ACUERDO mediante el cual se reforma el Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción.
Al margen un logotipo, que dice: Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, con fundamento en los artículos 113, fracciones I y III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 y 9, fracción III, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y
CONSIDERANDO
Que, mediante el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, se reformaron, entre otros, el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos;
Que el artículo 113, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula que para el cumplimiento de su objeto el SNA contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de la Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana;
Que el artículo 113, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (Comité Coordinador) para realizar el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción;
Que, con fundamento en el artículo 8 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del SNA y tiene bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción;
Que, con fundamento en la fracción III del artículo 9 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité Coordinador cuenta con la facultad de aprobar, diseñar y promover la política nacional en la materia, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación;
Que, en la Primera Sesión Ordinaria 2020, celebrada el día 29 de enero de ese año, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó, por unanimidad, la Política Nacional Anticorrupción, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2020;
Que el "Acuerdo mediante el cual el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprueba la Política Nacional Anticorrupción", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2020, en su artículo Tercero Transitorio mandata a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) la integración de un grupo técnico, conformado por los Enlaces de las instituciones del Comité Coordinador, para establecer las pautas, guías, normativa y, en su caso, formatos para la implementación de la Política Nacional Anticorrupción;
Que, con base en los trabajos realizados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción en estrecha colaboración con las instituciones que integran el Comité Coordinador, la academia, el sector empresarial y organizaciones de la sociedad civil, se elaboró un proyecto de Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción, con 4 subprogramas que derivan de cada uno de los Ejes que integran la Política Nacional Anticorrupción, con 64 Estrategias y 140 Líneas de Acción, para ser sometido a consideración y, en su caso, aprobación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;
Que, en su Primera Sesión Ordinaria de 2022, celebrada el día 27 de enero de ese año, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó, por unanimidad, el Programa de Implementación de la Política Nacional (PI-PNA), así como los indicadores y variables para su seguimiento, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 2022, entrando en vigor el día de su publicación;
Que adicionalmente a la aprobación del PI-PNA, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó, en su Primera Sesión Ordinaria de 2022, requerir a la SESNA la integración de reportes de avance sobre la implementación con una periodicidad anual a partir de su entrada en vigor;
Que, en cumplimiento al Acuerdo referido en el párrafo anterior, la SESNA presentó al Comité Coordinador, en su Segunda Sesión Ordinaria 2023, celebrada el 11 de mayo ese año, el Primer Informe de Ejecución del PI-PNA;
Que uno de los principales aspectos observados por la SESNA en el Primer Informe de Ejecución del PI-PNA es un bajo nivel de congruencia entre los diseños de los indicadores con los objetivos de medición de las Estrategias del PI-PNA;
Que con la finalidad de garantizar que exista un adecuado seguimiento al avance en la concreción de las Estrategias del PI-PNA, resulta imperioso modificar los diseños de los indicadores del PI-PNA para que se pueda contar con un panorama sobre el grado de cumplimiento a las prioridades de la PNA; y
Que en la Primera Sesión Ordinaria 2024, celebrada el 8 de febrero de 2024, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, ha tenido a bien aprobar, por unanimidad, el siguiente:
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.
PRIMERO. Se modifican los Indicadores de las Estrategias del Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción que se mencionan a continuación:
1. Estrategia 1.1 Impulsar, entre las instancias anticorrupción federales y locales, acciones sistemáticas de coordinación y difusión que permitan a las autoridades competentes prevenir, investigar, substanciar y sancionar faltas administrativas.
2. Estrategia 1.2 Identificar procesos a cargo de las autoridades competentes en la investigación, substanciación, determinación, resolución y sanción de faltas administrativas graves y no graves susceptibles de armonización a nivel nacional mediante el desarrollo e intercambio de información.
3. Estrategia 2.1 Fortalecer los mecanismos de comunicación entre las instituciones encargadas de prevenir, detectar, investigar, substanciar y sancionar faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, con las autoridades fiscales y otras que podrían intervenir en materia de inteligencia financiera.
4. Estrategia 3.1 Impulsar la homologación de capacidades técnicas a escala nacional de las instancias encargadas de la administración, la generación de información, así como del aprovechamiento de la información de la Plataforma Digital Nacional.
5. Estrategia 3.2 Implementar mecanismos de inteligencia anticorrupción en los entes públicos encargados de la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción en los tres órdenes de gobierno.
6. Estrategia 4.1 Fomentar la adopción de prácticas orientadas a una cultura de apertura gubernamental y de justicia abierta mediante esquemas de transparencia proactiva de información sobre prevención, denuncia, detección, investigación, resolución y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción.
7. Estrategia 4.2 Impulsar el desarrollo de guías, herramientas y esquemas de colaboración que faciliten la publicación y, a su vez, permitan la accesibilidad a información pública relacionada con actos de corrupción, salvaguardando la información reservada y confidencial, y el debido proceso.
8. Estrategia 5.1 Impulsar la adopción de un marco normativo homologado a nivel nacional en materia de protección a denunciantes de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción.
