CONVENIO de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, para promover la adopción, el uso y la certificación de la Clave Única de Registro de Población (CURP), entre los usuarios de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Sistemas Institucionales (STICSI).

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- GOBERNACIÓN.- Secretaría de Gobernación.

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "GOBERNACIÓN", A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIDAD, EN LO SUCESIVO LA "DGRNPI", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR JORGE LEONEL WHEATLEY FERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIDAD; Y POR LA OTRA PARTE, LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y SISTEMAS INSTITUCIONALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ LA "STICSI", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EMETERIO FLORES LANDAVERDE, SUBSECRETARIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y SISTEMAS INSTITUCIONALES; A QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en los artículos 1o y 4o determina que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento; el Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. Por lo que, el derecho a la identidad es un derecho humano que toda persona debe gozar.

Asimismo, la CPEUM en el artículo 36, fracción I, establece como obligación de los ciudadanos de la República, inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes, siendo la organización y el funcionamiento permanente del mismo, la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana, servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la Ley.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el artículo 27, fracción VI, dispone que a "GOBERNACIÓN" le corresponde formular y conducir la política de población e interculturalidad y operar el Servicio Nacional de Identificación Personal (SNIP), en términos de las leyes aplicables; y tiene a su cargo el registro y acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley General de Población (LGP).

La LGP establece en su artículo 86 que el Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad.

Asimismo, en su artículo 91, establece que al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará una clave que se denominará Clave Única de Registro de Población (CURP), la cual servirá para registrarla e identificarla en forma individual.

"GOBERNACIÓN" coordinará los métodos de identificación y registro de las dependencias de la Administración Pública Federal (APF), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 de la LGP.

Por su parte, el artículo 94 de la LGP establece que las autoridades de la Federación, de los estados y de los municipios, serán auxiliares de la Secretaría de Gobernación en las funciones que a esta correspondan en materia de registro de población.

El Reglamento de la LGP en su artículo 82 establece, que las dependencias y entidades de la APF tienen la obligación de proporcionar al Registro Nacional de Población, cuando éste lo solicite, la información de las personas incorporadas en sus respectivos registros; "GOBERNACIÓN", deberá celebrar convenios con las administraciones públicas estatales y municipales, así como con instituciones privadas, para los efectos antes señalados.

El 23 de octubre de 1996, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el "Acuerdo para la Adopción y Uso por la Administración Pública Federal de la Clave Única de Registro de Población", que en su artículo 1o. establece que la CURP se asignará a todas las personas físicas domiciliadas en el territorio nacional, así como a los nacionales domiciliados en el extranjero y conforme al artículo 3o, corresponde la asignación de la misma a la "DGRNPI" de "GOBERNACIÓN".

La CURP, es la única clave que se emite para las personas mexicanas por nacimiento, por naturalización, y repatriadas sin registro previo, así como a las personas extranjeras solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria, solicitantes de asilo político, con condición de estancia de visitantes y con condición de estancia de residentes temporales o permanentes, sean menores o mayores de edad, y su establecimiento y adopción como una clave única y homogénea en los registros de personas a cargo de las dependencias y entidades de la APF constituye un elemento de apoyo para el diseño y conducción de una adecuada política de población, pues la amplitud de su cobertura y carácter obligatorio la hacen un instrumento de registro y acreditación fehaciente y confiable en la identidad de la población, en términos del Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población publicado en el DOF el 18 de junio de 2018, y modificado el 18 de octubre de 2021.

El Registro Nacional de Población, como instrumento para la identificación de las personas que componen la población del país, es indispensable para que las dependencias y entidades que integran diversos registros de personas, adopten la CURP, e intercambien información con "GOBERNACIÓN" que permita validarla; logrando con ello, por un lado, que las personas ejerciten sus derechos y, por el otro, que la "STICSI" agilice los trámites que efectúa, en el ámbito de su competencia; por lo que, la "STICSI" y "GOBERNACIÓN" deberán celebrar convenios para los efectos antes señalados.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el DOF el 12 de julio de 2019, contempla en su Eje General I. "Política y Gobierno", punto cuatro "Cambio de paradigma en seguridad", Estrategia Nacional de Seguridad Pública, objetivo 8 "Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz" el objetivo estratégico "Construir las bases para la creación de un Documento Único de Identificación Nacional biometrizado".

