PROGRAMA Sectorial de Bienestar 2020-2024.
Secretaría de Bienestar
PROGRAMA SECTORIAL DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
1.- Índice
1.- Índice
2.- Fundamento normativo de elaboración del programa
3.- Siglas y acrónimos
4.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
5.- Análisis del estado actual
a. Antecedentes históricos
b. Hacia la construcción de una política de bienestar
c. Diagnóstico de la situación actual
6.- Objetivos prioritarios
7.- Estrategias prioritarias y Acciones puntuales
8.- Metas para el bienestar y los Parámetros
9.- Epílogo: Visión hacia el futuro
10.- Anexos
2.- Fundamento normativo de elaboración del programa
En el marco de la normatividad referente a la planeación nacional del desarrollo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 25 y 26 que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. Asimismo, el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación, para lo cual habrá un Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal (APF).
Bajo estos principios, la Ley de Planeación establece en su artículo 16, fracción III, que la elaboración de los programas sectoriales se hará considerando las propuestas que, en su caso, presenten las entidades del sector, los órganos constitucionales autónomos, y los gobiernos de las entidades federativas, así como las que deriven de los ejercicios de participación social y de los pueblos y comunidades indígenas interesados. En este sentido, corresponderá a la Secretaría de Bienestar coordinar la publicación, ejecución y seguimiento del presente Programa. Asimismo, en su artículo 21 señala que el PND precisará los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución; y establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional. Adicionalmente, en sus artículos 22 y 23 precisa que las dependencias de la APF deberán coordinar la elaboración y ejecución de los programas especiales y regionales que les correspondan conforme a sus atribuciones y asegurar la congruencia de éstos con el PND.
Asimismo, en los artículos 26 y 26 Bis de la Ley de Planeación se establece que los programas derivados del PND deberán contener al menos los siguientes elementos: un diagnóstico de la problemática a atender, objetivos específicos, estrategias, líneas de acción e indicadores estratégicos. Finalmente, en el artículo 29 establece que los programas sectoriales, como el Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024 (PSB) deberán ser sometidos a consideración y aprobación del Presidente de la República, por la dependencia coordinadora del sector, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por otra parte, en materia de derechos sociales reconocidos en nuestro país, la Constitución establece en su artículo 1o., la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, de género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El artículo 2o., en sus apartados B y C señala que la Federación, las entidades federativas y municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los pueblos indígenas y afromexicanos, y eliminar cualquier práctica discriminatoria establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de sus derechos, el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos; además, reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación con todos los derechos señalados en la Constitución, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.
El artículo 3o. constitucional señala que toda persona tiene derecho a la educación, la cual será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de toda persona a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; así como el derecho que toda familia tiene a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. El artículo 25, de la Constitución, establece que, bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas del sector social, y que la ley establecerá los mecanismos que faciliten su organización y la expansión de su actividad económica.
En lo que respecta a la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), ésta tiene dentro de sus objetos garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social. La Secretaría de Bienestar es la instancia responsable de su ejecución y deberá atender el mandato de las fracciones II, III y IV del artículo 1 de la LGDS, las cuales señalan las obligaciones del Gobierno de México para establecer las instituciones responsables del desarrollo social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Nacional de Desarrollo Social; establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los gobiernos municipales, de las entidades federativas y el federal, así como determinar la competencia de los tres órdenes de gobierno en materia de desarrollo social y las bases para la concertación de acciones con los sectores social y privado. Asimismo, el artículo 6 de la LGDS establece que son derechos para el desarrollo social: la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social, y los relativos a la no discriminación en los términos señalados por la Constitución.
Adicionalmente, la fracción V, del artículo 1 de la LGDS establece como uno de sus objetos el fomento del sector social de la economía. En la fracción V, de su artículo 14 se establece que la Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, el fomento del sector social de la economía. La fracción VIII, del artículo 19, establece que son prioritarios y de interés público los programas y fondos públicos destinados a las empresas del sector social. Además, en el Titulo Tercero de la Política Nacional de Desarrollo Social, en su capítulo V, se indican las acciones gubernamentales de fomento del sector social de la economía.
Por otra parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación prohíbe la discriminación y establece que corresponde a las instancias públicas federales la eliminación de los obstáculos que impidan la igualdad en derechos y el pleno desarrollo de las personas, además de la obligación de adoptar medidas para que toda persona goce, sin discriminación, de los derechos humanos y las libertades consagradas constitucionalmente.
El presente Programa Sectorial se apega a los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los principios en materia de derecho internacional, como fundamentos jurídicos que sustentan la política de bienestar del gobierno actual y que está orientada a beneficiar a los sujetos de derecho.
Además de lo anterior, hay que considerar que el PND establece como objetivo superior el bienestar general de la población y se articula en tres ejes nacionales con sus respectivas estrategias para construir un México justo, pacífico, libre, solidario, democrático, próspero y feliz. Al respecto, los ejes principales son: Política y Gobierno; Política Social y Economía.
Finalmente, tomando en cuenta la normatividad en materia de planeación del desarrollo nacional, acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha suscrito nuestro país, así como los compromisos establecidos en el PND, se ha estructurado el presente Programa Sectorial de Bienestar cuyo objetivo es contribuir al bienestar general de la población, bajo un enfoque de derechos humanos, transversal, diferencial, incluyente, intercultural y con perspectiva de género.
3.- Siglas y acrónimos
APF: Administración Pública Federal.
CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres.
CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
CONAPO: Consejo Nacional de Población.
CONAPRED: Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación.
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DOF: Diario Oficial de la Federación.
ENADIS: Encuesta Nacional sobre Discriminación.
ENDIREH: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.
ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.
FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
FONART: Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.
INDESOL: Instituto Nacional de Desarrollo Social.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
LESS: Ley de Economía Social y Solidaria.
LGBTTTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexuales e Intersexuales.
LGDS: Ley General de Desarrollo Social.
MCS: Módulo de Condiciones Socioeconómicas.
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.
OIT: Organización Internacional del Trabajo.
ONU: Organización de las Naciones Unidas.
PIB: Producto Interno Bruto.
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
PSB: Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024.
4.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
La totalidad de las acciones que se consideran en este Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus Objetivos prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas acciones y el seguimiento y reporte de las mismas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el Programa, mientras éste tenga vigencia.
Introducción
La Secretaría de Bienestar presenta este Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024 para delinear la nueva política social de México que está centrada en las personas como sujetos de derechos y busca construir el inicio de un estado de bienestar para todas y todos los mexicanos.
Nos proponemos cumplir con el mandato del PND y honrar el pacto social que le corresponde cumplir al gobierno para generar las condiciones que permitan asegurar el acceso universal al bienestar, comenzando por los grupos sociales histórica y sistemáticamente discriminados y excluidos, pues son los más vulnerables a la pobreza y marginación: las personas adultas mayores, las niñas y niños en orfandad, las personas con discapacidad, los pueblos y comunidades indígenas, las personas afromexicanas, las y los campesinos, las personas migrantes y refugiadas, entre otras, respondiendo a su condición de sujetos de derechos.
Desde la Secretaría de Bienestar hemos construido este PSB que permitirá en los siguientes años, articular acciones de política social con un modelo de universalismo garantista, donde el Estado garantice de manera progresiva el acceso efectivo a los derechos sociales para toda la población, sin discriminación de ninguna índole y promueva la construcción de mecanismos con un enfoque de derechos humanos que contribuyan a que sean ejecutables y exigibles.
Estamos avanzando hacia la construcción de un estado de bienestar en México, donde se redefina el papel que el Estado debe tener para alejarnos de la tradición conservadora y autoritaria de pensar el bienestar como una mercancía accesible solo para aquellos que pueden pagar por él y no como un derecho humano que tenemos todas las personas que habitan en México. Un Estado donde el ciudadano se convierta en parte activa, dinámica y constante de la transformación de su entorno. Un Estado que aplique el principio de que se puede gobernar para el pueblo y con el pueblo.
Queremos marcar un parteaguas en la historia del país. Si el modelo económico de las últimas décadas despojó al Estado de su papel como garante de los derechos de las personas que habitan en México, hoy estamos frente a una oportunidad histórica para cambiar lo que fue un régimen de bienestar conservador autoritario donde los derechos sociales sólo eran reconocidos a aquellos grupos capaces de forjar una relación clientelar con el régimen político en turno, donde la seguridad social no era un derecho sino el producto de la capacidad de presión de grupos muy específicos. Consideramos necesario reconocer las fracturas históricas de la sociedad mexicana y cómo esas políticas deben ser reparadas y reordenadas.
Ésta es una decisión que el Gobierno de México toma para modificar la concepción del papel del Estado en la provisión de bienestar, en su creación y distribución. El concepto de bienestar de la nueva política social debe invocar la efectividad de los derechos humanos como condición fundamental para el desarrollo de capacidades; de manera consecuente, la falta de bienestar se manifiesta con el incumplimiento de los derechos humanos. Por ello, la pobreza se concibe como un problema de derechos, que es, a su vez, el obstáculo principal de las capacidades de desarrollo para el bienestar de las personas en nuestro país.
Por lo tanto, con el PSB la Secretaría de Bienestar tiene como objetivo combatir las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias que obstaculizan el acceso a una vida digna de las y los mexicanos que más lo necesitan, desde un enfoque de ciclo de vida, intercultural y con perspectiva de género, que atienda los riesgos vinculados a las etapas etarias de la vida, con énfasis en las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres y hombres, migrantes, refugiados, personas campesinas pobres, población indígena, afromexicana y población LGBTTTI.
Con este PSB aspiramos a lograr que la política de bienestar pase del ámbito tradicional de ofrecer bienes y servicios que permitan acceder a oportunidades a un enfoque garantista de derechos humanos. La diferencia consiste en que las oportunidades son circunstancias azarosas y temporales o concesiones discrecionales sujetas a término que se le presentan a una persona entre muchas y que pueden ser aprovechadas o no; en cambio, los derechos son inmanentes a la persona, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio.
En el presente PSB, el Gobierno de México reconoce la titularidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y busca cambiar desde la política de bienestar la lógica de los procesos de elaboración e implementación de políticas a través de instrumentos que permitan asegurar los derechos individuales y sociales, para corregir el enfoque asistencialista y destacar el reconocimiento de personas con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas.
En este enfoque garantista de derecho los planes, las políticas, los programas y los procesos de desarrollo están anclados en un sistema de derechos establecidos en la Constitución, así como en las normas internacionales suscritas, celebradas o ratificadas por el Estado mexicano. El enfoque garantista de derechos humanos está basado en los principios de: universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, igualdad y no discriminación, libertad, inclusión y cohesión social.
Alineación del Programa Sectorial de Bienestar con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
El Gobierno de México publicó el 12 de julio de 2019 en el DOF, el PND como un instrumento para enunciar los problemas nacionales y proyectar su solución, delineando también la misión de las dependencias a cargo de los programas para el desarrollo que, en su conjunto, deberán lograr la transformación de México.
El PND es muy claro en establecer como objetivo superior lograr el bienestar general de la población, donde el poder público sirva al interés público mientras que la vigencia del Estado de derecho sea complementada por una nueva ética social.
La Secretaría de Bienestar tiene como principal responsabilidad contribuir a que la política social permita a las y los mexicanos vivir una vida digna. Después de más de treinta años de un modelo de desarrollo económico donde los gobiernos renunciaron a la obligación de construir un estado de bienestar.
En el PND se presenta la Política de Bienestar como un eje fundamental para el ejercicio de gobierno, en una praxis social vinculada a la atención de las necesidades de los sujetos de derecho en el territorio nacional, como el ejercicio de estrategias específicas con principios rectores fundamentales, que permiten dar congruencia a la política nacional con las estrategias del PSB. En dicho documento, se enuncian doce principios rectores que rigen los tres ejes del Gobierno de México, de los cuales siete orientarán de manera específica el presente PSB:
· Democracia significa el poder del pueblo.
· Honradez y honestidad.
· El mercado no sustituye al Estado.
· Por el bien de todos, primero los pobres.
· No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera.
· No más migración por hambre o por violencia.
· Economía para el bienestar.
El PSB está enfocado en dar cumplimiento al Eje 2 Política Social del PND dentro del cual se encuentran algunos de los siguientes programas para el desarrollo:
1. Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
2. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.
3. Sembrando Vida.
Adicionalmente, la Secretaría de Bienestar cuenta con los siguientes programas sociales para atender de manera integral el bienestar de la población:
1. Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF).
2. Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.
3. Programa de Fomento a la Economía Social (PFES).
4. Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural.
5. Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia (PSVJF).
6. Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART).
De igual forma, el PSB se orienta al Eje General 3. Economía del PND dentro del cual se establece que el Gobierno de México impulsará las modalidades de comercio justo y economía social y solidaria, conforme lo establecido en la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución, en lo referente al sector social de la economía (LESS).
Finalmente, otro eje estructural de la política de bienestar es el impulso del desarrollo sostenible, tal y como se refiere en el PND y conforme a los compromisos del Gobierno de México tanto a nivel internacional como con las futuras generaciones, respetando los ecosistemas tanto en sus biocenosis como en sus biotopos y sus interrelaciones armónicas con sus entornos sociales.
5.- Análisis del estado actual
a. Antecedentes históricos
El objetivo de la política económica no es producir cifras
o estadísticas armoniosas sino generar bienestar para la población.
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Las causas remotas de la desigualdad en México tienen sus orígenes en la conquista. Hecho histórico que implicó el sometimiento por medio de la violencia de una mayoría de pueblos originarios por uno de los primeros Estados modernos en la historia. Esta situación se tradujo en un desprecio y desconocimiento sistemático por la cultura y modos de vida originarios por parte de los conquistadores, así como por un tratamiento sistemáticamente discriminatorio de los pueblos indígenas que vieron en el sistema de castas una de sus peores representaciones.
De igual manera, tanto el sistema político colonial como el mantenimiento de las desigualdades contribuyeron decisivamente a la consolidación de un esquema político en el que la corrupción impregnó la totalidad de las acciones políticas y económicas del régimen novohispano. Esa suma de contradicciones alimentó la sublevación social que acompañó la guerra de independencia en México.
Dichas dinámicas de desigualdad y discriminación no tuvieron mayor transformación en el periodo del México Independiente, en el que, por las complejidades de la construcción de una nueva nación y las constantes amenazas a su existencia, los esquemas principales de la desigualdad no pudieron modificarse y se mantuvieron como una de las frecuentes causas de la inestabilidad social.
El posterior periodo liberal si bien permitió una consolidación de la nación sobre bases más sólidas no logró atender efectivamente las causas de dicha desigualdad, provocando como resultado al final del Porfiriato una mayor desigualdad e injusticia contra los más pobres y desprotegidos que implicó el advenimiento de la primera revolución social del siglo XX: la Revolución Mexicana. Este movimiento, si bien asienta por primera vez las bases para atender algunas de las causas principales de desigualdad, termina por corporativizar las primeras políticas sociales en México.
En el siglo XX México transitó de un modelo de crecimiento sostenido a una serie de crisis e inestabilidades financieras en los años setenta, las cuales culminarían en la crisis de deuda de 1982 a partir de la cual se introdujeron políticas restrictivas de ajuste y cambio estructural cuyas consecuencias padecemos actualmente. De tal manera que, de 1995 a la fecha, la economía ha regresado a la estabilidad macroeconómica a costa de un lento crecimiento, aumento de las desigualdades y pobreza para gran parte de la población del país. En consecuencia, durante el siglo XX la economía mexicana pasó del desarrollo al estancamiento estabilizador(1).
El surgimiento del Desarrollo Estabilizador
El Desarrollo Estabilizador es el término con el cual se le denominó al periodo de la economía nacional, que abarcó de 1954 a 1970, donde se logró el crecimiento económico con baja inflación y un tipo de cambio estable(2). Durante este periodo la economía creció con el modelo de sustitución de importaciones, el cual consistía en impulsar el patrón de industrialización al auspicio de la rectoría del Estado con acciones de monopolio estatal en sectores estratégicos, el fortalecimiento del mercado interno, la construcción de infraestructura social y productiva con la finalidad de impulsar los mecanismos de redistribución y movilidad social(3).
Al final de este periodo el país sufrió importantes transformaciones en sus aspectos sociales, económicos, políticos y culturales; la economía se diversificó en términos de ocupación, producción y exportaciones. Nuestro país pasó de ser una economía agrícola y rural a una predominantemente urbana e industrial, disminuyendo de manera significativa la participación de las actividades primarias en el PIB y como principal fuente de ocupación de mano de obra(4).
