.4, numeral 26, inciso b), de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Namiquipa.

11. Artículo 21, fracción IV, subapartado a.1, de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2024 del Municipio de Nuevo Casas Grandes.

12. Fracción IV, numeral 1, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Rosales.

13. Fracción II.6, numeral 1, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipios de San Francisco de Conchos.

14. Numeral 9.23, letras b y c, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Bárbara.

15. Fracción II.8, numeral 7, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Satevó.

TEMA IV. Preceptos que prevén impuestos adicionales.

1. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín.

2. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Balleza.

3. Artículo 9 de la Ley de Ingresos del Municipio de Casas Grandes.

4. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Coronado.

5. Artículos 24 y 25 de la Ley de Ingresos del Municipio de Delicias.

6. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Dr. Belisario Domínguez.

7. Artículo 26, inciso a), numeral 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Galeana.

8. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Gómez Farías.

9. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guazapares.

10. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Huejotitán.

11. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Julimes.

12. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Maguarichi.

13. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Manuel Benavides.

14. Artículo primero, fracción I, inciso A), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Moris.

15. Artículos 20 y 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Rosales.

16. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de Conchos.

17. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco del Oro.

18. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Temósachic.

19. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Valle de Zaragoza.

TEMA V. Cobro por la obtención de permisos para eventos particulares.

1. Fracción II.4, numeral 4, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Allende.

2. Fracción III.17, numeral 23, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Aquiles Serdán.

3. Apartado B, numeral 16.13, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Ascensión.

4. Fracción VII, numeral 8, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Coyame del Sotol.

5. Fracción II.2.8, inciso B), numeral 2, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Delicias.

6. Artículo 69, numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.

7. Numeral 4, subnumeral 4.20, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Julimes.

8. Fracción II.2.8, numeral 2, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Namiquipa.

9. Artículo 21, Fracción IV, apartado a, subapartado a.2.18.14, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Casas Grandes.

10. Fracción II.12, en la porción normativa "Permiso para bailes de paga $161.83", de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco del Oro.

TEMA VI. Cobro por registro de nacimientos.

1. Fracción II.6, numeral 6, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Bocoyna.

TEMA VII. Establecimiento de infracciones por juegos en la vía pública.

1. La porción normativa "participar en juegos de cualquier índole en la vía pública siempre que afecten el libre tránsito de las personas y vehículos o que molesten a las personas 260.00 550.00" del anexo 3 de la tarifa de la Ley de Ingresos del Municipio de Allende.

2. Fracción X, de la sección "Tarifas de multas por faltas al bando de policía y buen gobierno contra el orden y la seguridad general" de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez.

3. Numeral 1, inciso VIII), del apartado titulado "INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO" de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Saucillo.

TEMA VIII. Establecimiento de infracciones por producir ruido o escándalo.

1. Las porciones normativas "causar escándalos en lugares públicos que alteren la tranquilidad de las personas 550.00 1,090.00" y "producir ruidos por cualquier medio, que provoquen molestias o alteren la tranquilidad de las personas 260.00 610.00" del anexo 3 denominado "seguridad pública" de la Ley de Ingresos del Municipio de Allende.

2. Fracción IX, inciso a), en las porciones "causar escándalos en lugares públicos, que alteren la tranquilidad de las personas $550" y "producir ruidos por cualquier medio, que provoquen molestias o alteren la tranquilidad de las personas $260" de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Bachíniva.

3. Fracciones I y II de la sección titulada "tarifas de multas por el bando de policía y buen gobierno contra el orden y la seguridad general" de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez.

4. Fracción VI, incisos A) y B), de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de López.

5. Fracción III titulada "Productos", sección "Infracciones al bando de policía y buen gobierno", numeral 1, incisos I) y II) del apartado titulado "INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO", de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Saucillo.

TEMA IX. Multas por faltas al respeto y agresiones verbales.

1. La porción normativa "faltar al respeto a las personas, en especial faltar a la consideración que se debe a los niños, ancianos y personas con capacidades diferentes 550.00 1,045.00" de la sección titulada "son faltas o infracciones contra las buenas costumbres y la integridad del individuo y de la familia" del Anexo 3 de la tarifa de la Ley de Ingresos del Municipio de Allende.

2. Artículo 8, fracción IV, inciso a), clave VIII-11, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc.

3. Fracción III, de la sección "Infracciones contra las buenas costumbres y la integridad moral del individuo y de la familia" de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez.

TEMA X. Infracciones relacionadas con el acceso al transporte público.

1. Artículo 8, fracción IV, inciso a), clave IX-11, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc.

2. Fracción III, numeral 8, clave 8-7, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Saucillo.

VI. ESTUDIO DE FONDO.

58 A continuación, se procede al estudio, por separado, de los temas antes destacados.

TEMA I. Cobro por el servicio de alumbrado público.

59 En su segundo concepto de invalidez, el Poder Ejecutivo Federal sostiene que el artículo 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, vulnera el principio de proporcionalidad tributaria, en virtud de que el Congreso local fijó el cobro del servicio de alumbrado público sin atender al costo que representa para el municipio la prestación del mismo, lo que contraviene el principio de proporcionalidad al no contemplar un parámetro razonable propio de un cobro de derechos.

60 Dicho concepto de invalidez resulta fundado.

61 Al respecto, el artículo 115, fracciones III, inciso b), y IV, inciso c), de la Constitución Federal, dispone lo siguiente:

"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: [...]

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: [...]

b) Alumbrado público. [...]

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. [...]

IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: [...]

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. [...]

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. [...]

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; [...]".

62 De ese precepto se aprecia que los municipios tendrán a su cargo, entre otros servicios, el de alumbrado público y que tendrán derecho a recibir los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo y, en caso de que se utilice la figura contributiva "derechos" para el financiamiento del servicio público, conforme al principio de reserva de ley que obliga a que las contribuciones sólo tengan esta fuente normativa, es facultad de las legislaturas aprobar las leyes de ingresos de este nivel de gobierno.

63 Así, corresponde a las legislaturas de los Estados fijar las contribuciones que perciban los municipios por concepto de los servicios que deben prestar (entre los que se encuentra el de alumbrado público).

64 Conforme a lo referido, para determinar si el artículo impugnado por el Ejecutivo Federal es inconstitucional, es necesario establecer la naturaleza de la contribución que prevé; es decir, si se trata de un derecho como aduce el Congreso del Estado de Chihuahua.

65 El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal regula los principios que deben regir a las contribuciones tanto a nivel federal como en el del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), los Estados y los Municipios. Ese precepto en lo que interesa indica:

"Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: [...]

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

66 Como se ve, la Constitución Federal establece los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad los cuales, además de constituir derechos fundamentales, enuncian las características que permiten construir un concepto jurídico de contribución:

a. Tienen su fuente en el poder de imperio del Estado.

b. Constituyen prestaciones en dinero y excepcionalmente en especie o en servicios.

c. Sólo se pueden crear mediante ley.

d. Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios; es decir, tienen por destino el gasto público, sin que se niegue la posibilidad de servir a propósitos de política económica.

e. Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad o capacidad contributiva y el de equidad.

67 De acuerdo con esas características, la contribución es un ingreso de derecho público destinado al financiamiento de los gastos generales obtenido por un ente de igual naturaleza (Federación, Estados o Municipios), titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad económica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes.

68 Una vez establecido el concepto constitucional de contribución, es necesario mencionar que éste se conforma de distintas especies que comparten una configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales, los que, por un lado, permiten, mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula.

69 Así, los elementos esenciales de la contribución, reconocidos tanto doctrinalmente como en el derecho positivo, son el sujeto, el hecho imponible, la base imponible, la tasa o tarifa y la época de pago.

70 Dichos elementos pueden destacarse de la manera siguiente:

· Sujeto. Es aquella persona física o moral que actualiza el hecho imponible, quedando vinculada de manera pasiva por virtud del nacimiento de la obligación jurídico-tributaria.

· Hecho Imponible. Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria. Constituye el hecho definidor o configurador que identifica a cada tributo, más aún, que legitima la imposición en cuanto a que sólo por su realización puede producirse la sujeción al tributo. En efecto, el hecho imponible debe ser, en todos los casos, un elemento fijado por la ley; se trata siempre de un hecho de naturaleza jurídica, creado y definido por la norma, y que no existe hasta que ésta lo ha descrito o tipificado.

· Base Imponible. Es el valor o magnitud representativo de la riqueza constitutiva del elemento objetivo del hecho imponible, que sirve para la determinación líquida del crédito fiscal, una vez que se aplica a dicho concepto la tasa o tarifa.

· Tasa o Tarifa. Es la cantidad porcentual o determinada que se aplica sobre la base imponible para efecto de obtener como resultado la determinación del crédito fiscal.

· Época de Pago. Se refiere al momento o plazo dentro del cual la obligación es exigible y que debe ser cubierta por el sujeto pasivo de la obligación tributaria.

71 Además, aun cuando los mencionados componentes de los tributos son una constante estructural, su contenido es variable, pues se presentan de manera distinta según el tipo de contribución que se analice, dotando a su vez de una naturaleza propia a cada tributo.

72 Aunado a que, de acuerdo con la autonomía de las entidades federativas y con el sistema de distribución de competencias que prevé la Constitución Federal para las entidades federativas, tienen libertad para realizar su propia configuración de las categorías de las contribuciones o tributos, imprimiendo los matices correspondientes a su realidad; sin embargo, esta libertad no autoriza al legislador para desnaturalizar estas instituciones, por lo que debe respetar sus notas esenciales tanto en lo referente a su naturaleza como contribución, como a las notas de sus especies.

73 A diferencia de los impuestos que son contribuciones sobre las que, mediante ley, el Estado impone una carga a los gobernados por los hechos o circunstancias que generen sus actividades, los derechos necesariamente implican un hacer del Estado a cambio del pago que, para ello, debe efectuar el particular a fin de obtener el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público (como es el alumbrado público) o por la prestación de un servicio administrativo.

74 Dicho de otro modo, en el caso de derechos, el hecho imponible lo constituye una actuación de los órganos del Estado y la base o tasa se fijará en razón del valor o costo que este último determine, por el aprovechamiento de los bienes de dominio público o el servicio que prestará el Estado.

75 A partir de los razonamientos precisados, con algunas diferencias inherentes a la naturaleza de cada contribución, lo cierto es que todas ellas deben someterse a los principios de legalidad tributaria y contar con los elementos mínimos para su existencia; pues, inversamente, no serán consideradas dentro del marco de constitucionalidad y, en consecuencia, deberán ser eliminadas del sistema jurídico al que pertenezcan.

76 Así, tratándose de derechos es necesario que el hecho imponible del monto que se busca recaudar observe el principio de proporcionalidad tributaria; es decir, que exista razonabilidad entre el valor por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público o el servicio prestado por el Estado, lo que constituye al elemento tributario conocido como base imponible.

77 La exigencia de congruencia entre hecho imponible y base, además de ser un requisito de proporcionalidad, es también una cuestión de lógica interna de las contribuciones. De lo contrario, existiría imprecisión en torno a cuál es el aspecto objetivo efectivamente gravado y cuál es la categoría tributaria que efectivamente se regula, lo que inclusive puede incidir en la competencia de la autoridad legislativa, pues ésta puede carecer de facultades constitucionales para gravar determinado hecho o acto.

78 En efecto, la distorsión de la relación entre el hecho imponible y la base conduce a una imprecisión respecto del aspecto objetivo u objeto que pretendió gravar el legislador, pues mientras el hecho imponible atiende a un objeto, la base mide un objeto distinto; sin embargo, este conflicto debe resolverse atendiendo a la base imponible, en el que debe tomarse en cuenta que la base es el parámetro para determinar el monto que deberá cubrir el sujeto pasivo, pues es a la medida que representa a la que se aplica la tasa o tarifa y que revela el aspecto objetivo del hecho imponible gravado por el legislador.

79 Es por ello que, la relevancia de los elementos de la contribución, específicamente la base y tarifa del hecho imponible, consiste en que a través de ellos se demuestra si el hecho imponible de la contribución que pretende recaudarse está o no relacionada con su objeto; ya que, de no ser así, el tipo de contribución se vería distorsionado.

80 Ahora bien, la norma impugnada establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 50.- El Municipio percibirá ingresos bimestral o mensualmente por el servicio de alumbrado público que presta en bienes de uso común, en términos de los artículos 175 y 176 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

En materia del derecho de alumbrado público se aplicarán para el ejercicio fiscal 2024, las siguientes disposiciones:

Es objeto de este derecho, la prestación del servicio de alumbrado público que el Municipio de Juárez otorga en lugares de uso común.

Son sujetos del cobro de este derecho los propietarios o poseedores de predios, ya sean urbanos, semiurbanos o rústicos, ubicados en el área territorial del Municipio de Juárez.

La base es el costo anual global aproximado que genera el Municipio por la prestación del servicio de alumbrado público en todo el territorio municipal.

La tarifa para el pago de este derecho, se determinará en base a la cantidad que resulte de dividir el costo anual global aproximado del servicio de alumbrado público entre el número de sujetos al cobro del derecho.

Se entiende como costo anual global aproximado del servicio de alumbrado público, la suma de los últimos 12 meses de los siguientes conceptos:

I. Suministro de la Energía eléctrica. El pago a las empresas u organismos suministradores de energía eléctrica por el concepto de este servicio público.

II. Mantenimiento. Gastos derivados del mantenimiento, reparación, conservación e instalación de todo el equipo que se requiere para prestar el servicio de alumbrado público, realizados directamente por el municipio y /o a través de terceros.

III. Gastos operativos y administrativos. Se integra por el desembolso para el pago del personal involucrado directamente en la prestación del servicio y los recursos materiales utilizados por el municipio y/o terceros.

IV. Infraestructura. Los gastos derivados de la ampliación y modernización de la infraestructura destinada a la prestación del servicio de alumbrado público.

La tarifa mensual correspondiente al derecho de alumbrado público, será la cantidad que resulte de dividir el costo anual global aproximado del servicio público actualizado en la prestación de este servicio, entre el número de cuentas catastrales registradas en el Municipio.

