DICTAMEN relativo al Cómputo final de la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de validez de la elección y Declaración de presidenta electa.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.- Sala Superior.- Secretaría General de Acuerdos.
Dictamen relativo al Cómputo final de la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de validez de la elección y Declaración de presidenta electa
Ciudad de México, 14 de agosto de dos mil veinticuatro.
DICTAMEN que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual realiza el cómputo final de la elección presidencial, declara su validez y declara a Claudia Sheinbaum Pardo primera Presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos.
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ÍNDICE RESUMEN............................................................... 1. Introducción.......................................................... 2. Actos previos al inicio del proceso electoral ................................. 2.1. Conformación de las circunscripciones plurinominales electorales ........... 2.2. Convocatoria para candidaturas independientes........................ 3. Preparación de la elección............................................... 3.1. Inicio del proceso electoral federal................................... 3.2. Determinación de periodos de precampaña............................ 3.3. Diseño e impresión de boletas electorales y demás documentación.......... 3.4. Designación de consejerías electorales locales......................... 3.5. Instructivo de coaliciones......................................... 3.6. Coalición “Sigamos Haciendo Historia”............................... 3.7. Coalición “Fuerza y Corazón por México”.............................. 3.8. Topes de gastos de precampaña y campaña........................... 3.9. Modelo de registro de representantes ante mesas directivas de casilla......... 3.10. Integración de mesas directivas de casilla............................. 3.11. Conteos rápidos................................................ 3.12 Programa de resultados electorales preliminares........................ 3.13. Aumento de financiamiento público y de tiempo del Estado en radio y televisión para candidaturas de mujeres 3.14. Debates...................................................... 3.15. Registro de candidaturas presentadas por las coaliciones “Fuerza y Corazón por México” y “Sigamos Haciendo Historia” 3.16. Negativa del registro de José Eduardo Verástegui Córdoba como candidato independiente a la Presidencia de la República 3.17. Paridad en candidaturas a la Presidencia de la República.................. 3.18. Padrón y lista nominal de electores.................................. 3.19. Voto de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero................ 3.20. Voto de personas en prisión preventiva............................... 3.21. Voto anticipado ................................................ 3.22. Medidas para evitar el registro de personas que hayan incurrido en violencia política por razón de género contra las mujeres |
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4. Jornada electoral...................................................... 5. Cómputo final de la elección presidencial................................... 5.1. Cómputos distritales............................................. 5.2. interposición de Juicios de inconformidad contra cómputos distritales 5.3. Remisión de los paquetes electorales................................ 5.4. Designación de Magistratura regional para integrar el Pleno de la Sala Superior. 5.5. Resolución de los juicios de inconformidad en que se controvirtió la nulidad de votación recibida en casillas 5.6. Cómputo final.................................................. 5.7. Mayoría de votos............................................... 6. Juicios de inconformidad y juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía contra la elección presidencial................... 6.1. Informe de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral............ 6.2. Impugnaciones relativas a la elección de la Presidencia de la República....... 6.3. Comisión Especial.............................................. 6.4. Presentación del proyecto de resolución.............................. 6.5. Resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía y de los juicios de inconformidad 7. Validez de la elección................................................... 7.1. Antecedentes ................................................. 7.2. Marco jurídico ................................................. 7.3. Pronunciamiento sobre la validez de la elección......................... 7.4. Fiscalización .................................................. 7.5. Observación electoral............................................ 8. Elegibilidad .......................................................... 8.1. Ser ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hija de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años 8.2. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección....................... 8.3. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección ..... 8.4. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministra de culto religioso......... 8.5. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección 8.6. No ser secretaria o subsecretaria de Estado, Fiscal General de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de una entidad federativa, a menos que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección 8.7. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83 constitucional 9. Del ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres ................. 9.1. Reformas: del reconocimiento del derecho a votar y ser votadas a la paridad.... 9.2. Una mirada a lo municipal......................................... 9.3. El panorama estatal: diputaciones y gubernaturas....................... 9.4. Mujeres en las gubernaturas....................................... 9.5. Paridad de género en la legislatura federal (diputaciones y senadurías) ....... 9.6. Presidencia de la República....................................... 10. Declaración de Presidenta electa.......................................... |
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RESUMEN
El Dictamen relativo al Cómputo final de la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de validez de la elección y Declaración de presidenta electa, representa la última etapa del proceso electoral federal.
Para realizarlo, es necesario que previamente estén resueltos los medios de impugnación presentados contra la elección presidencial, los cuales son analizados en única instancia por el Pleno de la Sala Superior.
Una vez hecho lo anterior, la Sala Superior: a) realiza el cómputo final de la elección y determina quien obtuvo la mayoría de los votos; b) de igual forma, analiza si la elección es válida por reunir los principios constitucionales; y c) finalmente, verifica que la candidatura que obtuvo la mayoría de los votos sea elegible para asumir el cargo.
En el dictamen, previo a realizar estas tres cuestiones, relata de manera breve las etapas de preparación de la elección y jornada electoral. Posteriormente, se abordan los 3 principales apartados del dictamen:
a) Cómputo final. En relación con el cómputo final se concluye que la candidata Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo la mayoría de los votos, pues recibió 35,924 519, que representan el 59.76%, respecto del total de sufragios emitidos.
Para llegar a ese resultado se tomaron como referencia los 300 cómputos distritales de la elección presidencial realizados por los consejos distritales del INE en todo el país y remitidos oportunamente a la Sala Superior del TEPJF.
Los cuales fueron impugnados a través de 240 juicios de inconformidad, sin embargo, la Sala Superior, al resolver desestimó las alegaciones y confirmó los resultados controvertidos. Después, procedió a realizar la sumatoria del contenido de las 300 actas de cómputo distrital elaboradas por la autoridad administrativa electoral y los resultados de las actas de votos de personas residentes en el extranjero para determinar formalmente el cómputo final de la elección presidencial.
b) Declaración de validez. El Dictamen concluye que la elección presidencial es válida al considerar que existen elementos para considerar que fue libre, auténtica y periódica, además, que cumple con los principios que rigen la función estatal de organizar las elecciones: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Para llegar a tal conclusión verificó que los actos previos al inicio del proceso electoral, los preparatorios de la elección y la jornada electoral, se realizaron bajo los principios constitucionales mencionados, algunos porque, al no haber sido impugnados gozan de la presunción de licitud, otros porque fueron impugnados y confirmados por esta Sala Superior reconociendo su legalidad y constitucionalidad, y en el caso de aquellos que fueron revocados al estimarlos ilegales, fue con la finalidad de restituir del orden jurídico violado.
Posteriormente, a través de los juicios de inconformidad interpuestos contra los cómputos distritales, en los que se solicitó la nulidad de la votación recibida en las casillas, por considerar que hubo irregularidades afectaron su validez, esta Sala Superior resolvió, en algunos casos desechar las demandas y en otros confirmar el cómputo correspondiente al haber desestimado los agravios atinentes.
Además, consideró que se declararon infundadas las pretensiones vinculadas con la solicitud de nulidad de elección, al no acreditarse violación a los principios de independencia, imparcialidad y equidad.
Igualmente, advirtió que ninguna de las candidaturas registradas rebasó el tope de gastos de campaña, pues los gastos erogados por los partidos políticos durante las campañas electorales se ajustaron a los topes previamente determinados por la autoridad administrativa y al principio constitucional de equidad.
c) Elegibilidad. En el dictamen se determina que la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo satisface los requisitos para ser Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, al cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Federal.
Lo anterior, al verificar que es ciudadana mexicana; está en pleno goce de sus derechos; es hija de padre y madre con nacionalidad mexicana; con residencia mínima de 20 años en el territorio nacional; tiene más de 35 años; residió en el país en el año anterior a la jornada electoral; no pertenece al estado eclesiástico, no es ministra de algún culto religioso, ni está en servicio activo en las fuerzas armadas; no fue secretaria o subsecretaria de Estado, Fiscal General de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de una entidad federativa dentro de los 6 meses antes del día de la elección; y, tampoco ha tenido el carácter de Presidenta constitucional, interina, sustituta o provisional.
Finalmente, dado que Claudia Sheinbaum Pardo es la primera Presidenta Electa de los Estados Unidos Mexicanos, se incluye en el dictamen un apartado denominado Derechos político-electorales de las mujeres, en el que se describe la lucha de las mujeres por ejercer sus derechos político-electorales en condiciones de igualdad con los hombres, hasta llegar a este momento histórico, en que por primera vez una mujer es electa para ocupar la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.
En conclusión, en el dictamen se declara que la elección es válida por cumplir los principios constitucionales, que la candidata Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo la mayor cantidad de sufragios en la elección y que es elegible por reunir los requisitos establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política para ejercer el cargo de Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.
1. Introducción
El Dictamen relativo al cómputo final de la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de validez y la de Presidencia electa es una facultad constitucional exclusiva de la Sala Superior. Con su emisión concluye el proceso electoral federal y da paso a una etapa de gobernabilidad por parte de quien resulta electa.
Como su nombre lo señala, este documento comprende, en esencia, los apartados del cómputo final de la elección de la Presidencia de la República, la declaración de validez de la citada elección, la elegibilidad de la candidata que obtuvo la mayoría de los votos y la declaración de presidenta electa.
Para obtener el cómputo final, se requiere, la sumatoria de los resultados definitivos de cada uno de los 300 distritos electorales, éstos pueden ser los que consignan las actas de cómputo levantadas por las autoridades administrativas, que no fueron impugnados o, en su caso, los consignados en las sentencias de los juicios de inconformidad, en las que se ordenó la recomposición del cómputo distrital con motivo de la nulidad de la votación recibida en una o varias casillas.
En cuanto a la declaración de validez, se debe verificar que la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos se haya ajustado a la regularidad constitucional y legal, así como a los principios rectores en la materia electoral: de equidad, neutralidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
En tal orden de ideas, la calificación de la elección presidencial implica el análisis del contexto y particularidades que se presentaron, a efecto de considerar si se trató de una elección libre, auténtica y cuyos resultados reflejan la voluntad de la ciudadanía con motivo de la emisión de su sufragio.
Por su parte, la elegibilidad se refiere al cumplimiento por parte de las candidaturas de las calidades exigidas por los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ocupar el cargo de la Presidencia de la República.
Finalmente, la declaración de Presidenta electa es la consecuencia de la verificación de quién obtuvo la mayoría de los votos, la determinación de validez de la elección y el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de la candidatura que obtuvo la mayoría de los votos. Una vez revisados esos temas se determina quien será declarada Titular del Poder Ejecutivo Federal, así como el periodo de su mandato.
Con antelación a estos apartados, importa precisar las principales actividades realizadas por el Instituto Nacional Electoral previas al inicio del proceso electoral, durante la preparación de la elección, la jornada electoral, así como los cómputos distritales, para lo cual se consideran, además de los acuerdos de la autoridad administrativa, las sentencias emitidas por la Sala Superior.
2. Actos previos al inicio del proceso electoral
De forma destacada se deben considerar los siguientes actos:
2.1. Conformación de las circunscripciones plurinominales electorales
En un primer momento, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó[1] el acuerdo relativo a la demarcación territorial de las cinco circunscripciones plurinominales federales en que se divide el país y la capital de la entidad federativa cabecera de cada una de ellas.
2.2. Convocatoria para candidaturas independientes
Otro de los actos relevantes emitidos por la autoridad administrativa electoral nacional en este periodo consistió en el acuerdo por el que se aprobaron la convocatoria y los lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores requerido para el registro de las candidaturas independientes a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros cargos[2].