El fin del crecimiento y el comienzo de la inestabilidad económica
El sistema comenzó a mostrar signos de contradicción y agotamiento a partir en la década de los sesenta y entró en franca crisis durante la década de los setenta. A pesar del importante progreso material logrado en esas décadas seguía pendiente la satisfacción de los servicios educativos, médicos, vivienda e infraestructura social para gran parte de la población, había aumentado el número de desempleados y se observaba una disminución en la participación de los salarios en el ingreso nacional, millones de personas mexicanas se empobrecían en términos absolutos y relativos frenando la movilidad social y provocando el debilitamiento del mercado interno(5).
El crecimiento económico y la estabilidad de precios no había conseguido disminuir la desigual distribución del ingreso y la concentración de la riqueza; la crisis en el sector agropecuario se agudizó y millones de campesinos se encontraron en situación de pobreza extrema; en los centros urbanos se formaron los cinturones de miseria, aumentó la marginación de zonas atrasadas del país, la polarización entre el campo y ciudad se incrementó, persistió el rezago en la oferta de servicios básicos proporcionados por el Estado, al amparo del poder político surgieron monopolios y oligopolios, comenzó la penetración del capital extranjero y el debilitamiento del sector público(6). Desde esta retrospectiva, el desarrollo estabilizador, también fue, a la larga, desestabilizador. Contribuyendo a mantener la pobreza y la desigualdad en México.
b. Hacia la construcción de una política de bienestar
De la protección social a un sistema de bienestar
En las últimas décadas los modelos de cobertura ante riesgos sociales han cambiado al pasar de un esquema de seguridad social al más extenso e incluyente de protección social(7). La seguridad social ha quedado rebasada por las necesidades de la población y se necesita pasar del esquema tradicionalista de redes a uno de protección que resguarde adecuadamente, las oportunidades de desarrollo individual ante eventos coyunturales que pueden incidir de manera permanente o transitoria en la pobreza de individuos o familias a lo largo de su curso de vida(8). El nuevo esquema de bienestar propuesto por el Gobierno de México supera dichos paradigmas al poner el énfasis en asegurar a las personas niveles de bienestar y lograr condiciones para detonar las capacidades de la población para enfrentar situaciones de riesgo o vulnerabilidad.
Esta administración define a la pobreza como la privación de bienestar de manera pronunciada, es decir, la falta de acceso a capacidades básicas para funcionar en la sociedad y de un ingreso adecuado para enfrentar necesidades de educación, salud, seguridad, empoderamiento y derechos básicos(9). Con la pretensión de atacar dichas causas los programas sociales focalizados aumentaron considerablemente en las últimas décadas del régimen neoliberal en México(10). Sin embargo, diversos expertos han señalado que la pobreza no se remedia únicamente con programas de transferencias condicionadas y focalizadas individualmente buscando asegurar un piso mínimo de aquellos derechos, considerados en los indicadores de la medición multidimensional de la pobreza, sino que es preciso transitar hacia un sistema de bienestar universal basado en derechos efectivos que pueda hacer frente a los riesgos sociales y económicos a los cuales se enfrentan la población, creando un sistema equitativo de bienestar con cobertura completa en todo el ciclo de vida de las personas, contribuyendo a reducir la brecha de desigualdad y garantizando el desarrollo integral de los individuos y sus comunidades en condiciones de igualdad de género y no discriminación(11).
Importancia del concepto de bienestar y desarrollo humano
A partir de los trabajos de Amartya Sen se ha dado un interés por medir las dimensiones del desarrollo humano y contar con un índice consistente para medir el avance o retroceso en el bienestar de las personas y no únicamente en el crecimiento económico de un país. Para tal fin, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaboró el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual es una medida ponderada de tres indicadores que aseguran tres dimensiones del bienestar de las personas: ingreso, salud y educación(12).
En este sentido, el concepto de bienestar debe invocar el acceso efectivo a los derechos humanos como condición fundamental para el desarrollo de las personas. Debe, además, ser más social y humano, distinto a la visión en la que basta con garantizar pisos mínimos de derechos e ingresos sino en el desarrollo de las capacidades que tiene cada persona para poder hacer efectivos sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por lo anterior, la falta de bienestar se manifiesta en el incumplimiento de la efectividad de los derechos humanos. En esta nueva etapa de la vida nacional el Gobierno de México no será gestor de oportunidades, como se presentó en la política social del régimen neoliberal, sino que será, en cambio, garante de derechos.
Enfoque de la política de bienestar
| Las mediciones multidimensionales de la pobreza tienen su sustento teórico en la difusión y predominio de marcos conceptuales sobre el desarrollo y el bienestar, como son los enfoques basados en derechos humanos y oportunidades. Reconociendo lo anterior, la política de bienestar pasará del ámbito tradicionalista de ofrecer oportunidades a un enfoque garantista de derechos. | Figura 1. Enfoque de la política de bienestar  FUENTE: Secretaría de Bienestar. |
Al reconocer la titularidad de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, políticos y civiles, la política del bienestar busca cambiar la lógica de los procesos de diagnóstico, elaboración, ejecución y evaluación de planes y programas, para corregir el enfoque asistencialista y dar paso al reconocimiento de sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas. Como se ilustra en la Figura 1, el nuevo enfoque estará basado en la universalidad de derechos humanos, el ciclo de vida de las personas, la participación social y comunitaria, la perspectiva territorial, la pertinencia cultural, la transparencia y honestidad, todo ello bajo dos ejes transversales: inclusión productiva e igualdad de género.
Este enfoque está basado en un sistema de derechos reconocidos en nuestra Constitución y por normas internacionales en materia de derechos humanos que conllevan a obligaciones y mecanismos para hacerlos exigibles y darles cumplimiento, cuyo propósito es combatir las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo. Se trata de pasar de una política social de atención de necesidades focalizadas a una política de bienestar universal con esquemas y mecanismos de exigibilidad hacía el Estado mexicano.
Principios de la política de bienestar
El enfoque garantista de derechos humanos está basado en los principios emanados de la Constitución, como son: la universalidad, progresividad, igualdad y no discriminación, inclusión y cohesión social.
Asimismo, de conformidad con lo que establece el PND, la política de bienestar se estructura de forma indispensable sobre un principio de desarrollo sostenible, entendiéndose éste como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
La nueva política de bienestar
La política de bienestar no puede ser solamente un componente más de las políticas públicas, sino la guía de orientación general y rectora del quehacer gubernamental, es decir, constituirse en una verdadera política de Estado. Se busca que la política de bienestar trascienda la suma de programas focalizados y logre establecerse como una política de renovación nacional que identifique su fundamento en el logro de una sociedad justa y armónica.
La nueva política de bienestar que impulsa el Gobierno de México deberá vincular y coordinar todas sus instituciones, estrategias, programas y acciones a fin de generar procesos continuos y entrelazados de desarrollo para promover el bienestar de la población en distintos niveles como son: el nivel individual, familiar y comunitario. Asimismo, deberá tomar en cuenta un esquema de solidaridad generacional bajo el principio de la sostenibilidad y el respeto de los entornos naturales y las comunidades sociales; para estructurar una dinámica y estrategia que a través de modelos de economía plural, social y solidaria, pueda encontrar un equilibrio entre los sectores privados, públicos y sociales a través de esquemas efectivamente democráticos, contribuyendo al bienestar de nuestro país y buscando atender las urgencias y contingencias más importantes de la vida de las personas, a la vez que paralelamente refuercen y reestructuren la solidaridad local.
Para tal propósito, los programas de la Secretaría de Bienestar se basarán en los siguientes criterios:
· Tendrán como prioridad de atención a las personas que habiten en zonas de población mayoritariamente indígena y afromexicana, zonas con alto o muy alto grado de marginación y zonas con altos índices de violencia;
· Los apoyos económicos y en especie se entregarán de manera directa sin intermediarios, de manera preferente por instrumento bancario;
· La integración de un padrón único de beneficiarios, el cual permitirá la implementación de acciones transversales de las distintas dependencias de la APF. Este padrón será revisado de manera continua para su validación, actualización y auditoría;
· Se realizarán acciones que permitan la identificación de las personas beneficiarias y la localización geográfica de las necesidades de la población; y
· Contarán con mecanismos específicos de participación comunitaria y de contraloría social.
El nuevo enfoque de la política de bienestar conlleva una atención específica hacia los sectores o las situaciones que requieren de la atención prioritaria del Estado mexicano debido a un conjunto de factores que colocan a las personas en condiciones de riesgo y, por lo tanto, de nuestras sociedades.
A nivel territorial y de las microrregiones, los programas de la Secretaría de Bienestar, así como los otros programas para el desarrollo del Gobierno de México, contarán con Módulos de Atención que serán las ventanillas de atención al público. De esta manera, la población podrá tener un lugar en el cual se brinde una atención coordinada y articulada de todos los esfuerzos del gobierno federal y con oficinas territoriales cercanas a sus comunidades que atenderán las necesidades en materia de política social, promoverán la participación ciudadana, informarán sobre la oferta de programas públicos, convirtiéndose en el primer vínculo entre el gobierno y la población, fortaleciendo la cohesión y participación social.
En consecuencia, la nueva política de bienestar debe sentar las bases para una coordinación efectiva entre las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, Dependencias y Entidades para la articulación de un esquema que permita garantizar íntegramente la construcción de una sociedad de bienestar integral, sustentable y universal para todos sus habitantes.
Asimismo, los beneficios de las políticas sociales no pueden reducirse a determinadas zonas del país, sino que, por primera vez en la historia, deben llegar a cada rincón de nuestra geografía nacional, comenzando por las zonas más vulnerables. Por tanto, se impulsará una política social que incentive el desarrollo integral de las regiones y microrregiones basada en los Módulos de Atención, los cuales serán 13,000 que atenderán a más de 180,000 comunidades del país y microrregiones rurales, mismos que atenderán en primera instancia las zonas más apartadas del país.
Desde estas microrregiones y los Módulos de Atención se otorgarán apoyos para el bienestar, se proporcionará asistencia técnica para la producción, transformación y comercialización. Se practicará desde abajo y con la gente, para el pueblo y con el pueblo, contribuyendo a la construcción de la cohesión social y la transformación de México; serán entre otras cosas, una ventanilla de atención donde se iniciará la gestión de todos los programas de gobierno además de ofrecer servicios de inclusión, capacitación bancaria, funcionando como centros de promoción del desarrollo local, promocionando la participación directa, la organización comunitaria y social(13).
Transversalidad de la política de bienestar
En cumplimiento al principio rector del PND, No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, las políticas públicas que implementa el Gobierno de México deberán orientarse hacia la inclusión social, igualdad sustantiva, pertinencia cultural, políticas universales redistributivas, acciones afirmativas, enfoques diferenciados, sustentabilidad de las políticas, entre otras medidas. Garantizando un desarrollo con bienestar, incluyente e igualitario, donde todas las personas, en lo individual y colectivo, sean reconocidas en sus identidades, características y condiciones diversas para mejorar su situación económica, social, cultural y ambiental. A fin de que las personas ejerzan efectivamente sus derechos humanos y libertades fundamentales, en especial para aquellos sectores o poblaciones históricamente discriminados y excluidos.
La nueva política de bienestar, anteriormente descrita, se fortalece con el enfoque de igualdad de género, pertinencia cultural, no discriminación e inclusión, como un valor agregado con una orientación clara de derechos humanos, reconociendo a las personas como titulares de derechos y no como beneficiarias. Las políticas, programas y acciones no son dádivas, apoyos ni concesiones especiales, sino preceptos constitucionales que el Estado mexicano está obligado a asegurar.
Un elemento esencial de transversalidad consiste en que el conjunto de las políticas y acciones derivadas del PSB puedan consolidarse a través de una óptica específica de sostenibilidad tanto en su diseño, ejecución y evaluación, buscando que las mismas no solamente sean respetuosas con el medio ambiente sino que impliquen la construcción de nuevos parámetros sobre el concepto de desarrollo, la promoción de una cultura de economía circular, la responsabilidad en la repercusión ambiental y social de cada acción y que busquen construir procesos de aprendizaje comunitario y social sobre una política de bienestar sostenible.
El acceso y ejercicio efectivo de los derechos humanos deberá realizarse bajo un enfoque diferenciado en políticas tendientes a transformar las desigualdades relacionadas con injusticias históricas y omisiones del Estado, que han dejado en permanente situación de riesgo social a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas y afromexicanos, migrantes, refugiados, personas campesinas pobres, mujeres y población LGBTTTI. Es decir, a todas aquellas personas que han sufrido discriminación y menoscabo de sus derechos humanos por características físicas, posición social, escolaridad, religión, idioma, cultura, origen étnico, preferencia política e ideológica, identidad de género, orientación y preferencia sexual.
Específicamente en materia de la violencia que enfrentan los grupos poblacionales históricamente excluidos, ésta se origina en la existencia de desequilibrios de poder y se expresa en diversos contextos, formas de control interpersonales y posiciones de desventaja social de dichos grupos frente a los esquemas de control político, social, étnico, heteropatriarcal y económico predominantes. Los cuales han sido agravados por el modelo neoliberal, tanto en la construcción de sujetos individuales violentos como de sujetos sociales que admiten o toleran acciones violentas en su contra, que están muy vinculadas a pautas de construcción y orientación en el mantenimiento de dicha desigualdad.
c. Diagnóstico de la situación actual
El gobierno federal hará realidad el lema "Primero los pobres",
que significa empezar el combate a la pobreza y la marginación
por los sectores más indefensos de la población
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Programas y acciones en materia de desarrollo social
Los programas y las acciones de desarrollo social tienen como objetivo contribuir al desarrollo del bienestar económico y a procurar los derechos sociales de la población garantizados en la LGDS. A pesar del incremento en el número de programas y acciones en materia de desarrollo social durante las administraciones anteriores, éstos no se tradujeron en una disminución significativa de la pobreza multidimensional(14).
De acuerdo con datos del CONEVAL, en 2018 se identificaron 8,192 programas y acciones de desarrollo social de los cuales: 150 eran federales, 1,213 estatales y 6,829 municipales. El análisis de los programas y acciones de desarrollo social nos muestran que la mayor parte se concentraron en tratar de garantizar derechos y contribuir al bienestar económico. Asimismo, las intervenciones dirigidas a la infancia, a las y los adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores son las que cuentan con un menor número de intervenciones y presupuesto ejercido(15).
Debido a lo anterior, el Gobierno de México busca cambiar el paradigma en la asignación de recursos a programas y acciones focalizados en algunos derechos a uno centrado en el bienestar humano, a partir de la conformación de un sistema de bienestar que asigne eficientemente los recursos y atienda de manera integral los diversos derechos humanos en todo el ciclo de vida de las personas a través de los programas para el desarrollo.
Evaluación de la política de desarrollo social
En materia de política social, el país ha experimentado resultados insatisfactorios a lo largo de las últimas décadas. El desarrollo de la metodología para la definición, identificación y medición de la pobreza, por parte de CONEVAL, permite también monitorear el desempeño de la política pública en esta materia, al incorporar indicadores del espectro económico y del bienestar material reconocidos en la Constitución y en la LGDS(16).
La pobreza es un fenómeno multidimensional que involucra la falta de cumplimiento de derechos, considerando el acceso, disponibilidad y calidad en el ejercicio de los mismos, así como las condiciones materiales mínimas para garantizar el bienestar social(17). Motivo por el cual la política social de las administraciones pasadas se concentró en atenuar las condiciones mínimas de las carencias sociales con un enfoque orientado al combate a la pobreza de determinados indicadores sociales. En cambio, la política de bienestar que impulsa el actual Gobierno de México se orientará por el cumplimiento pleno de los derechos humanos, asegurando el bienestar de las personas y sus comunidades, de manera equitativa y sustentable.
Como ya se ha mencionado, el enfoque de derechos humanos implica ir más allá de simplemente garantizar los mínimos necesarios e implica hacer efectivos el cumplimiento integral y progresivo de estos derechos para la realización plena del bienestar del conjunto de la población, considerando que los derechos son universales, interdependientes, indivisibles, inalienables, progresivos y no discriminatorios; con lo cual se ofrece un sistema más amplio de protección constitucional, así como el cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales con los cuales está comprometido el Estado mexicano(18).