El resultado será dividido entre doce y el importe que resulte de esta operación será el que se cobre al usuario. Lo anterior, de acuerdo a la siguiente formula:

Tarifa DAP= 1 /12 ((EE+GOA+M+I) /NCVECAT)

EE. Servicio de Energía Eléctrica

GOA: Gastos Operativos y Administrativos

M: Mantenimiento

I: Infraestructura

NCVECAT: Número de Claves Catastrales

La aplicación de la fórmula descrita en los párrafos anteriores se traduce para el ejercicio fiscal 2024 en la cantidad de la tarifa, misma que será pagada por los sujetos de este derecho, conforme a la siguiente tabla:

	Concepto	Cuota DAP mensual en UMA	Cuota DAP bimestral en UMA
1	Habitacional y Comercial	1.10	0.55
2	Industrial	83.14	41.57

El pago se realizará por los sujetos de este derecho de manera mensual, bimestral o anualmente en caso de que se pague junto con el impuesto predial.

Para los contribuyentes que son sujetos del cobro de este derecho y cuenten con contrato de suministro de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el pago se efectuará con dicha compañía, debiendo ésta expedir el recibo correspondiente.

La compañía o empresa suministradora del servicio de energía eléctrica en el Municipio y/o el organismo encargado para tal efecto, aplicará lo recaudado al pago del importe de la energía electica, suministrada al Municipio por concepto de alumbrado público y entregará mediante convenio a la administración municipal los remanentes de los ingresos por concepto de este derecho, mismos que solo se destinaran (sic) al mantenimiento, mejoras, reposición y ampliación de alumbrado público en este Municipio.

Para el caso de terrenos baldíos y/o en desuso, en predios urbanos, suburbanos y rústicos, la cuota bimestral se reflejará dentro del estado de cuenta del impuesto predial, la cual corresponde al numeral l del presente artículo, misma que deberá liquidarse al vencimiento del periodo correspondiente, en las oficinas de la Tesorería Municipal, o bien en los organismos o empresas autorizadas para tal efecto, también se podrá hacer el pago anualmente dentro del estado de cuenta del impuesto predial.

81 Del texto de los preceptos materia de análisis se desprende que los elementos de los derechos por recuperación del gasto que genera el Municipio por la prestación del servicio de alumbrado público (DAP) son los siguientes:

· Hecho imponible. La prestación del servicio de alumbrado público.

· Base. Los gastos que le genera al municipio la prestación del servicio de alumbrado público, como son: los gastos operativos y administrativos, así como los derivados del mantenimiento, la ampliación y modernización de la infraestructura destinada a la prestación del servicio, entre otros.

· Sujetos. los propietarios o poseedores de predios, ya sean urbanos, semiurbanos o rústicos, ubicados en el área territorial del Municipio de Juárez.

· Tasa o tarifa. Se obtiene por la división de la base gravable entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad y se obtendrá aplicando la fórmula para calcular la Tarifa DAP, dependiendo de las siguientes variables: servicio de energía eléctrica, gastos operativos y administrativos, mantenimiento, infraestructura y número de claves catastrales, mismas que sirven para hacer el respectivo cálculo.

Esto es, la fórmula que se aplicará a cada sujeto pasivo será la siguiente:

Tarifa DAP= 1 /12 ((EE+GOA+M+I) /NCVECAT)

· Época. Se realizará por los sujetos de este derecho de manera mensual, bimestral o anualmente en caso de que se pague junto con el impuesto predial.

82 Ahora bien, es a partir de la aplicación de la fórmula descrita en los párrafos anteriores que se establece la cantidad de la tarifa, que será pagada por los sujetos de este derecho, conforme a la siguiente tabla:

	Concepto	Cuota DAP mensual en UMA	Cuota DAP bimestral en UMA
1	Habitacional y Comercial	1.10	0.55
2	Industrial	83.14	41.57

83 De lo expuesto se advierte que, para determinar las tarifas establecidas en el cuadro anterior, se tomaron en cuenta los distintos factores precisados en la fórmula correspondiente tomando en cuenta distintos aspectos del gasto que realiza cada Municipio para prestar el servicio de energía electrónica, sin embargo, las cantidades correspondientes a cada rubro no son precisadas.

84 Asimismo, para el cálculo de la cuota, se toma en cuenta un elemento ajeno a dicho gasto, a saber, el tipo de predio del que se sea propietario o poseedor ya sea comercial y/o habitacional, así como industrial.

85 Al respecto, este Tribunal Pleno observa que, si bien el legislador local estableció como base del derecho el costo total del servicio, lo cierto es que el cálculo individualizado del servicio de alumbrado público tomando en consideración el fin al cual está destinado el predio, vulnera los principios de proporcionalidad y equidad tributarios.

86 Ello pues, al preverse el cobro por ese derecho con base en el uso que se le otorgue al predio, se transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, ya que el referente utilizado no es armónico respecto del derecho y el costo real del servicio proporcionado por el municipio.(23)

87 Ciertamente, atender al destino que se le da al predio resulta un referente que no atiende al costo que representa el servicio, sino que se grava de manera diferenciada a los que tienen predios habitacionales e industriales, lo cual genera una distorsión entre el hecho imponible y la tarifa, lo que resulta arbitrario atendiendo a la naturaleza de los derechos y, además, afecta a los contribuyentes.

88 También es cierto que, del servicio de alumbrado público, en principio, se benefician los dueños o habitantes de los predios mencionados, pero también se benefician los peatones y los conductores de vehículos en la vía pública, sobre quienes no se establece el derecho por tratarse de sujetos indeterminados. Situación que reitera que el cobro del servicio únicamente a los propietarios y/o poseedores de los predios en cuestión constituye una carga desproporcionada y carente de razonabilidad, al no representarse al total de la comunidad que se beneficia.

89 En tal virtud, al atender al destino del predio, se establece un referente que no atiende a un servicio que beneficie de manera individualizada, concreta y determinada a los sujetos pasivos, que justifique el pago del tributo, ya que el alumbrado público beneficia a toda la población.

90 Así, resulta inconcuso que, por una parte, los contribuyentes no pagan de manera proporcional, en atención a la naturaleza de las contribuciones denominadas "derechos"; mientras que, por la otra, se otorga un trato desigual a los gobernados al preverse diversos montos por la prestación de un servicio que no es posible individualizar a través de la fórmula que el legislador local propuso.

91 De esta forma, el hecho de que la legislatura local hubiere establecido que el monto total del derecho por el servicio de alumbrado público se obtiene a partir de la introducción de aspectos desvinculados del costo que le representa al municipio prestarlo como base de la contribución, tales como el destino que se le da al predio, implica un referente carente de razonabilidad que se vincula más bien con elementos ajenos al costo que le representa al Estado respecto de un servicio del que se beneficia toda la comunidad.

92 En efecto, como se desprende del criterio P./J. 3/98, de rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA.",(24) para la cuantificación de las cuotas en el caso de los derechos por servicio, debe identificarse, por una parte, el tipo de servicio público de que se trate y, por la otra, el costo que le representa al Estado prestar ese servicio, ya que no pueden considerarse para tales efectos, aspectos ajenos a éstos, como sería la situación particular del contribuyente o cualquier otro elemento diferente al costo, como en la especie el destino del inmueble.

93 Aunado a lo anterior, cabe destacar que la prestación del servicio de alumbrado público es indivisible, lo que genera que el cobro de derechos sólo sea posible a partir de su correcta determinación, con base por supuesto, en los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, respecto de servicios divisibles en los que pueda existir una relación singularizada entre la administración y el usuario y sea posible determinar la relación costo-beneficio para fijar una cuota igual para quienes reciben el mismo servicio.

94 Así, resulta claro que la prestación del servicio de alumbrado público no es susceptible de individualización en atención a la utilización que se le da al predio, pues se trata de un parámetro desvinculado con el costo que le representa al Estado prestar dicho servicio del que se beneficia toda la comunidad, por lo que, al gravarse los derechos de tal manera, se denota su irracionalidad y violación a los principios tributarios de proporcionalidad y equidad.

95 Entender de una manera diversa la naturaleza de un derecho, traería como consecuencia la vulneración a los principios tributarios de proporcionalidad y equidad que consagra el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se estaría atendiendo al costo que para el Estado representa prestar el servicio, ni se estaría cobrando un mismo monto a todos aquellos que reciben el mismo servicio; en tanto que los servicios públicos se organizan en función del interés general y, sólo secundariamente, en el de los particulares. Similares consideraciones se sostuvieron por este Tribunal Pleno en las acciones de inconstitucionalidad 21/2020, 185/2021, 11/2022, 7/2022, 168/2022 y su acumulada 171/2022.(25)

96 Por las razones expuestas, se determina que el precepto impugnado es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

97 En ese sentido, procede declarar la invalidez del artículo 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro.

TEMA II. Cobro por la reproducción de la información solicitada relacionada con el acceso a la información pública.

98 La Comisión accionante sostiene que diversas disposiciones contenidas en leyes de ingresos municipales prevén cobros injustificados por la reproducción de información pública en copias simples, impresiones, copias certificadas y reproducción en medios magnéticos o discos compactos.

99 De igual manera, la promovente, en esencia, refiere que los preceptos impugnados vulneran el derecho de acceso a la información, así como el principio de gratuidad que lo rige y de proporcionalidad en las contribuciones, reconocidos en los artículos 6o., apartado A, fracción III, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

100 Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha manifestado sobre los principios y directrices que rigen el derecho de acceso a la información, y en específico el de gratuidad, en diversas acciones de inconstitucionalidad,(26) en donde se analizó el contenido del artículo 6, fracción III, constitucional(27) precisándose que constituye un principio fundamental para alcanzar el derecho de acceso a la información, cuyo objetivo es evitar la discriminación, pues su finalidad es que todas las personas, sin importar su condición económica, puedan acceder a la información.

101 En esos precedentes se han definido los alcances del derecho a la información y, en particular, en relación con el principio de gratuidad, se determinó que de la interpretación de la fracción III del apartado A del artículo 6 de la Constitución Federal, en relación con el numeral 17 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se desprende la obligación categórica que tiene el Estado Mexicano de garantizar la gratuidad en el acceso a la información pública, sin posibilidad de establecer cobro alguno por la búsqueda que al efecto lleve a cabo el sujeto obligado, y para ello sostuvo, en lo conducente, lo siguiente:

· El derecho de acceso a la información garantiza que todas las personas puedan solicitar información al Estado respecto de los archivos, registros, datos y documentos públicos, siempre que sea solicitada por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Al respecto, exige que el Estado no obstaculice ni impida su búsqueda (obligaciones negativas), y por otro lado, requiere que establezca los medios e instrumentos idóneos a través de los cuales las personas puedan solicitar dicha información (obligaciones positivas).

· A través de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce, a los artículos 6o. y 73 de la Constitución Federal, el Constituyente buscó definir los alcances y directrices de los principios que rigen en la materia, como el de gratuidad y máxima publicidad. Así, el cuatro de mayo de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la que el Constituyente plasmó diversos principios que rigen el derecho que tutela, entre los que destaca el de gratuidad en el acceso a la información pública.

· El principio de gratuidad es fundamental para alcanzar el ejercicio del derecho de acceso a la información, cuyo objetivo es evitar la discriminación, pues tiene como finalidad que todas las personas, sin importar su condición económica, puedan acceder a la información, así, se precisó que sólo podrán realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción y envío de la información, así como los derechos relativos a la expedición de copias certificadas, conforme a la normatividad aplicable. El principio de gratuidad quedó plasmado en el artículo 17 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

· El texto constitucional es claro, por lo que la obligación de garantizar la gratuidad en el acceso a la información pública es categórica, sin posibilidad de establecer cobro alguno por la búsqueda que al efecto tenga que llevar a cabo el sujeto obligado, lo cual resultaría en una contravención al artículo 6o. Constitucional, en tanto únicamente puede ser objeto de pago lo relativo a la modalidad de reproducción.

· Del marco normativo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Federal, expedida con fundamento en el artículo 73, fracción XXIX-S, del propio ordenamiento fundamental, se desprende que no puede cobrarse la búsqueda de información, pues el principio de gratuidad exime su cobro; no obstante, lo que sí puede cobrarse al solicitante de la información son los costos de los materiales utilizados en la reproducción, los de envío y la certificación de documentos.

· La referida Ley General de Transparencia prevé que en la determinación de las cuotas se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información; asimismo, dispone que las cuotas se establecen en la Ley Federal de Derechos, salvo que la ley no le sea aplicable a los sujetos obligados, en cuyo caso las cuotas no deberán ser mayores a las dispuestas en dicha ley.

· Además, es criterio de este Alto Tribunal que las cuotas de los derechos deben guardar una congruencia razonable con el costo de los servicios prestados por el Estado, sin que tenga posibilidad de lucrar con dicha cuota, la cual debe ser igual para los que reciben el mismo servicio.(28)

· En ese tenor, debe analizarse si las cuotas respectivas se fijaron con una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y sus costos, pues no pueden constituir barreras desproporcionadas de acceso a la información. De esta manera, si el solicitante proporciona el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir la información, la misma debe ser entregada sin costo.

102 De acuerdo con ello, se determinó que recae en el legislador la carga de demostrar que el cobro que establece por la entrega de información en determinado medio atiende únicamente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, puesto que, en el ejercicio del derecho de acceso a la información, es un imperativo general la gratuidad en la entrega de información. Esto implica que el legislador debe explicar la metodología utilizada para establecer las tarifas respectivas, pues solo así se podrá analizar su constitucionalidad.

103 De igual modo, se precisó que la aplicación del principio de gratuidad en materia de transparencia y acceso a la información pública, tratándose de leyes, implica que al crear una norma que regule o contenga esos costos que se traducen en una cuota o tarifa aplicable, el legislador debe realizar una motivación reforzada en la que explique esos costos y la metodología que utilizó para establecer la tarifa o cuota respectivas.

104 Lo anterior, porque sólo de esa manera se podría analizar la constitucionalidad de un precepto que contenga dicha cuota o tarifa, esto es, a partir de considerar las razones o motivos que condujeron al legislador a establecer determinado parámetro monetario.

105 Se puntualizó que, si se toma en cuenta que conforme al texto constitucional la materia que nos ocupa se rige por el principio de gratuidad, y que conforme a la ley general aplicable sólo puede cobrarse el costo de los materiales usados para su reproducción, envío o, en su caso, la certificación de documentos es claro que el legislador debe cumplir con la carga de motivar de manera reforzada esos aspectos al emitir la disposición legal conducente.

106 Este Alto Tribunal adujo que en caso de incumplir ese deber los órganos judiciales competentes no podrían examinar si la norma efectivamente se ajusta a dicho parámetro de regularidad, esto es, si respeta o no el principio de gratuidad, al ser precisamente una obligación de motivación del órgano legislativo competente.