3. Preparación de la elección
La preparación de la elección es la primera etapa del proceso electoral federal, entendido éste como el conjunto de actos ordenados por la Constitución Federal y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, así como la ciudadanía, que tiene por objeto, en lo que interesa, la renovación periódica de quien ocupará la titularidad del Poder Ejecutivo Federal[3].
Así, en términos del artículo 225, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la etapa de preparación de la elección inicia con la primera sesión que el Consejo General celebre durante la primera semana de septiembre del año previo en que deben realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral.
La etapa relativa a la preparación de la elección adquiere una especial y particular connotación, en tanto que comprende la realización de una serie de actos a cargo del Instituto Nacional Electoral, a efecto de que, el día de la jornada electoral, la ciudadanía pueda acudir a emitir su sufragio.
A continuación, se numeran algunas de las actividades más relevantes:
3.1. Inicio del proceso electoral federal
El proceso electoral federal 2023-2024, para la renovación de diversos cargos de elección popular, entre ellos, el relativo a la Presidencia de la República, inició el 7 de septiembre de 2023 con la declaratoria efectuada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
3.2. Determinación de periodos de precampaña
En un primer momento, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó que las precampañas electorales para la selección de candidaturas a la Presidencia de la República iniciaran el 5 de noviembre de 2023 y concluyeran el 3 de enero de 2024[4].
Derivado del recurso de apelación interpuesto por Movimiento Ciudadano, la Sala Superior revocó el acuerdo antes referido porque la autoridad administrativa electoral nacional, al adelantar el inicio de las precampañas electorales federales, transgredió los principios de legalidad, autonomía y autodeterminación de los partidos políticos[5].
En la resolución, este órgano jurisdiccional ordenó al Instituto Nacional Electoral que emitiera otro acuerdo en que precisara una nueva fecha de inicio y conclusión para el periodo de las precampañas federales, la cual debía ubicarse dentro de la tercera semana del mes de noviembre de 2023.
En cumplimiento, la autoridad administrativa electoral nacional determinó[6] que las precampañas electorales iniciarían el 20 de noviembre de 2023 y concluirían el 18 de enero de 2024, además, modificó el calendario de plazos para la fiscalización de los informes de gastos. Ese acuerdo también fue controvertido ante la Sala Superior, quien lo confirmó debido a que consideró que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral sí tiene facultades para modificar los plazos de fiscalización de la precampaña[7].
3.3. Diseño e impresión de boletas electorales y demás documentación
En su oportunidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó[8] modificaciones al Reglamento de Elecciones y sus anexos, en los cuales se incluyeron los modelos de la boleta, de las actas de casilla y diseños de la documentación electoral con emblemas a utilizarse en las elecciones presidencial, de senadurías y de diputaciones federales.
Además, estableció la información que debían contener las boletas electorales, las medidas de seguridad para evitar su falsificación, que para su impresión se utilizaría el corte del padrón electoral más cercano al inicio de su producción y que, por razones de seguridad nacional la impresión de las boletas y la documentación electoral se realizaría en Talleres Gráficos de México.
Este acuerdo fue impugnado por Movimiento Ciudadano y confirmado por la Sala Superior porque no existe norma que prevea que en cada elección se deba solicitar un dictamen sobre la proporción visual de los emblemas partidistas y, en el caso, el diseño de la boleta se basó en una opinión técnica del 2023 de la Universidad Autónoma Metropolitana[9].
Con posterioridad, la autoridad administrativa electoral nacional aprobó el acuerdo relativo a los modelos definitivos de la documentación electoral con emblemas del proceso electoral federal 2023-2024, derivado del registro de las coaliciones “Fuerza y Corazón por México” y “Sigamos Haciendo Historia”, así como de candidaturas independientes[10].
3.4. Designación de consejerías electorales locales
Con la finalidad de garantizar la debida integración de la autoridad administrativa electoral nacional en las entidades federativas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo por el que se designó o ratificó, según correspondió, a las consejeras y consejeros electorales de los consejos locales para el proceso electoral federal 2023-2024 y, en su caso, 2026-2027[11].
3.5. Instructivo de coaliciones
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo relativo al instructivo que debían observar los partidos políticos nacionales que buscaban formar coaliciones para la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones por el principio de mayoría relativa en sus diversas modalidades[12].
3.6. Coalición “Sigamos Haciendo Historia”
En respuesta a la petición correspondiente, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la resolución relativa al registro del convenio de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” para postular candidatura a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y parcial para la postulación de 48 fórmulas de candidaturas a senadurías y 255 fórmulas de candidaturas a diputaciones federales, ambas por el principio de mayoría relativa, presentada por el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y Morena[13].
La resolución fue impugnada por los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, y confirmada por la Sala Superior porque consideró que sí se presentó un programa de gobierno, pues de la documentación que adjuntaron los partidos solicitantes fue posible identificar las políticas públicas y directrices de conducción gubernamental que habría de sostener la candidatura presidencial en caso de resultar ganadora[14].
3.7. Coalición “Fuerza y Corazón por México”
La autoridad administrativa electoral nacional aprobó[15] la resolución relativa a la solicitud de registro del convenio de la coalición “Fuerza y Corazón por México” para postular candidatura a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y parcial para la postulación de 60 fórmulas de candidaturas a senadurías y 253 fórmulas de candidaturas a diputaciones federales, ambas por el principio de mayoría relativa, presentado por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.
Posteriormente, con motivo de las impugnaciones presentadas por diversos institutos políticos locales, la Sala Superior confirmó[16] la resolución porque, a partir de un análisis de las denominaciones, los emblemas y las circunstancias particulares, existían elementos suficientes para diferenciar a la coalición citada, respecto de los partidos políticos locales “Fuerza por México” de Guerrero, Nayarit, Colima, Puebla, Zacatecas, Baja California y Veracruz.
3.8. Topes de gastos de precampaña y campaña
En materia de fiscalización, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo por el que determinó los topes máximos de gastos de precampaña y campaña, para las elecciones de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, así como de diputaciones y senadurías por el principio de mayoría relativa[17].
En lo que interesa, la autoridad administrativa electoral nacional determinó el tope de gastos de precampaña y campaña para la elección de la Presidencia de la República en $85,926,665 (ochenta y cinco millones novecientos veintiséis mil seiscientos sesenta y cinco pesos) y $660,978,723 (seiscientos sesenta millones novecientos setenta y ocho mil setecientos veintitrés pesos), respectivamente.
Posteriormente, el Instituto Nacional Electoral aprobó la resolución, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña de los partidos políticos a los cargos de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones federales, en la cual se precisaron las irregularidades en materia de fiscalización durante las precampañas, en las que incurrieron los partidos políticos nacionales y que derivaron en la imposición de las sanciones correspondientes, sin que respecto de la elección presidencial se actualizara algún posible rebase de tope de gastos de precampaña[18].
3.9. Modelo de registro de representantes ante mesas directivas de casilla
La autoridad administrativa aprobó el acuerdo relativo al modelo para la operación del sistema de registro de solicitudes, sustituciones y acreditación de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla de partidos políticos y candidaturas independientes[19].
Asimismo, modificó los formatos de nombramientos de representantes generales y ante mesas directivas de casilla, y ratificaciones correspondientes, para incorporar una leyenda a fin de garantizar a las presidencias de mesas directivas de casilla, que las representaciones que actuarían el día de la jornada electoral fueran personas servidoras públicas, operadoras de programas sociales y actividades institucionales similares, ni servidoras de la nación.
Derivado de los recursos de apelación interpuestos por Movimiento Ciudadano y Morena, la Sala Superior confirmó[20] el acuerdo porque se actualizó la eficacia refleja de la cosa juzgada, atendiendo a lo resuelto en el recurso de apelación SUP-RAP-222/2023[21], en cuya ejecutoria se determinó que, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es competente para establecer medidas preventivas para evitar la injerencia o participación durante los comicios, de las personas servidoras públicas que participan en la ejecución de programas sociales, incluidas las denominadas servidoras de la nación.
3.10. Integración de mesas directivas de casilla
A efecto de integrar las mesas directivas de casilla, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral efectuó el procedimiento relativo al sorteo del mes, que junto con el que le sigue en su orden, servirían de base para la selección de las personas que probablemente integrarían los centros de votación. Con motivo de la respectiva insaculación resultaron sorteados los meses de marzo y abril[22].
De igual manera, la autoridad administrativa electoral nacional, efectuó el procedimiento relativo al sorteo de la letra, a partir de la cual, con base en el primer apellido, se seleccionaría a la ciudadanía que integraría las mesas directivas de casilla. De la insaculación respectiva, resultó sorteada la letra A[23].
De ahí que, las personas que fueron capacitadas para integrar las mesas directivas de casilla fueron quienes nacieron entre marzo y abril y su primer apellido inicia con la letra A.
3.11. Conteos rápidos
En el caso, el Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo, por el que determinó la realización del conteo rápido para las elecciones ordinarias de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones federales, gubernatura en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y jefatura de gobierno en la Ciudad de México, a fin de conocer las tendencias de los resultados de la votación el día de la jornada electoral; y, se aprobó la creación e integración del Comité técnico asesor de los conteos rápidos 2023-2024 como órgano especializado para brindar asesoría y efectuar el conteo rápido en las citadas elecciones[24].
3.12. Programa de resultados electorales preliminares
Por otra parte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó[25] el acuerdo, por el que se dispuso la Integración del Comité técnico asesor del programa de resultados electorales preliminares[26], y posteriormente, emitió el acuerdo relativo al proceso técnico operativo y consideraciones generales para su operación[27].
Asimismo, una de las determinaciones más relevantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral durante esta etapa consiste en el acuerdo por el que se aumentó del 40% al 50% el financiamiento público y los tiempos del Estado en radio y televisión que reciben las mujeres para realizar sus campañas. Con esta medida se buscó que los partidos políticos nacionales y locales previnieran, atendieran, sancionaran, repararan y erradicaran la violencia política contra las mujeres en razón de género[28].
Esta determinación fue controvertida por los partidos políticos y confirmada por la Sala Superior toda vez que, determinó que si existe la obligación de los partidos políticos de postular mujeres en por lo menos 50% de las candidaturas es ineludible que accedieran en la misma proporción a las prerrogativas para el desarrollo de las campañas, sin que ello derivara en la vulneración a los principios de autodeterminación y autoorganización[29].
3.14. Debates
En un primer momento, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo por el que se emitieron las reglas básicas para la celebración de los debates entre las candidaturas a la Presidencia de la República durante el proceso electoral federal 2023-2024, así como los criterios objetivos para la selección de las y los moderadores[30].
Además, se indicaron las reglas básicas relativas a la moderación, la interacción entre las candidaturas, las características de las preguntas, la participación de la ciudadanía, medidas de inclusión y criterios de producción, los formatos de los debates, precisándose que debían incluirse los siguientes temas en los tres ejercicios: seguridad, economía y empleo, combate a la corrupción y transparencia, salud y educación, pobreza, medio ambiente, migración y política exterior, atención a grupos en situación de vulnerabilidad, política y gobierno.
Por otra parte, la autoridad administrativa electoral nacional aprobó el acuerdo por el que se definió
el formato y la sede de cada uno de los 3 debates entre las candidaturas a la Presidencia de la República
(7 y 28 de abril y 19 de mayo de 2024) y se estableció que su transmisión sería obligatoria, en términos del artículo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales[31].
Al respecto, se debe resaltar que, las sedes para los debates y los formatos fueron las siguientes: primer debate en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral (Formato A); segundo debate en los Estudios Churubusco (Formato B); y, tercer debate en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (Formato C).
