PROGRAMA Nacional de Derechos Humanos 2020-2024.
Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024
Secretaría de Gobernación
PROGRAMA ESPECIAL DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
1. Índice
1. Índice
2. Fundamento normativo de elaboración del programa
3. Siglas y acrónimos
4. Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
5. Análisis del estado actual
6. Objetivos prioritarios
6.1. Relevancia del Objetivo prioritario 1: Asegurar una respuesta articulada de la APF a la crisis de derechos humanos
6.2. Relevancia del Objetivo prioritario 2: Asegurar la atención a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos
6.3. Relevancia del Objetivo prioritario 3: Impulsar acciones focalizadas para garantizar los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados
6.4. Relevancia del Objetivo prioritario 4: Mejorar la capacidad de gestión y respuesta de la APF para la protección y garantía de los derechos humanos
6.5. Relevancia del Objetivo prioritario 5: Proporcionar herramientas y capacitación integral a las personas servidoras públicas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos
7. Estrategias prioritarias y Acciones puntuales
8. Metas para el bienestar y Parámetros
9. Epílogo: Visión hacia el futuro
10. Lista de dependencias y entidades participantes
11. Glosario
12. Anexo. Instrumentos programáticos de la APF
2. Fundamento normativo de elaboración del Programa
El Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 (PNDH) es un programa especial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), cuya elaboración se enmarca en el Sistema de Planeación Democrática al que hace referencia el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo que señala el artículo 22 de la Ley de Planeación.
El Proyecto de Nación delineado en el PND plantea un nuevo pacto social y establece como objetivo superior del desarrollo nacional el bienestar general de la población, para no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera. En esta nueva etapa de la vida pública del país, los derechos humanos tienen un lugar preponderante, porque el Ejecutivo Federal reconoce que la transformación de la vida nacional pasa necesariamente por la transformación de las condiciones de vida de todas las personas y, en particular, de quienes históricamente han sido discriminadas y enfrentan condiciones de rezago y marginación.
En este sentido, el Estado debe cumplir con el mandato del artículo 1o. constitucional que establece que las autoridades tienen la obligación, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, así como a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos(1). Igualmente, dicho precepto dispone que las autoridades deben observar los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y deben establecer políticas y programas orientados a la realización de todos los derechos humanos para todas las personas.
Atendiendo a esta disposición, el PNDH fue elaborado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en atención a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que son las siguientes: vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; coordinar la promoción, protección y garantía de los derechos humanos y atender las recomendaciones de los organismos competentes en esta materia, y conducir las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los otros Poderes de la Unión, con las autoridades de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, con los órganos constitucionales autónomos, así como con las organizaciones sociales y demás organizaciones de la sociedad civil.
De igual manera, el PNDH atiende el compromiso con la comunidad internacional de elaborar un plan nacional de acción, o documento rector, en el que se plasme la política nacional para mejorar la promoción y la protección de los derechos humanos(2). En tal sentido, el PNDH tiene como objetivo desarrollar una política nacional rectora en materia de derechos humanos que brinde direccionalidad, articulación, consistencia y coherencia a la multiplicidad de programas, instituciones y presupuestos existentes en materia de derechos humanos, con el propósito de fortalecer su eficacia, cobertura y disponibilidad, y así comenzar a cerrar las amplias brechas de desigualdad existentes entre estratos y condiciones sociales, regiones geográficas, géneros y edades.
La responsabilidad de coordinar la elaboración, la publicación, la ejecución y el seguimiento de este Programa corresponde a la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos, adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB, conforme a lo establecido en el artículo 51 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
3. Siglas y acrónimos
APF: Administración Pública Federal
CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos
CONAPO: Consejo Nacional de Población
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
DESCA: derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
FGR: Fiscalía General de la República
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
LGBTTTIQ: lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis, intersexuales y queer
OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
ONU: Organización de las Naciones Unidas
OSC: organizaciones de la sociedad civil
OTPCID: otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
PNDH: Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024
SEGOB: Secretaría de Gobernación
SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
SNAV: Sistema Nacional de Atención a Víctimas
4. Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
La totalidad de las acciones que se consideran en este Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus Objetivos prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas acciones y el seguimiento y reporte de las mismas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el Programa, mientras éste tenga vigencia.
5. Análisis del estado actual
Crisis de derechos humanos
La herencia más dolorosa que recibió la presente administración es la profunda crisis de derechos humanos que se vive en todo el país. Su naturaleza es histórica y sus expresiones más sensibles son la desigualdad, la pobreza, la violencia y la impunidad, así como los obstáculos y limitaciones que han enfrentado las víctimas para acceder, gozar y ejercer sus derechos humanos.
Los efectos de esta crisis se expresan en dos vertientes, que son: (i) la pobreza generalizada y las
extensas desigualdades sociales producto de la implementación irresponsable de políticas neoliberales, y (ii) la creciente inseguridad y violencia que han provocado un aumento desmedido en el número de víctimas, particularmente de violaciones graves de derechos humanos. Ambas vertientes de la crisis tienen su origen en políticas de Estado fallidas, un pasado de abandono institucional y el desmantelamiento de los órganos de Estado para beneficio de unos pocos.
Durante el periodo neoliberal, los gobiernos asumieron que mantener la estabilidad financiera y manejar de manera adecuada las variables macroeconómicas tendría como consecuencia una mejora en las condiciones de vida de la población; sin embargo, al olvidarse de las personas y su desarrollo, y sólo concentrarse en el crecimiento económico, se ampliaron profundamente las brechas de desigualdad, lo cual generó un claro debilitamiento del pacto social.
En consecuencia, tan sólo el 10% más rico de la población concentra 20.7 veces más ingreso que el 10% de la población más pobre(3). Estas diferencias en la concentración de ingreso tienen su origen en la captura del poder político por parte de las élites económicas. Mientras algunas de las personas más ricas en México consolidaron su riqueza por medio de concesiones y privatizaciones(4), 61 millones de personas no tienen el ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas(5).
Un crecimiento económico excluyente, la concentración de la riqueza en unas cuantas manos y la discriminación de sectores poblacionales como parte del modelo de Estado neoliberal de las administraciones pasadas, dieron como resultado los 52.4 millones de personas (41.9% de la población) en situación de pobreza, de las cuales 9.3 millones se encuentran en situación de pobreza extrema y 43.1 millones en pobreza moderada(6).
Lo anterior aunado a políticas de seguridad para combatir al crimen organizado que ignoraron el carácter multidimensional del problema y privilegiaron el uso de la fuerza por encima de estrategias de inteligencia y de acciones que atendieran las causas estructurales de estos conflictos para restarle base social a la criminalidad. El objetivo central de la política instaurada a partir de 2007 consistió en eliminar a los líderes de las organizaciones criminales; no obstante, en lugar de conseguir su desmantelamiento, el resultado fue su fragmentación, lo que ocasionó un aumento generalizado de la violencia en gran parte del territorio del país(7).
La expresión más clara de la violencia se encuentra en el incremento del número de homicidios. De 2000 a 2018 se registraron 349,670 homicidios, de los cuales el 80% se concentró en el periodo de 2007 a 2018. La violencia ha crecido tanto en nuestro país que, en 2018, se cometieron cuatro veces más homicidios que en 2007, situación que representa un incremento del 303%(8).
Estas estrategias fallidas trajeron como consecuencia un claro debilitamiento de la cohesión social y gobernabilidad, lo que derivó en violaciones sistémicas a los derechos humanos, y se generó una deuda histórica con las víctimas ante la incapacidad del Estado para garantizarles sus derechos.
Una de las peores herencias es el saldo en personas desaparecidas. Al día de hoy se tiene registro de más de 60 mil personas no localizadas y se han contabilizado más de 3 mil fosas clandestinas(9), lo que refleja una de las deudas más lacerantes del Estado, evidenciando una incapacidad para dar con su paradero y garantizar a las familias la verdad de lo ocurrido.
A lo anterior se suma la expresión más extrema de violencia en contra de las mujeres: la violencia feminicida. Entre 2015 y 2019 se registraron 3,628 feminicidios y sólo en enero de 2020 se contabilizaron 72 casos más(10). Junto con el feminicidio existen otras formas de violencia y explotación, como la trata de personas, donde las niñas y mujeres representan el 85% del total de las víctimas de este delito(11). La persistencia de estas problemáticas ha evidenciado la ausencia de una política pública de atención a las víctimas, así como acciones enfocadas a la prevención y erradicación de todas las formas de violencia en contra de las mujeres.
Esta crisis de derechos humanos se fue gestando a partir de la evidente incapacidad del Estado mexicano para prevenir y atender oportunamente las violaciones a los derechos humanos, así como para garantizarle a cada una de las víctimas sus derechos a la memoria, la verdad, la justicia y la reparación. Todo ello vuelve necesario transformar la realidad nacional.
La transformación de la vida pública del país sólo será posible mediante el respeto y la garantía de los derechos humanos. Estos son un factor clave para la consecución del cambio que asegure a todas las personas un desarrollo nacional que no excluya a nadie y garantice los derechos humanos de todas las personas que viven y transitan por México, bajo el principio de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera.
La regeneración ética de las instituciones es impostergable para transitar a un régimen que tenga como principio el desempeño del poder con apego a la ley, observando el pleno respeto a los derechos humanos. Para ello, es necesario partir del reconocimiento del propio Estado como el principal causante de esta crisis, que durante más de tres décadas, lejos de superarla, la acentuó y la llevó a niveles generalizados.
Es menester del Gobierno de México ubicar en el centro de este cambio a las personas afectadas de manera directa por la crisis heredada. Las víctimas de violaciones a derechos humanos, las víctimas de las políticas sociales desiguales, las víctimas de la inseguridad, de la corrupción, entre otras, son el eje central de la política nacional. No será posible lograr la paz y transitar a un nuevo pacto social sin antes saldar la deuda que se tiene con todas ellas.
Causas estructurales
En el fondo de estas problemáticas subyacen causas estructurales que cruzan de forma transversal todas las acciones del Estado. La identificación de estas causas surge de los 14 Foros de Consulta y 31 Mesas Técnicas de Trabajo que realizó la SEGOB en el marco de la elaboración de este Programa, en donde participaron personas servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno, la ciudadanía y sus organizaciones, representantes de organismos internacionales y de la iniciativa privada, así como personas académicas y expertas en la materia. Además, se consideraron las recomendaciones y observaciones al Estado mexicano en los informes de los diversos comités internacionales en materia de derechos humanos(12), así como en diversos estudios y encuestas que se citan a lo largo de este documento.
Este Programa está construido a partir de la identificación de las causas atribuibles al Estado que ocasionaron su incapacidad para la atención y superación de esta crisis. Todos los compromisos que derivan de este instrumento giran en torno a garantizar la no repetición de estos actos, mediante la atención a las causas identificadas en la etapa consultiva del Programa, las cuales son:
1. La fragmentación de normas, instituciones y programas que impiden dar una respuesta articulada como Estado mexicano.
2. Las limitadas capacidades presupuestarias y de cobertura para la atención de los múltiples requerimientos, rezagos y desigualdades.
3. Las limitadas herramientas técnicas de las personas servidoras públicas en materia de derechos humanos.
4. La escasa capacidad institucional para la realización efectiva de los derechos humanos.
Objetivos prioritarios
El Programa parte de la premisa de brindar soluciones de raíz que permitan superar esta crisis y transitar progresivamente hacia a un gobierno que asegure los derechos humanos y permita el desarrollo de todas las personas en condiciones de igualdad. Por ello, los objetivos prioritarios giran en torno a canalizar los esfuerzos de la APF para la superación de estas causas.
El primer objetivo busca atender la fragmentación de la administración pública, cuyo origen se encuentra, en parte, en el diseño institucional, al establecer arreglos normativos que, más allá de definir los pesos y contrapesos necesarios para asegurar a todas las personas sus derechos humanos, distribuyen atribuciones en función de los objetivos que debe perseguir cada una de las instituciones públicas en lo individual. Con instituciones acotadas a objetivos y contextos particulares, la operación institucional fomenta la atención desordenada, inconsistente y desarticulada.
Para ello se creará e instalará el sistema de derechos humanos como un espacio estratégico y prioritario de coordinación, cuyo fin último es brindar una respuesta articulada y efectiva por parte del Estado mexicano a la actual crisis de derechos humanos.
El segundo objetivo parte de la premisa de reconocer la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con las víctimas de violaciones de derechos humanos. En él se establecen un conjunto de estrategias y prioridades de atención, las cuales surgen del modelo de intervención del PNDH, cuya finalidad es la identificación de la intensidad de las intervenciones públicas a partir de temáticas prioritarias: violaciones graves de derechos humanos, reparación integral a víctimas de violaciones de derechos humanos, atención y protección a personas migrantes, refugiadas y solicitantes de la condición de refugio, construcción de paz y garantía de los derechos a la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
El tercer objetivo tiene como base el mandato constitucional de igualdad y no discriminación como un principio rector en todas las acciones públicas, comprendiendo que esta crisis afecta de manera desigual a determinados grupos históricamente discriminados. La igualdad sustantiva es un elemento fundamental para la actual administración -que parte del principio de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera-, lo que se traduce en la disminución de las brechas de desigualdad y en la erradicación de las prácticas discriminatorias. Por ello, en este objetivo se describe el conjunto de prioridades de atención de las personas que pertenecen a los grupos históricamente discriminados, las cuales serán impulsadas por las dependencias y entidades de la APF.
El cuarto objetivo parte de la premisa del Gobierno de México de erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad. Centra la atención en fortalecer la institucionalidad pública y robustecer la capacidad de gestión y de respuesta de la APF, ubicando en todo momento, en el centro de la actuación del Estado, los derechos humanos de las personas.
Es fundamental contar con un entramado institucional que logre atender las causas estructurales que dieron origen a esta crisis. Para fortalecer la institucionalidad pública del Estado, además de paliar la precariedad administrativa, es necesario regenerar la ética en el servicio público mediante la ejecución de acciones que eliminen las prácticas clientelares y corruptas. La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana deben ser valores rectores del desempeño gubernamental, cuyo propósito sea el de recuperar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía.
Los puntos centrales del nuevo consenso nacional radican en comprender que el quehacer gubernamental debe estar orientado al bienestar de la población como el fin último, y éste debe partir del paradigma de que los principios éticos y civilizatorios de nuestro pueblo son claves para el nuevo pacto social.
En consecuencia, el objetivo quinto busca subsanar los actuales rezagos en materia de capacidades de las personas servidoras públicas. Esto será posible mediante estrategias que acerquen herramientas éticas y técnicas en materia de derechos humanos y que disminuyan la discrecionalidad de las autoridades, para estar en posibilidad de brindar una atención integral a las víctimas y garantizar el respeto y garantía de los derechos humanos en todos los ámbitos.
Un elemento fundamental para la consecución de la transformación de la realidad nacional es la consolidación de los derechos humanos como parte del quehacer diario de todas las personas que integran la administración pública, siendo conscientes de sus obligaciones y de la importante labor que desempeñan, cada una de ellas, en la concreción de un gobierno garante de derechos humanos.
Modelo de intervención(13)
El establecimiento de estos objetivos prioritarios, así como las estrategias y acciones puntuales que de ellos derivan, tienen como base un modelo de intervención diseñado para orientar la intensidad de cada una de las intervenciones que realizará la APF a partir de los compromisos emanados de este programa. A continuación se desarrolla el modelo de intervención sobre el cual se construyó este Programa.
El campo analítico de los derechos humanos, desde la disciplina de las políticas públicas, es un paradigma en construcción. Desde el origen de los derechos humanos se ha construido un cuerpo robusto de conceptos y categorías que los definen y delimitan, así como principios de actuación que permiten sustentar su aplicación e interpretación. Sin embargo, estos abordajes han resultado insuficientes para orientar y sustentar las complejas funciones estatales derivadas de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos.
Dada su naturaleza y contribución diversa al proceso civilizatorio y de desarrollo de las personas y las sociedades, la comunidad internacional de derechos humanos los ha abordado en dos categorías analíticas y operativas distintas pero complementarias: los derechos civiles y políticos, por un lado, y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, por el otro(14). Aunque estas categorías se rigen por los mismos principios (universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad) y demandan de las mismas funciones estatales para su realización efectiva (promover, respetar, proteger y garantizar y, en su caso, prevenir, investigar, sancionar y reparar), las normas, instituciones, políticas, programas, procedimientos, presupuestos y demás instrumentos requeridos en su aplicación son diferentes. Por lo tanto, se requiere de un marco analítico que oriente la intensidad y alcance de las intervenciones estatales en materia de derechos humanos.
Para ello, el punto de partida es el reconocimiento de que no todas las personas en el país inician desde el mismo lugar para alcanzar la realización de sus derechos. Existen personas excluidas del acceso, goce y ejercicio pleno de múltiples derechos de forma simultánea. Además, las personas que padecen múltiples carencias comparten, en su gran mayoría, rasgos sociodemográficos comunes, como ser mujer, indígena, persona mayor o vivir con algún tipo de discapacidad o en ciertas regiones del país. A este fenómeno se le conoce como interseccionalidad, y las personas que se ubican bajo este supuesto requieren de intervenciones públicas de mayor intensidad que las del resto de la población.
De esta forma, se puede establecer un continuo diferenciado de intervenciones estatales que reconozca que no todas las personas parten del mismo lugar a partir de tres niveles de intervención: universal, focalizado e indicado. Esto, considerando que muy probablemente las personas se moverán entre estos niveles de atención, de acuerdo con sus situaciones particulares de interseccionalidad, así como los retos que deben enfrentar en distintos puntos de su trayecto de vida.
El nivel universal consiste en la provisión de intervenciones y servicios estandarizados para todas las personas por medio de los distintos sistemas y subsistemas con los que cuenta el Estado mexicano para garantizar los derechos en ámbitos como la salud, la educación, la seguridad social, la seguridad pública o el sistema judicial, entre otros. El principio clave que sustenta el nivel universal de provisión es que se espera que beneficie a todas las personas bajo estándares básicos y comunes de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad en cada intervención o servicio brindado.
El nivel focalizado consiste en la provisión de intervenciones y servicios para personas, hogares o comunidades que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, en tanto que enfrentan restricciones estructurales de acceso, goce o ejercicio de sus derechos y/o pertenecen a algún grupo históricamente discriminado. El principio clave que sustenta el nivel focalizado de provisión es el de atención a grupos específicos de personas bajo estándares diferenciados y adecuados de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad en cada intervención o servicio prestado.
El nivel indicado consiste en la provisión de intervenciones y servicios especialmente diseñados para personas, hogares o comunidades que se encuentran en una situación crítica de vulneración de derechos, que incluye a quienes les han sido violentados sus derechos por parte del Estado por acción (como los casos de desaparición forzada) u omisión. El principio clave que sustenta el nivel indicado de provisión es el casuístico, es decir, que reconoce la existencia de una situación tan crítica de vulneración de derechos que demanda de una atención integral caso por caso con estándares ad hoc de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad del conjunto de intervenciones o servicios prestados, hasta que las personas logren superar su condición crítica y transitoria de vulneración de derechos.
Por todo lo anterior, este Programa, en su carácter de nacional y asumiéndose como el instrumento rector de política pública en la materia, tiene como firme propósito contribuir al nuevo modelo de gobierno al ubicar, en el centro de la actuación Estatal, el desarrollo basado en el bienestar y los derechos humanos de todas las personas, con especial énfasis en los grupos históricamente discriminados.
Este instrumento está orientado hacia la atención de las causas estructurales que han impedido al Estado la disminución y atención de las violaciones de derechos humanos y que fueron las principales causantes de la crisis en derechos humanos a la que hoy nos enfrentamos.
6. Objetivos prioritarios
La realización plena de los derechos humanos en México implica superar los problemas estructurales que han impedido que el Estado cumpla oportunamente con sus obligaciones. Como instrumento rector de las actividades del ejercicio gubernamental, la política nacional de derechos humanos del Gobierno de México se enfoca en cinco áreas prioritarias.
| Objetivos prioritarios del Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 |
| 1. Asegurar una respuesta articulada de la APF a la crisis de derechos humanos |
| 2. Asegurar la atención a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos |
| 3. Impulsar acciones focalizadas para garantizar los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados |
| 4. Mejorar la capacidad de gestión y respuesta de la APF para la protección y garantía de los derechos humanos |
| 5. Proporcionar herramientas y capacitación integral a las personas servidoras públicas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos |
6.1. Relevancia del Objetivo prioritario 1: Asegurar una respuesta articulada de la APF a la crisis de derechos humanos
La reforma constitucional de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011(15), es el avance jurídico de mayor relevancia en la materia que México ha tenido en décadas. Sin embargo, a nueve años de su entrada en vigor, sus escasos resultados contrastan con la grave situación en la que se encuentra el ejercicio de los derechos y las libertades en el país. La realización de los derechos es un asunto pendiente del Estado, en parte porque el ejercicio gubernamental se desarrolla en un contexto de alta fragmentación institucional.