9. Estrategia 6.1 Desarrollar instrumentos de coordinación, colaboración y concertación con entes públicos federales y estatales para la implementación de las medidas de protección.
10. Estrategia 7.1 Articular una política criminal entre las diferentes instancias que intervienen en la prevención, detección y sanción ante hechos de corrupción, con base en una coordinación adecuada, con enfoque de Derechos Humanos, perspectiva de género y pertinencia cultural.
11. Estrategia 8.1 Impulsar un modelo de evaluación del desempeño de las instancias responsables de la investigación, substanciación, determinación, resolución y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción.
12. Estrategia 10.1 Desarrollar mecanismos de seguimiento y transparencia proactiva que permitan conocer los distintos procesos de procuración e impartición de justicia, en aras del fortalecimiento institucional y de una mayor incidencia social.
13. Estrategia 11.1 Instrumentar políticas de integridad, ética pública y prevención de la corrupción, a partir de un enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género.
14. Estrategia 11.2 Fortalecer la operación de los comités de integridad o ética pública en los entes públicos a nivel nacional.
15. Estrategia 12.1 Impulsar el desarrollo y ejecución de programas de capacitación y certificación, en materia de combate a la corrupción y fortalecimiento de la ética pública aplicables a los entes públicos a nivel nacional.
16. Estrategia 12.2 Desarrollar modelos de evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas, en materia de conocimiento y observancia de los códigos de ética y conducta.
17. Estrategia 12.3 Desarrollar bases generales para la determinación de necesidades de personal y de evaluación de perfiles y capacidades, como parte de los procesos de reclutamiento y selección de personal de los entes públicos a nivel nacional.
18. Estrategia 13.1 Elaborar una política nacional en materia de recursos humanos que oriente a las instituciones en la identificación de sus necesidades y que permita contar con personal idóneo, en
19. Estrategia 14.1 Impulsar la adopción de un marco normativo uniforme sobre la conformación y/u operación de servicios profesionales de carrera, o esquemas análogos, con un enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género, en los entes públicos a nivel nacional.
20. Estrategia 15.1 Adoptar mecanismos de transparencia presupuestaria de las instancias que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, en el marco de la integración de los presupuestos federal y estatales, que permitan dar seguimiento al ejercicio del gasto público en materia de combate a la corrupción.
21. Estrategia 15.2 Consolidar un Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Anticorrupción y la Integridad (MESAI) que permita integrar y homologar los esfuerzos de las políticas, programas e instituciones en el ámbito de los sistemas nacional y estatales anticorrupción.
22. Estrategia 16.1 Desarrollar criterios homologados de organización, uso, aprovechamiento y difusión de la información, considerando la opinión de la Sociedad Civil, los estándares y las buenas prácticas internacionales orientadas hacia los tres niveles de gobierno, poderes de la unión y entes autónomos a fin de reducir riesgos de corrupción.
23. Estrategia 16.2 Impulsar mecanismos de participación ciudadana que faciliten el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información y que deriven en el uso oportuno de la información pública.
24. Estrategia 17.1 Impulsar la adopción de marcos normativos en materia de austeridad y disciplina financiera, aplicables a los entes públicos a nivel nacional.
25. Estrategia 17.2 Establecer bases generales para el desarrollo y ejecución de programas de capacitación en materia de disciplina financiera y armonización contable en los entes públicos a nivel nacional.
26. Estrategia 18.1 Fortalecer los sistemas institucionales de archivos de los entes públicos a nivel nacional, en concordancia con lo establecido en la Ley General de Archivos y las leyes estatales.
27. Estrategia 18.2 Colaborar con el Consejo Nacional de Archivos en el diseño de una política nacional de archivos que defina los objetivos, directrices y criterios mínimos que se deben seguir en materia de gestión documental y administración de archivos a escala nacional.
28. Estrategia 19.1 Fortalecer la coordinación y capacidades de las instancias de auditoría gubernamental y control interno a nivel nacional.
29. Estrategia 19.2 Impulsar la adopción de marcos normativos armónicos en materia de auditoría gubernamental y control interno a nivel nacional.
30. Estrategia 19.3 Fortalecer la labor de fiscalización a cargo de la Auditoría Superior de la Federación.
31. Estrategia 20.1 Incorporar tecnologías, sistemas de información y metodologías analíticas a los procesos de auditoría gubernamental y control interno.
32. Estrategia 20.2 Impulsar el desarrollo de guías, sistemas, herramientas y esquemas de colaboración que permitan la accesibilidad a la información pública relacionada con actos de corrupción, salvaguardando la información reservada y confidencial.
33. Estrategia 22.1 Fortalecer las acciones de evaluación (interna y externa), el control interno, así como el seguimiento de programas presupuestarios, con base en metodologías con enfoque de Derechos Humanos e identificación de riesgos de corrupción.
34. Estrategia 23.1 Promover la identificación de áreas de mejora en los trámites y servicios de alto impacto en la población para el desarrollo de acciones que permitan transparentar y reducir los riesgos de corrupción en su gestión.
35. Estrategia 23.2 Fomentar esquemas de participación ciudadana, incluyendo el uso de tecnologías de la información, para la identificación de aspectos susceptibles de mejora y simplificación de trámites y procedimientos en el acceso a servicios o programas que involucren contacto entre personas servidoras públicas y ciudadanos.