107 En aquellos precedentes también se determinó que, al tratarse del cobro de derechos, las cuotas aplicables deben ser acordes al costo que implica para el Estado proporcionar el servicio, aunado a que las cuotas respectivas están contenidas en la Ley Federal de Derechos, pero en caso de que al sujeto obligado no le sea aplicable, entonces los montos ahí contenidos constituyen un referente que no debe ser rebasado.

108 Por último, se destacó que conforme al artículo 141 de la Ley General aplicable, la información debe ser entregada sin costo cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples.

109 Con base en los parámetros fijados, se examinará la constitucionalidad de las disposiciones controvertidas.

110 Los preceptos cuya invalidez se reclama disponen:

I. Ley de Ingresos del Municipio de Camargo.

DERECHOS	UMA
VII. LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS MUNICIPALES.
AA. Por los servicios prestados por el Municipio y los Organismos Descentralizados de la Administración Pública, consistente en el costo de los materiales para la reproducción de la información prevista de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. Lo anterior confirme a una base objetiva y razonable de los insumos utilizados para la reproducción envío y/o certificación de documentos, en materia de acceso a la información pública dentro de los parámetros previstos en las disposiciones federal y estatal respectivamente, así como el costo financiero de los mismos. La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante.
c) Copia certificada tamaño carta u oficio	0.24

II. Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua.

XXII.- POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL MUNICIPIO Y LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, CONSISTENTES EN EL COSTO DE LOS MATERIALES PARA LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA A QUE SE REFIERE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE COBRARÁN LAS SIGUIENTES CUOTAS:

Concepto	Pesos
3. Papel impreso tamaño carta:
(...)
b) A color, por cada página.	$9.00
4.Papel impreso tamaño oficio:
(...)
b) Color, por cada página.	$10.00

III. Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo del Parral.

II.1 DERECHOS (SECT).	UMA
LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS MUNICIPALES.
15.- Reproducción de información:
a).- En CD. o USB	0.5
(...)
c).- Primera hoja de fotocopia y/o impresión por documento oficial.	0.01

IV. Ley de Ingresos del Municipio de Juárez.

ARTÍCULO 68.- Por los documentos impresos y/o electrónicos que se utilicen para reproducir la información proporcionada de acuerdo al artículo 64 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, las personas físicas o morales que los soliciten pagaran de acuerdo a la siguiente tarifa:

	CONCEPTO	UMA	Unidad
(...)
3	Copia simple a color tamaño carta	0.120	Por cada hoja
4	Copia simple a color tamaño oficio	0.143	Por cada hoja
(...)
7	Por la expedición de la información digital en disco compacto o memoria USB
7.1	Disco compacto	.205	Por unidad
7.2	USB 16 GB	1.90	Por unidad
7.3	USB 32 GB	3.79	Por unidad
8	Expedición de copias certificadas de documentos tamaño carta u oficio.	.234	Por cada hoja

El cobro por la expedición de las copias simpe a que se refiere los numerales 1, 2, 3 y 4, se realizará cuando excedan de 20 hojas.

V. Ley de Ingresos del Municipio de Namiquipa.

II.2.4.- Servicios y trámites de Secretaría Municipal.
25.- Derechos por reproducción de la Información Pública a que hace referencia la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua:
A) Copia fotostática, blanco y negro, en papel tamaño carta, por hoja	.02 UMA
B) Copia fotostática, blanco y negro, en papel tamaño oficio, por hoja	.03 UMA
C) Papel impreso tamaño carta, por cada hoja:
1. Blanco y negro	.04 UMA
2. Color	.11 UMA
D) Papel impreso tamaño oficio, por cada hoja:
1. Blanco y negro	.05 UMA
2. Color	.11 UMA

VI. Ley de Ingresos del Municipio de Santa Bárbara.

10. DERECHOS POR LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN PREVISTA A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
10.1. Disco flexible de 3.5 pulgadas	$50.00
10.2. Disco Compacto CD ROM	$50.00
10.3. Costo de envío.	$50.00
10.4. Copia fotostática simple tamaño carta u oficio	$50.00
10.5 Copia certificada tamaña carta u oficio	$50.00

VII. Ley de Ingresos del Municipio de Saucillo.

11.- Legalización de firmas, certificación y expedición de documentos.
(...)
20.- Costo de reproducción de la información
a) Información impresa por hoja	$5.00
b) información digital por DVD o CD	$20.00
Si algún programa de subsidio municipal requiere de alguno de los trámites del numeral VII, quedará exento del pago referido.
(...)
26.- Costo de reproducción de la información
(...)
III. Papel impreso tamaño carta:
(...)
b) A color, por cada página	$10.50
IV. Papel impreso tamaño oficio:
(...)
b) A color, por cada página	$15.00
(...)
VI. Disco DVD grabable 4.7 GB), cada uno.	$15.00

111 Las normas transcritas prevén las tarifas aplicables por la reproducción y entrega, a través de formatos diversos, de constancias derivadas de acceso a la información pública gubernamental.

112 En efecto, las disposiciones transcritas establecen el cobro de copias certificadas y simples, así como el cobro por la entrega de información a través de dispositivos o medios magnéticos, lo cual si bien puede llevarse a cabo, lo cierto es que el costo de los materiales debe estar justificado de manera objetiva y razonable, ya que, si bien este Tribunal Pleno ha aceptado que en el proceso creativo, el legislador no debe exponer, necesariamente, todas las razones con base en las que actúa, también es cierto que en este tipo de casos es necesario establecer elementos objetivos y razonables que atiendan al valor real de los insumos que utiliza el Estado.

113 Esto es así, porque en materia de acceso a la información, en el que rige el principio de gratuidad, las tarifas o cuotas deben estar motivadas, lo cual se erige como una carga para el legislador quien deberá razonar sobre esos aspectos a fin de dirimir la constitucionalidad de los preceptos respectivos; es decir, deberán sustentarse en una metodología que justifique el precio que se impone a los interesados.

114 En el caso, de la revisión integral de los procedimientos o antecedentes legislativos de las normas impugnadas, se advierte que en todas las leyes impugnadas el Congreso del Estado no justificó el cobro por la reproducción de información con una base objetiva cuya razonabilidad pudiera ser estudiada por este Tribunal Pleno, sino que lo determinó de forma arbitraria sin siquiera contemplar el costo real de los materiales requeridos para la reproducción de información por cada hoja, lo cual transgrede el principio de gratuidad del acceso a la información pública contenido en el artículo 6 de la Constitución Federal.

115 Sin que pase inadvertido que el legislador local tampoco estableció razón alguna a efecto de justificar la diferencia entre las tarifas establecidas en los preceptos impugnados y el valor comercial de los insumos necesarios para proporcionar la información.

116 Aunado a lo expresado, aun en el caso de que este Tribunal Pleno pudiera buscar o allegarse de información para determinar si las tarifas o cuotas aplicables se apegan o no al parámetro de regularidad constitucional antes comentado, lo objetivamente cierto es que no le corresponda realizar ni los cálculos respectivos y tampoco fijar valores a fin de analizar su constitucionalidad, precisamente porque conforme al texto constitucional y legal aplicables, en materia de transparencia y acceso a la información pública corresponde al legislador realizar la motivación reforzada en los términos antes apuntados.

117 Luego, en la presente acción de inconstitucionalidad, el legislador no justificó en el proceso legislativo, que dio origen a las normas cuestionadas, la razón para imponer el costo de las copias simples de lo que resulta en la inconstitucionalidad de las normas.

118 A idéntica conclusión debe arribarse respecto de las tarifas aplicables a la expedición de información mediante el empleo de medios magnéticos, USB, CD o DVD.

119 Lo anterior porque, de igual manera, en el proceso de creación el legislador estatal omitió explicar la base objetiva y razonable a partir de las que fueron determinadas, esto es, exponer por qué consideró pertinente fijar esa tarifa y no otra, de acuerdo con los costos que debe considerar, así como la metodología conducente.

120 Esa ausencia de motivación evidencia la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados, porque, como ya se dijo, no corresponde a este Tribunal Pleno determinar los costos o fijar los valores respectivos a partir de los cuales se pueda analizar y determinar si dichas tarifas respetan el principio de gratuidad, la metodología utilizada, y si fueron establecidas a partir de una base objetiva y razonable que atienda a, entre otras cosas, los costos de los materiales utilizados y su reproducción.

121 De igual modo, es menester puntualizar que en el caso de copias certificadas, ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación(29) que la solicitud y pago correspondiente implica para la autoridad la obligación de expedirlas y certificarlas, así como que dicho servicio es un acto instantáneo porque se agota en el mismo acto en que se efectúa sin prolongarse en el tiempo; por tanto, a diferencia de las copias simples, que son reproducciones fotográficas de documentos, las certificadas involucran la fe pública del funcionario que las expide y presumen una copia auténtica de un instrumento al haber sido comparado con su original y confrontarlo para reiterar que concuerdan.

122 No obstante, ello no puede dar lugar a un cobro injustificado ni desproporcionado por el servicio señalado, el cual no fue motivado de manera reforzada por el legislador ordinario.

123 Por otra parte, la cuota establecida por el envío de información en el numeral 10, subnumeral 10.3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Bárbara resulta inconstitucional, pues no se precisa el medio de envío que se empleará, por lo que tampoco es posible definir si la tarifa prevista realmente atiende al costo del mismo, lo cual vulnera el principio de gratuidad.(30)

124 A conclusiones semejantes llegó este Tribunal Pleno al resolver las acciones de inconstitucionalidad 35/2021, 185/2021, 12/2022 y su acumulada 30/2022, 11/2022 y 7/2022.(31)

125 Por tanto, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la invalidez de las siguientes disposiciones:

I. Fracción VII, apartado AA, inciso c), de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Camargo.

II. Fracción XXII, numerales 3, inciso b), y 4, inciso b), de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua.

III. Fracción II.1, numeral 15, incisos a) y c), de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo del Parral.

IV. Artículo 68, numerales 3, 4, 7 y 8, de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez.

V. Fracción II.2.4, numeral 25, incisos A), B), C) y D), de la Ley de Ingresos del Municipio de Namiquipa.

VI. Numeral 10 de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Bárbara.

VII. Numeral 11, subnumerales 20 y 26, fracciones III, inciso b), IV, inciso b) y VI de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Saucillo.

126 Todas del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro.

TEMA III. Cobro por la reproducción de la información solicitada no relacionada con el acceso a la información pública.

127 La Comisión y el Poder Ejecutivo accionante impugnan normas, que establecen el cobro de derechos por los servicios que presten los distintos municipios del Estado de Chihuahua por la expedición de copias simples y certificadas, así como la legalización de firmas, la entrega de información a través de medios digitales y por su impresión, vulneran el principio de proporcionalidad porque las tarifas no representan realmente el costo de la prestación de dichos servicios.

128 El contenido de estas normas es el siguiente:

I. Ley de Ingresos del Municipio de Allende.

II.4 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS MUNICIPALES.
	TARIFA (PESOS)
7.3 Impresión por hoja a color.	5.00

II. Ley de Ingresos del Municipio de Casas Grandes.

IV. Por legalización de firmas, certificación y expedición de documentos municipales;
a) Legalización de firmas y certificación.
1.- Expedición de copias simples.	0.03 UMA
2.- Información en disco Compacto CD ROM, o DVD.	0.18 UMA
3.- Información en USB (no incluye USB).	0.18 UMA

III. Ley de Ingresos del Municipio de Coronado.

II.7. LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS MUNICIPALES.
9.- Fotocopia de documentos municipales.	$20.00
11.- Actas y expedición de documentos:
11.1.- Expedición de copias certificadas:
b) de otros documentos, cada uno.	$456.00

IV. Ley de Ingresos del Municipio de Delicias.

II.2.4.- Servicios y trámites de Secretaría Municipal.
1.- Legalización de firmas, expedición y certificación de documentos.
	$/UMA
B) Expedición de copias certificadas de documentos, por hoja tamaño carta u oficio.	$25.00

V. Ley de Ingresos del Municipio de Galeana.

4. LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS MUNICIPALES.
4.6.- Expedición de copias certificadas:
4.6.2.- De otros documentos, cada uno.	$329.00

VI. Ley de Ingresos del Municipio de Gómez Farías.

	TARIFA
II.3. Legalización de Firmas, Certificación y Expedición de Documentos Municipales.
15. Copia de certificación de documentos.	$360.00

VII. Ley de Ingresos del Municipio de Huejotitán.

II.6. Legalización de firmas, certificación y expedición de documentos municipales.
1. Constancias y certificaciones.	$25.00
2. Otros documentos oficiales.	$100.00

VIII. Ley de Ingresos del Municipio de Maguarichi.

I. Servicios generales en los rastros:
6.- Servicios no especificados; las cuales para los demás servicios que se presenten en los rastros no especificados en la presente tarifa, serán fijados por el Ayuntamiento respectivo, tomando en consideración su costo.
Estas cuotas deberán ser dadas a conocer a los usuarios.
II.- Legalización de firmas, certificación y expedición de documentos municipales:
1.- Legalización de firmas, expedición y certificación de documentos, por cada hoja.	$85.00

IX. Ley de Ingresos del Municipio de Manuel Benavides.

II.2. Legalización de firmas, certificación y expedición de documentos municipales.
2.1 Constancias y certificaciones por cada una.	$200.00
2.2 Otros documentos oficiales, por cada uno.	$200.00
2.5 Expedición de duplicado o copia simple de documentos que obran en el archivo.	$200.00

X. Ley de Ingresos del Municipio de Namiquipa.

	UMAS
II.2.4.- Servicios y trámites de Secretaría Municipal.
26.- Expedición de copias certificadas.
b) De otros documentos, cada uno.	5.19 UMA

XI. Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Casas Grandes.

Artículo 21.- Son las contribuciones derivadas por la contraprestación de servicios exclusivos del Municipio, de conformidad con la legislación aplicable en la materia, previa autorización de la Dependencia correspondiente, sujetándose a la siguiente tarifa:

IV. Por legalización de firmas, certificación y expedición de documentos municipales;

a. Legalización de firmas, certificados y expedición de documentos municipales:

a.1 Legalización de firmas y Certificaciones:
Por la primera hoja Certificada.	$105.00
Por cada página adicional Certificada.	$5.00
Por la primera hoja en copia simple.	$30.00
Por cada página adicional copia simple.	$2.00

XII. Ley de Ingresos del Municipio de Rosales.

	UMA
IV.- Servicios y trámites de Secretaría Municipal.
1.- Legalización de firmas, expedición y certificación de documentos.
A) Hasta cinco páginas.	1.04
B) Páginas adicionales.	0.32

XIII. Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de Conchos.

