PROGRAMA Sectorial de Función Pública 2020-2024.

Secretaría de la Función Pública
PROGRAMA SECTORIAL DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
1.- Índice
No.
Contenido
1.
Índice
2.
Fundamento normativo de elaboración del programa
3.
Siglas y acrónimos
4.
Origen de los recursos para la instrumentación del programa
5.
Análisis del estado actual
6.
Objetivos prioritarios
6.1.
Relevancia del Objetivo prioritario 1: Combatir, frontalmente y con la participación de la ciudadanía, las causas y efectos de la corrupción y la ineficacia en la Administración Pública Federal, mediante la prevención, fiscalización y promoción de las responsabilidades asociadas con conductas ilícitas.
6.2.
Relevancia del Objetivo prioritario 2: Combatir la impunidad en el ámbito administrativo de los servidores públicos de la Administración Pública Federal.
 
6.3.
Relevancia del Objetivo prioritario 3: Fortalecer las acciones de control que realizan los órganos de vigilancia y control en la Administración Pública Federal, para contribuir al combate a la corrupción y a la impunidad.
6.4.
Relevancia del Objetivo prioritario 4: Fortalecer la transparencia y el gobierno abierto, así como impulsar con instancias públicas nacionales e internacionales, acciones sistemáticas y de coordinación institucional, para combatir la corrupción y la impunidad.
6.5.
Relevancia del Objetivo prioritario 5: Promover la profesionalización de las personas servidoras públicas, así como aprobar y registrar las estructuras organizacionales de la Administración Pública Federal con criterios de eficiencia, transparencia y austeridad
6.6.
Relevancia del Objetivo prioritario 6: Facilitar la participación ciudadana en procesos de vigilancia, vinculación social y empresarial, denuncias, alertamiento interno y externo, atención a víctimas y defensoría de responsabilidades de servidores públicos en la Administración Pública Federal.
7.
Estrategias prioritarias y Acciones puntuales
8.
Metas para el bienestar y Parámetros
9.
Epílogo: visión de largo plazo
 
2.- Fundamento normativo de elaboración del programa
Los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituyen la norma que sustenta el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y regulan la responsabilidad del Estado de organizarlo y conducirlo mediante el establecimiento de un sistema de planeación democrática que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural de la nación.
Asimismo, el artículo 3 de la Ley de Planeación (LP) dispone que la planeación nacional del desarrollo es la ordenación racional y sistemática de acciones que tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y las diversas leyes establecen, y con base en el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección del ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales.
 
La LP, en sus artículos 5, 21, 21 Bis, 21 Ter y 22, regula la elaboración y emisión del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el cual fue aprobado para el periodo 2019-2024 mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019, instrumento que establece como principio rector la honradez y honestidad al tenor de lo siguiente:
"La característica más destructiva y perniciosa de los neoliberales mexicanos fue la corrupción extendida y convertida en práctica administrativa regular. La corrupción ha sido el principal inhibidor del crecimiento económico. Por eso estamos empeñados, en primer lugar, en acabar con la corrupción en toda la administración pública, no sólo la corrupción monetaria sino la que conllevan la simulación y la mentira".
El PND es la base para la elaboración de los programas necesarios para darle cumplimiento, entre ellos se encuentran los programas sectoriales, cuyo sustento se encuentra en los artículos 23, 26 Bis, 27, 29, segundo párrafo, 30 y 31 de la LP.
A efecto de atender lo mandatado en el PND en materia de erradicación de la corrupción, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, fracción III, de la LP, la Secretaría de la Función Pública (SFP) presenta el Programa Sectorial de Función Pública 2020-2024, el cual se ciñe a lo dispuesto en los preceptos jurídicos referidos y busca afianzar las acciones de la Administración Pública Federal (APF) en el combate a la corrupción y a la impunidad en el ámbito administrativo, en estricto cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), así como de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA).
De igual forma, la orientación del presente programa atiende a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país con la suscripción de tres convenciones: la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Es importante señalar que para la elaboración del Programa Sectorial de Función Pública 2020-2024 se consideraron los resultados de los ejercicios de participación ciudadana y consulta con los distintos sectores sociales que se efectuaron en el marco de la integración del PND.
Finalmente, se precisa que corresponde a la SFP coordinar la publicación, ejecución y seguimiento de este programa.
3.- Siglas y acrónimos
AGA: Alianza para el Gobierno Abierto
APF: Administración Pública Federal
CEPCI: Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses
CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C.
COCODIS: Comités de Control y Desempeño Institucional
ENCIG: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental
INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
LGRA: Ley General de Responsabilidades Administrativas.
LGSNA: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
LP: Ley de Planeación
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
OFI: Organismos Financieros Internacionales
OIC: Órganos internos de control
 
PAF: Programa Anual de Fiscalización
PIB: Producto Interno Bruto
PNA: Política Nacional Anticorrupción
PNCCIMGP: Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
UCEMGP: Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
SANC: Sistema de Procedimiento Administrativo de Sanción a Proveedores y Contratistas
SECODAM: Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa
SECOGEF: Secretaría de la Contraloría General de la Federación
SFP: Secretaría de la Función Pública
SIDEC: Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas
SIINC: Sistema Integral de Inconformidades
SIIPP-G: Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales
SIRA: Sistema Integral de Responsabilidades Administrativas
SISDO: Sistema de Desarrollo Organizacional de Órganos de Vigilancia y Control
SNA: Sistema Nacional Anticorrupción
SNF: Sistema Nacional de Fiscalización
SPC: Servicio Profesional de Carrera
UR: Unidades de Responsabilidades
4T: Cuarta Transformación
4.- Origen de los recursos para la instrumentación del programa
La totalidad de las acciones que se consideran en este Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus Objetivos prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas acciones y el seguimiento y reporte de las mismas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el Programa, mientras éste tenga vigencia.
5.- Análisis del estado actual
En los últimos cinco años, los casos de corrupción crecieron de manera preocupante, en tanto que la sociedad ha visto con enojo y frustración como algunos gobernantes y funcionarios públicos han hecho de esta práctica ilícita una conducta común, mediante la cual se consuma el robo de miles de millones de pesos, en la mayoría de los casos con total impunidad y, en ocasiones, bajo la protección gubernamental.
Para hablar de corrupción, se requiere como primer paso definirla; después conocer cuánto nos cuesta y cómo afecta a la población, pues en la medida que se dimensione el problema se podrán optimizar los esfuerzos para abatirla, con el consiguiente beneficio que implicará que los recursos públicos se canalicen hacia el bienestar de todos los mexicanos.
La palabra corrupción hace referencia a la impureza moral y proviene del vocablo latino corruptio, que se relaciona con la acción de arruinar, contaminar, maltratar o destruir. En este sentido, se entiende como el acto de echar a perder, dañar o sobornar a alguien.
En el contexto de la administración pública, la corrupción se concibe como el abuso de un cargo público para obtener una ganancia privada, práctica que constituye una forma específica de dominación que tiene que ver con un diferencial de poder estructural.
En general, el fenómeno de la corrupción en el sector público puede ser entendido como el beneficio indebido que obtiene un servidor público a costa del bienestar colectivo o individual por acción u omisión en la realización de su trabajo como resultado de las deficiencias en los procesos y en la aplicación de las normas, la falta de una cultura ética y organizacional, y la prevalencia de un inadecuado sistema de selección y profesionalización del personal.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se refiere a este problema como "una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana"(1).
La corrupción constituye un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo. En el caso de México sucede en todo el territorio nacional y perjudica sin distingo a la población en su conjunto; además, ha alcanzado niveles sin precedentes que la han situado como uno de los tres principales problemas del país; asimismo, ha dañado a las instituciones, frenado el crecimiento económico y contribuido a la inestabilidad política.
El problema tiene varias vertientes: una se materializa en el robo directo de los recursos públicos; otra consiste en la asignación fraudulenta de obra pública y en las licitaciones dolosas de compras para el gobierno; una más se da cuando las autoridades fomentan el exceso de gestiones en los trámites, lo que ocasiona que muchos mexicanos recurran al soborno para agilizarlos.
La corrupción puede ser entendida desde dos dimensiones: 1) la percepción que produce y 2) la victimización de este fenómeno.
Por cuanto hace a la primera, el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 de la organización Transparencia Internacional ubicó a México en la posición 130 de 180 países, con una calificación de 29 sobre 100, donde cero es altamente corrupto y cien es muy limpio, lo cual significó un ascenso de 8 puntos respecto de la medición de 2018, en la que nuestro país se posicionó en el lugar 138.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 (ENCIG 2019) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mostró que la corrupción ocupa el segundo lugar entre los principales problemas del país para el 52.8% de la población mayor de 18 años, sólo por debajo de la inseguridad y la delincuencia; asimismo, evidenció que el 87% de la población percibió a los actos de corrupción como muy frecuentes o frecuentes.
De acuerdo con la Encuesta de Corrupción y Cultura de la Legalidad elaborada por la UNAM en 2015, 8 de cada 10 mexicanos consideran que es en el sector público donde este fenómeno ocurre en mayor medida, que es responsabilidad del gobierno acabar con ella y sancionarla, y que éste, junto con los partidos políticos, son las instituciones que menos ayudan a combatirla.
En términos de la victimización del fenómeno, en 2019 la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 15,732 por cada 100,000 habitantes(2).
El proceso para efectuar trámites gubernamentales es uno de los principales detonadores de corrupción, ya que abre espacios a la discrecionalidad. De acuerdo con el INEGI, durante 2019 la tasa de actos corrupción en al menos uno de los trámites realizados por cada 100,000 habitantes ascendió a 30,456 y el costo total de estos ilícitos representó 12,770 millones de pesos.
Entre los trámites con mayor prevalencia de corrupción se detectaron los que se efectúan con autoridades de seguridad pública, los permisos relacionados con la propiedad y las diligencias ante el ministerio público. Las entidades en las que se presentó el mayor número de víctimas en la realización de trámites fueron Durango, Ciudad de México y Estado de México.
De conformidad con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016, el 82.2% de las unidades económicas consideraron que los actos de corrupción por parte de servidores públicos fueron muy frecuentes, de manera que en ese año se registraron 3,055 actos de corrupción por cada 10,000 empresas; además, se estima que esas unidades económicas desembolsaron alrededor de 1,612 millones de pesos en sobornos, que 6 de cada 10 incurrieron en actos de corrupción para agilizar trámites, y que 4 de cada 10 lo hicieron para evitar multas o sanciones.
Por cuanto hace a las denuncias por actos de corrupción, su proporción es muy baja, ya que ocho de cada diez personas y tres de cada cuatro empresas que conocieron de alguno no lo denunciaron; el 26.4% de las personas omitieron hacerlo porque lo consideraron inútil.
 
Respecto de la falta de sanción por la comisión de conductas ilícitas, la organización Impunidad Cero detectó que en el ámbito federal en 2018 sólo 8 de cada 100 irregularidades fueron sancionadas y el INEGI reportó que únicamente el 10.6% de los delitos fueron denunciados(3).
La impunidad administrativa se entiende como la ausencia de sanción por las faltas administrativas que cometen los servidores públicos; para erradicarla, la SFP emprende acciones encaminadas a fortalecer su actuación en la substanciación de los procedimientos de responsabilidades administrativas para que en los casos que transciendan en la afectación de la legalidad, del servicio público, del interés social o de la hacienda pública se imponga una sanción acorde con la conducta cometida y las circunstancias del caso, atendiendo a los principios que rigen en la ley en la materia.
Es importante mencionar que la normatividad aplicable prevé beneficios que deben ser observados por las autoridades, y que pueden llevar a que no se imponga una sanción, aun cuando la conducta haya sido cometida. Al respecto, es menester referir que, de los 14,752 expedientes de responsabilidad administrativa abiertos en 2018 por la SFP, 5,136 derivaron en sanciones; aunque pareciera un número bajo, dentro de ese universo se encuentran las sanciones impuestas en asuntos relevantes, y en algunos casos no se trata de falta de sanción sino de la aplicación de los beneficios normativos, como acciones preventivas e inhibitorias de conductas reprochables a los servidores públicos.
Asimismo, si bien se han establecido Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI) en todas las instituciones del Gobierno Federal y se han efectuado actividades de capacitación en ambos temas, es necesario profundizar estas acciones, a fin de materializar los valores éticos en el actuar de los servidores públicos.
Para contribuir al avance en estas materias, la SFP impulsa una nueva ética pública centrada en lograr el bienestar de todas las personas a partir de una cultura de servicio público austero, cimentado en los cinco ejes constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, así como en los principios legales y valores del Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal.
La nueva ética pública se concibe como la aspiración a la excelencia por parte de los servidores públicos en el desempeño de sus labores, cuya línea orientadora debe ser en todo momento el bienestar de la población.
Con objeto de responder a la confianza depositada por la población en el actual gobierno es indispensable la creación de programas que prevengan la corrupción, mediante el fortalecimiento de la integridad y la ética como criterios para el desempeño de la función pública.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 5, mandata que los Estados miembros deben establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción y promover la integridad, la rendición de cuentas y la gestión adecuada de los asuntos y bienes públicos.
Este replanteamiento de la política de integridad pública parte de una desatención, por varias décadas, del interés general, como consecuencia de la corrupción que ha imperado en las instituciones gubernamentales en perjuicio del bienestar de la población. Por lo anterior, la SFP ha desarrollado una estrategia para difundir y fortalecer las herramientas con las que cuenta el personal que labora para el Estado, con la intención de replantear la integridad en el servicio público.
En términos del PND, la clave para la transformación estará basada en principios, valores y reglas de integridad como factores del nuevo pacto social, aspecto que impactará en el modelo de desarrollo para México y permitirá reforzar el objetivo central de la función pública que es velar por el interés público y el bienestar de toda la población.
Por cuanto hace a la mejora de la gestión, los servicios y trámites que las instituciones de la APF brindan a la sociedad presentan niveles irregulares de eficiencia, eficacia y oportunidad, por lo que con frecuencia resultan deficientes, lo que ocasiona que los ciudadanos experimenten una baja satisfacción cuando los reciben o gestionan.
La eficiencia de la administración pública se ve afectada en buena parte por el exceso de leyes, reglamentos, disposiciones y normativa que regulan su operación, circunstancia que limita la rapidez y efectividad de los procesos institucionales y provoca el desperdicio de los recursos asignados para la ejecución de los programas, planes y estrategias de gobierno.
Adicionalmente, la ambigüedad de la normativa da lugar a la arbitrariedad, la discrecionalidad y el abuso por parte de los servidores públicos en el otorgamiento de bienes, la realización de trámites y la prestación de servicios a la ciudadanía.
Los esfuerzos y políticas públicas que el gobierno actual instrumenta en materia de mejora de la gestión se orientan a que las dependencias y entidades lleven a cabo acciones que contribuyan eficientemente al cumplimiento de sus objetivos y metas, con un empleo adecuado de los recursos asignados para propiciar la optimización de los procesos institucionales y la simplificación de la normativa que los regula.
Las iniciativas para perfeccionar la gestión gubernamental se enfocan en favorecer la coordinación entre las instituciones y dentro de ellas, a efecto de concretar acciones que produzcan los mayores beneficios en la calidad y estandarización de los trámites, la priorización de los más relevantes para la ciudadanía y la incorporación de herramientas tecnológicas que faciliten su realización para cualquier persona.
Los problemas relacionados con la efectividad de las instituciones públicas y la calidad de los trámites y servicios que brindan son visibles con la tendencia creciente de la percepción social de actos de corrupción.
Al respecto, el INEGI detectó que entre 2017 y 2019 la tasa de víctimas de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados se elevó a nivel nacional en 7.5%, al pasar de 14,635 a 15,732 víctimas por cada 100,000 habitantes. Las entidades federativas en las que se registró un mayor incremento en el número de ilícitos de esta naturaleza fueron Guanajuato, Puebla y Quintana Roo(4).
Por lo anterior, la SFP impulsa la mejora de la gestión con un enfoque preventivo, mediante la implantación de acciones y proyectos para lograr una mayor eficacia en los procesos de la APF, elevar la capacidad de gestión de los servidores públicos y hacer más efectivas la prestación de los servicios y la realización de trámites, con objeto de satisfacer las necesidades de la sociedad e incidir positivamente en la percepción ciudadana sobre el actuar del gobierno.
En el diagnóstico realizado en 2019 por los órganos internos de control (OIC) adscritos a la SFP, se identificó que los aspectos de gestión que deben atenderse de manera prioritaria son los siguientes: actualizar el marco normativo; simplificar y automatizar procesos, trámites y servicios; definir los procesos y procedimientos en las dependencias y entidades, y delimitar el alcance y la responsabilidad de las instituciones y las áreas involucradas.
En congruencia con el PND, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 (PNCCIMGP), publicado el 30 agosto de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, estableció como una de sus estrategias prioritarias la de "Promover la mejora y simplificación de los procesos institucionales y el marco normativo interno que los regula, con acciones que apoyen el uso adecuado de los recursos en el cumplimiento de los objetivos y la eliminación de márgenes de discrecionalidad".
En las instituciones del Gobierno Federal se impulsará la mejora y modernización de la gestión mediante programas que aporten elementos para corregir deficiencias normativas y de procesos; incorporar mecanismos que faciliten la prestación de los servicios con base en estándares de calidad; abrir espacios que propicien la participación de la sociedad en la evaluación de la gestión del gobierno, y potenciar la eficacia de las dependencias y entidades en el desempeño de sus funciones y el logro de sus objetivos y metas.
La SFP ha asumido también el compromiso de fomentar la austeridad republicana, la fiscalización y la evaluación de la gestión pública por medio de la detección de las debilidades del control interno y la atención de áreas de oportunidad para contribuir a mejorar el desempeño del Gobierno Federal.
La contribución de este programa al nuevo modelo de desarrollo basado en el bienestar de las personas consistirá en mantener una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, así como en procurar la mejora de la gestión gubernamental, pues en la medida en que se logren estos propósitos se disminuirá o, en su caso, optimizará, el impacto que tienen en áreas como salud, equidad, inversión, seguridad e impartición de justicia, entre otros, de manera que se asegure que los recursos públicos se canalicen a infraestructura y gasto social y que la sociedad reciba servicios de calidad. Para ello la acción de la SFP se sustentará en cinco ejes rectores: 1) Ciudadanización del combate a la corrupción y a la impunidad; 2) Democratización de las tecnologías; 3) Protección a los ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción; 4) Relanzamiento del Servicio Profesional de Carrera (SPC), y 5) Austeridad republicana, fiscalización y evaluación de la gestión pública.
La ciudadanización del combate a la corrupción y a la impunidad otorga a la sociedad un papel protagónico que le permite participar en la vigilancia y fiscalización de la actuación gubernamental, así como en la presentación de denuncias para que las conductas irregulares sean castigadas.
La democratización de las tecnologías informáticas constituye una herramienta valiosa para la prevención de conductas ilícitas y el combate a la corrupción, en tanto que facilita la puesta a disposición de información del quehacer gubernamental y por consiguiente permite el ejercicio de un control ciudadano, por ello las bases de datos y sistemas deben ser accesibles para cualquier persona.
El sistema de ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción tiene como objetivos obtener información de manera confidencial sobre actos graves de corrupción; asegurar la aplicación de medidas de protección para los informantes ante posibles represalias, y establecer acciones de seguimiento respecto de la atención brindada al caso presentado por la persona que lo reportó.
Por medio del relanzamiento del SPC se asegurará que el ingreso a la administración pública se lleve a cabo bajo los parámetros del mérito y la honestidad; además, se capacitará y sensibilizará de manera constante al personal de la SFP para orientar su conducta hacia la reivindicación del verdadero significado del ejercicio de la función pública, que es servir al pueblo.
Finalmente, la práctica de la austeridad republicana, la fiscalización y la evaluación de la gestión pública permitirán que los recursos se canalicen hacia proyectos que beneficien a la población y evitará que el dinero de todos los mexicanos se dilapide en gastos superfluos o termine en manos de quienes indebidamente se aprovechan de su posición o influencia en el servicio público para obtener un beneficio personal. En este sentido se enfatizará el rol preventivo, y en caso de irregularidades se corregirán de manera inmediata.
La efectividad institucional para concretar los cinco ejes redundará en el cumplimiento de los principios rectores del PND siguientes:
·   Honradez y honestidad en toda la administración pública, ya que ambos valores se impulsarán como hábito y principio rector en la actuación del gobierno.
·   No al gobierno rico con pueblo pobre, pues las acciones para combatir la corrupción y la impunidad obstaculizarán el robo de los recursos públicos, así como su uso dispendioso, para destinarlos al fin para el que están dispuestos, que es el bienestar de la población.
·   Ética, libertad, confianza, se promoverá una nueva ética del servicio público que anteponga el interés colectivo por encima del particular, y se propiciará el comportamiento honesto, eficaz y con espíritu de servicio de quienes trabajan para el Estado, lo cual permitirá restituir la confianza del pueblo en las instituciones de gobierno.
Se precisa que el ejercicio de la función pública debe sustentarse en un esfuerzo que permita cambios estructurales para prevenir los actos de corrupción y castigar a quien los cometa, así como modernizar la gestión del gobierno. Por ello el programa sectorial de la SFP se concentrará en tres vertientes: el combate a la corrupción, el combate a la impunidad y la mejora de la gestión pública, para lo cual se plantean seis Objetivos prioritarios.
El primer Objetivo prioritario "Combatir, frontalmente y con la participación de la ciudadanía, las causas y efectos de la corrupción y la ineficacia en la Administración Pública Federal, mediante la prevención, fiscalización y promoción de las responsabilidades asociadas con conductas ilícitas" tiene como finalidad prevenir el abuso de posiciones de poder y la apropiación indebida de los recursos públicos por parte de intereses privados.
En estrecha relación con la lucha contra la corrupción se encuentra el combate a la impunidad en la esfera administrativa. Como una manera de abatir este problema, y dado que la bajísima incidencia en la imposición de sanciones a quienes cometen irregularidades refuerza la persistencia de estos comportamientos, se consideró necesario plantear el Objetivo prioritario 2 en los términos siguientes: "Combatir la impunidad en el ámbito administrativo de los servidores públicos de la Administración Pública Federal".
El objetivo prioritario 3, definido como "Fortalecer las acciones de control que realizan los órganos de vigilancia y control en la APF, para contribuir al combate a la corrupción y a la impunidad", tiene como propósito atender la problemática originada por la falta de atención oportuna de denuncias, procesos administrativos lentos, la ineficacia de los actos de fiscalización, el exceso de regulación y la obsolescencia de las normas, factores que dan lugar a actos de corrupción e impiden la gestión eficiente de los trámites y servicios que brinda el gobierno, con la consiguiente afectación para la población en general.
 