Para dimensionar la magnitud de la fragmentación institucional del Estado mexicano es pertinente resaltar el amplio marco normativo que delimita la naturaleza y el alcance de las acciones del sector público, en el que confluyen e interactúan numerosos actores. La función pública se torna más compleja con la operación simultánea de sistemas nacionales y comisiones intergubernamentales que responden a temas en concreto o que atienden a sectores específicos de la población. A esto se suman varios programas e intervenciones públicas que se ponen en marcha de forma paralela en los distintos órdenes de gobierno.
Ante esta situación, la coordinación de las instituciones resulta fundamental para reducir las ineficiencias en la conducción de las políticas públicas. En la política social, por ejemplo, la evidencia sugiere que algunos programas públicos del ámbito federal se empalmaron entre sí. Esto también ocurrió entre los programas de la federación y los que las entidades federativas implementaron en su esfera. El hecho de que los mismos tipos de apoyos se otorgaron a la misma población implica el desaprovechamiento de recursos públicos que pudieron destinarse a la atención de otras personas en la misma situación de vulnerabilidad. Otra ineficiencia de la política social es la heterogénea oferta de programas que las entidades federativas implementan, ya que generan diferentes soluciones a las mismas necesidades. Esto propicia que los derechos sociales se garanticen territorialmente de forma desigual(16).
La desarticulación del quehacer institucional en el ámbito de derechos humanos inhibe el planteamiento y la implementación de soluciones de fondo, que requieren de la participación concurrente de numerosas autoridades e instituciones. Las respuestas institucionales, en este sentido, se han confeccionado de forma aislada y parcial a partir de un diseño que responde a problemáticas individuales y sin considerar el amplio entramado institucional.
Los cursos de acción sin articulación ni direccionalidad ocasionan que, para el Estado, sea más difícil atender oportunamente las violaciones de derechos humanos y reducir las carencias sociales, así como tener un marco normativo armónico entre la federación y el ámbito subnacional. El modo tradicional de operación institucional, además, dificulta que la ciudadanía conozca y utilice mecanismos efectivos para exigir sus derechos, por lo que la actividad gubernamental debe promover una política de comunicación y sensibilización constante hacia la población que contribuya a afianzar una cultura de derechos humanos y los mecanismos para exigirlos.
La situación actual obliga a la instalación de un espacio institucional de coordinación de carácter macrosistémico, en reconocimiento del conjunto de sistemas nacionales, comisiones y mecanismos que en la actualidad funcionan para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales de derechos humanos. Este espacio de coordinación es crucial para identificar las áreas que no han sido suficientemente atendidas por el Estado a partir del establecimiento de una agenda compartida, donde se definan prioridades y se articulen las intervenciones públicas.
Así, este Objetivo prioritario centra su contenido en establecer un sistema de derechos humanos como un espacio de coordinación estratégica que cuente con la participación de las dependencias y entidades de la APF, otros poderes y órdenes de gobierno, organismos autónomos e internacionales, así como la ciudadanía organizada. La creación del sistema se considera una condición indispensable para asegurar corresponsabilidad del más alto nivel y definir las prioridades del Gobierno de México en materia de derechos humanos.
El sistema de derechos humanos estará encabezado por la Secretaría de Gobernación en virtud de que, al velar por la conducción de la política interior del país, es la instancia que coordina a las instituciones que conforman a la APF y es también el enlace de las relaciones institucionales del poder ejecutivo federal con el resto de las autoridades del Estado. Por sus atribuciones, la conducción ejecutiva del sistema estará a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.
6.2. Relevancia del Objetivo prioritario 2: Asegurar la atención a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos
Aunado al preocupante incremento de homicidios y de casos de personas desaparecidas en la última década, existen otras manifestaciones de la crisis en materia de derechos humanos que se vive en el país. Entre ellas se encuentran la tortura, la trata de personas, la violencia contra las mujeres y el desplazamiento forzado interno. Todas estas problemáticas requieren de acciones gubernamentales urgentes y efectivas, encaminadas a garantizar justicia a las víctimas y a establecer medidas que eviten su repetición.
Debido a las dificultades que existen para dimensionar la incidencia de la tortura, las encuestas realizadas a la población privada de su libertad -la cual es particularmente vulnerable a ser víctima de este crimen- permiten realizar una aproximación al problema. Durante 2016, el 64% de las personas privadas de su libertad reportó que sufrió una agresión física durante su arresto y el 16% manifestó que se declaró culpable porque sufrió agresiones físicas durante su estancia en el Ministerio Público(17). Al utilizarse como método de investigación, la tortura no sólo impacta de forma negativa sobre las víctimas, sino que también pone en duda la credibilidad y la capacidad del sistema de justicia para sancionar a los verdaderos responsables de los delitos.
Además de la violencia generalizada en el país, las mujeres se enfrentan a otros tipos de violencia, producto de la cultura machista que prevalece en la sociedad mexicana. En la mayoría de los casos, la
violencia contra las mujeres la ejercen personas de su círculo social más cercano, principalmente sus parejas, lo cual contribuye a normalizar su repetición. La máxima violencia que se comete en contra de las mujeres es la de carácter feminicida. Tan sólo entre enero y octubre de 2018, más de diez mujeres fueron asesinadas al día en el país(18).
Las mujeres también son desproporcionadamente las principales víctimas de trata, en comparación con los hombres. La trata de personas tiene distintas manifestaciones, como la esclavitud, diversas formas de explotación sexual y laboral, el matrimonio forzado y la adopción ilegal, entre otras. De acuerdo con la CNDH, entre 2012 y 2017 se identificaron más de 5,200 víctimas de trata en México, de las cuales 84% fueron niñas (21%) y mujeres (63%) y 15% fueron niños (6%) y hombres (9%)(19). Una vez más, esto se debe a esquemas culturales machistas que promueven la cosificación sexual y la venta de mujeres(20).
Una de las consecuencias más graves de esta crisis es el desplazamiento forzado de miles de personas, quienes abandonan sus lugares de residencia por miedo a ser víctimas de la violencia o porque ya lo fueron(21). El desplazamiento forzado interno implica más que un cambio de residencia: las personas desplazadas enfrentan mayores dificultades para ejercer sus derechos humanos y se ven forzadas a abandonar sus lazos comunitarios y redes de protección.
Así mismo, esta crisis afecta de forma desproporcionada a las personas migrantes, quienes son más susceptibles de ser víctimas de delitos como la trata, la violencia sexual, el secuestro, la extorsión y la desaparición forzada, entre otros. Organismos internacionales han expresado su preocupación por la grave situación de violencia y discriminación en contra de esta población(22).
La crisis de derechos humanos se ha consolidado ante la incapacidad de las instituciones del Estado mexicano para atender oportunamente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y para procurar e impartir justicia mediante mecanismos de investigación adecuados. Esta incapacidad se expresa, en parte, ante la fragmentación de instituciones que atienden a las víctimas y la falta de cobertura y presupuesto para solventar las múltiples necesidades.
Durante los últimos años, en México se han creado diversas comisiones y mecanismos para proporcionar atención especializada a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos e implementar estrategias de prevención. Por ejemplo, en 2012 se estableció la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas; en 2013 se instaló la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y, en 2017, se crearon el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y la Comisión Nacional de Búsqueda. En sus respectivas leyes, estas comisiones y mecanismos también contemplan la creación de comisiones y mecanismos locales y de fondos, programas y sistemas que permitan su operación y su coordinación con otras instituciones gubernamentales. Sin embargo, estos esfuerzos no se han materializado en respuestas efectivas de atención para las víctimas y han demostrado ser procesos lentos que no corresponden con la urgencia que estas problemáticas requieren.
En relación con la procuración de justicia, las fiscalías también presentan serias deficiencias en cuanto a sus capacidades para procesar los delitos y procurar justicia. Durante 2018 se cometieron 33 millones de delitos, de los cuales sólo uno de cada diez fue denunciado. Las principales razones, atribuibles a la autoridad, por las que no se denunciaron los demás delitos fueron que las personas consideraron que hacerlo era una pérdida de tiempo, existe desconfianza hacia las autoridades y los trámites son largos y difíciles(23). Incluso cuando se logran superar estas barreras y las personas acuden a denunciar, la probabilidad de que se lleve a cabo una investigación que esclarezca los hechos e identifique y sancione a los culpables es muy baja. En este contexto, en 2017, México obtuvo la cuarta tasa de impunidad más alta a nivel mundial y la primera en el continente americano(24).
Para enfrentar esta crisis, el Gobierno de México está construyendo un nuevo paradigma de seguridad que impulse procesos regionales de pacificación y disminuya la base social de la criminalidad, mediante programas prioritarios que ofrezcan ayuda social y alternativas de vida a las personas, en especial a las más jóvenes(25). Partiendo de la premisa de que no puede haber paz sin justicia, para contribuir a la solución de estos problemas es necesario atender de manera prioritaria a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos e implementar políticas que eliminen las causas estructurales que permiten que estas violaciones se perpetúen. Por esta razón, este Objetivo prioritario plantea fortalecer a las comisiones y mecanismos que brindan atención especializada a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, así como mejorar la coordinación entre las distintas dependencias y entidades de la APF que contribuyen en su operación.
6.3. Relevancia del Objetivo prioritario 3: Impulsar acciones focalizadas para garantizar los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados
Reconociendo que no todas las personas parten del mismo lugar para ejercer sus derechos, lograr la igualdad sustantiva implica asegurar una expansión sostenida de la oferta gubernamental de bienes y servicios, en especial para las personas y los grupos que históricamente han enfrentado mayores obstáculos
para acceder a ellos. Estos grupos se conforman por niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y la comunidad LGBTTTIQ, así como personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas(26).
Cualquier medida que el Estado implemente para la realización de los derechos humanos debe tener como base el uso adecuado de los recursos públicos para ampliar y mejorar su disfrute. El proceso presupuestario constituye el momento en el que se llevan a cabo los arreglos políticos que establecen las prioridades de gasto público. Sin embargo, en la práctica, una vez que se asignan los recursos para financiar la operación gubernamental surgen deficiencias de cobertura que limitan la garantía de los derechos de toda la población, pero en mayor medida de los grupos históricamente discriminados.
Prueba de ello es la situación presupuestal en materia de salud. México es uno de los países que menos gasta en salud en comparación con otras naciones que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Tan sólo en 2018, su gasto en salud representó 5.5% de su producto interno bruto, frente al 8.8% del gasto que tuvieron, en promedio, los integrantes del organismo multilateral(27). A la falta de presupuesto se suma el mal uso de recursos públicos destinados a ofrecer servicios de salud a la población. Como muestra, en 2016, la Auditoría Superior de la Federación reportó irregularidades en los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) que administran las entidades federativas, entre las que se encuentran transferencias a otros fondos y cuentas, recursos sin transferir a instituciones que retienen impuestos, pagos sin documentación comprobatoria y pagos que rebasan los límites autorizados(28).
Estas irregularidades han impedido la expansión de la cobertura de los servicios de salud, lo cual tiene un impacto especialmente negativo en las personas más pobres. En 2017, México contaba con 1.4 camas hospitalarias y 2.4 doctoras y doctores por cada mil habitantes, cifras que se encuentran por debajo del promedio de los países de la OCDE, las cuales registran 4.7 camas hospitalarias y 3.5 doctoras por cada mil habitantes(29).
La insuficiencia presupuestaria y la falta de cobertura de bienes y servicios que ofrece el Estado contribuyen a perpetuar las brechas de desigualdad social causadas por las restricciones en el acceso y la permanencia de los grupos históricamente discriminados en ámbitos básicos como la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda y el trabajo. Durante 2018, según el CONEVAL, 91% de la población indígena presentaba al menos una carencia social y 48% presentaba al menos tres carencias sociales, lo que representa una diferencia de 22 y 32 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con la población no indígena(30).
La desigualdad en el acceso a los derechos sociales es una constante al analizar las brechas entre los grupos históricamente discriminados y el resto de la población. En consecuencia, estas personas son más propensas a estar en situación de pobreza. En 2018, mientras que 42% de la población total estaba en situación de pobreza, 49% de las personas con alguna discapacidad, 50% de las niñas, niños y adolescentes y 70% de las personas indígenas vivían la misma situación(31). Otro ejemplo es que, mientras sólo una de cada diez personas con tono de piel oscuro tiene educación superior, una de cada cuatro personas de piel clara pudo ir a la universidad(32).
Además, las personas LGBTTTIQ todavía enfrentan graves dificultades para ejercer de manera plena sus derechos, pues continuamente son discriminadas por su orientación sexual y por su identidad o expresión de género. Según datos del INEGI, una de cada cuatro personas no estaría dispuesta a rentar una habitación a personas transexuales, y una de cada tres a personas lesbianas o gays(33). Al mismo tiempo, México es el segundo país de América Latina con más crímenes de odio: más de 200 personas LGBTTTIQ fueron asesinadas entre 2014 y 2016, siendo las personas transgénero quienes tienen mayor riesgo(34).
Respecto a las personas mayores, de acuerdo con datos del INEGI, 37% declaró que dependen económicamente de sus hijos o hijas. Además, 22% percibe que los problemas más importantes a los que se enfrentan son la falta de una pensión y de oportunidades laborales. En cuanto a la percepción que tienen sobre el respeto a sus derechos, la mitad de las personas mayores mencionó que perciben poco o nulo respeto y el 25% indicó que, por lo menos alguna vez, se les negó un derecho de manera injustificada(35).
Las cifras anteriores son prueba de que las personas que pertenecen a los grupos históricamente discriminados enfrentan mayores dificultades para acceder y ejercer sus derechos humanos. Esto refleja cómo las oportunidades a las que las personas pueden acceder están determinadas, en cierta medida, por características históricamente ligadas a prácticas discriminatorias que obstaculizan el ejercicio de sus derechos humanos.
En concordancia con el principio rector del Gobierno de México de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, este Objetivo prioritario establece acciones encaminadas a disminuir y erradicar las brechas existentes entre las personas que pertenecen a los grupos históricamente discriminados y el resto de la población. La implementación de estas acciones, además, deberá tomar en cuenta las posibles interseccionalidades que se presenten, reconociendo la existencia de situaciones críticas de vulneración de derechos y la expansión de cobertura de bienes y servicios para las personas, los hogares o las comunidades que enfrentan restricciones estructurales de acceso, goce o ejercicio de sus derechos humanos.
6.4. Relevancia del Objetivo prioritario 4: Mejorar la capacidad de gestión y respuesta de la APF para la protección y garantía de los derechos humanos
La APF constituye el entramado institucional mediante el cual el Estado mexicano implementa políticas públicas en el ámbito federal para elevar el bienestar de la población. Sin embargo, la tolerancia sistemática de malas prácticas en el sector público en sexenios anteriores restó capacidad a las instituciones federales para satisfacer las demandas y necesidades de amplios sectores de la sociedad. La corrupción y la opacidad son muestra del indebido comportamiento de las autoridades en el pasado.
Al finalizar la gestión del gobierno federal anterior, en 2018, Transparencia Internacional situó a México en el lugar 138, de 180 países, en su Índice de Percepción de la Corrupción, lo cual representó una caída de tres lugares en comparación con 2017(36). En el mismo sentido, de acuerdo con datos del INEGI, las personas mayores de 18 años consideraron que la corrupción y el mal desempeño del gobierno fueron los dos problemas más importantes en la entidad federativa donde residen, sólo por debajo de la inseguridad y la delincuencia(37).
Así mismo, el Centro de Investigación y Docencia Económicas reportó, con base en la Métrica de Gobierno Abierto de 2017, que la opacidad gubernamental no ocurría en desapego al marco legal, sino que las normas se utilizaron como instrumentos para negar prácticas de transparencia en el quehacer institucional(38). Otra de las secuelas que origina la baja integridad en el ejercicio del servicio público reside en el desvío de recursos. Para el periodo 2017-2018, el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial colocó a México en la posición 127, de 137 países, en lo referente al desvío de fondos públicos(39).
La disminución de la confianza de la población hacia el gobierno es la consecuencia más visible de un servicio público que se conduce con opacidad y sin principios éticos. En 2017, sólo una de cada cuatro personas en México confiaba en el gobierno federal. La confianza en esta institución fue incluso menor de la que se percibió para los ministerios públicos (29%), los gobiernos estatales (30%) y los cuerpos de policía (30%)(40). Desde una perspectiva internacional, en 2018 el 16% de los mexicanos manifestó confianza hacia el gobierno federal, cifra que es seis puntos porcentuales menor respecto a lo que se reportó, en promedio, para los poderes ejecutivos de 18 países de América Latina(41).
La captura del gasto público con fines privados afecta de manera directa a las estructuras gubernamentales, ya que compromete el desempeño de quienes ejercen la función pública y limita sus capacidades para proporcionar bienes y servicios a la población y expandir su cobertura, lo cual genera una pérdida en el bienestar social y contribuye al debilitamiento del pacto social. Por tal motivo, el Gobierno de México estableció la honestidad, la honradez y la ética como principios rectores para contrarrestar la corrupción, el dispendio y la frivolidad.
Para garantizar el cumplimiento a los mandatos constitucionales de derechos humanos y aumentar el bienestar social, este Objetivo prioritario propone encauzar los esfuerzos para fortalecer las capacidades institucionales de los aparatos gubernamentales. Esto implica el establecimiento de una institucionalidad pública basada en la ética, la transparencia y la rendición de cuentas para erradicar las prácticas corruptas y clientelares, y así favorecer el involucramiento de la ciudadanía y de sus organizaciones en la solución de los problemas públicos.
Para lograrlo, el asunto debe abordarse como una prioridad del Estado, en la cual no sólo exista coordinación entre las dependencias y entidades de la APF, sino que también exista una colaboración activa y constante con los otros Poderes de la Unión, organismos autónomos y órdenes de gobierno del ámbito subnacional. La operación institucional sistémica y la colaboración estrecha son cruciales para definir prioridades compartidas que se traduzcan en un mejor uso y aprovechamiento de los recursos públicos, al tiempo que permitan una expansión progresiva de las asignaciones presupuestarias y de la oferta institucional de bienes y servicios esenciales para la población.
6.5. Relevancia del Objetivo prioritario 5: Proporcionar herramientas y capacitación integral a las personas servidoras públicas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos
La actuación de las personas servidoras públicas es determinante para la promoción, el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos. El desempeño de los aparatos gubernamentales está limitado, en parte, por las capacidades técnicas que las personas servidoras públicas tienen a su alcance en cuanto a conocimientos, habilidades, procedimientos e información. Entre mayores sean estas capacidades, mayor será el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y menor será la probabilidad de que sus acciones se materialicen en violaciones a los derechos humanos.
Con el tiempo, la ausencia de capacidades técnicas ocasionó la pérdida de confianza en las instituciones y en las personas servidoras públicas que las integran. Un ejemplo representativo se observa en los cuerpos de policía, cuyas funciones principales consisten en prevenir, investigar y perseguir los delitos, mantener el orden y la paz públicos, y atender conductas antisociales, entre otras. A pesar de su indispensable contribución a la sociedad, datos del INEGI señalan que sólo el 30% de la ciudadanía confía en la policía y el 24% se siente satisfecha con el servicio que proporciona en su ciudad(42). Estas cifras indican que existe una percepción negativa y generalizada sobre el desempeño de los cuerpos de policía, aun cuando su operación es esencial para la población.
Durante 2017, en el país, ocho de cada diez elementos declararon que recibieron al menos un curso de formación inicial cuando ingresaron(43). De acuerdo con el Programa Rector de Profesionalización de 2017 del SESNSP, el Programa de formación inicial para policía preventivo tenía una duración de 972 horas (máximo 45 horas a la semana), lo cual equivale a 22 semanas de formación(44). Esto implica que dos de cada diez elementos no recibieron los conocimientos y las herramientas básicas para desempeñar su trabajo cuando comenzaron y que tuvieron que adquirirlas posteriormente, con todos los riesgos que eso conlleva, tanto para ellos mismos como para la sociedad. En el caso de los elementos que sí tomaron el curso, un semestre se consideró suficiente para desempeñar tareas de prevención del delito, las cuales requieren de habilidades específicas (como manejo de conflictos, comunicación efectiva y vinculación con la ciudadanía), conocimientos especializados (como derecho penal, primeros auxilios, uso de armas) y acondicionamiento físico.