Mediante el formato A se privilegió la participación ciudadana a través de redes sociales e incluyó la regionalización de las preguntas, a la vez que se promovió el conocimiento de las candidaturas, sus propuestas y planes de gobierno.
Bajo el formato B se promovió un ejercicio de contraste de ideas entre las candidaturas, difusión de sus propuestas y priorizó la participación ciudadana directa e incluyó la regionalización de las preguntas, además de conocer el desenvolvimiento de las candidaturas con las y los ciudadanos que participaron.
Por último, a través del formato C se privilegió la interacción entre las candidaturas, además de mostrar a las personas electoras la capacidad de respuesta y templanza de quienes debaten al momento de ser cuestionadas directamente.
Con motivo de la interposición de un recurso de apelación por un partido político nacional y la promoción de un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, la Sala Superior confirmó el acuerdo referido, porque, si bien se controvirtió el número de debates, lo cierto es que, tal aspecto no fue objeto de pronunciamiento por la autoridad responsable en el acuerdo controvertido y el cual se encontraba firme. Por otra parte, determinó que existió omisión de dar respuesta a la solicitud respecto de que los debates presidenciales fueran semanales, por lo que se le ordenó a la autoridad responsable atender el referido derecho de petición[32].
Por otro lado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió diversos acuerdos, mediante los cuales, en lo que interesa, se designaron a las personas moderadoras de los 3 debates de las candidaturas a la Presidencia de la República[33].
3.15. Registro de candidaturas presentadas por las coaliciones “Fuerza y Corazón por México” y “Sigamos Haciendo Historia”
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo en que aprobó el registro de las candidatas a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y Claudia Sheinbaum Pardo presentadas por las coaliciones “Fuerza y Corazón por México” y “Sigamos Haciendo Historia”, respectivamente, así como del candidato Jorge Álvarez Máynez postulado por Movimiento Ciudadano[34].
Derivado del recurso de apelación interpuesto por Movimiento Ciudadano, la Sala Superior confirmó el acuerdo referido, respecto del registro de las candidatas Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y Claudia Sheinbaum Pardo[35].
3.16. Negativa del registro de José Eduardo Verástegui Córdoba como candidato independiente a la Presidencia de la República
En respuesta al escrito presentado, entre otros, por José Eduardo Verástegui Córdoba, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral estimó improcedente la solicitud de registro del referido aspirante como candidato independiente a la Presidencia de la República, debido al incumplimiento de los requisitos previstos en la normativa atinente[36].
3.17. Paridad en candidaturas a la Presidencia de la República
Otro tema relevante durante la preparación de la jornada electoral fue omisión atribuida al Congreso de la Unión de legislar en materia de paridad de género para el cargo de la Presidencia de la República, de conformidad con la reforma constitucional de “Paridad en Todo" de 2019. La Sala Superior determinó existente la omisión alegada, a pesar de que si bien, la Constitución Federal no mandata expresamente la paridad de género en la renovación del Poder Ejecutivo Federal, ello no era impedimento para eludir tal obligación[37].
Asimismo, concluyó que el Instituto Nacional Electoral incurrió en la omisión que se le atribuyó, porque no emitió regulación para establecer la forma en que debe operar el principio de paridad respecto de la elección presidencial, pese a tener atribuciones constitucionales para ello.
Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional ordenó al Congreso de la Unión regular la paridad, respecto de la elección presidencial, antes de la conclusión de la legislatura y, si a su conclusión persistía la citada omisión, entonces el Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberá emitir la regulación atinente, para que aplique la paridad en el próximo proceso electoral federal, para lo cual debe considerar, entre otras cuestiones, una alternancia en el género en el registro de las candidaturas a la presidencia por parte de los institutos políticos, esto es, si en un proceso electoral postulan hombre, en el siguiente debe ser mujer.
3.18. Padrón y lista nominal de electores
La autoridad administrativa electoral nacional aprobó el acuerdo por el que se declaró que el padrón electoral y la lista nominal de electores que serían utilizados en las elecciones federales y locales del 2 de junio de 2024 eran válidos y definitivos[38].
De conformidad con el referido acuerdo, el padrón electoral nacional se conformó con 98,472,789 registros de ciudadanas y ciudadanos, mientras que la lista nominal de electores nacional se integró con 98,329,591.
A su vez, en lo que interesa, la lista nominal de electores de residentes en el extranjero fue de 223,970 registros, de los cuales 56,257 correspondieron al voto postal, 151,989 al voto electrónico por internet, y 15,724 al voto presencial en sedes en el extranjero[39].
3.19. Voto de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero
El Instituto Nacional Electoral, en atención a la legislación electoral, estableció que las personas mexicanas residentes en el extranjero podían emitir su voto a través de tres modalidades: voto postal, voto electrónico por internet y voto de manera presencial en módulos receptores de votación instalados fuera del territorio nacional.
Se debe destacar que, las modalidades de voto electrónico por internet y el voto de manera presencial en los módulos de recepción instalados en el extranjero, se implementaron por primera vez en una elección presidencial.
En el primero de los casos, la autoridad administrativa implementó el Sistema de voto electrónico por internet para las mexicanas y mexicanos en el extranjero. La ciudadanía ingresaba al sistema, visualizaba la boleta electrónica y emitía su sufragio a través de la plataforma dispuesta, posteriormente, en la pantalla se presentaba el recibo de voto con la opción de descargarlo en formato PDF[40].
Por su parte, la modalidad de emisión del voto de manera presencial en sedes consulares en el extranjero ameritó que la autoridad administrativa electoral emitiera un acuerdo[41] y celebrara un convenio de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal. Asimismo, dispuso que los módulos receptores de votación se instalaran en 23 sedes distribuidas en los Estados Unidos de América (20), España (1), Francia (1) y Canadá (1).
Al final, bajo las tres formas de emisión del sufragio se emitieron los siguientes votos:
Tabla 1
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|
Postal |
Electrónico |
Presencial |
Total |
|
Votos |
39,586 |
122,497 |
22,243 |
184,326 |
* Datos tomados del Informe sobre el proceso electoral federal 2023-2024 relativo a la elección de a persona titular de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, páginas 402 y 403.
3.20. Voto de personas en prisión preventiva
De igual manera, es importante resaltar que, por primera vez en una elección presidencial votaron personas que se encuentran en prisión preventiva, para ello, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo relativo a los lineamientos, el modelo de operación y la documentación electoral para la organización de este modelo de votación[42].
Esta modalidad de voto se implementó en las entidades federativas y distritos electorales federales, en los que se ubica algún centro penitenciario que alberga personas en prisión preventiva y que cumplían con las condiciones establecidas en los lineamientos correspondientes.
Bajo este esquema, entre el 6 y el 20 de mayo se llevó a cabo el periodo de votación anticipada de las personas en prisión preventiva a nivel nacional, en que sufragaron 26,563 ciudadanos y ciudadanas de un listado nominal de 30,947 electores[43].
3.21. Voto anticipado
Otra modalidad de voto que se implementó por primera vez en un proceso electoral presidencial fue el voto anticipado, el cual fue diseñado para las personas que, por alguna circunstancia temporal o permanente, se encontraba impedida para acudir a la casilla a ejercer su derecho al voto el día de la jornada electoral.
La autoridad administrativa estableció este mecanismo como una forma de inclusión y medida de nivelación para el ejercicio del derecho al voto en condiciones de igualdad, ya que las personas que participaron fueron quienes acreditaron su incapacidad física para acudir a inscribirse ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores[44].
Para ello, el Instituto Nacional Electoral en un primer momento aprobó los Lineamientos para la organización del voto anticipado en el proceso electoral concurrente[45]. Posteriormente, emitió el Modelo de operación para la organización del voto anticipado[46].
Con motivo de esta forma de emisión del voto se conformó un listado nominal de 4,002 electores, de los cuales 3,418 emitieron su voto de forma postal[47].
Incluso, este órgano jurisdiccional, mediante sentencia[48] amplió esta medida, mediante la cual determinó que las personas cuidadoras primarias de las personas con discapacidad también tenía derecho a que se estableciera una modalidad de voto para que voten sin necesidad de desatender las labores de cuidado que tienen a su cargo.
3.22. Medidas para evitar el registro de personas que hayan incurrido en violencia política por razón de género contra las mujeres
La autoridad administrativa electoral aprobó el acuerdo[49] mediante el cual estableció un procedimiento para verificar que las personas de quienes los partidos solicitaron su registro como candidaturas no estuvieran dentro de los supuestos que establece el artículo 38 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos:
- Contra la vida y la integridad corporal;
- Contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual;
- Por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual;
- Por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Además de aquellos que fueron declaradas personas deudoras alimentarias morosa.
Este procedimiento de verificación se estableció con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia política contra las mujeres por razón de género.
4. Jornada electoral
La jornada electoral es la segunda de las etapas del proceso electoral, la cual tiene una particular y especial relevancia porque representa el momento en que la ciudadanía acude a emitir su voto por la candidatura de su preferencia y la que obtenga el mayor número de sufragios será quien ocupe el respectivo cargo de elección popular.
De acuerdo con la legislación, la jornada electoral deberá celebrarse el primer domingo de junio del año de la elección, entre las 08:00 y las 18:00 horas, en cuyo horario la ciudadanía podrá acudir a emitir su voto por la candidatura de su preferencia, ante las casillas instaladas para tal efecto por la autoridad administrativa.
En el caso particular, el 2 de junio de 2024, se efectuó la jornada electoral, en la que, entre otros cargos, se eligió a quien ocupará la Presidencia de la República.
Al efecto, ese día se instalaron 170,061 casillas, en los 300 distritos electorales federales, que representa el 99.9 % de las 170,181 casillas determinadas, en su oportunidad, por los consejos distritales. Solo 23 casillas (equivalentes al 0.01%) no se instalaron, las cuales corresponden a los Estados de: Chiapas (2), Chihuahua (2), Michoacán (3), Oaxaca (15) y Puebla (1)[50].
Durante la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral reportó 6,443 incidentes, de los cuales 6,034 (93.65%) ocurrieron durante la etapa de la votación, mientras que, el 6.35%, es decir, 409 acontecieron durante el escrutinio y cómputo. La mayoría de los incidentes fueron atendidos por la autoridad administrativa[51].
De acuerdo con la información generada por el Sistema de Información de la Jornada Electoral se advirtió la suspensión definitiva de la votación en 27 casillas, 14 de ellas por hechos de violencia; 8 por robo y/o destrucción de la documentación o material electoral y 5 debido a condiciones climatológicas adversas[52].
Por lo que hace a la votación de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero, cabe destacar que, del 30 de abril al 31 de mayo de 2024, se recibieron en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral previstas para tal efecto 37,141 sobres postales voto pertenecientes a la lista nominal de electores residentes en el extranjero definitiva y 2,493 sobres postales voto de la adenda, para la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos[53].
Al respecto, para el cómputo atinente, se instalaron 87 mesas de escrutinio y cómputo[54], en el local determinado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y 6 mesas de escrutinio y cómputo electrónicas generadas el día de la jornada electoral, en las cuales se efectuó el cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero para la elección de la Presidencia de la República.
Asimismo, para efectuar el cómputo de entidad federativa del voto de las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero para las elecciones presidencial y de senadurías, la captura de resultados se efectuó en un módulo específico del Sistema de Cómputos Distritales, de Entidad Federativa y de Circunscripción, por personal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
5. Cómputo final de la elección presidencial
El artículo 99, párrafo cuarto, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de la Presidencia una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma.