II.6. Legalización de firmas, certificación y expedición de documentos municipales:
1.- Legalización de firmas, expedición y certificación de documentos, por cada una.	$100.00

XIV. Ley de Ingresos del Municipio de Santa Bárbara.


9.23 Copias del archivo histórico municipal:
b. En copia fotostática.	$55.00
c. por la certificación de copias de documentos.	$125.00

XV. Ley de Ingresos del Municipio de Satevó.

	UMAS/$
II.8.- Legalización de firmas, certificación y expedición de documentos municipales:
7.- Copias del Archivo Histórico municipal.
a) Copia simple fotostática.	$360.00
b) Copia certificada.	$450.00

129 Previo a analizar los argumentos de la promovente es necesario precisar que es criterio de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, contrario a lo expuesto en el apartado anterior y toda vez que las disposiciones ahora examinadas no están vinculadas a los procedimientos de acceso a la información pública, éstas no se analizarán a la luz del principio de gratuidad en materia de acceso a la información, sino en función al principio de proporcionalidad tributaria(32).

130 Ello, en tanto que la lectura de las disposiciones impugnadas no permite afirmar con absoluta certeza que los conceptos gravados se encuentran vinculados directamente con el derecho de acceso a la información.

131 Sentado lo anterior, conviene señalar que los alcances de los principios de justicia tributaria, derivados del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política del país y su aplicación en el ámbito de los derechos por servicios ha sido desarrollada jurisprudencialmente por esta Suprema Corte, entre otras, en las acciones de inconstitucionalidad 93/2020(33), 105/2020(34), 33/2021(35), 75/2021(36), 9/2022 y sus acumuladas 13/2022, 14/2022, 18/2022 y 22/2022(37), y 44/2022 y sus acumuladas 45/2022 y 48/2022(38), de manera reciente en las acciones de inconstitucionalidad 19/2023(39), 54/2023(40), 55/2023(41), 18/2023 y su acumulada 25/2023(42) y 34/2023 y sus acumuladas 36/2023 y 49/2023(43) y 50/2023(44), más recientemente al resolver la acción de inconstitucionalidad 106/2023.(45)

132 En aquellos precedentes, este Tribunal Pleno ha sostenido que para considerar constitucionales las normas que prevén derechos, las cuotas aplicables deben ser, entre otras cosas, acordes o proporcionales al costo de los servicios prestados y ser igual para todos los que reciban el mismo servicio.

133 Lo anterior, porque, como se ha señalado, la naturaleza de los derechos por servicios que presta el Estado es distinta a la de los impuestos, de manera que para que se respeten los principios de proporcionalidad y equidad tributaria es necesario tener en cuenta, entre otros aspectos, el costo que para el Estado implica la prestación del servicio, pues a partir de ahí se puede determinar si la norma que prevé determinado derecho otorga o no un trato igual a los sujetos que se encuentren en igualdad de circunstancias y si es proporcional o acorde al costo que conlleva ese servicio.

134 Dicho criterio se encuentra reflejado en las jurisprudencias de rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS"(46) y "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA"(47).

135 Al respecto, en las acciones referidas, de forma similar a lo determinado en el apartado anterior, se destacó que la solicitud de copias certificadas y el pago de los correspondientes derechos implican para la autoridad la concreta obligación de expedirlas y certificarlas, de modo que dicho servicio es un acto instantáneo porque se agota en el mismo acto en que se efectúa sin prolongarse en el tiempo.

136 Además, que, a diferencia de las copias simples, que son meras reproducciones de documentos que para su obtención se colocan en la máquina respectiva, existiendo la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no correspondan a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado; las copias certificadas involucran la fe pública del funcionario que las expide, la cual es conferida expresamente por la ley como parte de sus atribuciones.

137 En efecto, se destacó que la fe pública es la garantía que otorga el funcionario respectivo al determinar que el acto de reproducción se otorgó conforme a derecho y que lo contenido en él es cierto, proporcionando así seguridad y certeza jurídica al interesado; y, a partir de lo anterior, se concluyó que el servicio que presta el Estado en ese supuesto se traduce en la expedición de las copias que se soliciten y el correspondiente cotejo con el original que certifica el funcionario público en ejercicio de las facultades que le confiere una disposición jurídica.

138 También se destacó que, a diferencia de lo que ocurre en el derecho privado, la correspondencia entre el servicio proporcionado por el Estado y la cuota aplicable por el acto de certificar no debe perseguir lucro alguno, pues se trata de una relación de derecho público, de modo que para que la cuota aplicable sea proporcional debe guardar relación razonable con lo que cuesta para el Estado la prestación de dicho servicio, en este caso, de certificación de documentos.

139 De dichos precedentes derivó la jurisprudencia de rubro: "DERECHOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER LA CUOTA A PAGAR POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)"(48), así como la tesis de rubro: "DERECHOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA"(49).

140 Con fundamento en lo expuesto, en el caso, este Tribunal Pleno colige que no resulta razonable que por la expedición de copias certificadas se cobre entre $25.00 (veinticinco pesos 00/100 M.N.) y $456.00 (cuatrocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), mientras que, en relación con la porción normativa impugnada del Municipio de Namiquipa, se establezca una cantidad de 5.19 unidades de medida de actualización (UMA).

141 En este último caso, a fin de determinar la equivalencia en moneda nacional de las tarifas combatidas, es necesario realizar el procedimiento previsto en el artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida Actualizada,(50) así como la publicación realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veinticuatro, se fijó el valor diario de la unidad de medida y actualización para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro en $108.57 (ciento ocho pesos 57/100 M.N.).

142 En este sentido, siguiendo la operación aritmética prevista por el diverso artículo 3 de la Ley para determinar la correspondencia en pesos de valor expresado en unidad de medida y actualización(51), se desprende que la disposición aquí combatida prevé el derecho por certificación de documentos en un monto equivalente a $560.52 (quinientos sesenta pesos 52/100 M.N.).

143 A partir de lo anterior, resulta dable concluir que las cuotas previstas en los artículos indicados resultan desproporcionales pues no guardan una relación razonable con el costo de los materiales para la prestación del servicio ni con el costo que implica certificar un documento(52).

144 Es cierto que en el supuesto analizado el servicio que proporciona el Estado no se limita a reproducir el documento original del que se pretende obtener una certificación o constancia, sino que implica la certificación respectiva del funcionario público autorizado; sin embargo, la relación entablada entre las partes no es de derecho privado, de modo que no puede existir un lucro o ganancia para el Estado, sino que debe guardar una relación razonable con el costo del servicio prestado.

145 Con base en las mismas consideraciones ya expuestas, tampoco resulta dable considerar que existe una relación razonable en relación con el cobro de copias simples cuyo costo va de $2.00 (dos pesos 00/100 M.N.) a $360.00 (trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.), así como en el caso de la porción normativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Casas Grandes que prevé una tarifa equivalente a 0.03 UMA, que conforme a la operación aritmética realizada en párrafos precedentes equivale a $3.25 (tres pesos 25/100 M.N.).

146 A idéntica conclusión se arriba en relación con las disposiciones que prevén la entrega de información a través de impresiones, USB, CD o DVD, pues las tarifas establecidas por la entrega de información a través de estos medios carecen de justificación alguna por parte del legislador.

147 Por lo expuesto, resulta dable declarar la invalidez de los artículos siguientes:

I. Fracción II.4, numeral 7.3, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Allende.

II. Fracción IV, inciso a), numerales 1, 2 y 3, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Casas Grandes.

III. Fracción II.7, numerales 9 y 11, subnumeral 11.1, inciso b), de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Coronado.(53)

IV. Fracción II.2.4, numeral I, inciso B), de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Delicias.

V. Numeral 4, subnumeral 4.6, número 4.6.2, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Galeana.

VI. Fracción II.3, numeral 15, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Gómez Farías.

VII. Fracción II.6, numerales 1 y 2, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos de Huejotitán.

VIII. Fracciones I, numeral 6, y II, numeral 1, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Maguarichi.

IX. Fracción II.2, numerales 2.1, 2.2 y 2.5 de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Manuel Benavides.

X. Fracción II.2.4, numeral 26, inciso b), de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Namiquipa.

XI. Artículo 21, fracción IV, subapartado a.1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Casas Grandes.

XII. Fracción IV, numeral 1, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Rosales.

XIII. Fracción II.6, numeral 1, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipios de San Francisco de Conchos

XIV. Numeral 9.23, letras b y c, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Bárbara.

XV. Fracción II.8, numeral 7, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Satevó.

148 Todos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.

TEMA IV. Preceptos que prevén impuestos adicionales.

149 En su demanda el Poder Ejecutivo señala que la imposición de una tasa adicional del 4% a las personas contribuyentes de los impuestos predial y sobre traslación, resulta contraria al principio de proporcionalidad tributaria reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no existe congruencia entre el mecanismo impositivo que prevén y la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, dado que tiene por objeto gravar el cumplimiento de una diversa obligación tributaria.

150 Al respecto, este Tribunal Pleno estima esencialmente fundado el concepto de invalidez hecho valer, bajo las consideraciones que se exponen a continuación.

151 Con el fin de establecer el parámetro de regularidad frente al cual se deben contrastar las disposiciones impugnadas, importa destacar que este Tribunal Pleno al resolver, entre otras, las acciones de inconstitucionalidad 46/2019, 47/2019 y su acumulada 49/2019, 95/2020 y 107/2020(54), ha sostenido, de manera reiterada, que las normas que establecen impuestos adicionales cuyo objeto sea la realización de pagos de impuestos y derechos municipales vulneran los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria, así como el derecho de seguridad jurídica, reconocidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

152 En esos precedentes este Tribunal Pleno ha suscrito las consideraciones desarrolladas en la contradicción de tesis 114/2013(55), en la que la Segunda Sala de este Alto Tribunal determinó que los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, violaban el principio de proporcionalidad tributaria, porque establecían un impuesto adicional a cargo de las personas físicas o morales que realizaran pagos de impuestos y derechos municipales.

153 Se sostuvo que un gravamen es proporcional cuando existe congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tiene una mayor capacidad contributiva y menos quien la tiene en menor proporción. Asimismo, que las sobretasas tienen su fundamento en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal(56) y que son un instrumento tributario que aprovecha la existencia de un nivel impositivo primario -con el que comparte los mismos elementos esenciales- al que se le aplica un doble porcentaje en la base imponible, pues se pretende recaudar más recursos en un segundo nivel impositivo con el fin de destinarlos a una actividad específica.

154 Asimismo, se retomó lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 29/2008, en la que se distinguió entre las sobretasas y los impuestos adicionales, señalando que las sobretasas participan de los mismos elementos constitutivos del tributo primario, al que sólo se le aplica un doble porcentaje en la base gravable, mientras que en el caso de los impuestos adicionales el objeto imponible es diferente al del impuesto primario.

155 Finalmente, se determinó que la expresión económica elegida por el legislador estatal para diseñar el hecho imponible no reflejaba la capacidad contributiva de los causantes, pues el impuesto adicional tenía por objeto la realización de pagos de impuestos y derechos municipales, lo que se corroboraba con el hecho de que la base del tributo se conformaba con el importe de los pagos de las contribuciones, por lo que se estimó que el hecho imponible no giraba en torno a una misma actividad denotativa de capacidad económica que previamente estuviera sujeta a una imposición mediante un impuesto primario, como en el caso de las sobretasas.

156 Con base en estas consideraciones, se procede analizar el contenido de los preceptos impugnados:

I. Ley de Ingresos del Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín.

ARTÍCULO PRIMERO.- Para que el Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín pueda cubrir los gastos previstos en su presupuesto de egresos, durante el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2024, percibirá los ingresos ordinarios y extraordinarios siguientes:

I.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

a) Impuestos (...)

5.- Tasa Adicional para los Impuestos Predial y Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles. Las personas contribuyentes de los impuestos Predial y Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, pagarán una tasa adicional del 4%, la cual se enterará en la misma forma y términos en que deban enterarse los impuestos mencionados.

El monto a pagar de la tasa adicional se obtiene multiplicando por 0.04 la cantidad que resulte del cálculo establecido para la determinación de los impuestos señalados en el párrafo anterior.

El rendimiento obtenido de la aplicación de la taso adicional se destinará al sostenimiento de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, conforme al convenio que celebre el Municipio con estas instituciones educativas.

Una vez recaudados los ingresos por este concepto, la autoridad municipal concentrará los mismos, a más tardar el día quince del mes siguiente a su recaudación, en la Secretaría de Hacienda, dependencia que a su vez los transferirá a dichas universidades, a más tardar el día último del mismo mes. En caso de cualquiera de los días antes indicados sea inhábil, la concentración o la transferencia se efectuará el día hábil inmediato siguiente.

II. Ley de Ingresos del Municipio de Balleza.

ARTÍCULO PRIMERO.- Para que el Municipio de Balleza pueda cubrir los gastos previstos en su presupuesto de egresos, durante el ejercicio fiscal comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2024, percibirá los ingresos ordinarios y extraordinarios siguientes:

I. IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES.

a) Impuestos (...)

5.- Las personas contribuyentes de los impuestos Predial y Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, pagarán una tasa adicional del 4%, la cual se enterará en la misma forma y términos en que deban enterarse los impuestos mencionados

El monto a pagar de la tasa adicional se obtiene multiplicando por 0.04 la cantidad que resulte del cálculo establecido para la determinación de los impuestos señalados en el párrafo anterior.

El rendimiento obtenido de la aplicación de la tasa adicional se destinará al sostenimiento de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez (sic), conforme al convenio que celebre el Municipio con estas instituciones educativas. (...)

III. Ley de Ingresos del Municipio de Casas Grandes.

Artículo 9. La tasa adicional para los Impuestos Predial y Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, las personas contribuyentes de los impuestos Predial y Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, pagarán una tasa adicional del 4%, la cual se enterará en la misma forma y términos en que deban enterarse los impuestos mencionados.

El monto a pagar de la tasa adicional se obtiene multiplicando por 0.04 la cantidad que resulte del cálculo establecido para la determinación de los impuestos señalados en el párrafo anterior.

El rendimiento obtenido de la aplicación de la tasa adicional se destinará al sostenimiento de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, conforme al convenio que celebre el Municipio con estas instituciones educativas.