Además, a pesar de que el curso de formación inicial incluye 40 horas de capacitación en derechos humanos, el 73% de los elementos de policía consideraron que la aplicación de protocolos en la materia limitaba su actuación efectiva(45). Esto es indicativo de que las capacitaciones en derechos humanos no están diseñadas, en este caso, desde una perspectiva policiaca que fomente la utilización de éstos como una herramienta útil para desarrollar sus funciones y que, al mismo tiempo, los considere como componentes centrales de su actuación.
En un aspecto diferente a las capacidades técnicas, pero estrechamente relacionada a ellas, los elementos de policía también reportaron carencias sobre su equipamiento, entre los cuales se incluyen protecciones indispensables para su propia seguridad. En 2017, nueve de cada diez elementos con funciones operativas tuvieron que obtener por cuenta propia al menos un accesorio o material de apoyo para el desempeño de sus funciones. Esto pudo deberse a que la corporación a la que estaban adscritos nunca se los proporcionó, la repartición fue insuficiente, o bien, lo que recibieron fue inadecuado para llevar a cabo sus operaciones(46).
Esta situación no se limita a los cuerpos de policía. Otras personas servidoras públicas también enfrentan limitaciones técnicas y materiales para desempeñar sus funciones que repercuten en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales de derechos humanos. En 2018, por ejemplo, se reportaron más de 167 mil presuntos hechos violatorios a derechos humanos en los que se señala a diversas autoridades federales, estatales o municipales como presuntas responsables(47). Esto representa casi 9 mil hechos violatorios más respecto a 2017(48). Aunque esta situación responde a distintas causas, entre ellas se encuentra la falta de conocimientos y protocolos adecuados para llevar a cabo sus funciones.
En consecuencia, para lograr un Estado garante de derechos, es necesario otorgar a las personas servidoras públicas las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones de manera adecuada y oportuna, además de consolidar la perspectiva de derechos humanos como parte central de su quehacer diario. Así, este Objetivo prioritario plantea el desarrollo de recursos de formación y protocolos pertinentes para ejercer de forma efectiva las funciones públicas, así como el diseño y la implementación de programas de capacitación en materia de derechos humanos para las personas servidoras públicas.
7. Estrategias prioritarias y Acciones puntuales
Las estrategias prioritarias son los medios por los cuales se puede alcanzar la transformación estructural a la que, en conjunto, apuntan los Objetivos prioritarios del PNDH. Cada una de estas estrategias tiene una estructura que agrupa acciones puntuales para ejecutar actividades específicas, generales o de coordinación en el nivel operativo gubernamental. Si bien este Programa es del ámbito federal y está bajo la responsabilidad de la SEGOB, el enfoque de derechos humanos permea en todas las esferas del Estado. En apego a la competencia de la federación en la materia, además de la SEGOB, otras dependencias y entidades de la APF pueden ser responsables de la instrumentación de las acciones puntuales, así como coordinar el seguimiento de sus avances. Finalmente, es importante considerar que todas las acciones puntuales deben ser implementadas tomando en cuenta su pertinencia cultural, así como los enfoques y perspectivas correspondientes(49).
Objetivo prioritario 1. Asegurar una respuesta articulada de la APF a la crisis de derechos humanos
Estrategia prioritaria 1.1. Crear un sistema de derechos humanos para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado mexicano en la materia
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 1.1.1. Desarrollar los instrumentos reglamentarios y operativos para la instalación de un sistema de derechos humanos | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 1.1.2. Instalar las comisiones sustantivas y los grupos de trabajo del sistema de derechos humanos | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 1.1.3. Definir los mecanismos de coordinación del sistema de derechos humanos con otros sistemas y mecanismos de atención en materia de derechos humanos | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 1.1.4. Definir los mecanismos de coordinación del sistema de derechos humanos con los poderes legislativo y judicial, organismos autónomos y entidades federativas | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 1.1.5. Establecer la estrategia y los procedimientos de seguimiento de la implementación del sistema de derechos humanos | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
Estrategia prioritaria 1.2. Identificar las causas que obstaculizan la atención de las violaciones graves de derechos humanos para eliminarlas
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 1.2.1. Consolidar y coordinar los sistemas, comisiones y mecanismos que brindan atención a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos | Coordinación de la estrategia | CEAV, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 1.2.2. Colaborar con las Fiscalías en sus procesos de profesionalización y modernización para garantizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos el acceso a la justicia | Coordinación de la estrategia | SEGOB, SSPC | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 1.2.3. Crear un grupo de trabajo entre la CEAV, la FGR y la SEGOB a fin de asegurar la coordinación, conforme a sus mandatos, sobre la asistencia y protección a víctimas y la procuración de justicia | Específica | CEAV, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 1.2.4. Colaborar con el Poder Judicial de la Federación para el fortalecimiento institucional orientado a garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 1.2.5. Colaborar en la formación en materia de derechos humanos del personal que integra a las instituciones encargadas de la procuración de justicia | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
Estrategia prioritaria 1.3. Desarrollar estrategias para la atención de personas y hogares con más carencias sociales
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 1.3.1. Impulsar la generación de un padrón único de las personas beneficiarias de los programas prioritarios de la APF | Específica | BIENESTAR, ECONOMÍA, OPR, SADER, SALUD, SEDATU, SEGOB, SEP, STPS | 2 - Oficina de la Presidencia de la República 129 - Jefatura de la Oficina de la Presidencia |
| 1.3.2. Identificar a las personas, hogares y comunidades que padecen tres o más carencias sociales | Específica | BIENESTAR, OPR | 2 - Oficina de la Presidencia de la República 129 - Jefatura de la Oficina de la Presidencia |
| 1.3.3. Establecer estrategias articuladas de atención para las personas y hogares que padecen tres o más carencias sociales, priorizando a la población excluida de los programas y a las comunidades con mayor concentración de carencias, en coordinación con entidades federativas y municipios | Específica | BIENESTAR, INPI, OPR, SALUD, SEDATU, SEMARNAT, SEP, STPS | 2 - Oficina de la Presidencia de la República 129 - Jefatura de la Oficina de la Presidencia |
| 1.3.4. Promover un sistema de seguimiento territorial de la atención proporcionada a las personas y hogares que padecen tres o más carencias sociales | Específica | BIENESTAR, OPR | 2 - Oficina de la Presidencia de la República 129 - Jefatura de la Oficina de la Presidencia |
| 1.3.5. Impulsar la realización de estudios para identificar y analizar las causas que llevan a las personas a una situación de calle, con el propósito de diseñar estrategias para atenderlas | Específica | BIENESTAR, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
Estrategia prioritaria 1.4. Impulsar el cumplimiento de compromisos y recomendaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 1.4.1. Articular a la APF para la atención oportuna de recomendaciones emitidas por la CNDH | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 1.4.2. Impulsar la firma y ratificación de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos | Específica | CJEF, SEGOB, SRE | 5 - Relaciones Exteriores 100 - Secretaría |
| 1.4.3. Fortalecer la capacidad del Sistema Nacional para la Evaluación del Nivel de Cumplimiento de los Derechos Humanos para ampliar su alcance con otros instrumentos internacionales | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 1.4.4. Establecer un mecanismo que permita dar seguimiento a la atención de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos | Específica | SEGOB, SRE | 5 - Relaciones Exteriores 100 - Secretaría |
| 1.4.5. Reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para conocer sobre casos individuales | Específica | SEGOB, SRE | 5 - Relaciones Exteriores 100 - Secretaría |
Estrategia prioritaria 1.5. Impulsar políticas públicas de derechos humanos para atender áreas parcialmente cubiertas por el Estado
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 1.5.1. Implementar políticas públicas dirigidas a generar contextos favorables para el pleno desarrollo de la autonomía de las mujeres | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 47 - Entidades no Sectorizadas HHG - Instituto Nacional de las Mujeres |
| 1.5.2. Adoptar políticas públicas que aseguren a las personas migrantes y refugiadas la protección y garantía de sus derechos humanos, así como mecanismos de integración social y laboral | Específica | BIENESTAR, SALUD, SEGOB, SEP, SSPC, STPS | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 1.5.3. Impulsar la creación de una política pública para la atención integral de las personas mayores, que promueva una cultura de envejecimiento digno y garantice el acceso al trabajo, salud, seguridad social, educación, esparcimiento y actividades deportivas | Coordinación de la estrategia | BIENESTAR, CULTURA, ECONOMÍA, IMSS, ISSSTE, SADER, SALUD, SECTUR, SEGOB, SEP, STPS | 20 - Bienestar 100 - Secretaría |
| 1.5.4. Desarrollar una política pública que garantice el acceso universal a internet | Específica | SCT | 9 - Comunicaciones y Transportes 100 - Secretaría |
| 1.5.5. Impulsar el diseño de una política nacional en materia de cuidados para niñas, niños, adolescentes y personas mayores, enfermas y con discapacidad | Específica | BIENESTAR, IMSS, INMUJERES, ISSSTE, SALUD, SEGOB, STPS | 47 - Entidades no Sectorizadas HHG - Instituto Nacional de las Mujeres |
Estrategia prioritaria 1.6. Implementar acciones de sensibilización y comunicación para difundir y promover una cultura de derechos humanos
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 1.6.1. Implementar campañas, programas y acciones que promuevan una cultura de derechos humanos, comprendiéndolos como un elemento fundamental de la sociedad y el gobierno | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 1.6.2. Diseñar e implementar campañas nacionales dirigidas a condenar agresiones y reconocer la labor que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 1.6.3. Difundir información sobre el fenómeno de desplazamiento forzado interno para sensibilizar a la población, evitar ambientes de discriminación y estigmatización, y prevenir violaciones a los derechos de las personas en esta situación | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 1.6.4. Difundir de manera permanente los servicios de atención y los mecanismos de denuncia para víctimas de violencia de género | Específica | INMUJERES, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 1.6.5. Propiciar que los medios de comunicación públicos y privados dejen de difundir contenidos basados en estereotipos de género, que reproducen y toleran la violencia contra las mujeres e incentivan la cultura machista | Específica | INMUJERES, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 1.6.6. Formular estrategias de difusión nacional para prevenir la trata de personas, fomentar la denuncia e informar sobre los mecanismos de protección y acceso a la justicia, con énfasis en grupos de mayor riesgo | Específica | INMUJERES, SCT, SECTUR, SEGOB, SEMAR, SEP, STPS, SSPC | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 1.6.7. Promover el derecho de las personas con discapacidad a tener una vida independiente, fomentando su plena inclusión y participación en la comunidad | Específica | BIENESTAR, SEP, SALUD, IMSS, INMUJERES, ISSSTE, SEGOB | 20 - Bienestar 100 - Secretaría |
| 1.6.8. Impulsar campañas que promuevan una cultura de prevención y de denuncia contra el maltrato, la violencia y la explotación económica de las personas mayores | Específica | BIENESTAR | 20 - Bienestar 100 - Secretaría |
| 1.6.9. Generar campañas de divulgación y orientación sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en formatos accesibles y en lenguas indígenas que promuevan su exigibilidad | Específica | BIENESTAR, CULTURA, ECONOMÍA, INMUJERES, INPI, SADER, SALUD, SCT, SEDATU, SEMARNAT, SENER, SEP, STPS | 47 - Entidades no Sectorizadas AYB - Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas |
Estrategia prioritaria 1.7. Impulsar la adecuación del marco normativo mediante la creación, modificación y derogación de normas para la realización de los derechos humanos
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 1.7.1. Proponer la armonización de la legislación penal federal y local en materia de feminicidio y violencia de género, conforme a los estándares nacionales e internacionales | Específica | INMUJERES, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 1.7.2. Promover en las entidades federativas la armonización del marco normativo, conforme a los estándares internacionales, para garantizar los derechos a defender derechos, de réplica y de libertad de expresión y de prensa, derogando los tipos penales y normas administrativas que los restrinjan | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 1.7.3. Impulsar, en el marco normativo, la incorporación de medidas que garanticen el secreto profesional y condiciones de seguridad en el ejercicio del periodismo, en corresponsabilidad con los medios de comunicación públicos y privados | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 1.7.4. Propiciar la armonización de la legislación en las entidades federativas en materia de víctimas y de violaciones graves a los derechos humanos, conforme a las leyes federales o generales vigentes | Específica | CEAV, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 1.7.5. Impulsar un marco normativo en materia de desplazamiento forzado interno que reconozca la problemática, brinde atención integral a las víctimas, proporcione soluciones duraderas y contemple un registro de personas desplazadas | Específica | CEAV, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 1.7.6. Proponer las modificaciones a la legislación laboral necesarias para incrementar los días otorgados por concepto de licencia de maternidad y paternidad, en caso de nacimiento y adopción | Específica | INMUJERES, SEGOB, STPS | 14 - Trabajo y Previsión Social 100 - Secretaría |
| 1.7.7. Impulsar la homologación del marco normativo en las entidades federativas en materia de registro civil para garantizar el derecho a la identidad y lograr el registro oportuno, universal y gratuito | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 1.7.8. Fomentar la armonización en las legislaciones civiles locales para incluir el registro de la identidad de género autopercibida, conforme a los estándares internacionales en la materia, estableciendo los procedimientos administrativos para su acreditación | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 1.7.9. Incentivar el debate legislativo sobre la interrupción legal del embarazo que asegure a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio cuerpo | Específica | INMUJERES, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 1.7.10. Propiciar en el Congreso de la Unión el debate sobre la regulación del uso de la cannabis con fines recreativos, medicinales y terapéuticos | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
Objetivo prioritario 2. Asegurar la atención a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos
Estrategia prioritaria 2.1. Implementar medidas encaminadas a la construcción de paz y garantía de los derechos a la memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición de violaciones graves de derechos humanos
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 2.1.1. Instalar mesas de coordinación interinstitucional para impulsar mecanismos de diálogo, procesos de construcción de paz y reconstrucción del tejido social | Coordinación de la estrategia | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 2.1.2. Implementar planes enfocados a la construcción de paz para contribuir a la reconstrucción del tejido social, priorizando a las poblaciones con mayores brechas de desigualdad y especialmente afectadas por la violencia | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 2.1.3. Analizar y, en su caso, implementar mecanismos extraordinarios para el esclarecimiento de la verdad, el acceso a la justicia, la reparación y la no repetición | Específica | CEAV, SEGOB, SSPC | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 2.1.4. Fortalecer a las instituciones de justicia para responder a la violencia y criminalidad masiva y sistemática, con base en investigaciones especializadas en patrones, delitos complejos y estrategias orientadas al desmantelamiento de aparatos criminales | Coordinación de la estrategia | SEGOB, SSPC | 36 - Seguridad y Protección Ciudadana 100 - Secretaría |
| 2.1.5. Implementar modelos de protección y seguridad para víctimas, personas colaboradoras y servidoras públicas que desarrollen sus actividades en el marco de procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición | Coordinación de la estrategia | SEDENA, SEGOB, SEMAR, SSPC | 36 - Seguridad y Protección Ciudadana 100 - Secretaría |
| 2.1.6. Consolidar la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa como un mecanismo interinstitucional que garantice los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 2.1.7. Incorporar la formación en derechos humanos en todos los niveles del sistema educativo nacional para promover una cultura de paz y ambientes libres de riesgos y violencia | Específica | SEGOB, SEP | 11 - Educación Pública 100 - Secretaría |
Estrategia prioritaria 2.2. Brindar atención a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, en un nivel de intervención indicado, para que logren superar su condición crítica
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 2.2.1. Fortalecer los mecanismos de protección, seguridad y atención integral con enfoque psicosocial para familiares de las personas desaparecidas, con el fin de contrarrestar los riesgos e impactos que enfrentan durante la búsqueda y el acceso a la verdad y justicia | Coordinación de la estrategia | CEAV, SEGOB, SSPC | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 2.2.2. Impulsar acciones de coordinación para atender la desaparición de personas migrantes extranjeras, en territorio nacional y, en su caso, facilitar a sus familiares medidas de protección, acceso a la justicia, atención y reparación integral | Coordinación de la estrategia | CEAV, SEGOB, SRE, SSPC | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 2.2.3. Implementar medidas especiales de atención integral para el retorno, acogida, integración o reubicación voluntaria de las personas en situación de desplazamiento forzado interno, en condiciones seguras y dignas | Coordinación de la estrategia | BIENESTAR, CULTURA, SALUD, SEDATU, SEGOB, SEP, SSPC, STPS | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 2.2.4. Generar mecanismos de coordinación interinstitucional para garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral de las víctimas directas e indirectas de violencia feminicida | Específica | CEAV, INMUJERES, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 2.2.5. Adoptar y fortalecer las medidas de ayuda, asistencia y atención a las víctimas de tortura y OTPCID, así como procurar su adecuada representación legal | Específica | CEAV, SEGOB | 47 - Entidades no Sectorizadas AYJ - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas |
| 2.2.6. Incorporar medidas de protección y atención dentro del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para prevenir y contrarrestar los riesgos que enfrentan estos profesionales con un enfoque diferencial | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 2.2.7. Asegurar a las víctimas de trata de personas el acceso a la justicia, la verdad y la reparación mediante acciones de coordinación | Específica | CEAV, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 2.2.8. Generar acciones en coordinación con organismos nacionales e internacionales para proteger los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres migrantes en su tránsito por el territorio mexicano, previniendo las violaciones a sus derechos humanos | Específica | INMUJERES, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 2.2.9. Fortalecer los servicios de salud y atención obstétrica y ginecológica de calidad y oportunos a mujeres privadas de la libertad | Específica | INMUJERES, SALUD, SSPC | 36 - Seguridad y Protección Ciudadana 100 - Secretaría |
Estrategia prioritaria 2.3. Atender las violaciones graves de derechos humanos, en un nivel de intervención focalizado, para asegurar su no repetición
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 2.3.1. Desarrollar mecanismos de coordinación para el fortalecimiento y mejora en las labores de identificación forense, procesamiento de cuerpos y restos humanos y entrega digna a familiares de personas desaparecidas | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 2.3.2. Realizar análisis de riesgos, desde un enfoque diferencial, de género y especializado, para identificar, prevenir y atender de forma oportuna las causas del desplazamiento forzado interno | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 2.3.3. Construir estándares homologados para todo el país mediante la implementación de un programa nacional de reparaciones que incluya las vías administrativa y jurisdiccional, privilegiando medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición | Específica | CEAV | 47 - Entidades no Sectorizadas AYJ - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas |
| 2.3.4. Consolidar y fortalecer el Mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres como instrumento de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida | Específica | INMUJERES, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 2.3.5. Desarrollar una estrategia de prevención que incluya monitoreo de riesgos y alertas tempranas, de acuerdo con los informes de patrones de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en coordinación con las entidades federativas | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 2.3.6. Incentivar a las empresas para que implementen una cultura de prevención y denuncia en materia de trata de personas, en particular a aquellas que prestan servicios turísticos, de transporte y de comunicación | Específica | SCT, SECTUR, SEGOB, STPS | 14 Trabajo y Previsión Social 100 - Secretaría |
| 2.3.7. Integrar el Registro Nacional de Población con información de identidad jurídica y biométrica, para garantizar el derecho a la identidad de todas las personas y expedir un documento único digital de identificación nacional biometrizado, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, protegiendo los datos personales | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 2.3.8. Promover acciones para garantizar el reconocimiento a la identidad, a través de impulsar el registro oportuno y disminuir el subregistro de nacimientos y defunciones, priorizando las regiones y poblaciones con mayores brechas de desigualdad y aquellas que se encuentran en alguna condición de vulnerabilidad, en coordinación con los tres órdenes de gobierno | Coordinación de la estrategia | INPI, SALUD, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 2.3.9. Promover la mejora de la operación y las condiciones de internamiento en los centros penitenciarios para prevenir y evitar violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad | Específica | SSPC | 36 - Seguridad y Protección Ciudadana 100 - Secretaría |
| 2.3.10. Fortalecer la supervisión y regulación de los establecimientos que realizan actividades de tratamiento de las adicciones para prevenir violaciones a los derechos humanos | Específica | SALUD | 12 - Salud 100 - Secretaría |
Objetivo prioritario 3. Impulsar acciones focalizadas para garantizar los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados
Estrategia prioritaria 3.1. Implementar medidas para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 3.1.1. Garantizar los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a su vida cultural, a la ciencia y a la educación intercultural, bilingüe e inclusiva, de acuerdo con sus características lingüísticas y cosmovisiones | Específica | CONACYT, CULTURA, INPI, SEP | 47 - Entidades no Sectorizadas AYB - Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas |
| 3.1.2. Incluir el conocimiento generado por personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología | Específica | CONACYT, CULTURA, INPI, SEP | 47 - Entidades no Sectorizadas AYB - Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas |
| 3.1.3. Coordinar acciones interinstitucionales que permitan a las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas contar con asesoría y asistencia legal con perspectiva intercultural para garantizar el acceso a la justicia, respetando los sistemas normativos indígenas | Específica | CEAV, INPI, SEGOB | 47 - Entidades no Sectorizadas AYB - Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas |
| 3.1.4. Asegurar la implementación del enfoque diferenciado en la prestación de bienes y servicios públicos para las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, reconociendo su libre determinación y sus sistemas normativos y cosmovisiones | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 47 - Entidades no Sectorizadas AYB - Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas |
| 3.1.5. Articular acciones interinstitucionales para garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, culturalmente adecuado y de buena fe a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en la implementación de medidas y proyectos susceptibles de afectarles | Específica | INPI | 47 - Entidades no Sectorizadas AYB - Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas |
| 3.1.6. Impulsar acciones encaminadas a la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a la protección y desarrollo de su patrimonio cultural | Específica | ECONOMÍA, INPI, SEGOB | 47 - Entidades no Sectorizadas AYB - Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas |
Estrategia prioritaria 3.2. Propiciar cambios sociales y culturales para favorecer el pleno desarrollo y bienestar de las personas con discapacidad
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 3.2.1. Impulsar que las personas con discapacidad accedan, en condiciones de igualdad, a los servicios, apoyos y créditos gubernamentales, así como a los productos y servicios que ofrecen las instituciones de crédito | Específica | BIENESTAR, ECONOMÍA, SADER, SEGOB, SHCP | 6 - Hacienda y Crédito Público 100 - Secretaría |
| 3.2.2. Formular acciones que aseguren el acceso de las personas con discapacidad a la educación inclusiva y de calidad en condiciones de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y diseño universal | Específica | BIENESTAR, SEGOB, SEP | 11 - Educación Pública 100 - Secretaría |
| 3.2.3. Garantizar que todos los bienes, servicios e inmuebles de la APF cumplan con los criterios de diseño universal y accesibilidad para las personas con discapacidad | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 6 - Hacienda y Crédito Público 100 - Secretaría |
| 3.2.4. Difundir y promover la implementación de los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en los programas y las instituciones de la APF | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 27 - Función Pública 100 - Secretaría |
| 3.2.5. Promover el diseño y la implementación de acciones afirmativas y de ajustes razonables para incluir a las personas con discapacidad en el ámbito laboral del sector público y privado | Específica | BIENESTAR, SEGOB, STPS | 14 - Trabajo y Previsión Social 100 - Secretaría |
| 3.2.6. Promover acciones que permitan garantizar y proteger los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, con perspectiva de género e interculturalidad | Específica | BIENESTAR, IMSS, INMUJERES, ISSSTE, SALUD, SEGOB, SEP | 12 - Salud 100 - Secretaría |
| 3.2.7. Fomentar en las instituciones de salud el respeto a la autonomía en la toma de decisiones y al consentimiento libre e informado de las personas con discapacidad | Específica | BIENESTAR, IMSS, ISSSTE, SALUD, SEGOB | 12 - Salud 100 - Secretaría |
| 3.2.8. Asegurar el pleno ejercicio de la capacidad jurídica en la toma de decisiones de las personas con discapacidad en la normatividad correspondiente | Específica | BIENESTAR, SEGOB | 20 - Bienestar 100 - Secretaría |
Estrategia prioritaria 3.3. Eliminar los prejuicios y las prácticas discriminatorias para garantizar los derechos humanos de las personas LGBTTTIQ
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 3.3.1. Impulsar entre el personal del sector educativo, en los ámbitos público y privado, una cultura de pleno respeto a los derechos de las personas LGBTTTIQ | Específica | SEGOB, SEP | 11 - Educación Pública 100 - Secretaría |
| 3.3.2. Diseñar e implementar programas para la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de discriminación o violencia por su orientación sexual o por su identidad o expresión de género, en los ámbitos educativo, de salud, cultural y deportivo | Específica | CULTURA, SALUD, SEGOB, SEP | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 3.3.3. Impulsar, en las entidades federativas, el reconocimiento en condiciones de igualdad al matrimonio civil y el reconocimiento del concubinato de las parejas del mismo sexo, así como los derechos derivados | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 3.3.4. Diseñar políticas públicas orientadas a la prevención, atención, sanción y reparación a víctimas de la violencia y/o de crímenes de odio cometidos en contra de personas LGBTTTIQ | Específica | CEAV, SEGOB, SSPC | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 3.3.5. Impulsar acciones para erradicar la discriminación y violencia por orientación sexual e identidad sexogenérica en los medios de comunicación públicos y privados | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
Estrategia prioritaria 3.4. Generar condiciones para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 3.4.1. Impulsar acciones para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el acceso a servicios e información científica de calidad, que promuevan el ejercicio libre de la sexualidad, con énfasis en la prevención de las infecciones de transmisión sexual y de embarazos adolescentes | Coordinación de la estrategia | IMSS, INMUJERES, ISSSTE, SALUD, SEGOB, SEP | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 3.4.2. Reforzar las acciones orientadas a la erradicación del embarazo infantil mediante la coordinación interinstitucional | Coordinación de la estrategia | IMSS, INMUJERES, ISSSTE, SALUD, SEGOB, SEP, SSPC | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 3.4.3. Implementar acciones de coordinación interinstitucional para garantizar el acceso y ejercicio de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con énfasis en aquellos grupos en contextos de pobreza, marginación y violencia | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 3.4.4. Fortalecer las acciones para prevenir, sancionar y erradicar el trabajo infantil | Coordinación de la estrategia | BIENESTAR, SEGOB, STPS | 14 - Trabajo y Previsión Social 100 - Secretaría |
| 3.4.5. Promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y complementaria hasta los dos años, fomentando las mejores prácticas de salud materna | Específica | IMSS, INMUJERES, ISSSTE, SALUD | 12 - Salud 100 - Secretaría |
| 3.4.6. Impulsar acciones dirigidas a prevenir la obesidad infantil mediante la promoción de cultura nutricional y actividades físicas y deportivas en el ámbito educativo | Específica | IMSS, ISSSTE, SALUD, SEP | 11 - Educación Pública 100 - Secretaría |
| 3.4.7. Implementar medidas de asistencia, atención y reparación integral, especializadas, diferenciadas y adaptadas para niñas, niños y adolescentes víctimas, en el marco del SNAV, garantizando el interés superior de la infancia | Específica | CEAV, SEGOB | 47 - Entidades no Sectorizadas AYJ - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas |
| 3.4.8. Colaborar en la consolidación de los programas encaminados a la inserción laboral y capacitación de las y los jóvenes | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 14 - Trabajo y Previsión Social 100 - Secretaría |
Estrategia prioritaria 3.5. Implementar acciones para generar bienestar y mejora en la calidad de vida de las personas mayores
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 3.5.1. Implementar políticas públicas en materia de salud con perspectiva gerontológica y de curso de vida, dirigidas a garantizar el bienestar, la autonomía y la mejora en la calidad de vida de las personas mayores | Específica | BIENESTAR, IMSS, ISSSTE, SALUD | 12 - Salud 100 - Secretaría |
| 3.5.2. Impulsar oportunidades de trabajo digno para la incorporación de las personas mayores en los sectores laborales público y privado, con actividades que valoren y desarrollen sus conocimientos, habilidades y aptitudes | Específica | BIENESTAR, SEGOB, STPS | 14 - Trabajo y Previsión Social 100 - Secretaría |
| 3.5.3. Promover el acceso a la educación mediante espacios de formación, capacitación, aprendizaje continuo y accesible, así como actividades de interés para las personas mayores | Específica | BIENESTAR, CULTURA, SEP | 11- Educación Pública 100 - Secretaría |
| 3.5.4. Realizar acciones de sensibilización dirigidas a promover la autonomía, la participación, la independencia y el respeto de las decisiones de las personas mayores en los ámbitos familiar y social | Específica | BIENESTAR, SEGOB | 20 - Bienestar 100 - Secretaría |
| 3.5.5. Promover acciones de coordinación para que las personas mayores tengan acceso a un mínimo vital | Específica | BIENESTAR | 20 - Bienestar 100 - Secretaría |
| 3.5.6. Asegurar la implementación de un enfoque diferenciado en la prestación de bienes y servicios públicos para las personas mayores | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 20 - Bienestar 100 - Secretaría |
Estrategia prioritaria 3.6. Impulsar políticas públicas orientadas a prevenir y disminuir los impactos negativos de la actividad empresarial pública, privada o mixta
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 3.6.1. Promover y proteger los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados o afectados en el contexto de las actividades empresariales | Coordinación de la estrategia | ECONOMÍA, SEGOB, STPS | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 3.6.2. Impulsar la adopción de los Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos de la ONU y las Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE | Coordinación de la estrategia | ECONOMÍA, SEGOB, STPS | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 3.6.3. Promover la armonización del marco normativo que regula las actividades empresariales públicas, privadas y mixtas, conforme a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos | Específica | ECONOMÍA, SEGOB, STPS | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 3.6.4. Impulsar la creación de un instrumento de política pública que desarrolle acciones de respeto y protección de los derechos humanos que corresponden al sector empresarial, así como de prevención y reparación del daño en caso de violaciones a los mismos | Específica | ECONOMÍA, SEGOB, STPS | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 3.6.5. Impulsar la debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y reparar impactos adversos generados por la actividad empresarial pública, privada o mixta, y para propiciar la transparencia y rendición de cuentas en las cadenas de valor | Específica | ECONOMÍA, SEGOB, STPS | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 3.6.6. Fortalecer mecanismos que permitan a las personas alertar sobre casos de abusos a derechos humanos, corrupción y malas prácticas en el sector empresarial de forma segura, confidencial y anónima, garantizando su protección | Específica | ECONOMÍA, SEGOB, STPS | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 3.6.7. Establecer con los sectores social y privado medidas para la garantía de condiciones satisfactorias de trabajo para jornaleras y jornaleros agrícolas | Específica | ECONOMÍA, SADER, SEGOB, STPS | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 3.6.8. Difundir y capacitar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno sobre las obligaciones en materia de derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales | Específica | SEGOB, ECONOMÍA | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 3.6.9. Promover que las empresas públicas, privadas y mixtas adopten las medidas necesarias para fomentar la formalización del empleo, orientadas a evitar su precarización | Específica | ECONOMÍA, SEGOB, STPS | 14 - Trabajo y Previsión Social 100 - Secretaría |
| 3.6.10. Establecer mecanismos de prevención, evaluación y reparación integral para atender los impactos negativos producidos por la actividad empresarial pública y privada, con la participación de las personas y comunidades afectadas | Específica | ECONOMÍA, SEGOB, STPS | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
Estrategia prioritaria 3.7. Implementar medidas orientadas a la protección de los derechos a la tierra, el territorio y el medio ambiente sano, privilegiando la autonomía y la libre determinación de las comunidades
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 3.7.1. Promover la adopción, aplicación y monitoreo de medidas efectivas para garantizar el respeto y la protección de los agrosistemas tradicionales de producción de alimentos y su biodiversidad | Específica | SADER, SEDATU, SEMARNAT | 8 - Agricultura y Desarrollo Rural 100 - Secretaría |
| 3.7.2. Fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar los derechos a la tierra, territorio, recursos naturales y patrimonio biocultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, respetando sus sistemas normativos y cosmovisiones | Específica | INPI, SCT, SEDATU, SEGOB, SEMARNAT, SENER | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 100 - Secretaría |
| 3.7.3. Asegurar el acceso universal al agua potable, gestionando medidas de control, sanción y remediación para garantizar la calidad en los cuerpos de agua, priorizando zonas rurales y remotas | Específica | SEMARNAT | 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales 100 - Secretaría |
| 3.7.4. Fortalecer el Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental y Social de proyectos y actividades de los sectores público y privado, que impacten en los DESCA, con la participación de personas y comunidades potencialmente afectadas | Específica | INPI, SCT, SEMARNAT, SENER | 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales 100 - Secretaría |
| 3.7.5. Propiciar la generación de acciones afirmativas, con perspectivas de género e intercultural, que faciliten el acceso a la seguridad de la tenencia de la tierra para las mujeres | Específica | INMUJERES, SEDATU | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 100 - Secretaría |
| 3.7.6. Diseñar e implementar una política pública en materia ambiental y biocultural incluyente, preventiva e integral, asegurando la participación ciudadana | Específica | SEMARNAT | 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales 100 - Secretaría |
| 3.7.7. Promover la armonización del marco normativo, de acuerdo con los estándares internacionales, en materia de soberanía alimentaria, con regímenes agrarios adecuados y sistemas justos de producción, conservación y distribución de alimentos | Específica | ECONOMÍA, SADER, SEDATU | 8 - Agricultura y Desarrollo Rural 100 - Secretaría |
| 3.7.8. Impulsar la adecuada tipificación de los delitos contra el ambiente, de responsabilidad de los sectores público y privado, así como para la reparación del daño, a fin de facilitar el acceso a la justicia en materia socioambiental | Específica | ECONOMÍA, SADER, SEMARNAT, SENER | 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales 100 - Secretaría |
Objetivo prioritario 4. Mejorar la capacidad de gestión y respuesta de la APF para la protección y garantía de los derechos humanos
Estrategia prioritaria 4.1. Promover la expansión de las asignaciones presupuestarias para aumentar la oferta de bienes y servicios de la APF en materia de derechos humanos
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 4.1.1. Identificar las necesidades de bienes y servicios en las comunidades y poblaciones | Específica | BIENESTAR, OPR | 2 - Oficina de la Presidencia de la República 129 - Jefatura de la Oficina de la Presidencia |
| 4.1.2. Orientar la expansión progresiva de la oferta de bienes y servicios públicos de la APF, en coordinación con otros poderes y órdenes de gobierno | Específica | BIENESTAR, OPR | 2 - Oficina de la Presidencia de la República 129 - Jefatura de la Oficina de la Presidencia |
| 4.1.3. Impulsar la inclusión del enfoque de derechos humanos en los estudios presupuestales relacionados con los procesos de planeación, programación, ejercicio, seguimiento y control del gasto público | Específica | SEGOB, SHCP | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 4.1.4. Diseñar herramientas para incluir el enfoque de derechos humanos en la elaboración de presupuestos | Específica | SEGOB, SHCP | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 4.1.5. Fortalecer la integridad de los servidores públicos en el orden estatal y municipal | Específica | SESNA, SFP | 27 - Función Pública 100 - Secretaría |
Estrategia prioritaria 4.2. Mejorar la integridad pública de la APF para la protección de los derechos humanos
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 4.2.1. Fortalecer los mecanismos internos de control en la APF que aseguren la investigación y sanción de personas servidoras públicas que violen derechos humanos | Específica | SFP | 27 - Función Pública 100 - Secretaría |
| 4.2.2. Impulsar y fortalecer mecanismos administrativos sencillos que permitan a las personas alertar sobre violaciones a derechos humanos, corrupción y malas prácticas en la APF de forma segura, confidencial y anónima, garantizando su protección | Específica | SFP | 27 - Función Pública 100 - Secretaría |
| 4.2.3. Promover la paridad de género en la designación de nombramientos en todos los puestos de la APF, con énfasis en aquellos de toma de decisión | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 47 - Entidades no Sectorizadas HHG - Instituto Nacional de las Mujeres |
| 4.2.4. Implementar medidas para facilitar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, así como promover la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal en la APF | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 47 - Entidades no Sectorizadas HHG - Instituto Nacional de las Mujeres |
| 4.2.5. Emprender acciones para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso y hostigamiento sexual en la APF | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 27 - Función Pública 100 - Secretaría |
| 4.2.6. Incorporar el lenguaje incluyente y no discriminatorio en la comunicación y difusión institucional de la APF | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 47 - Entidades no Sectorizadas HHG - Instituto Nacional de las Mujeres |
| 4.2.7. Aplicar procedimientos administrativos, de investigación y sanción a las personas servidoras públicas que atenten contra los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas | Específica | SEGOB, SFP | 27 Función Pública 100 Secretaría |
| 4.2.8. Robustecer las capacidades técnicas, financieras y de recursos humanos del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 4.2.9. Fortalecer las capacidades institucionales en los tres niveles de gobierno que garanticen acciones integrales de reparación y atención a víctimas | Específica | CEAV | 47 - Entidades no Sectorizadas AYJ Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas |
| 4.2.10. Fortalecer las capacidades técnicas, financieras y de recursos humanos de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para garantizar el procedimiento de solicitud de la condición de refugiado, conforme a los estándares nacionales e internacionales | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
Estrategia prioritaria 4.3. Colaborar con otros poderes y organismos para el fortalecimiento de las capacidades institucionales
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 4.3.1. Colaborar con organismos autónomos para la promoción de una cultura de derechos humanos, así como para la prevención de violaciones a estos | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 4.3.2. Establecer convenios de colaboración con instituciones de educación superior para la realización de estudios, eventos académicos y otros proyectos en materia de derechos humanos | Específica | SEGOB, SEP | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 4.3.3. Propiciar esquemas de cooperación con organismos internacionales que promuevan el fortalecimiento institucional para la realización de los derechos humanos | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 4.3.4. Establecer grupos de trabajo para promover la armonización normativa en materia de derechos humanos en coordinación con los poderes legislativo, tanto federal como de las entidades federativas | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 4.3.5. Proponer y celebrar instrumentos jurídicos de colaboración entre instancias públicas y organismos nacionales e internacionales para la prevención, investigación y persecución de la tortura y OTPCID | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
Estrategia prioritaria 4.4. Colaborar con las entidades federativas y los municipios para ampliar las capacidades de atención y respuesta a las violaciones de derechos humanos
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 4.4.1. Impulsar en las entidades federativas la elaboración e implementación de instrumentos de política pública en materia de derechos humanos | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 4.4.2. Fomentar que las entidades federativas difundan sus instrumentos de política pública en materia de derechos humanos en lenguas indígenas y formatos accesibles | Específica | SEGOB, SEP | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 4.4.3. Promover la creación de áreas especializadas de derechos humanos en los gobiernos estatales y municipales | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 4.4.4. Establecer mecanismos institucionales en los tres órdenes de gobierno que permitan la instrumentación de medidas efectivas para la prevención y atención de la violencia feminicida | Coordinación de la estrategia | INMUJERES, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 4.4.5. Impulsar la creación y fortalecimiento de las comisiones estatales de atención a víctimas y de búsqueda de personas desaparecidas, así como la provisión de recursos humanos, técnicos, financieros, tecnológicos y materiales suficientes | Específica | CEAV, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 4.4.6. Articular la colaboración con las entidades federativas y organismos de derechos humanos para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 4.4.7. Implementar campañas dirigidas a todas las autoridades para la consolidación de una cultura de cero tolerancia a la tortura y OTPCID, en los tres órdenes de gobierno | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 4.4.8. Colaborar con gobiernos municipales para promover y fortalecer la atención y prevención de violaciones a derechos humanos | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
Estrategia prioritaria 4.5. Propiciar esquemas de participación ciudadana para el fortalecimiento de las acciones de la APF en materia de derechos humanos
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 4.5.1. Promover la participación informada y competente de los actores relevantes en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas de derechos humanos | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 4.5.2. Promover mecanismos que aseguren la participación de las familias y colectivos de personas desaparecidas en las políticas, programas e instrumentos contemplados en la Ley General en la materia | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 4.5.3. Garantizar la implementación de mecanismos de participación de las personas en situación de desplazamiento forzado interno, en los procesos de prevención, atención y reparación integral | Específica | CEAV, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 4.5.4. Realizar acciones, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, para garantizar la participación de las personas con discapacidad en los programas sociales, culturales, deportivos y recreativos, en condiciones de igualdad | Específica | BIENESTAR, CULTURA, SEGOB, SEP | 20 - Bienestar 100 - Secretaría |
| 4.5.5. Gestionar la implementación de mecanismos de participación en la toma de decisiones públicas, para niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con su autonomía progresiva y en apego a su interés superior | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 4.5.6. Privilegiar el diálogo entre la sociedad civil, las instituciones y los organismos que promueven y defienden los derechos humanos, conforme al modelo de gobierno abierto | Específica | SEGOB, SRE | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
Estrategia prioritaria 4.6. Generar información y evidencia para la toma de decisiones en la APF
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 4.6.1. Generar sistemas de información, y consolidar los ya existentes, que permitan identificar al universo de víctimas y sus características, así como analizar patrones de violaciones graves de derechos humanos | Coordinación de la estrategia | CEAV, SEDENA, SEGOB, SEMAR, SSPC | 36 - Seguridad y Protección Ciudadana 100 - Secretaría |