Es decir, el referido cómputo final deriva de la suma de los resultados de cada distrito electoral asentados en las correspondientes actas de cómputo de los 300 distritos electorales (los que no fueron impugnados y los confirmados o modificados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de los juicios de inconformidad).
5.1. Cómputos distritales
De conformidad con el artículo 310, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a las 8:00 horas del miércoles siguiente a la jornada electoral, los Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral deben iniciar la sesión en que realizarán los cómputos distritales de las elecciones a la Presidencia, diputaciones y senadurías.
Los resultados de los cómputos distritales se obtienen de la sumatoria los resultados asentados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que fueron cotejadas con las respectivas actas de las casillas que fueron objeto de recuento. A ese resultado se deben adicionar los consignados en el acta de cómputo de los votos emitidos en el extranjero.
Al efecto, es importante destacar que, durante la etapa de preparación de la elección, particularmente, el 3 de noviembre de 2023[55] y 15 de febrero de 2024[56], la autoridad administrativa electoral nacional aprobó los lineamientos y el manual para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales.
De la información y documentación remitida por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral se advierte que los cómputos distritales de la elección presidencial iniciaron el 5 de junio y finalizaron a más tardar el 7 de junio de 2024.
Durante los cómputos distritales se efectuó el cotejo de 54,212 actas de casilla, que corresponde al 31.77% de las casillas aprobadas y el recuento de 116,403 paquetes electorales, equivalente al 68.23% de las casillas[57].
Al final, cada uno de los 300 Consejos Distritales expidió el acta de cómputo distrital de la elección presidencial en la que asentó los resultados obtenidos.
5.2. Interposición de Juicios de inconformidad contra cómputos distritales
En contra de los resultados de los cómputos distritales para la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos nacionales Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Acción Nacional promovieron juicios de inconformidad por nulidad de la votación recibida en casilla, que en conjunto sumaron 283 medios de impugnación.
Al efecto, cabe destacar que la Sala Superior emitió diversos acuerdos de reencauzamiento de los juicios de inconformidad a las Salas Regionales: Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca, debido a que el acto propiamente controvertido se vinculaba con las elecciones de diputaciones federales o de senadurías, pero no con la de Presidencia de la República.
Por lo que, en realidad se promovieron 240 juicios de inconformidad contra la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se solicitó la nulidad de la votación recibida en casillas.
5.3. Remisión de los paquetes electorales
Del 17 al 21 de junio de 2024, las presidencias de los consejos distritales remitieron a la Sala Superior un total de 300 expedientes de cómputo distrital de la elección de la Presidencia de la República, los cuales se entregaron de forma impresa y digitalizada. Lo anterior, para que este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de realizar el cómputo final de la elección.
5.4. Designación de Magistratura regional para integrar el Pleno de la Sala Superior
En sesión privada de 18 de julio de 2024 el Pleno de la Sala Superior designó a Claudia Valle Aguilasocho, Magistrada de la Sala Regional de la segunda circunscripción plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León, para que, en términos del artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, participe en la resolución de todos los medios de impugnación que se hayan interpuesto en contra de los cómputos distritales, nulidad de toda la elección y, en su caso, la declaración de validez y de presidencia electa de los Estados Unidos Mexicanos.
5.5. Resolución de los juicios de inconformidad en que se controvirtió la nulidad de votación recibida en casillas
En sesión pública del ocho de agosto de 2024, la Sala Superior resolvió los 240 juicios de inconformidad promovidos en contra de los cómputos distritales por la nulidad de la votación recibida en casilla, en algunos casos decretó la improcedencia de los medios de impugnación, y en otros la confirmación de los resultados.
De la suma de los cómputos distritales que no fueron controvertidos, de los que se confirmaron a través de los juicios de inconformidad y de los resultados del voto de personas mexicanas residentes en el extranjero se advierte que el cómputo final de la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos es el siguiente[58]:
Tabla 2
|
Candidatura |
Votos por partido |
Votos por candidatura |
Porcentaje |
|
|
Claudia Sheinbaum Pardo |
|
27,364,649 |
35,924,519 |
|
|
|
3,882,813 |
|||
|
|
4,677,057 |
|||
|
Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz |
|
9,644,918 |
16,502,697 |
27.45% |
|
|
1,121,020 |
|||
|
|
5,736,759 |
|||
|
Jorge Álvarez Máynez |
|
6,204,710 |
6,204,710 |
10.32% |
|
Votos Nulos |
1,400,144 |
1,400,144 |
2.33% |
|
|
Candidaturas no registradas |
83,114 |
83,114 |
0.14% |
|
|
Total |
60,115,184 |
60,115,184 |
100% |
|
5.7. Mayoría de votos
De la tabla inserta se advierte que la candidata Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo la mayoría de los votos en la elección de la Presidencia de la República, pues recibió 35,924,519 que representan el 59.76%, de un total de 60,115,184 sufragios.
6. Juicios de inconformidad y juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía contra la elección presidencial
La legislación establece la posibilidad de solicitar la nulidad de la elección presidencial, a través de los juicios de inconformidad, a partir de que la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral rinde el informe de la sumatoria de los resultados de los 300 distritos electorales.
6.1. Informe de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
En sesión extraordinaria efectuada el 9 de junio de 2024, la Encargada del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral informó al Consejo General del referido Instituto, la suma de los resultados asentados en cada una de las 300 actas de cómputo distrital de la elección relativa a la Presidencia de la República.
6.2. Impugnaciones relativas a la elección de la Presidencia de la República
Inconformes con los resultados del referido informe, el 13 de junio de 2024, la candidata a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía (SUP-JDC-906/2024) ante el Instituto Nacional Electoral. De igual manera, los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como el Partido Revolucionario Institucional promovieron juicios de inconformidad (SUP-JIN-144/2024 y SUP-JIN-145/2024), respectivamente, ante la autoridad administrativa electoral nacional.
6.3. Comisión Especial
En sesión privada de 17 de junio de 2024, el Pleno de la Sala Superior designó a los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera como integrantes de la Comisión encargada de elaborar los proyectos de sentencia de los medios de impugnación presentados para controvertir la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos por nulidad de toda la elección.
En su momento, la Comisión Especial emitió el acuerdo relativo a las reglas de instrucción de los medios de impugnación presentados con motivo de la nulidad de elección presidencial, del que se debe destacar las medidas que se tomaron para dar a la sustanciación de los expedientes la mayor publicidad, tales como: hacer pública la audiencia de desahogo de pruebas, la posibilidad de solicitar una audiencia de alegatos pública, convocar a la ciudadanía para que compareciera en calidad de amigos de la corte, y en su momento, hacer del conocimiento público el proyecto de resolución de los medios de impugnación.
De igual manera, se ordenó la creación de un micrositio que se alojara en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que se publicaran todos los documentos que integran los expedientes (demandas, escritos de tercerías interesadas, escritos de amigos de la corte, actas y de la Comisión Especial, etc.) y se difundieran las actividades realizadas por los integrantes de dicho órgano.
6.4. Presentación del proyecto de resolución
Una vez sustanciados los medios de impugnación, el 24 de julio de 2024, los magistrados de la Comisión Especial presentaron al Pleno de la Sala Superior el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía y de los juicios de inconformidad relativos a la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, se publicó en el micrositio de las actividades de la comisión.
6.5. Resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía y de los juicios de inconformidad
En sesión pública del 12 de agosto de 2024, la Sala Superior dictó sentencia en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía y en los juicios de inconformidad. El primero de ellos, lo estimó improcedente porque la actora carecía de interés jurídico para impugnar, y en los segundos, determinó que era infundada la pretensión de nulidad de la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos alegada por los partidos políticos.
Como se precisó, la calificación de la elección presidencial conlleva el análisis de las particularidades que se presentaron durante su desarrollo, a efecto de establecer si la misma es acorde a los estándares previstos en la propia Constitución Federal, en el sentido de que fue una elección libre y auténtica, cuyos resultados reflejan la voluntad de la ciudadanía.
A efecto, de llevar a cabo esta verificación se resaltan los siguientes antecedentes:
7.1. Antecedentes
Conformación del expediente SUP-EEP-1/2024
Derivado de la recepción del expediente de la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos correspondiente al voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero en la Sala Superior, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que se integrara el expediente del Dictamen relativo al cómputo de la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, a la declaración de validez de la elección y de la Presidencia electa, identificado con la clave SUP-EEP-1/2024.
Requerimientos a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
El 7 de junio de 2024, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación formuló requerimiento a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para que remitiera los expedientes integrados con motivo de la documentación entregada por las coaliciones y partidos políticos para el registro de sus candidaturas.
De igual manera, el 8 de julio de 2024, la Magistrada Presidenta requirió a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que presentara un informe sobre el proceso electoral federal relativo a la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, que comprendiera la fase preparatoria, el desarrollo de la jornada electoral y los cómputos respectivos.
Ambos requerimientos fueron cumplimentados por la encargada de despacho de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en tiempo y forma.
Elaboración de Dictamen por la Secretaría General de Acuerdos
En sesión privada de 17 de junio de 2024, la Sala Superior determinó que la Secretaría General de Acuerdos sería la encargada de elaborar el proyecto de dictamen del cómputo final y, en su caso, la declaración de validez y de Presidencia electa de los Estados Unidos Mexicanos. En su oportunidad la Secretaría General de Acuerdos sometió a consideración del Pleno el presente dictamen.
7.2. Marco jurídico
A efecto de verificar la validez de la elección a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos se precisa el siguiente marco jurídico.
De conformidad con el artículo 99, párrafo cuarto, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidencia electa respecto de la candidatura que hubiese obtenido el mayor número de votos.
En términos del artículo 41, párrafo tercero, de la propia Constitución, la renovación del Poder Ejecutivo Federal se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. De igual manera, en la fracción V, apartado A dispone que en la función estatal de organizar las elecciones serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Por su cuenta, el artículo 134 exige que el actuar de las personas funcionarias públicas se rija bajo los principios de equidad y neutralidad.
Elecciones libres
Por sufragio libre se debe entender aquel cuya emisión se realiza mediante la ausencia de violencia, amenazas y coacción. Es decir, el principio de libertad del sufragio conlleva una doble dimensión, por un lado, que la exteriorización de la voluntad al emitir el sufragio se realice en plena libertad, sin presiones para votar por la candidatura que sea de su particular preferencia o interés y, en otro ámbito, implica que el voto se encuentre directamente vinculado con los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión y de manifestación.
La libertad del sufragio presupone que se debe realizar en un entorno carente de violencia física o moral y bajo la lógica de que el electorado ejerce su voluntad de forma plena y consciente de las consecuencias que derivan de la emisión del sufragio y que pueden repercutir no sólo en su ámbito individual, sino también en el del resto de la ciudadanía. Aunado a que, la emisión del voto también se encuentra directamente vinculada con el contexto interno del electorado, en cuanto a que, la ciudadanía se encuentra en total libertad de determinar el sufragio, para la candidatura que sea de su particular interés.
En tal sentido, a efecto de que la ciudadanía pueda emitir su sufragio se requiere que acuda a las casillas instaladas para tal efecto, en la cual deberán seguir el procedimiento respectivo hasta culminar con el voto en favor de la candidatura de su preferencia en un espacio, en donde existen mamparas (con excepción de las modalidades relativas al voto de la ciudadanía residente en el extranjero, prisión preventiva y anticipado) de tal forma se salvaguarde la secrecía en la emisión.
Elecciones auténticas
En términos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autenticidad del voto presupone la existencia de una coincidencia entre la voluntad de la ciudadanía y el resultado de la elección respectiva.