Medición multidimensional de la pobreza
De acuerdo con la metodología desarrollada por el CONEVAL se considera que una persona está en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia en alguno de los indicadores de derechos sociales y su ingreso es insuficiente para adquirir las canastas alimentaria y no alimentaria. Por su parte, la población en situación de pobreza extrema es aquella que presenta tres o más carencias sociales y percibe un ingreso total insuficiente para adquirir la canasta alimentaria(19).
Medición de la pobreza multidimensional en México, 2008-2018
FUENTE: Elaborado a partir de CONEVAL (2019)
Como puede apreciarse en el cuadro anterior, los resultados de los programas y acciones en materia de desarrollo social implementados en los últimos diez años no son nada alentadores. Entre 2008 y 2018 la población en situación de pobreza se redujo tan sólo 2.5% en términos relativos y aumentó a 2.9 millones de personas en números absolutos. Dentro de este conjunto, la población en condición de pobreza moderada aumentó en 1.2%, lo que equivalió a 5.9 millones de personas aproximadamente.
En una década de medir la pobreza multidimensional, la población vulnerable por ingresos, es decir, aquella población que no presenta carencias sociales y cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar, aumentó de 4.7% a 6.9% lo que se expresó en un incremento de 3.4 millones de personas en esa situación.
Los resultados que se mencionan en el párrafo anterior sugieren que a pesar del incremento significativo en el número de programas y acciones focalizadas para reducir las carencias sociales e incidir en los indicadores de la medición multidimensional de la pobreza, éstos han tenido un magro resultado en lograr sus objetivos y, por consiguiente, en incrementar el bienestar de la población que sigue padeciendo niveles de pobreza semejantes a los de hace diez años, desde que CONEVAL ha llevado a cabo la medición multidimensional de la pobreza.
Carencias sociales
Los indicadores de carencias sociales, desarrollados por CONEVAL, permitieron orientar la anterior política de desarrollo social hacia algunos objetivos específicos, tratando de cumplir con pisos mínimos de acceso a determinados bienes o servicios(20). El número de carencias sociales que experimenta la población es un indicador de la gravedad de su situación, ya que las carencias están relacionadas no sólo con el aseguramiento de niveles mínimos, sino con el cumplimiento de derechos humanos reconocidos por la Constitución, por tanto, su incumplimiento impacta de manera negativa en el bienestar de la población.
De acuerdo con los datos de CONEVAL, entre 2008 y 2018 se observa un ligero mejoramiento en los indicadores de carencias sociales a nivel nacional: el promedio de las carencias de la población en situación de pobreza pasó de 2.8% a 2.2% y, para la población en situación de pobreza extrema pasó de 3.9% a 3.6%. Los resultados de la medición de la pobreza para 2018, arrojan los siguientes datos en el rezago de carencias sociales que presenta la población nacional: el rezago educativo se ubicó en 16.9%; la carencia por acceso a los servicios fue de 16.2%; la carencia por acceso a la seguridad social se calculó en 57.3%; la carencia por calidad y espacios de la vivienda se ubicó en 11.1%; la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda fue de 19.8%; y, finalmente, la carencia por acceso a la alimentación alcanzó al 20.4% de la población.
Ingreso laboral
En el periodo de 2008 y 2018 los resultados de los programas y acciones en una década ha sido poco significativo en materia de ingresos, la población con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos se mantuvo sin cambios al ubicarse en 16.8% en 2018, el mismo nivel de hace una década. En cambio, en números absolutos pasaron de 18.7 a 21.0 millones de personas en situación de pobreza extrema por ingresos, en ese mismo periodo.
Por su parte, en ese mismo periodo, la población con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos tan sólo se redujo en 0.2 puntos porcentuales, al pasar de 49.0% a 48.8%. Sin embargo, el número de personas con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos se incrementó de 54.7 a 61.1 millones de personas en una década.
Los ingresos laborales se han estancado desde 2007 por lo que las personas tienen muy pocas posibilidades de movilidad social; aunado a lo anterior desde el año 2000 las oportunidades para acceder a empleos de calidad han disminuido. La precariedad laboral se revela en tres datos contundentes: la proporción de trabajadores que ganan menos de un salario mínimo ha aumentado casi al doble; los que cuentan con esquemas de seguridad social no crecieron; y aumentó el número de trabajadores bajo un contrato temporal(21).
Algunos investigadores han calculado que la concentración del ingreso en México se ha agudizado en los últimos años, de tal manera que en 2012 el 1% más rico acaparaba 21% de los ingresos totales de la nación (para otros países ese valor fluctuaba en cerca de 10%). Con cálculos para 2012, un reporte de WealthInsight revelaba que en México existían 145,000 personas cuya riqueza neta superior ascendía a más de un millón de dólares, ese conjunto de millonarios concentró en ese año cerca del 43% de la riqueza total del país, una proporción muy elevada si se considera que en otros países los millonarios concentran apenas el 29% de los recursos de sus respectivos países(22).
Principales problemáticas
Reflexionar acerca de las problemáticas más importantes que aquejan a nuestra nación, requiere de plena identificación de las necesidades de su población y la manera en la que estas cambian y se arrastran a lo largo de la vida. Lo anterior, tiene su origen en las fallas en la adecuada implementación de las políticas públicas, así como en la falta de identificación de la población objetivo. Por ello el presente PSB busca atender a las siguientes problemáticas públicas enmarcadas en 5 objetivos prioritarios:
Objetivo 1. Contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos humanos de manera efectiva y progresiva comenzando por quienes más lo necesitan.
El primer problema detectado es la discriminación y marginación que enfrentan los grupos poblacionales más vulnerables como son las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, que habitan principalmente en comunidades indígenas, así como personas afromexicanas que han sido segregados por el modelo de desarrollo económico en el cual el mercado laboral no ofrece pensiones dignas ni condiciones de inclusión social, por lo que se pretende reducir los altos índices de marginación, pobreza y discriminación que enfrentan estos grupos. De igual manera resulta prioritario responder oportuna y colectivamente a las situaciones que colocan a los individuos y familias en graves riesgos y se ven afectados en el ejercicio de sus derechos.
Objetivo 2. Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios.
El segundo problema en atención del PSB es con respecto a las zonas de alta marginación, ya que de acuerdo a datos de CONAPO para 2015, indican que en estas zonas habitan 47.8 millones de personas que presentan vulnerabilidad en educación, vivienda y bajos ingresos monetarios, por lo que la pobreza y la baja productividad han constituido un círculo vicioso de pobreza y creciente vulnerabilidad en las familias que habitan sobre todo en zonas rurales (agrícolas, forestales y pesqueras) que se encuentran en situación de rezago y exclusión, a pesar de contar con una riqueza territorial.
Objetivo 3. Contribuir al bienestar social mediante ingresos suficientes, impulsar la autosuficiencia alimentaria, la reconstrucción del tejido social y generar la inclusión productiva de los campesinos en localidades rurales para hacer productiva la tierra.
El tercer problema de atención para el PSB es el abandono del campo mexicano y su sobreexplotación. Es de suma importancia asegurar la autosuficiencia alimentaria de las familias agrícolas mexicanas, lo que implica aumentar la sustentabilidad de producción en los alimentos y así generar cadenas productivas para el bienestar de las comunidades.
Objetivo 4. Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que enfrentan los grupos poblacionales históricamente excluidos.
Asimismo, una cuarta problemática detectada es el incremento de las desigualdades socioeconómicas territoriales como son la ignominia, opresión, racismo, pobreza y marginación de las personas en situación de vulnerabilidad, niñas y niños, adolescentes, indígenas y afromexicanos, población LGBTTTI, e incluso la población migrante. Lo anterior se refleja en disminuir la desigualdad en la distribución de la riqueza, cubrir las necesidades alimentarias, aumentar los ingresos, incluir la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, hacer valer la igualdad en el ejercicio de los derechos humanos de las minorías sexuales e incidir en los problemas actuales de la juventud.
Objetivo 5. Contribuir a una cultura para la paz para incidir en la disminución de la violencia en comunidades y territorios.
Finalmente, una problemática reconocida en México es el aumento de inseguridad y violencia, agudizada en diversas regiones del país, envuelta en un contexto de impunidad, que ha permitido el repunte de la violación de los derechos humanos y que han expuesto a la población a diversas formas de riesgo que niegan o limitan un ejercicio pleno de sus derechos como una condición de desigualdad estructural; por lo que es imperante que juntos logremos construir una cultura para la paz y alcanzar el bienestar nacional.
Las principales problemáticas planteadas se pretenden atender con la aplicación de los programas prioritarios de la Secretaria de Bienestar dirigidos a los sectores olvidados y vulnerables en todo el territorio nacional, con el fin de disminuir desigualdades estructurales; para tal efecto, el principal instrumento es la aplicación de los criterios de asignación en los programas sociales por el Gobierno actual, basados en el respeto a los sujetos de derechos sociales. Los programas prioritarios son los siguientes: Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, Programa Sembrando Vida, Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Programa de Fomento a la Economía Social, Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, entre otros.
Los resultados a obtener en la atención a las problemáticas descritas con los programas mencionados es lo siguiente: a) Que los derechos humanos de todos los mexicanos, y de manera prioritaria de los grupos más vulnerables, sean reconocidos, promovidos, respetados y salvaguardados, de tal manera que cada persona se distinga como sujeto de derechos y alcancen el bienestar sin importar la región que habiten, nivel socioeconómico, grupo étnico, orientación sexual, creencias o edad; b) Que la política de bienestar permita que la estructura productiva del país, que abarca los ámbitos agrícola, artesanal, forestal y pesquero nos lleven a un crecimiento económico inclusivo, haciendo cada vez más pequeñas las brechas socioeconómicas entre los territorios que conforman nuestra nación, de tal forma que las poblaciones que ocupan las comunidades ubicadas en los lugares más rezagados puedan mejorar sus niveles de bienestar a través del impulso productivo desde las microrregiones, a través de los programas que se entregarán en los Módulos de Atención; c) Que las familias campesinas sean incluidas en el desarrollo económico del país, a través de sistemas de producción local sostenibles que se conseguirán mediante la capacitación de los y las campesinas, sobre el uso responsable de los recursos naturales y un adecuado almacenamiento y comercialización de sus productos, fortaleciendo así el tejido social y aumentando el bienestar de las poblaciones en las zonas rurales; d) Que los grupos poblacionales más vulnerables y que han padecido el rezago y la discriminación, sean partícipes de la vida social, permitiéndoles construir en cada ámbito de su vida, un sentido de pertenencia e identidad propiciando una vida digna con igualdad en el ejercicio y garantía de sus derechos y así los niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, con discapacidad, población indígena, afromexicana, LGTTTI, inmigrantes y refugiados que han sufrido opresión, racismo, pobreza y marginación también participen de la vida socioeconómica del país y mejoren su nivel adquisitivo y por ende el bienestar, y e) Construir una cultura para la paz que permita instalar en nuestro país, la tranquilidad, la participación social y una vida libre de violencia en los hogares y los lugares públicos que fortalezcan la cohesión social a través de la igualdad, el respeto y la honestidad.
6.- Objetivos prioritarios
Construiremos la modernidad desde abajo, entre todos y sin excluir a nadie
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Acorde con lo plasmado en el PND, el objetivo más importante del Gobierno de la Cuarta Transformación es que, en 2024, la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar ya consolidado, por lo cual todas las políticas y acciones de gobierno estarán encaminadas a lograrlo. En congruencia con ese objetivo el Gobierno de México impulsará una nueva vía hacia el bienestar, una vía en la que la participación de la sociedad resulta indispensable y que puede definirse con este propósito: construiremos la modernidad desde abajo, entre todos y sin excluir a nadie.
El PSB considera los principios rectores de la política pública señalados en el PND, los cuales son: 1) Honradez y honestidad; 2) No al gobierno rico con pueblo pobre; 3) Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie; 4) Economía para el bienestar; 5) El mercado no sustituye al Estado; 6) Por el bien de todos, primero los pobres; 7) No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera; 8) No puede haber paz sin justicia; 9) El respeto al derecho ajeno es la paz; 10) No más migración por hambre o por violencia; 11) Democracia significa el poder del pueblo y, 12) Ética, libertad, confianza.
La meta última de la Política de Bienestar es garantizar la efectividad de derechos a toda la población mexicana y alcanzar la construcción de un Estado de Bienestar. Sin embargo, se deben establecer metas específicas en un periodo delimitado de tiempo, a fin de planear, seguir y evaluar los avances obtenidos a lo largo del proceso de implementación, por lo cual también será necesario guiarse por la Agenda 2030 y los ODS aprobados por ONU.
El PSB está integrado por 5 objetivos prioritarios, 20 estrategias prioritarias y 106 líneas de acción puntuales que reflejan las políticas que el Gobierno de México llevará a cabo para garantizar el bienestar general de la población, haciendo efectivo el cumplimiento de los derechos humanos señalados en la Constitución y en los tratados internacionales reconocidos y ratificados por el Estado mexicano. Estos objetivos son los siguientes:
| Objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024 |
| 1.- Contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos humanos de manera efectiva y progresiva comenzando por quienes más lo necesitan. |
| 2.- Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios. |
| 3.- Contribuir al bienestar social mediante ingresos suficientes, impulsar la autosuficiencia alimentaria, la reconstrucción del tejido social y generar la inclusión productiva de los campesinos en localidades rurales para hacer productiva la tierra. |
| 4.- Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que enfrentan los grupos poblacionales históricamente excluidos. |
| 5.- Contribuir a una cultura para la paz para incidir en la disminución de la violencia en comunidades y territorios. |
6.1.- Relevancia del Objetivo prioritario 1: Contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos humanos de manera efectiva y progresiva comenzando por quienes más lo necesitan.
Revalorar la situación de las personas adultas mayores
De acuerdo con datos de CONEVAL, el porcentaje de personas adultas mayores en situación de pobreza pasó de 44.9% a 41.1% durante 2008 y 2018. No obstante, en números absolutos, para la población de 65 años o más, el número de personas en situación de pobreza aumentó en más de un millón de personas y los que tenían al menos una carencia social aumentó de 5.7 a 7.1 millones de personas entre 2008 y 2018(23). Lamentablemente, la mayor parte de ellos se encuentra en pobreza y sin acceso a un sistema de protección social que les garantice una vejez digna y plena. De acuerdo con datos oficiales, tan sólo el 23% de las mujeres y 40% en el caso de los hombres, tienen acceso a una pensión contributiva; mientras que el 26% de las personas adultas mayores no tienen ni pensión contributiva ni apoyo de programas sociales (PND 2019-2024).
Para atender esta desigualdad en los ingresos y derechos de las personas adultas mayores, el Gobierno de México impulsa el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. El cual dará un apoyo universal a mujeres y hombres de más de 68 años en todo el país. Asimismo, en las comunidades indígenas, por estar en mayor desventaja que el promedio nacional, la edad mínima para inscribirse en el programa es de 65 años. Este mismo criterio se aplicará para el caso de personas mayores de 65 años que se hayan inscrito en el padrón de derechohabientes del Programa Pensión para Adultos Mayores activos a diciembre de 2018. El Gobierno de México incrementó el monto del apoyo económico a $1,275 mensuales, el cual se entrega en forma bimestral mediante depósito directo y sin intermediarios (PND 2019-2024).
El Gobierno de México está comprometido a cambiar el paradigma de atención para las personas adultas mayores, al pasar de un enfoque que visualizaba a la vejez como una etapa de carencias las cuales debían ser cubiertas sólo para la población más pobre, a uno centrado en los derechos de las personas. Éste último se vincula con el concepto de calidad de vida y la revaloración de este grupo etario en la sociedad reconociendo sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que implica procurar las condiciones necesarias para su bienestar y desarrollo integral(24).
Mejorar las condiciones de vida para las personas con discapacidad
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que la mayoría de las personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida(25). (OMS, 2011; UNICEF, 2018). La situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad se puede atenuar a partir de la intervención pública para atender a este grupo poblacional(26). En este sentido, no sólo son necesarias las intervenciones para reducir las enfermedades prevenibles sino ofrecer servicios de rehabilitación que pueden mejorar el estado general de salud, impulsar las actividades y, en general, mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
La estructura por edad de la población mexicana con discapacidad muestra una relación entre el envejecimiento de la población y el aumento de las tasas de discapacidad; cerca de la mitad de estas personas son adultas mayores (47.3%) y tan sólo 34.8% tienen entre 30 y 59 años(27). Datos de 2016 indican que el 12% de la población con discapacidad enfrenta carencia por acceso a los servicios de salud en comparación con 15.8% de la población sin discapacidad. Si bien el primer grupo registra un mayor acceso (medido como afiliación), no hay información suficiente que permita conocer las condiciones y características del mismo, respecto a los servicios de atención médica, los costos, la oferta de servicios apropiados, las limitaciones físicas en el acceso a servicios básicos y hospitalización o la calidad de estos(28).