| 4.6.2. Asegurar la producción y disponibilidad de indicadores e información estadística que permitan medir la situación de los derechos humanos, por medio de censos, encuestas y registros administrativos | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 4.6.3. Garantizar el acceso a la información relacionada con violaciones graves de derechos humanos | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 4.6.4. Promover la instalación de comités especializados para el desarrollo de evaluaciones de programas en materia de derechos humanos en la APF | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 4.6.5. Promover la elaboración de un diagnóstico sobre la situación del desplazamiento forzado interno para conocer, prevenir y atender integralmente la problemática | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 4.6.6. Promover la generación de información sobre tortura y OTPCID a través de estudios y encuestas, en particular la Encuesta a Población Privada de la Libertad que realiza el INEGI | Específica | SEGOB, SSPC | 36 - Seguridad y Protección Ciudadana 100 - Secretaría |
| 4.6.7. Fortalecer el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres para contar con información que permita focalizar los esfuerzos y realizar ajustes a las políticas públicas y programas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 4.6.8. Impulsar la generación de información estadística que visibilice los asentamientos irregulares, con base en criterios de derechos humanos para prevenir riesgos y propiciar asentamientos humanos seguros | Específica | SEDATU, SEGOB | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 100 - Secretaría |
| 4.6.9. Elaborar diagnósticos sobre las capacidades institucionales con las que cuentan las entidades federativas y los municipios para prevenir, atender y garantizar la no repetición de violaciones a derechos humanos | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
Objetivo prioritario 5. Proporcionar herramientas y capacitación integral a las personas servidoras públicas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos
Estrategia prioritaria 5.1. Desarrollar metodologías, programas y materiales de capacitación en materia de derechos humanos y género
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 5.1.1. Realizar un estudio que permita identificar las necesidades de capacitación, así como el nivel de conocimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, al interior de la APF | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 5.1.2. Desarrollar, en colaboración con instituciones de educación superior, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, herramientas de formación en materia de derechos humanos | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 5.1.3. Desarrollar materiales orientados a la transversalización de los enfoques de derechos humanos, género, igualdad y no discriminación, interculturalidad y enfoques diferenciados, entre otros, en los programas y acciones en los tres niveles de gobierno | Específica | INMUJERES, INPI, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 5.1.4. Generar en la APF espacios de diálogo especializados en temas coyunturales en materia de derechos humanos que incentiven a la reflexión y al intercambio de conocimientos y experiencias | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 5.1.5. Incorporar mecanismos de evaluación en los programas de capacitación en materia de derechos humanos de la APF | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 5.1.6. Implementar programas académicos para la especialización del personal del servicio público que atiende temas prioritarios y grupos históricamente discriminados | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 5.1.7. Promover la perspectiva de género en todos los programas de capacitación y difusión de la APF | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 27 Función Pública 100 Secretaría |
| 5.1.8. Promover el reconocimiento y el respeto del derecho a la autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad en los programas de capacitación | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 5.1.9. Diseñar e implementar campañas de difusión, en la APF, orientadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 2 - Oficina de la Presidencia de la República 129 - Jefatura de la Oficina de la Presidencia |
Estrategia prioritaria 5.2. Promover la formación continua de las personas servidoras públicas en materia de derechos humanos y género
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 5.2.1. Implementar programas de capacitación y formación en materia de derechos humanos y género para las personas servidoras públicas | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 5.2.2 Implementar programas de capacitación en la APF orientados a la atención de las recomendaciones de la CNDH para garantizar su no repetición | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 5.2.3. Implementar programas de capacitación orientados a la erradicación de la tortura y OTPCID, mediante la formación de personas capacitadoras especializadas en áreas de seguridad y prevención de delitos, en coordinación con los tres órdenes de gobierno | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 5.2.4. Promover acciones de capacitación y sensibilización dirigidas a las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus atribuciones, en materia de desplazamiento forzado interno | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 5.2.5. Realizar cursos de sensibilización y capacitación para promover el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en la APF | Específica | INPI, SEGOB | 47 - Entidades no Sectorizadas AYB - Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas |
| 5.2.6. Promover la sensibilización y capacitación de las personas servidoras públicas para prevenir y erradicar la estigmatización y la violencia motivada por la orientación sexual, la identidad o expresión de género y las características sexuales | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 5.2.7. Implementar un programa de capacitación a personas servidoras públicas para prevenir las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 5.2.8. Capacitar al personal del Sistema Nacional de Salud en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad y no discriminación, para prevenir y erradicar la violencia obstétrica | Específica | IMSS, INMUJERES, ISSSTE, SALUD, SEGOB | 12 - Salud 100 - Secretaría |
| 5.2.9. Capacitar a las personas servidoras públicas de la APF sobre acciones para prevenir y erradicar la violencia de género en los espacios de trabajo | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 27 - Función Pública 100 - Secretaría |
| 5.2.10. Impulsar que las y los agentes encargados de hacer cumplir la ley se capaciten permanentemente en el uso gradual de la fuerza, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género | Específica | SEDENA, SEGOB, SEMAR, SSPC | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
Estrategia prioritaria 5.3. Elaborar, implementar y difundir protocolos en materia de derechos humanos orientados a mejorar la actuación de las personas servidoras públicas
| Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
| 5.3.1. Impulsar que la elaboración e implementación de los protocolos y procedimientos de búsqueda de personas desaparecidas se apeguen a los principios que establece la Ley y los tratados internacionales en la materia | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 5.3.2. Coadyuvar en la elaboración e implementación de protocolos de actuación en las instituciones de seguridad y procuración de justicia para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 5.3.3. Impulsar el diseño e implementación de protocolos especializados y homologados a nivel federal y estatal para la procuración y administración de justicia en materia de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 5.3.4. Promover el diseño de protocolos sobre el uso legítimo de la fuerza que regulen la actuación de las y los agentes encargados de hacer cumplir la ley, dirigidos a las instituciones de seguridad y procuración de justicia | Específica | SEDENA, SEGOB, SEMAR, SSPC | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
| 5.3.5. Promover la creación, mejora y homologación de protocolos y mecanismos de alerta para prevenir, identificar y atender actos discriminatorios, hostigamiento, violencia y acoso laboral y sexual en el trabajo en los sectores público y privado | Coordinación de la estrategia | INMUJERES, SEGOB, SFP, STPS | 14 - Trabajo y Previsión Social 100 - Secretaría |
8. Metas para el bienestar y Parámetros
Como un medio para valorar los avances y resultados de la implementación del PNDH, este apartado presenta dos tipos de mediciones: Metas para el bienestar y Parámetros. Ambos instrumentos numéricos permiten registrar cambios concretos y relevantes en los ámbitos en los que inciden los Objetivos prioritarios de este Programa de manera directa, sin restar importancia a las aportaciones de otros esfuerzos que comparten los mismos fines.
Las Metas para el bienestar son mediciones a las que se les establecen metas numéricas; compromisos del Gobierno de México a alcanzar hacia el final del sexenio. En cambio, los Parámetros son métricas complementarias cuyo propósito consiste en conocer su tendencia a lo largo de la administración.
El conjunto de estos indicadores constituye el compromiso del Gobierno de México con la sociedad mexicana y la comunidad internacional de dar seguimiento a la implementación del Programa. Sin embargo, este cuerpo de indicadores por sí mismo es insuficiente para dar evidencia exhaustiva de los ámbitos a los que contribuyen, por lo que debe considerarse información adicional, no sólo para orientar el rumbo de la política nacional en derechos humanos, sino también para evaluar el grado de cumplimiento del Estado mexicano en la materia.
Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 1
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |
| Nombre | Índice de Estado de Derecho de México |
| Objetivo prioritario | Asegurar una respuesta articulada de la APF a la crisis de derechos humanos |
| Definición o descripción | Este índice, elaborado por World Justice Project, mide la adherencia al Estado de Derecho en México, de acuerdo con dos principios: los límites legales que tienen tanto el Estado como la ciudadanía y los límites que el Estado impone en la sociedad para salvaguardar el interés público. |
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Anual |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Puntos | Periodo de recolección de los datos | Enero a diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Diciembre |
| Tendencia esperada | Ascendente | Unidad responsable de reportar el avance | Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos |
| Método de cálculo |  IED: Índice de Estado de Derecho LPG: Límites al poder gubernamental AC: Ausencia de corrupción GA: Gobierno abierto DF: Derechos fundamentales OS: Orden y seguridad CR: Cumplimiento regulatorio JC: Justicia civil JP: Justicia penal |
| Observaciones | El dato nacional es un promedio de los resultados de las entidades federativas. Para una descripción completa de cada componente del índice se sugiere revisar World Justice Project (WJP), Índice de Estado de Derecho en México 2018. Perspectivas y experiencias en los 32 estados del país (México: WJP, 2018). |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado. | |||||
| Nombre variable 1 | Límites al poder gubernamental | Valor variable 1 | 0.41 | Fuente de información variable 1 | Índice de Estado de Derecho en México 2018, WJP |
| Nombre variable 2 | Ausencia de corrupción | Valor variable 2 | 0.35 | Fuente de información variable 2 | Índice de Estado de Derecho en México 2018, WJP |
| Nombre variable 3 | Gobierno abierto | Valor variable 3 | 0.38 | Fuente de información variable 3 | Índice de Estado de Derecho en México 2018, WJP |
| Nombre variable 4 | Derechos fundamentales | Valor variable 4 | 0.49 | Fuente de información variable 4 | Índice de Estado de Derecho en México 2018, WJP |
| Nombre variable 5 | Orden y seguridad | Valor variable 5 | 0.40 | Fuente de información variable 5 | Índice de Estado de Derecho en México 2018, WJP |
| Nombre variable 6 | Cumplimiento regulatorio | Valor variable 6 | 0.36 | Fuente de información variable 6 | Índice de Estado de Derecho en México 2018, WJP |
| Nombre variable 7 | Justicia civil | Valor variable 7 | 0.36 | Fuente de información variable 7 | Índice de Estado de Derecho en México 2018, WJP |
| Nombre variable 8 | Justicia penal | Valor variable 8 | 0.38 | Fuente de información variable 8 | Índice de Estado de Derecho en México 2018, WJP |
| Sustitución en método de cálculo |  |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS |
| Línea base | Nota sobre la línea base | |
| Valor | 0.39 | La puntuación es de 0 a 1, en donde mayor puntuación indica mayor adherencia al Estado de Derecho |
| Año | 2018 | |
| Meta 2024 | Nota sobre la meta 2024 | |
| 0.47 | NA | |
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | | | 0.39 |
| METAS | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 |
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 1
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |
| Nombre | Porcentaje de la población en situación de pobreza extrema |
| Objetivo prioritario | Asegurar una respuesta articulada de la APF a la crisis de derechos humanos |
| Definición o descripción | Mide el porcentaje de la población con al menos tres carencias sociales y que se encuentra por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos. |
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Bienal |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de los datos | Enero a diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Diciembre |
| Tendencia esperada | Descendente | Unidad responsable de reportar el avance | Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos |
| Método de cálculo |  PPE: Porcentaje de la población en situación de pobreza extrema PEm: Población de mujeres en pobreza extrema PEh: Población de hombres en pobreza extrema PTm: Población total de mujeres PTh: Población total de hombres |
| Observaciones | La línea de pobreza extrema por ingresos es igual al valor de la canasta alimentaria. Las personas que se encuentran por debajo de esta línea no tienen una alimentación nutritiva y de calidad, incluso cuando gastan todo su ingreso en alimentos. Las carencias sociales son: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado. | |||||
| Nombre variable 1 | Población de mujeres en pobreza extrema | Valor variable 1 | 4'760,892 | Fuente de información variable 1 | Medición de la pobreza 2008-2018. Programas de cálculo y bases de datos 2008-2018, CONEVAL. |
| Nombre variable 2 | Población de hombres en pobreza extrema | Valor variable 2 | 4'549,261 | Fuente de información variable 2 | Medición de la pobreza 2008-2018. Programas de cálculo y bases de datos 2008-2018, CONEVAL. |
| Nombre variable 3 | Población total de mujeres | Valor variable 3 | 64'347,668 | Fuente de información variable 3 | Medición de la pobreza 2008-2018. Programas de cálculo y bases de datos 2008-2018, CONEVAL. |
| Nombre variable 4 | Población total de hombres | Valor variable 4 | 60'734,748 | Fuente de información variable 4 | Medición de la pobreza 2008-2018. Programas de cálculo y bases de datos 2008-2018, CONEVAL. |
| Sustitución en método de cálculo |  |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | ||||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | |||||||
| Valor | 7.4 | NA | ||||||
| Año | 2018 | |||||||
| Meta 2024 | Nota sobre la meta 2024 | |||||||
| NA | NA | |||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | ||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 9.8 | | 9.5 | | 7.6 | | 7.4 | ||
| METAS | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| NA | NA | NA | NA | NA |
Parámetro 2 del Objetivo prioritario 1
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |
| Nombre | Porcentaje de recomendaciones aceptadas y cumplidas |
| Objetivo prioritario | Asegurar una respuesta articulada de la APF a la crisis de derechos humanos |
| Definición o descripción | Mide el porcentaje de recomendaciones aceptadas y cumplidas por una autoridad respecto a las recomendaciones emitidas por los organismos de protección de derechos humanos. |
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Anual |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de los datos | Enero a diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Diciembre |
| Tendencia esperada | Ascendente | Unidad responsable de reportar el avance | Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos |
| Método de cálculo |  PR: Porcentaje de recomendaciones aceptadas y cumplidas RAC: Número de recomendaciones aceptadas y cumplidas RT: Recomendaciones totales |
| Observaciones | Las recomendaciones totales se conforman por los siguientes grupos: aceptadas y cumplidas; aceptadas con cumplimiento parcial; aceptadas sin prueba de cumplimiento; aceptadas y en tiempo para presentar pruebas de cumplimiento; desechadas; pendientes (en tiempo de ser contestadas). |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado. | |||||
| Nombre variable 1 | Recomendaciones aceptadas y cumplidas | Valor variable 1 | 359 | Fuente de información variable 1 | Tabulados interactivos. Ejercicio de la función en materia de protección de derechos humanos. Censos Nacionales de Derechos Humanos Federal y Estatal 2019, INEGI. |
| Nombre variable 2 | Recomendaciones totales | Valor variable 2 | 1,768 | Fuente de información variable 2 | Tabulados interactivos. Ejercicio de la función en materia de protección de derechos humanos. Censos Nacionales de Derechos Humanos Federal y Estatal 2019, INEGI. |
| Sustitución en método de cálculo |  |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | ||
| Línea base | Nota sobre la línea base | |
| Valor | 20.3 | La línea base corresponde a los Censos Nacionales de Derechos Humanos Federal y Estatal 2019, los cuales muestran información de 2018 |
| Año | 2018 | |
| Meta 2024 | Nota sobre la meta 2024 | |
| NA | NA | |
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | ||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| | | | | 24.3 | 20.8 | 20.3 | ||||
| METAS | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 2
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |
| Nombre | Tasa de incidencia delictiva del fuero común por cada 100 mil habitantes (delitos seleccionados) |
| Objetivo prioritario | Asegurar la atención a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos |
| Definición o descripción | Mide la tasa de incidencia delictiva del fuero común por cada 100 mil habitantes, que se refiere a la presunta ocurrencia de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad personal y contra la sociedad registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las procuradurías de justicia y fiscalías generales de las entidades federativas. |
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Anual |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Delitos que se cometieron por cada 100 mil habitantes | Periodo de recolección de los datos | Enero a diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Diciembre |
| Tendencia esperada | Descendente | Unidad responsable de reportar el avance | Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos |
| Método de cálculo |  ID: Tasa de incidencia delictiva del fuero común por cada 100 mil habitantes (delitos seleccionados) DV: Delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal DL: Delitos que atentan contra la libertad personal DS: Delitos que atentan contra la sociedad PT: Población total |
| Observaciones | Los delitos seleccionados son: homicidio, feminicidio y lesiones (delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal); secuestro, tráfico de menores, rapto y otros delitos que atentan contra la libertad personal; corrupción de menores, trata de personas y otros delitos que atentan contra la sociedad. |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado. | |||||
| Nombre variable 1 | Delitos que atentan contra la vida y la integridad personal | Valor variable 1 | 243,918 | Fuente de información variable 1 | Incidencia delictiva del Fuero Común (2018), SESNSP |
| Nombre variable 2 | Delitos que atentan contra la libertad personal | Valor variable 2 | 20,000 | Fuente de información variable 2 | Incidencia delictiva del Fuero Común (2018), SESNSP |
| Nombre variable 3 | Delitos que atentan contra la sociedad | Valor variable 3 | 7,784 | Fuente de información variable 3 | Incidencia delictiva del Fuero Común (2018), SESNSP |
| Nombre variable 4 | Población total | Valor variable 4 | 125'327,797 | Fuente de información variable 4 | Proyecciones de la población (2018), Conapo |
| Sustitución en método de cálculo |  |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | ||
| Línea base | Nota sobre la línea base | |
| Valor | 216.79 | NA |
| Año | 2018 | |
| Meta 2024 | Nota sobre la meta 2024 | |
| 184.5 | NA | |
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | ||||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
| | | 189.81 | 192.09 | 217.75 | 216.79 | |||||
| METAS | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| 224.99 | 220 | 210.49 | 198.7 | 184.5 | ||||||
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 2
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |
| Nombre | Porcentaje promedio de la población que dejó de realizar actividades por temor a ser víctima de algún delito |
| Objetivo prioritario | Asegurar la atención a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos |
| Definición o descripción | Mide el porcentaje promedio de la población de 18 años y más que dejó de realizar actividades por temor a ser víctima de algún delito a nivel nacional. |
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Anual |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de los datos | Enero a diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Diciembre |
| Tendencia esperada | Descendente | Unidad responsable de reportar el avance | Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos |
| Método de cálculo |   |
| Observaciones | Las actividades que se consideran en este indicador son: permitir que sus hijos menores de edad salieran; usar joyas; salir de noche; llevar dinero en efectivo; llevar tarjeta de crédito o débito; salir a caminar; tomar taxi; visitar parientes o amigos; salir a comer; ir al cine o al teatro; ir al estadio; usar transporte público; viajar por carretera a otro estado o municipio; frecuentar centros comerciales; ir a la escuela. |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado. | |||||
| Nombre variable 1 | Suma de los porcentajes de la población de 18 años y más que dejó de realizar la actividad por temor a ser víctima de algún delito | Valor variable 1 | 537.5 | Fuente de información variable 1 | Tabulados básicos. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019, INEGI. |
| Sustitución en método de cálculo |  |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | ||
| Línea base | Nota sobre la línea base | |
| Valor | 35.8 | NA |
| Año | 2018 | |
| Meta 2024 | Nota sobre la meta 2024 | |
| NA | NA | |
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | ||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| 33.9 | 35.5 | 34.1 | 33.6 | 33.6 | 33.7 | 35.8 | ||||
| METAS | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
Parámetro 2 del Objetivo prioritario 2
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |
| Nombre | Índice de Paz México |
| Objetivo prioritario | Asegurar la atención a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos |
| Definición o descripción | Promedio nacional del Índice de Paz, el cual mide la paz negativa entendida como ausencia de violencia. |
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Anual |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Puntos | Periodo de recolección de los datos | Enero a diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Diciembre |
| Tendencia esperada | Descendente | Unidad responsable de reportar el avance | Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos |
| Método de cálculo |  IPM: Índice de Paz México HO: Homicidio DV: Delitos con violencia DA: Delitos cometidos con armas de fuego CS: Cárcel sin sentencia CO: Crímenes de la delincuencia organizada |
| Observaciones | Para una descripción completa de cada componente del índice se sugiere revisar Institute for Economics and Peace (IEP), Índice de Paz México 2019: Identificar y medir los factores que impulsan la paz (Sídney: IEP, 2019). |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado. | |||||
| Nombre variable 1 | Homicidio | Valor variable 1 | 2.597 | Fuente de información variable 1 | Índice de Paz México 2019, IEP |
| Nombre variable 2 | Delitos con violencia | Valor variable 2 | 3.354 | Fuente de información variable 2 | Índice de Paz México 2019, IEP |
| Nombre variable 3 | Delitos cometidos con armas de fuego | Valor variable 3 | 2.735 | Fuente de información variable 3 | Índice de Paz México 2019, IEP |
| Nombre variable 4 | Cárcel sin sentencia | Valor variable 4 | 1.237 | Fuente de información variable 4 | Índice de Paz México 2019, IEP |
| Nombre variable 5 | Crímenes de la delincuencia organizada | Valor variable 5 | 2.534 | Fuente de información variable 5 | Índice de Paz México 2019, IEP |
| Sustitución en método de cálculo |  |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | ||
| Línea base | Nota sobre la línea base | |