De igual forma, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, señala que las elecciones deben ser auténticas, periódicas, y ejecutadas de manera tal que preserven la libertad en la expresión de los electores.
De esta forma, la autenticidad de las elecciones supone la existencia de una correspondencia entre la voluntad del electorado y el resultado de la elección, sin que haya interferencias que distorsionen la voluntad de la ciudadanía.
Elecciones periódicas
Asimismo, las elecciones deben ser periódicas, en tanto que, resulta necesaria la renovación del poder público, máxime que, el diseño constitucional y legal así lo establece, a efecto de que la ciudadanía decida a través del voto quién debe ocupar los cargos de elección popular por un tiempo determinado, evitando de tal forma que una persona detente de forma indefinida un puesto.
Principio de certeza
El principio de certeza conlleva un conocimiento real de las cosas en su justa dimensión, con la finalidad de ofrecer seguridad, confianza o conocimiento a la ciudadanía, partidos políticos, coaliciones y candidaturas, respecto del proceder de las autoridades electorales, esto es, el referido principio debe entenderse en el sentido de que los actos y resoluciones de las autoridades electorales deben sujetarse a un determinado contexto, esto es, que aludan a hechos reales y ciertos, evitando en todo momento posibles situaciones de incertidumbre.
En concordancia, el principio de certeza en el ámbito electoral implica que la preparación, jornada electoral, cómputos y declaraciones de validez con la correspondiente calificación de las elecciones debe producir un pleno, total y absoluto convencimiento, así como una indudable confianza en los partidos políticos, coaliciones, candidaturas y en la ciudadanía, en el sentido de que los sufragios depositados en las urnas se traducen en un resultado inobjetable, cierto y evidente, para lo cual invariablemente también se requiere que el voto sea auténtico y libre en su emisión.
Principio de legalidad
De conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, el principio de legalidad consiste en que, todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales, deben sujetarse invariablemente a lo establecido en la Ley Fundamental federal y a la normativa aplicable, para lo cual se requiere que tales determinaciones sean emitidas por la autoridad competente y cumplan con los requisitos de fundamentación y motivación.
Principio de independencia
En concepto de la Sala Superior el principio de independencia se refiere a la situación institucional que permite a las autoridades de la materia, emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes, ya sea de superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o, incluso, de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural[59].
Principio de imparcialidad
El principio de imparcialidad encuentra sustento en el artículo 134 constitucional y consiste en que las y los servidores públicos tienen prohibido utilizar el poder público y los recursos que manejan a favor o en contra de un partido político o de una candidatura. Este principio tiene la finalidad de evitar que su proceder influya en la voluntad de la ciudadanía, además, de garantizar en todo momento la equidad de la contienda electoral.
Principio de máxima publicidad
De conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio de máxima publicidad consiste en que la información generada por las autoridades electorales y los partidos políticos debe ser pública para la ciudadanía, candidaturas e institutos políticos, con excepción de aquella considerada reservada o confidencial, en términos de la normatividad respectiva.
Principio de objetividad
El principio de objetividad se refiere a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los aspectos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y, respecto de las etapas posteriores[60].
Principio de equidad
El principio constitucional de equidad consiste en que la elección correspondiente, en sus diferentes etapas se desarrolle con plena normalidad, en condiciones de igualdad para todos los partidos políticos, coaliciones y candidaturas, por lo que se debe evitar la injerencia de factores externos, por ejemplo, que las personas servidoras públicas con particular investidura pretendan influir en los resultados mediante la utilización de los recursos públicos de los cuales disponen, o bien se presente un excesivo e injustificado financiamiento privado para una determinada candidatura.
Principio de neutralidad
El principio de neutralidad previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos implica un deber reforzado para las y los servidores públicos que tienen una particular investidura, a efecto de que se abstengan de intervenir de forma directa, o por conducto de otras autoridades, en los procesos electorales y que realicen sus funciones sin proclividad a favor o en contra de una determinada candidatura, partido político o coalición y, en cumplimiento irrestricto de la normatividad atinente.
7.3. Pronunciamiento sobre la validez de la elección
Esta Sala Superior advierte que la elección a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos fue una elección libre, auténtica y periódica, y que cumple con los principios que rigen la función estatal de organizar las elecciones: la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Tal como se verá a continuación.
Para que una elección sea válida se debe verificar que fue libre, auténtica y periódica, y que se cumplieron los principios que rigen la función estatal de organizar las elecciones. En caso contrario, es decir, que las elecciones no fueron libres, auténticas y periódicas, o que se incumplieron los principios constitucionales de manera tal que afectaron significativamente los resultados de la elección, procede declarar la invalidez de la elección.
En tal sentido, esta Sala Superior debe realizar una verificación de que la elección observó los indicados principios constitucionales, a efecto de determinar la validez de ésta, o bien, que se apartó de la regularidad constitucional, dado el carácter determinante de las inconsistencias acreditadas en los resultados finales.
En un primer momento, tal como se expuso en los antecedentes de este dictamen, relativos a los actos previos al inicio del proceso electoral, los actos preparatorios de la elección y la jornada electoral, fueron actos que se llevaron a cabo bajo los principios constitucionales, algunos porque, al no haber sido impugnados, gozan de la presunción de licitud, otros porque fueron impugnados y confirmados por esta Sala Superior, y en el caso de que aquellos que fueron revocados al estimarlos ilegales, se restituyó el orden jurídico violado.
Posteriormente, a través de los juicios de inconformidad interpuestos en contra de los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, en los que se solicitó la nulidad de la votación recibida en las casillas, por considerar que hubo irregularidades de la entidad tal que afectaron su validez, esta Sala Superior resolvió, en algunos casos desechar las demandas y en otros confirmar el cómputo correspondiente al haber desestimado los agravios atinentes.
Por último, previo a la emisión de este dictamen, la Sala Superior resolvió los medios de impugnación relativos a la solicitud de nulidad de elección. En la sentencia, en esencia, sostuvo que:
Respecto de la existencia de un contexto de violencia generalizada en todo el país o de la intervención del crimen organizado como factores determinantes para la nulidad de la elección presidencial, destacó que, del acervo probatorio, sólo se advirtieron referencias a situaciones de violencia aislada o focalizada, en su mayoría, en los ámbitos municipal o local, las cuales se basaron en opiniones subjetivas o en meras percepciones.
Tampoco se demostró la intervención de sindicatos para favorecer la candidatura que obtuvo la mayoría de los votos, porque los enlaces electrónicos aportados como pruebas sólo fueron indicios, que no estuvieron reforzados con otros medios de convicción, ni especificaron circunstancias de modo, tiempo y lugar de la supuesta coacción al voto de las personas sindicalizadas.
Por cuanto hace a la presunta intervención sistemática y reiterada del titular del Poder Ejecutivo Federal en el proceso electoral federal, se tuvo por no acreditada, en tanto que, algunas de las manifestaciones se refirieron a acontecimientos aislados que, de acuerdo con la magnitud de la participación ciudadana y los resultados, no afectaron la elección.
De igual manera, no se demostró una injerencia sistemática y reiterada de personas servidoras públicas (gubernaturas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un ministro ahora en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una senadora, el secretario de Ciudad de México), ni el presunto uso indebido del Centro Nacional de Inteligencia, porque, en esencia, se trataron de hechos aislados.
No se demostró la aplicación sesgada de los programas sociales, ni un desvío de recursos públicos para financiar la campaña de la candidata triunfadora y, por ende, no se acreditó la contravención a los principios constitucionales de equidad, neutralidad e imparcialidad.
Se desvirtuó que se haya orquestado una estrategia a nivel nacional y local para financiar una coacción y compra de votos, debido a la insuficiencia del acervo probatorio, al tratarse de notas periodísticas y publicaciones en redes sociales que no se adminicularon con otras pruebas y que solo aludieron a hechos aislados.
No se acreditó un proceder deficiente de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, sino una alta litigiosidad durante el proceso electoral federal para la renovación de la Presidencia de la República, además de que, tampoco se precisó en qué consistió el supuesto actuar irregular de la referida autoridad administrativa.
La consejera presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en modo alguno formuló expresiones contra la candidata a la Presidencia de la República de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, en tanto que, de los enlaces electrónicos se advirtió que sólo se refirió a un aspecto de su propaganda que, con posterioridad, se consideró ilegal, por la utilización indebida del logo del Instituto Nacional Electoral, cuya infracción fue determinada por la Sala Regional Especializada y confirmada por la Sala Superior, aunado a que, tampoco se precisó cómo trascendieron los movimientos de los debates en el resultado de la elección presidencial.
Tampoco se acreditó la indebida adquisición de tiempos en radio y televisión, porque la continuidad de las conferencias de prensa o que el contenido de algunas no se ajustara a los principios de neutralidad e imparcialidad, son conductas que se encuentran regidas por las prohibiciones de las personas servidoras públicas de no afectar la equidad de la contienda electoral, sin que se precisara cuáles de ellas o qué expresiones particulares presuntamente adquirieron una connotación proselitista susceptible de vulnerar la prohibición constitucional.
En suma, en la sentencia dictada en los expedientes SUP-JDC-906/2024 y acumulados se determinó infundada la pretensión de nulidad de la elección.
Lo anterior, a partir de que no hay elementos que lleven a este órgano jurisdiccional a una conclusión distinta.
7.4. Fiscalización
El primer término es necesario precisar que, para salvaguardar la equidad en la contienda, el artículo 41, párrafo tercero, base VI de la Constitución Federal establece que una elección será nula cuando algún partido político rebase del tope de gastos de campaña en un 5% del monto total autorizado, y ese rebase sea determinante, se presume determinante cuando la diferencia de la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%.
Los topes se refieren a la cantidad límite que pueden gastar los partidos políticos los cuales tienen como finalidad última evitar posibles ventajas indebidas para los institutos políticos y las candidaturas con motivo del uso recursos económicos mayores a los autorizados.
Con motivo del proceso electoral federal 2023-2024, la autoridad administrativa electoral nacional, mediante acuerdo INE/CG554/2023[61] determinó el tope de gastos de campaña para la elección de la Presidencia de la República en $660,978,723 (seiscientos sesenta millones novecientos setenta y ocho mil setecientos veintitrés pesos).
Para determinar si los sujetos obligados cumplieron con las disposiciones normativas previstas para tal fin o la posible afectación al principio de equidad en la contienda electoral, la autoridad administrativa fiscaliza los recursos ejercidos por los partidos políticos antes de la precampaña, durante la precampaña y campaña.
En el caso de la elección a la Presidencia de la República, de las constancias que obran en el expediente que remitió la Encargada del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, particularmente del dictamen consolidado aprobado por el Consejo General respecto de la revisión de los informes de gastos de compaña y su resolución, esta Sala Superior advierte que ninguna de las candidaturas registradas rebasó el tope de gastos de campaña.
Lo que se aprecia del citado dictamen y resolución es que, el Instituto Nacional Electoral impuso diversas sanciones a los partidos políticos por irregularidades administrativas que trajeron como consecuencia la imposición de sanciones, sin embargo, tales inconsistencias no son de la entidad suficiente para trascender a la validez de la elección.
Por lo tanto, esta Sala Superior considera que los gastos erogados por los partidos políticos durante las campañas electorales se ajustaron a los topes de gastos previamente determinados por la autoridad administrativa y al principio constitucional de equidad.