De acuerdo con las estimaciones de CONEVAL, el porcentaje de población en situación de pobreza para la población con alguna discapacidad en situación de pobreza pasó de 50.2% durante 2008 a 48.6% en 2018. Sin embargo, en números absolutos la población con alguna discapacidad aumentó aproximadamente en dos millones de personas y la población con al menos una carencia social aumentó de 4.8 a 7.3 millones de personas en el mismo periodo. Asimismo, la población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos y que padecía alguna discapacidad aumentó de 3.2 a 5.1 millones de personas en el mismo periodo(29).
Para hacer frente a la situación de desventaja social y vulnerabilidad de este grupo poblacional, el Gobierno de México puso en marcha el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; el cual apoya a niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años que tienen discapacidad permanente, así como a personas con discapacidad de 0 a 64 años que vivan en comunidades indígenas. Con este programa busca hacer efectivos los derechos de niñas, niños, jóvenes e indígenas con discapacidad, así como eliminar la marginación, la discriminación y el racismo hacia las personas que la padecen. El monto del apoyo económico es de $2,250 bimestrales y se entrega mediante depósito directo -sin intermediarios- en tarjeta bancaria (PND 2019-2024).
Derecho al cuidado: Un derecho social en construcción
Todas las personas a lo largo de su curso de vida pueden necesitar de apoyos para su desarrollo. Las obligaciones del Estado, desde una perspectiva antidiscriminatoria, es procurar el desarrollo integral y el bienestar social para todas las personas. En este sentido, el Estado debe ofrecer una respuesta de política pública para quienes están en situación de dependencia y quienes requieren la asistencia de otras personas para realizar sus actividades cotidianas, así como también las necesidades y derechos de las personas que prestan tales cuidados; de no hacerlo se estaría invisibilizando una situación social que genera una profunda desigualdad y exclusión, ya sea por quienes tienen redes familiares que pueden dar soporte o capacidad de adquirir en el mercado las tareas de cuidado y entre aquellas que no tienen estas posibilidades.
En lo que respecta a las personas adultas mayores, este grupo etario presenta serias carencias en lo económico, físico y social, las cuales se asocian con la falta de ingresos, autonomía y dignificación; por lo cual es un grupo vulnerable que necesita protección y atención del Estado(30). Sin embargo, a consecuencia de las políticas neoliberales imperantes en el país comenzó a imperar un sentido distinto de las obligaciones del Estado partiendo de la premisa que las personas adultas debían sostenerse con sus propios recursos a partir de lo que ahorraban durante su ciclo de vida o apoyarse en sus redes familiares, es decir de un sistema de
cuidados personal(31).
La actual organización social ha contribuido a agudizar la inequidad de los cuidados, la responsabilidad ha recaído de manera desigual en las mujeres, profundizando las desigualdades de género. La situación de las cuidadoras no remuneradas da cuenta de un escaso reconocimiento de este trabajo, lo que genera impactos fuertes en su posibilidad de autonomía económica y en que se les impongan dobles o triples jornadas laborales. Por otra parte, la situación de las trabajadoras remuneradas en el sector de los cuidados es frecuentemente precaria, con menores salarios y menor acceso a la protección social. Dentro de las personas que requieren cuidados de manera particular y prioritaria (no exclusiva), se encuentran los infantes, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad en situación de dependencia por lo cual es imperante que el Gobierno de México impulse la coordinación e implementación de un sistema de cuidados para contribuir al bienestar de este grupo de la población.
Atención de contingencias que afectan el efectivo ejercicio de los derechos sociales
Debido a su ubicación geográfica y características climatológicas nuestro país está expuesto a distintos fenómenos hidrometeorológicos y geofísicos que ponen a su población en situación de vulnerabilidad e impactan el bienestar de las personas(32). Por la alta incidencia de desastres en México, la ONU lo ha catalogado entre los treinta países con mayor exposición a desastres(33).
Se estima que entre 1900 y 2016, en nuestro país han ocurrido cerca de 2019 desastres, los más frecuentes han sido: en primer lugar, los de origen geofísico, en segundo, los hidrológicos y, por último, los meteorológicos. Cabe desatacar que el 63.4% de los desastres analizados ocurrieron desde la década de 1990 lo que señala un considerable incremento en la frecuencia de los mismos, así como de la inversión en su prevención y mitigación(34).
La magnitud de los desastres de origen natural los diferencia cualitativa y cuantitativamente de los daños ocasionados por desastres ocasionados por el hombre, los cuales son más puntuales y, hasta cierto punto, limitados(35). En materia de salud pública, las consecuencias de los desastres impactan en los brotes de enfermedades transmisibles en las comunidades afectadas, ya que la población puede compartir condiciones insalubres o consumir agua contaminada(36).
Además de los riesgos que se atienden comúnmente dentro del ámbito de la protección civil, existen los riesgos de origen sanitarios y los sociorganizativos. Los primeros son los que se relacionan con la contaminación del aire, agua, suelos y los que son propios del área de salud; los segundos son los accidentes relacionados con el transporte (en cualquiera de sus modalidades), la interrupción del suministro de servicios vitales, los accidentes industriales o tecnológicos no asociados a productos químicos, los derivados del comportamiento desordenado en grandes concentraciones de población y, finalmente, los que son producto de comportamiento antisocial. Para evitar este tipo de riesgos es importante la adopción de prácticas adecuadas de transporte, organización, operación y vigilancia, apropiadas para cada actividad específica(37). Por lo cual, la atención, mitigación y prevención son elementos de gran importancia en situaciones de emergencia social o natural(38).
Uno de los elementos de mayor importancia de la construcción de las sociedades y los estados, es responder oportuna y colectivamente a las situaciones que colocan a los individuos y familias en graves riesgos en el ejercicio de sus derechos humanos más elementales. Por tanto, una de las prioridades de la nueva política de bienestar, es el salvaguardar la integridad de las vidas humanas, sus pertenencias materiales, así como garantizar el bienestar y el cumplimiento de los derechos humanos de los individuos y familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad en el territorio nacional como resultado de una situación de emergencia social o natural, a través de programas que coadyuven a mitigar los efectos negativos de dichas situaciones en los entornos sociales y familiares de las personas, así como ofrecer alternativas de innovación social, a cualquier tipo de necesidades sociales de las poblaciones y comunidades. Considerando, además, las localidades con mayor concentración de daños materiales en infraestructura, vivienda y templos o edificios que formen parte del patrimonio artístico y cultural de México(39).
El actual Gobierno de México tiene como uno de sus estrategias prioritarias atender a las personas que por tragedias o eventos catastróficos imprevistos se ven afectados en el ejercicio de sus derechos sociales; así como a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad ante riesgos sociales desde un enfoque intercultural y con perspectiva de género, que atienda los riesgos vinculados a las distintas etapas del ciclo de vida, con énfasis en los grupos más vulnerables.
Aportación del Objetivo prioritario 1
Atendiendo a las causas y efectos del problema público presentados en el Objetivo 1 del presente PSB, el Gobierno de México busca garantizar progresivamente y con carácter universal el acceso a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. A partir de la consolidación de estrategias y acciones que permitan su efectivo goce sin discriminación alguna por origen étnico, discapacidad, edad, estado civil y situación familiar, estado de salud, orientación sexual, identidad de género, situación económica y social que atente contra la dignidad humana.
En este sentido, el Gobierno de México los considera como titulares de derecho y no solamente como beneficiarios de programas sociales. Asimismo, se pretende disminuir y eliminar la marginación y la
discriminación que enfrenta la población más vulnerable no sólo mediante el otorgamiento de una pensión universal sino con el acceso a servicios de cuidados, la perspectiva integral de envejecimiento activo y la protección, respeto y promoción de los derechos humanos de estos grupos vulnerados.
Por otra parte, el Gobierno de México responderá de manera oportuna, salvaguardando el bienestar y el cumplimiento de los derechos humanos de las personas y las familias que se encuentren ante una situación de emergencia social o natural, procurando para la población que así lo requiera su cobertura ante riesgos sociales y naturales. Trabajando en colaboración con diversas entidades y dependencias de la APF, promoviendo su participación con profesionistas, instituciones públicas y privadas. Así como la participación de trabajadores de la construcción y de servicios para la reconstrucción, reparación, reubicación, acondicionamiento, equipamiento, restauración, rehabilitación, mantenimiento y capacitación para la prevención y conservación de los bienes afectados por alguna situación de emergencia(40).
6.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2: Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios.
El modelo económico imperante, desde hace 30 años, generó un desarrollo desigual entre los territorios que comprenden nuestro país. El modelo de acumulación neoliberal en términos de crecimiento económico y distribución del ingreso ha demostrado ser decepcionante; lo que ha derivado en un profundo proceso de descomposición social, violencia e inseguridad que golpea a la población en general(41), puesto que no hubo políticas públicas que promovieran el desarrollo y la procuración de justicia, ni se atendieron las demandas sociales, ni se procuró evitar la violencia, es decir no hubo interés en gobernar con rectitud y honestidad(42).
El PSB tiene como objetivo apoyar procesos de economía social y solidaria, financiando proyectos de obras de infraestructura y coadyuvando en acciones sociales e inversiones en beneficio directo para la población, ya que "la infraestructura de tipo económica (dotación de carreteras, puertos, ferrocarriles, telecomunicaciones) tienen efecto positivo en el PIB de las regiones intermedias, mientras que la infraestructura de tipo social (educación y salud) la tiene en las regiones rezagadas"(43). El Gobierno de México invertirá en programas sociales para detonar el desarrollo en el sector social para la población indígena y afromexicana, las que habitan en zonas con alto o muy alto grado de marginación o con altos índices de violencia, con la finalidad de disminuir las brechas de desigualdad entre territorios y grupos poblacionales.
Las condiciones de marginación territorial
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) diseñó e instrumentó una medición para conocer la población que vive en territorios con marginación. El índice de marginación de CONAPO considera cuatro dimensiones estructurales e identifica nueve formas de exclusión, midiendo su intensidad espacial como porcentaje de la población que no participa del disfrute de bienes y servicios esenciales para el desarrollo de sus capacidades básicas(44).
El CONAPO define la marginación como un proceso estructural en relación al desarrollo socioeconómico alcanzado por el país que dificulta la propagación del progreso a todos los grupos sociales, lo cual repercute en la estructura productiva y se expresa en desigualdades territoriales(45). En consecuencia, los territorios marginados presentan niveles elevados de vulnerabilidad social que difícilmente pueden mitigarse con acciones individuales ya que sus causas están relacionadas con procesos estructurales que crean situaciones de inequidad. Por tanto, es precisa la intervención del Estado para reducir la marginación ya sea mediante la regulación y promoción de las actividades productivas, la creación de capacidades y el diseño de estrategias de planificación orientadas al aprovechamiento y la gestión socio territorial para el desarrollo sostenible y el fomento del bienestar(46).
De acuerdo con los cálculos del índice de marginación de CONAPO, para 2010 y 2015, tres entidades se mantuvieron como las de mayor marginación: Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Dichas entidades son de las más rezagadas del país y en ellas habitan el 10.6% de la población nacional, lo que equivalía a 12.7 millones de personas(47). En términos generales, con la última medición de 2015, los estados que se clasificaron con alto grado de marginación fueron: Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Yucatán, Michoacán, Hidalgo y Campeche. En las cuales habitan 27.4 millones de personas, es decir, casi uno de cada cuatro mexicanos. En ese mismo periodo, los estados que tuvieron un grado medio de marginación fueron: Nayarit, Tabasco, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Sinaloa y Quintana Roo. En los cuales habitan cerca de 20.4 millones de personas, lo que equivale al 17.1% de la población nacional(48).
Disminuir el rezago socioeconómico en las regiones rurales
La pobreza que padecen las campesinas y campesinos tiene su origen en un conjunto de elementos que limitan su desarrollo y productividad, caracterizada por una alta vulnerabilidad económica, activos escasos y bajo acceso al crédito. Por ello, en el nuevo Gobierno de México el crecimiento económico, la productividad y la competitividad servirán como medios para lograr un objetivo superior: el bienestar general de la población(49).
Durante 2008 y 2018 la población en situación de pobreza que habitaba en zonas rural pasó de 16.2 a
17.0 millones de personas, de estos últimos 11.9 millones se encontraban en situación de pobreza moderada y 5.0 millones en pobreza extrema (lo que representa el 16.4% de la población rural cifra mucho mayor si se compara con la población en zonas urbanas donde la pobreza extrema es de 4.5%). Los datos de CONEVAL para 2018 muestran que la población rural presenta indicadores de carencia social más elevados en comparación con la urbana: 28.2% en rezago educativo; 13.8% no tiene acceso a los servicios de salud; 77.7% a la seguridad social; 18.7% por calidad y espacios en la vivienda; 52.2% rezago en los servicios básicos en la vivienda; y 25.8% carencia por acceso a la alimentación(50). Sin embargo, el potencial productivo de México se encuentra actualmente en unidades de producción a cargo de pequeños y medianos productores en más de 80%.
Entre las consecuencias de un sector agrícola sin planeación destaca la afectación directa a los precios de los productos agrícolas, debido al establecimiento de precios internacionales y al control de la distribución y comercialización mundial de alimentos por parte de grandes empresas internacionales, lo que ha dejado claros saldos negativos en los pequeños y medianos productores rurales, quienes carecen de oportunidades de desarrollo y viven en la pobreza.
Aunado a lo anterior, la mayoría de la población que habita en las zonas rurales (agrícolas, forestales y pesqueras) se encuentra en situación de rezago y exclusión. Esta situación se genera por la falta de certeza documental y seguridad jurídica de la tenencia de la tierra que imposibilita la mejora de las condiciones de la vida social, colectiva, productiva y económica que el desarrollo agrario demanda.
Impulsar proyectos productivos de economía social y solidaria
Buena parte de la pobreza por ingresos tiene su origen en la ausencia de políticas de fomento del sector social de la economía. Es necesario precisar que la reforma constitucional de 1983, que reconoció la existencia de dicho sector, integrado por ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenecen mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y entidades similares tuviera como resultado, después de más de 30 años, la promulgación de la LESS. Desde 1983 a la fecha, la disposición constitucional y el contenido de su ley reglamentaria han sido prácticamente letra muerta. En su lugar, canalizaron cuantiosos recursos en apoyos gestionados por organizaciones clientelares que no se traducían en fomento de la actividad productiva y financiera de este sector.
La nueva política de bienestar del Gobierno de México tiene como centro a las personas en lo individual, pero también como sujetos colectivos, reconociendo que el sector social de la economía opera como un sistema socioeconómico constituido por organismos de propiedad social, basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, en donde se privilegian el trabajo, el vínculo o sentido social de las actividades del ser humano, conformados y administrados en forma asociativa y democrática, para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades.
En este sentido, el PSB busca no solamente promover la economía social y solidaria, como el enfoque específico para el desarrollo de las economías locales y de una dinámica que ponga en el centro al ser humano y su entorno, sino que también implique armonizarse con las dinámicas económicas privadas y públicas en beneficio del bienestar integral en México; atendiendo también las repercusiones sociales y medioambientales de las actividades económicas, a través de una justa ponderación en los costos y beneficios para el conjunto de las sociedades y ecosistemas de nuestro país.
Impulsar el desarrollo regional
Considerando lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en su Capítulo V, el FAIS, es un fondo en el que la Secretaria de Bienestar interviene como coordinadora para su ejercicio en los niveles de gobierno estatal, municipal y alcaldías, así mismo prioriza sus acciones en municipios y alcaldías marginados para la atención de los programas.
El FAIS es importante para lograr los objetivos planteados en el PSB a través del financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien a la población con diversas condiciones de rezago, contribuyendo a reducir las carencias sociales en materia de Infraestructura social. El FAIS se aplica en actividades como: mejoramiento de vivienda en obras de pisos firmes, techos, muros, cuartos adicionales y demás proyectos clasificados en su catálogo.