En caso de cualquiera de los días antes indicados sea inhábil, la concentración o la transferencia se efectuará el día hábil inmediato siguiente.

IV. Ley de Ingresos del Municipio de Coronado.

ARTÍCULO PRIMERO.- Para que el Municipio de Coronado pueda cubrir los gastos previstos en su presupuesto de egresos, durante el ejercicio fiscal comprendido del 1o de enero al 31 de diciembre de 2024, percibirá los ingresos ordinarios y extraordinarios siguientes:

I.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

a) Impuestos (...)

5.- Tasa adicional para los impuestos predio! y sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, las personas contribuyentes de los impuestos Predial y Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, pagarán una tasa adicional del 4%, la cual se enterará en la misma forma y términos en que deban enterarse los impuestos mencionados.

El monto a pagar de la tasa adicional se obtiene multiplicando por 0.04 la cantidad que resulte del cálculo establecido para la determinación de los impuestos señalados en el párrafo anterior.

En caso de cualquiera de los días antes indicados sea inhábil, la concentración o la transferencia se efectuará el día hábil inmediato siguiente.

V. Ley de Ingresos del Municipio de Delicias.

ARTÍCULO 24. Las personas contribuyentes de los impuestos Predial y Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, pagarán una tasa adicional del 4%, la cual se enterará en la misma forma y términos en que deban enterarse los impuestos mencionados.

El monto a pagar de la tasa adicional se obtiene multiplicando por 0.04 la cantidad que resulte del cálculo establecido para la determinación de los impuestos señalados en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 25. El rendimiento obtenido de la aplicación de la tasa adicional universitaria se destinará al sostenimiento de Fa Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Universidad Autónomo de Ciudad Juárez, conforme al convenio que celebre el Municipio con estas instituciones educativas.

En caso de cualquiera de los días antes indicados sea inhábil, la concentración o la transferencia se efectuará el día hábil inmediato siguiente.

VI. Ley de Ingresos del Municipio de Dr. Belisario Domínguez.

Artículo Primero. - Para que el Municipio de Dr. Belisario Domínguez pueda cubrir los gastos previstos en su presupuesto de egresos, durante el ejercicio fiscal comprendido del 11 de enero al 31 de diciembre de 2024, percibirá los ingresos ordinarios y extraordinarios siguientes:

I. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

a) IMPUESTOS (...)

5.- Tasa adicional Universitaria.

Las personas contribuyentes de los impuestos Predial y Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, pagarán una tasa adicional del 47, la cual se enterará en la misma forma y términos en que deban enterarse los impuestos mencionados.

El monto a pagar de la tasa adicional se obtiene multiplicando por 0.04 la cantidad que resulte del cálculo establecido para la determinación de los impuestos señalados en el párrafo anterior.

En caso de cualquiera de los días antes indicados sea inhábil, lo concentración o la transferencia se efectuará el día hábil inmediato siguiente.

VII. Ley de Ingresos del Municipio de Galeana.

Artículo 26.- Se consideran contribuciones extraordinarias las siguientes:

a) Se establece una contribución extraordinaria aplicable al monto que deberán enterar los contribuyentes del impuesto Sobre traslación de Dominio de Bienes Inmuebles. Esta contribución se pagará en la misma forma y términos en que deban pagarse los impuestos mencionados.

1.- Tasa adicional Universitaria.

Las personas contribuyentes de los impuestos Predial y Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, pagarán una tasa adicional del 4%, la cual se enterará en la misma forma y términos en que deban enterarse los impuestos mencionados.

El monto a pagar de la tasa adicional se obtiene multiplicando por 0.04 la cantidad que resulte del cálculo establecido para la determinación de los impuestos señalados en el párrafo anterior.

En caso de cualquiera de los días antes indicados sea inhábil, la concentración o la transferencia se efectuará el día hábil inmediato siguiente. (...)

VIII. Ley de Ingresos del Municipio de Gómez Farías.

ARTÍCULO PRIMERO. - Para que el Municipio de Gómez Farías pueda cubrir los gastos previstos en su presupuesto de egresos durante el ejercicio fiscal comprendido del 1 º de enero al 31 de diciembre de 2024, percibirá los ingresos ordinarios y extraordinarios siguientes:

1.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

a) Impuestos (...)

5.- Tasa adicional Universitaria.

El monto a pagar de la tasa adicional se obtiene multiplicando por 0.04 la cantidad que resulte del cálculo establecido para la determinación de los impuestos señalados en el párrafo anterior.

En caso de cualquiera de los días antes indicados sea inhábil, la concentración o la transferencia se efectuará el día hábil inmediato siguiente.

IX. Ley de Ingresos del Municipio de Guazapares.

ARTÍCULO PRIMERO. - Para que el Municipio de Guazapares pueda cubrir los gastos previstos en su presupuesto de egresos, durante el ejercicio fiscal comprendido del 1 º de enero al 31 de diciembre de 2024, percibirá los ingresos ordinarios y extraordinarios siguientes:

I.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

a) Impuestos (...)

5. Tasa adicional para los impuestos predial y sobre traslación de dominio de bienes inmuebles. Las personas contribuyentes de los impuestos Predial y Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, pagarán una tasa adicional del 4%, la cual se enterará en la misma forma y términos en que deban enterarse los impuestos mencionados.

El monto a pagar de la tasa adicional se obtiene multiplicando por 0.04 la cantidad que resulte del cálculo establecido para la determinación de los impuestos señalados en el párrafo anterior.

En caso de cualquiera de los días antes indicados sea inhábil, la concentración o la transferencia se efectuará el día hábil inmediato siguiente.

X. Ley de Ingresos del Municipio de Huejotitán.

ARTÍCULO PRIMERO.- Para que el Municipio de Huejotitán pueda cubrir los gastos previstos en su presupuesto de egresos, durante el ejercicio fiscal comprendido del 1 º de enero al 31 de diciembre de 2024, percibirá los ingresos ordinarios y extraordinarios siguientes:

I.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES:

a) Impuestos (...)

5.- Tasa adicional para los impuestos predial y sobre traslación de dominio de bienes inmuebles. Las personas contribuyentes de los impuestos Predial y Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, pagarán una tasa adicional del 4%, la cual se enterará en la misma forma y términos en que deban enterarse los impuestos mencionados.

El monto a pagar de la tasa adicional se obtiene multiplicando por 0.04 la cantidad que resulte del cálculo establecido para la determinación de los impuestos señalados en el párrafo anterior.

En caso de cualquiera de los días antes indicados sea inhábil, la concentración o la transferencia se efectuará el día hábil inmediato siguiente.

XI. Ley de Ingresos del Municipio de Julimes.

ARTÍCULO PRIMERO. - Para que el Municipio de Julimes pueda cubrir los gastos previstos en su presupuesto de egresos, durante el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2024, percibirá los ingresos ordinarios y extraordinarios siguientes:

I.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

a) Impuestos (...)

5.- Tasa Adicional de los Impuestos Predial y Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles. Las personas contribuyentes de los impuestos Predial y Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, pagarán una tasa adicional del 4%, la cual se enterará en la misma forma y términos en que deban enterarse los impuestos mencionados.

El monto a pagar de la tasa adicional se obtiene multiplicando por 0.04 la cantidad que resulte del cálculo establecido para la determinación de los impuestos señalados en el párrafo anterior.

En caso de cualquiera de los días antes indicados sea inhábil, la concentración o la transferencia se efectuará el día hábil inmediato siguiente.

XII. Ley de Ingresos del Municipio de Maguarichi.

Artículo Primero.- Para que el Municipio de Maguarichi pueda cubrir los gastos previstos en su presupuesto de egresos durante el ejercicio fiscal comprendido del 1o. de Enero al 31 de diciembre del año 2024, percibirá los ingresos ordinarios y extraordinarios siguientes:

I.- Impuestos y Contribuciones Especiales.

a) Impuestos: (...)

El monto a pagar de la tasa adicional se obtiene multiplicando por 0.04 la cantidad que resulte del cálculo establecido para la determinación de los impuestos señalados en el párrafo anterior.

En caso de cualquiera de los días antes indicados sea inhábil, la concentración o la transferencia se efectuará el día hábil inmediato siguiente.

XIII. Ley de Ingresos del Municipio de Manuel Benavides.

ARTÍCULO PRIMERO.- Para que el Municipio de Manuel Benavides pueda cubrir los gastos previstos en su presupuesto de egresos, durante el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2024, percibirá los ingresos ordinarios y extraordinarios siguientes:

I.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

a) Impuestos (...)

5.- Tasa Adicional Universitaria. Las personas contribuyentes de los impuestos Predial y Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, pagarán una tasa adicional del 4%, la cual se enterará en la misma forma y términos en que deban enterarse los impuestos mencionados.

El monto a pagar de la tasa adicional se obtiene multiplicando por 0.04 la cantidad que resulte del cálculo establecido para la determinación de los impuestos señalados en el párrafo anterior.

XIV. Ley de Ingresos del Municipio de Moris.

ARTÍCULO PRIMERO. - Para que el Municipio de Moris, cubra los gastos previstos en su presupuesto de egresos durante el ejercicio fiscal comprendido del 1 o. de enero al 31 de diciembre del 2024, la hacienda Municipal percibirá los ingresos ordinarios y extraordinarios siguientes:

I. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES.

A) IMPUESTOS (...)

El monto a pagar de la tasa adicional se obtiene multiplicando por 0.04 la cantidad que resulte del cálculo establecido para la determinación de los impuestos señalados en el párrafo anterior.

En caso de cualquiera de los días antes indicados sea inhábil, la concentración o la transferencia se efectuará el día hábil inmediato siguiente.

XV. Ley de Ingresos del Municipio de Rosales.

ARTÍCULO 20. Las personas contribuyentes de los impuestos Predial y Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, pagarán una tasa adicional del 4%, la cual se enterará en la misma forma y términos en que deban enterarse los impuestos mencionados.

ARTÍCULO 21. El monto a pagar de la tasa adicional se obtiene multiplicando por 0.04 la cantidad que resulte del cálculo establecido para la determinación de los impuestos señalados en el párrafo anterior.

En caso de cualquiera de los días antes indicados sea inhábil, la concentración o la transferencia se efectuará el día hábil inmediato siguiente.

XVI. Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de Conchos.

ARTÍCULO PRIMERO. - Para que el Municipio de San Francisco de Conchos pueda cubrir los gastos previstos en su presupuesto de egresos, durante el ejercicio fiscal comprendido del lo. de enero al 31 de diciembre de 2024, percibirá los ingresos ordinarios y extraordinarios siguientes:

I.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.

a) Impuestos (...)

El monto a pagar de la tasa adicional se obtiene multiplicando por 0.04 la cantidad que resulte del cálculo establecido para la determinación de los impuestos señalados en el párrafo anterior.

En caso de cualquiera de los días antes indicados sea inhábil, la concentración o la transferencia se efectuará el día hábil inmediato siguiente.

XVII. Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco del Oro.

ARTÍCULO PRIMERO. - Para que el Gobierno Municipal de San Francisco de Oro pueda cubrir los gastos previstos en su Presupuesto de Egresos durante el Ejercicio Fiscal comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2024, percibirá los ingresos ordinarios y extraordinarios siguientes:

I.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.

a). - Impuestos: (...)

4).- Tasa Adicional para los Impuestos Predio! y sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles. Las personas contribuyentes de los impuestos Predial y Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, pagarán una tasa adicional del 4%, la cual se enterará en la misma forma y términos en que deban enterarse los impuestos mencionados.

El monto a pagar de la tasa adicional se obtiene multiplicando por 0.04 la cantidad que resulte del cálculo establecido para la determinación de los impuestos señalados en el párrafo anterior.

En caso de cualquiera de los días antes indicados sea inhábil, la concentración o la transferencia se efectuará el día hábil inmediato siguiente.

XVIII. Ley de Ingresos del Municipio de Temósachic.

ARTÍCULO PRIMERO. - Para que el Municipio de Temósachic pueda cubrir los gastos previstos en su presupuesto de egresos, durante el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2024, percibirá los ingresos ordinarios y extraordinarios siguientes:

I.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

a) Impuestos. [...]

El monto a pagar de la tasa adicional se obtiene multiplicando por 0.04 la cantidad que resulte del cálculo establecido para la determinación de los impuestos señalados en el párrafo anterior.

En caso de cualquiera de los días antes indicados sea inhábil, la concentración o la transferencia se efectuará el día hábil inmediato siguiente.

XIX. Ley de Ingresos del Municipio de Valle de Zaragoza.

ARTÍCULO PRIMERO. - Para que el municipio de Valle de Zaragoza pueda cubrir los gastos previstos en su presupuesto de egresos, durante el ejercicio fiscal comprendido 1°. De enero al 31 de diciembre del 2024, percibirá los ingresos ordinarios y extraordinarios siguientes:

l. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.

a) Impuestos. (...)

5.- Tasa Adicional para los impuestos Predial y sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles.

El monto a pagar de la tasa adicional se obtiene multiplicando por 0.04 la cantidad que resulte del cálculo establecido para la determinación de los impuestos señalados en el párrafo anterior.

157 De la configuración normativa anterior se advierte que las normas impugnadas establecen una tasa adicional o sobretasa del 4% (cuatro por ciento) aplicable al monto que deberán enterar los contribuyentes por concepto de impuesto predial y sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, la cual se pagará en la misma forma y en los términos en que deben pagarse dichos tributos y lo recaudado se destinará al sostenimiento de universidades públicas estatales.

158 En otras palabras, dichos preceptos establecen los sujetos del impuesto controvertido, la tasa aplicable al monto que debe pagarse por los tributos relacionados, la forma y los términos en que se hará el entero, el destino de lo recaudado y el procedimiento a través del que se transferirá a las universidades los montos respectivos; es decir, prevén los elementos esenciales de la contribución al establecer que los sujetos de esos tributos son: los propietarios, los poseedores, los copropietarios o los coposeedores de bienes inmuebles y las personas físicas o morales que adquieran inmuebles o los derechos relacionados con éstos, respectivamente.

159 Asimismo, establecen que el objeto de los impuestos primarios lo es la propiedad o la posesión de los predios ahí identificados, o bien, la adquisición de los bienes inmuebles ubicados en el municipio, con ciertas excepciones. Por otra parte, determinan que la base de las contribuciones lo es la cantidad que resulte del cálculo establecido para la determinación de los impuestos predial y sobre traslación de dominio de bienes inmuebles.

160 Finalmente, prevén el procedimiento aritmético para calcular el monto a pagar por concepto de la tasa adicional, el cual, se obtiene multiplicando por 0.04 la cantidad correspondiente a la base.