| Valor | 2.661 | El puntaje corresponde a una calificación cuyo rango de valores va de 1 (más pacífico) a 5 (menos pacífico). El cálculo de la línea base se obtiene mediante el promedio de los resultados de las entidades federativas. El Índice de Paz México 2019 muestra información de 2018 |
| Año | 2018 | |
| Meta 2024 | Nota sobre la meta 2024 | |
| NA | NA | |
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | ||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| | | | 2.191 | 2.262 | 2.538 | 2.661 | ||||
| METAS | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 3
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |
| Nombre | Número de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos de los grupos históricamente discriminados donde una autoridad es presunta responsable |
| Objetivo prioritario | Impulsar acciones focalizadas para garantizar los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados |
| Definición o descripción | Mide el número de hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados registrados en los expedientes de queja calificados por la CNDH, donde se identifica a una autoridad como presunta responsable. |
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Anual |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Hechos presuntamente violatorios | Periodo de recolección de los datos | Enero a diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Diciembre |
| Tendencia esperada | Descendente | Unidad responsable de reportar el avance | Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos |
| Método de cálculo |  HG: Hechos presuntamente violatorios de derechos humanos de los grupos históricamente discriminados en los cuales una autoridad es presunta responsable H: Hechos presuntamente violatorios de derechos humanos de los siguientes grupos históricamente discriminados: mujeres (HM); niñas, niños y adolescentes (HN); personas adultas mayores (HA); personas con discapacidad (HD); personas y pueblos indígenas (HI) |
| Observaciones | Para una descripción completa de los derechos incluidos en este indicador se sugiere revisar: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo Nacional de Derechos Humanos Federal 2018: Marco conceptual (México: INEGI, 2018). |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado. | |||||
| Nombre variable 1 | Hechos presuntamente violatorios de derechos de mujeres donde una autoridad es presunta responsable | Valor variable 1 | 114 | Fuente de información variable 1 | Microdatos. Ejercicio de la función en materia de protección de derechos humanos. Censo Nacional de Derechos Humanos Federal 2019, INEGI. |
| Nombre variable 2 | Hechos presuntamente violatorios de derechos de niñas, niños y adolescentes donde una autoridad es presunta responsable | Valor variable 2 | 56 | Fuente de información variable 2 | Microdatos. Ejercicio de la función en materia de protección de derechos humanos. Censo Nacional de Derechos Humanos Federal 2019, INEGI. |
| Nombre variable 3 | Hechos presuntamente violatorios de derechos de personas adultas mayores donde una autoridad es presunta responsable | Valor variable 3 | 136 | Fuente de información variable 3 | Microdatos. Ejercicio de la función en materia de protección de derechos humanos. Censo Nacional de Derechos Humanos Federal 2019, INEGI. |
| Nombre variable 4 | Hechos presuntamente violatorios de derechos de personas con discapacidad donde una autoridad es presunta responsable | Valor variable 4 | 33 | Fuente de información variable 4 | Microdatos. Ejercicio de la función en materia de protección de derechos humanos. Censo Nacional de Derechos Humanos Federal 2019, INEGI. |
| Nombre variable 5 | Hechos presuntamente violatorios de derechos de personas y pueblos indígenas donde una autoridad es presunta responsable | Valor variable 5 | 64 | Fuente de información variable 5 | Microdatos. Ejercicio de la función en materia de protección de derechos humanos. Censo Nacional de Derechos Humanos Federal 2019, INEGI. |
| Sustitución en método de cálculo |  |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | ||
| Línea base | Nota sobre la línea base | |
| Valor | 403 | La línea base corresponde al Censo Nacional de Derechos Humanos Federal 2019, el cual muestra información de 2018 |
| Año | 2018 | |
| Meta 2024 | Nota sobre la meta 2024 | |
| 330 | NA | |
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | ||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | | 196 | 404 | 403 |
| METAS | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 403 | 394 | 374 | 345 | 330 |
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 3
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |
| Nombre | Porcentaje de la población históricamente discriminada con al menos una carencia social |
| Objetivo prioritario | Impulsar acciones focalizadas para garantizar los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados |
| Definición o descripción | Mide el porcentaje de la población con al menos una característica relacionada con un grupo históricamente discriminado y que tiene al menos una carencia social. |
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Bienal |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de los datos | Enero a diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Diciembre |
| Tendencia esperada | Descendente | Unidad responsable de reportar el avance | Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos |
| Método de cálculo |  PP: Porcentaje de la población históricamente discriminada con al menos una carencia social PHDC: Población históricamente discriminada con al menos una carencia social PTHD: Población total históricamente discriminada |
| Observaciones | La población históricamente discriminada es la que pertenece al menos a uno de los siguientes grupos: niñas, niños y adolescentes (19 años o menos), adultos mayores (60 años y más), personas con discapacidad y hablantes de lenguas indígenas. Las carencias sociales son: rezago educativo; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; servicios básicos en la vivienda; acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado. | |||||
| Nombre variable 1 | Población históricamente discriminada con al menos una carencia social | Valor variable 1 | 48'498,165 | Fuente de información variable 1 | Medición de la pobreza 2008-2018. Programas de cálculo y bases de datos 2008-2018, CONEVAL. |
| Nombre variable 2 | Población total históricamente discriminada | Valor variable 2 | 66'187,687 | Fuente de información variable 2 | Medición de la pobreza 2008-2018. Programas de cálculo y bases de datos 2008-2018, CONEVAL. |
| Sustitución en método de cálculo |  |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | ||
| Línea base | Nota sobre la línea base | |
| Valor | 73.3 | NA |
| Año | 2018 | |
| Meta 2024 | Nota sobre la meta 2024 | |
| NA | NA | |
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | ||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 76.9 | | 75.3 | | 73.1 | | 73.3 |
| METAS | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| NA | NA | NA | NA | NA |
Parámetro 2 del Objetivo prioritario 3
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |
| Nombre | Porcentaje de la población que declaró haber sido discriminada |
| Objetivo prioritario | Impulsar acciones focalizadas para garantizar los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados |
| Definición o descripción | Mide el porcentaje de personas de 18 años y más que declaró haber sido discriminada en los últimos 12 meses previos al levantamiento de la encuesta. |
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Quinquenal |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de los datos | Enero a diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Diciembre |
| Tendencia esperada | Descendente | Unidad responsable de reportar el avance | Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos |
| Método de cálculo |  PPD: Porcentaje de la población de 18 años y más que declaró haber sido discriminada PD: Población de 18 años y más que declaró haber sido discriminada PT: Población total de 18 años y más |
| Observaciones | Las características por las cuales las personas declararon haber sido discriminadas son al menos una de las siguientes: tono de piel; manera de hablar; peso o estatura; forma de vestir o arreglo personal; clase social; lugar donde vive; creencias religiosas; sexo; edad; preferencia sexual. |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado. | |||||
| Nombre variable 1 | Población de 18 años y más que declaró haber sido discriminada | Valor variable 1 | 16'949,556 | Fuente de información variable 1 | Tabulados básicos. Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI. |
| Nombre variable 2 | Población total de 18 años y más | Valor variable 2 | 84'008,180 | Fuente de información variable 2 | Tabulados básicos. Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI. |
| Sustitución en método de cálculo |  | |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | ||
| Línea base | Nota sobre la línea base | |
| Valor | 20.2 | NA |
| Año | 2017 | |
| Meta 2024 | Nota sobre la meta 2024 | |
| NA | NA | |
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | ||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| | | | | | 20.2 | | ||||
| METAS | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 4
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |
| Nombre | Porcentaje de la población que confía en el gobierno federal |
| Objetivo prioritario | Mejorar la capacidad de gestión y respuesta de la APF para la protección y garantía de los derechos humanos |
| Definición o descripción | Muestra el porcentaje de la población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de 100 mil habitantes y más que tiene mucha o algo de confianza en el gobierno federal. |
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Bienal |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de los datos | Enero a diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Diciembre |
| Tendencia esperada | Ascendente | Unidad responsable de reportar el avance | Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos |
| Método de cálculo |  PP: Porcentaje de la población que confía en el gobierno federal PC: Población que confía en el gobierno federal PT: Población total |
| Observaciones | |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado. | |||||
| Nombre variable 1 | Población que confía en el gobierno federal | Valor variable 1 | 12'128,556 | Fuente de información variable 1 | Tabulados básicos, Confianza institucional. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, INEGI. |
| Nombre variable 2 | Población total | Valor variable 2 | 47'629,768 | Fuente de información variable 2 | Tabulados básicos, Confianza institucional. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, INEGI. |
| Sustitución en método de cálculo |  |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | ||
| Línea base | Nota sobre la línea base | |
| Valor | 25.5 | NA |
| Año | 2017 | |
| Meta 2024 | Nota sobre la meta 2024 | |
| 40.0 | El levantamiento de la ENCIG es bienal, por lo que 2023 será el último año con información disponible. | |
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| | | | | 25.5 | | ||||
| METAS | |||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
| | 33.0 | | 40.0 | | |||||
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 4
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |
| Nombre | Índice global de impunidad (IGI) |
| Objetivo prioritario | Mejorar la capacidad de gestión y respuesta de la APF para la protección y garantía de los derechos humanos |
| Definición o descripción | Mide la impunidad a partir de las dimensiones de seguridad y justicia, para lo cual utiliza dos criterios centrales: la funcionalidad de los sistemas de seguridad y justicia, y la capacidad estructural o instalada con la que cuentan los sistemas. |
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Bienal |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Puntos | Periodo de recolección de los datos | Enero a diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Diciembre |
| Tendencia esperada | Descendente | Unidad responsable de reportar el avance | Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos |
| Método de cálculo |  IGI: Índice global de impunidad CN: Dimensión de impunidad indirecta ESS: Dimensión estructural del sistema de seguridad ESJ: Dimensión estructural del sistema de justicia FSS: Dimensión funcional del sistema de seguridad FSJ: Dimensión funcional del sistema de justicia |
| Observaciones | El dato nacional es un promedio de los resultados de las entidades federativas. Para una descripción completa de cada componente del índice se sugiere revisar: Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara (coordinadores), IGI-MEX Índice Global de Impunidad México 2018. La impunidad subnacional en México y sus dimensiones (México: Universidad de las Américas Puebla, 2018). |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado. | |||||
| Nombre variable 1 | Dimensión de impunidad indirecta | Valor variable 1 | 92.23 | Fuente de información variable 1 | Índice Global de Impunidad México 2018, UDLAP |
| Nombre variable 2 | Dimensión estructural del sistema de seguridad | Valor variable 2 | 58.64 | Fuente de información variable 2 | Índice Global de Impunidad México 2018, UDLAP |
| Nombre variable 3 | Dimensión estructural del sistema de justicia | Valor variable 3 | 67.93 | Fuente de información variable 3 | Índice Global de Impunidad México 2018, UDLAP |
| Nombre variable 4 | Dimensión funcional del sistema de seguridad | Valor variable 4 | 62.73 | Fuente de información variable 4 | Índice Global de Impunidad México 2018, UDLAP |
| Nombre variable 5 | Dimensión funcional del sistema de justicia | Valor variable 5 | 67.70 | Fuente de información variable 5 | Índice Global de Impunidad México 2018, UDLAP |
| Sustitución en método de cálculo |  |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | ||
| Línea base | Nota sobre la línea base | |
| Valor | 69.85 | La puntuación es de 0 a 100, en donde mayor puntuación indica mayor impunidad |
| Año | 2017 | |
| Meta 2024 | Nota sobre la meta 2024 | |
| NA | NA | |
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | ||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| | | | 67.42 | | 69.85 | | ||||
| METAS | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
Parámetro 2 del Objetivo prioritario 4
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |
| Nombre | Tasa de delitos cometidos por personas servidoras públicas por cada 100 mil habitantes |
| Objetivo prioritario | Mejorar la capacidad de gestión y respuesta de la APF para la protección y garantía de los derechos humanos |
| Definición o descripción | Mide la tasa de presuntos delitos cometidos por personas servidoras públicas por cada 100 mil habitantes, registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las procuradurías de justicia y fiscalías generales de las entidades federativas. |
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Anual |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Delitos cometidos por personas servidoras públicas por cada 100 mil habitantes | Periodo de recolección de los datos | Enero a diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Diciembre |
| Tendencia esperada | Descendente | Unidad responsable de reportar el avance | Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos |
| Método de cálculo |  TD: Tasa de delitos cometidos por personas servidoras públicas por cada 100 mil habitantes DT: Delitos cometidos por personas servidoras públicas PT: Población total |
| Observaciones | |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado. | |||||
| Nombre variable 1 | Delitos cometidos por personas servidoras públicas | Valor variable 1 | 18,332 | Fuente de información variable 1 | Incidencia Delictiva del Fuero Común (2018), SESNSP |
| Nombre variable 2 | Población total | Valor variable 2 | 125'327,797 | Fuente de información variable 2 | Proyecciones de la población (2018), Conapo |
| Sustitución en método de cálculo |  |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | ||
| Línea base | Nota sobre la línea base | |
| Valor | 14.62 | NA |
| Año | 2018 | |
| Meta 2024 | Nota sobre la meta 2024 | |
| NA | NA | |
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| | | 9.46 | 10.80 | 12.22 | 14.62 | ||||
| METAS | |||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
| NA | NA | NA | NA | NA | |||||
Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 5
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |
| Nombre | Número de hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos en los cuales una autoridad es presunta responsable |
| Objetivo prioritario | Proporcionar herramientas y capacitación integral a las personas servidoras públicas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos |
| Definición o descripción | Mide el número de hechos presuntamente violatorios de todos los derechos registrados en los expedientes de queja calificados por la CNDH, donde se identifica a una autoridad como presunta responsable. |
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Anual |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Hechos presuntamente violatorios | Periodo de recolección de los datos | Enero a diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Diciembre |
| Tendencia esperada | Descendente | Unidad responsable de reportar el avance | Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos |
| Método de cálculo |  HD: Hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos en los cuales una autoridad es presunta responsable |
| Observaciones | Para una descripción completa de los derechos incluidos en este indicador se sugiere revisar: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo Nacional de Derechos Humanos Federal 2019: Marco conceptual (México: INEGI, 2019). |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado. | |||||
| Nombre variable 1 | Hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos en los cuales una autoridad es presunta responsable | Valor variable 1 | 24,476 | Fuente de información variable 1 | Microdatos. Ejercicio de la función en materia de protección de derechos humanos. Censo Nacional de Derechos Humanos Federal 2019, INEGI. |
| Sustitución en método de cálculo | 24,476 | |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | ||
| Línea base | Nota sobre la línea base | |
| Valor | 24,476 | La línea base corresponde al Censo Nacional de Derechos Humanos Federal 2019, el cual muestra información de 2018 |
| Año | 2018 | |
| Meta 2024 | Nota sobre la meta 2024 | |
| 19,936 | NA | |
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | ||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| | | | | 14,959 | 24,183 | 24,476 | ||||
| METAS | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| 24,476 | 23,252 | 22,090 | 20,985 | 19,936 | ||||||
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 5
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |
| Nombre | Promedio de las calificaciones otorgadas a capacitaciones en materia de derechos humanos |
| Objetivo prioritario | Proporcionar herramientas y capacitación integral a las personas servidoras públicas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos |
| Definición o descripción | Mide la calificación promedio que las personas servidoras públicas otorgan a las capacitaciones impartidas por la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos. |
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Anual |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Puntos | Periodo de recolección de los datos | Enero a diciembre |
| Dimensión | Calidad | Disponibilidad de la información | Diciembre |
| Tendencia esperada | Ascendente | Unidad responsable de reportar el avance | Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos |
| Método de cálculo |  C: Promedio de las calificaciones otorgadas a capacitaciones en materia de derechos humanos ci: Calificación de la sesión i n: Sesiones totales |
| Observaciones | |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado. | |||||
| Nombre variable 1 | Calificación de la sesión i | Valor variable 1 | 0 | Fuente de información variable 1 | Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos |
| Nombre variable 2 | Sesiones totales | Valor variable 2 | 0 | Fuente de información variable 2 | Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos |
| Sustitución en método de cálculo |  |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | ||
| Línea base | Nota sobre la línea base | |
| Valor | | Este indicador es de nueva creación. La línea base corresponderá a los datos recolectados durante 2020 y estará disponible en 2021. La puntuación va de 1 a 5, en donde mayor puntuación indica mejor calificación. |
| Año | | |
| Meta 2024 | Nota sobre la meta 2024 | |
| NA | NA | |
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | ||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| | | | | | | | ||||
| METAS | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
Parámetro 2 del Objetivo prioritario 5
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |
| Nombre | Variación porcentual en la calificación promedio que obtuvieron las personas servidoras públicas en las capacitaciones |
| Objetivo prioritario | Proporcionar herramientas y capacitación integral a las personas servidoras públicas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos |
| Definición o descripción | Mide el aprendizaje como el cambio porcentual en la calificación promedio que las personas servidoras públicas obtuvieron en las capacitaciones impartidas por la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos. |
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Anual |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de los datos | Enero a diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Diciembre |
| Tendencia esperada | Ascendente | Unidad responsable de reportar el avance | Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos |
| Método de cálculo |  AC: Aprendizaje en capacitaciones CI: Promedio de calificaciones obtenidas en las evaluaciones iniciales de las capacitaciones CF: Promedio de calificaciones obtenidas en las evaluaciones finales de las capacitaciones |
| Observaciones | |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado. | |||||
| Nombre variable 1 | Promedio de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones iniciales de las capacitaciones | Valor variable 1 | 0 | Fuente de información variable 1 | Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos |
| Nombre variable 2 | Promedio de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones finales de las capacitaciones | Valor variable 2 | 0 | Fuente de información variable 2 | Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos |
| Sustitución en método de cálculo |  |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | ||
| Línea base | Nota sobre la línea base | |
| Valor | | Este indicador es de nueva creación. La línea base corresponderá a los datos recolectados durante 2020 y estará disponible en 2021. |
| Año | | |
| Meta 2024 | Nota sobre la meta 2024 | |
| NA | NA | |
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | ||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| | | | | | | | ||||
| METAS | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
9. Epílogo: Visión hacia el futuro
Como se ha señalado, México enfrenta una profunda crisis humanitaria y de violaciones a los derechos humanos, resultado del agravio que representan la desigualdad económica, el abandono institucional y el desmantelamiento que los gobiernos neoliberales hicieron del sistema de derechos, lo cual relegó a los derechos humanos al último resquicio de la institucionalidad.
A lo largo de tres décadas, la falta de capacidades institucionales para dar respuesta a esta crisis se convirtió en la excusa perfecta para la inacción, dejando una dolorosa herencia cuyas expresiones más sensibles son la corrupción y la impunidad, así como los obstáculos y las limitaciones que han enfrentado las víctimas para acceder a la justicia.
El gobierno actual ha asumido el reto de enfrentar esta crisis a partir de un compromiso ético para construir un nuevo paradigma, cuyos ejes rectores son la garantía, la defensa y la protección de los derechos humanos, para lo cual se ha planteado la creación de una nueva institucionalidad para la gobernabilidad, asumiendo que la responsabilidad primigenia del Estado mexicano es garantizar la seguridad y protección de todas las personas y el ejercicio pleno de sus derechos. Por esta razón, es indispensable establecer una relación de respeto con las víctimas, sus familias y las organizaciones que las acompañan, reconociendo la legitimidad de sus demandas.
Si bien dentro de la agenda de derechos humanos en nuestro país, los asuntos que han alcanzado mayor visibilidad son la búsqueda e identificación de personas desaparecidas; la exigencia de garantizar el derecho a la memoria y a la verdad; la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; el combate a la violencia contra niñas y mujeres; el feminicidio, y los asuntos relativos a población migrante y en situación de refugio, existen otros asuntos de primer orden que urge atender: el combate a la impunidad; el fortalecimiento del sistema de justicia; el rediseño integral del sistema de atención a víctimas, así como las dinámicas de conflicto que propician el desplazamiento forzado interno.