Por lo anterior, se implementarán mecanismos e instancias efectivas de control, de manera que la labor de los OIC y las Unidades de Responsabilidades (UR) se concentre en la detección de prácticas corruptas y no únicamente en la verificación del cumplimiento de la normatividad como un ejercicio inercial.
Los acentuados niveles de corrupción e impunidad que prevalecieron en el país en décadas anteriores han impedido alcanzar el bienestar de la población al privilegiar los intereses privados por encima de los públicos. A su vez, la opacidad y la falta de espacios de participación ciudadana limitaron la intervención del pueblo en la toma de decisiones, lo cual obstaculizó la construcción y consolidación de una verdadera democracia. Al respecto, el PND señala que erradicar la corrupción en el sector público es uno de los objetivos centrales del sexenio en curso.
Uno de los principios rectores de dicho plan es que la democracia es el poder del pueblo por lo que una prioridad del gobierno debe ser dotar de mecanismos participativos para socializar el poder político e involucrar a la colectividad en las grandes decisiones nacionales. Al respecto el Objetivo prioritario 4, "Fortalecer la transparencia y el gobierno abierto, así como impulsar con instancias públicas nacionales e internacionales acciones sistemáticas y de coordinación institucional para combatir la corrupción y la impunidad", busca disminuir la impunidad prevaleciente en las instituciones públicas y en los puntos de mayor riesgo de corrupción mediante estrategias encaminadas a promover la transparencia, el gobierno abierto y las acciones de coordinación institucional en los ámbitos nacional e internacional.
En particular, al regenerar los mecanismos de acceso a la información pública, la gente puede saber lo que hace el gobierno y cómo lo hace. Asimismo, se busca producir sistemas de inteligencia que permitan un verdadero combate a la corrupción por parte de las autoridades.
Lo anterior, aumentará la confianza de la ciudadanía en el gobierno al tener acceso a información relevante para evaluar la gestión gubernamental, conocer el destino de los recursos públicos, detectar posibles actos de corrupción y participar en el desarrollo de medidas para prevenir y combatir este fenómeno.
Por su parte, la coordinación con instituciones nacionales e internacionales promoverá el intercambio de información, la asistencia técnica, y la cooperación internacional sobre mejores prácticas que permitan aumentar la integridad gubernamental. Esto obliga a reorientar el actuar del gobierno bajo la lógica del bienestar social, privilegiando los principios y el espíritu de los instrumentos regionales e internacionales en materia de combate a la corrupción, transparencia y apertura gubernamental.
En este marco, el establecimiento de acciones sistemáticas de coordinación entre dependencias y entidades de la APF e instancias anticorrupción en los ámbitos nacional e internacional y el fortalecimiento de mecanismos de transparencia y gobierno abierto son claves para la prevención y erradicación de la corrupción, así como para impulsar una verdadera democracia participativa. De esta manera, se busca promover el bienestar de la población, especialmente el de los más afectados por este fenómeno y que sufren este flagelo cotidianamente. Lo anterior, bajo el principio rector de "No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera" y el eje estratégico "Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad".
En cuanto al Objetivo prioritario 5, "Promover la profesionalización de las personas servidoras públicas, así como aprobar y registrar las estructuras organizacionales de la APF con criterios de eficiencia, transparencia y austeridad", se están realizando los ajustes necesarios a las estructuras para que éstas cuenten de forma permanente con dichos criterios; también se trabaja en el diseño de una política pública de profesionalización de las personas servidoras públicas, con el objetivo de que las instituciones de la APF y las personas servidoras públicas que en ella laboran no dejen de atender el rezago en el que muchos mexicanos se encuentran inmersos; y en el que se considere entre otras cosas su identidad, condición y lugar de residencia.
En materia de profesionalización, el SPC tuvo un alcance limitado, por lo que su relanzamiento permitirá el ingreso, la evaluación y la promoción de los mejores profesionales en el servicio público, con una perspectiva incluyente; además de considerar la transformación de los perfiles de los servidores públicos, con perspectiva de género, inclusión, no discriminación, visión de derechos humanos, confianza y participación ciudadana.
Por otro lado, se busca eliminar las estructuras onerosas en la administración pública y sustituirlas por organizaciones eficientes, transparentes y con amplio sentido de la austeridad republicana, para garantizar que no se dupliquen funciones y se tenga un mejor control para lograr el servicio público que requiere la población, reconociendo la importancia de una APF incluyente, con perspectiva de género, respetuosa de los derechos humanos y no discriminadora.
En lo referente al Objetivo prioritario 6 "Facilitar la participación ciudadana en procesos de vigilancia, vinculación social y empresarial, denuncias, alertamiento interno y externo, atención a víctimas y defensoría de responsabilidades de servidores públicos, en la APF", la ausencia de políticas específicas para remediar las causas y efectos estructurales de la corrupción, aunada a las mediciones nacionales e internacionales que acreditaban el crecimiento de este flagelo y los escándalos de malversación del erario que se dieron a conocer en los medios de difusión masiva, afectaron los procesos de vigilancia y articulación de la sociedad civil en el combate a la corrupción; la presentación de denuncias; el auspicio a víctimas; la implantación de una política de alertamiento ciudadano; la integridad empresarial, y la defensoría; lo cual acentuó el malestar general, principalmente de la población en condiciones de marginación, y desmotivó la participación de la sociedad en los asuntos públicos, además de que incrementó la desconfianza en las instituciones y el desprestigio del quehacer gubernamental.(5)
Los problemas inherentes a cada uno de los objetivos mencionados (corrupción; impunidad; limitada incidencia de las acciones de control de los OIC y las UR; insuficiencia en las políticas de transparencia y gobierno abierto, así como de mecanismos de coordinación interinstitucional; necesidad de profesionalizar a las personas servidoras públicas, y escasa participación de la ciudadanía en el combate a la corrupción) afectan a la población en general, sin distinción de su identidad, condición o lugar de residencia, de igual forma que el abatimiento de los mismos redundará en el beneficio de la colectividad.
6.- Objetivos prioritarios
Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de su labor institucional en el combate a la corrupción y a la impunidad, así como para mejorar la gestión del gobierno, la SFP ha planteado los objetivos siguientes:
Objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Función Pública 2020-2024
1.- Combatir, frontalmente y con la participación de la ciudadanía, las causas y efectos de la corrupción y la ineficacia en la Administración Pública Federal, mediante la prevención, fiscalización y promoción de las responsabilidades asociadas con conductas ilícitas.
2.- Combatir la impunidad en el ámbito administrativo de los servidores públicos de la Administración Pública Federal.
3.- Fortalecer las acciones de control que realizan los órganos de vigilancia y control en la Administración Pública Federal, para contribuir al combate a la corrupción y a la impunidad.
4.- Fortalecer la transparencia y el gobierno abierto, así como impulsar con instancias públicas nacionales e internacionales, acciones sistemáticas y de coordinación institucional, para combatir la corrupción y la impunidad.
5.- Promover la profesionalización de las personas servidoras públicas, así como aprobar y registrar las estructuras organizacionales de la Administración Pública Federal con criterios de eficiencia, transparencia y austeridad.
6.- Facilitar la participación ciudadana en procesos de vigilancia, vinculación social y empresarial, denuncias, alertamiento interno y externo, atención a víctimas y defensoría de responsabilidades de servidores públicos en la Administración Pública Federal.
 
6.1.- Relevancia del Objetivo prioritario 1: Combatir, frontalmente y con la participación de la ciudadanía, las causas y efectos de la corrupción y la ineficacia en la Administración Pública Federal, mediante la prevención, fiscalización y promoción de las responsabilidades asociadas con conductas ilícitas.
En los primeros años de la década de los ochenta, México se encontraba en una crisis sin precedentes, con una inflación anual de casi cien por ciento, un déficit desmedido, crecimiento cero, una deuda pública desmesurada y grandes tasas de desempleo.
Esta situación propició la desconfianza en la capacidad gubernamental para resolver los problemas que aquejaban al país y sembró el pesimismo entre la población, que vio cómo el espejismo de la riqueza petrolera se transformaba en una crisis económica, política y social propiciada por los excesos cometidos en el gasto público, la corrupción y la ineficiencia.
 
La estrategia de Miguel de la Madrid para enfrentar este entorno consistió en proponer como lema de su administración la renovación moral de la sociedad, con el objetivo de incorporar la ética como norma de conducta en el servicio público. Para ello, impulsó la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF), a la que dotó de facultades para normar y vigilar el funcionamiento y operación de las unidades de control de la APF y sancionar conductas inmorales de los funcionarios, o en su caso, denunciar las irregularidades ante el Ministerio Público.
Con la creación de la SECOGEF, el gobierno de Miguel de la Madrid sentó las bases legales de la responsabilidad de los servidores públicos en la aplicación eficiente del gasto y el manejo de los presupuestos de egresos, así como en la administración y custodia de los ingresos, bienes, fondos y valores federales.
Sin embargo, el enfoque predominantemente punitivo de las facultades con las que se dotó a la SECOGEF no tuvo el peso suficiente para producir los resultados esperados, por lo que durante el gobierno de Ernesto Zedillo se propuso la creación de una secretaria de Estado encargada de modernizar y controlar las funciones administrativas básicas, así como de diseñar lineamientos para mejorar los servicios y la atención a los ciudadanos.
En 1994 la SECOGEF pasó a ser la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa (SECODAM), a la cual se asignaron, entre otras, atribuciones para modernizar la estructura de las dependencias y entidades; normar el manejo ordenado y transparente de los recursos financieros y bienes muebles e inmuebles federales; coordinar los sistemas de control y de vigilancia que permitieran adoptar medidas para prevenir la corrupción e identificar los casos que ameritaran la imposición de sanciones administrativas o penales, y ejecutar los programas de gobierno con base en los principios de disciplina, austeridad y racionalidad; así como evaluar la gestión pública para que las dependencias y entidades cumplieran con sus metas y objetivos y aplicaran eficientemente el gasto público.
En 1996 se fortalecieron las atribuciones de la SECODAM, al facultarla para nombrar y remover a los titulares de los OIC y de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades con objeto de perfeccionar los mecanismos de supervisión y vigilancia para garantizar el desempeño honesto, eficiente y responsable de los servidores públicos.
Al arribar a la presidencia, Vicente Fox se comprometió a impulsar la rendición de cuentas como medio para anular la corrupción y el engaño. Por ello, en 2003, con motivo de la aprobación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la APF, se reformaron de nueva cuenta las atribuciones de la SECODAM como parte de la estrategia para construir un buen gobierno, profesional, desregulado, honesto y transparente, razón por la que su denominación cambió a Secretaría de la Función Pública.
Durante el sexenio de Felipe Calderón se impulsó el establecimiento de criterios y acciones para asegurar la eficiencia, transparencia y austeridad del gobierno en la aplicación de los recursos públicos, evitar la duplicidad de funciones y reducir costos de operación. Para materializar estos objetivos propuso una reestructuración de la APF que preveía la desaparición de la SFP. Sin embargo, la propuesta no fue autorizada por el Congreso de la Unión.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto se propuso nuevamente desaparecer a la SFP y que sus funciones fueran absorbidas por una nueva instancia: la Comisión Nacional Anticorrupción, que tendría facultades para actuar en casos de instancias federales, estatales y municipales, así como para atender denuncias ciudadanas.
No obstante que la propuesta fue aprobada por los diputados federales, la desaparición de la SFP quedó condicionada a la creación de un órgano anticorrupción que la sustituiría, hecho que no se concretó y provocó que por más de dos años sus funciones fueran ejercidas a título de despacho y sin la formalidad de secretaría de Estado. Posteriormente, con el nombramiento de un nuevo Secretario de la Función Pública, las atribuciones de la dependencia fueron rehabilitadas.
Paradójicamente, fue durante el gobierno que impulsó y concretó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) cuando servidores públicos del más alto nivel estuvieron involucrados en escándalos de corrupción, y aunque fueron exonerados legalmente, también resultaron incapaces de sustraerse de la condena social, cuyo veredicto los señalaba como culpables.
Esta contradicción propició que la erradicación de la corrupción, el dispendio y la frivolidad se constituyera en uno de los postulados básicos del gobierno de la Cuarta Transformación (4T), consciente del agravio que significa para la sociedad la apropiación de lo público por parte de quienes están obligados a velar por los intereses colectivos.
De conformidad con cálculos del Banco Mundial y del Banco de México(6), la corrupción asciende al 9% del Producto Interno Bruto (PIB). En términos de percepción, en 2019 nuestro país se ubicó en el lugar 130 entre 180 países en la medición de Transparencia Internacional.
De acuerdo con el Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial 2017-2018, la corrupción es el principal inhibidor de la inversión en México y ocasionó que entre 137 naciones nuestro país ocupara el lugar 127 en el desvío de fondos públicos y en confianza del público hacia sus políticos, el 105 en pagos irregulares, y el 129 en favoritismo en la toma de decisiones de los funcionarios públicos.
El INEGI estimó que el 52.8% de la población mayor de 18 años considera que la corrupción es uno de los problemas más importantes en la entidad federativa en la que reside, sólo por detrás de la inseguridad y la delincuencia. Además, la proporción de mexicanos que piensan que se trata de un acto frecuente pasó de 83% en 2011 a 87% en 2019(7).
A nivel nacional, se calcula que en 2019 15,732 personas por cada 100,000 habitantes que tuvieron contacto con algún servidor público fueron víctimas de actos de corrupción, dicha cifra representó un aumento de 7.5% respecto de 2017. De acuerdo con el INEGI, este aumento sugiere una mayor propensión al empeoramiento en la frecuencia de actos de corrupción. Las entidades federativas en las que se registró un mayor incremento en el número de estos ilícitos fueron Guanajuato, Puebla y Quintana Roo.
La mayor prevalencia de corrupción se ha observado en el contacto con autoridades de seguridad pública (59.2%) y la realización de trámites de propiedad (25.0%) o ante el Ministerio Público (24.8%)(8).
Otros aspectos que se consideran para medir la corrupción se relacionan con el control que se ejerce sobre ella y la fortaleza del Estado de derecho.
Respecto del control que se ejerce sobre ella, el Banco Mundial colocó a México en el lugar 153, con una calificación de 26 sobre 100 puntos en sus indicadores de control de la corrupción, con lo que se ubicó entre los países más corruptos del mundo.
En relación con la fortaleza del Estado de derecho, nuestro país obtuvo el lugar 117 entre 126 naciones para el factor Ausencia de corrupción en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (2019), resultado que lo situó entre los 10 países con los servidores públicos más corruptos, únicamente por encima de los Estados del Caribe y Centroamérica, que enfrentan históricamente conflictos sociales y políticos.
En lo referente al costo de la corrupción, en 2014 el Observatorio Económico de México lo calculó en 341 mil millones de pesos anuales, cifra que representó el 15% de la inversión pública.
Por cuanto hace a la denuncia de actos de corrupción, en 2017 el 82.6% de la población que fue víctima de un hecho de esta naturaleza omitió hacerlo de conocimiento de la autoridad.
Respecto de la existencia de programas o planes anticorrupción, sólo 17 entidades cuentan con uno, nueve estados están integrando el suyo y seis aún no lo tienen.
Entre los problemas que esta forma de apropiación de lo público ha generado se encuentran el daño en la capacidad de las instituciones para desarrollar sus tareas y atender las necesidades de la población, la disminución de la confianza en la actuación gubernamental, inseguridad jurídica e incapacidad para garantizar y ejercer derechos fundamentales.
El combate de las causas y efectos de la corrupción, así como de la ineficacia en la gestión pública, constituye una de las principales preocupaciones en el marco del nuevo modelo de desarrollo, pues con el abatimiento de este flagelo y la mejora de la actuación gubernamental será posible impulsar el crecimiento económico, evitar el robo de los recursos públicos, poner fin al dispendio, canalizar el gasto para los fines dispuestos, atender las necesidades de la población, favorecer a los más desposeídos, hacer eficiente y eficaz la gestión del Estado, garantizar los derechos humanos y eliminar privilegios y prebendas, entre otros efectos; en suma, se podrá acceder a una sociedad más igualitaria y avanzar hacia el logro de un mejor país.
6.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2: Combatir la impunidad en el ámbito administrativo, de los servidores públicos de la Administración Pública Federal.
En la historia reciente el ejercicio de la función pública marcó las diferencias entre las esferas política, económica y social, lo que ocasionó que la corrupción se acentuara cada vez más en el tejido social y generara pobreza, marginación y desigualdad en las diferentes regiones del país.
Aunado a lo anterior, durante el neoliberalismo se registraron bajas tasas de crecimiento e incluso, en algunos años, éste fue negativo; situación que ocurría en un contexto de prácticas y hechos de corrupción de algunos servidores públicos, que se aprovecharon de su cargo, empleo o comisión. Es importante señalar que, en este periodo, la impunidad hizo posible que en el imaginario colectivo se creara una cultura de corrupción corporativa y estructural. Es una realidad que la impunidad generó una red de corrupción incentivada por la deliberada falta de sanción a la comisión de conductas ilícitas en el ámbito del sector público; cuyas consecuencias, repercutieron en el acceso y calidad de los distintos servicios que debería proporcionar el Estado en igualdad de oportunidades para todos los mexicanos y en especial a los más vulnerables.
Bajo ese contexto, la problemática que se plantea combatir es la impunidad en el ámbito administrativo, de los servidores públicos de la APF, entendida como la falta de sanción por las faltas de dicha naturaleza que cometen los servidores públicos y los actos de particulares vinculados con las mismas faltas. En este sentido, el fortalecimiento del combate a la impunidad beneficia a la población, ya que posibilita a la sociedad recuperar la confianza en las instituciones y en los servidores públicos, replanteando que la función pública velará por el interés colectivo y actuará en consecuencia y sin miramientos contra aquéllos que incurren en faltas.
A pesar de que se han hecho esfuerzos para reducir la tasa de impunidad en el ámbito administrativo, no se ha alcanzado la eficacia deseada. Por ejemplo, de los 14,752 expedientes de responsabilidad administrativa abiertos en 2018 por la SFP, únicamente 5,136 derivaron en sanciones, y de éstas sólo 3 de cada 10 resultaron en suspensión de la persona. No se omite mencionar que la problemática se acrecienta en razón de que no existen datos o cifras que revelen de manera fehaciente los niveles de impunidad en el sector administrativo, es decir, los actos de ilegalidad, así como, las omisiones para investigar y sancionar dichas acciones no son objeto de medición al generarse en la opacidad.
Es por eso que el combate a la impunidad necesita la generación de inteligencia estratégica y táctica para prevenir y castigar los probables hechos de transgresión a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, para implementar los mecanismos establecidos en la normatividad y disminuir los actos de corrupción, dando cumplimiento a los principios plasmados en el PND del nuevo gobierno: "Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie".
En este sentido, la conformación del presente Objetivo prioritario retoma los principios vertidos en el eje I. Política y Gobierno del PND para erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad, es decir, que se sancionará conforme al marco jurídico aplicable a los servidores públicos que incurran en faltas administrativas, y con ello dar cumplimiento al compromiso vertido en el modelo de desarrollo planteado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para recuperar el Estado de Derecho y afirmar que no se tolerarán las faltas de observancia a las leyes y reglamentos por parte de funcionarios y empleados públicos, y con motivo de éstas imponer las sanciones administrativas que correspondan en los casos que lo ameriten turnarlo a la Fiscalía General de la República.
Así, al combatir la impunidad en el ámbito administrativo, se está también haciendo frente al problema de la corrupción desde sus raíz, es por ello que la SFP atenderá de forma integral las denuncias e investigaciones con innovaciones tecnológicas que agilicen su gestión; dará cause de forma integral a los procedimientos de responsabilidad administrativa y, cuando sea procedente, sancionará las faltas que son de su competencia; buscará profesionalizar a los servidores públicos facultados para desahogar los procedimientos de sanción en materia de contrataciones públicas, y promoverá la nueva ética en el servicio público, enfocada a la recuperación de la confianza de la población en el gobierno. Estas acciones son los ejes del presente objetivo, para lograr la reivindicación de un nuevo pacto social sustentado en principios éticos y civilizatorios, como base del modelo de desarrollo para la Nación.
 