36. Estrategia 24.1 Desarrollar bases generales para el establecimiento de un catálogo nacional de información sobre programas sociales (reglas de operación, características, población atendida, etc.), así como de un padrón único de beneficiarios.
37. Estrategia 24.2 Desarrollar un sistema único de información en coordinación con los entes públicos responsables de la política social que integre información sobre los programas sociales como: reglas de operación, características básicas de la población potencial y atendida, y padrones de beneficiarios.
38. Estrategia 25.1 Desarrollar bases generales para el establecimiento de observatorios ciudadanos o esquemas análogos de involucramiento social, a nivel nacional, orientados a la prevención y el combate a la corrupción.
39. Estrategia 25.2 Fortalecer los procesos de compras públicas, así como las capacidades de quienes intervienen en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de estos.
40. Estrategia 26.1 Impulsar, en conjunto con los organismos empresariales del país y sociedad civil, el establecimiento de una coalición de empresas íntegras a nivel nacional.
41. Estrategia 27.1 Impulsar la adopción de un marco normativo armónico a nivel nacional que regule las actividades de cabildeo legislativo y parlamento abierto.
42. Estrategia 28.1 Desarrollar mecanismos homologados de transparencia proactiva y gobierno abierto para la publicación de información en materia de infraestructura, obra pública y asociaciones público-privadas.
43. Estrategia 29.1 Impulsar la creación de un sistema nacional único de información de contrataciones públicas, vinculado a la Plataforma Digital Nacional, que permita que los procesos de contratación pública sean abiertos, transparentes, competitivos e íntegros.
44. Estrategia 29.2 Establecer un registro nacional de proveedores y contratistas que permita la identificación y conocimiento de la idoneidad, oportunidad, integridad, desempeño y cumplimiento de las personas físicas y morales que participan en contrataciones públicas.
45. Estrategia 30.1 Impulsar la adopción de marcos normativos armónicos en materia de adquisiciones y obras públicas.
46. Estrategia 30.2 Generar criterios y estándares que incentiven la libre competencia y mayor concurrencia de las personas físicas y morales que participan en los procedimientos de contratación pública, para garantizar la mejor asignación y uso de los recursos públicos.
47. Estrategia 30.3 Impulsar a nivel nacional la aplicación y uso del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas para fomentar la apertura y transparencia en los procedimientos de contratación pública, así como la identificación de riesgos a la integridad en dichos procesos.
48. Estrategia 31.1 Desarrollar un mecanismo de vinculación entre las organizaciones de la sociedad civil y los integrantes de los sistemas nacional y estatales anticorrupción para fomentar la participación ciudadana y el intercambio de buenas prácticas en materia de vigilancia ciudadana con perspectiva de género, y que incluya representantes de otros sectores gremiales, grupos sociales, comunidades y pueblos originarios.
49. Estrategia 32.1 Conformar en el marco del CC del SNA un grupo de trabajo en colaboración con el SNT que impulse el desarrollo e implementación de políticas de gobierno abierto y transparencia proactiva en materia de combate a la corrupción y participación ciudadana en los entes públicos del país a nivel nacional.
50. Estrategia 33.1 Elaborar un catálogo de mecanismos de participación ciudadana que contenga estándares para su identificación, clasificación y difusión de los mecanismos.
51. Estrategia 35.1 Fortalecer los mecanismos de comunicación y coordinación entre los comités de participación ciudadana con el sector empresarial y la sociedad civil.
52. Estrategia 36.1 Promover la generación de estándares de datos, esquemas de implementación de integridad corporativa y un modelo de protección a denunciantes para mejorar la colaboración entre sectores y la medición del cumplimiento de objetivos.
53. Estrategia 36.2 Fomentar la adopción de políticas de integridad en los negocios y cumplimiento normativo orientadas a la prevención y sanción de actos de corrupción.
54. Estrategia 37.1 Establecer alianzas entre los sistemas nacional y estatales anticorrupción con organizaciones de la sociedad civil, sector privado y academia para la formulación y el desarrollo de proyectos de cooperación nacional e internacional en materia de combate a la corrupción.
55. Estrategia 37.2 Sensibilizar y capacitar a los sistemas nacional y estatales anticorrupción, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y la academia para la formulación, desarrollo e implementación de proyectos en materia de combate a la corrupción.
56. Estrategia 38.1 Promover la adopción de bases generales para el fortalecimiento de los esquemas de parlamento abierto en el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas.
57. Estrategia 39.1 Elaborar una Estrategia de comunicación con enfoque inclusivo, sobre los costos, implicaciones y herramientas para prevenir y combatir la corrupción.
58. Estrategia 40.1 Establecer mecanismos de coordinación entre el Sistema Nacional Anticorrupción y las autoridades educativas del tipo básica, media superior y superior a nivel nacional, para la elaboración de propuestas de mejora a los contenidos curriculares que contribuyan a la prevención y combate a la corrupción, formación cívica, ética, integridad y Derechos Humanos, entre otros.