7.5. Observación electoral
El proceso electoral federal 2023-2024 se caracterizó por tener un número significativo de observadoras y observadores electorales. En el caso, se recibieron 34,881 solicitudes de acreditación, de las cuales 18,591 correspondieron a mujeres, 16,240 a hombres y 50 a personas no binarias. Del total de solicitudes 30,436 fueron individuales y 4,445 correspondieron a organizaciones[62].
De esas peticiones se aprobaron 25,126 acreditaciones: 11,698 correspondieron a hombres, 13,393 a mujeres y 35 a personas no binarias. Hasta el 10 de julio de 2024 se habían registrado 1,771 informes de personas observadoras electorales del proceso electoral. Por lo que hace a personas visitantes extranjeras se recibieron 1,355 solicitudes, de las cuales se aprobaron 1,309[63].
8. Elegibilidad
Por otra parte, esta Sala Superior realizará la verificación del acatamiento de los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la candidatura que obtuvo el mayor número de sufragios.
Esto permite garantizar la idoneidad de las personas que aspiran al ejercicio del poder público, mediante exigencias tales como contar con un vínculo con un ámbito territorial específico y una edad mínima, así como otros, de carácter negativo, como son la prohibición de ocupar ciertos cargos públicos o la proscripción de ser ministros de culto religioso, dada la separación Estado-Iglesia, entre otros.
También se pretenden evitar que una persona permanezca en la Presidencia de la República de forma indefinida, de ahí la prohibición total para quien haya ocupado el referido cargo por vía de elección popular, de forma interina, sustituta o provisional pueda acceder de nuevo al mismo.
Previo al estudio de la elegibilidad se debe tener presente que el 7 de junio de 2024, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación requirió a la Encargada de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para que remitiera los expedientes relacionados con el registro de las candidaturas a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos de Claudia Sheinbaum Pardo, de Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y de Jorge Álvarez Maynez. Cabe precisar que, la referida documentación se recibió en este órgano jurisdiccional el 11 de junio de 2024.
En el caso, la candidata Claudia Sheinbaum Pardo cumple con los requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la documentación presentada el 18 de febrero de 2024, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para su registro como candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” por las siguientes razones:
8.1. Ser ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hija de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años
Ciudadanía mexicana
El artículo 34 constitucional prevé que la ciudadanía la tienen los hombres y las mujeres mexicanos, mayores de 18 años, que tengan un modo honesto de vivir.
Al efecto, de la copia certificada del acta de nacimiento de Claudia Sheinbaum Pardo se advierte que nació en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) el 24 de junio de 1962, con lo cual se demuestra que es mexicana por nacimiento y que tiene más de 18 años.
En cuanto al requisito de tener un modo honesto de vivir, es importante resaltar que el registro de la candidata fue impugnado por Movimiento Ciudadano por considerar que se incumplía, sin embargo, esta Sala Superior[64] determinó confirmar el acto, porque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción de criterios[65], que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 2/2023 (11a.) de rubro: “MODO HONESTO DE VIVIR. LAS AUTORIDADES NO PUEDEN EXIGIR A LAS PERSONAS CUMPLIR CON ESE REQUISITO LEGAL A FIN DE ACCEDER A UN CARGO PÚBLICO, COMO TAMPOCO PUEDEN SANCIONARLAS DETERMINANDO QUE CARECEN DE ESE MODO DE VIVIR”. En ese sentido, estimó que no era dable la exigencia de tener un modo honesto de vivir para efecto de acreditar la ciudadanía mexicana y acceder a un cargo público.
La ciudadanía también quedó comprobada con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral, sin que en el expediente se adviertan elementos que evidencien que Claudia Sheinbaum Pardo perdió su nacionalidad.
En conclusión, Claudia Sheinbaum Pardo tiene la ciudadanía mexicana por nacimiento, pues nació en el territorio nacional y cuenta con más de 18 años.
Pleno goce de sus derechos
Por otra parte, la exigencia relativa al pleno goce de sus derechos se debe considerar cumplida porque, no existen medios de prueba con los cuales se demuestre que Claudia Sheinbaum Pardo esté privada o suspendida en el goce o ejercicio de sus derechos o prerrogativas como ciudadana.
Hija de padre o madre mexicanos
La exigencia de ser hija de padre o madre mexicanos se satisface debido a que, de la copia certificada del acta de nacimiento referida, se advierte que el padre y la madre de Claudia Sheinbaum Pardo tienen nacionalidad mexicana. Lo anterior, ya que ellos así lo manifestaron a la autoridad competente en 1962, en el momento que registraron a su hija.
Residencia mínima de 20 años en territorio nacional
Se tiene por cumplida la exigencia relativa a residir en México durante al menos 20 años. En la calificación de las elecciones presidenciales de 2000, 2006, 2012 y 2018, se adoptó el criterio consistente en que, para acreditar la residencia efectiva durante el periodo indicado, se deben establecer los puntos inicial y final de un periodo, que permitan presumir que se cuente con ella en el periodo intermedio.
En la especie, la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo ha residido en México por más de veinte años, debido a que, con la copia certificada de su acta de nacimiento se acredita el punto inicial del referido período (24 de junio de 1962) y se considera como punto final el día de la elección (2 de junio de 2024). Por tanto, se presume que el lapso intermedio, que es mayor a 20 años, también residió en el país.
Además, es un hecho público y notorio que, en los últimos 20 años ha tenido una participación política destacada, debido a que fue Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal (ahora Ciudad de México de 2000-2006); Jefa Delegacional en Tlalpan (2015 a 2017) y Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018-2023). Por lo que se concluye que tiene residencia mayor a 20 años en el país, con motivo del ejercicio de los referidos cargos, sin que existan medios de convicción de los que se advierta una situación contraria.
Por tanto, el requisito de residencia está satisfecho y, con ello se tienen por cumplidas las exigencias establecidas en la fracción I del artículo 82 de la Constitución Federal.
8.2. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección
De conformidad con la copia del acta de nacimiento, se puede advertir que Claudia Sheinbaum Pardo tiene 62 años, con lo cual está cumplida la exigencia establecida en la fracción II del artículo 82 de la Constitución Federal.
8.3. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección
La exigencia se da por satisfecha, en virtud de que la elección se efectuó el 2 de junio de 2024, y en el expediente respectivo existen elementos suficientes, así como hechos notorios, para demostrar que Claudia Sheinbaum Pardo residió en el país en el año anterior a esa fecha, pues fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México de 2018 hasta el 16 de junio de 2023 (fecha en que se separó de manera definitiva del cargo) y participó de junio a septiembre de 2023, en el proceso de designación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación; y, posteriormente, tuvo el carácter de precandidata a la Presidencia de la República de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.
Asimismo, el 29 de febrero de 2024 fue registrada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como candidata a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos por la citada coalición. Como consecuencia del registro realizó campaña electoral entre el 1 de marzo al 29 de mayo del presente año. En esta etapa participó en los 3 debates organizados por la autoridad administrativa electoral nacional, el 7 de abril, el 28 de abril y el 19 de mayo de 2024.
Además, no existen medios de convicción con los que se acredite que Claudia Sheinbaum Pardo residió fuera del territorio nacional en algún tiempo del citado plazo.
8.4. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministra de culto religioso
Se tiene por cumplido el requisito ya que no existen elementos que acrediten que pertenece al estado eclesiástico o que es ministra de algún culto religioso.
8.5. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección
En el caso no existen elementos de convicción mediante los cuales se demuestre que Claudia Sheinbaum Pardo esté en servicio activo en las fuerzas armadas, lo cual no fue materia de cuestionamiento durante el registro ni con posterioridad, de ahí que la referida ciudadana no se ubica en la prohibición en análisis.
8.6. No ser secretaria o subsecretaria de Estado, Fiscal General de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de una entidad federativa, a menos que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección
En primer término, es un hecho público y notorio que, en los últimos 6 meses, Claudia Sheinbaum Pardo, no ha desempeñado alguno de los cargos públicos señalados en la fracción VI, del artículo 82 de la Constitución Federal que resultan incompatibles con la candidatura a la Presidencia de la República.
Asimismo, cabe precisar que, Claudia Sheinbaum Pardo también cumple con el requisito relativo a no ser titular del Poder Ejecutivo de una entidad federativa y separarse de tal cargo 6 meses antes del día de la elección, ya que es un hecho público y notorio que la mencionada ciudadana comunicó al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, su separación definitiva del cargo de Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a partir del 16 de junio de 2023, lo cual fue considerado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al momento de la aprobación del registro de su candidatura.
8.7. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83 constitucional
Aunado a que, tampoco se acredita que Claudia Sheinbaum Pardo haya tenido el carácter de Presidenta constitucional, interina, sustituta o provisional, previstas como causales de inelegibilidad en el artículo 83 constitucional.
Por lo tanto, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluye que la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo satisface los requisitos constitucionalmente previstos para ser la primera Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.
9. Del ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres
Hasta este momento se determinó que la candidata Claudia Sheinbaum Pardo fue la que obtuvo la mayoría de los votos, que la elección es válida por cumplir los principios constitucionales y que ella es elegible por reunir los requisitos para ejercer el cargo de Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede declararla la primera mujer Presidenta Electa.
Sin embargo, antes de hacer esa declaratoria formal resulta relevante describir brevemente la lucha de las mujeres por ejercer sus derechos político-electorales hasta llegar a este momento histórico, en que por primera vez una mujer resulta electa para ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo Federal.
La incursión de las mujeres en la representación política de México ha sido paulatina, pero firme, inmersa en una búsqueda histórica y constante de las mexicanas por obtener un lugar en todos los ámbitos de la vida pública. Esta lucha ha rendido muchos frutos, hoy, el más importante, es que por primera vez en nuestro país fue electa una mujer en la Presidencia de la República.
El camino ha sido largo y sinuoso, sin embargo, con el arribo de una mujer al máximo cargo de liderazgo en la política mexicana se resignifica el papel de las mujeres en el ideario colectivo como agentes de cambio activo que inciden de forma directa en la toma de decisiones, dando nuevos bríos a la exigencia de los derechos político-electorales de las mexicanas.
Las siguientes líneas presentan un breve recorrido por los eventos emblemáticos que han dejado huella en la vida política de las mujeres mexicana: las precursoras en la exigencia de los derechos político-electorales, el reconocimiento del derecho de las mujeres al sufragio, a ser electas a cargos de elección popular, la garantía de la paridad de género en su representación política mediante las progresivas reformas constitucionales y legales en materia electoral.
Estos temas se abordan en los tres niveles de gobierno, iniciando con el ámbito municipal, pasando por el Estatal (diputaciones y gubernaturas) y concluyen en el federal (diputaciones, senadurías y Presidencia).
9.1. Reformas: del reconocimiento del derecho a votar y ser votadas a la paridad
Sobre las reformas electorales en materia de paridad, aquella que ha marcado un hito en la vida pública de México fue la reforma constitucional de 1953, que reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas como parte de la ciudadanía mexicana, calidad que hasta ese momento era exclusiva de los hombres.
Cuarenta años después, en 1993 se reformó el entonces Código Federal de Procedimientos Electorales para establecer, por primera vez, en su artículo 175 tercer párrafo, que se debía promover una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular[66].
Posteriormente, en 1996, las cuotas fueron reconocidas jurídicamente, al preverse en el transitorio vigésimo segundo de la reforma al citado código de 22 de noviembre de dicho año, que los partidos políticos “debían considerar” en sus estatutos que las candidaturas para diputaciones y senadurías por ambos principios, no debían exceder de un 70% para un mismo género[67]; sin embargo, al no regularse una consecuencia jurídica o sanción por su incumplimiento, su exigibilidad quedó al arbitrio de los entes políticos, como una mera sugerencia.