El Programa Sectorial de Gobernación 2020-2024, publicado en el DOF el 25 de junio de 2020, prevé en su Objetivo prioritario 4, Estrategia prioritaria 4.4, las Acciones Puntuales 4.4.2 Impulsar instrumentos normativos de colaboración con el sector público de los tres órdenes de gobierno y el sector privado, encaminados a consolidar el Registro Nacional de Población y 4.4.7. Consolidar e impulsar la adopción y uso de la CURP en los sectores público y privado para que constituya la llave primaria y el elemento de interoperabilidad en los programas y servicios que brinda a la población.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California ("SHBC") es una dependencia de la administración pública centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, que tiene, entre sus atribuciones y obligaciones, la de desarrollar la política fiscal y hacendaria estatal, así como coordinar y administrar lo relacionado al presupuesto, ingresos, egresos, gasto público, obligaciones, financiamientos e inversión de los recursos públicos; fijar y ejecutar en el ámbito de su competencia, las normas, políticas, lineamientos y criterios técnicos en materia de tecnología de la información y telecomunicaciones, a que deberá sujetarse para el mejor desempeño y cumplimiento de sus atribuciones; y ejercer por conducto de la unidad administrativa que determine su Reglamento Interno, facultades y atribuciones relacionadas con la modernización, innovación, fortalecimiento, regulación, dictaminación, soporte y transformación digital de las tecnologías de la información y de la red de telecomunicaciones inherentes a las funciones y servicios a su cargo, conforme lo señalan los artículos 40, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California (CPEBC); 2 fracciones II y VII, 16, fracción I, 30 fracción II, y 32, fracciones I, XXX y penúltimo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California (LOBC).

Para el despacho de los asuntos y el ejercicio de las atribuciones de su competencia, la "SHBC" cuenta con la "STICSI", que es la encargada de evaluar e implementar metodologías, programas y proyectos orientados al desarrollo de la infraestructura informática y sistemas sustantivos propios de la "SHBC" y, en casos particulares, bajo solicitud expresa de alguna Dependencia; participar junto con organismos públicos, privados, internacionales y de la sociedad civil que puedan contribuir a la mejora de la infraestructura informática, los sistemas sustantivos y las herramientas tecnológicas para la "SHBC", así como celebrar los convenios y acuerdos relacionados para este fin; promover la mejora y eficiencia de los procesos gubernamentales a través de la modificación e implementación incremental de los sistemas sustantivos en la "SHBC" de incidencia directa en el ingreso, gasto y contabilización del recurso público, y/o páginas y servicios de internet; y coordinar y apoyar en la formulación de proyectos de mejora tecnológica que promuevan la eficiencia de los sistemas sustantivos de la "SHBC" y su eficacia operativa y, en casos particulares, bajo solicitud expresa de alguna Dependencia; y, apoyar en los proyectos especiales encomendados por la "SHBC" o canalizados a la "STICSI" para su atención; tal y como lo establecen los artículos 4, fracción IV, 65, fracciones III y XIII, 68, fracción IV y 73, fracciones I y II del Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California (RISHBC).

El Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 del Gobierno de Baja California, en su Política Pública 7.10. Gestión Pública, Honesta y al Servicio de la Gente; Componente 7.10.4. Gobierno Digital, Innovar la Gestión Estatal mediante el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación en los trámites y servicios para la transformación digital que permita recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas; Línea de Política (L.P.T) L.P.T.10.4.1. Gobierno digital, prevé los Resultados a Lograr Transversales (RALT) siguientes: RALT 10.4.1.4. La Administración Estatal opera con el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación de acuerdo al estándar único y homologado para trámites y servicios de la Administración Pública Estatal; y, RALT 10.4.1.5. 100% de las instituciones públicas de la Administración Estatal cuentan con un sistema de comunicación estandarizado tanto en su interior como entre ellas, lo que permite establecer interacciones digitales de gran calidad con la ciudadanía; así como la L.P.T.10.5.1. Asuntos del orden político, jurídico y administrativo, en donde se prevé el RALT. 10.5.1.2. Se cuenta con mecanismos de coordinación y vinculación eficientes que coadyuvan en la recolección de datos para la toma de decisiones y evitar escenarios de riesgos para el gobierno.