161 Tal delimitación permite concluir que los preceptos impugnados, en efecto, establecen un impuesto adicional, cuyos elementos esenciales se desglosan a continuación para una mayor claridad:

Sujetos pasivos	Propietarios, poseedores, copropietarios o coposeedores de bienes inmuebles y las personas físicas o morales que adquieran inmuebles.
Objeto del impuesto	La realización de pagos del impuesto predial y de traslación de dominio.
Base gravable	Monto, importe o producto total pagado de los impuestos mencionados.
Tasa	4% sobre la base gravable.
Época de pago	En el mismo acto en que se pague el concepto principal.
Destino de lo recaudado	Sostenimiento de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

162 Por lo tanto, este Tribunal Pleno estima que las disposiciones impugnadas, al prever la existencia de un impuesto adicional cuyo objeto grava la realización de pagos por concepto del impuesto predial y sobre traslación de dominio, contravienen los derechos de legalidad y de seguridad jurídica y el principio de proporcionalidad tributaria reconocidos en la Constitución Federal.

163 En efecto, el impuesto adicional impugnado busca gravar la realización de pagos de los impuestos predial y sobre traslación de dominio que realicen los sujetos pasivos, por lo que su hecho imponible se materializa precisamente al momento de cumplir con esas obligaciones tributarias.

164 De esta forma, las normas impugnadas vulneran el principio de proporcionalidad tributaria, ya que el impuesto adicional no atiende a la verdadera capacidad contributiva de los causantes, pues los pagos de las contribuciones (de los impuestos referidos) no es un aspecto que revele una manifestación de riqueza de las personas.

165 Ahora bien, es preciso aclarar que el impuesto adicional impugnado se refiere a ciertos impuestos municipales, por lo que se podría pensar que se trata de una sobretasa de dichas contribuciones, a las que sólo se les aplica un doble porcentaje en la base gravable y con las que comparte los mismos elementos esenciales. No obstante, lo cierto es que este impuesto adicional tiene por objeto gravar el cumplimiento de las obligaciones tributarias mencionadas, lo que se corrobora con el hecho de que la base sobre la cual se calcula el monto del impuesto adicional se conforma con el monto, el importe o el producto pagado por las contribuciones referidas. Por esta razón, lo que prevén los artículos impugnados es un impuesto adicional, y no una sobretasa.

166 Similares consideraciones fueron adoptadas por este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 27/2021 y su acumulada 30/2021(57). Más recientemente al resolver la acción de inconstitucionalidad 53/2023 y su acumulada 62/2023.(58)

167 Por los razonamientos expuestos, debe declararse la invalidez de los artículos siguientes:

I. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín.

II. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Balleza.

III. Artículo 9 de la Ley de Ingresos del Municipio de Casas Grandes.

IV. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Coronado.

V. Artículos 24 y 25 de la Ley de Ingresos del Municipio de Delicias.

VI. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Dr. Belisario Domínguez.

VII. Artículo 26, inciso a), numeral 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Galeana.

VIII. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Gómez Farías.

IX. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guazapares.

X. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Huejotitán.

XI. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Julimes.

XII. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Maguarichi.

XIII. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Manuel Benavides.

XIV. Artículo primero, fracción I, inciso A), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Moris.

XV. Artículos 20 y 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Rosales.

XVI. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de Conchos.

XVII. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco del Oro.

XVIII. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Temósachic.

XIX. Artículo primero, fracción I, inciso a), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Valle de Zaragoza.

168 Todos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro.

TEMA V. Cobro por la obtención de permisos para eventos particulares.

169 En un diverso concepto de invalidez la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que la generalidad de las normas impugnadas que prevén el cobro de un derecho por la emisión de un permiso para que los gobernados tengan reuniones o eventos sociales, resulta evidentemente transgresoras del derecho a la libertad de reunión al condicionar el ejercicio de éste al pago para la obtención el permiso respectivo.

170 Es fundado lo que alega la accionante.

171 Para atender el concepto de invalidez propuesto, es conveniente destacar lo resuelto por este Tribunal Pleno al conocer de la acción de Inconstitucionalidad 34/2019 (59), la cual, en lo que nos ocupa, a su vez se basó en las consideraciones plasmadas en la diversas 96/2014 y su acumulada 97/2014, consideración que, de manera reciente, han sido recogidas, además, en las acciones de inconstitucionalidad 7/2022(60) y 11/2022(61).

172 En esas ejecutorias este Tribunal Pleno analizó disposiciones generales con un contenido normativo similar al de aquellas que ahora se impugnan. Al respecto, determinó qué es el derecho humano a la reunión conforme los artículos 9 de la Constitución Federal, 20.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

173 Así, se ha precisado que ese derecho humano es la aglomeración intencional y temporal de personas en un espacio privado o público con un propósito concreto, que debe llevarse a cabo pacíficamente y tener un objeto lícito, razón por la que abarca todo tipo de reunión bajo cualquier motivación sea religiosa, cultural, social, económica, deportiva, política, etcétera, siendo su característica definitoria la concentración de dos o más personas en un lugar determinado.

174 A partir de esa definición, este Alto Tribunal refirió que el elemento subjetivo del derecho es la agrupación de personas, por lo que aunque es un derecho de carácter individual, su ejercicio es necesariamente colectivo, aunado a que es temporal, con un fin determinado, su modalidad debe ser pacífica, sin armas y con un objeto lícito, esto es, el motivo de la reunión no debe ser la ejecución concreta de actos delictivos, o bien, no deben llevarse a cabo fácticamente actos de violencia o a través de la reunión se incite a actos de discriminación o discurso de odio que tengan una materialización real.

175 Derivado de lo expuesto, destacó que la autoridad no puede vetar o sancionar el objetivo de una reunión, su mensaje y que, en términos del artículo 1o. constitucional, el Estado no debe, entre otras cosas, interferir indebidamente en el derecho a la reunión, de modo que sólo puede imponer restricciones a su ejercicio cuando sean necesarias y proporcionales al objetivo planteado, pero nunca a su contenido o mensaje.

176 De manera que, afirmó que no es posible que el ejercicio de la libertad de reunión en el espacio público se condicione o restrinja a una autorización previa por parte del Estado como regla general, puesto que ello conduciría a que el disfrute de ese derecho en bienes de uso de dominio público dependa enteramente de la decisión de las autoridades, limitación que no encuentra ningún tipo de respaldo en el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en el resto de las disposiciones convencionales con rango constitucional entonces analizadas.

177 Con base en lo mencionado, este Alto Tribunal concluyó que resultan inconstitucionales aquellas normas que prevén el cobro de un derecho por la expedición de permisos para realizar eventos sociales particulares, en casa propia o de terceros, con la condicionante que sean sin fines de lucro.

178 Dicha inconstitucionalidad deriva de condicionar el ejercicio del derecho de reunión de las personas al pago para la obtención del permiso respectivo, restricción que carece de fundamento constitucional y legal.

179 De igual modo, determinó que este tipo de normas también eran contrarias al principio de proporcionalidad tributaria aplicable a las contribuciones denominadas derechos, porque no se advierte que el servicio que gravan dichas disposiciones, consistente en la expedición del mencionado permiso guarde relación con el costo que para el Estado representa su emisión, máxime que las cuotas son diversas dependiendo del lugar en donde se realicen, del número de personas o del tipo de evento, siendo que, para todos los casos, el derecho se cobra por la expedición del referido permiso.

180 Lo anterior, aplicado al caso, pone en evidencia que tratándose de la libertad de reunión(62) en espacios públicos el Estado no puede condicionar su ejercicio ni restringirlo a la emisión de una autorización previa, menos tratándose de espacios privados donde los gobernados ejercen libremente su posesión y dominio.

181 Así, ya que en términos de las normas nacionales e internacionales analizadas en el citado precedente, el ejercicio del derecho de reunión en espacios públicos no puede limitarse a la emisión de una autorización previa por parte del Estado para su realización, es evidente que tampoco puede limitarse o condicionarse su ejercicio en espacios privados, justamente porque esa restricción carece de fundamento constitucional o legal aplicable.

182 Una vez establecido el parámetro de regularidad constitucional que rige el derecho de libertad de reunión, conviene transcribir los preceptos impugnados:

I. Ley de Ingresos del Municipio de Allende.

DERECHOS.	TARIFA (PESOS)
II.4 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS MUNICIPALES.
4.- Expedición de permisos para bailes, fiestas, quinceañeras etc. Con venta de cerveza, a particulares y dueños de salones para eventos.
4.1 Expedición de permisos para bailes, fiestas, quinceañeras, bodas y eventos varios con consumo en salones y/o Huertas (Renta hasta 5,000.00).	721.00
4.2 Expedición de permisos para bailes, fiestas, quinceañeras, bodas y eventos varios con consumo, a particular y dueños de salones para eventos, en salones (salones con renta superior a 5,001.00).	1,300.00

II. Ley de Ingresos del Municipio de Aquiles Serdán.

III.17 POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA:
	COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENCIA DIÁS
23. Posadas navideñas.	$696.70	permiso	evento

III. Ley de Ingresos del Municipio de Ascensión.

B. Expedición de documentos municipales.
16.13 Kermés en área privada.	$550.00

IV. Ley de Ingresos del Municipio de Coyame del Sotol.

	2024 $ (Pesos)
VII. Legalización de firmas, certificación, y expedición de documentos municipales:
8.- Permisos para bailes.	525.00

V. Ley de Ingresos del Municipio de Delicias.

II.2.8.- Servicios del Departamento de Gobernación.
B) Aforo de 201 personas en delante.	8 UMA
2.- Permiso para la realización de eventos sociales como bodas, quinceañeras, graduaciones, baby shower, despedidas, piñatas, convivios, posadas y demás, en salones, granjas, quintas, hoteles u otros destinados para tal fin, se cobrarán las siguientes cuotas:
Aforo por evento.
De 1 a 80 personas.	3 UMA
De 81 a 149 personas.	5 UMA
De 150 a 300 personas.	7 UMA
De 301 en adelante.	15 UMA

VI. Ley de Ingresos del Municipio de Juárez.

ARTÍCULO 69.- Las personas físicas o morales que soliciten opinión para nuevo establecimiento, cambio de denominación, domicilio, propietario y/o giro, así como permisos especiales para eventos públicos o privados, pagaran derechos conforme al siguiente:

(...)

5. Permiso especial para la realización de eventos y/o fiestas particulares en casa particular sin alberca:

	CONCEPTO	UMA	Unidad
5.1	Permiso para eventos especiales.	2	Por unidad

VII. Ley de Ingresos del Municipio de Julimes.

4.- Legalización de firmas, certificación y expedición de documentos municipales.
4.20.- Permiso para eventos sociales sin fines de lucro.	$150.00

VIII. Ley de Ingresos del Municipio de Namiquipa.

II.2.8.- Servicios del Departamento de Gobernación.
2.- Permiso para la realización de eventos sociales como bodas, quinceañeras, graduaciones, babyshower, despedidas, piñatas y fiestas en general se cobrarán las siguientes cuotas:
Hasta 100 personas.	5 UMA
Hasta 200 personas.	7 UMA
Hasta 700 personas.	10 UMA
De 701 personas en adelante.	20 UMA

IX. Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Casas Grandes.

CAPÍTULO SEGUNDO

Derechos por Prestación de Servicios.

Artículo 21.- Son las contribuciones derivadas por la contraprestación de servicios exclusivos del municipio, de conformidad con la legislación aplicable en la materia, previa autorización de la Dependencia correspondiente, sujetándose a la siguiente tarifa, (...)

IV. Por legalización de firmas, certificación y expedición de documentos municipales;

a. Legalización de firmas, certificados y expedición de documentos municipales:

a.2.18 Permiso para eventos públicos, cuota diaria:
a.2.18.14 Kermés en área privada.	$300.00

X. Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco del Oro.

II.12. Legalización de firmas, certificación y expedición de documentos municipales.
Permiso para bailes de paga.	$161.83

183 De la lectura integral de los artículos transcritos se advierte que establecen el cobro de derechos por la expedición de permisos para realizar eventos sociales particulares, tales como bailes, baby shower, kermés, posadas, bodas, despedidas, graduaciones, quince años, piñatas y fiestas en general.

184 En consecuencia, este Tribunal Pleno concluye que las disposiciones impugnadas son inconstitucionales al establecer el cobro de derechos por la emisión de un permiso para que los gobernados se reúnan con motivo de los eventos sociales antes mencionados, pues condicionan el ejercicio del derecho de reunión de los habitantes de dichos municipios al pago para la obtención del permiso respectivo, restricción que carece de fundamento constitucional. Máxime, que las normas no establecen de manera expresa que para la realización de los eventos particulares se utilice la vía pública, incluso, en el caso del municipio de Allende prevé que éstos se llevan a cabo en salones.

185 Este Tribunal Pleno reiteró estas mismas consideraciones al resolver las diversas acciones de inconstitucionalidad 27/2021 y su acumulada 30/2021(63), 7/2022(64) y 11/2022(65) así como al resolver la acción de inconstitucionalidad 52/2023(66); y, más recientemente, al resolver la acción de inconstitucionalidad 53/2023 y su acumulada 62/2023.(67)

186 Por los razonamientos expuestos, se declara la invalidez de las normas siguientes:

I. Fracción II.4, numeral 4, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Allende.

II. Fracción III.17, numeral 23, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Aquiles Serdán.

III. Apartado B, numeral 16.13, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Ascensión.

IV. Fracción VII, numeral 8, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Coyame del Sotol.

V. Fracción II.2.8, inciso B), numeral 2, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Delicias.

VI. Artículo 69, numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez.

VII. Numeral 4, subnumeral 4.20, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Julimes.

VIII. Fracción II.2.8, numeral 2, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Namiquipa.

IX. Artículo 21, fracción IV, apartado a, subapartado a.2.18.14, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Casas Grandes.

X. Fracción II.12, en la porción normativa "Permiso para bailes de paga $161.83", de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco del Oro.

187 Todos los anteriores del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro.

188 Al haber arribado a la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados, este Tribunal Pleno estima innecesario analizar el diverso argumento planteado por la accionante relativo a la vulneración al principio de proporcionalidad tributaria. Apoya esta determinación la jurisprudencia P./J. 37/2004, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ"(68).

TEMA VI. Cobro por registro nacimientos.