De esta manera el papel de Estado es de gran importancia para la contención y reducción de las desigualdades. Se requiere modificar la visión que anteriormente operaba de simple administrador de intereses privados, nacionales y extranjeros, hoy se requiere una visión de compromiso social, de desarrollo regional y nacional(51). En este sentido, el FAIS tiene como propósito impulsar el desarrollo de las comunidades de las zonas más olvidadas y marginadas a fin de participar en la "Construcción de un País con Bienestar" y "Cultura para la paz y para todos" abatiendo las carencias sociales en materia de infraestructura, reduciendo las brechas de desigualdad entre regiones.
Atención de las microrregiones para el bienestar
En México la mayor parte de la población se encuentra concentrada en torno a los núcleos urbanos, el 72.3% de la población habita en zonas urbanas. No obstante, existen alrededor de 190 mil asentamientos con
menos de 5 mil habitantes lo que supone una gran dispersión poblacional que trae como consecuencia problemas de accesibilidad, falta de servicios, baja productividad y carencia de fuentes de empleo. De manera particular, la población hablante de alguna lengua indígena habita en estas regiones aisladas y con mayores rezagos. Si bien la dispersión poblacional es un patrón histórico difícil de modificar, debe ser considerado en el diseño de estrategias integrales para fomentar la producción, el acceso a bienes y servicios, la inclusión social y mejorar el bienestar de las personas(52).
Al respecto, se observa una relación positiva entre la concentración poblacional y la cobertura de servicios públicos. Por su parte, el crecimiento poblacional acelerado de la periferia trae consigo, al menos en una primera etapa, la aparición de grandes territorios sin servicios. Por tanto, hay una relación inversa entre tamaño de población y grado de marginación; en 2015 siete de cada diez municipios tenían entre 2,500 y menos de 50 mil habitantes; de los cuales aproximadamente el 96.11% son considerados de alta marginación y tenían menos de 15 mil habitantes y tan sólo 3.89% era habitado por al menos 50 mil(53).
Al respecto, considerando la gran dispersión poblacional y la inequidad en la distribución del desarrollo territorial, es una prioridad para la nueva política de bienestar lograr el desarrollo del territorio nacional a partir del impulso de las vocaciones productivas de las microrregiones de atención. Por tanto, el Gobierno de México contará con Módulos de Atención los cuales serán el primer enlace entre las demandas de la población y el gobierno, es decir, se contará con oficinas cercanas a las comunidades para conocer las necesidades de desarrollo, articulando y coordinando los esfuerzos del Gobierno de México para que la población que habita en territorios rezagados mejoren sus niveles de bienestar.
Los Módulos de Atención se apoyarán en las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, las cuales tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana; la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades de la APF; y supervisarán los programas que ejercen algún beneficio directo a la población.
Aportación del Objetivo prioritario 2
El PSB asume la norma de la entrega directa y sin intermediarios para los sujetos de derecho beneficiarios de los programas; la priorización y el uso de los recursos con una alineación planificada en virtud de las zonas con mayor necesidad de atención prioritarias, con la idea de disminuir las brechas de desigualdad, pues el Estado tiene la responsabilidad de promover y encausar el desarrollo económico nacional(54).
Se pretende que el FAIS se enfoque tanto a las Zonas de Atención Prioritaria como a la nueva política que define la atención prioritaria a las personas que habiten en zonas de población mayoritariamente indígena, zonas con alto o muy alto grado de marginación o zonas con altos índices de violencia.
La vía para lograr el desarrollo de estas zonas con alto grado de marginación y vulnerabilidad, requiere generar y promover proyectos productivos para crear condiciones más igualitarias que permitan un mayor crecimiento económico inclusivo, este aspecto es importante porque permitirá insertar a los sectores de baja productividad y sectores informales, en la estructura productiva del país. Para que las empresas de estos sectores logren insertarse de forma exitosa a esta dinámica, es necesario desarrollar e incrementar las capacidades productivas en el ámbito agrícola, artesanal, forestal y pesquero. Un apoyo importante lo constituirá ofrecer servicios financieros que les permitan tener acceso a créditos para desarrollar sus actividades productivas.
El Gobierno de México, preocupado por el bienestar de la población, sobre todo de aquella que históricamente ha sido excluida y donde el rezago económico ha impactado en el desarrollo social de las personas, se ha propuesto reducir las brechas de desigualdad económica. Para el 2024, seremos un país que permita el desarrollo igualitario a partir de la infraestructura que dará pie al crecimiento económico de las zonas más vulnerables, contribuyendo a reducir los niveles de violencia, el nivel de marginación y, por ende, las brechas de desigualdad que hemos heredado de las administraciones anteriores.
6.3.- Relevancia del Objetivo prioritario 3: Contribuir al bienestar social mediante ingresos suficientes, impulsar la autosuficiencia alimentaria, la reconstrucción del tejido social y generar la inclusión productiva de los campesinos en localidades rurales para hacer productiva la tierra.
Para la Secretaría de Bienestar el rescate de las actividades productivas y sustentabilidad del campo constituye un objetivo prioritario ya que desde la implementación del modelo neoliberal en nuestro país el papel del campo mexicano ha sido relegado. Enfocaremos nuestro trabajo para que las familias campesinas puedan producir sus propios alimentos y generar cadenas productivas para el bienestar de las comunidades en un entorno de sustentabilidad ambiental.
México es un país rico en recursos naturales, biodiversidad y cultura. Esta riqueza se encuentra concentrada principalmente en zonas rurales las cuales cuentan con la mayor cantidad de recursos forestales del país y residen gran parte de los pueblos originarios, quienes han sabido preservar los recursos que posee su entorno mediante conocimientos y prácticas tradicionales que son parte de su patrimonio cultural y de respeto a la naturaleza.
El abandono del campo y autosuficiencia alimentaria
En México existen 6,100,000 hogares rurales en poco más de 180,000 localidades de 2,500 o menos habitantes. De acuerdo con datos de CONAPO, en 2017 los habitantes de zonas rurales representaban el 23% de la población nacional. Al respecto, el 90% del territorio nacional lo conforman los ejidatarios, comuneros, propietarios privados y posesionarios(55).
En las pasadas administraciones el apoyo a la actividad agrícola se caracterizó por proveer a los campesinos con apoyos asistencialistas que a la fecha no han logrado incentivar la eficiencia productiva, ni garantizar para el país la autosuficiencia alimentaria. El derecho a la alimentación implica tener acceso a una alimentación adecuada, que no signifique tener que sacrificar la satisfacción de otras necesidades básicas o derechos.
Debido a la situación en la que viven actualmente campesinas y campesinos, la prioridad del Gobierno de México es impulsar la agricultura para la producción de alimentos de autoconsumo o comercial para la generación de una fuente de ingresos para mantener a sus familias. Lo anterior, considerando que la carencia por acceso a la alimentación prevalece entre las personas indígenas que viven de manera predominante en el medio rural.
La pobreza ligada a la baja productividad agrícola existente en las comunidades rurales ha traído consigo el abandono del campo, ocasionando que, para garantizar la necesidad de alimentos de la creciente población, se tenga que recurrir a las importaciones, de las cuales nuestro país es altamente dependiente, principalmente de los granos básicos que consumimos en nuestra dieta diaria, lo que hace de México un país que no es autosuficiente en producción de alimentos.
Evitar la sobreexplotación de los recursos naturales
Debido a su privilegiada posición latitudinal, México está poblado por una rica y variada constelación de situaciones ecológicas, por lo que se ubica entre las regiones más diversas del planeta. Sin embargo, las áreas naturales de nuestro país están siendo rápidamente arrasadas. México ha perdido una gran parte de su cobertura forestal original sobre todo desde la década de los sesenta; por ejemplo, se estima que la selva húmeda se había reducido a tan sólo un 10% de su área original en la década de los años setenta y continuó fomentada por los subsidios a la ganadería que propiciaron conversión de grandes áreas forestales(56). Para las mismas décadas se estimó una tasa de deforestación anual de 160,000 hectáreas por año(57).
Además de lo ya señalado, las regiones rurales del país han sufrido en las últimas décadas un importante proceso de deforestación y sobreexplotación de sus recursos, a causa de los sistemas tradicionales de producción que resulta en la degradación de los suelos y la modificación negativa de sus microclimas, afectando el potencial productivo que poseen y generando insuficiencias alimentarias en la propia comunidad, empeorando las condiciones socioeconómicas de los pobladores, quienes se han visto forzados a abandonar sus lugares de origen en busca de empleos en las ciudades o incluso en otros países para mejorar las oportunidades de vida.
En nuestro país la mayor parte de la riqueza forestal reside en gran parte de los pueblos originarios, quienes han sabido preservar los recursos que posee su entorno mediante conocimientos y prácticas tradicionales que son parte de su patrimonio natural. Desafortunadamente, las zonas más ricas en biodiversidad también son aquellas con los mayores índices de pobreza y rezago.
Para el Gobierno de México el campo es un sector estratégico y pilar en la nueva política de bienestar, por lo cual se trabajará en incrementar su productividad, bajo un enfoque de sustentabilidad y con una visión de desarrollo regional a largo plazo, contribuyendo a reducir la vulnerabilidad de sus habitantes. El Gobierno de México, dará apoyo a las campesinas y campesinos que no cuentan con los recursos y conocimientos necesarios para establecer sistemas productivos agroforestales, representando una gran oportunidad para impulsar la producción de cultivos con sistemas agrícolas sustentables que contribuyan a lograr la autosuficiencia alimentaria, la recuperación de suelos, la mejora del medio ambiente y la reforestación del país.
Mejorar las actividades productivas y reconstruir el tejido social
La marginación aísla a las comunidades y localidades que por cuestiones geográficas viven lejos de las ciudades, dificultando la interacción y el encadenamiento productivo. De manera particular, la desigualdad permea el desarrollo de las comunidades y localidades con presencia indígena y afromexicana, excluyéndolos de la dinámica económica regional. Aunado a lo anterior, la existencia de intermediarios en el mercado determina los precios de los productos y obliga a los pequeños productores a vender a precios bajos, desviándose la ganancia y disminuyendo su ingreso.
Las campesinas y campesinos que habitan en las zonas rurales contribuyen al bienestar nacional realizando actividades que contribuyen a la autosuficiencia alimentaria (mediante la producción de frutas y hortalizas), manteniendo la diversidad genética de los cultivos prehispánicos (como el maíz), puesto que continúan sembrando las variedades nativas de su región, razón por la cual han sido considerados injustamente como la parte improductiva de la agricultura mexicana.
No obstante, las zonas rurales de México pueden convertirse en un sector estratégico para el desarrollo del campo si se trabaja en incrementar su productividad, bajo un enfoque de sustentabilidad y con una visión de desarrollo regional a largo plazo, que contribuya a reducir la vulnerabilidad en la que viven las personas que allí habitan. La consolidación de proyectos productivos es un eslabón que encaminará el trabajo colectivo organizado con base en las ventajas productivas de las regiones, generando procesos de economía social y solidaria con la participación de los pobladores.
El Gobierno de México propone aplicar los principios de igualdad de oportunidades a los emprendedores; aquellas personas que tienen iniciativa, un proyecto que aporte algo a la sociedad pero que necesitan de apoyos externos para que puedan convertirse en proyectos viables(58). Para el Gobierno de México es una prioridad atender a la población rural que se encuentra en las zonas de más alta biodiversidad del país, que vive en localidades marginadas y que obtiene ingresos inferiores a la línea del bienestar. Al respecto, se tomarán acciones de coordinación para que las campesinas y campesinos logren su independencia productiva y económica a mediano plazo, mejorando a través del desarrollo rural, sus niveles de bienestar, además se generarán empleos, se mejorarán los ingresos y se contribuirá a la autosuficiencia alimentaria, condición necesaria e indispensable para hacer realidad la transformación de México.
Aportación del Objetivo prioritario 3
Con la formulación de este objetivo prioritario y sus estrategias se contribuirá en la formación de un país con agricultura familiar fortalecida que permita generar sistemas alimentarios más productivos y sostenibles que garanticen el bienestar de las familias mexicanas que dedican su tiempo a las actividades agrícolas y la reforestación a través de los programas para el desarrollo, con los cuales se dará capacitación e información sobre el uso productivo y responsable de los recursos naturales, su almacenamiento y la comercialización de sus productos.
El proceso de recuperación de las actividades agroforestales se dará con la participación comunitaria y la reconstrucción del tejido social. Utilizando los procesos asamblearios para captar la demanda ciudadana. Todo ello aunado a una estrategia de entrega directa y sin intermediarios que contribuya al bienestar de las personas que se dedican a actividades del campo y reforestación, de manera que puedan producir sus propios alimentos y entrar de manera igualitaria a la generación de cadenas productivas.
Las zonas rurales de México se convertirán en un sector estratégico para el desarrollo del campo si se trabaja en incrementar su productividad, bajo un enfoque de sustentabilidad y con una visión de desarrollo regional a largo plazo, que contribuya a reducir la vulnerabilidad en la que viven las personas que allí habitan. El plan es sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales para darles trabajo a más de 400,000 sembradores, logrando arraigar a campesinas y campesinos jóvenes a la tierra, reduciendo el fenómeno migratorio. Además, con la reforestación se rehabilitará la selva y el bosque, se rescatará y protegerá la flora y fauna nativa(59).
6.4.- Relevancia del Objetivo prioritario 4: Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que enfrentan los grupos poblacionales históricamente excluidos.
La nueva política de bienestar del Gobierno de México tiene como objetivo principal promover políticas para la inclusión de estos grupos históricamente excluidos con el fin de mejorar sus niveles de bienestar. El presente objetivo se centra en mejorar el bienestar de los pueblos originarios y afromexicanos, busca la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, resarcir la dignidad de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, el derecho de las juventudes a tener una vida digna y ser tomados en cuenta en las decisiones nacionales.
Atender de manera integral las distintas etapas del ciclo de vida
Es necesario avanzar hacia la universalidad de los derechos sociales y centrarnos en políticas de igualdad. La igualdad de bienestar tiene como objeto la política de redistribución y procurar el máximo beneficio de las personas menos favorecidas. No basta con repartir por igual los recursos para asegurar una igualdad real de oportunidades sino hay que repartirlos con énfasis a quienes más lo necesitan en función del contexto de su ubicación social de nacimiento.
En lo que respecta al tema de salud de niñas y niños, este grupo manifiesta necesidades de atención distintas a las de otros grupos poblacionales al relacionarse con la atención de necesidades en un entorno preventivo incluye aspectos como vacunación y lactancia materna, y por el otro, los referentes a las problemáticas alimentarias, como la desnutrición y la sobrealimentación; ambos aspectos que pueden condicionar la vida futura de los infantes(60).
Los infantes en situación de discapacidad enfrentan un mayor grado de vulnerabilidad para su desarrollo y bienestar, ya que limita su acceso a una participación activa en todos los aspectos de la vida familiar y comunitaria. Asimismo, su condición de discapacidad y los servicios de atención que requieren los exponen mayores riesgos, situaciones de violencia, lesiones, maltrato, abuso, abandono, descuido, discriminación y explotación, entre otros(61).
Uno de los temas de mayor preocupación es el abandono infantil, así como las condiciones de abuso y falta de acceso a la justicia. Al respecto, es importante para el Gobierno de México la construcción de un sistema nacional de cuidados que cuente con la infraestructura adecuada, el personal capacitado para atender a la población que necesite de dichos servicios. Al respecto, el PSB contribuirá a la ejecución de una política adecuada que atienda la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en sus comunidades y que eviten su separación del núcleo familiar.
Situación de vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes
Existen procesos multifactoriales de exclusión social que afectan a la población infantil y adolescente ya que aumentan la probabilidad de reproducir la pobreza: los hogares ampliados (formados por un hogar nuclear más otros parientes), con jefaturas jóvenes, indígenas, rurales, con baja escolaridad. La población infantil es un grupo vulnerable y prioritario para la atención de la política de bienestar del Gobierno de México, ya que la pobreza entre la población infantil es mayor que en el resto de la población nacional.