En ese orden de ideas, la Ley que regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado de Baja California (LESECOV), en su artículo 32, primer párrafo, establece que toda persona para manejar un vehículo en el Estado, requerirá de licencia de conducir vigente que corresponda al vehículo de que se trate.

En consecuencia, para la expedición de la licencia de conducir, la "SHBC", a través de la "STICSI", implementó un sistema consistente en una aplicación móvil denominada "Identidad Digital BC" como se observa en la página https://www.bajacalifornia.gob.mx/Innovacion/Identidad_Digital, en la cual uno de los datos requeridos para poder obtener la licencia de conducir o tarjeta de circulación digital, es la CURP, conforme a lo señalado en la Guía Identidad Digital Web. Es por ello que la "STICSI" requiere validar la CURP de aquellos conductores que hacen uso de la aplicación, lo que permitirá agilizar este trámite y con ello mejorar los procesos gubernamentales en favor de la ciudadanía.

Ahora bien, para efectos del presente instrumento jurídico, se entenderá por usuarios de la "SHBC", a las personas conductoras que solicitan la licencia de conducir, de conformidad con el artículo 32 de la LESECOV y el numeral I.1. Definiciones de la Guía para la Obtención de Licencia de Conducir en el Estado de Baja California.

Por lo que, con la finalidad de fortalecer a la APF, en el registro e identificación personal, "LAS PARTES" manifiestan su interés en celebrar el presente Convenio, al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

I. "GOBERNACIÓN" declara que:

I.1. Es una dependencia de la APF Centralizada, en los términos de los artículos 90 de la CPEUM; 1o., 2o., fracción I, 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 85 de la LGP y 1o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, en lo sucesivo RISEGOB, teniendo entre sus atribuciones el registro y la acreditación de la identidad de las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero.

I.2. En términos del artículo 58 fracciones I, II y III del RISEGOB, la "DGRNPI" tiene entre sus atribuciones organizar, integrar y administrar el Registro Nacional de Población, operar el SNIP y asignar la CURP.

I.3. Jorge Leonel Wheatley Fernández, Director General del Registro Nacional de Población e Identidad, cuenta con facultades para la suscripción del presente instrumento jurídico, de conformidad con los artículos 2, Apartado B, fracción XXIX, 9, 10, fracción V y 58 del RISEGOB.

I.4. Señala como domicilio para los efectos legales del presente instrumento, el ubicado en Roma número 41, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

II. La "STICSI", declara que:

II.1. La "SHBC" es una dependencia de la administración pública centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y, para el despacho de los asuntos de su competencia, cuenta con la "STICSI", conforme lo establecen los artículos 40, segundo párrafo de la CPEBC; 2, fracciones I, II y VII, 16, fracción I y 30, fracción II de la LOBC; y 4, fracción IV del RISHBC.

II.2. Emeterio Flores Landaverde, en su carácter de Subsecretario de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Sistemas Institucionales, cuenta con facultades para la suscripción del presente instrumento jurídico, en términos de lo dispuesto por los artículos 23 y 24 de la LOBC; y 9, 12, 13, fracción VII, y 65, fracciones III y XIII del RISHBC, quien acredita su personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el Secretario de Hacienda del Estado de Baja California, el 27 de septiembre de 2022.

II.3. Su clave de Registro Federal de Contribuyentes es GEB4603194H7.

II.4. Señala como domicilio para los efectos legales del presente instrumento, el ubicado en Calzada Independencia número 994, Colonia Centro Cívico, Código Postal 21000, Mexicali, Baja California.

III. "LAS PARTES" declaran que:

III.1. Se reconocen mutuamente la existencia y personalidad jurídica con que se ostentan, manifestando que a su firma no existen vicios del consentimiento.

III.2. Es su voluntad coordinarse de la forma más amplia y respetuosa para el cumplimiento y desarrollo del objeto y las actividades que se deriven del presente Convenio de Coordinación.

III.3. Cuentan con los medios necesarios para proporcionarse recíprocamente la asistencia, coordinación y apoyo para la consecución del objeto de este instrumento al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio tiene por objeto establecer la coordinación entre "LAS PARTES" para promover la adopción, el uso y la certificación de la CURP, entre los usuarios de la "STICSI" descritos en los antecedentes del presente instrumento, con la finalidad de que la "STICSI" se encuentre en posibilidad de consultar, validar e intercambiar información con la "DGRNPI", en términos del Anexo Técnico que forma parte integrante del presente instrumento jurídico.