a) Responsabilidades administrativas
El nuevo modelo de responsabilidad administrativa debe ser una herramienta eficaz para evitar la impunidad administrativa, entendida como la falta de sanción por las irregularidades que cometen los servidores públicos y los actos de particulares vinculados con faltas graves; en este sentido, la SFP debe fortalecer su actuación mediante la substanciación de los procedimientos de responsabilidades administrativas para que éstos culminen con una sanción acorde a la falta cometida y las circunstancias del caso conforme a los principios que rigen los procedimientos.
Sin embargo, no debe perderse de vista que, en el caso de faltas administrativas no graves, la sanción corresponde a la SFP, por lo que respecta a las graves y a particulares vinculados con faltas de esta naturaleza, quien deberá, en su caso, imponer la sanción será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
También cabe señalar que la LGRA, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, prevé mecanismos que otorgan beneficios a favor de los presuntos responsables, como son la abstención para iniciar un procedimiento administrativo o para sancionarlos cuando se actualizan los supuestos establecidos, situaciones que desde ningún punto de vista pueden ser percibidos como impunidad, ya que se aplican a favor de los servidores públicos las garantías que la ley les otorga; la misma situación aplica en la reducción de sanciones en los casos en que aquellos confiesan y coadyuvan en la investigación respecto de la comisión de faltas administrativas.
En virtud de lo anterior, el actual régimen de responsabilidades administrativas requiere la constante asesoría, capacitación y actualización de las autoridades encargadas de la substanciación y conclusión de los procedimientos administrativos, máxime que en los órganos de vigilancia el personal se encuentra en constante rotación, por lo que su capacitación es de vital trascendencia para erradicar la impunidad administrativa.
b) Denuncias e investigaciones
El Objetivo prioritario 2, enfocado a combatir los niveles de impunidad administrativa en el Gobierno Federal, requiere optimizar el uso de las herramientas necesarias para que el gobierno combata los posibles actos de corrupción y se pueda consolidar un sistema que abata los niveles de impunidad en la APF.
La SFP se enfocará en el uso de dos herramientas: la atención de denuncias mediante el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) y la profesionalización del personal encargado de realizar las investigaciones.
Por lo que se refiere a la atención de denuncias ciudadanas, el SIDEC ha demostrado ser una plataforma importante para gestionar la recepción y seguimiento de las mismas, no sólo de aquellas que se presentan ante la SFP, sino también ante los OIC de toda la APF. En cuanto a la profesionalización de las investigaciones, es importante destacar que el personal a cargo de las mismas debe tener no sólo el conocimiento legal, sino también la destreza y las herramientas técnicas y metodológicas adecuadas para investigar hechos de corrupción.
c) Controversias en contrataciones públicas
Una de las vertientes de corrupción que afecta significativamente la percepción que se tiene de nuestro país, es la que se origina en los procedimientos de contratación, pues el otorgamiento indebido de contratos a personas que, en un importante número de casos, no realizan los trabajos comprometidos o no prestan los servicios pactados, redunda en la aplicación indebida de los recursos públicos, lo cual afecta a todos los mexicanos, pues ocasiona la escasez y deficiencia de los servicios públicos.
La SFP tiene el encargo de contribuir a una mejora continua de las labores gubernamentales, propiciando el cumplimiento de las disposiciones legales, el manejo transparente de los recursos y la rendición puntual de cuentas a la sociedad, privilegiando su función preventiva a fin de abatir prácticas de corrupción e impunidad, asimismo, cuenta con atribuciones para iniciar, substanciar y resolver procedimientos de sanción a licitantes, proveedores y contratistas cuando estos infrinjan las disposiciones vigentes en materia de contrataciones públicas, lo que contribuye a prevenir e inhibir la proliferación de conductas que vulneren los principios que las rigen.
d) Ética e integridad pública
 
Para regenerar las instituciones se requiere de una nueva ética pública, a fin de lograr que las personas servidoras públicas trabajen con sentido de austeridad, honestidad, transparencia, igualdad de género y no discriminación, respeto a las libertades y apego a derecho, además de que sean sensibles a las necesidades de los más débiles y vulnerables, y estén pendientes en todo momento del interés superior de la población. De igual forma deberán garantizar que, en el ejercicio de sus funciones y en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Para ello, será indispensable consolidar el papel del área de la SFP a cargo del tema de integridad en el servicio público, pues en el marco de sus atribuciones se encuentra la de diseñar y ejecutar la política de integridad federal a través de la coordinación de los más de 300 CEPCI instaurados en las dependencias y entidades de la APF.
El principal motor de esta acción serán los CEPCI como ejecutores centrales, al interior de sus respectivas dependencias y entidades, de los planes, programas y proyectos diseñados por dicha área para promover la ética y los valores públicos, proveer orientación y formación para identificar y gestionar situaciones de conflictos de intereses, y resolver dilemas éticos.
6.3.- Relevancia del Objetivo prioritario 3: Fortalecer las acciones de control que realizan los órganos de vigilancia y control en la Administración Pública Federal, para contribuir al combate a la corrupción y a la impunidad.
La corrupción es uno de los mayores problemas que aquejan a nuestro país, tal y como lo muestra el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, elaborado por Transparencia Internacional, el cual ubicó a México en el lugar 130 de 180 países, con una calificación de 29 sobre 100, donde cero es altamente corrupto y cien es muy limpio.
Dicho fenómeno obstaculiza el ejercicio institucional en la atención de las necesidades de la población y produce en ésta un rechazo y hartazgo generalizados (molestia, desánimo, decepción), ocasionados por la desconfianza en el quehacer gubernamental; además la corrupción perjudica la capacidad de garantizar el Estado de derecho e inhibe el desarrollo económico, político y social del país.
Entre las principales causas de este fenómeno se hallan la falta de atención oportuna y expedita de denuncias y procesos administrativos, la ineficiencia e ineficacia en los actos de fiscalización, y la regulación innecesaria, obsoleta y duplicada que en las administraciones anteriores impidió una gestión eficiente de los trámites y servicios.
Por otra parte, se generó un incremento substancial en la práctica de actividades alejadas de la legalidad y, desde luego, de los principios éticos y morales que deben regir en el servicio público. Lo cual, se puede apreciar con los resultados obtenidos en la ENCIG 2019, donde la tasa de población que experimentó un acto de corrupción fue de 15,732 por cada 100, 000 habitantes a nivel nacional.
La corrupción y la impunidad tienen graves consecuencias para el sector público, entre las que cabe mencionar importantes pérdidas económicas, que rondan los 12,770 millones de pesos, de acuerdo con las cifras reportadas en la ENCIG 2019; no obstante la gravedad de lo anterior, la mayor preocupación consiste en la repercusión que dichos fenómenos tienen en la percepción de la sociedad respecto del quehacer gubernamental, la cual se ha visto afectada de manera que únicamente el 43.3% de la población mayor de 18 años confía en los servidores públicos, cifra que aunque representa una mejora en relación con 2017, cuando se obtuvo un porcentaje de 38.7%, continúa siendo insatisfactoria.
En ese contexto, y como parte de una nueva visión, la SFP se dispone a instaurar una nueva ética en el servicio público, bajo la consigna de "combatir frontalmente la corrupción y consolidar un gobierno con honestidad transparencia, eficiencia y eficacia", por lo que cualquier acto u omisión que pueda vincularse a hechos de corrupción será investigado y sancionado, contribuyendo decididamente y con pasos firmes al combate a la impunidad.
En concordancia con lo anterior, la SFP contribuirá al cumplimiento de lo dispuesto en el PND, en el eje 1 Política y Gobierno, alineado con los principios rectores de "Honradez y honestidad" y "Ética, libertad, confianza"; así como de lo establecido en el PNCCIMGP, en cuanto a que se implementarán acciones dirigidas a que los OIC y las UR, así como los delegados y comisarios, fortalezcan el control interno y promuevan la modernización de la APF, alejándose del clientelismo, el compadrazgo y el amiguismo, con lo que se coadyuvará de manera significativa al combate a la corrupción y la impunidad.
Cabe destacar que las estrategias que se implementarán también estarán dirigidas a romper las actividades inerciales y de simulación que resultaban patentes en los OIC y las UR, toda vez que de la revisión efectuada a los ejercicios anteriores se identificaron las siguientes problemáticas:
Al 1º. de diciembre de 2018, la actual administración asumió funciones con un rezago aproximado de 69,061 asuntos, distribuidos de la siguiente manera: 61,321 asuntos derivados de denuncias ciudadanas, 7,550 procedimientos de responsabilidades sin resolver, y 190 procedimientos de inconformidad y sanción a proveedores, que datan en algunos casos del año 2015 en los OIC y las UR, lo que supone una inadecuada atención en el trámite y seguimiento de los mismos, por lo cual devino necesario priorizar la atención de los asuntos más antiguos con el propósito de evitar la prescripción de la facultad sancionatoria de la SFP, lo que logrará detener la impunidad y, consecuentemente, aquellos que hayan observado conductas alejadas de los principios que rigen el servicio público, sean sancionados conforme a derecho. Dicha estrategia seguirá implementándose hasta en tanto no se abata en su totalidad el rezago en la atención de los asuntos antes referidos.
En materia de auditorías, se identificó la necesidad de implementar mecanismos orientados al fortalecimiento de acciones que en la materia llevan a cabo los OIC, a fin de contribuir al mejor desempeño de sus actividades, con objeto de vigilar la optimización de los recursos públicos en el ámbito de la austeridad republicana y, con ello, colaborar de manera efectiva en el cumplimiento de los objetivos y metas de todas y cada una de las dependencias y entidades de la APF.
De esta manera, se tiene previsto que las auditorías realizadas por los OIC impacten positivamente en el quehacer gubernamental, de tal forma que se logre un adecuado control y una fiscalización efectiva para recuperar la confianza de la sociedad y la credibilidad en las instituciones de gobierno, así como un óptimo ejercicio de los recursos públicos.
Asimismo, se tiene como objetivo vigilar el cumplimiento del control interno en los programas estratégicos y prioritarios que derivan del PND, para lograr el cometido señalado por el Presidente de la República, para lo cual los OIC realizarán intervenciones de control interno en las dependencias y entidades de la APF, que tengan a su cargo el cumplimiento de dichos programas.
En adición a lo anterior, los OIC impulsarán, dentro del ámbito de sus atribuciones, la simplificación de trámites y servicios a través del seguimiento al cumplimiento de los Programas de Mejora Regulatoria de las dependencias y entidades de la APF, considerando la información que revela la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria(9), la cual señala que en 2018, en 22,483 trámites y servicios de 1,338 dependencias de las 32 entidades federativas, el costo de los trámites y servicios representaba en promedio el 1.32% del PIB, con ello, se coadyuvará a cerrar las brechas que permiten la actuación discrecional de los servidores públicos, así como aquellas que permiten la actualización de hechos de corrupción, a la vez que se dotará a la ciudadanía de procesos administrativos sencillos, rápidos y eficientes.
Como se advierte, la APF debe asumir un papel de relevancia para atacar de origen la corrupción y la impunidad, por ello la SFP buscará fortalecer las acciones de control que realizan los órganos de vigilancia y control, por medio de mecanismos e instancias efectivas, cuyo objetivo se centre en: la atención efectiva, pronta, expedita y oportuna de denuncias ciudadanas; la aplicación eficaz de sanciones; generar mejores prácticas en los procesos de fiscalización, a fin de vigilar la optimización de los recursos públicos en un contexto de austeridad republicana y de fomento de la rendición de cuentas, y coadyuvar a la mejora de la gestión gubernamental y en la prestación de servicios públicos, para contribuir al mejor desempeño de todas y cada una de las dependencias y entidades, con lo que se logrará el cumplimiento de sus objetivos y metas y se recobrará la confianza ciudadana.
La ejecución de las acciones de mediano y largo plazos propuestas en el presente objetivo es de suma relevancia, toda vez que contribuirá a fortalecer el control interno y se dará cumplimiento a los objetivos y metas establecidos en el PND. Adicionalmente, se propiciará la materialización de los elementos necesarios para la construcción de un Estado de bienestar, que es la meta más importante de esta administración.
6.4.- Relevancia del Objetivo prioritario 4: Fortalecer la transparencia y el gobierno abierto, así como impulsar con instancias públicas nacionales e internacionales, acciones sistemáticas y de coordinación institucional, para combatir la corrupción y la impunidad.
El origen de la corrupción en nuestro país reside en gran medida en la opacidad que propició el periodo neoliberal, lo que conllevó a la exclusión de los derechos de la sociedad para el verdadero ejercicio de la participación democrática.
 
Durante las pasadas décadas se acentuaron los niveles de corrupción en nuestro país al privilegiar los principios de crecimiento, productividad y competitividad antes que buscar el bienestar general de la población. Durante esta etapa, el poder no servía al interés público sino a los intereses privados, guiándose por la tolerancia de la corrupción en las decisiones de gobierno.
En este contexto, el carácter antidemocrático de las instituciones diseñadas por el antiguo régimen limitaba el acceso del pueblo a la información del gobierno, lo que le impedía participar en las grandes decisiones nacionales. Para revertir esta situación, el Presidente de la República propone una nueva ética gubernamental basada en el compromiso con la inclusión de la sociedad en las decisiones públicas, por lo cual este objetivo se dirige a fortalecer la transparencia y apertura gubernamental bajo los principios y espíritu de los instrumentos regionales e internacionales en materia de combate a la corrupción y la impunidad.
El fenómeno de la corrupción es complejo ya que no involucra solamente al sector público, sino que participan múltiples actores y sectores de la sociedad en diversos ámbitos. Ante este escenario, los gobiernos anteriores mostraron poco interés en combatir de manera frontal y decididamente este flagelo.
De manera reciente, la reforma constitucional de 2015(10) creó el SNA como la instancia de coordinación en materia de prevención y combate a la corrupción. A partir de esta reforma se emitieron diversas disposiciones en la materia(11). La SFP es la dependencia que representa a la APF dentro del Comité Coordinador del SNA conforme a lo previsto en la ley. Respecto a las iniciativas relativas a la coordinación para combatir la corrupción, la SFP actualmente participa en el diseño de la Política Nacional Anticorrupción (PNA) que regirá las disposiciones en este tema al interior de la APF, con ello, se propiciará la coordinación de todas las instituciones en los diferentes órdenes de gobierno.
Asimismo, la Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal previó en el artículo 37(12) que la SFP determine las bases y principios de coordinación necesarios; el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes, y que implemente las políticas de coordinación que establezca el Comité Coordinador del SNA.
Por otra parte, el gobierno y las instituciones son, constantemente y cada vez en mayor grado, objeto del escrutinio público, lo que obliga en un primer lugar, a mejorar el acceso cabal, libre y permanente a la información gubernamental, privilegiando el derecho ciudadano a la información; en segundo lugar, a promover la colaboración y la participación ciudadanas.
Al respecto, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece como gobierno abierto que los órganos garantes en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán, con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental.
En 2019, el informe final regional de la Red de Transparencia y Acceso a la información posicionó en primer lugar a México entre los 10 países de habla hispana sujetos a análisis. No obstante, destaca el hallazgo de que, aún con un marco legal de avanzada, hay una brecha entre el cumplimiento del derecho a la información y la atención de las necesidades reales del ciudadano, situación que también se ve reflejada en el componente denominado "Transparencia" de la Métrica de Gobierno Abierto 2019, publicada de manera bianual por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en coordinación con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE).
Cabe destacar que el país es parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), cuyo objetivo es la construcción de compromisos entre gobierno y sociedad en materia de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación. México participa con el fin de transparentar alrededor de 350 fideicomisos.
A la fecha, los índices de evaluación de México en esta materia son los siguientes. El promedio nacional (incluyendo tanto a la APF como a otros sujetos obligados) de la Métrica de Gobierno Abierto en México en el año 2019 es de 0.52 puntos en una escala de 0 a 1, donde el 1 representa el más alto valor de apertura gubernamental. Específicamente para la APF, el promedio del Índice de Gobierno Abierto 2019 es de 0.64 puntos.
En el Barómetro de Datos Abiertos(13), México obtuvo una calificación de 69 sobre 100 puntos, posicionándose como el sexto país con mejor puntaje en materia de datos abiertos de 30 países evaluados (sólo debajo de Canadá, Reino Unido, Australia, Francia y Corea del Sur). Si bien nuestro país presentó un buen desempeño, existen algunos rubros de información en los cuales obtuvo calificaciones deficientes como en los referentes a datos de tenencia de tierra, leyes del país, itinerarios del transporte público y estadísticas ambientales nacionales.
En un segundo indicador -el Global Open Data Index 2016/2017, desarrollado por la Open Knowledge Foundation(14)- México ocupó el lugar 11 de 94 países evaluados (siendo el número 1 el mejor evaluado en cuanto a datos abiertos y el 94 el peor evaluado) al obtener un promedio de 65% de apertura de datos. Los rubros en los que México reprobó por la ausencia de datos abiertos fueron calidad del agua, gasto gubernamental(15) y tenencia de tierra (todos ellos con una calificación de 0% de apertura). Otros rubros pobremente evaluados fueron leyes nacionales e iniciativas de ley, ambas con 45% de apertura. La actual administración inició la construcción del Cuarto Plan de Acción 2019-2021 de México en la AGA a través de una consulta pública para identificar los ejes temáticos, para los compromisos. La consulta estuvo disponible del 24 de mayo al 17 de junio del 2019.
Actualmente persiste un desempeño desigual por parte del Estado mexicano entre lo que se refiere a las políticas de transparencia y gobierno abierto. En este sentido, se hace necesario un cambio de percepción del quehacer gubernamental, para pasar de una visión aislada y monolítica, a un modelo de participación y empoderamiento del ciudadano sobre las decisiones de gobierno mediante el impulso a la transparencia y el gobierno abierto.
Las áreas de oportunidad en materia de transparencia son la mejora en la calidad y oportunidad de las respuestas a solicitudes de información; el aumento de la pertinencia y accesibilidad de la información sustantiva y la mejora de los sitios web, buscadores y repositorios de transparencia proactiva y datos abiertos.
En cuanto a las áreas de oportunidad en materia de datos abiertos, se encuentran la mejora de la calidad de los datos publicados, el fomento de su uso y el aprovechamiento tanto por la ciudadanía en general, los grupos históricamente discriminados, así como por las propias autoridades, con el objetivo de hacer la vida pública cada vez más pública, de tal manera que la transparencia sea una herramienta eficaz contra la corrupción. La APF requiere además de mecanismos de coordinación interinstitucional y de la colaboración con distintos actores sociales bajo los principios del gobierno abierto.
Por otra parte, el combate a la corrupción demanda acciones de coordinación en materia de fiscalización. De acuerdo con el Informe de avances sobre la implementación del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), elaborado en 2018 por la OCDE(16), las instituciones que conforman dicho sistema avanzaron en el establecimiento de las estrategias y estructuras que permitirán su implementación eficaz.
En este contexto, México ha ampliado sus esfuerzos por construir normas para la prevención, detección, investigación y sanción de los hechos de corrupción adhiriéndose a diferentes compromisos nacionales e internacionales(17). Estos mecanismos promueven los principios de responsabilidad compartida y coordinación institucional, así como la cooperación con otros Estados parte.
En particular, en el marco de la Cumbre de Desarrollo Sostenible, celebrada en septiembre de 2015 y auspiciada por las Naciones Unidas, México adoptó la Agenda 2030, así como sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En específico, el ODS 16, hace referencia a la lucha contra la corrupción, mientras que el ODS 17 impulsa la construcción de alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional para el cumplimiento de la agenda.
De esta manera, este objetivo contribuye con la meta del PND de erradicar la corrupción en el sector público e incrementar el bienestar social, al dotar al pueblo de información que le permita involucrarse en las grandes decisiones nacionales sin dejar a nadie atrás ni afuera, contribuyendo así a terminar con la exclusión de la sociedad que propiciaron los anteriores gobiernos neoliberales. Asimismo, se vigoriza la actuación de las autoridades encargadas de combatir la corrupción, privilegiando los principios y el espíritu de los instrumentos regionales e internacionales en la materia, que contribuyan a conformar una nueva ética gubernamental que no privilegie los intereses privados sobre los públicos.
6.5.- Relevancia del Objetivo prioritario 5: Promover la profesionalización de las personas servidoras públicas, así como aprobar y registrar las estructuras organizacionales de la Administración Pública Federal con criterios de eficiencia, transparencia y austeridad.
Las funciones que realiza la SFP en materia de profesionalización resultan fundamentales para el desarrollo de las personas servidoras públicas y las estructuras orgánicas de la APF en nuestro México.
 