189 En un diverso concepto de invalidez, el Poder Ejecutivo Federal alega que el apartado II.6, numeral 6, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Bocoyna, establece un cobro por el registro a destiempo de nacimientos, lo que transgrede el derecho humano a la identidad y la gratuidad en la emisión de la primera acta de nacimiento, teniendo en cuenta que por mandato de la Norma Suprema, el Estado tiene la obligación de garantizar a las personas la gratuidad en el trámite de inscripción en el Registro Civil y de la primera copia certificada del acta de nacimiento, de modo que, al establecer ese cobro, desnaturaliza los fines constitucionales del derecho a la identidad, todo ello en perjuicio del interés superior de niñas, niños y adolescentes.

190 La norma impugnada establece lo siguiente:

Ley de Ingresos del Municipio de Bocoyna.

II.- DERECHOS.	2024
II.6.- Legalización de firmas, certificación y expedición de documentos municipales.
6.- Registros a destiempo por año.	$100.00

191 Es fundado lo que alega la accionante.

192 Este Tribunal Pleno ha declarado la invalidez de normas similares a la impugnada al resolver las acciones de inconstitucionalidad 3/2016(69), 6/2016(70), 7/2016(71) 10/2016(72), 36/2016(73), 6/2017(74), 10/2017(75), 11/2017(76), 4/2017(77), 9/2017(78), 4/2018(79), 7/2018(80), 26/2018(81), 34/2019(82), 27/2021 y su acumulada 30/2021(83) y, de manera reciente, las diversas 7/2022(84) y 11/2022(85).

193 En dichos precedentes esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el marco constitucional mexicano brindó una protección más amplia al derecho de identidad, garantizando que se materialice en favor de los ciudadanos sin costo alguno, es decir, sin que la erogación de recursos para costear el trámite signifique un obstáculo al ejercicio de tal derecho. Ello, porque los tratados internacionales en la materia no reconocen el aspecto de gratuidad que sí reconoce la Constitución General, pues se limitan a exigir a los Estados que garanticen a sus ciudadanos el derecho a la identidad y al registro del nacimiento de toda persona.

194 Además, se resaltó que en el procedimiento legislativo que dio lugar a la reforma constitucional de fecha diecisiete de junio de dos mil catorce, específicamente en el Dictamen de la Cámara de Diputados, se observa que uno de los motivos centrales fue la existencia de barreras "de índole legal, geográfica, económica, administrativa o cultural que obstaculizan el registro universal, gratuito y oportuno de los nacimientos"(86), es decir, el texto del artículo 4o. constitucional encuentra su justificación precisamente en una preocupación especial por la afectación a las poblaciones más vulnerables de nuestro país cuando éstas no son registradas.

195 Cabe mencionar que la adición del octavo párrafo al artículo 4o. de la Constitución Federal(87), así como del mandato contenido en el artículo Segundo Transitorio(88) del decreto respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil catorce, resguardan el derecho a la identidad, garantizando el registro del nacimiento de manera inmediata y la expedición de la primera acta de forma gratuita; con la correlativa obligación de las Legislaturas de las entidades federativas de exentar del cobro de los derechos correspondientes en sus códigos hacendarios o financieros.

196 Por otra parte, si bien los tratados internacionales en la materia(89) no reconocen el aspecto de gratuidad -al sólo exigir a los Estados que salvaguarden a toda persona el derecho a la identidad y al registro del nacimiento- la Constitución Federal otorga una protección más amplia, garantizando el registro y expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento sin costo alguno.

197 Además, que el texto constitucional es expreso y categórico respecto de dicha obligación, sin posibilidad de establecer excepciones, en la medida en que la Constitución no establece límite o restricción alguna para la titularidad, goce o ejercicio de tal derecho; a la par de que el Estado Mexicano tiene la obligación de garantizarlo en los términos ordenados por el Constituyente Permanente.

198 A mayor abundamiento, este Pleno en sus diversos precedentes ha determinado que no se puede condicionar la gratuidad de la inscripción en el Registro Civil ni la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento a plazo alguno, por lo que estos derechos pueden ser ejercidos en cualquier momento, independientemente de la edad de la persona; y concluyó que el cobro de derechos por registro extemporáneo ha quedado proscrito en México y ninguna ley estatal puede fijar plazos que permitan su cobro.

199 A la luz de estos razonamientos, el artículo impugnado resulta inconstitucional, pues violenta el derecho a la identidad, al prever el cobro de derechos por registro a destiempo de nacimientos.

200 La conclusión anterior se robustece con lo dispuesto por el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución del Estado de Chihuahua(90), que también mandata la gratuidad del registro de nacimiento sin distinciones, al establecer que: "Toda persona tiene derecho a la identidad. El Estado garantizará que el registro sea universal, oportuno y gratuito de acuerdo con lo establecido en la ley."

201 Cabe agregar que la violación al derecho a la identidad por el cobro del registro de nacimiento puede implicar que la persona no cuente con constancia legal de su existencia, dificultando el pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales(91).

202 Como se ha dicho en los precedentes de esta Suprema Corte de Justicia, el respeto del derecho a la identidad condiciona el ejercicio de otros derechos como el de la nacionalidad y la ciudadanía(92), o en los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el derecho a la identidad entraña una importancia especial durante la niñez, pues es esencial para el desarrollo personal(93), o como ha precisado el Comité de los Derechos del Niño(94), el registro del nacimiento repercute en el goce de sus derechos a la atención, educación y bienestar social básicos. De esta manera, mediante la declaratoria de invalidez del precepto impugnado, se garantiza el ejercicio de otros derechos civiles, políticos y sociales que están condicionados por el respeto del derecho a la identidad.

203 Por tanto, lo procedente es declarar la invalidez de la fracción II.6, numeral 6, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Bocoyna, Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.

TEMA VII. Establecimiento de infracciones por juegos en la vía pública.

204 En su cuarto concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alega que diversas disposiciones vulneran el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad al prever una multa a quienes participen en juegos de cualquier índole en la vía pública, generando un amplio margen de apreciación a favor de las personas encargadas de aplicar las sanciones.

205 Por otra parte, considera que la expresión "molesten" constituye un término sobre inclusivo, además de descripciones demasiado amplias y ambiguas que permiten una aplicación discriminada en perjuicio del derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad.

206 Es fundado lo alegado por las accionantes.

207 El texto de los preceptos combatidos por la accionante es el siguiente:

I. Ley de Ingresos del Municipio de Allende.

ANEXO 3 A LA TARIFA DE LA LEY DE INGRESOS 2024 DEL MUNICIPIO DE ALLENDE SEGURIDAD PÚBLICA
SON INFRACCIONES CONTRA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD.	PAGO MÍNIMO	PAGO MÁXIMO
PARTICIPAR EN JUEGOS DE CUALQUIER ÍNDOLE EN LA VÍA PÚBLICA SIEMPRE QUE AFECTEN EL LIBRE TRÁNSITO DE LAS PERSONAS Y VEHÍCULOS O QUE MOLESTEN A LAS PERSONAS.	260.00	550.00

II. Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez.

TARIFAS DE MULTAS POR FALTAS AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO
CONTRA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD GENERAL.		HASTA
		Mínima	Máxima
X	Participar en juegos de cualquier índole en la vía pública, siempre que afecte el libre tránsito de personas o vehículos, así como obstruir la circulación de vehículos.	$385.00	$770.00

III. Ley de Ingresos del Municipio de Saucillo.

III.- PRODUCTOS.
INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO.
1. SON INFRACCIONES CONTRA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD GENERAL.
CONCEPTO.	MULTAS
VIII) Participar en juegos de cualquier índole en la vía pública, siempre que afecten el libre tránsito de personas y vehículos que molesten a las personas.	De 3 a 13 UMAS o de 12 a 18 horas de arresto.

208 De la lectura de los preceptos impugnados se advierte, por una parte, que, en el Municipio de Allende, se sanciona a las personas con una multa de entre $260.00 (doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.) y $550.00 (quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), mientras que en el Municipio de Saucillo se prevé una multa de entre $325.71 (trescientos veinticinco pesos 71/100 M.N.) y $1,411.41 (mil cuatrocientos once pesos 41/100 M.N.),(95) o bien de 12 a 18 horas de arresto, por "Participar en juegos de cualquier índole en la vía pública, siempre que afecten el libre tránsito de las personas y vehículos o que molesten a las personas"; en tanto que en el Municipio de Jiménez, se considera que dicha falta administrativa amerita una multa de entre $385.00 (trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y $770.00 (setecientos setenta pesos 00/100 M.N.).

209 Este Pleno ha analizado, de manera reciente, normas de contenido similar a las que son materia de impugnación en este apartado, al resolver la acción de inconstitucionalidad 18/2023 y su acumulada 25/2023,(96) en sesión de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, al declarar la invalidez, por unanimidad de votos, de preceptos contenidos en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023, en los cuales se preveían la imposición de multas para sancionar la conducta consistente en provocar molestias a personas o a sus bienes, por la práctica de juegos o deportes individuales o de conjunto, fuera de los sitios destinados para ello.

210 En dicho precedente, se dijo que este tipo de normas resultan inconstitucionales, pues su redacción es ambigua y delega un amplio margen de discrecionalidad tanto a las autoridades municipales, como a los particulares que consideren que la conducta sancionada les generó molestias.

211 Para la individualización de la sanción, es necesario determinar si existió alguna molestia hacia una persona o a sus bienes, esto conlleva la apreciación subjetiva tanto de la autoridad como de la persona que se dice molestada, para determinar qué clase o tipo de molestia requiere ser sancionada y, además, en qué grado pues la sanción pecuniaria debe fijarse entre los límites establecidos en los propios preceptos.

212 Lo anterior, lejos de brindar seguridad jurídica, genera incertidumbre para los particulares, pues la calificación que haga la autoridad en función de la apreciación que, en su caso, exponga la persona que se dice molestada, no responderá a criterios objetivos, sino que responden a un ámbito estrictamente personal, no solo de una autoridad administrativa sino también de los particulares que se dicen afectados con la conducta, lo cual conlleva que el grado de afectación sea relativo a cada persona, atendiendo a su propia estimación, de manera que si para alguna persona una actividad pudiera resultarle altamente molesta, para otra no representaría afectación alguna.

213 En esa línea de pensamiento, en el caso, las normas resultan violatorias al principio de seguridad jurídica garantizado por los artículos 14 y 16 constitucionales, pues, como bien indica la accionante, no existe certeza del tipo de juego que se ve limitado, pues se abarca toda actividad que implique esparcimiento; además, no se distingue si la afectación al tránsito o la vialidad será momentánea, por cierta temporalidad o de modo permanente, o el tipo de vía pública que se vería afectada (principales, secundarias o de otro tipo); y en cuanto al grado de "molestia" que se genere a las personas, como ya ha establecido este Alto Tribunal en sus precedentes, ello resulta en una expresión que corresponde al aspecto subjetivo de cada persona, atendiendo a su propia estimación, lo que genera un amplio margen de apreciación al operador jurídico para la actualización del supuesto normativo.

214 Por tanto, lo procedente es declarar la invalidez de las normas siguientes:

I. Anexo 3 titulado "SEGURIDAD PÚBLICA", del apartado "SON INFRACCIONES CONTRA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD", en la porción normativa "participar en juegos de cualquier índole en la vía pública siempre que afecten el libre tránsito de las personas y vehículos o que molesten a las personas 260.00 550.00", contenida en la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Allende.

II. Fracción X del apartado titulado "TARIFAS DE MULTAS POR FALTAS AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO, CONTRA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD GENERAL", de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez.

III. Numeral 1, inciso VIII) del apartado titulado "INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO", de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Saucillo.

215 Todas las anteriores del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.

TEMA VIII. Establecimiento de infracciones por producir ruido o escándalo.

216 Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alega que diversas disposiciones que sancionan el casuar escándalos en lugares públicos, que alteren la tranquilidad de las personas o producir ruidos por cualquier medio, que provoquen molestias o alteren la tranquilidad, constituyen categorías ambiguas y subjetivas que lejos de brindar seguridad jurídica a las personas, constituyen una restricción indirecta.

217 El concepto de invalidez resulta fundado.

I. Ley de Ingresos del Municipio de Allende.

ANEXO 3 A LA TARIFA SEGURIDAD PÚBLICA
SON INFRACCIONES CONTRA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD.	PAGO MÍNIMO	PAGO MÁXIMO
CAUSAR ESCANDÁLO EN LUGARES PÚBLICOS, QUE ALTEREN LA TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS.	550.00	1,090.00
PRODUCIR RUIDOS POR CUALQUIER MEDIO, QUE PROVOQUEN MOELSTIAS O ALTEREN LA TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS.	260.00	610.00

II. Ley de Ingresos del Municipio de Bachíniva.

IX. Multas.	Pago Mínimo	Pago Máximo
a) Seguridad Pública.
Son infracciones contra el orden y la seguridad.
Causar escándalos en lugares públicos, que alteren la tranquilidad de las personas.	$550
Producir ruidos por cualquier medio, que provoquen molestias o alteren la tranquilidad de las personas.	$260

III. Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez.

TARIFAS DE MULTAS POR EL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO		HASTA
CONTRA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD GENERAL.		Mínima	Máxima
I	Causar escándalos en los lugares públicos, que alteren la tranquilidad de las personas.	$385.00	$770.00
II	Producir ruidos por cualquier medio, que provoquen o alteren la tranquilidad de las personas.	$385.00	$770.00

IV. Ley de Ingresos del Municipio de López.

VI. FALTAS CONTRA EL ORDEN Y SEGURIDAD GENERAL.
A) Causar escándalos en lugares públicos o domicilios, que alteren la tranquilidad de las personas;	$2,300.00
B) Producir ruidos por cualquier medio, que provoquen molestias o alteren la tranquilidad de las personas;	$2,300.00

V. Ley de Ingresos del Municipio de Saucillo.

III. PRODUCTOS.
[...]
INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO.
1. SON INFRACCIONES CONTRA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD GENERAL.
CONCEPTO	MULTAS
I) Causar escándalos en lugares públicos que alteren la tranquilidad de las personas.	De 3 a 13 UMAS o de 12 a 18 horas de arresto.
II) Producir ruidos por cualquier medio, que provoquen molestias o alteren la tranquilidad de las personas.	De 3 a 13 UMAS o de 12 a 18 horas de arresto.

218 De la lectura de las normas impugnadas se advierte que las conductas descritas contienen expresiones como: causar escándalos en lugares públicos, o bien, producir ruidos que causen molestia o alteren la tranquilidad y arrojar objetos o líquidos a vehículos o inmuebles.