SEGUNDA.- LÍNEAS DE ACCIÓN.- En los términos del presente instrumento y derivado de las acciones de trabajo que serán acordadas por escrito entre "LAS PARTES", dentro del ámbito de sus respectivas competencias, se desarrollarán, de manera enunciativa más no limitativa, las actividades siguientes:

I. "GOBERNACIÓN" a través de la "DGRNPI", proporcionará a la "STICSI" el servicio web de CURP a efecto de que la "STICSI" valide en línea y en tiempo real, los registros contenidos en sus bases de datos y cuente en todo momento con el estatus de la CURP vigente, en los términos del Anexo Técnico correspondiente;

II. La "DGRNPI" realizará las confrontas de datos que le solicite la "STICSI" con aquellos contenidos en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población (BDNCURP), para verificar los datos de identidad legal de sus usuarios;

III. La "STICSI", adoptará la CURP, como elemento de identificación individual en los registros de los usuarios, en los casos que resulte aplicable conforme al presente instrumento y su Anexo Técnico;

IV. La "STICSI" presentará a la "DGRNPI" los registros de sus usuarios que haya conformado con anterioridad a la firma del presente Convenio, para su confronta en la BDNCURP y previa verificación de los datos de identidad contenidos en los mismos, integrar la CURP de sus usuarios;

V. La "STICSI" coadyuvará con la "DGRNPI" para mantener permanentemente actualizadas las bases de datos que integran el Registro Nacional de Población; para ello, la "STICSI" verificará que la CURP de sus usuarios se encuentre certificada por el Registro Civil; en caso contrario, cuando su proceso técnico-operativo lo permita, la "STICSI" orientará a sus usuarios para que acudan ante la Oficialía del Registro Civil que corresponda, en alguno de los 32 Estados integrantes de la Federación, a realizar los trámites procedentes y lograr su certificación;

VI. La "STICSI" enviará a la "DGRNPI", dentro de los primeros 5 (cinco) días de cada mes, el informe del consumo de consultas de la CURP que haya realizado en el mes inmediato anterior;

VII. La "DGRNPI", en cualquier momento de la vigencia del presente instrumento jurídico, realizará verificaciones a las acciones que realice la "STICSI" respecto del cumplimiento del objeto del presente Convenio;

VIII. La "STICSI" declara y reconoce expresamente que utilizará exclusivamente los servicios CURP, materia del presente instrumento jurídico para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, en apego a sus atribuciones legales;

IX. Para efectos de la fracción anterior, el servicio será utilizado por las áreas adscritas a la "STICSI", conforme su estructura orgánica, a través de las personas autorizadas para ello, las cuales se obligan a cumplir con las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico y su Anexo Técnico; y

X. Las demás que sean acordadas por "LAS PARTES" para la consecución del objeto del presente instrumento.

TERCERA.- COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.- "LAS PARTES" acuerdan que, para llevar a cabo el pleno cumplimiento del presente instrumento, se instalará un Comité de Seguimiento y Evaluación, mismo que estará integrado por dos representantes de cada una de "LAS PARTES".

"LAS PARTES" designan, como responsables del seguimiento y evaluación de las actividades, a:

Por la "DGRNPI"	Por la "STICSI"
· La persona Titular de la Coordinación de Registro Poblacional. · La persona Titular de la Dirección del Registro de Clave Única de Población.	· La persona Titular de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones · La persona Titular de la Dirección de Sistemas Institucionales.

Los responsables designados participarán dentro del ámbito de su competencia, en la realización de acciones encaminadas al cumplimiento del objeto de este instrumento jurídico.

"LAS PARTES" acuerdan que los responsables podrán designar a las personas con el nivel jerárquico inmediato inferior, para que los asistan en las funciones encomendadas o, en su caso, los suplan en sus ausencias, previa comunicación escrita de aceptación por cada una de "LAS PARTES".