Regla que se complementó en el 2002, cuando al reformarse el mencionado código se precisó que total de candidaturas registradas para diputaciones y senadurías “en ningún caso”, se incluirían más del 70% de postulaciones propietarias de un mismo género[68] con lo cual se remarcó su obligatoriedad.
Dicha cuota aumentó en 2008, con la expedición del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual contempló en su artículo 219 que, del total de postulaciones para diputaciones y senadurías, al menos el 40% de candidaturas propietarias debían corresponder a un mismo género.
En ese contexto, las cuotas fueron la antesala del reconocimiento de la paridad en la reforma electoral constitucional de 2014, que obligó a los partidos políticos a garantizarla en candidaturas a diputaciones federales y locales[69], es decir, se igualó la participación entre los géneros en un 50-50%. En el entendido que la paridad representa un piso mínimo.
De igual manera, en ese mismo año, se desarrolló un andamiaje legal[70] que dotó de contenido normativo a la paridad al instaurar reglas como la alternancia de género en las listas de representación proporcional[71] y vedar que las mujeres sean asignadas en los distritos de menor votación en el proceso electoral
previo[72] y, por ende, con pocas posibilidades de triunfo.
Empero, la paridad en México alcanzó su mayor fortaleza con la reforma electoral de 2019[73], conocida como la “Reforma de la Paridad en Todo”, con la cual se reformó la Constitución para reconocer la paridad en los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal, al establecer en el artículo 35 el derecho de la ciudadanía a “poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular”.
Así, es innegable que la paridad en nuestro país se ha establecido como una directriz que enmarca la lucha de las mujeres por sus derechos y, en específico, en el ámbito político-electoral por alcanzar la representación en el poder público en condiciones de igualdad.
9.2. Una mirada a lo municipal
Desde un punto de vista histórico los factores que han impulsado la participación femenina en México han sido innumerables, externos: tales como la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Olimpia de Gouges en Francia[74] o la ratificación de tratados internacionales en materia de derechos de la mujer[75], e internos: como los movimientos feministas que surgieron con la Revolución mexicana[76].
En el ámbito municipal, destaca el liderazgo político de Elvia Carrillo Puerto en Yucatán, quien inspiró a otras mujeres a participar en la vida pública.
Por otra parte, en las elecciones de 7 de noviembre de 1922, eligió a la primera mujer para un cargo de elección popular, al resultar vencedora Rosa Torre González como regidora del Ayuntamiento de Mérida[77]. Posteriormente, en 1938 Aurora Meza Andraca fue la primera mujer en ocupar una presidencia municipal en México (Chilpancingo, Guerrero)[78].
Asimismo, fue a nivel municipal en donde, inicialmente se reconoció el derecho a votar de las mujeres, cuando el 12 de febrero de 1947 se reformó el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer: “En las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas”[79]. Reforma que fue complementada cuando en 1953, se reformó el artículo 34 Constitucional para reconocer el derecho del sufragio femenino en todas las elecciones.
No obstante, en las siguientes décadas la representación de las mujeres en el ámbito municipal se mantuvo baja, porque no hubo reformas constitucionales o legales relevantes, tan es así que, de 1986 a 2006 el porcentaje de alcaldesas electas no superó el 4%, por su parte las sindicaturas y regidurías ocupadas por mujeres no rebasó el 12% y 28%, respectivamente[80].
Esa pausa en la representación política femenina se reactivó con la reforma electoral de 2014 que fijó el cumplimiento de la paridad de género como una obligación y dejó atrás el tema de las cuotas.
Fue así como, de 2015 a 2023, se experimentó una mayor progresividad en el porcentaje de representación de las mujeres que ocupan presidencias municipales, el cual incrementó del 9.4% al 26.20%[81], posiblemente impulsado por nuevas reglas implementadas para el registro de candidaturas.
Por mencionar algunas, sobresale la obligación de garantizar la paridad vertical y horizontal[82], así como la transversal. La verticalidad asegura que en una misma planilla se postulen los cargos de elección en alternancia e igual proporción de género[83], mientras que, la horizontalidad garantiza la igualdad de géneros en el registro de candidaturas entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de un determinado estado[84]. Por su parte la transversalidad estatuye la incorporación de bloques de competitividad, los cuales tienen como finalidad evitar que a las mujeres le sean asignadas las candidaturas de las demarcaciones con los porcentajes de votación más bajos dentro de los partidos políticos que las postulan. Estas medidas abonan a alcanzar la paridad en su vertiente cualitativa[85].
Adicionalmente, se ha establecido como regla que en las fórmulas de candidaturas la persona propietaria y suplente deban ser del mismo género, la cual se ha maximizado para permitir que en fórmulas encabezadas por hombres se postulen como suplentes a mujeres[86].
Si bien es cierto el ámbito municipal obsequió los primeros triunfos a las mujeres para incursionar en espacios públicos de representación, paradójicamente en la actualidad es el que representa mayor resistencia para alcanzar una paridad sustantiva, y donde hay una amplia agenda pendiente.
9.3. El panorama estatal: diputaciones y gubernaturas
Diputaciones
El ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en México a nivel estatal tuvo sus inicios en 1917 cuando Hermila Galindo Acosta, tras negársele su solicitad sobre el reconocimiento del derecho al sufragio femenino por el Congreso Constituyente de Querétaro, decidió postularse como diputada local para el Congreso del entonces Distrito Federal y aunque no resultó ganadora, se convirtió en la precursora para la participación de las mujeres en el ámbito legislativo local[87].
Otras mujeres pioneras en la representación política estatal fueron Beatriz Peniche Barrera, Elvia Carrillo Puerto y Raquel Dzib Cicero quienes en 1923 fueron electas, por primera vez, como congresistas integrantes de la XVIII Legislatura del Estado de Yucatán, sin que ninguna de ellas pudiera ejercer su cargo, ya que, tras la muerte de Felipe Carrillo Puerto, un año después, su elección fue anulada[88].
Entre las precursoras, destaca Elvia Carrillo Puerto quien en 1925 se postuló, por segunda ocasión, para ocupar un cargo en el Congreso de San Luis Potosí, respecto del cual nuevamente resultó electa, empero no pudo ejercerlo debido a que la Comisión Permanente de la Cámara de Diputaciones se negó a reconocer su curul argumentando que el derecho a ser elegidos para puestos públicos estaba reservado a hombres, según lo disponía la Ley Federal Electoral[89].
En cuanto al avance normativo, después de la reforma constitucional de 2014, se expidió la Ley General de Procedimientos Electorales y una Ley General de Partidos Políticos cuyo contenido estableció estándares mínimos que exigían la armonización legislativa a nivel local, lo que implicó que diversas legislaturas también emitieran o reformaran normas para alcanzar la paridad. Como dato relevante, en 2018 nueve entidades federativas incorporaron en su normativa la paridad de género: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas[90].
Lo cual, fue complementado con reglas derivadas de la resolución de casos judiciales, tales como la alternancia de género en la lista definitiva para la asignación de candidaturas por el principio de representación proporcional[91], el encabezamiento de mujeres en las listas por dicho principio[92], los ajustes necesarios a las listas siempre que se asegure el acceso a un mayor número de mujeres[93] y que la integración de un órgano legislativo mayoritariamente por el género femenino no vulnera la paridad[94].
El impacto de esa evolución normativa fue positivo, pues como resultado del proceso electoral 2014-2015 las legislaturas de Campeche, Guanajuato, Guerrero y Querétaro de contar con 3 o 4 curules ocupadas por mujeres aumentaron entre 10 y 13[95]. Asimismo, en un comparativo del porcentaje de representación política alcanzado por las mujeres en las 17 entidades federativas que celebraron comicios sobresalen Campeche, Chiapas y Querétaro por superar el 50% de curules, mientras que, Morelos logró el 50%, y en los casos de Baja California Sur y Jalisco la diferencia entre los géneros fue de un escaño que favoreció a los hombres al ser sus cámaras impares; empero, en las restantes once entidades el número de hombres fue mayor que el de mujeres[96].
Por otro lado, derivado del proceso electoral 2018-2019, en algunos congresos locales la representación de las mujeres excedió el 50%: Baja California Sur, Coahuila, Colima, Oaxaca y Tlaxcala. En otros, el porcentaje llegó a 65% y 70% de diputadas, como lo fueron los casos de Chiapas y Morelos, respectivamente. No obstante, algunas entidades no alcanzaron el 50% que fue el caso de Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa y Zacatecas, entre otros[97].
Afortunadamente, tales cifras fueron superadas en el siguiente proceso electoral, pues derivado de las elecciones de 2021, por primera vez en la historia hay más mujeres que hombres en los congresos locales, dado que, de 1,063 personas congresistas electas, 566 fueron mujeres, 496 hombres y un congresista no-binario, por lo que la representación del género femenino constituyó un 53% del total de los cargos elegidos[98].
9.4. Mujeres en las gubernaturas
La representación de las mujeres en la titularidad del poder ejecutivo estatal comenzó en 1979, cuando Griselda Álvarez Ponce de León resultó electa primera gobernadora del estado de Colima, quien mostró desde su primer discurso su compromiso por preservar la paridad de género al expresar: “Vivamos un tiempo nuevo de plena igualdad con los hombres; sin privilegios que no requerimos, pero sin desventajas que no merecemos”.
Empero, desde ese año hasta las elecciones de 2015, únicamente, siete mujeres encabezaron el cargo de gobernadoras[99], resultando preocupante que, en ese último proceso electoral, de las veintiún gubernaturas a renovarse, solo una mujer resultó ganadora para desempeñar el cargo en el estado de Sonora.
Pese a los avances en paridad de género adquiridos con la reforma constitucional de 2014, las siguientes elecciones de 2016 tampoco arrojaron números positivos, porque de las catorce postulaciones de mujeres para ocupar el cargo de gobernadora en las ocho entidades en contienda, ninguna resultó electa[100].
En 2017, las entidades de Coahuila y Estado de México se enlistaron para renovar la titularidad del ejecutivo destacando la participación de tres mujeres como candidatas, sin que ninguna resultara vencedora en la contienda respectiva.
Más tarde en 2018, dos mujeres más se sumaron al frente del Poder Ejecutivo local, una de ellas encabezó la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la otra fue elegida para la gubernatura en el estado de Puebla, ambas fueron las primeras mujeres electas para ocupar dicho encargo en sus entidades[101].
En las elecciones locales de 2021, cuatro mujeres se convirtieron en las primeras gobernadoras de las entidades federativas en que contendieron (Baja California, Campeche, Chihuahua y Guerrero), mientras que, dos fueron las segundas en ocupar dicha encomienda (Colima y Tlaxcala). Resultado, cuyo factor determinante fue la reforma constitucional denominada “Paridad en Todo” de 2019, y que este Tribunal electoral determinó aplicar directamente la Constitución para implementar una acción afirmativa consistente en ordenar a los partidos políticos nacionales postular por lo menos a siete mujeres como candidatas en las quince gubernaturas a renovar en el territorio nacional[102].
Luego, en 2022, de las seis gubernaturas a elegirse, sólo en dos de ellas ganaron mujeres (Aguascalientes y Quintana Roo); lo cual fue resultado de que, el Instituto Nacional Electoral[103] ordenó a los partidos políticos nacionales postular, al menos, a tres mujeres[104] como candidatas dentro de los seis cargos en contienda[105].
De manera inmediata, en 2023, se renovó el Poder Ejecutivo del Estado de México y de Coahuila, resultando una mujer vencedora para encabezar el primero de ellos.