El correcto funcionamiento de los sistemas y subsistemas que se implementan en los diferentes procesos que conllevan el cumplimiento del objetivo dan como resultado más productividad en los servicios que brinda el Estado mexicano mediante el Gobierno Federal para garantizar el bienestar de la población. Asimismo, dignifica a quienes laboran en la APF, de tal manera que contar con personas servidoras públicas profesionalizadas y en constante actualización permite que los recursos humanos se conviertan en factor de cambio y generadores de valor público para el logro de las metas que se plantea el gobierno de la 4T.
La APF se encuentra en un proceso de transformación de valores públicos, entre los que destaca la austeridad republicana como una nueva visión de gobierno en el ejercicio del erario público, que busca erradicar derroches y dispendios, así como reorientar los recursos públicos con el objetivo de alinearnos a lo establecido en el eje 1 Política y Gobierno del PND en lo referente a erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad.
Esta nueva visión del ejercicio del presupuesto requiere de medidas que no afecten, bajo ningún motivo, la operación sustantiva de las instituciones del Estado, ni la provisión de servicios públicos de orden social, tales como la educación y la salud; aún menos los programas integrales de bienestar que la actual administración está impulsando con el objetivo de transformar la realidad de millones de mexicanos.
Estos grandes cambios, requieren de una APF dinámica y flexible que se encuentra en constante cambio organizacional, derivado, particularmente, de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2018, la cual sentó las bases para la transformación de las estructuras del Gobierno Federal, con ajustes transversales en las organizaciones públicas para, entre otros aspectos, eliminar duplicidades y fusionar áreas afines, para así centralizar la operación y hacerla más eficiente.
En virtud de lo anterior, es necesario señalar que la SFP coordina diversas acciones para materializar en la APF la política de austeridad republicana como elemento fundamental de la Cuarta Transformación que vive el país. Dichas acciones consideran, entre otros aspectos, lo mandatado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, y de manera específica lo establecido para el ejercicio fiscal de 2019. Entre las disposiciones de austeridad se encuentran una reducción en el gasto de servicios personales, tanto por la disminución en el número de plazas de estructura como por una baja en los ingresos de todos los funcionarios de mando superior de entre 12% y 47%, así como por el recorte de posiciones de mando en la estructura orgánica de las dependencias y entidades de la APF. Asimismo, para hacer efectivo el impulso de estas medidas, el Presidente de la República emitió el memorándum en materia de austeridad del 3 de mayo de 2019, con el que dio cumplimiento a una de las demandas más importantes del pueblo mexicano.
El reto de contar con estructuras del Gobierno Federal con criterios de eficiencia, transparencia y austeridad; y con personas servidoras públicas profesionalizadas es grande y complejo. Al corte de septiembre de 2019, se cuenta con 306 instituciones que registran sus estructuras, de las cuales 79 están sujetas al SPC.
Para el mismo periodo, la APF cuenta con 1,320,838 personas servidoras públicas, de las cuales el 19.93% (263,282) es personal de confianza, el 71.16% (939,993), de base, y el restante 8.91% (58,782) se consideran trabajadores eventuales y de honorarios.
En las administraciones anteriores, el SPC tuvo un alcance limitado que impidió reclutar a los mejores candidatos y obstaculizó el ascenso de los más capacitados, pues no se privilegió el mérito, ni se produjeron mecanismos eficaces de promoción y de evaluación individual. Por ello, su relanzamiento permitirá el ingreso, la evaluación y la promoción de los mejores profesionales en el servicio público, con una perspectiva incluyente, además de prever la integración de nuevos perfiles de servidores públicos, con perspectiva de género, sustentados en la no discriminación, una visión de derechos humanos, la confianza y la participación ciudadana.
Por otro lado, la profesionalización que busca transformar al servicio público en México requiere eliminar las estructuras onerosas y duplicadas en sus funciones y, en cambio, contar con estructuras eficientes, transparentes y con amplio sentido de la austeridad republicana, para garantizar que no se dupliquen funciones y se tenga un mejor control organizacional para lograr el servicio público que requiere la población, reconociendo la importancia de una APF incluyente.
Por cuanto hace a la norma en materia de profesionalización, al inicio de esta administración se pudo constatar que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la APF, expedida hace más de 15 años, requiere de una renovación a fondo y una transformación de raíz, ya que los subsistemas que integran dicho servicio resultan insuficientes para lograr el cambio que se requiere.
En este sentido, el gobierno de México tiene como propósito diseñar e implementar una política pública de profesionalización que tenga como fundamentos el mérito, la no discriminación, la inclusión y, de manera destacada, la perspectiva de género. Por consiguiente, las políticas de recursos humanos buscan, entre otros objetivos, evitar cualquier acto de discriminación tanto en el ingreso al servicio público, como en la permanencia o separación de éste, y fortalecer el reconocimiento del mérito profesional y la igualdad de oportunidades. Siendo necesaria, también, la promoción de buenas prácticas para la conciliación de la vida laboral y familiar, como pueden ser la corresponsabilidad en la crianza y cuidado de los hijos e hijas, así como la atención a las personas adultas mayores, de acuerdo con los estándares de derechos humanos.
En virtud de lo anterior, los procesos de capacitación en la función que desempeña la persona servidora pública deben contar con una perspectiva de género, derechos humanos y no discriminación. Además, como parte de un buen clima laboral, resulta indispensable la existencia y observancia de mecanismos de garantía en caso de acoso y hostigamiento sexual, y frente a actos discriminatorios.
Por tal motivo, la promoción de acciones de profesionalización constituye la base para que las personas que se desempeñan en el Gobierno Federal confirmen su compromiso con México y participen de manera activa en la nueva profesionalización, fortaleciendo así su compromiso con los valores republicanos, y que se hagan más capaces mediante el desarrollo de sus conocimientos y sus competencias profesionales. Todo lo cual se erige como el fundamento y razón de ser de la transformación del gobierno, mejorando sus capacidades institucionales y reconociendo la labor de consciente y comprometida de sus servidores públicos en el ánimo de brindar dignamente los servicios que la población mexicana requiere.
6.6.-Relevancia del Objetivo prioritario 6: Facilitar la participación ciudadana en procesos de vigilancia, vinculación social y empresarial, denuncias, alertamiento interno y externo, atención a víctimas y defensoría de responsabilidades de servidores públicos en la Administración Pública Federal.
El Objetivo Prioritario 6 representa una solución en la reducción de factores de corrupción en la APF para la consecución del bienestar de la población por medio de la promoción de sistemas preventivos que fomenten la integridad en la APF y ambientes de control donde participe la ciudadanía y su diversidad de actores.
La problemática central que dimensiona la relevancia de la ciudadanización en la lucha anticorrupción es la captura y simulación que se venía practicando en los sistemas de control gubernamental, a lo cual se suma la ausencia de canales formales y herramientas sustantivas que habiliten la capacidad de agencia ciudadana y constituyan contrapesos sistémicos en los procesos de vigilancia y responsabilidad administrativa.
Se debe anotar que, tras la alternancia electoral del año 2000, se ha consolidado la exigencia ciudadana de atender el flagelo de la corrupción y de instaurar canales participativos adecuados para incorporar las voces ciudadanas, cuyo descontento y desencanto con la democracia mantiene niveles constantes y crecientes (ver el cuadro siguiente).
Participación ciudadana de bienestar e incidencia pública en la lucha anticorrupción
Concepto
Indicador
Periodo
Cifra
Contexto social
Fuente
Participación
ciudadana
autónoma o por
canales formales
Mecanismos de voz
o protesta
2015
6%
Ciudadanos
partícipes en
manifestaciones
públicas
INE y El Colegio
de México, 2015
2015
3%
Ciudadanos
partícipes en la toma
de espacios públicos
Mecanismos de
incidencia en la
agenda pública, de
voz o de protesta
social
2015
2%
Ciudadanos
partícipes de una
huelga
Mecanismos de voz
o protesta
2005
5.36%
Dicha tendencia se
mantuvo al inicio de la
administración 2012-
2018
ENCUP, 2005 y
2012.
Informe País
sobre la Calidad
de la Ciudadanía
en México
Desconfianza en
las instituciones
Partidos políticos
2005
5.96%
Evidencia del bajo
perfil de evaluación
de las instituciones de
control.
Sindicatos
2005
5.96%
Elaboración SFP
 
Otro efecto negativo fue la descomposición de sistemas de control público y de responsabilidad administrativa, que facilitaron la diversificación de la corrupción y el uso irregular de recursos públicos, y al mismo tiempo, perpetuaron el malestar social. Como consecuencia, se recrudeció el descontento y se incrementó la desconfianza en instituciones y gobierno; por tanto, se limitó, devaluó y desmovilizó la diversidad de la participación de "ciudadanos de a pie", de personas, colectivos y comunidades en situación de vulnerabilidad y marginación, de la clase baja y las clases medias, de denunciantes y de presuntas víctimas de la corrupción. Esto deterioró la construcción democrática de las decisiones y el espacio público y del Estado de derecho.
En tal sentido, el pasado mes de diciembre, el Presidente de la República llamó a la gente a "impedir la corrupción a través de una contraloría social para no echar a perder los programas sociales". Dicho mandato presidencial, y la evidencia del grave problema de la desconfianza ciudadana y baja incidencia en la vigilancia del gobierno subrayó el énfasis que el Primer Mandatario estableció en el PND.
Con la ciudadanización del combate a la corrupción en la gestión pública se pretende implementar políticas nacionales y sectoriales en materia de política y gobierno para erradicar la corrupción y el dispendio, así como coadyuvar a recuperar el estado de derecho, por medio de una democracia participativa, donde la política social facilite la vigilancia de programas prioritarios y sociales y en la que la economía mantenga finanzas sanas.
En este orden de ideas, la movilización social y denuncia de actos de corrupción en medios de comunicación acreditan la existencia de personas que, por su contexto o las labores que desempeñan, tienen conocimiento directo de este tipo de hechos, pero que no logran denunciar debido a la inexistencia de un sistema de alertas anónimas que les brinde garantías jurídicas de protección durante la investigación, y que además les evite represalias y los altos costos de la denuncia.
La evidencia es indicativa, por ejemplo, de acuerdo con el INEGI, el estimado de la población (de 18 años y más) que sufrió algún acto de corrupción y lo denunció es apenas de un 4.6%(18). Entre las razones por las que la gente no denuncia se encuentran el miedo a represalias (5.7%); el desconocimiento de ante quién denunciar (5.4%); la falta o pérdida de tiempo (30.4%), o la suposición de que es inútil hacerlo porque no le dan seguimiento (26.4%). En consecuencia, la tasa de prevalencia de corrupción es de 14.6%, con un costo de la corrupción administrativa --gestión de trámites gubernamentales y acceso a servicios-- que rebasó los siete mil millones de pesos.
La ciudadanización de la lucha anticorrupción responde a problemáticas en materia de vigilancia de recursos federales, compras de gobierno, atención de denunciantes y responsabilidades administrativas; además, articula su operación en escenarios de emergencia o labores de respuesta inmediata en zonas y regiones vulnerables para inhibir las redes clientelares, el desvío de recursos y los actos de corrupción.
La ciudadanización y la contraloría social deben vincularse a las etapas de planeación, diseño e implantación de proyectos con el propósito de que los programas sociales entreguen beneficios y bienestar al pueblo, por tanto, es necesario acentuar la promoción e implementación de sistemas de control público abiertos y flexibles.
En cuanto a la Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, se trata de un sistema de control público gubernamental que fortalece la cultura de la denuncia por medio de tres principios: confidencialidad, acompañamiento y sanción efectiva; y su promoción en las dependencias de la APF deberá elevar la incidencia ciudadana y la confianza institucional. Dicho sistema registra los datos de alertas relativas a la posible comisión o configuración de faltas administrativas graves, tales como cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, abuso de funciones, así como violaciones a derechos humanos y de hostigamiento y acoso sexual. Mediante esta plataforma se dispone de un sistema orientado a promover los mecanismos de comunicación con el ciudadano y las personas servidoras públicas para fortalecer la cultura de la denuncia y contribuir a la reducción de actos de corrupción.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2018, en 2017 ocurrieron 3.8 millones de delitos asociados a 1.5 millones de unidades económicas víctima; los delitos con mayor frecuencia fueron robo hormiga, asalto, extorsión, corrupción y fraude. Asimismo, el 99.1% de los actos de corrupción no fueron reportados o investigados, tampoco el 97.4% de las extorsiones y el 95.4% de los fraudes, cuyas denuncias no fueron resueltas en el 62.9% de los casos.
Por cuanto hace al Padrón de Integridad Empresarial y sus herramientas, éstos permiten el registro en línea de las empresas que cuentan con una política de integridad. En la práctica, las personas morales y las personas físicas con actividad empresarial que se inscriban durante el ejercicio fiscal al Registro Único de Proveedores y Contratistas sumarían más de 19 mil registros, aunados a los interesados en formar parte del padrón referido.
Por otro lado, las gestiones pasadas agravaron la ausencia de políticas sustantivas que disuadieran la corrupción con la deficiente difusión y prestación de los servicios de la Coordinación de Defensoría de Oficio en materia de responsabilidades administrativas. Dado que la defensoría de oficio es un componente vital del combate a la corrupción, el desconocimiento de sus derechos por parte de las personas servidoras públicas puede propiciar procedimientos arbitrarios y lejanos al ideal de justicia administrativa, además de vulnerar los principios fundamentales de seguridad y certeza jurídica y del debido proceso.
Por ejemplo, al mes de octubre de 2019, se contabilizan un total de 123 autoridades substanciadoras que han requerido el servicio, teniendo un crecimiento durante este año de más de 50%. Cabe señalar, que, en contraste con la administración anterior, durante los años de 2017 y 2018, hubo 80 autoridades substanciadoras que requirieron estos servicios para las personas señaladas como presuntas responsables en los procedimientos de responsabilidad administrativa.
No obstante, la ausencia de mecanismos de prevención, asesoría y capacitación, así como de verificación del cumplimiento de la normativa y la implementación de la política de integridad por parte del sector privado puede agravar el fenómeno de la corrupción, especialmente en transacciones comerciales relacionadas con compras y ventas entre el gobierno y las empresas.
Por último, se espera que estas estrategias cuenten con la confianza de sus usuarios y de la ciudadanía en general, pues el otorgamiento de un adecuado y ético servicio público apegado a derecho redundará en el fortalecimiento de los sistemas de control público que erradiquen la corrupción.
7.- Estrategias prioritarias y Acciones puntuales
Las intervenciones de política pública y las actividades para dar cumplimiento a los Objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Función Pública 2020-2024, se proponen en las Estrategias prioritarias y Acciones puntuales siguientes:
Objetivo prioritario 1.- Combatir, frontalmente y con la participación de la ciudadanía, las causas y efectos de la corrupción y la ineficacia en la Administración Pública Federal, mediante la prevención, fiscalización y promoción de las responsabilidades asociadas con conductas ilícitas.
Estrategia prioritaria 1.1.- Impulsar el establecimiento de mecanismos de control por medio de la actualización de la normativa de control interno, y la vigilancia y evaluación de la correcta operación de los sistemas de control de las dependencias y entidades mediante la participación de la SFP en los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODIS), las visitas o intervenciones de control y el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), para prevenir ineficacias, actos de corrupción y mejorar la gestión pública.
Acción puntual
1.1.1 Revisar y, en su caso, actualizar la normativa en materia de control interno, a efecto de prevenir riesgos de operación en el cumplimiento de objetivos y metas, así como posibles actos de corrupción.
1.1.2 Realizar visitas o intervenciones de control a las dependencias y entidades de la APF que tienen a su cargo programas prioritarios o estratégicos, para comprobar el correcto funcionamiento del control interno institucional, a efecto de que con carácter preventivo se anticipe a la materialización de riesgos de incumplimientos de objetivos y metas, así como posibles actos de corrupción.
1.1.3 Promover en los COCODIS de las dependencias y entidades de la APF los ejes estratégicos de la SFP; el cumplimiento de objetivos y metas con enfoque en resultados, y que la rendición de cuentas se efectúe con un lenguaje ciudadano.
1.1.4 Verificar que los procesos sustantivos seleccionados por las dependencias y entidades de la APF para la evaluación anual que se aplica a los sistemas de control interno, correspondan a su marco de atribuciones.
1.1.5 Dar seguimiento en los COCODIS a la información de la población beneficiaria de programas reportada en el SIIPP-G, a fin de verificar su actualización y con ello consolidarlo como una herramienta de control.
1.1.6 Dar seguimiento en los COCODIS a las acciones de mejora de la gestión instrumentadas por las dependencias y entidades de la APF en el marco del PNCCIMGP.
 
Estrategia prioritaria 1.2.- Diseñar e implementar programas anuales de fiscalización de alto impacto, con base en una metodología de análisis de riesgos de corrupción e incumplimiento de disposiciones normativas en el manejo de los recursos públicos y en la realización de transferencias a las entidades federativas, así como de los presupuestos ejercidos en la operación de los programas prioritarios y sustantivos de la APF, para combatir las causas y efectos de la corrupción y la ineficacia gubernamental.
Acción puntual
1.2.1 Practicar actos de fiscalización para comprobar el riguroso cumplimiento en la operación de los programas prioritarios y sustantivos del gobierno, entre otros, así como en la asignación de permisos, concesiones y cesiones otorgadas por el Gobierno Federal; en el pago de aportaciones federales para estados y municipios; en la prevención del lavado de dinero; y en la creación, fusión, venta o desincorporación de bienes.
1.2.2 Efectuar actos de fiscalización para comprobar la puntual aplicación de la Ley de Ingresos de la Federación, del Presupuesto de Egresos y demás disposiciones legales en materia de: ingresos; fondos y fideicomisos; subsidios; deuda pública; pensiones; inversiones financieras; operación aduanal; recaudación de impuestos federales; supervisión de autoridades financieras, y erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca.
1.2.3 Programar actos de fiscalización para detectar a posibles víctimas de corrupción entre la ciudadanía y las diversas unidades económicas en la recepción de servicios; la presentación de denuncias; la realización de trámites; la obtención de permisos; el pago de prestaciones; la delimitación de áreas de riesgo; el cumplimiento de obligaciones laborales, y el otorgamiento de créditos para vivienda.
1.2.4 Ejecutar actos de fiscalización para verificar la operación de fondos y programas federales que presenten irregularidades en la distribución, destino y aplicación final de los recursos.
1.2.5 Incorporar en los programas anuales de fiscalización auditorías y visitas de inspección que deriven de denuncias ciudadanas por presuntos actos de corrupción.
1.2.6 Elaborar un programa emergente de atención al rezago en la solventación de observaciones para evitar la prescripción, lograr la recuperación de recursos para la Hacienda Pública Federal y continuar con la promoción de acciones ante las instancias competentes.
 
Estrategia prioritaria 1.3.- Fiscalizar el desempeño de los programas de gobierno, a fin de verificar la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como fiscalizar las políticas públicas a efecto de determinar el grado de avance en la atención de los problemas que les dieron origen.
Acción puntual
1.3.1 Instrumentar la práctica de auditorías de desempeño, a fin de prevenir riesgos de ineficacia en los programas y políticas de gobierno.
1.3.2 Diseñar e instrumentar la ejecución de auditorías de desempeño relacionadas con áreas estratégicas para el desarrollo social y económico, así como con asuntos de gobierno.
1.3.3 Focalizar las auditorías de desempeño en las áreas proclives a deficiencias en el diseño de los programas de gobierno que originan el incumplimiento de objetivos, metas e indicadores.
1.3.4 Incorporar en los programas anuales de fiscalización la revisión de los programas prioritarios de la administración 2019-2024, mediante la práctica de auditorías de desempeño, a fin de verificar el cumplimiento del mandato establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
1.3.5 Incorporar en el Programa Anual de Fiscalización (PAF) la revisión de políticas públicas para revisar el grado de avance en la atención del problema que les dio origen, así como para verificar la pertinencia del diseño, a fin de detectar oportunidades de mejora para ajustar y corregir su ejecución.
1.3.6 Incorporar en los programas anuales de fiscalización los programas prioritarios de la administración 2019-2024, así como la revisión de la eficacia, eficiencia y economía en la ejecución de las políticas públicas, a fin de verificar que se cumplen los objetivos establecidos por el gobierno.
 
Estrategia prioritaria 1.4.- Diseñar e implementar programas anuales de fiscalización de la obra y de las adquisiciones públicas, que constituyen una de las principales áreas de riesgo de corrupción, a fin de fortalecer los procesos de planeación en ambas materias y verificar el cumplimiento de sus programas.
Acción puntual
1.4.1 Fortalecer el proceso de planeación, por medio de un adecuado análisis de la documentación e información que justifique la selección de los actos que integran el PAF en materia de adquisiciones.
1.4.2 Fortalecer el proceso de planeación, por medio de un adecuado análisis de la documentación e información que justifique la selección de los actos que integran el PAF en materia de obra pública.
1.4.3 Impulsar de forma continua el desarrollo de capacidades de los servidores públicos involucrados en las contrataciones públicas, recomendando el fortalecimiento de su experiencia técnica y responsabilidad.
1.4.4 Fortalecer la detección oportuna de operaciones fraudulentas y actos de corrupción en las contrataciones públicas, por medio de la colaboración con organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil.
1.4.5 Identificar la correcta aplicación y cumplimiento de los programas anuales de adquisiciones y obras públicas de las entidades fiscalizadas, conforme al ejercicio del presupuesto y cumplimiento de metas en las contrataciones públicas.
1.4.6 Implementar herramientas de evaluación de riesgos que permitan identificar y abordar amenazas al óptimo funcionamiento del proceso de contrataciones públicas.
Estrategia prioritaria 1.5.- Diseñar e implementar programas anuales para la dictaminación de los estados contables y presupuestales de las entidades públicas, mediante la designación de auditores externos, así como de los estados financieros de los proyectos financiados con créditos otorgados por los OFI, con objeto de que se integre la información pertinente en la Cuenta Pública que elabora la SHCP.
Acción puntual
1.5.1 Integrar anualmente, mediante la evaluación de sus antecedentes profesionales, el listado de firmas de auditores externos con derechos exclusivos, quienes podrán participar como concursantes en la designación de auditorías contables y presupuestales.
1.5.2 Contribuir con la entrega oportuna de los dictámenes contables y presupuestales para efectos de consolidación y, cuando así proceda, de incorporación en la Cuenta Pública; así como para el cumplimento contractual pactado con los OFI.
1.5.3 Instrumentar y operar un programa de evaluación del desempeño de las firmas de auditores externos mediante la revisión de los productos de las auditorías incluidas en el programa anual de trabajo.
1.5.4 Aportar insumos para fortalecer los mecanismos de control interno y focalizar los actos de fiscalización que realizan directamente la SFP y los OIC, a efecto de abatir la corrupción e ineficacia gubernamentales.
 