CUARTA.- FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.- Dicho Comité tendrá las siguientes funciones:

I. Establecer un Programa de Trabajo y los mecanismos de seguimiento correspondientes;

II. Dar seguimiento a las acciones que se desarrollen con motivo del cumplimiento al objeto del presente instrumento;

III. Elaborar y revisar los proyectos que atiendan las actividades mencionadas en el objeto del presente instrumento jurídico, así como los resultados de las acciones derivadas de la ejecución del presente Convenio;

IV. Dirimir y resolver cualquier controversia sobre la interpretación, ejecución, operación, cumplimiento, suspensión del servicio o terminación anticipada del presente Convenio o de los instrumentos que de él se deriven, y

V. Las demás que acuerden de manera conjunta y que permitan el mejor desarrollo de las funciones anteriores.

El Comité de Seguimiento y Evaluación podrá sesionar en cualquier tiempo a solicitud de "LAS PARTES", con la finalidad de discutir y, en su caso, aprobar las propuestas de trabajo que éstas presenten, así como atender y resolver las controversias que llegaren a suscitarse.

QUINTA.- ANEXO TÉCNICO.- "LAS PARTES" apoyarán al cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico, por lo que suscribirán el Anexo Técnico citado en las Cláusulas Primera y Segunda, mediante el cual se determinan las particularidades técnicas de su operación y ejecución, por lo que deberán apegarse a su contenido.

SEXTA.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.- "LAS PARTES" se comprometen a determinar las características técnicas, alcances, términos y condiciones en los que se llevarán a cabo las acciones de trabajo que no se contemplen en el Anexo Técnico, las cuales serán acordadas y resueltas por escrito entre "LAS PARTES" a través del Comité de Seguimiento y Evaluación y formarán parte integrante del presente Convenio, en cuyo caso se identificarán por versiones de aquel, sin que sea necesaria la celebración de instrumentos jurídicos modificatorios.

SÉPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD.- "LAS PARTES" se comprometen a cumplir con las disposiciones que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás disposiciones que resulten aplicables.

Asimismo, a efecto de dar cabal cumplimiento al objeto del presente Convenio, "LAS PARTES" que llegaren a tener acceso a datos personales cuya responsabilidad recaiga en la otra Parte, por este medio se obligan a: (i) tratar dichos datos personales únicamente para efectos del desarrollo del Convenio; (ii) abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las instruidas por la otra Parte; (iii) implementar las medidas de seguridad conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las demás disposiciones aplicables; (iv) guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados; (v) suprimir los datos personales objeto de tratamiento una vez terminado el Convenio; (vi) abstenerse de transferir los datos personales a persona física o moral diversa a las que intervienen en la suscripción del presente instrumento jurídico ya sea entidad, dependencia, institución u organismo autónomo del sector público en cualquiera de sus órdenes o niveles de gobierno, o sector privado o financiero, dentro del territorio nacional o fuera de éste y (vii) abstenerse de autorizar, participar, ejecutar o permitir el uso de los servicios de CURP a ningún ente, institución, organismo o asociación de los sectores público, privado o financiero en cualquiera de sus niveles y órdenes de gobierno que no intervengan en el presente Convenio.

Lo anterior en razón del reconocimiento expreso de que este servicio es únicamente para uso exclusivo de la "STICSI".

En caso de que alguna de "LAS PARTES" llegare a tener conocimiento de datos personales diversos a los señalados en el párrafo anterior, que obren en registros, bases de datos o cualquier otro medio que pertenezca a la otra Parte, en este acto ambas se obligan a respetar las disposiciones que sobre los mismos establece Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según sea el caso, así como los avisos de privacidad de cada una de ellas, en el entendido de que ante la ausencia de consentimiento de los titulares de tales datos personales, deben abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de tratamiento sobre los mismos.

La "STICSI" deberá informar a la "DGRNPI" cuando ocurra una vulneración a los datos personales que trata con motivo del objeto del presente instrumento jurídico o cuando detecte que sus servicios de infraestructura o de cómputo han sido vulnerados y pueda ocasionar una sustracción, alteración, daño, pérdida o destrucción de datos y/o de información materia del presente instrumento jurídico.