De manera particular, en lo que respecta a la carencia por acceso a la alimentación, este grupo etario es uno de los más afectados, en especial para aquellos que se encuentran en situación de pobreza y habitan en el medio rural. La alimentación adecuada es fundamental durante los primeros años de vida ya que impacta de manera positiva en su desarrollo físico y cognitivo. Al respecto, las niñas y niños del país siguen padeciendo las principales manifestaciones de la mala alimentación; la prevalencia de bajo peso en infantes pasó de 2.8% en 2012 a 3.9% en 2015, agudizándose más en el medio rural donde alcanzó 6.4% para el mismo año. Asimismo, la prevalencia de baja talla fue de 10.2% en las localidades urbanas y de 18.9% en las rurales en 2015(62).
Si bien en nuestro país la desnutrición infantil crónica ha venido a la baja, al grado de ya no considerarse un problema de salud pública, sigue siendo alta para el tamaño y nivel de ingreso del país(63). A nivel nacional la incidencia fue de 13.6% en 2012 pero esta última casi se duplica en el medio rural y supera 20% entre los segmentos más pobres de la población(64).
Por otra parte, en lo que respecta a los temas de salud, nuestro país ha logrado importantes avances en cuanto a reducir la mortalidad en la niñez. No obstante, aún tenemos niveles elevados en comparación con los países desarrollados. En 2015 la tasa de mortalidad en menores de cinco años fue de 15.1 muertes por cada 1,000 nacidos vivos y el indicador de mortalidad infantil fue de 12.5 muertes por cada 1,000 nacidos vivos(65).
Aunado a lo anterior, un problema de salud relacionado con la adecuada alimentación consiste en el aumento de infantes con sobrepeso y obesidad. La proporción de niñas con sobrepeso y obesidad en el grupo de 5 a 11 años pasó de 25.5% en 1999 a 32.8% en 2016, en tanto que, entre los niños de este mismo grupo pasó de 28.2% a 33.7% en el mismo periodo, es decir, un crecimiento de 7.3% entre las niñas y de 5.5% entre los niños(66).
En lo que respecta a la población de jóvenes, de acuerdo con la información de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, asciende a 37.5 millones de personas, de las cuales 50.6% son mujeres y el 49.4% son hombres. Por esta razón, la población joven de México tiene un papel muy importante para las políticas, tanto por el lugar que ocupan entre la población nacional en cuanto a su número, como por sus características diversas en cuanto a etnicidad, educación, empleo y transiciones en el curso de vida.
Asimismo, de acuerdo con el MCS de la ENIGH 2014 se estima que existen 28.2 millones de jóvenes con algún tipo de carencia social. Al no tener acceso a los derechos y no contar con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, las juventudes se enfrentan a una situación vulnerable. Las cifras correspondientes a este año indican que 17.5 millones de jóvenes se encuentran en situación de pobreza, de los cuales 13.9 millones están en pobreza moderada y 3.6 millones en pobreza extrema.
Derivado de lo anterior, es urgente elaborar políticas que logren incidir en los problemas de la juventud para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, ya que al menos un quinto de la población de 12 a 29 años le han obstaculizado alguno de sus derechos, como es la posibilidad de seguir estudiando. Para dichas políticas es necesario considerar la heterogeneidad tanto de la composición y distribución territorial de la población joven, como de sus transiciones en el curso de vida.
Para atender los grandes retos en materia de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el Gobierno de México aborda la problemática de forma integral, mediante la transversalización de la perspectiva de estos grupos poblacionales en las dependencias y entidades del sector bienestar, pero también en los diferentes órdenes de gobierno a través del fortalecimiento de programas y acciones de política pública dirigidas a la atención de estos grupos vulnerables.
Inclusión y bienestar de la comunidad LGBTTTI
Entre los retos que enfrenta el Gobierno de México para lograr niveles de bienestar para su población se destaca la garantía de los derechos humanos para la comunidad LGBTTTI, es decir de la diversidad sexual, la cual se refiere a la condición de ser diferente y sugiere una distancia respecto de la norma que es la heterosexualidad y la identidad de género(67). De acuerdo con algunos teóricos, la diversidad sexual abarca las sexualidades plurales, polimorfas y placenteras (homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, entre otros). Al respecto, se considera que la categoría de la diversidad sexual es relativa y está abierta al cambio y a la inclusión de nuevas identidades de acuerdo con el momento histórico y el contexto cultural específico; implica el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas(68).
Si bien la sociedad mexicana ha experimentado cambios positivos en torno a la libertad, pluralidad y tolerancia todavía predominan las prácticas discriminatorias, excluyentes y homofóbicas que deben combatirse para lograr un país justo e incluyente. Al respecto, aunque la homosexualidad en sí nunca fue considerada un delito y, entre los sectores más avanzados de la sociedad, nadie se reconoce como tal, existe una homofobia soterrada que consiste en invisibilizar los problemas de la diversidad sexual(69).
De acuerdo con el Informe Especial sobre Violaciones a los Derechos Humanos y Delitos Cometidos por Homofobia presentado por la CNDH, entre 1998 y 2012 se cometieron 261 crímenes de odio por homofobia(70).
Los datos de la ENADIS 2017, indican que el 3.2% de la población de 18 años o más en México declaran no ser heterosexuales, aunque el dato puede ser mayor ya que debido a los prejuicios sobre la diversidad sexual, varias personas no hayan compartido su orientación sexual abiertamente(71). Al respecto, las personas LGBTTTI están sujetas constantemente a diversas formas de discriminación y menoscabo de sus derechos humanos. De acuerdo con la ENADIS 2017, un tercio de la población no estaría dispuesta a rentar una habitación a personas trans (36%) ni a personas lesbianas o gay y a cuatro de cada diez personas no les gustaría que una persona gay o lesbiana fuera electa para la Presidencia de la República(72).
Rezago de las comunidades indígenas y afromexicanas
De acuerdo con datos del Banco Mundial aproximadamente 60 millones de mexicanos son pobres, de los cuales 22.3 millones están en extrema pobreza, es decir, no les alcanza ni para cubrir sus necesidades alimentarias. México se ha convertido en uno de los países con mayor porcentaje de pobreza en el continente, y el tercero o cuarto en desigualdad en el mundo. Los más pobres son cerca de 10 millones de indígenas de las distintas culturas de México(73). La tasa de pobreza extrema para la población hablante indígena es casi cuatro veces más alta que la de la población en general, si a esto agreguemos la pobreza moderada encontraremos que de cada cuatro hablantes de lengua indígena son pobres(74).
De acuerdo con los datos de CONAPO en 2015, 309 municipios fueron catalogados como indígenas (12.58%) y 193 predominantemente indígenas (7.86%). El 53.72% de los municipios indígenas presentaron un grado de marginación muy alto y 42.72% mostraron un grado de marginación alta; esta situación fue similar con los catalogados como predominantemente indígenas, en los 64.77% y 22.8% tuvieron un grado de marginación muy alto y alto respectivamente.
Los datos de la Encuesta Intercensal 2015, llevada a cabo por el INEGI estiman que, de acuerdo con su cultura, historia y tradiciones, 1.9 millones de personas se consideraban en parte o totalmente afrodescendientes y contaban con nacionalidad mexicana, lo que representaba el 1.63% de la población nacional, el 70% de esta población se ubicaba en cinco entidades federativas del país: México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y la Ciudad de México. Estos valores demuestran la gran concentración de la población, no obstante, hay que considerar que los territorios habitados por los afromexicanos no necesariamente son los mismos donde residen los indígenas mexicanos, pese a que en algunos espacios existe una enorme coincidencia, así como en los elevados niveles de marginación y las carencias sociales que padecen(75).
Por su parte, de acuerdo con los datos de CONEVAL 2019, entre 2008 y 2018 la población indígena en situación de pobreza pasó de 71.1% a 69.5%, por lo que actualmente existen aproximadamente más de 8.3 millones de personas indígenas en situación de pobreza, de los cuales cinco millones estaban en pobreza moderada y 3.2 millones padecían pobreza extrema. En lo que respecta a los indicadores de carencias sociales, los datos de CONEVAL para 2018 muestran que del total de la población indígena: 31.1% está en rezago educativo, 15.4% no tiene acceso a los servicios de salud, 78.2% no tiene seguridad social, 28.5% padece por calidad y espacios en la vivienda, 57.5% cuenta con rezago en los servicios básicos en la vivienda, y 31.5% sufre carencia por acceso a la alimentación.
La población indígena y afromexicana presenta una situación desfavorable en cuanto a la carencia por acceso a la alimentación en relación con la población en general, ya que enfrentan diferentes desafíos para hacerse de alimentos con variedad, suficiencia y calidad para poder llevar una dieta correcta. Este sector de la población, al ser uno de los grupos más vulnerables por ingreso, destinan mayor parte de sus ingresos para satisfacer sus necesidades alimentarias(76).
En lo que concierne al tema de salud, las desigualdades territoriales también afectan a la población indígena y afromexicana de manera más aguda que al resto de la población. En 2018, las unidades de hospitalización del sector público en todo el país sumaron un total de 4,571; de éstas el 97.7% se encontraban en localidades urbanas y solo 1.5% en localidades rurales. Esta cobertura desigual afecta de manera predominante a la población de habla indígena, la cual se concentra en las comunidades rurales del país(77).
Para hacer frente a la situación de desventaja social y vulnerabilidad de este grupo poblacional, el Gobierno de México dará atención especial a los pueblos indígenas y afromexicanos para poner fin a la ignominia, la opresión, el racismo, la pobreza y la marginación que nuestros pueblos originarios sufren desde hace siglos. Por lo anterior, todos los programas sociales tendrán como población prioritaria, considerar a las personas habitantes de zonas indígenas y afromexicanas.
Garantizar los derechos humanos de las personas migrantes
Uno de los grupos más vulnerables por su condición legal y discriminación son las personas migrantes en tránsito irregular por México, es decir, quienes pasan por el país sin la documentación oficial necesaria para llegar a su destino, generalmente a Estados Unidos de América. Otro grupo importante en condiciones similares es el formado por las personas migrantes en retorno (nacionales o extranjeras) proveniente de Estados Unidos. En ambos casos las niñas, niños y adolescentes no acompañados representan de manera especial a la población más vulnerable.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación durante 2018, 138,612 personas de distintas nacionalidades estuvieron detenidas en estaciones o estancias migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM), mientras que en 2017 fueron 93,846 personas. Asimismo, en 2018: 112,317 personas extranjeras fueron deportadas o acogidas al beneficio de retorno asistido desde México a otros países, mientras que el año anterior la cifra alcanzó a 82,237 personas extranjeras.
Todas las personas migrantes comparten problemas derivados de la discriminación estructural: la violación de sus derechos humanos por parte de funcionarias y funcionarios de todos los niveles de gobierno; la violencia de grupos criminales (robos, secuestros, violaciones, trata de personas); las detenciones arbitrarias; la falta de acceso a la atención médica y acceso a la justicia, así como la diferencia salarial que reciben en relación con las personas no migrantes por hacer el mismo trabajo, entre otros.
Las causas de la migración son distintas según el género: 9 de cada 10 mujeres emigran para reunirse con la familia, trabajar o estudiar; en cambio, 8 de cada 10 hombres lo hacen para buscar trabajo o conseguir uno mejor pagado(78). Con el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, el número de mexicanos que son repatriados ha aumentado en los últimos años. El saldo neto migratorio de México, estimado para 2019, fue negativo (cerca de -308 mil personas), y se proyecta que esta tendencia seguirá creciendo ligeramente durante los próximos años, hasta alrededor de -326 mil en 2030(79). Al respecto, muchos tienen dificultades para reinsertarse económica y socialmente en sus comunidades de origen, lo cual aumenta su situación de vulnerabilidad.
En lo que respecta a los migrantes centroamericanos el Gobierno de México garantizará sus derechos humanos, así como mitigación de su condición de vulnerabilidad. En continuidad con la tradición en la política de solidaridad internacional del cual nuestro país es ejemplo, se contribuirá a un cambio cultural para ser respetuoso y tratar dignamente a las personas migrantes, promoviendo una integración virtuosa de las migraciones internacionales en el desarrollo nacional y bienestar de las personas.
Fomentar las actividades productivas de las artesanas y artesanos
Uno de los principales problemas para las personas que desarrollan actividades artesanales es la falta de ingresos, capacidades productivas y vinculación comercial, lo cual limita el ejercicio de sus derechos humanos y condiciona su nivel de bienestar. En lo que se refiere a las actividades que desarrollan las artesanas y los artesanos que se encuentran en regiones agrícolas, forestales y en zonas marginadas pertenecientes a las comunidades indígenas y afromexicanas, éstas se encuentran en peligro de extinción por carecer de mecanismos que mejoren su productividad y comercialización, a pesar de que en muchos países del mundo son reconocidas porque reflejan artísticamente los orígenes y desarrollo cultural de las comunidades.
De acuerdo a las estimaciones del MCS de la ENIGH, de la población total de artesanas y artesanos en nuestro país 56.2% son del sexo masculino, lo que representa una diferencia de 12.4% respecto a las mujeres artesanas. En lo que respecta a la distribución geográfica, el 71% de la población de artesanas y artesanos se encuentra en localidades urbanas; lo anterior podría deberse a la búsqueda de canales de comercialización de sus productos. En contraparte, la población de artesanas y artesanos que habita en localidades rurales, es un segmento más empobrecido ya que el 68.8% percibe un ingreso por debajo de la línea de bienestar en comparación con el 61% que habita en zonas urbanas. Finalmente, se estima que el 20.5% de la población de artesanas y artesanos habla alguna lengua indígena, de los cuales 8 de cada 10 tiene ingresos inferiores a la línea de bienestar(80).
Aportación del Objetivo prioritario 4
El cumplimiento del presente objetivo del PSB implica convertirse en un país donde las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres, inmigrantes y refugiados, población indígena, afromexicanos, población LGBTTTI y cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad, sean incluidos socialmente y tengan una vida digna, libre de discriminación, con goce pleno de sus derechos humanos que les permitan construir un sentido de pertenencia e identidad.
Uno de grupos sociales más vulnerados es el de las poblaciones LGBTTTI, las cuales buscan conseguir la igualdad en el ejercicio de derechos de personas históricamente discriminadas. Las acciones y programas en materia de salud enfocadas a este grupo siguen siendo insuficientes, por lo cual el Gobierno de México impulsará el trabajo interdisciplinario para lograr empoderar a las personas que están en los distintos procesos de identificación y reconocimiento de la diversidad sexual sin menoscabo de sus derechos humanos.
El presente Gobierno dará atención a los pueblos indígenas de México ya que es una ignominia que nuestros pueblos originarios vivan desde hace siglos bajo la opresión y el racismo, con la pobreza y la marginación a cuestas. Las comunidades indígenas, que han vivido desde hace siglos la opresión, el saqueo y la discriminación, padecieron con particular intensidad esta ofensiva.
La visualización al año 2024 es que la población crecerá de manera sostenible en todas las regiones del territorio nacional. El regreso al campo será una realidad y la emigración pasará a formar parte de la historia, de una época ya superada. La gente estará trabajando donde nació, cerca de sus familiares, de su medio ambiente, con sus costumbres y cultura. Nadie, por necesidad, para mitigar su hambre y pobreza, se verá obligado a abandonar su tierra natal.
Se tendrá una mejor distribución de riqueza y del ingreso y los grupos poblacionales excluidos habrán mejorado su nivel de ingreso y su poder adquisitivo. Se habrá fortalecido el mercado interno, ningún mexicano padecerá de hambre y nadie vivirá en la pobreza extrema(81).
6.5.- Relevancia del Objetivo prioritario 5: Contribuir a una cultura para la paz para incidir en la disminución de la violencia en comunidades y territorios.
En México, como en otros países, la modalidad de acumulación neoliberal, su desempeño, en términos de crecimiento económico y de distribución del ingreso, ha sido decepcionante. La última gran crisis capitalista representa un claro síntoma de la crisis estructural de tal patrón de acumulación. A ello se agrega un profundo proceso de descomposición social y de violencia e inseguridad que golpea a la población.
En el contexto de elevados niveles de violencia del país, el PSB tiene como prioridad generar condiciones de bienestar para que la paz y tranquilidad puedan instalarse en las microrregiones, comunidades y territorios. La cultura para la paz radica en considerar a todos los individuos como poseedores y generadores de cultura; por tal motivo nadie debe ser excluido de las actividades de participación social y comunitaria que propician los factores de paz, cohesión social y convivencia.