Estrategia prioritaria 1.6.- Asegurar la calidad y la efectividad de los actos de fiscalización que realicen la SFP y sus OIC, mediante la integración de sistemas de información, la revisión técnica y normativa de las auditorías y evaluaciones, y el seguimiento puntual de las acciones emitidas hasta su conclusión, con el fin de prevenir, detectar y combatir de manera eficaz los actos de corrupción en la APF.
Acción puntual
1.6.1 Establecer un sistema de información único y accesible que permita adquirir, almacenar, recuperar e intercambiar la información que producen la SFP y los OIC sobre denuncias, hallazgos, resoluciones, auditorías, evaluaciones, acciones emitidas, planes de trabajo y reportes de desempeño, entre otros, para analizar las tendencias de la corrupción en el ámbito federal y las circunstancias en las que sucede (áreas de riesgo), para diseñar normas, metodologías y acciones coordinadas para prevenirlas, detectarlas y combatirlas eficazmente.
1.6.2 Establecer criterios técnicos y jurídicos institucionales para estandarizar los procesos de planeación, desarrollo y seguimiento de las auditorías y evaluaciones, con el propósito de presentar informes con resultados de alta calidad.
1.6.3 Implementar mecanismos de supervisión y control-verificación para garantizar la obtención de evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente que proporcione un alto grado de confiabilidad y seguridad en los resultados de las auditorías y evaluaciones
1.6.4 Aplicar mecanismos de supervisión y control-verificación al proceso de integración de expedientes de presuntas responsabilidades administrativas y, en su caso, emitir instrucciones y recomendaciones técnico-jurídicas que subsanen las deficiencias detectadas.
1.6.5 Formular recomendaciones preventivas y correctivas para ajustar, modificar, adicionar y, en su caso, reorientar el diseño y la implementación de los programas gubernamentales y las políticas públicas, con el fin de mejorar la eficacia en el desempeño gubernamental.
1.6.6 Promover la atención de las observaciones y recomendaciones que emiten la SFP y los OIC, con énfasis en las de mayor antigüedad, para aumentar la efectividad de los actos de fiscalización.
Estrategia prioritaria 1.7.- Considerar la participación ciudadana expresada mediante quejas, denuncias e inconformidades por parte de los alertadores ciudadanos de la corrupción, las contralorías sociales y los testigos sociales con objeto de emplear la información proporcionada en la integración de los planes anuales de fiscalización.
Acción puntual
1.7.1 Considerar en la integración de los programas anuales de fiscalización y las visitas de inspección, la información contenida en el sistema de quejas, denuncias e inconformidades, a fin de verificar que los recursos públicos son administrados con probidad y que se lograron los objetivos y metas establecidas en los programas.
1.7.2 Diseñar e implementar procesos administrativos y sistemas de control, en coadyuvancia con la ciudadanía, para identificar las áreas de mayor riesgo o susceptibles de corrupción en la APF.
1.7.3 Efectuar visitas, supervisiones y actos de fiscalización, con base en las demandas y avisos proporcionados por los alertadores ciudadanos, para verificar el cumplimiento de las atribuciones de los servidores públicos.
1.7.4 Fortalecer los trabajos de fiscalización con el apoyo de las contralorías y testigos sociales, para verificar el desempeño y cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de bienestar.
 
Objetivo prioritario 2.- Combatir la impunidad en el ámbito administrativo de los servidores públicos de la Administración Pública Federal.
Estrategia prioritaria 2.1.- Reducir los niveles de impunidad administrativa mediante la capacitación y asesoría en materia de responsabilidad administrativa a las personas servidoras públicas del Gobierno Federal para concientizarlas sobre los principios y directrices que rigen en el servicio público.
Acción puntual
2.1.1 Atender las asesorías que los OIC y las UR requieran en materia de responsabilidad administrativa.
2.1.2 Brindar capacitación en materia de responsabilidades administrativas a los servidores públicos de la APF.
2.1.3 Asegurar que la actuación de los servidores públicos que intervienen en la substanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa sea acorde con los parámetros de la normativa aplicable.
 
Estrategia prioritaria 2.2.- Fortalecer los mecanismos de denuncia de hechos que constituyan posibles faltas administrativas para investigarlos y evitar que, en su caso, queden impunes.
Acción puntual
2.2.1 Revisar el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, para que, en su caso, sea más accesible, pertinente y con enfoque diferenciado, de tal manera que se garantice su acceso a todas las personas.
2.2.2 Instrumentar un programa de capacitación para mejorar la atención que se brinda a la ciudadanía de manera telefónica y presencial, con un enfoque de derechos humanos.
 
Estrategia prioritaria 2.3.- Impulsar la profesionalización de las personas investigadoras para agilizar la conclusión de las indagaciones y mejorar los resultados obtenidos.
Acción puntual
2.3.1 Instrumentar un programa de capacitación que incluya el marco teórico de las investigaciones en sede administrativa, así como técnicas y métodos de investigación, además de incorporar una perspectiva de derechos humanos
2.3.2 Fortalecer los mecanismos de seguimiento de los procedimientos de investigaciones.
Estrategia prioritaria 2.4.- Incrementar la eficiencia en la investigación y tramitación de los expedientes administrativos a licitantes, proveedores y contratistas, a fin de promover la sanción ante las instancias correspondientes.
Acción puntual
2.4.1 Procurar que la investigación de las denuncias recibidas se realicen en un plazo máximo de cuatro meses, salvo causa justificada de que se requiere mayor tiempo.
2.4.2 Emitir y difundir por conducto de los OIC comunicados que precisen la forma y términos en los que las dependencias y entidades de la APF deben remitir a la SFP la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción a las disposiciones en materia de contrataciones públicas.
2.4.3 Fomentar el uso de los medios electrónicos en los requerimientos de información.
2.4.4 Capacitar, respecto de la investigación y trámite de los procedimientos administrativos de sanción, al personal de los OIC que atiende esta materia.
2.4.5 Actualizar oportunamente los registros relativos al seguimiento de expedientes de sanción a licitantes, proveedores y contratistas.
2.4.6 Diseñar cursos de capacitación para sensibilizar a los licitantes, proveedores y contratistas sobre el marco legal de las contrataciones, que incluya los actos que constituyen infracciones a las leyes de contratación pública, con especial énfasis en la capacitación de las micro, pequeñas y medianas empresas.
2.4.7 Fomentar la difusión de las sanciones más importantes a personas físicas o morales, en las redes sociales de la SFP, al igual que en medios de comunicación.
 
Estrategia prioritaria 2.5.- Resolver los expedientes administrativos iniciados a licitantes, proveedores y contratistas en el año en curso y en el inmediato anterior, para sancionar a los infractores dentro del año de apertura del expediente.
Acción puntual
2.5.1 Priorizar la atención de los expedientes con base en la fecha de la presunta infracción, para evitar la prescripción.
2.5.2 Promover la emisión de la resolución de los expedientes administrativos dentro de los diez días posteriores al desahogo de garantía de audiencia, mediante la emisión de un comunicado dirigido a los OIC.
2.5.3 Fomentar la captura oportuna y actualización del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, para hacer efectiva la inhabilitación impuesta.
 
Estrategia prioritaria 2.6.- Impulsar la ética pública y prevenir la actuación bajo conflicto de intereses.
Acción puntual
2.6.1 Desarrollar contenidos de capacitación en materia de ética e integridad pública; prevención de actuación bajo conflictos de intereses; declaración de situación patrimonial y de intereses, y de servidores públicos sancionados.
2.6.2 Brindar capacitación enfocada en la aplicación práctica de los principios y valores éticos del servicio público, así como de prevención de actuación bajo conflictos de intereses; declaración de situación patrimonial y de intereses; y de servidores públicos sancionados.
2.6.3 Desarrollar contenidos de sensibilización en materia de ética e integridad pública; prevención de actuación bajo conflictos de intereses; declaración de situación patrimonial y de intereses, y de servidores públicos sancionados.
2.6.4 Difundir contenidos para la sensibilización de las personas servidoras públicas en las materias de ética e integridad pública; prevención de actuación bajo conflictos de intereses; declaración de situación patrimonial y de intereses, y de servidores públicos sancionados.
2.6.5 Brindar asesorías en materia de ética e integridad pública; prevención de actuación bajo conflictos de intereses; declaración de situación patrimonial y de intereses; y de servidores públicos sancionados.
2.6.6 Desarrollar instrumentos normativos para el impulso de la nueva ética pública, y la identificación y gestión de los conflictos de intereses.
2.6.7 Dar vista a las autoridades competentes en la materia cuando los servidores públicos de las dependencias, entidades y empresas productivas del Estado no cumplan con su obligación de presentar la declaración de situación patrimonial, en términos de la normativa aplicable.
2.6.8 Impulsar la cobertura y el adecuado funcionamiento de los CEPCI.
2.6.9 Evaluar las acciones que, en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de intereses realicen los CEPCI o similares.
 
Objetivo prioritario 3.- Fortalecer las acciones de control que realizan los órganos de vigilancia y control en la Administración Pública Federal, para contribuir al combate a la corrupción y a la impunidad.
Estrategia prioritaria 3.1.- Abatir el rezago en la atención de denuncias, procedimientos de responsabilidades, inconformidades y sanción a proveedores para sancionar a los responsables, a fin de combatir de manera efectiva la impunidad.
Acción puntual
3.1.1 Implementar mecanismos de coordinación con las diversas áreas especializadas de la SFP, a fin de unificar criterios y fortalecer la capacidad de los OIC y de las UR para investigar posibles actos de corrupción y, en caso de acreditarse, sancionar a los responsables.
3.1.2 Implementar campañas permanentes de capacitación dirigidas a los OIC y las UR, en materia de investigación y substanciación de expedientes de responsabilidad administrativa, a efecto de que todas las investigaciones que se realicen, así como los procedimientos que se lleven a cabo y las sanciones que se impongan, se encuentren conforme a derecho.
3.1.3 Atender los procedimientos administrativos iniciados en ejercicios anteriores, a fin de evitar la prescripción de facultades sancionatorias, debiéndose tramitar y resolver conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas que resulten aplicables en la materia.
3.1.4 Actualizar oportunamente los registros relativos al seguimiento de expedientes de sanción a licitantes, proveedores y contratistas.
 
Estrategia prioritaria 3.2.- Fortalecer el desarrollo de las auditorías que efectúen los OIC, mediante la aplicación de metodologías que contribuyan a mejorar sus resultados y con ello propiciar un óptimo funcionamiento del sistema de control interno a cargo de las dependencias y entidades de la APF.
Acción puntual
3.2.1 Implementar metodologías que permitan a los OIC llevar a cabo las auditorías programadas, de una manera sistemática, progresiva y ordenada, de tal forma que se mejoren sus resultados.
3.2.2 Reorientar la programación de auditorías en el Plan Anual de Trabajo de los OIC, para realizar prioritariamente auditorías de desempeño.
3.2.3 Implementar campañas permanentes de capacitación dirigidas a los OIC, para la aplicación de metodologías que permitan realizar una adecuada planeación detallada, la correcta ejecución de las auditorías que efectúen y la elaboración de informes que den cuenta puntual de los resultados.
3.2.4 Evaluar el resultado de las auditorías ejecutadas en cada ejercicio, con base en las observaciones de impacto que identifiquen probables actos de corrupción, incumplimientos de la norma o de metas y objetivos, o uso indebido de recursos, así como acciones que generen recuperaciones económicas.
Estrategia prioritaria 3.3.- Promover el cumplimiento de los Programas de Mejora Regulatoria por medio de los OIC con el objeto de que las dependencias y entidades de la APF cumplan con los compromisos de acciones de mejora regulatoria y simplificación de trámites y servicios y así optimizar
la calidad del servicio público.
Acción puntual
3.3.1 Fiscalizar el cumplimiento de las acciones de mejora regulatoria de las dependencias y entidades de la APF.
3.3.2 Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en los Programas de Mejora Regulatoria, conforme a las atribuciones de los OIC, en el marco de la Ley General de Mejora Regulatoria.
3.3.3 Establecer acciones de colaboración continua con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para promover el cumplimiento de los Programas de Mejora Regulatoria, dentro del ámbito de competencia de los OIC y la SFP.
 
Estrategia prioritaria 3.4- Impulsar las intervenciones de control interno en las dependencias y entidades de la APF, a fin de procurar el cumplimiento de los programas prioritarios que deriven del PND.
Acción puntual
3.4.1. Capacitar a los servidores públicos de los OIC para la realización de las intervenciones de control en materia de control interno.
3.4.2 Instrumentar un programa de visitas para verificar la implementación y el cumplimiento de los sistemas de control interno para la operación de los programas estratégicos y prioritarios del Gobierno de México.
3.4.3 Realizar intervenciones de control interno en las dependencias y entidades de la APF conforme a las visitas incluidas en el Programa Anual de Fiscalización.
3.4.4 Dar seguimiento a las recomendaciones que se generen con motivo de las intervenciones de control interno en las dependencias y entidades de la APF.
 
Objetivo prioritario 4.- Fortalecer la transparencia y el gobierno abierto, así como impulsar con instancias públicas nacionales e internacionales, acciones sistemáticas y de coordinación institucional, para combatir la corrupción y la impunidad.
Estrategia prioritaria 4.1.- Promover la coordinación entre las dependencias y entidades de la APF y otros entes públicos e instancias anticorrupción a nivel nacional e internacional, que permitan la implementación de mecanismos efectivos de combate a la corrupción y la impunidad.
Acción puntual
4.1.1 Promover la firma de convenios de coordinación y/o colaboración con las dependencias y entidades de la APF para facilitar la integración de sistemas de inteligencia que optimicen el intercambio de información para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de los recursos públicos.
4.1.2 Promover alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales especializados en combate a la corrupción para fortalecer las acciones de coordinación al interior de la APF.
4.1.3 Impulsar sinergias en el seno del SNA para maximizar y potencializar los alcances y efectos de las acciones de combate a la corrupción en las dependencias y entidades de la APF.
4.1.4 Promover acciones específicas de combate a la corrupción en el marco de la PNA y el PND.
4.1.5 Coadyuvar a la implementación, seguimiento y evaluación en la APF de la PNA.
4.1.6 Impulsar en la APF la integración de sistemas de datos e información necesaria para hacer más eficientes las tareas de fiscalización de recursos públicos, así como de investigación y sanción de faltas administrativas y de hechos de corrupción por parte de las autoridades competentes.
4.1.7 Promover la integración de mecanismos de registro de beneficiarios, con base en los principios de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, que permitan una mayor interoperabilidad entre las dependencias y entidades de la APF, con la finalidad de ampliar el alcance, uso y difusión de la información.
4.1.8 Impulsar sinergias con organismos nacionales e internacionales para fortalecer a los Sistemas Locales Anticorrupción que permitan potencializar los alcances de las acciones anticorrupción en todo el país.
Estrategia prioritaria 4.2.- Coadyuvar al fortalecimiento de las acciones de fiscalización, mediante la coordinación con entidades públicas en el marco del SNF para prevenir los actos de corrupción en la APF.
Acción puntual
4.2.1 Promover acciones sistemáticas y coordinadas entre la SFP y el SNF para el combate a la corrupción en la APF.
4.2.2 Coordinar en el marco del SNF la aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de su Plataforma Virtual.
4.2.3 Promover la vinculación entre la SFP, los Órganos Estatales de Control, los OIC y otros entes encargados de la fiscalización y control de los recursos públicos, orientada al SNF.
4.2.4 Dar seguimiento a los acuerdos del SNF y a los planes de los grupos de trabajo que lo integran.
 
Estrategia prioritaria 4.3.- Fortalecer la coordinación institucional para dar cumplimiento a las disposiciones y recomendaciones derivadas de los instrumentos internacionales anticorrupción ratificados por el Estado mexicano para coadyuvar a combatir la corrupción en la APF.
Acción puntual
4.3.1 Impulsar el cumplimiento por parte de la SFP, de las recomendaciones formuladas a nuestro país por el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, así como promover que los otros poderes realicen las acciones correspondientes.
4.3.2 Promover el cumplimiento por parte de la SFP, de las recomendaciones formuladas a nuestro país por el Grupo de Trabajo sobre Cohecho, en coordinación con las instituciones involucradas en su atención.
4.3.3 Promover el cumplimiento de las recomendaciones formuladas a la SFP por el Grupo de Examen de Aplicación, en coordinación con las instituciones involucradas en su atención.
4.3.4 Fomentar la participación de la SFP en los diferentes mecanismos internacionales anticorrupción, a fin de compartir información sobre buenas prácticas anticorrupción entre los países miembros.
4.3.5 Impulsar la participación de la SFP en los diferentes foros internacionales anticorrupción, a fin de compartir información sobre buenas prácticas entre los países.
 
Estrategia prioritaria 4.4.- Promover el seguimiento a los proyectos de cooperación internacional e intercambio de información para el combate a la corrupción y la mejora de la gestión pública.
Acción puntual
4.4.1 Promover el desarrollo de proyectos de cooperación técnica con las diversas agencias internacionales en temas anticorrupción.
4.4.2 Diseñar el mecanismo de seguimiento de la cooperación internacional, que permita visibilizar el avance y conclusión de cada uno de los proyectos de la SFP.
4.4.3 Impulsar alianzas estratégicas entre la SFP y organismos internacionales, así como con otros países, para el intercambio de información sobre buenas prácticas en materia de combate a la corrupción.
4.4.4 Diseñar el mecanismo de seguimiento del cumplimiento de las alianzas estratégicas entre la SFP y organismos internacionales y/o otros países.
4.4.5 Impulsar el seguimiento de las acciones de cooperación internacional para el desarrollo que realice la SFP.
Estrategia prioritaria 4.5.- Impulsar acciones y mecanismos de transparencia en la gestión pública,
así como de gobierno abierto y datos abiertos, que auspicien la participación de la ciudadanía en el combate a la corrupción y a la impunidad.
Acción puntual
4.5.1 Instrumentar acciones para garantizar una adecuada atención de las solicitudes de acceso a la información y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
4.5.2 Fomentar un modelo de transparencia proactiva con el fin de publicar información útil que contribuya a garantizar el derecho de acceso a la información pública de las personas.
4.5.3 Implementar acciones para que la información pública se genere y difunda de conformidad con los principios de datos abiertos, y asegurar su calidad y utilidad pública mediante la mejora de los sistemas de información, los sitios web y los buscadores y repositorios de transparencia proactiva y de datos abiertos.
4.5.4 Fomentar la adopción de estándares internacionales de transparencia y publicación de datos abiertos en materias prioritarias para la prevención y combate a la corrupción.
4.5.5 Generar estrategias de difusión, uso y aprovechamiento de la información pública en colaboración con la sociedad civil comunidad académica y los sectores social y privado.
4.5.6 Instrumentar una estrategia de involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas para garantizar que los proyectos, programas y políticas contribuyan en todo momento al interés público, así como generar sinergias en materia de combate a la corrupción.
4.5.7 Emprender acciones de transparencia y rendición de cuentas para los mecanismos de participación ciudadana de las dependencias y entidades de la APF.
4.5.8 Instrumentar acciones para impulsar la innovación en los procesos de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, en el marco de los principios de gobierno abierto.
4.5.9 Llevar a cabo acciones para consolidar la colaboración con la sociedad civil en el marco del proceso nacional de la AGA, con el fin de impulsar compromisos estratégicos que contribuyan al bienestar de la población.
4.5.10 Llevar a cabo procesos de capacitación y sensibilización para las personas servidoras públicas, con el fin de avanzar hacia una cultura que garantice el principio de máxima publicidad y promueva esquemas de gobierno abierto.
 
Objetivo prioritario 5.- Promover la profesionalización de las personas servidoras públicas, así como aprobar y registrar las estructuras organizacionales de la Administración Pública Federal, con criterios de eficiencia, transparencia y austeridad.
Estrategia prioritaria 5.1.- Diseñar e implementar una política pública que promueva la profesionalización de los recursos humanos mediante la transformación del servicio público, a fin de elevar las capacidades institucionales contribuyendo al cumplimiento eficiente de los objetivos de gobierno.
Acción puntual
5.1.1 Promover y proponer un proyecto de una nueva ley de profesionalización para la APF, a fin de que sea presentado ante el Congreso de la Unión, así como con un proyecto de reglamento que de ésta derive.
5.1.2 Revisar y actualizar las disposiciones (políticas, normas y estrategias) en materia de recursos humanos y SPC, para coadyuvar en el diseño e implementación de la política pública de profesionalización, gestión de recursos humanos y organización en la APF.
5.1.3 Contar con cursos virtuales y dinámicos dirigidos a las personas servidoras públicas acreditadas como operadores de los diferentes módulos de los sistemas que administra la SFP en materia de recursos humanos y SPC, con el fin de conocer el uso y la operación de los procesos y sistemas, mediante las tecnologías de la información.
5.1.4 Elaborar un modelo de planeación y gestión estratégica integral de recursos humanos para su implementación en las instituciones de la APF, así como diseñar propuestas, metodologías y herramientas específicas de profesionalización que generen valor público para cada uno de los procesos o subsistemas.
5.1.5 Establecer convenios de colaboración con organismos internacionales en materia de profesionalización y gestión de recursos humanos, así como para la identificación de mejores prácticas en la materia.
 
Estrategia prioritaria 5.2.- Diseñar e implementar un Sistema de Profesionalización de las personas servidoras públicas como eje estratégico en el combate a la corrupción y a la impunidad para la generación de valor público.
Acción puntual
5.2.1 Contar con un modelo de formación con base en competencias, andragogía y herramientas informáticas aplicable a la APF, que establezca vínculos entre los procesos y atienda los objetivos de la formación profesionalizante.
5.2.2 Contar con un modelo y programa de formación, desarrollo y profesionalización de la alta dirección en la APF.
5.2.3 Aplicar encuestas especializadas sobre la percepción del clima y cultura organizacional, así como en materia de recursos humanos y profesionalización de la APF y el SPC.
5.2.4 Promover prácticas organizacionales que contribuyan a las líneas estratégicas de la profesionalización.
5.2.5 Establecer un programa de incorporación de talento joven a la APF basado en el mérito, la perspectiva de género, la inclusión, la diversidad y la no discriminación por discapacidad, origen étnico o cualquier otra condición.
5.2.6 Crear el registro de prestadores de servicio social y prácticas profesionales de la APF.
5.2.7 Incrementar la oferta y opciones de capacitación y formación en línea para la profesionalización de las personas servidoras públicas.
5.2.8 Generar acciones afirmativas que propicien la paridad de género en la ocupación de puestos de mando.
5.2.9 Difundir y promover, para la profesionalización de las personas servidoras públicas, una oferta de capacitación y formación pertinente y alineada con el modelo de gestión por competencias, en temas transversales de la APF como anticorrupción, derechos humanos, ética, integridad, conflictos de intereses, perspectiva de género, políticas de fomento a la diversidad e inclusión, así como responsabilidades administrativas, entre otras, en modalidad presencial y en línea.
5.2.10 Diseñar el proyecto de reconocimientos al desempeño profesional destacado, además de promover la participación de las personas servidoras públicas en el Premio Nacional de Administración Pública.
 