La "STICSI", previo a la transmisión de la información de los datos personales de sus usuarios, deberá comunicar a la "DGRNPI" el aviso de privacidad y dar a conocer la finalidad a la que se encuentra sujeto el tratamiento de los datos que posee, cumpliendo asimismo con las obligaciones que le corresponden conforme al Capítulo II del Título Segundo de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Las obligaciones contempladas en esta Cláusula permanecerán vigentes y serán exigibles aún en el caso de que "LAS PARTES" dieran por terminado el presente Convenio.

OCTAVA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.- "LAS PARTES" acuerdan que apoyarán los programas y acciones que se implementen para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, con sus respectivos recursos humanos, materiales y en la medida de su respectiva disponibilidad presupuestaria.

NOVENA.- DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL.- "LAS PARTES" acuerdan reconocerse recíprocamente la titularidad de los derechos de autor y de propiedad industrial que cada una tiene sobre patentes, marcas, modelos, dibujos industriales y derechos de autor, obligándose a mantenerlos vigentes durante la ejecución de este Convenio de Coordinación, pactando desde ahora, que los derechos que deriven de la ejecución del mismo, pertenecerán a la Parte que los genere; asimismo corresponderá a la Parte, cuyo personal haya realizado el trabajo que sea objeto de publicación, dándole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización del mismo. Si la producción se realizara conjuntamente los derechos corresponderán a "LAS PARTES", en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

DÉCIMA.- CESIÓN DE DERECHOS.- Ninguna de "LAS PARTES", podrá ceder, transferir, enajenar o gravar por ningún acto jurídico a terceras personas, los derechos y obligaciones derivadas de la suscripción del presente instrumento jurídico.

DÉCIMA PRIMERA.- AVISOS Y COMUNICACIONES.- "LAS PARTES" convienen que todos los avisos, comunicaciones y notificaciones que realicen con motivo de la ejecución del objeto del presente instrumento, se llevarán a cabo por escrito, en los domicilios establecidos para tal efecto en las declaraciones o a través del correo electrónico que sea reconocido y acreditado expresamente por "LAS PARTES", con acuse de recibo en todos los casos para que sea válida su exigibilidad como medio de notificación.

En caso de que "LAS PARTES" cambien su domicilio, deberán notificarlo por escrito con acuse de recibo a la otra Parte, con 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda que surta efecto el cambio. Sin este aviso, todas las comunicaciones se entenderán válidamente hechas en los domicilios señalados por "LAS PARTES".

En lo anterior se observará lo dispuesto por el artículo 35, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

DÉCIMA SEGUNDA.- RELACIÓN LABORAL.- El personal que cada una de "LAS PARTES" comisione, designe o contrate para la instrumentación, ejecución y operación de cualquier actividad relacionada con el presente Convenio, permanecerá en todo momento bajo la subordinación, dirección y dependencia de la Parte que lo designó o contrató, por lo que en ningún momento existirá relación laboral o administrativa alguna entre una Parte y el personal designado o contratado por la otra, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; independientemente de que dicho personal preste sus servicios fuera de las instalaciones de la Parte que lo designó o contrató, o preste dichos servicios en las instalaciones de la otra Parte, deslindándola desde ahora de cualquier responsabilidad que por éstos conceptos se le pretendiese fincar en materia administrativa, civil, laboral, penal, fiscal, judicial, sindical o de cualquier otra índole, debiendo la institución que contrató al trabajador de que se trate, sacar en paz y a salvo a la otra Parte.

DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES.- El presente instrumento podrá modificarse o adicionarse total o parcialmente durante su vigencia por acuerdo de "LAS PARTES", a petición expresa y por escrito que cualquiera de ellas dirija a la otra a través de los responsables designados en la Cláusula Tercera, con al menos 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha que se proponga la modificación o adición, en los términos previstos en el mismo. Las modificaciones o adiciones deberán constar por escrito y formarán parte del presente instrumento jurídico mediante Convenio Modificatorio, sin que ello implique la novación de aquellas obligaciones que no sean objeto de modificación o adición.

DÉCIMA CUARTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Ninguna de "LAS PARTES" será responsable de cualquier retraso o incumplimiento de sus obligaciones en la realización del presente instrumento que resulte directa o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor.

En este supuesto la Parte afectada deberá notificarlo a la otra tan pronto como le sea posible, así como tratar de tomar las previsiones que se requieran para remediar la situación.