Dentro de esta perspectiva, nadie debe ser excluido a las actividades y los circuitos de la cultura, los cuales representan, en la actual circunstancia, factores de paz, cohesión social, convivencia y espiritualidad. Al igual que en otros rubros, el gobierno federal priorizará en éste las necesidades de los sectores más marginados, indefensos y depauperados, e impulsará una vigorosa acción cultural en las zonas más pobres del país.
Al igual que en otros rubros, el Gobierno de México priorizará en el PSB las necesidades de los sectores más marginados, con altos índices de violencia, población indígena y afromexicana, e impulsará una vigorosa acción cultural para la paz en las zonas más pobres del país.
Incidir en la construcción de una cultura de la paz
Desde el desplazamiento forzado de comunidades enteras hasta el incremento más alto registrado en la tasa de homicidios, la paz en nuestro país se ha deteriorado en ritmos cada vez acelerados. A su vez, este contexto de impunidad ha sido escena de un repunte de las violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez, entre 2000 y 2018, la CNDH registró un total de 130,318 expedientes de queja por la presunta violación de derechos humanos y emitió 1,285 recomendaciones a distintas autoridades.
Es fundamental garantizar entornos seguros, saludables y en paz para todas las personas. Consideramos que no podemos avanzar como país si los niveles de inseguridad y violencia social en las comunidades, colonias y territorios en los que gestionan su vida, les generan restricciones importantes en su autonomía y bienestar y vulneran sus derechos a la integridad, seguridad y bienestar.
El Gobierno de México establecerá lo antes posible el Consejo Nacional para la Construcción de Paz, que será una instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores de México y del extranjero que trabajen por la paz. Asimismo, invitará en todas estas acciones a representaciones de la CNDH y a observadores designados por la ONU.
Por tanto, el Gobierno de México busca revertir factores de desigualdad, atender las necesidades y demandas más apremiantes externadas por dichos grupos prioritarios para avanzar en la igualdad sustantiva entre todos los sectores sociales, respondiendo al principio de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera a través de la implementación de una cultura para la paz.
Disminuir las violencias contra las mujeres
Las violencias contra de las mujeres, en sus diferentes tipos y modalidades, representa una de las expresiones de desigualdad social más profundas y trae consigo enormes costos económicos y sociales, que limitan una democracia plena, cuya aspiración es el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos de todas las personas.
De acuerdo con los hallazgos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, se estima que 30.7 millones (66.1%) han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja. No obstante, sólo el 88.4% solicitan apoyo a alguna institución o denuncian ante alguna autoridad.
Los homicidios contra las mujeres, muestran una preocupante tendencia creciente: entre 2010 y 2018 el INEGI registró 25,190 defunciones femeninas con presunción de homicidio, siendo 2018 el año con el mayor registro (3,633). También los registros de presuntos delitos de feminicidio se han incrementado: de enero de 2015 a julio de 2019 se contabilizan 3,174. Los registros de presuntos homicidios dolosos contra mujeres ascienden a 10,852 en el mismo período, 1,610 en los primeros siete meses de 2019, según lo reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La Encuesta Nacional de Juventud 2010, evidencia que prácticamente la mitad de las mujeres jóvenes (44.8%) padece o ha padecido violencia psicológica en su relación de noviazgo. Este tipo de violencia también es más frecuente en Sinaloa (64.9%), seguido del Estado de México (55.7%), CDMX (55.6%), Guerrero y Jalisco con 53.7%, y Campeche (51.7%).
Se considera que la condición de desigualdad estructural en la que se ha colocado a las mujeres tiene impactos negativos, pues se suma a una vivencia de discriminación múltiple cuando se contemplan otras condiciones como la clase social, la pertenencia étnica, la edad, la condición geográfica, la discapacidad, la diversidad sexual y de género, entre otras. A tal grado llega este problema que se habla de un fenómeno creciente llamado la feminización de la pobreza en México(82).
Combatir la violencia de género contra las mujeres y las niñas es imprescindible, México no puede avanzar en alcanzar mayores niveles de igualdad, desarrollo y bienestar, si las mujeres y las niñas son violentadas sólo por su condición de género. En seguimiento al principio de No dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, se promoverán medidas transversales, diferenciadas y especiales para erradicar las desigualdades de género entre mujeres y hombres. Mediante programas y acciones que prevengan la discriminación y la violencia de género, que permitan contribuir a la regeneración del tejido social mediante el empoderamiento de las mujeres en los aspectos económico, social, político y cultural a fin de contribuir al bienestar social y a la igualdad.
Atender los retos de las juventudes para una cultura de paz
Para atender los grandes retos en materia de juventud, se aborda la problemática de forma integral, mediante los siguientes rubros: Jóvenes por la Transformación, Brigadas Comunitarias de Norte a Sur. Su principal objetivo es lograr que las y los jóvenes sean agentes de cambio, capaces de contribuir a la construcción de un país con Bienestar mediante la conformación y capacitación de brigadas integradas por jóvenes en zonas catalogadas de alta marginación, en municipios con mayor población indígena por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y en municipios señalados de alta incidencia delictiva por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dirigiendo sus líneas de acción a temáticas como cultura de paz, trabajo comunitario y derechos humanos, desde el enfoque de la perspectiva de juventud; Red Nacional de Contenidos de Radio y Televisión "Dilo Fuerte"; su objetivo principal consiste en crear una red nacional de programas de radio y televisión conducidos por jóvenes, mediante los cuales masifiquen mensajes con perspectivas de juventud y de género, con respeto a los derechos humanos.
Aportación del Objetivo prioritario 5
Con la consecución del presente objetivo, se lograra ser un país que genere condiciones de bienestar para que la paz y la tranquilidad se instalen en el territorio; además de promover la participación social libre de violencia, en hogares, escuelas, refugios, lugares de trabajo, etc., a través de planes, políticas, programas y acciones que fortalezcan y coadyuven a la cohesión social, la regeneración del tejido social, la igualdad y respeto entre hombres y mujeres, priorizando en las zonas indígenas, con alta y muy alta marginación y con altos índices de violencia. Para garantizar la seguridad pública es indispensable el desarrollo social, impulsar una nueva corriente sustentada en la dignidad, la honestidad y el respeto a nuestros semejantes.
El gobierno federal aplicará los recursos a través de los programas sociales, en las microrregiones donde tendrán como prioridad establecer una cultura de paz y disminuir la violencia, aumentar la cohesión social y la convivencia. Se atenderán las causas del problema que solo pueden ser vencidas con cambios efectivos en lo social y con la influencia moral que se pueda ejercer sobre la sociedad en su conjunto. Se actuará en coordinación y perseverancia al interior del gobierno para enfrentar el flagelo de la violencia(83).
7.- Estrategias prioritarias y Acciones puntuales
A continuación, se describen de manera pormenorizada los objetivos y estrategias prioritarias, así como las acciones puntuales que buscan atender las causas o los efectos de los problemas públicos identificados:
Objetivo prioritario 1.- Contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos humanos de manera efectiva y progresiva comenzando por quienes más lo necesitan.
Estrategia prioritaria 1.1 Contribuir al acceso de servicios de cuidados para niñas y niños, personas con discapacidad y adultas mayores para mejorar su bienestar.
| Acción puntual |
| 1.1.1 Implementar servicios de cuidados para niñas y niños, personas con discapacidad y personas adultas mayores. |
| 1.1.2 Contribuir a la coordinación e implementación de un Sistema Nacional de Cuidados a partir de los servicios de cuidados del sector. |
| 1.1.3 Asegurar el servicio de cuidados para niñas y niños de la primera infancia con y sin discapacidad, con enfoque de derechos humanos y diferenciado, de las madres, padres solos o tutores que están en busca de un empleo, estudian o trabajan. |
Estrategia prioritaria 1.2 Instrumentar las pensiones solidarias no contributivas, con pertinencia cultural, para personas con discapacidad y adultas mayores a fin de mejorar su bienestar.
| Acción puntual |
| 1.2.1 Incorporar de manera prioritaria, en las pensiones solidarias no contributivas, a las mujeres adultas mayores de zonas marginadas, con altos índices de violencia e integrantes de comunidades indígenas y afromexicanas, en coordinación con las instituciones públicas competentes. |
| 1.2.2 Incorporar un enfoque de pertinencia cultural para las pensiones solidarias no contributivas a personas con discapacidad perteneciente a comunidades indígenas y afromexicanas, en coordinación con las instituciones públicas competentes. |
| 1.2.3 Implementar una pensión solidaria no contributiva para las personas con discapacidad permanente para reducir sus condiciones de vulnerabilidad. |
| 1.2.4 Entregar una pensión solidaria no contributiva, con pertinencia cultural, a la población adulta mayor indígena y afromexicana, de 65 años o más de edad, y a la población adulta mayor, de 68 años o más de edad, para que así cuente con garantía y acceso al derecho a la protección social, en coordinación con las instituciones públicas competentes. |
| 1.2.5 Implementar acciones en coordinación con otras dependencias gubernamentales para garantizar una atención integral a las personas beneficiarias de la pensión solidaria no contributiva. |
Estrategia prioritaria 1.3 Impulsar acciones y mecanismos que promuevan el respeto, protección y garantía de los derechos humanos con pertinencia cultural para las personas adultas mayores para mejorar su bienestar.
| Acción puntual |
| 1.3.1 Establecer mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades de la APF para la incorporación de la perspectiva de vejez y envejecimiento activo. |
| 1.3.2 Establecer mecanismos de coordinación con las entidades federativas y municipales para la incorporación de la perspectiva de vejez y envejecimiento activo. |
| 1.3.3 Promover la participación de las personas adultas mayores en la solución de problemas públicos. |
| 1.3.4 Promover en las instituciones y centros de atención públicos la implementación de modelos gerontológicos con perspectiva de derechos humanos y pertinencia cultural. |
Estrategia prioritaria 1.4 Disminuir el impacto negativo al bienestar de las personas y familias ante situaciones de emergencia natural o social para asegurar el ejercicio de sus derechos humanos.
| Acción puntual |
| 1.4.1 Entregar apoyos económicos o en especie para atender las necesidades de las personas, en las poblaciones afectadas por fenómenos sociales y naturales, con el fin de reducir el impacto negativo en sus derechos humanos. |
| 1.4.2 Implementar acciones en coordinación con otras dependencias gubernamentales para garantizar el bienestar de las personas y familias ante las emergencias sociales y naturales para dar una respuesta satisfactoria a dichas emergencias, con el fin de reducir el impacto negativo en sus derechos humanos. |
| 1.4.3 Proteger en prioridad a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad frente a emergencias sociales y naturales. |
Objetivo prioritario 2.- Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios.
Estrategia prioritaria 2.1 Priorizar en la atención de los programas sociales a las personas que habiten en municipios y alcaldías marginados para disminuir sus niveles de marginación.
| Acción puntual |
| 2.1.1 Contribuir al bienestar social de las personas que habitan en zonas marginadas mediante el desarrollo de proyectos productivos e implementación de programas sociales con pertinencia cultural. |
| 2.1.2 Fomentar las actividades productivas con pertinencia cultural de las y los artesanos que se encuentran en zonas marginadas y pertenecientes a las comunidades indígenas y afromexicanas. |
| 2.1.3 Incluir en los criterios de selección y cobertura de los programas sociales a las poblaciones que habitan en zonas marginadas, indígenas y afromexicanas o con altos índices de violencia. |
| 2.1.4 Priorizar a las comunidades indígenas y afromexicanas con marginación o con altos índices de violencia para el impulso de procesos de economía social y solidaria. |
| 2.1.5 Potencializar las ventajas competitivas y vocaciones productivas de los territorios con el impulso a proyectos productivos de economía social y solidaria. |
| 2.1.6 Contribuir a la inversión en infraestructura social conforme lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (artículos 32, 33, 34 y 35). |
Estrategia prioritaria 2.2 Impulsar las capacidades productivas de las regiones agrícolas, forestales y pesqueras a través de las prácticas y principios de la economía social para fortalecer modelos alternativos de desarrollo.
| Acción puntual |
| 2.2.1 Proveer apoyos a las artesanas y los artesanos prioritariamente de regiones agrícolas y forestales de las comunidades indígenas y afromexicanas, marginadas o con violencia. |
| 2.2.2 Incorporar a las mujeres indígenas y afromexicanas en los procesos de capacitación de proyectos productivos de los programas sociales. |
| 2.2.3 Generar procesos de economía social y solidaria en regiones agrícolas, forestales y pesqueras con la participación de los pobladores y mediante proyectos productivos viables y sustentables. |
| 2.2.4 Vincular proyectos productivos mediante la articulación de cadenas productivas en torno a bienes agrícolas y forestales, con pertinencia cultural y énfasis en las regiones indígenas y afromexicanas. |
| 2.2.5 Capacitar a la población para la realización de los proyectos productivos basados en los principios de la economía social y solidaria, con enfoque intercultural, de género y antidiscriminatoria. |
| 2.2.6 Impulsar y fortalecer la creación de organismos del sector social de la economía. |
| 2.2.7 Contribuir a expandir la cobertura territorial y proximidad física de las entidades de la banca social con énfasis en las regiones indígenas y afromexicanas. |
| 2.2.8 Apoyar y promover el desarrollo de esquemas de aseguramiento para los organismos del sector social de la economía. |
| 2.2.9 Contribuir en el diseño e implementación de una política de financiamiento crediticio e inversión de capital para el sector social de la economía, a través de la banca social y con la participación de la banca de desarrollo. |
| 2.2.10 Contribuir a la optimización de la política de subsidios a la inversión para el sector social de la economía. |
Estrategia prioritaria 2.3 Apoyar los esfuerzos de la Secretaría de Bienestar a través de los Módulos de Atención por medio de la atención e información coordinada y articulada a la población para el ejercicio de sus derechos.
| Acción puntual |
| 2.3.1 Promover la participación ciudadana e informar sobre los programas de la Secretaría de Bienestar por medio de los Módulos de Atención. |
| 2.3.2 Brindar acciones de información sobre los Programas de la Secretaría de Bienestar a toda la población, fundamentalmente a las personas que sufren de mayor marginación. |
| 2.3.3 Estructurar acciones de vínculo directo entre el gobierno y la población, fundamentalmente a las personas que sufren de mayor marginación. |
| 2.3.4 Promover acciones de participación ciudadana y de desarrollo de metodologías de innovación social que coadyuven a una mayor participación de la gente en los programas de gobierno y en la resolución específica de sus necesidades y actividades de desarrollo local. |
| 2.3.5 Proporcionar capacitación a los participantes de los programas de gobierno para mejorar los servicios prestados. |
| 2.3.6 Realizar acciones de contraloría social en los territorios respectivos y servir como estructura institucional de vinculación de demandas y de interlocución efectiva entre gobierno y población. |
| 2.3.7 Asegurarse que toda la población que tenga derecho a integrar un programa sea informada del mismo y si lo desea o necesita, pueda tener acceso a él. |
Objetivo prioritario 3.- Contribuir al bienestar social mediante ingresos suficientes, impulsar la autosuficiencia alimentaria, la reconstrucción del tejido social y generar la inclusión productiva de los campesinos en localidades rurales para hacer productiva la tierra.