El Programa Nacional de Derechos Humanos plantea abordar de manera integral estos retos a partir de la creación de un sistema de derechos humanos, que permitirá implementar políticas para erradicar la tortura y otros tratos indignos y degradantes; la trata de personas; favorecer la inclusión de personas con discapacidad; proteger el derecho a la defensa de la tierra y el territorio de las comunidades indígenas; acciones en favor de la salud sexual y reproductiva; erradicar el embarazo infantil; emprender acciones efectivas en atención a la primera infancia y para la atención a personas mayores; atender los derechos de la comunidad LGBTTTIQ; el derecho a la identidad; prevenir prácticas discriminatorias y xenofóbicas; alentar el debate sobre el uso regulado de la cannabis; la interrupción legal del embarazo, y procurar condiciones dignas para las personas privadas de la libertad.
Responder a estos retos en un país desigual y culturalmente diverso como el nuestro es complejo, más aún si se entienden las especificidades de los crímenes cometidos en distintos periodos, como la llamada Guerra Sucia, los perpetrados en el periodo neoliberal en los años noventa o en la guerra contra el narcotráfico, así como los impactos negativos que esto ha dejado en cada periodo, en las distintas y disímiles regiones del país.
Ello implica entender el impacto individual y colectivo, atendiendo el contexto cultural de las comunidades y de las regiones afectadas, estableciendo los mecanismos de participación con las víctimas sin crear falsas expectativas, a fin de garantizar los derechos a la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Para lograr esto, es necesario crear los mecanismos que permitan establecer una justicia transicional en México para conjugar los esfuerzos del Estado con la sociedad y alcanzar una paz duradera.
Instrumentar estos procesos de construcción de paz exige recuperar la presencia del Estado en distintas regiones del país para avanzar en la reconstrucción del tejido social, de la vida familiar y comunitaria, y dar paso a nuevas formas de convivencia, conjugando las acciones de las instituciones públicas con la participación de la sociedad, para revertir la tragedia humanitaria que ha trastocando el derecho de la población mexicana a vivir en paz.
Es necesario enfrentar las causas que propiciaron esta crisis, expresadas en dos vertientes. Por un lado, la pobreza generalizada y las profundas desigualdades económicas y sociales producto de la implementación irresponsable de políticas neoliberales que conllevaron al abandono institucional y al desmantelamiento de los órganos de Estado para beneficio de unos cuantos; por el otro, la creciente inseguridad y violencia que derivaron en un crecimiento desmedido de las violaciones a los derechos humanos. Estas estrategias fallidas trajeron como consecuencia el debilitamiento de la cohesión social y de la gobernabilidad, lo que derivó en violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Durante décadas, los gobiernos neoliberales engañaron a la población cuando afirmaron que mantener la estabilidad financiera y manejar adecuadamente las variables macroeconómicas tendría como consecuencia una mejora en las condiciones de vida de la población, dejando de lado el bienestar de las personas, lo que amplió las brechas de desigualdad, el debilitamiento del tejido social y favoreció la concentración del ingreso al permitir la captura del poder político por parte de las élites económicas.
Como se ha dicho con anterioridad, es necesario transformar la realidad nacional y la vida pública del país, lo que sólo será posible mediante el respeto y garantía de los derechos humanos, asegurando a todas las personas su inserción en el desarrollo nacional, sin exclusiones, bajo el principio de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera.
Es impostergable la regeneración ética de las instituciones para transitar a un régimen que se desempeñe con apego a la ley, observando el pleno respeto a los derechos humanos. Para ello es necesario partir del reconocimiento de que ha sido el propio Estado el principal causante de esta crisis.
Dentro de este proceso, el Gobierno de México debe ubicar en el centro a las víctimas producto de la crisis heredada, quienes deben ser el eje central de la política nacional. No será posible lograr la paz y transitar a un nuevo pacto social sin antes saldar la deuda que se tiene con todas ellas. Este Programa, como instrumento rector de política pública en materia de derechos humanos, tiene como propósito construir un nuevo modelo de gobierno poniendo en el centro de la acción estatal el desarrollo basado en el bienestar y el respeto pleno a los derechos humanos de todas las personas. Este instrumento está orientado hacia la atención de las causas estructurales que han impedido al Estado revertir y atender las violaciones de derechos humanos que fueron las principales causantes de la crisis que hoy enfrentamos.
En resumen, el objetivo central del Programa Nacional de Derechos Humanos es construir un nuevo paradigma en las políticas y acciones del Estado mexicano y sus instituciones para que, de forma coordinada, se creen los instrumentos y las condiciones que conduzcan a sentar las bases para revertir la crisis humanitaria y de derechos humanos existente; la impunidad que gozan quienes violan la ley y garantizar los derechos a la memoria, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.
Las medidas hasta ahora implementadas por el Gobierno de México avanzan en esa dirección, como lo demuestra la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa; el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense; el rediseño del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; el fortalecimiento del Registro Nacional de Población; la consolidación de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia a las Mujeres y del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; los programas para prevenir el embarazo infantil del Consejo Nacional de Población; las reformas al Instituto Nacional de Migración y la reivindicación del derecho a la protección internacional que brinda la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, así como los programas especiales de derechos humanos que implementa la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que aunados a los más de 98 programas sectoriales, especiales e institucionales, y los proyectos prioritarios del Gobierno de México para atender las causas estructurales que propiciaron la desigualdad y la violencia, abrirán cauce al establecimiento de un Estado y de una sociedad democrática y de derechos.
Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
10. Lista de dependencias y entidades participantes
BIENESTAR: Secretaría de Bienestar
CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
CJEF: Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CULTURA: Secretaría de Cultura
ECONOMÍA: Secretaría de Economía
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social
INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
OPR: Oficina de la Presidencia de la República
SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
SALUD: Secretaría de Salud
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes
SECTUR: Secretaría de Turismo
SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional
SEGOB: Secretaría de Gobernación
SEMAR: Secretaría de Marina
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SENER: Secretaría de Energía
SEP: Secretaría de Educación Pública
SESNA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
SFP: Secretaría de la Función Pública
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores
SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social
11. Glosario
Acción afirmativa: acciones orientadas a garantizar la igualdad en el disfrute de los derechos humanos de las personas y grupos que son víctimas de discriminación o marginación, mediante el establecimiento de políticas temporales que brindan un trato preferencial en el acceso o la prestación de determinados bienes o servicios a grupos sociales, étnicos, minoritarios o históricamente discriminados. Su propósito inmediato es disminuir y erradicar las brechas sociales, económicas, entre otras, y su fin último es transitar hacia la igualdad sustantiva.
Cosmovisión: conjunto de creencias, valores y sistemas de conocimiento que articulan la vida social de las personas(50). En este Programa se refiere a las cosmovisiones de los pueblos y comunidades indígenas.
Derecho a defender los derechos humanos: derecho de todas las personas de promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Puede ser ejercido de manera individual o colectiva(51). Este derecho se sustenta en el reconocimiento del papel fundamental que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos dentro de una sociedad democrática y plural. La garantía de este derecho implica que el Estado está obligado a generar condiciones favorables para el ejercicio de este derecho y la protección eficaz frente a actos y omisiones que pudieran violar sus derechos humanos.
Enfoque de derechos humanos: implica ubicar a las personas en el centro de la actuación del Estado y reconocerlas en todas las intervenciones estatales como titulares de derechos humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Así, el quehacer gubernamental debe estar orientado a la realización efectiva de los derechos humanos.
Enfoque de igualdad de género: la igualdad de género significa que mujeres y hombres deben acceder en igualdad de oportunidades y de condiciones en el uso, el control y el beneficio de bienes, servicios y recursos que están disponibles en la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos. Este enfoque debe estar presente en todas las acciones del gobierno y debe incidir de manera directa en el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, ya que parte de la necesidad de identificar los obstáculos que se manifiestan en la asignación de roles de género y la presencia de estereotipos que han impedido a las mujeres, estructural e históricamente, ejercer sus derechos humanos en condiciones de igualdad.
Enfoque de infancia y adolescencia: este enfoque busca asegurar la garantía de los derechos de las personas de 0 a 18 años por medio de la participación real de estas poblaciones en la toma de decisiones sobre las cuestiones que les afectan mediante la información, la escucha atenta de su opinión y el respeto y la promoción de su influencia sobre los sucesos cotidianos a partir de sus propias necesidades, derechos e intereses.
Enfoque diferencial e interseccional: la realización efectiva de los derechos humanos depende, en la práctica, de la diversidad de circunstancias que afectan a una persona. Parte del reconocimiento de que no todas las personas provienen de las mismas circunstancias (sociales, económicas, de género u otras) y que esto afecta al pleno disfrute de sus derechos humanos. Existen personas que enfrentan una multiplicidad de obstáculos simultáneos para acceder, gozar y ejercer sus derechos humanos. Este enfoque permite considerar la pluralidad de barreras estructurales y ofrece herramientas de análisis que facilitan la elaboración de políticas, programas y proyectos que permiten el abordaje de múltiples discriminaciones, lo que contribuye a la comprensión de cómo el conjunto de identidades y condiciones de las personas influyen de manera desigual en el acceso a los derechos y a los bienes y servicios sociales, así como a las oportunidades de participación en el desarrollo y en la toma de decisiones. En consecuencia, las acciones públicas derivadas del PNDH deben considerar en todo momento estas diferencias y actuar en función de ellas.
Enfoque transversal: convergencia o corresponsabilidad de varios programas, políticas e instituciones
para lograr objetivos y resultados respecto a grupos de población o áreas de enfoque que enfrentan retos comunes y específicos para su desarrollo. El logro de determinados objetivos y resultados en materia de derechos humanos requiere la acción concertada de todas las autoridades. Por ello, el enfoque transversal supone la obligación de incorporar en las acciones correspondientes a diferentes autoridades, instituciones, políticas o programas las medidas conducentes al cumplimiento de estos objetivos con corresponsabilidad.
Envejecimiento digno: involucra los temas de inclusión social, cuidado en la salud, buen trato y reconocimiento a la experiencia y a las necesidades específicas de las personas mayores(52).
Interés superior de la niñez: obligación de considerar el impacto que una decisión, política o acción tendrá sobre las personas entre 0 y 18 años de edad y tomar las decisiones correspondientes para perseguir la garantía del máximo grado de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este principio debe guiar el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación del PNDH. Su aplicación implica la mayor satisfacción de todas y cada una de las necesidades de las personas menores de 18 años, con el fin de asegurar el disfrute pleno de sus derechos, de acuerdo con su contexto.
Libre desarrollo de la personalidad: significa que todas las personas tienen derecho a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Implica garantizar a cada persona su plena independencia para cumplir sus metas y objetivos conforme a sus propias ideas, valores y deseos, sin coacción ni controles injustificados(53).
Mínimo vital: derecho de todas las personas a contar con una cantidad mínima de recursos para enfrentar sus necesidades más básicas. Se refiere a los derechos que se deben garantizar como una condición suficiente que permita a las personas una vida digna y autónoma(54).
Obligaciones de derechos humanos: se refiere a las obligaciones constitucionales y convencionales en la materia, con especial énfasis en las derivadas del tercer párrafo del artículo primero de la Constitución mexicana que señala: "Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley". Esto incluye las obligaciones derivadas de las resoluciones judiciales y de las decisiones de los órganos internacionales encargados de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos.
Paridad de género: es una medida permanente para lograr la inclusión de las mujeres en los espacios públicos, cuya finalidad es la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres(55). Para el gobierno implica garantizar una participación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos públicos y de toma de decisiones.
Perspectiva antidiscriminatoria: se refiere al enfoque derivado del derecho a la igualdad y no discriminación, sus fines y las categorías analíticas que permitan identificar, cuestionar y valorar la discriminación o la desigualdad de trato hacia poblaciones y grupos sociales discriminados de manera estructural. Busca el acceso y goce efectivo a los derechos humanos sin discriminación y asegurar la igualdad sustantiva.
Perspectiva de género: se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión que sufren las mujeres -y otras personas o grupos-, justificadas con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como identificar las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad sustantiva(56). La perspectiva de género implica reconocer que, históricamente, las mujeres han tenido oportunidades desiguales en el acceso a la educación, la justicia y la salud, así como en otros ámbitos, y aún hoy, con mejores condiciones, según la región en la que habiten, sus posibilidades de desarrollo se mantienen todavía disparejas y desiguales(57).
Perspectiva intercultural: esta perspectiva parte de comprender a México como una nación pluricultural que, para superar su desigualdad, necesita reconocerse en su diversidad. Busca reconocer y generar espacios para el diálogo, en un plano de igualdad, para los pueblos indígenas y la comunidad afromexicana, desde la perspectiva del ejercicio de los derechos colectivos, mediante el establecimiento de formas particulares de hacerlos realidad de acuerdo con las particularidades culturales de su grupo: cosmovisión, identidad, sistemas normativos, libre determinación, autonomía, formas de organización, visión propia de desarrollo, etc. Estas premisas deben estar presentes en todas las acciones públicas derivadas del PNDH con el objetivo de revertir una de las causas más significativas y estructurales de la jerarquización social, la desigualdad y la discriminación en el país.
Pertinencia cultural: la igualdad no es sinónimo de trato homogéneo; la igualdad sustantiva y la inclusión sin discriminación deben darse con respeto a la diversidad y a las diferencias. Por ello, es importante que en la instrumentación de este Programa se consideren las diferencias y la diversidad identitaria, sociodemográfica y cultural en las políticas públicas, de acuerdo con el sexo, la identidad de género, la etapa del curso de vida, la pertenencia étnica, la condición de discapacidad, los contextos regionales, territoriales y culturales, entre otras características, puesto que impactan de diferente manera a las personas y a los sujetos colectivos.
Progresividad y prohibición de regresión: este principio implica que el Estado debe mejorar gradualmente la garantía de los derechos humanos y que, una vez logrado, dicho avance no debe tener retrocesos. Implica que las acciones públicas deben estar orientadas a que las personas cuenten con la garantía de un mayor nivel en el goce efectivo de sus derechos humanos con el máximo uso de recursos disponibles.
Sistema de cuidados: implica un plan gubernamental orientado a la atención de las necesidades de aquellos grupos que requieren de cuidados específicos, como las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas enfermas y niñas, niños y adolescentes. Su objetivo es la prestación de cuidados integrales orientados a mejorar la calidad de vida de quienes son cuidados y de quienes cuidan. Parte de reconocer que los trabajos de cuidados corresponden a todas las personas que integran a la sociedad pero que histórica y culturalmente han sido realizados en su mayoría por las mujeres. Ello vuelve necesario un sistema de cuidados basado en un enfoque de derechos humanos con una perspectiva de género y antidiscriminatoria.
Sistemas normativos: conjunto de normas, procedimientos, autoridades, principios, sanciones y cosmovisión que utilizan las comunidades y pueblos indígenas para regular su vida interna y para resolver sus conflictos(58).
12. Anexo. Instrumentos programáticos de la APF
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, como el principal instrumento del sistema de planeación nacional, orienta la conducción y las prioridades de acción pública del Ejecutivo Federal. De ese documento se derivan múltiples instrumentos programáticos de carácter sectorial, especial, institucional y regional. Para superar la fragmentación institucional del Estado mexicano, uno de los desafíos torales de la política nacional de derechos humanos consiste en articular los siguientes programas gubernamentales que derivan del PND(59), cuya ejecución está a cargo de dependencias y entidades de la APF.
· Programa de Atención Integral a Víctimas 2020-2024
· Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2020-2024
· Programa de Fomento a la Economía Social 2020-2024
· Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2020-2024
· Programa Especial de Cambio Climático 2020-2024
· Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020-2024
· Programa Especial de la Transición Energética 2020-2024
· Programa Especial para la Productividad y la Competitividad 2020-2024
· Programa Institucional 2020-2024 de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
· Programa Institucional 2020-2024 de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
· Programa Institucional 2020-2024 de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
· Programa Institucional 2020-2024 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
· Programa Institucional 2020-2024 del Archivo General de la Nación
· Programa Institucional 2020-2024 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
· Programa Institucional 2020-2024 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
· Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Mexicano del Seguro Social
· Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de las Mujeres
· Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
· Programa Institucional 2020-2024 de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano
· Programa Institucional 2020-2024 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
· Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2020-2024
· Programa Nacional de Asistencia Social (Ponas) 2020-2024
· Programa Nacional de Bienestar 2020-2024
· Programa Nacional de Búsqueda y Localización 2020-2024
· Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y Mejora de la Gestión Pública
· Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2020-2024
· Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2020-2024
· Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024
· Programa Nacional de Juventud 2020-2024
· Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2020-2024
· Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (PNPS) 2020-2024
· Programa Nacional de Protección Civil 2020-2024
· Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2020-2024
· Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2020-2024
· Programa Nacional de Seguridad Pública 2020-2024
· Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2020-2024
· Programa Nacional de Vivienda 2020-2024
· Programa Nacional Forestal 2020-2024
· Programa Nacional Hídrico 2020-2024
· Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2020-2024
· Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2020-2024
· Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024
· Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2020-2024
· Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2020-2024
· Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2020-2024
· Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial 2020-2024
· Programa Nacional para la Prevención, Persecución y Sanción del Delito de Secuestro 2020-2024
· Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 2020-2024
· Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2020-2024
· Programa para la Seguridad Nacional 2020-2024
· Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024
· Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024
· Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024
· Programa Sectorial de Cultura 2020-2024
· Programa Sectorial de Defensa Nacional 2020-2024
· Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024
· Programa Sectorial de Economía 2020-2024
· Programa Sectorial de Educación 2020-2024
· Programa Sectorial de Energía 2020-2024
· Programa Sectorial de Función Pública 2020-2024
· Programa Sectorial de Gobernación 2020-2024
· Programa Sectorial de Marina 2020-2024
· Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024
· Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2020-2024
· Programa Sectorial de Salud 2020-2024
· Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024
· Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2020-2024
· Programa Sectorial de Turismo 2020-2024
____________________________________
1 La Carta de las Naciones Unidas; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los
Derechos del Niño; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios
y de sus Familiares; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; la Convención Internacional para
la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; la Carta de la Organización de los Estados
Americanos; la Carta Interamericana de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención
Americana Relativa a la Abolición de la Pena de Muerte; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura;
la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; la Convención Interamericana para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; la Convención Interamericana contra el
Terrorismo; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención
Interamericana de los Derechos Civiles de la Mujer; la Convención Interamericana de los Derechos Políticos de la Mujer, y
el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los
Derechos del Niño; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios
y de sus Familiares; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; la Convención Internacional para
la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; la Carta de la Organización de los Estados
Americanos; la Carta Interamericana de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención
Americana Relativa a la Abolición de la Pena de Muerte; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura;
la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; la Convención Interamericana para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; la Convención Interamericana contra el
Terrorismo; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención
Interamericana de los Derechos Civiles de la Mujer; la Convención Interamericana de los Derechos Políticos de la Mujer, y
el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
2 Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), «Declaración y
Programa de Acción de Viena. Aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993», en
https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf (consultada el 31 de marzo de 2020)
Programa de Acción de Viena. Aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993», en
https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf (consultada el 31 de marzo de 2020)
3 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), «Anexo estadístico de pobreza
en México. Anexo estadístico 2018. Indicadores complementarios», en https://www.CONEVAL.org.mx/Medicion/MP/
Paginas/AE_pobreza_2018.aspx (consultada el 31 de marzo de 2020)
en México. Anexo estadístico 2018. Indicadores complementarios», en https://www.CONEVAL.org.mx/Medicion/MP/
Paginas/AE_pobreza_2018.aspx (consultada el 31 de marzo de 2020)
4 Gerardo Esquivel Hernández, Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y político
(México: Oxfam México, 2015), p. 18
(México: Oxfam México, 2015), p. 18
5 CONEVAL, «Anexo estadístico de pobreza en México. Anexo estadístico 2018. Anexo estadístico», en https://
www.CONEVAL.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2018.aspx (consultada el 31 de marzo de 2020)
www.CONEVAL.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2018.aspx (consultada el 31 de marzo de 2020)
6 CONEVAL, «Diez años de medición de pobreza multidimensional en México: avances y desafíos en política
social. Medición de la pobreza serie 2008-2018», en https://www.CONEVAL.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_18/
Pobreza_18_CONEVAL.pdf (consultada el 31 de marzo de 2020)
social. Medición de la pobreza serie 2008-2018», en https://www.CONEVAL.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_18/
Pobreza_18_CONEVAL.pdf (consultada el 31 de marzo de 2020)
7 Jason M. Lindo y María Padilla Romo, «Kingpin Approaches to Fighting Crime and Community Violence: Evidence
from Mexicos Drug War», en Journal of Health Economics (marzo 2018), p. 253-268. Gabriela Calderón, Gustavo Robles,
Alberto Díaz-Cayeros, A. y Beatriz Magaloni, «The Beheading of Criminal Organizations and the Dynamics of Violence in
Mexico», en Journal of Conflict Resolution (junio 2015), p. 1455-1485
from Mexicos Drug War», en Journal of Health Economics (marzo 2018), p. 253-268. Gabriela Calderón, Gustavo Robles,
Alberto Díaz-Cayeros, A. y Beatriz Magaloni, «The Beheading of Criminal Organizations and the Dynamics of Violence in
Mexico», en Journal of Conflict Resolution (junio 2015), p. 1455-1485
8 Cálculo de la SEGOB con base en consulta interactiva por año de ocurrencia y año de registro. Ver Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), «Mortalidad. Defunciones por homicidio», en https://www.INEGI.org.mx/
sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est&c=28820&proy=mortgral_dh (consultada el 31
de marzo de 2020)
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), «Mortalidad. Defunciones por homicidio», en https://www.INEGI.org.mx/
sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est&c=28820&proy=mortgral_dh (consultada el 31
de marzo de 2020)
9 Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, «Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas
desaparecidas o no localizadas», SEGOB, en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/535387/
CNB_6_enero_2020_conferencia_prensa.pdf.pdf (consultada el 31 de marzo de 2020)
desaparecidas o no localizadas», SEGOB, en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/535387/
CNB_6_enero_2020_conferencia_prensa.pdf.pdf (consultada el 31 de marzo de 2020)
10 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), «Información sobre violencia contra
las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1», Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en
https://drive.google.com/file/d/1hw2AigR2cNG2kAJbpUcCm_t3OdJYK1xV/view (consultada el 31 de marzo de 2020)
las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1», Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en
https://drive.google.com/file/d/1hw2AigR2cNG2kAJbpUcCm_t3OdJYK1xV/view (consultada el 31 de marzo de 2020)
11 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en
México 2019: resumen ejecutivo (México: CNDH, 2019), p. 10
México 2019: resumen ejecutivo (México: CNDH, 2019), p. 10
12 Tales como los Informes Periódicos quinto y sexto combinados de México del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (CDESC) de 2018; las recomendaciones del Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes
Nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador; las Observaciones finales sobre el noveno Informe Periódico de
Sociales y Culturales (CDESC) de 2018; las recomendaciones del Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes
Nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador; las Observaciones finales sobre el noveno Informe Periódico de
México en sus distintos Comités (como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer o el Comité para
la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares); las recomendaciones del Informe
de Misión a México del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación de 2019; las
recomendaciones del Informe del Relator Especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable y el Saneamiento acerca de
su misión a México en 2017; las recomendaciones del Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales de los Indígenas de su misión a México en 2003; las recomendaciones a México del Grupo de
Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas de 2017; las
recomendaciones al Estado mexicano del Comité de los Derechos del Niño de 2006; las recomendaciones del Informe del
Relator Especial sobre una Vivienda Adecuada como Parte del Derecho a un Nivel de Vida Adecuado, entre otras más
la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares); las recomendaciones del Informe
de Misión a México del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación de 2019; las
recomendaciones del Informe del Relator Especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable y el Saneamiento acerca de
su misión a México en 2017; las recomendaciones del Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales de los Indígenas de su misión a México en 2003; las recomendaciones a México del Grupo de
Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas de 2017; las
recomendaciones al Estado mexicano del Comité de los Derechos del Niño de 2006; las recomendaciones del Informe del
Relator Especial sobre una Vivienda Adecuada como Parte del Derecho a un Nivel de Vida Adecuado, entre otras más