En el caso de que desaparezcan las causas que dieron origen al retraso o incumplimiento referido, inmediatamente se restaurará la ejecución del presente instrumento en la forma y términos que acuerden "LAS PARTES".

DÉCIMA QUINTA.- VIGENCIA.- El presente instrumento jurídico tendrá una vigencia a partir de su suscripción y por tiempo indefinido.

DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- En caso de que la "STICSI" incumpla alguna de las obligaciones previstas en este instrumento jurídico o que "GOBERNACIÓN" detecte alguna actividad anormal en la consulta de los datos de registros de personas, se suspenderá inmediatamente el acceso al servicio y contraseña de consulta que se otorga mediante el presente instrumento.

"GOBERNACIÓN" a través de la "DGRNPI" notificará por escrito o mediante el correo electrónico que sea reconocido por "LAS PARTES" el hecho o situación que originó la suspensión del servicio, a efecto de que se instale el Comité de Seguimiento y Evaluación a que se refieren las Cláusulas Tercera y Cuarta, en un término no mayor a 5 (cinco) días hábiles desde que se realizó la suspensión del servicio, a fin de dirimir y solucionar dicha situación.

En caso de que la actividad anormal se haya debido a un hackeo o vulneración en la infraestructura o servicios de cómputo de la "STICSI", se acreditará que no existió dolo en un uso anormal del servicio y la suspensión del servicio se levantará hasta en tanto la "STICSI", acredite a plena satisfacción de la "DGRNPI" que ha corregido la vulneración a su infraestructura y que ha reforzado sus medidas de seguridad técnicas y administrativas que eviten cualquier daño, sustracción, robo o mal uso de los datos de CURP.

En caso de que se acredite que la "STICSI" participó, autorizó, realizó o ejecutó en una o algunas de las causales descritas en la Cláusula siguiente, la suspensión del servicio se mantendrá vigente hasta en tanto, se ejecute la terminación anticipada de este instrumento jurídico.

DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- "LAS PARTES" acuerdan que cualquiera de ellas podrá dar por terminada su participación en el presente Convenio, trayendo como consecuencia la cancelación de acceso al servicio y contraseña de la consulta objeto del presente Convenio.

La terminación se hará mediante notificación escrita con al menos 30 (treinta) días naturales anteriores a la fecha en que se pretenda dar por terminado el presente instrumento jurídico; en caso de existir actividades que se estén realizando o ejecutando con motivo del cumplimiento del presente instrumento, se les dará continuidad hasta su conclusión.

Son causales para la terminación anticipada de este Convenio, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes:

1. Que cualquiera de "LAS PARTES" por voluntad propia y expresa notifique su deseo de dar por terminado dicho Convenio.

2. La "STICSI" incumpla con cualquiera de las obligaciones contraídas en este Convenio.

3. Utilizar el servicio que se otorga para algún beneficio económico que implique lucro o pago por el mismo a favor de la "STICSI".

4. Utilizar el servicio en favor de un tercero o permitir el acceso a los servicios CURP sin autorización de la "DGRNPI".

5. Utilizar los servicios para un fin distinto al autorizado, o proporcionar los resultados de la consulta del servicio y compartir la contraseña que se otorga para ejecutar el mismo, por cualquier medio, a terceras personas, entendidas éstas como las personas morales de carácter privado, social o público y las personas físicas a las que la "DGRNPI" no les haya otorgado ninguna autorización.

6. Utilizar la consulta de la CURP o de los datos que se derivan de ella, para fines distintos a los estrictamente previstos en sus atribuciones o no se cumpla con la restricción de confidencialidad o reserva y no difusión de la información intercambiada, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables al respecto.

7. Cuando ante una controversia no exista acuerdo entre "LAS PARTES" que la resuelva.

La terminación anticipada de este instrumento jurídico será independiente a las consecuencias legales, tanto penales como civiles, que pudieran derivarse de dicha acción, deslindando a "GOBERNACIÓN" y al personal de ésta, desde ahora, de cualquier responsabilidad que por estos conceptos se le pretendiese fincar en materia administrativa, civil, laboral, penal, fiscal, judicial, sindical o de cualquier otra índole, debiendo la "STICSI" sacar en paz y a salvo a "GOBERNACIÓN".

DÉCIMA OCTAVA.- PUBLICACIÓN.- El presente Convenio se publicará en el Diario Oficial de la