Estrategia prioritaria 5.3.- Aprobar y registrar las estructuras organizacionales, así como registrar los contratos de honorarios y puestos eventuales de las dependencias y entidades de la APF, con criterios de eficiencia, transparencia y austeridad, a fin de que dichas instituciones cuenten con la organización necesaria para el logro de sus resultados.
Acción puntual
5.3.1 Actualizar, proponer y emitir las disposiciones y criterios para aprobar y registrar las estructuras organizacionales, así como para registrar los contratos de honorarios y puestos eventuales de las dependencias y entidades de la APF bajo criterios de eficiencia, transparencia y austeridad.
5.3.2 Realizar análisis organizacionales con criterios de eficiencia, transparencia y austeridad de las estructuras de las dependencias y entidades de la APF.
5.3.3 Aprobar y registrar, con criterios de eficiencia, transparencia y austeridad, las estructuras organizacionales de las dependencias y entidades de la APF.
5.3.4 Registrar los contratos de honorarios y puestos eventuales de las dependencias y entidades de la APF.
 
Estrategia prioritaria 5.4.- Analizar el impacto de las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades en el cumplimiento de sus objetivos y resultados institucionales, para determinar si las instituciones cuentan con la organización necesaria para el logro de sus resultados.
Acción puntual
5.4.1 Definir el modelo de análisis del impacto de las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades en el cumplimiento de sus objetivos y resultados institucionales.
5.4.2 Desarrollar una metodología para el análisis del impacto de las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades en el cumplimiento de sus objetivos y resultados institucionales.
5.4.3 Realizar, con base en la metodología establecida, el análisis del impacto de las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades en el cumplimiento de sus objetivos y resultados institucionales.
Objetivo prioritario 6.- Facilitar la participación ciudadana en procesos de vigilancia, vinculación social y empresarial, denuncias, alertamiento interno y externo, atención a víctimas y defensoría de responsabilidades de servidores públicos en la Administración Pública Federal.
Estrategia prioritaria 6.1.- Generar condiciones que articulen sinergias, redes ciudadanas, tecnologías de la información y espacios participativos para proponer, implementar, evaluar y contribuir a la incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana en la prevención y combate de la corrupción, y la aplicación de la justicia administrativa en materia de responsabilidad de servidores públicos.
Acción puntual
6.1.1 Incorporar a la ciudadanía en tareas de vigilancia e incidencia en las decisiones y en las políticas públicas, mediante la difusión de información, insumos y herramientas tecnológicas que abran o mejoren los espacios participativos para la vigilancia del gasto y el seguimiento de la gestión en la APF.
6.1.2 Prevenir actos de corrupción entre actores o agentes sociales, culturales y económicos con la promoción de consultas, campañas y sondeos sobre ética pública y percepción del combate a la corrupción.
6.1.3 Instrumentar un programa de seguimiento para verificar la implementación y el cumplimiento de la contraloría social en la operación de los programas prioritarios en las instancias normativas y órganos de control pertinentes del Gobierno Federal.
6.1.4 Habilitar la interfaz pública y/o la Plataforma de Información y/o registro de acciones en materia de vigilancia ciudadana, alertadores internos, padrón de integridad empresarial, servicios de justicia administrativa (el ABC de la información pública respectiva), que dé cuenta de los programas y políticas que se implementan en la SFP para mejorar la rendición de cuentas de la APF.
6.1.5. Atender los casos de los alertadores internos y externos de la corrupción relativos a faltas administrativas graves, violaciones a derechos humanos, acoso y hostigamiento sexual.
6.1.6 Propiciar redes ciudadanas y la apertura de espacios accesibles a diversos actores sociales, económicos y personas vulnerables que propicien la articulación ciudadana para el fortalecimiento del combate a la corrupción.
6.1.7 Promover acciones que permitan incrementar la capacidad de incidencia ciudadana en la acción gubernamental con el despliegue de aulas virtuales, herramientas de vigilancia ciudadana y espacios de articulación entre actores públicos, privados y sociales.
6.1.8 Construir un esquema de coordinación y sensibilización interna en la SFP para atender espacios de cogestión con organizaciones sociales y civiles con la metodología de la AGA.
6.1.9 Coordinar y administrar la prestación del servicio de defensoría de oficio y orientación técnica en materia de responsabilidades administrativas, a fin de cumplir con lo establecido en la LGRA.
6.1.10 Capacitar y sensibilizar a las personas servidoras públicas en materia de vigilancia ciudadana, vinculación social y empresarial, denuncias, alertamiento interno y externo, atención a víctimas y asesorías sobre responsabilidades administrativas en la APF.
 
Estrategia prioritaria 6.2.- Generar espacios efectivos de participación ciudadana que cumplan e innoven las mejores prácticas para contribuir con la ciudadanización del combate a la corrupción y a la impunidad.
Acción puntual
6.2.1 Generar estrategias de capacitación para que las organizaciones sociales y civiles cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias para participar en la vigilancia del uso y ejercicio de los recursos públicos en programas gubernamentales.
6.2.2 Abrir espacios permanentes y emergentes, virtuales y presenciales, de participación y vigilancia ciudadana para impactar favorablemente en los programas y procesos públicos del Gobierno Federal, con énfasis en los proyectos prioritarios.
6.2.3 Interactuar con las dependencias federales, los órganos estatales de control, los OIC y el SNA para la sensibilización en la ciudadanización e implementación de acciones que faciliten y hagan más efectiva la vigilancia de los recursos públicos para el combate a la corrupción y la impunidad.
6.2.4 Desarrollar y actualizar las plataformas tecnológicas necesarias para facilitar, conectar, recopilar y sistematizar las acciones, resultados y experiencias de la ciudadanía, implementadas para vigilar y fiscalizar los recursos y programas públicos, así como otras estrategias dirigidas a combatir la corrupción y la impunidad.
Estrategia prioritaria 6.3.- Implementar el nuevo modelo de contraloría social construido a partir de un proceso participativo de revisión y actualización, que permitirá incorporar lecciones aprendidas para hacer más efectiva la vigilancia de los recursos públicos y del cumplimiento de metas y objetivos de los programas públicos federales desde la ciudadanía.
Acción puntual
6.3.1 Incluir la participación efectiva de la ciudadanía, organizaciones sociales y civiles, el SNA y otros actores en la contraloría social de los programas federales.
6.3.2 Elaborar protocolo para recibir, orientar y canalizar las quejas y denuncias presentadas por los diversos mecanismos de vigilancia ciudadana.
6.3.3 Gestionar la provisión de las tecnologías de la información necesarias para interactuar con órganos estatales de control, OIC, dependencias federales y contralorías sociales para compartir herramientas, capacitaciones, foros y comunicación abierta y transparente que permita fortalecer la contraloría social y la rendición de cuentas de las partes involucradas en el proceso.
6.3.4 Generar trimestralmente espacios de comunicación, retroalimentación y evaluación de acciones y resultados de las acciones de Contraloría Social con las distintas contrapartes para detectar problemáticas oportunamente e implementar prácticas de mejora.
 
Estrategia prioritaria 6.4.- Desarrollar un sistema para captar alertas ciudadanas y de personas servidoras públicas relacionadas con actos graves de corrupción, acoso y hostigamiento sexual y violaciones a derechos humanos, garantizando en todo momento la confidencialidad de la información, así como protegerlos frente a actos de represalia que resulten de la alerta presentada.
Acción puntual
6.4.1 Coordinar el desarrollo de una plataforma tecnológica de ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción.
6.4.2 Elaborar los lineamientos para el Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.
6.4.3 Desarrollar acuerdos de colaboración con dependencias de la APF, para otorgar protección a los ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción.
6.4.4 Instrumentar un monitoreo en las dependencias y entidades de la APF para conocer la percepción de la ciudadanía respecto de los mecanismos y medios existentes para combatir la corrupción.
6.4.5 Realizar campañas de difusión por diversos medios para orientar a la ciudadanía y a personas servidoras públicas respecto de la presentación de alertas en el Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción
6.4.6 Acompañar a los ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción en los casos que presenten a través del Sistema de Alertadores.
6.4.7 Promover el Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción para generar una cultura de la denuncia y contribuir al combate a la corrupción y la impunidad en la APF.
 
Estrategia prioritaria 6.5.- Acompañar a posibles víctimas de la corrupción con el propósito de canalizar su atención ante las instancias competentes.
Acción puntual
6.5.1 Implementar mecanismos para canalizar y orientar a las víctimas de la corrupción.
Estrategia prioritaria 6.6.- Desarrollar las herramientas y normatividad necesarias para la implementación del Padrón de Integridad Empresarial, así como para la integración y registro de las empresas y actores interesados en la obtención del Distintivo de Integridad Empresarial, mediante el fomento de buenas prácticas, programas de integridad y medidas anticorrupción, para involucrar a las personas con actividad empresarial en la lucha contra la corrupción.
Acción puntual
6.6.1 Promover la inclusión de las personas morales y físicas con actividad empresarial en los estándares de normatividad en materia de seguridad social, seguridad laboral, derechos laborales e inclusión y no discriminación, por medio de la capacitación, asesoría y verificación.
6.6.2 Impulsar la adopción de buenas prácticas internacionales mediante el programa de integridad del Padrón de Integridad Empresarial, incentivando la implementación de mecanismos como: códigos de ética, lineamientos anticorrupción, canales de denuncia, programas de control, vigilancia y auditoría, medidas de protección del medio ambiente, así como la concientización y contribución a los esfuerzos de la Agenda 2030 y los ODS.
6.6.3 Atender los requerimientos de capacitación y asesoría para los actores interesados en el registro al Padrón de Integridad Empresarial, por medio del diseño, creación, y sociabilización de tutoriales, capacitaciones, guías y otras herramientas que les permitan la obtención del Distintivo de Integridad Empresarial y de servicios administrativos para proveedores del gobierno que cumplan con el estándar de integridad.
6.6.4 Realizar acciones conjuntas entre las dependencias y entidades de la APF, así como con cámaras empresariales, academia y organismos internacionales hacia la construcción del Padrón de Integridad Empresarial, y que participen de la experiencia y conocimiento de cada organismo que permita la obtención de resultados óptimos según las bases establecidas.
6.6.5 Promover con las dependencias y entidades de la APF la celebración de convenios para coordinar las acciones e instrumentos de impulso al sector empresarial, con el fin de verificar y validar la información otorgada, así como para optimizar la eficiencia de los procesos administrativos de las empresas ante distintas dependencias.
6.6.6 Diseñar e implementar acciones para incorporar personas morales y físicas con actividad empresarial al Padrón de Integridad Empresarial, así como contabilizar y evaluar la incorporación anual de las empresas y publicar un reporte cada cuatro meses sobre los avances obtenidos.
 
Estrategia prioritaria 6.7.- Coordinar y administrar la prestación del servicio de defensoría de oficio y dar orientación técnica en materia de responsabilidades administrativas, a fin de cumplir con lo mandatado en la LGRA.
Acción puntual
6.7.1. Brindar los servicios de defensoría de oficio a las personas señaladas como presuntas responsables, de acuerdo con la LGRA, con el propósito de cumplir con los criterios del servicio.
6.7.2. Someter a consideración del Secretario/ia, las políticas, normas, lineamientos, criterios de carácter general y demás disposiciones análogas sobre la defensoría de oficio en materia de responsabilidades administrativas, con la finalidad de llevar a cabo las atribuciones con apego a derecho.
6.7.3. Establecer y fortalecer más relaciones con institutos de defensoría de oficio.
6.7.4. Difundir e implementar, en coordinación con el área competente de la SFP, campañas de difusión sobre el servicio de defensoría de oficio en materia de responsabilidades administrativas para dar mayor legitimidad a las atribuciones de dicha área.
6.7.5. Brindar los servicios de defensoría de oficio a las personas señaladas como presuntas responsables, de acuerdo con la LGRA, con el propósito de cumplir con los criterios del servicio.
8.- Metas para el bienestar y Parámetros
Con la finalidad de dar seguimiento al avance en el cumplimiento de los objetivos de este programa sectorial, se establecen las metas para el bienestar y los parámetros que se presentan a continuación.
Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 1
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
1.1 Incremento de las auditorías y visitas de supervisión en obra y adquisiciones públicas.
Objetivo prioritario
Combatir, frontalmente y con la participación de la ciudadanía, las causas y efectos de la corrupción y la
ineficacia en la Administración Pública Federal, mediante la prevención, fiscalización y promoción de las
responsabilidades asociadas con conductas ilícitas.
Definición o
descripción
Mide el incremento de las auditorías y visitas de supervisión en obra y adquisiciones públicas realizadas en el
ejercicio, comparado con el ejercicio anterior.
Nivel de
desagregación
Dependencias y entidades
Periodicidad o frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o periódico
Periódico
Unidad de medida
Auditorías
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficiencia
Disponibilidad de la
información
Enero
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad Responsable de
reportar el avance
27.- Función Pública
Subsecretaría de Combate a la
Corrupción, a través de la Unidad de
Auditoría a Contrataciones Públicas
Método de cálculo
IAVSOAP = TAVSOAPAE - TAVSOAPAA
Observaciones
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- TAVSOAPAA
= Total de
auditorías y
visitas de
supervisión de
obra y
adquisiciones
públicas del año
anterior
Valor variable 1
0
Fuente de
información
variable 1
Programa Anual de
Fiscalización
Nombre variable 2
2.- TAVSOAPAE
= Total de
auditorías y
visitas de
supervisión de
obra y
adquisiciones
públicas del año
a evaluar
Valor variable 2
0
Fuente de
información
variable 2
Programa Anual de
Fiscalización
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
0 - 0 = 0
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
0
Se trata de un indicador nuevo y el primer cálculo a reportar será el
incremento en 2020. El año de la línea base es 2019.
Año
2019
META 2024
Nota sobre la meta 2024
5
Esta meta se encuentra sujeta a factores presupuestales, de austeridad y los recursos asignados conforme a la Ley Federal de Derechos.
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
 
 
 
 
 
 
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
5
5
5
5
5
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 1
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
1.2 Número de víctimas de actos de corrupción en la realización de trámites públicos.
Objetivo prioritario
Combatir, frontalmente y con la participación de la ciudadanía, las causas y efectos de la corrupción y la
ineficacia en la Administración Pública Federal, mediante la prevención, fiscalización y promoción de las
responsabilidades asociadas con conductas ilícitas.
Definición o
descripción
Mide el número de personas que fueron víctimas por los actos de corrupción derivados de la arbitrariedad, el
abuso de autoridad y la discrecionalidad de los servidores públicos para llevar a cabo y desahogar los trámites
de diferente índole que requiere realizar la ciudadanía, por cada 100 mil habitantes
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o frecuencia de
medición
Bienal
Tipo
Estratégico
Acumulado o periódico
Periódico
Unidad de medida
Personas
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Marzo
Tendencia esperada
Descendente
Unidad Responsable de
reportar el avance
27.- Función Pública
Subsecretaría de Combate a la
Corrupción, a través de la Unidad de
Auditoría Gubernamental
Método de cálculo
NVACRTP = Número de víctimas de actos de corrupción en la realización de trámites públicos
Observaciones
Es el número de personas de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más que
tuvieron que realizar personalmente trámites, pagos, solicitudes de servicios u otros ante servidores públicos y
que fueron víctimas de actos de corrupción.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
NVSCRTP =
Número de
víctimas de actos
de corrupción en
la realización de
trámites públicos
Valor variable 1
14635
Fuente de
información
variable 1
INEGI
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
NVACRTP = 14635
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
14635
El valor de la línea base se obtuvo de la Encuesta Nacional de Calidad
e Impacto Gubernamental del INEGI 2017.
Año
2017
META 2024
Nota sobre la meta 2024
0
 
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
12080
 
12590
 
14635
 
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
 
10287
 
8113
 
Parámetro 2 del Objetivo prioritario 1
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
1.3 Porcentaje de cumplimiento de las acciones de prevención en materia de control interno
Objetivo prioritario
Combatir, frontalmente y con la participación de la ciudadanía, las causas y efectos de la corrupción y la
ineficacia en la Administración Pública Federal, mediante la prevención, fiscalización y promoción de las
responsabilidades asociadas con conductas ilícitas.
Definición o
descripción
Mide el cumplimiento de las acciones de prevención en materia de control interno programadas anualmente
Nivel de
desagregación
Dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal en
las que se realizan acciones de
prevención.
Periodicidad o frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Gestión
Acumulado o periódico
Periódico
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Febrero
Tendencia esperada
Constante
Unidad Responsable de
reportar el avance
27.- Función Pública
Subsecretaría de Combate a la
Corrupción, a través de la Unidad de
Control, Evaluación y Mejora de la
Gestión Pública (UCEMGP)
Método de cálculo
(Acciones de prevención en materia de control interno realizadas en el periodo /
Acciones de prevención en materia de control interno programadas) * 100
Observaciones
Acciones de prevención en materia de control interno:
·  Participación en las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
·  Realizar visitas o intervenciones de control a los programas prioritarios y estratégicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
Las visitas o intervenciones de control programadas serán las autorizadas en el Programa Anual de Fiscalización (PAF) de la SFP o las incluidas en el Plan Anual de Trabajo (PAT) de los OIC.
La variable 2 del indicador se determina anualmente considerando la participación del personal de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública (UCEMGP) en las sesiones del COCODI autorizadas y las visitas de control autorizadas en el PAF y el PAT de los OIC.
Para la medición del indicador se elaborará un reporte anual que señale el total de acciones realizadas año por año.
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- Acciones de
prevención en
materia de
control interno
realizadas en el
periodo
Valor variable 1
0
Fuente de
información
variable 1
Registros de la UCEMGP
Nombre variable 2
2.- Acciones de
prevención en
materia de
control interno
programadas
Valor variable 2
300
Fuente de
información
variable 2
Registros de la UCEMGP
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
(0/300)*100=0%
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
0
No se cuenta con medición histórica del indicador, ya que las acciones
de prevención de control interno; participación en COCODIS, Visitas e
Intervenciones de control; fueron redefinidas y tendrán vigencia a partir
de enero 2020.
Año
2018
META 2024
Nota sobre la meta 2024
100
Sin nota.
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
 
 
 
 
 
ND
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
100
100
100
100
100
Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 2
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
2.1 Porcentaje de personas servidoras públicas capacitadas en materia de responsabilidad administrativa
Objetivo prioritario
Combatir la impunidad en el ámbito administrativo de los servidores públicos de la Administración Pública
Federal.
Definición o
descripción
Mide el porcentaje de personas servidoras públicas con funciones de control y vigilancia capacitadas en materia
de responsabilidad administrativa.
Nivel de
desagregación
Administración Pública Federal
Periodicidad o frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Gestión
Acumulado o periódico
Acumulado
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Abril
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad Responsable de
reportar el avance
27.- Función Pública
Subsecretaría de Combate a la
Impunidad
Método de cálculo
Porcentaje de personas servidoras públicas capacitadas en materia de responsabilidades administrativas = [
Número de personas servidoras públicas con funciones de control y vigilancia capacitadas en materia de
responsabilidades administrativas/ Número total de personas servidoras públicas con funciones de control y
vigilancia en la APF a capacitar] * 100
Observaciones
Se estima como indicador de gestión que propiciará el cumplimiento del objetivo 2 del programa.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- Personas
servidoras
públicas con
funciones de
control y vigilancia
capacitadas en
materia de
responsabilidades
administrativas
Valor variable 1
0
Fuente de
información
variable 1
Unidad de
Responsabilidades
Administrativas,
Controversias y Sanciones
Nombre variable 2
2.- Total de
personas
servidoras
públicas con
funciones de
control y vigilancia
en la APF a
capacitar
Valor variable 2
1500
Fuente de
información
variable 2
Unidad de
Responsabilidades
Administrativas,
Controversias y Sanciones
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
Porcentaje de personas servidoras públicas capacitadas en materia de responsabilidades administrativas = [0/
1500] * 100
Los primeros datos se tendrán en 2020.
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
0
Se plantea capacitar al 90% de las personas servidoras públicas con
funciones de control y vigilancia en materia de responsabilidades
administrativas en la APF que se inscriban.
Año
2018
META 2024
Nota sobre la meta 2024
90
En tanto la contabilidad de capacitaciones no ha iniciado, el valor de la
línea base es 0 (cero)
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
 
 
 
 
 