Hasta ese momento de la historia, dieciocho mujeres habían ejercido el cargo público más importante del Poder Ejecutivo en el ámbito estatal, pero el anhelo por cumplir con una paridad sustantiva es un reto que se incrementa en cada elección.
Fue así como, llegó el proceso electoral concurrente 2023-2024, trayendo consigo la expectativa de renovar a ocho gubernaturas y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En esa contienda, el día de la jornada electoral, cuatro mujeres obtuvieron la mayoría de los votos, de confirmarse esos triunfos, en tres estados involucrados (Guanajuato, Morelos y Veracruz) será la primera vez que una mujer gobierne y represente sus territorios. Tal cifra se alcanzó entre otros factores porque el Instituto Nacional Electoral ordenó a los partidos políticos nacionales postular por lo menos cinco candidatas en los cargos a renovarse[106].
9.5. Paridad de género en la legislatura federal (diputaciones y senadurías)
Tuvieron que transcurrir tres décadas, desde que se eligió a mujeres en una diputación local[107], para que en las elecciones extraordinarias celebradas el 4 de julio de 1954, en el Distrito I del estado de Baja California, Aurora Jiménez de Palacios se convirtiera en la primera diputada federal a integrar el Congreso de la Unión.
En cuanto a senadurías, las dos primeras mujeres en ocupar el cargo fueron María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia (periodo legislativo 1964-1970) por los estados de Sonora y Campeche.
Pese a que las mujeres tenían reconocido su derecho a votar y ser votadas; entre los años 1955 y 1970, el promedio de diputadas federales no superó el 5%. En las siguiente tres décadas (1970-1990) la representación de las mujeres no rebasaba el 10% de los cargos legislativos del Congreso de la Unión, y para 1994 únicamente se alcanzó el 14%[108]. Ante un avance minúsculo, la solución radicaba en implementar en la legislación electoral medidas compensatorias para que las mujeres reivindicaran su presencia en la política mexicana.
Así, en la integración de la LVI Legislatura (1994-1997) el porcentaje de mujeres incrementó de 8.4% a 13.8% en diputaciones y de un 4.6% a 13.3%, en senadurías[109]. Ese resultado fue motivado por la reforma de 1993 cuando en el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se previó una recomendación a los partidos políticos de impulsar la participación de las mujeres, sin regularse alguna sanción por el incumplimiento.
Derivado de la siguiente reforma electoral, en 1996, el código volvió a establecer otra recomendación para que los partidos políticos consideraran en sus estatutos que las candidaturas, por ambos principios, no excedieran del 70% para un mismo género; empero, no se previó alguna sanción para el incumplimiento de la citada cuota.
Las reglas de la participación de las mujeres debían ser más claras y contundentes para generar resultados positivos, es así como, en 2002 llegó la reforma al código para exigir a los partidos políticos cumplir el porcentaje de un 70-30% en la totalidad de las candidaturas de diputaciones y senadurías y, por primera ocasión, se implementaron sanciones ante el incumplimiento a la medida.
Otra cuota de género obligatoria para los partidos políticos surgió a principios de 2008, con la reforma al código para establecer un porcentaje del 60-40% para candidaturas a diputaciones y senadurías. Por su parte, las listas de representación proporcional se conformarían por segmentos de cinco candidaturas y en cada segmento habría por lo menos dos mujeres, de manera alternada[110].
Por cuanto hace al cumplimiento de esa cuota (60-40%), es necesario destacar que se exceptuaba cuando se tratara de candidaturas de mayoría relativa que resultaran electas como consecuencia de un “proceso democrático” de conformidad a los estatutos de cada partido político. Esta medida, claramente repercutió de manera desalentadora para las mujeres en 2009, porque permitía el registro de hombres en más del 60% de las candidaturas.
Para la siguiente elección federal de 2012, fue representativo el porcentaje de curules a las que accedió el género femenino en la integración de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, con un 36.2% en diputaciones y un 32.8% en senadurías.
Este resultado tiene como antecedente uno de los criterios[111] que cambió el cumplimiento de la paridad de género[112]. En síntesis, se estableció que: las fórmulas de candidaturas debían ser del mismo género (propietario-suplente) aplicable tanto para mayoría relativa como representación proporcional; y, la elección del “método democrático” partidista no era justificación para incumplir con la cuota electoral 60-40%.
Después de ese antecedente, los resultados avanzaron en 2015, para transitar de un 36.2% a un 42.4% en la integración de mujeres en la Cámara de diputaciones, por su parte el Senado de la República se consolidó de un 32.8% a 36% en la representación del género femenino[113]. Sin duda, ese significativo avance se debió a la reforma constitucional de 2014 y las reglas que derivaron de ella, como la alternancia y el mandato de no asignar en forma exclusiva a mujeres en los distritos que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.
Para 2018, las cifras seguían aumentado, la Cámara de diputaciones se integró por 241 mujeres (48.3%), mientras que, la Cámara de senadurías quedó representada por 63 mujeres, lo que equivalía a un 49.22%[114].
Después de ese largo devenir, llegó el proceso electoral 2021, que materializó una representación inédita en el cumplimiento de la paridad de género, pues la Cámara de diputaciones, por primera vez, se integró con 250 mujeres y 250 hombres. Mientras tanto, la Cámara de senadurías se integró con un 50.4% de mujeres y un 49.6% de hombres.
Se alcanzó ese porcentaje de representación gracias a un criterio jurisdiccional de este Tribunal electoral[115], ya que inicialmente la integración de la Cámara de diputaciones sería con 251 hombres y 249 mujeres, sin embargo, la Sala Superior, a través de su sentencia determinó modificar la asignación de diputaciones de representación proporcional, para sustituir a un hombre por una mujer y así alcanzar
la paridad.
Los porcentajes de representación reflejan que se ha alcanzado la paridad sustantiva en la integración de la legislatura federal, pero la lucha por afianzar a las mujeres en los órdenes de gobierno debe continuar, porque la paridad lograda es un piso mínimo, no un techo, en comparación a la desventaja
histórica-estructural que ha sufrido el género femenino para ocupar espacios públicos que nunca debieron restringírsele.
9.6. Presidencia de la República
El actual proceso electoral ha significado para las mujeres avanzar un peldaño más hacia el fortalecimiento de la “Paridad en Todo”, pues si bien, desde la reforma constitucional de 2019, la paridad está prevista como un derecho de la ciudadanía para el acceso a todos los cargos de los tres órdenes de gobierno, hasta ahora las mujeres no habían participado de forma preponderante en una elección presidencial.
El camino a la paridad en la Presidencia no está exento de resistencia, pues tuvieron que pasar prácticamente 30 años desde la reforma de 1953, para que en 1982 se postulara, por primera ocasión, a una mujer: María del Rosario Ybarra de la Garza (Rosario Ibarra de Piedra), por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, quien también fue postulada por el mismo partido en 1988; con posterioridad a ella, únicamente, en siete candidaturas se postularon mujeres para la titularidad del Ejecutivo Federal: Cecilia Soto González (1994), Marcela Lombardo Otero (2000), Dora Patricia Mercado Castro (2006), Josefina Eugenia Vázquez Mota (2012)[116], Margarita Esther Zavala Gómez del Campo(2018)[117], Claudia Sheinbaum Pardo y Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz (2024).
No obstante, en un contexto sin precedentes, en el actual proceso electoral federal presidencial dos de las tres candidaturas contendientes fueron mujeres y como resultado histórico una de ellas resultó ganadora, por lo que México tendrá su primera Presidenta de la República.
Suceso que hace evidente que han tenido que pasar más de 70 años para que los derechos
político-electorales de las mujeres evolucionaran del reconocimiento del derecho a votar hasta materializar su prerrogativa a ser votadas para todos los cargos de elección popular. Lo anterior, porque por primera vez en México una mujer será Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.
La historia que hoy se escribe tiene como protagonista a la primera mujer Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, un escenario que nos invita a asumir un compromiso por mantener y fortalecer la igualdad sustantiva en todos los espacios de poder político de nuestro país.
Este trascendental momento no debe entenderse como una meta que se alcanzó, sino, como un punto de inicio, en que la igualdad sustantiva se convierte en un hábito, en algo que se aprende y se practica todos
los días.
10. Declaración de Presidenta electa
Por último, toda vez que se ha efectuado el cómputo final, verificada la validez de la elección y determinada la elegibilidad de la candidata electa, con fundamento en los artículos 99, párrafo 4, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 169, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta Sala Superior:
D E C L A R A
PRIMERO. La candidata Claudia Sheinbaum Pardo, postulada por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena obtuvo la mayoría de los votos en la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. La elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos es válida por cumplir con los principios constitucionales.
TERCERO. La ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo satisface los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Se declara a Claudia Sheinbaum Pardo primera Presidenta Electa de los Estados Unidos Mexicanos para que desempeñe el cargo del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030.
QUINTO. Se ordena expedir la constancia de mayoría y validez a la ciudadana Presidenta Electa, en la sesión solemne que para tal efecto se convoque.
Notifíquese
Personalmente a Claudia Sheinbaum Pardo, anexando copia certificada de esta declaración de validez.
Por oficio a la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión, en septiembre, por conducto de la Presidencia de su Mesa Directiva, a efecto de que expida y publique el Bando Solemne a que se refiere el artículo 74 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dar a conocer en toda la República que Claudia Sheinbaum Pardo ha sido declarada primera Presidenta Electa de los Estados Unidos Mexicanos.
Por oficio, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Presidencia.
Por oficio, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a través de su Presidencia.
Por oficio, al Archivo General de la Nación, a través de su Director, debiendo remitir un ejemplar de la constancia de mayoría de votos y declaración de validez de la elección, para su resguardo, por ser un documento de alto valor testimonial para el Estado Mexicano. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fracción XXV, 6 párrafo segundo y 105 de la Ley General de Archivos.
Finalmente, publíquese en los estrados y en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como en el Diario Oficial de la Federación.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron las Magistradas y los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con los votos razonados de la magistrada Janine M. Otálora Malassis y del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.
Magistrada Presidenta, Mónica Aralí Soto Fregoso.- Rúbrica.- Magistrados Electorales: Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Janine M. Otálora Malassis, Reyes Rodríguez Mondragón, Claudia Valle Aguilasocho.- Rúbricas.- Secretario General de Acuerdos, Ernesto Santana Bracamontes.- Rúbrica.
ANEXO DEL DICTAMEN RELATIVO AL CÓMPUTO FINAL DE LA ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN Y LA DECLARACIÓN DE PRESIDENCIA ELECTA
C Ó M P U T O F I N A L
El cómputo de la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, se conforma por las cantidades asentadas en los 3 cuadros que integran las 300 actas de cómputo distrital de la elección de referencia, más la votación por entidad federativa de las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero.
A continuación, se insertan las siguientes tablas: a) total de votos en los 300 distritos electorales del país; b) Suma de votos de los cuadros que contienen la distribución final de votos a partidos políticos; y c) votación final obtenida por las candidaturas (APARTADO A).
El INE remitió 32 actas de cómputo de entidad federativa de la citada elección que contiene los votos de las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, siendo necesario obtener el concentrado de votación referido en el párrafo anterior a nivel estatal, para poder sumar, por entidad, los votos emitidos desde el extranjero (APARTADO B).
Las operaciones anteriores permitirán contar con el resultado final de la elección, misma que se impactará en los cuadros correspondientes desagregada por: a) total de votos por distrito; b) Suma de votos de los cuadros que contienen la distribución final de votos a partidos políticos; y c) votación final obtenida por
las candidaturas (APARTADO C)