13 SEGOB, Documento marco del Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 (México: SEGOB, 2020).
Ver también Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Banco Mundial, «Nurturing
Care for Early Childhood Development. A Framework for Helping Children Survive and Thrive to Transform Health and
Human Potential» (Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2018), p. 22. Véase también Alejandro González Arreola,
«Hacia un diseño racional en la acción pública antidiscriminatoria: el caso del Programa Nacional para la Igualdad y la No
Discriminación de Conapred», en Jesús Rodríguez Zepeda y Teresa González Luna Corvera (coordinadores), La métrica de
lo Intangible: del concepto a la medición de la discriminación (México: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación,
2019), p. 161-194.
Ver también Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Banco Mundial, «Nurturing
Care for Early Childhood Development. A Framework for Helping Children Survive and Thrive to Transform Health and
Human Potential» (Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2018), p. 22. Véase también Alejandro González Arreola,
«Hacia un diseño racional en la acción pública antidiscriminatoria: el caso del Programa Nacional para la Igualdad y la No
Discriminación de Conapred», en Jesús Rodríguez Zepeda y Teresa González Luna Corvera (coordinadores), La métrica de
lo Intangible: del concepto a la medición de la discriminación (México: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación,
2019), p. 161-194.
14 En cuanto a tratados internacionales sobre derechos civiles y políticos, México reconoce el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, el instrumento jurídico es el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Derechos Civiles y Políticos. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, el instrumento jurídico es el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
15 DECRETO por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5194486&fecha=10/06/2011 (consultada el 8 de septiembre de 2020).
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5194486&fecha=10/06/2011 (consultada el 8 de septiembre de 2020).
16 Guillermo Miguel Cejudo, Cynthia L. Michel y Armando Sobrino, La política social en los estados: un análisis de
integración (Ciudad de México: Laboratorio Nacional de Políticas Públicas-Centro de Investigación y Docencia Económicas,
2017), p. 3-4
integración (Ciudad de México: Laboratorio Nacional de Políticas Públicas-Centro de Investigación y Docencia Económicas,
2017), p. 3-4
17 Las agresiones físicas registradas en la encuesta son patadas o puñetazos, golpes con objetos, lesiones por
aplastamiento, descargas eléctricas, quemaduras, violación sexual, lesiones con arma blanca, lesiones con arma de fuego,
entre otras. Ver INEGI, «Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2016. Principales resultados», en
https://www.INEGI.org.mx/contenidos/programas/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf (consultada el 31
de marzo de 2020)
aplastamiento, descargas eléctricas, quemaduras, violación sexual, lesiones con arma blanca, lesiones con arma de fuego,
entre otras. Ver INEGI, «Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2016. Principales resultados», en
https://www.INEGI.org.mx/contenidos/programas/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf (consultada el 31
de marzo de 2020)
18 ONU Mujeres, «Violencia feminicida en México», en https://www2.unwomen.org/-/media/
field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/infografa%20violencia%20onu%20mujeres%20espaol_web.pdf?l
a=es&vs=5828 (consultada el 31 de marzo de 2020)
field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/infografa%20violencia%20onu%20mujeres%20espaol_web.pdf?l
a=es&vs=5828 (consultada el 31 de marzo de 2020)
19 CNDH, Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, p. 9-10
20 Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), «Boletín: desigualdad en cifras. Trata de personas: mujeres y
niñas víctimas», en http://cedoc.INMUJERES.gob.mx/documentos_download/BoletinN8_2017.pdf (consultada el 31 de
marzo de 2020)
niñas víctimas», en http://cedoc.INMUJERES.gob.mx/documentos_download/BoletinN8_2017.pdf (consultada el 31 de
marzo de 2020)
21 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Episodios de desplazamiento interno
masivo en México: informe 2018 (México: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 2019), p.
15
masivo en México: informe 2018 (México: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 2019), p.
15
22 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el
contexto de la movilidad humana en México (Washington D.C.: Comisión Interamericana de Derechos Humanos-
Organización de los Estados Americanos, 2013), p. 37-41
contexto de la movilidad humana en México (Washington D.C.: Comisión Interamericana de Derechos Humanos-
Organización de los Estados Americanos, 2013), p. 37-41
23 INEGI, «Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019. Principales
Resultados», en https://www.INEGI.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_presentacion_nacional.pdf
(consultada el 31 de marzo de 2020)
Resultados», en https://www.INEGI.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_presentacion_nacional.pdf
(consultada el 31 de marzo de 2020)
24 Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodrigo Sánchez Lara (coordinadores), Índice global de impunidad
2017. Dimensiones de la impunidad global (México: Universidad de las Américas, Puebla, 2017)
2017. Dimensiones de la impunidad global (México: Universidad de las Américas, Puebla, 2017)
25 El Gobierno de México cuenta con 30 proyectos y programas prioritarios diseñados para apoyar a las personas
más vulnerables y reactivar la economía nacional. Algunos de estos son: 100 Universidades Públicas; Beca Bienestar
(educación básica, media superior y superior); Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres
Trabajadoras; Producción para el Bienestar; Caminos Rurales; Canasta Básica de Alimentos; Construcción Refinería Dos
Bocas; Crédito Ganadero a la Palabra; Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, entre otros. Ver Gobierno de México,
«Proyectos y programas prioritarios», en https://www.gob.mx/proyectosyprogramasprioritarios (consultada el 31 de marzo
de 2020)
más vulnerables y reactivar la economía nacional. Algunos de estos son: 100 Universidades Públicas; Beca Bienestar
(educación básica, media superior y superior); Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres
Trabajadoras; Producción para el Bienestar; Caminos Rurales; Canasta Básica de Alimentos; Construcción Refinería Dos
Bocas; Crédito Ganadero a la Palabra; Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, entre otros. Ver Gobierno de México,
«Proyectos y programas prioritarios», en https://www.gob.mx/proyectosyprogramasprioritarios (consultada el 31 de marzo
de 2020)
26 Debido a que las mujeres representan más de la mitad de la población, no se consideraron como un grupo
históricamente discriminado. No obstante, esta anotación no niega la discriminación ni la violencia de carácter estructural
que las mujeres enfrentan. La perspectiva de género fue un elemento central para el diseño de este Programa y se
consideran diversas acciones en el contenido del documento encaminadas a la erradicación de la discriminación y la
violencia que enfrentan las mujeres.
históricamente discriminado. No obstante, esta anotación no niega la discriminación ni la violencia de carácter estructural
que las mujeres enfrentan. La perspectiva de género fue un elemento central para el diseño de este Programa y se
consideran diversas acciones en el contenido del documento encaminadas a la erradicación de la discriminación y la
violencia que enfrentan las mujeres.
27 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Health at a Glance 2019. OECD Indicators
(París: OCDE, 2019), p. 153
(París: OCDE, 2019), p. 153
28 Auditoría Superior de la Federación (ASF), Informe general ejecutivo. Cuenta pública 2016 (México: ASF, 2018)
29 OCDE, Health at a Glance 2019. OECD Indicators (París: OCDE, 2019), p. 173-195
30 El CONEVAL mide la pobreza con base en dos elementos: el ingreso y las carencias sociales (rezago educativo,
acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la
vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad). Así mismo, existen diferentes criterios estadísticos para
dimensionar a la población indígena. El criterio que aquí se utiliza se refiere a las personas que forman parte de un hogar
indígena, en donde el jefe o jefa de hogar, su cónyuge o alguno de sus ascendientes declaró ser hablante de lengua
indígena. Ver CONEVAL, Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México: tercera edición (México:
acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la
vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad). Así mismo, existen diferentes criterios estadísticos para
dimensionar a la población indígena. El criterio que aquí se utiliza se refiere a las personas que forman parte de un hogar
indígena, en donde el jefe o jefa de hogar, su cónyuge o alguno de sus ascendientes declaró ser hablante de lengua
indígena. Ver CONEVAL, Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México: tercera edición (México:
CONEVAL, 2019).
31 CONEVAL, «Anexo estadístico de pobreza en México. Anexo estadístico 2018. Anexo estadístico», en https://
www.CONEVAL.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2018.aspx (consultada el 31 de marzo de 2020)
www.CONEVAL.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2018.aspx (consultada el 31 de marzo de 2020)
32 Patricio Solís, Braulio Güémez Graniel y Virginia Lorenzo Holm, Por mi raza hablaraì la desigualdad. Efectos de
las características eìtnico-raciales en la desigualdad de oportunidades en México (México: Oxfam México, 2019), p. 43
las características eìtnico-raciales en la desigualdad de oportunidades en México (México: Oxfam México, 2019), p. 43
33 INEGI, «Encuesta Nacional sobre Discriminación: principales resultados», en https://www.INEGI.org.mx/
contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf (consultada el 31 de marzo de 2020)
contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf (consultada el 31 de marzo de 2020)
34 ONU-DH, Aportes de la ONU-DH al proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y la
planeación sectorial (México: ONU-DH, 2019)
planeación sectorial (México: ONU-DH, 2019)
35 INEGI, «Encuesta Nacional sobre Discriminación: principales resultados», INEGI, https://www.INEGI.org.mx/
contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf (consultada el 31 de marzo de 2020)
contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf (consultada el 31 de marzo de 2020)
36 Transparency International, Índice de percepción de la corrupción 2018: resumen ejecutivo (Berlín: Transparency
International, 2019), p. 3
International, 2019), p. 3
37 INEGI, «Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017: principales resultados», en
https://www.INEGI.org.mx/contenidos/programas/encig/2017/doc/encig2017_principales_resultados.pdf (consultada el 31 de
marzo de 2020)
https://www.INEGI.org.mx/contenidos/programas/encig/2017/doc/encig2017_principales_resultados.pdf (consultada el 31 de
marzo de 2020)
38 Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Métrica de Gobierno Abierto: reporte de resultados 2017
(México CIDE, 2017), p. 42
(México CIDE, 2017), p. 42
39 Klaus Schwab (editor), The Global Competitiveness Report 20172018: Insight Report (Ginebra: World Economic
Forum, 2018)
Forum, 2018)
40 INEGI, «Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017: principales resultados», en
https://www.INEGI.org.mx/contenidos/programas/encig/2017/doc/encig2017_principales_resultados.pdf (consultada el 31 de
marzo de 2020)
https://www.INEGI.org.mx/contenidos/programas/encig/2017/doc/encig2017_principales_resultados.pdf (consultada el 31 de
marzo de 2020)
41 Corporación Latinobarómetro, Informe 2018 (Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro, 2018), p. 54
42 INEGI, «Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017: principales resultados», en
https://www.INEGI.org.mx/contenidos/programas/encig/2017/doc/encig2017_principales_resultados.pdf (consultada el 31 de
marzo de 2020)
https://www.INEGI.org.mx/contenidos/programas/encig/2017/doc/encig2017_principales_resultados.pdf (consultada el 31 de
marzo de 2020)
43 INEGI, «Primera Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional policial (Enecap)», en https://
www.INEGI.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/ENECAP2017.pdf (consultada el 31 de marzo de
2020)
www.INEGI.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/ENECAP2017.pdf (consultada el 31 de marzo de
2020)
44 SESNSP, «Programas de formación inicial para Seguridad Pública», en https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/
prp-seguridad-publica-formacion-inicial, (consultada el 31 de marzo de 2020)
prp-seguridad-publica-formacion-inicial, (consultada el 31 de marzo de 2020)
45 Causa en Común, «Reporte de la encuesta ¿Qué piensa la policía?», en http://causaencomun.org.mx/beta/wp-
content/uploads/2018/04/Encuesta-qué-piensa-la-policía-2017.pdf (consultada el 31 de marzo de 2020)
content/uploads/2018/04/Encuesta-qué-piensa-la-policía-2017.pdf (consultada el 31 de marzo de 2020)
46 INEGI, «Primera Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional policial (Enecap)», en https://
www.INEGI.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/ENECAP2017.pdf (consultada el 31 de marzo de
2020)
www.INEGI.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/ENECAP2017.pdf (consultada el 31 de marzo de
2020)
47 INEGI, «Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2019. Presentación de resultados generales»,
en https://www.INEGI.org.mx/contenidos/programas/cndhf/2019/doc/CNDHF_2019_resultados.pdf (consultada el 31 de
marzo de 2020)
en https://www.INEGI.org.mx/contenidos/programas/cndhf/2019/doc/CNDHF_2019_resultados.pdf (consultada el 31 de
marzo de 2020)
48 INEGI, «Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2018. Resultados generales», en https://
www.INEGI.org.mx/contenidos/programas/cndhf/2018/doc/CNDHF_2018_resultados.pdf (consultada el 31 de marzo de
2020)
www.INEGI.org.mx/contenidos/programas/cndhf/2018/doc/CNDHF_2018_resultados.pdf (consultada el 31 de marzo de
2020)
49 Los enfoques y perspectivas que deben ser considerados en la implementación de las acciones puntuales son:
enfoque de derechos humanos; enfoque diferencial e interseccional; enfoque de igualdad de género; enfoque de infancia y
adolescencia; perspectiva antidiscriminatoria; perspectiva de género y perspectiva intercultural. Para conocer de manera
abreviada a qué se refiere cada enfoque y perspectiva, se sugiere revisar el Glosario al final de este Programa. Por motivos
prácticos, se enlistan aquí pero no se repiten en cada una de las acciones puntuales que se presentan a continuación.
enfoque de derechos humanos; enfoque diferencial e interseccional; enfoque de igualdad de género; enfoque de infancia y
adolescencia; perspectiva antidiscriminatoria; perspectiva de género y perspectiva intercultural. Para conocer de manera
abreviada a qué se refiere cada enfoque y perspectiva, se sugiere revisar el Glosario al final de este Programa. Por motivos
prácticos, se enlistan aquí pero no se repiten en cada una de las acciones puntuales que se presentan a continuación.
50 Samuel Luis Villela Flores, «Cosmovisión indígena», en Estado del desarrollo económico y social de los pueblos
indígenas de Guerrero (México, Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario México Nación
Multicultural, 2009), p. 465-507
indígenas de Guerrero (México, Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario México Nación
Multicultural, 2009), p. 465-507
51 ONU-DH, «Derechos humanos: los defensores de los derechos humanos: protección del derecho a defender los
derechos humanos. Folleto informativo No. 29», en https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet29sp.pdf
(consultada el 31 de marzo de 2020)
derechos humanos. Folleto informativo No. 29», en https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet29sp.pdf
(consultada el 31 de marzo de 2020)
52 Secretaría de Bienestar, «Por un mejor trato a los adultos mayores, hoy es el día de conciencia de abuso y
maltrato en la vejez», en https://www.gob.mx/bienestar/articulos/por-un-mejor-trato-a-los-adultos-mayores-hoy-es-el-dia-de-
toma-de-conciencia-de-abuso-y-maltrato-en-la-vejez?idiom=es (consultada el 31 de marzo de 2020)
maltrato en la vejez», en https://www.gob.mx/bienestar/articulos/por-un-mejor-trato-a-los-adultos-mayores-hoy-es-el-dia-de-
toma-de-conciencia-de-abuso-y-maltrato-en-la-vejez?idiom=es (consultada el 31 de marzo de 2020)
53 «Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Aspectos que comprende», en Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta (México: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tesis aislada (civil, constitucional)
Federación y su Gaceta (México: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tesis aislada (civil, constitucional)
54 Encarna Carmona Cuenca, «El derecho a un mínimo vital», en Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria
(México: Thomson Reuters Aranzadi, 2012), p. 1577-1616
(México: Thomson Reuters Aranzadi, 2012), p. 1577-1616
55 Leticia Bonifaz Alfonzo, «El principio de paridad en las elecciones: aplicación, resultados y retos», SCJN, en
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos_humanos/articulosdh/documentos/2016-12/
PRINCIPIO%20DE%20PARIDAD.pdf (consultada el 31 de marzo de 2020)
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos_humanos/articulosdh/documentos/2016-12/
PRINCIPIO%20DE%20PARIDAD.pdf (consultada el 31 de marzo de 2020)
56 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (México: Cámara de Diputados, 2006), artículo 5, fracción
VI
VI
57 Instituto Nacional de las Mujeres y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ABC de género en la
administración pública (México, INMUJERES, 2007), p. 13
administración pública (México, INMUJERES, 2007), p. 13
58 ONU-DH, El reconocimiento legal y vigencia de los sistemas normativos indígenas en México (México: ONU-DH,
2008), p. 38
2008), p. 38
59 La lista que se presenta en este anexo es enunciativa más no limitativa. Se integró a partir de información
proporcionada por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP sobre los programas que las dependencias y
entidades no sectorizadas de la APF tienen la obligación de elaborar.
entidades no sectorizadas de la APF tienen la obligación de elaborar.