 
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
20
40
60
80
90
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 2
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
2.2 Porcentaje de asesorías proporcionadas y consultas atendidas a los Órganos Internos de Control en la
Administración Pública Federal en materia de combate a la impunidad en el ámbito administrativo
Objetivo prioritario
Combatir la impunidad en el ámbito administrativo de los servidores públicos de la Administración Pública
Federal.
Definición o
descripción
Mide el cumplimiento en el otorgamiento de asesorías y atención de consultas en materia de responsabilidades
administrativas, inteligencia para investigaciones de quejas y denuncias, así como de prevención de conflictos
de interés.
Nivel de
desagregación
Órganos Internos de Control en la
Administración Pública Federal
Periodicidad o frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Gestión
Acumulado o periódico
Periódico
Unidad de medida
Asesorías y consultas atendidas
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Abril
Tendencia esperada
Constante
Unidad Responsable de
reportar el avance
27.- Función Pública
Subsecretaría de Combate a la
Impunidad
Método de cálculo
Porcentaje de asesorías y consultas otorgadas = [ Número de asesorías y consultas brindadas en materia de
responsabilidades administrativas / Número de asesorías y consultas solicitadas en materia de
responsabilidades ] * 100
Observaciones
Se considera como indicador de gestión que propiciará el cumplimiento del Objetivo prioritario 2 del programa.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- Número de
asesorías y
consultas
brindadas.
Valor variable 1
0
Fuente de
información
variable 1
Registros de la Dirección
General de
Responsabilidades y
Verificación Patrimonial
Nombre variable 2
2.- Número de
asesorías y
consultas
solicitadas.
Valor variable 2
0
Fuente de
información
variable 2
Registros de la Dirección
General de
Responsabilidades y
Verificación Patrimonial
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
En tanto la contabilidad de asesorías no ha iniciado, tanto el valor del numerador como del denominador son 0
(cero).
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
0
En tanto la contabilidad de asesorías no se ha iniciado, el valor de la
línea base es 0 (cero).
El año de la línea base es 2019.
Año
2018
META 2024
Nota sobre la meta 2024
95
Así como para 2024, la meta de este indicador para cada año es
atender por lo menos el 95% de la demanda de asesoría y consultas lo
anterior, tomando en consideración las consultas que se hagan los
últimos días del año y que las mismas no puedan ser atendidas en
tiempo y forma en virtud de la proximidad del cierre del ejercicio aunado
a que en esas fechas hay menor número de personal a cargo
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
 
 
 
 
 
 
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
95
95
95
95
95
Parámetro 2 del Objetivo prioritario 2
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
2.3 Porcentaje de cumplimiento de términos legales en procedimientos de responsabilidades administrativas
Objetivo prioritario
Combatir la impunidad en el ámbito administrativo de los servidores públicos de la Administración Pública
Federal.
Definición o
descripción
Mide el cumplimiento de los términos legales para desarrollar los procedimientos de responsabilidades
administrativas.
Nivel de
desagregación
Administración Pública Federal
Periodicidad o frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Gestión
Acumulado o periódico
Periódico
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Abril
Tendencia esperada
Constante
Unidad Responsable de
reportar el avance
27.- Función Pública
Subsecretaría de Combate a la
Impunidad
Método de cálculo
Porcentaje de cumplimiento de los términos legales en procedimientos de responsabilidades administrativas = [
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa en los que se cumplieron los términos legales /
Número total de procedimientos de responsabilidad administrativa tramitados] * 100
Observaciones
Se considera como indicador de gestión que propiciará el cumplimiento del objetivo 2 del programa.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- Número de
procedimientos
de responsabili-
dad adminis-
trativa en los que
se cumplieron los
términos legales
Valor variable 1
0
Fuente de
información
variable 1
Registros de la Dirección
General de
Responsabilidades y
Verificación Patrimonial
Nombre variable 2
2.- Número total
de procedimien-
tos de responsa-
bilidad
administrativa
tramitados
Valor variable 2
0
Fuente de
información
variable 2
Registros de la Dirección
General de
Responsabilidades y
Verificación Patrimonial
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
En tanto la contabilidad de procedimientos no ha iniciado, tanto el valor del numerador como del denominador son
0 (cero).
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
0
En tanto la contabilidad de procedimientos no ha iniciado, el valor de la
línea base es 0 (cero)
El año de la línea base es 2019.
Año
2019
META 2024
Nota sobre la meta 2024
80
En ocasiones no se puede cumplir con los términos legales, en razón
de que influyen cuestiones particulares que retrasan el procedimiento,
como puede ser la falta de localización del presunto responsable para
llevar a cabo su emplazamiento y, la interposición de recursos o medios
de defensa que paralizan el procedimiento.
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
 
 
 
 
 
 
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
80
80
80
80
80
Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 3
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
3.1 Porcentaje de atención de asuntos en situación de rezago en procedimientos administrativos en OIC y UR.
Objetivo prioritario
Fortalecer las acciones de control que realizan los órganos de vigilancia y control en la Administración Pública
Federal, para contribuir al combate a la corrupción y a la impunidad.
Definición o
descripción
Mide el porcentaje de atención de asuntos en situación rezago en procedimientos administrativos en OIC y UR,
como son: las materias de denuncias, procedimientos de responsabilidades, inconformidades y sanción a
proveedores reportados al inicio de cada ejercicio.
Nivel de
desagregación
Órganos Internos de Control en las
dependencias y entidades de la APF
y Unidades de Responsabilidades en
las Empresas Productivas del Estado
Periodicidad o frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Gestión
Acumulado o periódico
Periódico
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Marzo
Tendencia esperada
Constante
Unidad Responsable de
reportar el avance
27.- Función Pública
Coordinación General de Órganos
de Vigilancia y Control
Método de cálculo
PAASRA= (TASRa/TASRRIA)*100
Donde:
PAASRA =Porcentaje de atención de asuntos en situación de rezago anual.
Observaciones
Para el cálculo se tomarán en consideración las cifras reportadas al inicio de cada ejercicio e iniciarán a partir
de 2020.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- TASRa =
Total de asuntos
en situación de
rezago atendidos
Valor variable 1
0
Fuente de
información
variable 1
SIRA, SIDEC, SIINC Y
SANC
Nombre variable 2
2.- TASRRIA=
Total de asuntos
en situación de
rezago,
reportados al
inicio de año
Valor variable 2
0
Fuente de
información
variable 2
SIDEC, SIRA, SIINC Y
SANC
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
PAASRA=(TASRa/TASRRIA)*100
Para el cálculo se tomarán en consideración las cifras reportadas al inicio de cada ejercicio e iniciarán a partir de
2020.
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
ND
El año de la línea base es 2020.
No se puede contar con una línea base, toda vez que en 2019 los
Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades, se
modificaron en su estructura, por lo que al no ser comparable el
ejercicio 2018 con el ejercicio 2019, la línea base se determinará en
2020.
Año
2020
META 2024
Nota sobre la meta 2024
45
Se considera abatir el 45% de los asuntos en situación de rezago,
derivado de la reestructura de los OIC y UR. De acuerdo con lo anterior,
los valores superiores a la meta establecida, se entenderán como
favorables respecto del cumplimiento del objetivo prioritario.
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
 
 
 
 
 
 
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
45
45
45
45
45
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 3
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
3.2 Porcentaje de servidores públicos del área de auditoría del OIC capacitados para la aplicación de
metodologías en materia de auditoría a fin de fortalecer los actos de fiscalización
Objetivo prioritario
Fortalecer las acciones de control que realizan los órganos de vigilancia y control en la Administración Pública
Federal, para contribuir al combate a la corrupción y a la impunidad.
Definición o
descripción
Mide el porcentaje de servidores públicos de los Órganos Internos de Control capacitados en materia de
aplicación de metodologías nuevas para el desarrollo de auditorías.
Nivel de
desagregación
Órganos Internos de Control en la
APF
Periodicidad o frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Gestión
Acumulado o periódico
Acumulado
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Marzo
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad Responsable de
reportar el avance
27.- Función Pública
Coordinación General de Órganos
de Vigilancia y Control
Método de cálculo
PSPC =(TSPC / TSPA)* 100
Donde:
PSPC=Porcentaje de Servidores Públicos de OIC capacitados
Observaciones
La capacitación iniciará a partir de 2020.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- TSPC=Total
de Servidores
Públicos del OIC
capacitados del
área de Auditoría
Valor variable 1
0
Fuente de
información
variable 1
SISDO
Nombre variable 2
2.- TSPA=Total
de Servidores
Públicos del OIC
del área de
Auditoría a
capacitar
Valor variable 2
1620
Fuente de
información
variable 2
SISDO
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
PSPC = (N / 1620) * 100
Los primeros datos se tendrán en 2020 (línea base).
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
ND
El año de la línea base es 2020.
La capacitación iniciará a partir de 2020.
Se refiere al número de servidores públicos que a la fecha se
encuentran adscritos a las áreas de auditoría en los OIC.
Año
2020
META 2024
Nota sobre la meta 2024
100
Capacitar al 100% de los servidores públicos del área de auditoria.
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
 
 
 
 
 
 
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
60
70
80
90
100
Parámetro 2 del Objetivo prioritario 3
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
3.3 Porcentaje de acciones validadas reportadas por las dependencias y entidades en los Programas de Mejora
Regulatoria
Objetivo prioritario
Fortalecer las acciones de control que realizan los órganos de vigilancia y control en la Administración Pública
Federal, para contribuir al combate a la corrupción y a la impunidad.
Definición o
descripción
Mide el porcentaje de las acciones validadas por los Órganos Internos de Control reportadas por las
dependencias y entidades en los programas de mejora regulatoria.
Nivel de
desagregación
Órganos Internos de Control en las
dependencias y entidades de la APF
Periodicidad o frecuencia de
medición
Trienal
Tipo
Gestión
Acumulado o periódico
Acumulado
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Enero
Tendencia esperada
Constante
Unidad Responsable de
reportar el avance
27.- Función Pública
Coordinación General de Órganos
de Vigilancia y Control
Método de cálculo
PAV= (TAV / TARPMR)*100
Donde:
PAV=Porcentaje de Acciones Validadas
Observaciones
De acuerdo con el lineamiento VIGÉSIMO SEXTO. Calendarios de los Programas de los LINEAMIENTOS de
los Programas de Mejora Regulatoria 2019-2020 de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal
que se puede consultar en la siguiente liga https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561217&fecha=27/05/
2019, se entenderá que el primer cumplimiento deberá atenderse en el mes de febrero de 2021, y en entendido
de que estos lineamientos se publicaran nuevamente, con un cronograma específico para los siguientes
ejercicios, se propuso que el reporte se realice en 2021 y 2024.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- TAV=Total
de acciones
validadas por
el OIC
Valor variable 1
0
Fuente de
información
variable 1
Comisión Nacional de
Mejora Regulatoria
(CONAMER)
Nombre variable 2
2.- TARPMR
=Total
acciones
reportadas en
los programas
de mejora
regulatoria de
las
dependencias
y entidades
Valor variable 2
0
Fuente de
información
variable 2
Comisión Nacional de
Mejora Regulatoria
(CONAMER)
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
Los primeros datos se obtendrán en febrero de 2021.
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
ND
El año de la línea base es 2021.
No se cuenta con el valor para la línea base, por no existir antecedentes
ya que deriva de la aplicación de una Ley publicada en el 2018, y la
primera medición se realizará a partir de 2021, de conformidad con la
normatividad aplicable.
Año
2021
META 2024
Nota sobre la meta 2024
100
Validar el 100% de las acciones reportadas por las dependencias y
entidades en los programas de mejora regulatoria
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
 
 
 
 
 
 
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
 
100
 
 
100
Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 4
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
4.1 Índice de Gobierno Abierto para la Administración Pública Federal (APF)
Objetivo prioritario
Fortalecer la transparencia y el gobierno abierto, así como impulsar con instancias públicas nacionales e
internacionales, acciones sistemáticas y de coordinación institucional, para combatir la corrupción y la
impunidad.
Definición o
descripción
Mide el nivel de apertura con el que las personas pueden interactuar con sus gobiernos, con base en los ejes
de transparencia y participación ciudadana, así como la oferta de mecanismos gubernamentales y la demanda
de instrumentos por parte de la ciudadanía.
Nivel de
desagregación
Sujetos obligados de la APF
Periodicidad o frecuencia de
medición
Bienal
Tipo
Estratégico
Acumulado o periódico
Periódico
Unidad de medida
Proporción (escala del 0 al 1)
Periodo de recolección de
datos
Otros
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Enero
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad Responsable de
reportar el avance
27.- Función Pública
Unidad de Transparencia y Políticas
Anticorrupción
Método de cálculo
GAapf = Promedio de la suma de indicadores de Gobierno Abierto (GA) para dependencias de la APF
Observaciones
La Métrica de Gobierno Abierto (GA) es una investigación cualitativa y cuantitativa coordinada por el INAI y
realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE) para monitorear el nivel de
apertura institucional de los sujetos obligados que se establecen en la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública. El procedimiento para obtener el valor del índice de Gobierno Abierto en la APF es: 1)
filtrar la base de datos de la Métrica de GA, con el criterio de sujetos obligados de Orden Federal, 2) sumar los
valores del índice de Gobierno Abierto de cada una de las dependencias de Orden Federal sujetas a medición,
y 3) Dividir la sumatoria resultante, entre el número de dependencias evaluadas, para obtener el promedio. La
base de datos en comento es pública, disponible para descarga en formato XLS y CSV en: https://
micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=5765
La interpretación de la escala: El cero representa la ausencia de atributos/acciones considerados en cada uno
de los 4 subíndices, y el 1 es la existencia de todos los atributos/acciones de los mismos subíndices, conforme
la Métrica del INAI 2019; disponible en: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2019/
04/Metrica-Reporte-2019.pdf
El periodo de recolección de los datos es de junio a noviembre.
La disponibilidad de la información será en el primer semestre del año subsecuente impar.
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- GAapf
Promedio de la
suma del Índice
de Gobierno
Abierto de
sujetos obligados
de la APF
Valor variable 1
0.6664
Fuente de
información
variable 1
Métrica de Gobierno Abierto
2019.
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
GAapf= 0.6664
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
0.6664
La línea base es el promedio del Índice de Gobierno Abierto de los
resultados individuales de 14 sujetos obligados de la Administración
Pública Federal, evaluados en el año par.
Año
2018
META 2024
Nota sobre la meta 2024
0.8
Si bien la recolección de los datos para la integración del índice se
realiza en años pares, la publicación de la métrica se realiza de manera
bienal en años impares, por lo que se contará con datos en los años
2021, 2023 y 2025.
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
 
 
 
0.5486
 
0.6664
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
0.7
 
0.75
 
0.8
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 4
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
4.2 Atención de las acciones de coordinación interinstitucional para el combate a la corrupción
Objetivo prioritario
Fortalecer la transparencia y el gobierno abierto, así como impulsar con instancias públicas nacionales e
internacionales, acciones sistemáticas y de coordinación institucional, para combatir la corrupción y la
impunidad.
Definición o
descripción
Mide el porcentaje de avance programado en la atención de las acciones interinstitucionales realizadas por la
SFP en coordinación con el SNA, el SNF y entes públicos.
Nivel de
desagregación
Administración Pública Federal
Periodicidad o
frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o
periódico
Acumulado
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de
recolección de datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Enero
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad Responsable
de reportar el avance
27.- Función Pública
Unidad de Transparencia y Políticas
Anticorrupción
Método de cálculo
Porcentaje de avance programado en la atención de las acciones interinstitucionales competencia de la SFP =
[(ARSNA/APSNA)*100 + (ARSNF/APSNF)*100 + (AREP/ APEP)*100] / 3
Observaciones
Las acciones e iniciativas puestas en marcha en temas de combate a la corrupción, fiscalización, transparencia
y gobierno abierto realizadas por la SFP en coordinación con otros entes públicos, se desagregarán por tipo:
proyecto, convenio, capacitación, campaña informativa, convocatoria o reunión de alto nivel.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- APSNA = Acciones
programadas, competencia
de la Secretaría de la
Función Pública, derivadas
de los acuerdos tomados en
el marco del Sistema
Nacional Anticorrupción.
Valor variable 1
0
Fuente de
información
variable 1
Dirección General de
Vinculación con los
Sistemas Anticorrupción y
de Fiscalización
Nombre variable 2
2.- ARSNA = Acciones
realizadas, competencia de
la Secretaría de la Función
Pública, derivadas de los
acuerdos tomados en el
marco del Sistema Nacional
Anticorrupción.
Valor variable 2
0
Fuente de
información
variable 2
Dirección General de
Vinculación con los
Sistemas Anticorrupción y
de Fiscalización
Nombre variable 3
3.- APSNF = Acciones
programadas, competencia
de la Secretaría de la
Función Pública, derivadas
de los acuerdos tomados en
el marco del Sistema
Nacional de Fiscalización.
Valor variable 1
0
Fuente de
información
variable 3
Dirección General de
Vinculación con los
Sistemas Anticorrupción y
de Fiscalización
Nombre variable 4
4.- ARSNF = Acciones
realizadas, competencia de
la Secretaría de la Función
Pública, derivadas de los
acuerdos tomados en el
marco del Sistema Nacional
de Fiscalización.
Valor variable 4
0
Fuente de
información
variable 4
Dirección General de
Vinculación con los
Sistemas Anticorrupción y
de Fiscalización
Nombre variable 5
5.- APEP = Acciones
programadas, competencia
de la Secretaría de la
Función Pública, derivadas
de los acuerdos tomados en
el marco de convenios con
otras entidades públicas.
Valor variable 5
0
Fuente de
información
variable 5
Dirección General de
Vinculación con los
Sistemas Anticorrupción y
de Fiscalización
Nombre variable 6
6.- AREP = Acciones
realizadas, competencia de
la Secretaría de la Función
Pública, derivadas de los
acuerdos tomados en el
marco de convenios con
otras entidades públicas.
Valor variable 6
0
Fuente de
información
variable 6
Dirección General de
Vinculación con los
Sistemas Anticorrupción y
de Fiscalización
 
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
Los primeros datos para calcular el parámetro estarán disponibles en 2020.
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
0
Al ser una nueva medición, el valor de la línea base no se
cuenta con datos y se considera 0 (cero).
El año de la línea base es 2019.
Año
2019
META 2024
Nota sobre la meta 2024
70
El número de acciones puede variar de acuerdo con las
prioridades en la agenda en materia de combate a la
corrupción. El primer reporte se hará a partir del 2020, el cual
incluirá las acciones programadas y las realizadas durante el
2019.
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
 
 
 
 
 
 
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
30
40
50
60
70
 
Parámetro 2 del Objetivo prioritario 4
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
4.3 Atención de las recomendaciones, realizadas en el marco de la implementación de los instrumentos
internacionales anticorrupción ratificados por el Estado mexicano.
Objetivo prioritario
Fortalecer la transparencia y el gobierno abierto, así como impulsar con instancias públicas nacionales e
internacionales, acciones sistemáticas y de coordinación institucional, para combatir la corrupción y la
impunidad.
Definición o
descripción
Mide el avance en la atención de las recomendaciones realizadas a nuestro país derivadas de la
implementación de los instrumentos internacionales anticorrupción competencia de la Secretaría de la Función
Pública.
Nivel de
desagregación
Secretaría de la Función Pública
Periodicidad o
frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Gestión
Acumulado o
periódico
Acumulado
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de
recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de
la información
Marzo
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad
Responsable de
reportar el avance
27.- Función Pública
Unidad de Transparencia y Políticas
Anticorrupción
Método de cálculo
Porcentaje de avance programado en la atención de las recomendaciones competencia de la SFP =
[(ARCICC/APCICC)*100 + (ARCCCSPETCI/APCCCSPETCI)*100 + (ARCNUCC/ APCNUCC)*100] / 3
Observaciones
-Se considera avance al reporte de por lo menos una acción realizada.
-Las acciones reportadas serán en su momento revisadas por los propios mecanismos de evaluación de cada Convención.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- ARCICC = Acciones
realizadas, competencia de la
Secretaría de la Función
Pública, derivadas de las
recomendaciones resultado del
proceso de evaluación de la
Convención Interamericana
contra la Corrupción de la
Organización de los Estados
Americanos.
Valor variable 1
0
Fuente de
información
variable 1
Reportes de las Unidades
Administrativas de la
Función Pública al área
internacional
Nombre variable 2
2.- APCICC = Acciones
programadas, competencia de la
Secretaría de la Función
Pública, derivadas de las
recomendaciones resultado del
proceso de evaluación de la
Convención Interamericana
contra la Corrupción de la
Organización de los Estados
Americanos.
Valor variable 2
0
Fuente de
información
variable 2
Programa de trabajo de la
Secretaría de la Función
Pública para atender las
recomendaciones derivadas
de las convenciones
internacionales
anticorrupción. Las
recomendaciones se
encuentran publicadas en
los informes finales
derivados de las cinco
rondas de análisis de esta
Convención.
 