219 Al analizar disposiciones de contenido similar a las aquí controvertidas, en las que se imponen multas por escándalos en la vía pública o participar en ellos en Leyes Municipales del Estado de Coahuila, este Tribunal Pleno(97) determinó su invalidez conforme a los siguientes razonamientos:

"...

De las normas transcritas en el inciso b) del considerando quinto de la presente sentencia, se colige que la promovente reclama dentro de este rubro, las conductas que se enumeran a continuación:

...

1.10	Causar escándalos o participar en ellos en lugares públicos o privados.

...

Asimismo, este Tribunal Pleno considera que las normas que sancionan las conductas identificadas en los puntos 1.8 a 1.10, relativas a: ... causar escándalos o participar en ellos en lugares públicos o privados, son también inconstitucionales.

Lo anterior, porque de igual manera, no describen con suficiente precisión las conductas que prohíben, lo que propicia un amplio margen de apreciación de la autoridad para determinar, de manera discrecional y subjetiva, cuáles actos o conductas en concreto serán motivo de sanción, así como el grado de afectación o molestia, lo que genera incertidumbre para los gobernados, en contravención al referido principio de taxatividad."

220 En congruencia con las razones sostenidas por este Tribunal Pleno, se estima que en el caso concreto las normas que se estudian, su redacción resulta en amplio margen de apreciación de la autoridad para determinar de manera discrecional y subjetiva que tipo de escándalo o ruido encuadraría en el supuesto para que el presunto infractor sea acreedor a una sanción.

221 Lo anterior, lejos de brindar seguridad jurídica, genera incertidumbre para los gobernados, pues la calificación que haga la autoridad no responderá a criterios objetivos, sino que responden a un ámbito estrictamente personal, que hace que el grado de afectación sea relativo a cada persona, atendiendo a su propia estimación, de manera que si para alguna persona una expresión pudiera resultarle altamente injuriosa, para otra no representaría afectación alguna.

222 En virtud de lo anterior, este Tribunal Pleno considera procedente declarar la invalidez de los artículos que establecen como conductas sancionables por escándalo en la vía pública o producir ruidos que causen molestias, establecidas en:

I. Anexo 3 titulado "SEGURIDAD PÚBLICA" en el apartado "SON INFRACCIONES CONTRA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD", concretamente, las porciones normativas que señalan "causar escándalos en lugares públicos, que alteren la tranquilidad de las personas 550.00 1,090.00", así como "producir ruidos por cualquier medio, que provoquen molestias o alteran la tranquilidad de las personas 260.00 610.00", de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Allende.

II. Fracción IX, inciso a), en el apartado titulado "son infracciones contra el orden y la seguridad", específicamente, en las porciones normativas que señalan "Causar escándalos en lugares públicos, que alteren la tranquilidad de las personas $550" y "Producir ruidos por cualquier medio, que provoquen molestias o alteren la tranquilidad de las personas $260" de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Bachíniva.

III. Fracciones I y II, del apartado de "TARIFAS DE MULTAS POR FALTAS AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO CONTRA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD GENERAL" de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez.

IV. Fracción VI, titulada "FALTAS CONTRA EL ORDEN Y SEGURIDAD GENERAL", incisos A) y B), de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de López.

V. Fracción III titulada "Productos", sección "Infracciones al bando de policía y buen gobierno", numeral 1, incisos I) y II) del apartado titulado "INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO", de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Saucillo.

223 Todas las anteriores del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.

TEMA IX. Multas por faltas al respeto y agresiones verbales.

224 En el cuarto concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que los preceptos que prevén infracciones por faltas al respeto o agresiones verbales describen hipótesis normativas demasiado amplias y reconocen un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad correspondiente.

225 Este Tribunal Pleno considera que dichos argumentos son fundados.

226 Para analizar los argumentos expresados por la Comisión se estima oportuno precisar el contenido de las normas impugnadas:

I. Ley de Ingresos del Municipio de Allende.

ANEXO 3 A LA TARIFA
SON FALTAS O INFRACCIONES CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES Y LA INTEGRIDAD MORAL DEL INDIVIDUO Y DE LA FAMILIA.	PAGO MÍNIMO	PAGO MÁXIMO
FALTAR AL RESPETO A LAS PERSONAS, EN ESPECIAL FALTAR A LA CONSIDERACIÓN QUE SE DEBE A LOS NIÑOS, ANCIANOS Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.	550.00	1,045.00

II. Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc.

ARTÍCULO 8.- Para que el Municipio de Cuauhtémoc pueda cubrir los gastos previstos en su presupuesto de egresos durante el ejercicio fiscal comprendido del 1o de enero al 31 de diciembre del año 2024, percibirá los ingresos ordinarios y extraordinarios siguientes:

IV.- APROVECHAMIENTOS.

a) Por infracciones a la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado de Chihuahua.
CLAVE	CONCEPTO	TARIFA (UMAS)
VIII-11	Agresión verbal al oficial.	15.00

III. Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez.

INFRACCIONES CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES Y LA INTEGRIDAD MORAL DEL INDIVIDUO Y DE LA FAMILIA.

		HASTA
		Mínima	Máxima
III	Faltar el respeto a las personas, en especial faltar a la consideración que se debe a los niños, ancianos y personas con capacidades diferentes.	$385.00	$770.00

227 De lo anterior se advierte que las normas impugnadas imponen multas por faltar al respeto a niños, ancianos y personas con capacidades diferentes, así como agredir verbalmente a una autoridad.

228 Al respecto este Tribunal Pleno al analizar normas de contenido similar a la impugnada(98), determinó:

"...

De la lectura de las normas impugnadas se advierte que sancionan con multa a quienes: se expresen con palabras obscenas o hagan señas o gestos obscenos o indecorosos en lugares públicos; realicen actos que cause ofensas; falten al respeto o realicen actos que causen ofensa a una o más personas; y agredan verbalmente o cometan faltas a un oficial.

Retomando las razones sustentadas en los precedentes referidos, es que se concluye que las disposiciones impugnadas resultan inconstitucionales, en tanto que se trata de normas cuya redacción evidencia un amplio margen de apreciación para que la autoridad determine de manera discrecional, qué tipo de actos causan ofensa, así como qué faltas de respeto, palabras obscenas, señas o gestos obscenos o indecorosos en lugares públicos, así como agresiones verbales, insultos o faltas, encuadran en alguno de los supuestos para que el presunto infractor sea acreedor a una sanción.

Lo anterior, genera incertidumbre para los gobernados, pues la calificación que haga la autoridad no responderá a criterios objetivos, sino que se circunscribe a un ámbito estrictamente personal, que hace que el grado de afectación sea relativo a cada persona, atendiendo a su propia estimación.

Por último, cabe mencionar que, tal como lo refiere la Comisión accionante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que, tratándose de servidores públicos, se tiene un plus de protección constitucional de la libertad de expresión, ya que, derivado del tipo de actividad que desempeñan, se les exige un escrutinio público intenso de sus actividades y, de ahí, que estas personas deban demostrar un mayor grado de tolerancia(99).

En consecuencia se declara la invalidez de los apartados "Son faltas o infracciones contra las buenas costumbres y la integridad moral del individuo y de la familia", respecto de las infracciones "Expresarse con palabras obscenas o hacer señas o gestos obscenos o indecorosos en lugares públicos", cuya multa será de "550.00" a "1,090.00", así como "realizar actos que cause ofensas a una o más personas", cuya multa será de "550.00" a "1,045.00", del anexo 3 de la tarifa de la Ley de Ingresos del Municipio de Allende; VIII, fracción VIII.5, y apartado IX.3, subapartado IV.4, respecto de las infracciones "Expresarse con palabras obscenas o hacer señas o gestos obscenos o indecorosos en lugares públicos", cuya multa será de "$550" a "$1090", así como "Realizar actos que cause ofensas a una o más personas", cuya multa será de "$550" a "$1045", de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Bachíniva; II, numeral 7, clave 7-11, en su porción normativa "o verbal", de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero; IV, "tarifas de multas por faltas al bando de policía y buen gobierno", "infracciones contra las buenas costumbres y la integridad moral del individuo y de la familia", fracciones I y II, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez; IV, fracción V, incisos D) y E), de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de López; y artículo 179, en el apartado referente a "infracciones al bando de policía y buen gobierno", numeral 1, fracción XI), en la porción normativa "Proferir insultos o"; numeral I), relativo a "Expresarse con palabras obscenas o hacer señas o gestos obscenos indecorosos en lugares públicos", cuya multa será de "3 a 13 UMAS o de 12 a 18 horas de arresto", y numeral II), correspondiente a "Faltar al respeto o realizar actos que causen ofensa a una o más personas", cuya multa será de "13 a 25 UMAS o de 19 a 24 horas de arresto", de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Saucillo, todos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés."

229 En congruencia, con las razones sostenidas por este Tribunal Pleno en diversos precedentes se declara la invalidez de las normas siguientes:

I. La porción normativa "faltar al respeto a las personas, en especial faltar a la consideración que se debe a los niños, ancianos y personas con capacidades diferentes 550.00 1,045.00" de la sección titulada "son faltas o infracciones contra las buenas costumbres y la integridad del individuo y de la familia" del Anexo 3 de la tarifa de la Ley de Ingresos del Municipio de Allende.

II. Artículo 8, fracción IV, inciso a), clave VIII-11, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc.

III. Fracción III, de la sección "Infracciones contra las buenas costumbres y la integridad moral del individuo y de la familia" de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez.

230 Todas las anteriores del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.

TEMA X. Infracciones relacionadas con el acceso al transporte público.

231 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su cuarto concepto de invalidez, argumenta que las disposiciones que establecen multas a los operadores del servicio público de transporte que permitan el acceso a personas en estado de embriaguez o bajo los efectos de alguna droga, transgreden los derechos a la igualdad y no discriminación.

232 Asimismo, refiere que si bien pudiera parecer que las normas impugnadas pretenden proteger la integridad de las personas usuarias del transporte público, lo cierto es que la medida resulta desproporcional y discriminatoria, ya que el operador del transporte público será sujeto a una sanción económica si permite el acceso a personas que ostenten tales características, lo que conlleva a otorgar un trato desigual por cuestiones económicas, de salud y de higiene personal restringiendo injustificadamente sus derechos de movilidad y dignidad humana.

233 El concepto de invalidez hecho valer es esencialmente fundado.

234 Al respecto, conviene retomar algunas de las consideraciones que sostuvo este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 95/2020(100), en la que se analizaron normas de contenido similar a las impugnadas en el presente asunto.

235 En específico, se determinó que las normas que establecían una multa para quien permitiera el "acceso en vehículos de servicio público de pasaje a individuos en estado de ebriedad o que por su falta de aseo o estado de salud perjudique o moleste al resto de los pasajeros." así como de "limosneros" resultaban inconstitucionales al otorgar un trato discriminatorio a quienes por su estado de salud, condición social o falta de aseo no les sea permitido el acceso en vehículos de transporte público, so pretexto de que perjudique o moleste al resto de los pasajeros.

236 Se señaló que el hecho de que el operador del transporte público sea sujeto a una sanción económica por permitir el acceso a personas que ostenten tales características conlleva a otorgar un trato desigual por cuestiones económicas, de salud y de higiene personal restringiendo injustificadamente sus derechos de movilidad y dignidad humana.

237 Asimismo, determinó que, de la redacción de las normas impugnadas, resultaba en un amplio margen de apreciación al conductor de transporte público para determinar, de manera discrecional, qué implica que una persona se encuentre en estado de ebriedad para encuadrarlo en el supuesto y evitar ser acreedor a una sanción, lo que, lejos de brindar seguridad jurídica, genera incertidumbre para los gobernados, pues la calificación que haga el operador del transporte público no responde a criterios objetivos, sino que atiende a su propia estimación.

238 En ese sentido, se procede a analizar el contenido de los preceptos impugnados, tomando como parámetro(101) -exclusivamente- las consideraciones del precedente que resulten aplicables al presente asunto:

I. Ley de Ingresos de Cuauhtémoc.

IV.- APROVECHAMIENTOS.

Son los recargos, las multas y los demás ingresos de derecho público, que no se clasifican como impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, participaciones o aportaciones.

1.- Multas y/o sanciones.

a) Por infracciones a la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado de Chihuahua.

CLAVE	CONCEPTO	TARIFA (UMAS)
IX-11	Permitir pasaje en estado de ebriedad o intoxicación.	3.36

II. Ley de Ingresos del Municipio de Saucillo.

III.- PRODUCTOS.

8. TRANSPORTISTAS DE CARGA O PERSONAS.
CLAVE	CONCEPTO	MULTAS
8-7	Permitir pasajeros en estado de ebriedad o bajo el efecto de las drogas.	$278.00

239 De la transcripción anterior, se advierte que las normas impugnadas prevén una multa de entre $364.79(102) y $278.00 a cargo de los transportistas que permitan el acceso a pasajeros en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas. En ese sentido, de conformidad con el precedente referido, se considera que éstas resultan en un amplio margen de apreciación al conductor de transporte público para determinar, de manera discrecional, cuándo o qué implica que una persona se encuentre en estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna droga para encuadrarlo en el supuesto y evitar ser acreedor a una sanción, lo que, lejos de brindar seguridad jurídica, genera incertidumbre para los gobernados, pues la calificación que haga el operador del transporte público no responde a criterios objetivos, sino que atiende a su propia estimación.

240 Estas consideraciones fueron recientemente reiteradas por el Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 53/2023 y su acumulada 62/2023.(103)

241 En consecuencia, se declara la invalidez de las normas siguientes:

I. Artículo 8, fracción IV, inciso a), clave IX-11, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc.

II. Fracción III, numeral 8, clave 8-7, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Saucillo.

242 Todas las referidas normas del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro.

VII. EFECTOS.

243 En términos de los artículos 41, fracción IV(104), y 45, párrafo primero(105), en relación con el 73(106) de la Ley Reglamentaria, las sentencias deben contener sus alcances y efectos y deben fijar con precisión los órganos obligados a cumplirlas, las normas generales respecto de las cuales operen y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Además, se debe fijar la fecha a partir de la cual producirán sus efectos.

244 Declaratoria de invalidez: En atención a las consideraciones desarrolladas en el apartado precedente, se declara la invalidez de los siguientes artículos de leyes de ingresos de municipios del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicadas en el Periódico Oficial de la entidad el treinta de diciembre de dos mil veintitrés.