Nombre variable 3
3.- ARCCCSPETCI = Acciones
realizadas, competencia de la
Secretaría de la Función
Pública, derivadas de las
recomendaciones resultado del
proceso de evaluación de la
Convención para Combatir el
Cohecho de Servidores Públicos
Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales de
la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos
Valor variable 1
0
Fuente de
información
variable 3
Reportes de las Unidades
Administrativas de la
Función Pública al área
internacional
Nombre variable 4
4.- APCCCSPETCI = Acciones
programadas, competencia de la
Secretaría de la Función
Pública, derivadas de las
recomendaciones resultado del
proceso de evaluación de la
Convención para Combatir el
Cohecho de Servidores Públicos
Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales de
la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos.
Valor variable 4
0
Fuente de
información
variable 4
Programa de trabajo de la
Secretaría de la Función
Pública para atender las
recomendaciones derivadas
de las convenciones
internacionales
anticorrupción. Las
recomendaciones se
encuentran publicadas en el
reporte final derivado de la
4° fase de evaluación de
esta Convención.
Nombre variable 5
5.- ARCNUCC = Acciones
realizadas, competencia de la
Secretaría de la Función
Pública, derivadas de las
recomendaciones resultado del
proceso de evaluación de la
Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción.
Valor variable 5
0
Fuente de
información
variable 5
Reportes de las Unidades
Administrativas de la
Función Pública al área
internacional.
Nombre variable 6
6.- APCNUCC = Acciones
programadas, competencia de la
Secretaría de la Función
Pública, derivadas de las
recomendaciones resultado del
proceso de evaluación de la
Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción
Valor variable 6
0
Fuente de
información
variable 6
Programa de trabajo de la
Secretaría de la Función
Pública para atender las
recomendaciones derivadas
de las convenciones
internacionales
anticorrupción. Las
recomendaciones se
encuentran publicadas en
los informes de México
derivados del primer y
segundo ciclo de evaluación
de esta Convención
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
Los datos para la primera medición estarán disponibles en 2020.
Nota: A septiembre de 2019, se cuenta con un total de 59 recomendaciones competencia de la Secretaría de la
Función Pública. Sin embargo, este número está sujeto a la aprobación de su nuevo Reglamento Interior y del
programa de trabajo por acordar.
Asimismo, derivado de los procesos de evaluación, el número de recomendaciones sufrirá variaciones en el
transcurso del sexenio.
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
ND
Al ser una nueva medición, no se cuenta con datos para la
línea base.
El año de la línea base es 2020.
Año
2020
META 2024
Nota sobre la meta 2024
70
La primera medición se hará en 2020
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
 
 
 
 
 
0
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
30
40
50
60
70
Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 5
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
5.1 Porcentaje de instituciones de la Administración Pública Federal que implementan las políticas de
organización y profesionalización.
Objetivo prioritario
Promover la profesionalización de las personas servidoras públicas, así como aprobar y registrar las estructuras
organizacionales de la Administración Pública Federal, con criterios de eficiencia, transparencia y austeridad.
Definición o
descripción
Mide el porcentaje de las instituciones de la Administración Pública Federal que implementan políticas de
organización y profesionalización.
Nivel de
desagregación
APF
Periodicidad o frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o periódico
Acumulado
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Marzo
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad Responsable de
reportar el avance
27.- Función Pública
Unidad de Política de Recursos
Humanos de la Administración
Pública Federal
Método de cálculo
(Número de instituciones de la Administración Pública Federal que implementan las políticas de organización y
profesionalización/total de las instituciones de la Administración Pública Federal que registran información en el
Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal, denominado RUSP)*100
Observaciones
Se considera un indicador de cobertura, dado que abarca el total de dependencias, órganos administrativos
desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal, que implementan las políticas de
organización y profesionalización, que registran información en el Registro de Servidores Públicos del Gobierno
Federal, denominado RUSP.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- Número de
Instituciones que
registran y
aprueban
estructuras con
criterios de
eficiencia,
transparencia,
austeridad y
acciones de
profesionalización
Valor variable 1
0
Fuente de
información
variable 1
Registros de información de
la Unidad de Política de
Recursos Humanos de la
Administración Pública
Federal
Nombre variable 2
2.- Dependencias,
órganos
administrativos
desconcentrados y
entidades de la
Administración
Pública Federal
que registran
estructuras y
acciones de
profesionalización
Valor variable 2
289
Fuente de
información
variable 2
Registros de información de
la Unidad de Política de
Recursos Humanos de la
Administración Pública
Federal
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
Los datos para la primera medición estarán disponibles durante el primer trimestre, una vez concluido el ejercicio
presupuestal.
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
0
Se trata de una medición nueva por lo que el valor de la línea base se
establece en 0 (cero). La primera medición se realizará en el año 2020.
El año de la línea base es 2019.
Año
2019
META 2024
Nota sobre la meta 2024
95
 
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
 
 
 
 
 
 
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
20
40
60
80
95
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 5
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
5.2 Porcentaje de estructuras orgánicas con análisis organizacional, que cumplan con criterios de eficiencia,
transparencia y austeridad.
Objetivo prioritario
Promover la profesionalización de las personas servidoras públicas, así como aprobar y registrar las estructuras
organizacionales de la Administración Pública Federal, con criterios de eficiencia, transparencia y
austeridad.ad.
Definición o
descripción
Mide el porcentaje de las estructuras orgánicas que cumplen con los criterios de eficiencia, transparencia y
austeridad.
Nivel de
desagregación
APF
Periodicidad o frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Gestión
Acumulado o periódico
Periódico
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Marzo
Tendencia esperada
Constante
Unidad Responsable de
reportar el avance
27.- Función Pública
Unidad de Política de Recursos
Humanos de la Administración
Pública Federal
Método de cálculo
(Número de solicitudes de estructuras orgánicas analizadas que cumplen con los criterios de eficiencia,
transparencia y austeridad / Número de solicitudes recibidas de las dependencias, órganos administrativos
desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal para registrar estructura de los citados
criterios)*100
Observaciones
Se considera un indicador de cobertura, dado que abarca el total de dependencias, órganos administrativos
desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal que registran sus estructuras orgánicas.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre
variable 1
1.- Número de solicitudes
de estructuras orgánicas
analizadas que cumplen
con los criterios de
eficiencia, transparencia y
austeridad
Valor variable
1
0
Fuente de
información
variable 1
Registros de información de
la Unidad de Política de
Recursos Humanos de la
Administración Pública
Federal
Nombre
variable 2
2.- Número de solicitudes
recibidas de las
dependencias, órganos
administrativos
desconcentrados y
entidades de la
Administración Pública
Federal para registrar su
estructura con dichos
criterios
Valor variable
2
0
Fuente de
información
variable 2
Registros de información de
la Unidad de Política de
Recursos Humanos de la
Administración Pública
Federal
Sustitución
en método de
cálculo del
indicador
Los datos para la primera medición estarán disponibles durante el primer trimestre, una vez concluido el ejercicio
presupuestal.
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
0
Se trata de una medición nueva por lo que el valor de la línea base se
establece en 0 (cero). La primera medición se realizará en el año 2020.
El año de la línea base es 2019.
Año
2019
META 2024
Nota sobre la meta 2024
95
Al igual que la meta 2024, las metas intermedias se marcan en niveles
de 95%.
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
 
 
 
 
 
 
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
95
95
95
95
95
Parámetro 2 del Objetivo prioritario 5
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
5.3 Porcentaje de cumplimiento de acciones para profesionalización
Objetivo prioritario
Promover la profesionalización de las personas servidoras públicas, así como aprobar y registrar las estructuras
organizacionales de la Administración Pública Federal, con criterios de eficiencia, transparencia y
austeridad.ad.
Definición o
descripción
Mide el porcentaje de cumplimiento de las acciones de profesionalización establecidas para cada componente
por periodo establecido
Nivel de
desagregación
APF
Periodicidad o frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Gestión
Acumulado o periódico
Periódico
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Marzo
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad Responsable de
reportar el avance
27.- Función Pública
Unidad de Política de Recursos
Humanos de la Administración
Pública Federal
Método de cálculo
(Acciones de profesionalización cumplidas /Total de acciones de profesionalización programadas)*100
Observaciones
Se considera un indicador de gestión a la expresión cuantitativa del comportamiento, desempeño, desarrollo y
logros de un programa.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- Acciones
de
profesionaliz
ación
cumplidas
Valor variable 1
0
Fuente de
información
variable 1
Registros de información
generada por la Unidad de
Política de Recursos
Humanos de la APF y
aquella proporcionada por
las dependencias y
entidades de la APF.
Nombre variable 2
2.- Total de
acciones de
profesionaliz
ación
programada
s
Valor variable 2
0
Fuente de
información
variable 2
Registros de información
generada por la Unidad de
Política de Recursos
Humanos de la APF y
aquella proporcionada por
las dependencias y
entidades de la APF.
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
Los valores para realizar la primera medición estarán disponibles en el primer trimestre del año
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
0
Al ser un proyecto que busca el relanzamiento de la política de
profesionalización de los servidores públicos a partir de nuevas
acciones en la materia, desde un enfoque diferente, se parte de la base
establecida en ejercicios previos para construir a partir de ello, un nuevo
paradigma de profesionalización, acorde a las necesidades actuales y
prospectiva del servicio público mexicano.
Al tratarse de una nueva política no hay mediciones previas y se
considera como línea base 0 (cero). La primera medición se realizará
en el año 2020.
El año de la línea base es 2019.
Año
2019
META 2024
Nota sobre la meta 2024
95
El cumplimiento de la meta 2024 está sujeto a las disposiciones y
condiciones de carácter presupuestal y técnico que se determinen en
cada ejercicio fiscal.
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
 
 
 
 
 
 
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
 
 
 
 
95
Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 6
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
6.1 Promoción de la ciudadanización para disuadir la corrupción
Objetivo prioritario
Facilitar la participación ciudadana en procesos de vigilancia, vinculación social y empresarial, denuncias,
alertamiento interno y externo, atención a víctimas y defensoría de responsabilidades de servidores públicos, en
la Administración Pública Federal.
Definición o
descripción
Mide el porcentaje de dependencias y entidades que realizaron acciones de promoción e implementación de
mecanismos de prevención en materia de vigilancia ciudadana, vinculación social y empresarial, alertamiento
interno y externo, atención a posibles víctimas y de servicios de asesoría de responsabilidades administrativas
para disuadir la corrupción.
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o
frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o
periódico
Acumulado
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de
recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Diciembre
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad
Responsable de
reportar el avance
27.- Función Pública
Coordinación General de
Ciudadanización y Defensa de
Víctimas de la Corrupción
Método de cálculo
(NDIMC / NDE) X 100 = Tasa de Ciudadanización para disuadir la corrupción %
Observaciones
En virtud de que los Programas y las Estrategias procedentes de la Coordinación General de Ciudadanización y
Defensa de Víctimas de la Corrupción (CGCDVC) derivadas del Objetivo Prioritario recién han sido elaboradas,
aún no se cuenta con una línea de base histórica para establecer variables y parámetros de medición
observables.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable
1
1.- NDIMC = número de dependencias
y entidades que realizan acciones de
promoción e implementación de
mecanismos de prevención en materia
de vigilancia ciudadana, vinculación
social y empresarial, alertamiento
interno y externo, atención a posibles
víctimas y de servicios de asesoría de
responsabilidades administrativas para
disuadir la corrupción
Valor
variable 1
0
Fuente de
información
variable 1
Registros de información
generada por la CGCDVC
Nombre variable
2
2.- NDE = número de dependencias y
entidades de la APF
Valor
variable 2
206
Fuente de
información
variable 2
Registros de información
generada por la CGCDVC
Sustitución en
método de
cálculo del
indicador
Tasa de ciudadanización = (0/ Número de dependencias y entidades de la APF) *100
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
0
No hay dato para definir una línea de base debido a que el
Objetivo prioritario implementará acciones programáticas de
reciente creación y la primera medición se realizará en 2020.
Año
2018
META 2024
Nota sobre la meta 2024
100
El indicador de la Meta de bienestar engloba las acciones
programáticas de las distintas áreas de política de la
CGCDVC.
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
 
 
 
 
 
0
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
80
85
90
95
100
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 6
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
6.2 Asesorías sobre el funcionamiento e implementación de mecanismos y acciones de ciudadanización
Objetivo prioritario
Facilitar la participación ciudadana en procesos de vigilancia, vinculación social y empresarial, denuncias,
alertamiento interno y externo, atención a víctimas y defensoría de responsabilidades de servidores públicos, en
la Administración Pública Federal.
Definición o
descripción
Mide el porcentaje de cumplimiento en la atención de asesorías solicitadas por las dependencias y entidades de
la APF en materia de mecanismos y acciones de ciudadanización vigilancia ciudadana, vinculación social y
empresarial, alertamiento interno y externo, atención a posibles víctimas y servicios de asesoría de
responsabilidades administrativas para disuadir la corrupción.
Nivel de
desagregación
Dependencias de la APF
Periodicidad o frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Gestión
Acumulado o periódico
Acumulado
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Diciembre
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad Responsable de
reportar el avance
27.- Función Pública
Coordinación General de
Ciudadanización y Defensa de
Víctimas de la Corrupción
Método de cálculo
(nABFC /nASFC) X 100 = Porcentaje de asesoramiento sobre ciudadanización en APF
Observaciones
En virtud de que los programas y las estrategias procedentes de la Coordinación General de Ciudadanización y
Defensa de Víctimas de la Corrupción (CGCDVC) derivadas del Objetivo prioritario recién han sido elaborados,
aún no se cuenta con una línea de base histórica para establecer variables y parámetros de medición
observables.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre
variable 1
1.- nABFC = número de
asesorías brindadas
sobre el funcionamiento
e implementación de la
ciudadanización
Valor variable 1
0
Fuente de
información
variable 1
Registros de información
generada por la CGCDVC
Nombre
variable 2
2.- nASFC = número de
asesorías solicitadas
sobre el funcionamiento
e implementación de la
ciudadanización
Valor variable 2
0
Fuente de
información
variable 2
Registros de información
generada por la CGCDVC
Sustitución en
método de
cálculo del
indicador
Los datos para realizar la primera medición estarán disponibles en el portal de la Coordinación a partir del segundo
trimestre del 2020.
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
ND
La estimación responde a la ausencia de medición de este tipo de
parámetro para años anteriores y desde luego, para el año 2018.
El año de la línea base es 2020.
Año
2020
META 2024
Nota sobre la meta 2024
90
El indicador del Parámetro de bienestar engloba las acciones de
asesoría brindadas en las distintas áreas de política de la CGCDVC.
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
 
 
 
 
 
 
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
70
75
80
85
90
Parámetro 2 del Objetivo prioritario 6
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
6.3 Ampliación de Mecanismos de Ciudadanización (AMC)
Objetivo prioritario
Facilitar la participación ciudadana en procesos de vigilancia, vinculación social y empresarial, denuncias,
alertamiento interno y externo, atención a víctimas y defensoría de responsabilidades de servidores públicos, en
la Administración Pública Federal.
Definición o
descripción
Mide la variación porcentual de los mecanismos de ciudadanización implementados por las dependencias y
entidades de la APF
Nivel de
desagregación
Dependencias de la APF
Periodicidad o frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Gestión
Acumulado o periódico
Periódico
Unidad de medida
Tasa
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Diciembre
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad Responsable de
reportar el avance
27.- Función Pública
Coordinación General de
Ciudadanización y Defensa de
Víctimas de la Corrupción
Método de cálculo
[( nMCt - nMCt-1 )/ nMCt-1 ] * 100 = Cambio Porcentual de Mecanismos de Ciudadanización (CPMC) %
Observaciones
En virtud de que los programas y las estrategias procedentes de la Coordinación General de Ciudadanización y
Defensa de Víctimas de la Corrupción (CGCDVC) derivadas del Objetivo prioritario no tienen antecedentes,
pues recién han sido elaboradas, aún no se cuenta con una línea de base histórica para establecer variables y
parámetros de medición observables.
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- Número de
Mecanismos de
Ciudadanización
implementados
en el periodo t =
(nMCt)
Valor variable 1
0
Fuente de
información
variable 1
Registros de información
generada por la CGCDVC
Nombre variable 2
2.- Número de
Mecanismos de
Ciudadanización
implementados
en el periodo t-1
= (nMCt-1)
Valor variable 2
0
Fuente de
información
variable 2
Registros de información
generada por la CGCDVC
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
[( nMCt-nMCt-1 )/nMCt-1 ] * 100 = CPMC%
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
0
La primera medición se realizará a partir del año 2020.
El año de la línea base es 2020.
Año
2020
META 2024
Nota sobre la meta 2024
30
El indicador del parámetro de bienestar engloba las acciones
programáticas de las distintas áreas de política de la CGCDVC.
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
 
 
 
 
 
 
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
 
15
20
25
30
9.- Epílogo: visión de largo plazo
El gobierno de la Cuarta Transformación aspira a consolidar el bienestar de la ciudadanía mediante una nueva ética de trabajo que auspicie la honestidad, la eficacia, la profesionalización y la transparencia de la labor gubernamental con estricta observación de la ley, en un contexto en el que la corrupción se castiga, el derroche se elimina, la ineficacia se termina, la fiscalización de los fondos públicos se ciudadaniza, la denuncia se protege, la transparencia se garantiza y se generan ahorros en los recursos públicos orientados a satisfacer los objetivos del desarrollo nacional.
 
El mandato expresado en las urnas en la elección de 2018 fue claro: era necesario un cambio de rumbo en la forma en que se gastaba el dinero público y había que terminar con la simulación que implicaba un aparente combate a la corrupción y a la impunidad que sólo tenía eco en los medios de comunicación y en las redes sociales pero contadas acciones legales y sanciones en contra de quienes abusaban de su posición para enriquecerse.
En el caso de la SFP y sus antecesoras (la SECOGEF y la SECODAM), la historia demostró que privilegiar el enfoque punitivo, en primera instancia, y el preventivo posteriormente, así como el fortalecimiento de atribuciones, no resultaron medios efectivos para combatir la corrupción y la impunidad, en tanto faltara la voluntad política para hacerles frente. De seguir por ese camino, la crisis de credibilidad en la capacidad del Estado para combatir ambos flagelos se habría profundizado de tal manera que su legitimidad y margen de maniobra se hubieran visto seriamente cuestionados; el saqueo de los recursos públicos seguiría, con la consiguiente afectación para la ciudadanía y la economía del país, y el prestigio internacional de México se hubiera mermado de tal manera que sería difícil la captación de inversión extranjera.
Es por ello que esta dependencia, que tiene a su cargo vigilar y, en su caso, sancionar las actividades de los servidores públicos federales; auditar el gasto público; promover el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, así como impulsar la mejora de la gestión pública, se ha propuesto coadyuvar al logro del objetivo general del PND, que es el de transformar la vida pública del país para lograr un mayor bienestar para toda la población, así como contribuir a la realización de los principios siguientes:
ü     Honradez y honestidad
ü     No al gobierno rico con pueblo pobre
ü     Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie
ü     No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera
ü     Democracia significa el poder del pueblo
ü     Ética, libertad y confianza
Se estima que para 2024, a partir del cumplimiento de los objetivos, estrategias y acciones de este Programa Sectorial, se habrá dado un importante avance para afianzar el bienestar y economía de los mexicanos por medio del combate frontal a la corrupción y a la impunidad, de manera que los casos que se detecten sean investigados y sancionados eficientemente, para que ningún servidor público se enriquezca a costa del dinero del pueblo. Asimismo, se espera que la política de austeridad reoriente el gasto para beneficio de la población y sirva para impulsar proyectos de inversión y de infraestructura que propicien el desarrollo económico, con énfasis en las comunidades menos favorecidas. En suma, la perspectiva es que para ese año se alcance el objetivo prioritario de que la población de México viva en un entorno de bienestar.
Asimismo, con el cumplimiento de los principios generales del PND; los cinco ejes estratégicos para el relanzamiento de la SFP 1) Ciudadanización del combate a la corrupción y a la impunidad; 2) Democratización de las tecnologías; 3) Protección a los ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción; 4) Impulso de la profesionalización y el servicio profesional de carrera, y 5) Austeridad republicana, fiscalización y evaluación de la gestión pública, y los objetivos del presente programa sectorial, la perspectiva para los próximos 20 años es la de la corrupción erradicada; impunidad cero; un servicio público permeado por la honestidad, la integridad y el comportamiento ético de quienes trabajen para el Estado; la profesionalización del servicio público con perspectiva de género y enfoque en el cumplimiento de metas y objetivos, y el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación para hacer más eficientes, austeras y transparentes la toma de decisiones y la rendición de cuentas.
Finalmente, el Programa Sectorial de Función Pública abrirá canales para la evaluación y el diálogo entre los ciudadanos y servidores públicos, mediante mecanismos consultivos, plataformas, foros sociales y tecnologías informáticas que afiancen la transparencia y rendición de cuentas y eliminen los flagelos de la corrupción y la impunidad.
__________________________
 
1     Resolución 58/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 31 de octubre de 2003, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, disponible en http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
2     ENCIG 2019.
3     INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019.
 
4     ENCIG 2019.
5     Los estudios referidos muestran una clara asociación entre desconfianza y percepción de corrupción e impunidad.
6     Proyecto de Nación 2018-2024, p. 15.
7     ENCIG 2019.
8     Ibid.
9     Acuerdo por el que se da a conocer la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2019.
10    Decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Política publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de mayo de 2015. Entre los diversos artículos constitucionales objeto de reforma se encuentran los siguientes: Art. 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 113, 116, 122.
11    Como parte de esta reforma se creó la LGSNA, cuyo objetivo es establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Asimismo, en este marco, se creó la LGRA.
12    Fracciones XIII, XXIII, XXV y XXVI
13    Open data barometer (2018). World wide web foundation, Disponible en:
https://opendatabarometer.org/doc/leadersEdition/ODB-leadersEdition-Report.pdf
14    Global Open Data Index 2016/2017 (2017), Open Knowledge Foundation, Disponible en: https://index.okfn.org/place/
15    Si bien las calificaciones internacionales reportan la ausencia de datos abiertos en materia de Gasto gubernamental, es posible identificar en la página de https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ conjuntos de información y visualizaciones de datos abiertos referentes al gasto en obra pública y contrataciones.
16    Disponible en:
https://www.asf.gob.mx/uploads/78_Estudios_sobre_la_percepcion_de_la_ASF/WEB_ASF_Progress_report_SPANISH_junio_2018.pdf
17    Destacan la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion.asp http://www.pgramaanticorrupcion.gob.mx/web/doctos/cooperacion/convenciones/ocde/texto_de_la_convencion_espanol.pdf
Asimismo, destaca la Convención de Mérida - Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU) https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion_de_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf
18    INEGI, Estadísticas a propósito del día internacional contra la corrupción, Comunicado de prensa 644/19, 5 de diciembre de 2019.