Estrategia prioritaria 3.1 Instrumentar acompañamiento técnico agrícola con enfoque intercultural, apoyos económicos y en especie para que campesinas y campesinos puedan hacer productiva la tierra, lograr la autosuficiencia alimentaria y agroforestal, en coordinación con las instituciones públicas competentes.
| Acción puntual |
| 3.1.1 Contratar y capacitar a técnicos agrícolas en temas de milpa intercalada entre árboles frutales, sistemas agroforestales, agricultura sustentable, biofábricas y viveros. |
| 3.1.2 Proporcionar asistencia y acompañamiento técnico a campesinas y campesinos con pertinencia cultural en temas de milpa intercalada entre árboles frutales, sistemas agroforestales, agricultura sustentable, biofábricas y viveros. |
| 3.1.3 Proporcionar apoyos económicos a campesinas y campesinos, con pertinencia cultural para que puedan hacer productiva la tierra. |
| 3.1.4 Proporcionar apoyos en especie a campesinas y campesinos con pertinencia cultural para que puedan hacer productiva la tierra. |
| 3.1.5 Apoyar la instalación de viveros comunitarios para la producción de planta. |
| 3.1.6 Apoyar la instalación de biofábricas que produzcan insumos para los viveros comunitarios y las parcelas de las campesinas y campesinos. |
Estrategia prioritaria 3.2 Otorgar acompañamiento técnico social para promover la reconstrucción del tejido social en las localidades rurales.
| Acción puntual |
| 3.2.1 Contratar y capacitar a técnicos sociales en temas de ahorro, construcción de ciudadanía, desarrollo comunitario, igualdad de género, salud comunitaria, derechos humanos, no discriminación y demás temas que aporten a la reconstrucción del tejido social en localidades rurales. |
| 3.2.2 Proporcionar asistencia y acompañamiento técnico social a campesinas y campesinos con pertinencia cultural en temas de ahorro, construcción de ciudadanía, desarrollo comunitario, igualdad de género, salud comunitaria, derechos humanos, no discriminación y demás temas que aporten a la reconstrucción del tejido social en localidades rurales. |
Estrategia prioritaria 3.3 Proporcionar asistencia técnica y mecanismos financieros con pertinencia cultural a campesinas y campesinos para promover su inclusión productiva y financiera.
| Acción puntual |
| 3.3.1 Contratar y capacitar a técnicos en temas de agroindustria, economía social y solidaria, encadenamientos productivos, canales de comercialización, incubación empresarial, organizaciones asociativas productivas y demás temas que promuevan la inclusión productiva de campesinas y campesinos. |
| 3.3.2 Proporcionar asistencia y acompañamiento técnico a campesinas y campesinos en temas de agroindustria, economía social y solidaria, encadenamientos productivos, canales de comercialización, incubación empresarial, organizaciones asociativas productivas y demás temas que promuevan la inclusión productiva de campesinos. |
| 3.3.3 Promover la constitución de un mecanismo de ahorro que apoye la inclusión productiva y financiera de los campesinos. |
Objetivo prioritario 4.- Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que enfrentan los grupos poblacionales históricamente excluidos.
Estrategia prioritaria 4.1 Promover políticas acordes a las distintas etapas del ciclo de vida para incrementar el bienestar de la población más vulnerable.
| Acción puntual |
| 4.1.1 Desarrollar la participación de los grupos sociales para que estén preparados e informados sobre sus derechos humanos. |
| 4.1.2 Fomentar la incorporación, transversalización y fortalecimiento de la perspectiva de juventudes en los programas, proyectos y procesos implementados por las entidades y dependencias de la APF. |
| 4.1.3 Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian priorizando a las personas que habiten en comunidades indígenas y afromexicanas, marginadas o con violencia. |
| 4.1.4 Promover la creación, diversificación y mejoramiento de programas de voluntariado y trabajo comunitario de personas jóvenes desde un enfoque de sensibilización de los problemas públicos y de contribución activa a su solución. |
| 4.1.5 Brindar servicios de atención integral que contribuyan a la inclusión social de las personas adultas mayores. |
| 4.1.6 Fortalecer los centros de atención a personas adultas mayores para garantizar sus derechos humanos. |
| 4.1.7 Establecer mecanismos de coordinación con las entidades federativas, municipios y alcaldías para la promoción y respeto de los derechos humanos |
Estrategia prioritaria 4.2 Ampliar los apoyos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de desventaja para mejorar su bienestar.
| Acción puntual |
| 4.2.1 Integrar en proyectos productivos con enfoque de economía social y solidaria a los jóvenes pertenecientes a comunidades indígenas y afromexicanas, marginadas o con altos índices de violencia. |
| 4.2.2 Otorgar apoyos económicos directos a las y los niños en orfandad hasta los 23 años pertenecientes a comunidades indígenas y afromexicanas, marginadas o con altos índices de violencia. |
| 4.2.3 Coadyuvar a la promoción y respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes en orfandad hasta los 23 años pertenecientes a comunidades indígenas y afromexicanas, marginadas o con altos índices de violencia. |
| 4.2.4 Fomentar el desarrollo de capacidades para el uso de las TIC´s por personas jóvenes. |
| 4.2.5 Propiciar espacios para la difusión de las expresiones culturales y propuestas creativas de artistas jóvenes en espacios públicos, académicos y medios de comunicación. |
| 4.2.6 Promover el ejercicio de los derechos sociales de las personas jóvenes como condición para alcanzar su bienestar. |
Estrategia prioritaria 4.3 Promover políticas de inclusión y bienestar de las personas con discapacidad para incrementar su bienestar.
| Acción puntual |
| 4.3.1 Integrar a familiares o vecinos con discapacidad en los grupos sociales que se forman con la idea de beneficiarlos y mejorar su calidad de vida. |
| 4.3.2 Fortalecer e incorporar las bases para el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad en los tres órdenes de gobierno. |
| 4.3.3 Incorporar y promover la accesibilidad como elemento del bienestar e inclusión social de las personas con discapacidad. |
| 4.3.4 Establecer mecanismos de apoyo para la inclusión de personas con discapacidad, en coordinación con las dependencias y entidades de la APF. |
Estrategia prioritaria 4.4 Promover políticas de inclusión, respeto y protección para las personas de la comunidad LGBTTTI para mejorar su bienestar.
| Acción puntual |
| 4.4.1 Impulsar medidas de protección para garantizar la dignidad y la integridad física de la población LGBTTTI. |
| 4.4.2 Desarrollar acciones de sensibilización social acerca de la discriminación y exclusión del colectivo LGBTTTI para combatir prácticas discriminatorias. |
| 4.4.3 Desarrollar acciones de sensibilización al servicio público de la Secretaría de Bienestar sobre orientación sexual e identidad de género para combatir las prácticas discriminatorias. |
| 4.4.4 Capacitar a las Delegaciones de Programas para el Desarrollo y al personal de campo, incluyendo técnicos sociales y agrícolas, sobre derechos humanos de la población LGBTTTI, los factores sociales, culturales y económicos que provocan discriminación y violencia. |
| 4.4.5 Fortalecer e incorporar las bases para el respeto de los derechos humanos de la población LGBTTTI en los tres órdenes de gobierno. |
| 4.4.6 Impulsar espacios libres de violencia a nivel comunitario para uso, encuentro, recreación y cohesión social. |
Estrategia prioritaria 4.5 Impulsar actividades productivas con pertinencia cultural en las comunidades indígenas y afromexicanas, para incrementar sus ingresos y detonar su bienestar.
| Acción puntual |
| 4.5.1 Contribuir al bienestar social de las personas que habitan en municipios con presencia indígena y afromexicana mediante el desarrollo de proyectos comunitarios, productivos y programas sociales adecuados culturalmente y en su lengua. |
| 4.5.2 Garantizar que se consideren las condiciones y necesidades de las mujeres indígenas y afromexicanas en la atención de los programas sociales. |
| 4.5.3 Proveer apoyos a las y los artesanos pertenecientes a comunidades indígenas y afromexicanas para desarrollar su capacidad productiva. |
| 4.5.4 Impulsar la incorporación de intérpretes en lenguas originarias en los programas sociales. |
| 4.5.5 Incidir en municipios y alcaldías con presencia indígena y afromexicana para que desarrollen sus proyectos comunitarios y productivos, con un enfoque de economía social y solidaria, intercultural y en su lengua, permitiéndoles mejorar sus ingresos. |
| 4.5.6 Propiciar procesos sociales a través de los proyectos comunitarios, productivos y programas sociales que refuercen el sentido de pertenencia, identidad y valoración del patrimonio biocultural. |
| 4.5.7 Propiciar procesos autogestivos dentro de comunidades indígenas y afromexicanas, de manera preferente a mujeres indígenas y afromexicanas. |
| 4.5.8 Potencializar el diálogo intercultural para construir procesos de economía plural en las comunidades indígenas y afromexicanos de acuerdo a sus derechos, cultura y sistemas de conocimientos. |
Estrategia prioritaria 4.6 Implementar acciones humanitarias y de integración social para personas migrantes -mexicanas y extranjeras-, refugiadas, desplazados, apátridas y asilados con necesidades de protección internacional a fin de salvaguardar sus derechos humanos.
| Acción puntual |
| 4.6.1 Implementar el Programa de Emergencia Social a favor de las personas migrantes -mexicanas y extranjeras-, refugiadas y con necesidades de protección internacional. |
| 4.6.2 Brindar alimentos a las personas migrantes -mexicanas y extranjeras-, refugiadas y con necesidades de protección internacional, que se encuentren en los albergues de la Secretaría de Bienestar. |
| 4.6.3 Coordinar la estrategia interinstitucional para la atención de personas migrantes -mexicanas y extranjeras-, refugiadas y con necesidades de protección internacional. |
Estrategia prioritaria 4.7 Mejorar la capacidad productiva de las y los artesanos preservando los saberes del arte popular, su carácter social, cultural y comunitario.
| Acción puntual |
| 4.7.1 Otorgar apoyos económicos y/o en especie a las y los artesanos, en grupo o de manera individual, para fortalecer su cadena de producción en las zonas de población mayoritariamente indígena, zonas con alto o muy alto índice de marginación o zonas con altos índices de violencia. |
| 4.7.2 Realizar la compra de productos del arte popular para su distribución, exhibición y venta en la cadena de tiendas del FONART. |
| 4.7.3 Promover y apoyar a las y los artesanos para que presenten sus productos en eventos especializados en sedes con afluencia de visitantes que les permita la venta directa de sus artesanías a los clientes. |
| 4.7.4 Fortalecer los grupos de artesanos consolidados mediante proyectos integrales que mejoren su organización, la cadena productiva y la comercialización, así como sus espacios de trabajo y nivel de capacitación. |
| 4.7.5 Facilitar herramientas y conocimientos a las y los artesanos para atender y resolver problemáticas en los procesos de organización, producción administración y comercialización, con criterios de sustentabilidad, que apoyen una mayor competitividad en el mercado y mejoren los ingresos. |
| 4.7.6 Incentivar y reconocer los saberes y las aportaciones culturales y estéticas de las y los artesanos, la maestría en el uso de la técnica, el manejo de materiales y su aprovechamiento sustentable, para fortalecer, promover y difundir el arte popular como patrimonio cultural de México. |
| 4.7.7 Fomentar la competitividad de los talleres de arte popular mediante la remodelación de los espacios de trabajo y la capacitación a las y los artesanos para promover su incorporación a un corredor comercial, que suscite la experiencia vivencial del visitante y la valoración social y ambiental de los espacios. |
| 4.7.8 Detectar y prevenir las enfermedades derivadas de la actividad productiva; y en su caso, proporcionar equipos, insumos y herramientas que apoyen la prevención y detengan el desarrollo de las enfermedades detectadas. |
Objetivo prioritario 5.- Contribuir a una cultura para la paz para incidir en la disminución de la violencia en comunidades y territorios.
Estrategia prioritaria 5.1 Priorizar la atención de los programas sociales a los municipios con altos índices de violencia para mejorar su bienestar.
| Acción puntual |
| 5.1.1 Vincular a poblaciones víctimas de violencia o discriminación con los programas sociales en caso de contingencia humanitaria. |
| 5.1.2 Propiciar un entorno seguro y digno en las actividades vinculadas con los programas sociales para las personas que participan en ellos. |
| 5.1.3 Proveer apoyos a las y los artesanos que habiten en municipios con altos índices de violencia, para ayudar a las familias a tener una mejor perspectiva de vida a futuro. |
| 5.1.4 Contribuir a la regeneración del tejido social mediante la realización de asambleas comunitarias participativas y la recuperación de los espacios públicos. |
| 5.1.5 Generar mecanismos de convivencia en el marco de la economía social y solidaria a través de la estructura institucional del sector bienestar. |
| 5.1.6 Impulsar la creación de espacios libres de violencia a nivel comunitario para uso, encuentro, recreación y cohesión social de las y los jóvenes. |
Estrategia prioritaria 5.2 Contribuir a visualizar y sensibilizar sobre la trata de personas en las regiones y poblaciones objetivo de los programas sociales para evitar dicho fenómeno en los grupos vulnerables.
| Acción puntual |
| 5.2.1 Elaborar y difundir directrices para la detección temprana de poblaciones o personas víctimas potenciales y reales de trata de personas. |
| 5.2.2 Impulsar los objetivos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, a nivel federal y estatal. |
| 5.2.3 Identificar, con el auxilio de documentos oficiales y de organizaciones especializadas, las regiones con mayor incidencia o riesgo de trata de personas, dentro de aquellas en las que actúan los programas sociales de la Secretaría de Bienestar. |
| 5.2.4 Capacitar a las Delegaciones de Programas para el Desarrollo y su personal de campo, en perspectiva de género y acciones de igualdad, con el fin de buscar el empoderamiento de las mujeres de las poblaciones objetivo, como medida preventiva de la trata de personas. |
| 5.2.5 Capacitar a las Delegaciones de Programas para el Desarrollo su personal de campo, sobre el fenómeno de trata de personas, los factores sociales, culturales y económicos que la posibilitan, medidas preventivas, formas de actuar de los tratantes y el conocimiento básico de la legislación en la materia para que, si fuera el caso, estén en posibilidad de acudir a las autoridades correspondientes. |
| 5.2.6 Impulsar, con las poblaciones objetivo de los programas, acciones de difusión para la prevención de discriminación y violencia. |
Estrategia prioritaria 5.3 Contribuir a una cultura para la paz y disminuir las violencias contra las mujeres para lograr su bienestar.
| Acción puntual |
| 5.3.1 Atender las violencias contra las mujeres que habiten en zonas de población mayoritariamente indígena, zonas con marginación y/o violencia. |
| 5.3.2 Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el empoderamiento de las mujeres en situación de violencia. |
| 5.3.3 Contribuir a la transversalización de la perspectiva de género en los programas sociales para coadyuvar a la disminución de las violencias contra las mujeres. |
8.- Metas para el bienestar y los Parámetros
Propugnamos un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat, equitativo, orientado a
subsanar y no a agudizar las desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural, sensible
a las modalidades y singularidades económicas regionales y locales y consciente de las necesidades de los
habitantes futuros del país, a quienes no podemos heredar un territorio en ruinas.
subsanar y no a agudizar las desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural, sensible
a las modalidades y singularidades económicas regionales y locales y consciente de las necesidades de los
habitantes futuros del país, a quienes no podemos heredar un territorio en ruinas.
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Como resultado de los programas de la actual administración, se espera observar un cambio en las condiciones de vida de la población. Para saber si los programas generan los resultados esperados es necesario darles seguimiento. De esta manera, se podrán detectar deficiencias tanto en el diseño como en su implementación para hacer ajustes que permitan alcanzar los objetivos planteados. Las metas para el bienestar y los parámetros son parte fundamental para el seguimiento de los programas, ya que permiten su acompañamiento continuo, nos proporcionan un medio sencillo y fiable para medir el cumplimiento de las metas establecidas, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, dar seguimiento y evaluar sus resultados.
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 1
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||||||||
| Nombre | 1.1 Incremento del bienestar de la población | ||||||||||||
| Objetivo prioritario | Contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos humanos de manera efectiva y progresiva comenzando por quienes más lo necesitan. | ||||||||||||
| Definición o descripción | Mide la variación del Bienestar Subjetivo | ||||||||||||
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Anual | ||||||||||
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico | ||||||||||
| Unidad de medida | Proporción | Periodo de recolección de datos | Enero-Diciembre | ||||||||||
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Diciembre | ||||||||||
| Tendencia esperada | Descendente | Unidad Responsable de reportar el avance | 20.- Bienestar 213.- Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios | ||||||||||
| Método de cálculo | La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: VBT = PBST-1 / PBST Donde: VBT = Variación de la satisfacción con la vida en el año T PBST = Media de la satisfacción con la vida para el año T PBST-1 = Media de la satisfacción con la vida en el periodo inmediato anterior | ||||||||||||
| Observaciones | Para la medición del bienestar subjetivo, el INEGI ha implementado instrumentos de captación de información conocidos como módulos de Bienestar Autorreportado (BIARE) por medio de los cuales se solicita, a personas de 18 y más años de edad, que consideren un conjunto de aspectos relacionados con sus experiencias de vida y les otorguen una calificación. El BIARE acompaña, durante el primer mes de cada trimestre, al levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO), con una muestra de 2 336 viviendas distribuidas en 32 ciudades (una por entidad federativa). La medición se realiza considerando el promedio de los 4 trimestres en el año. De esta manera, el BIARE nos brinda un seguimiento continuo y promedio a información representativa de la población urbana adulta del país. | ||||||||||||
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE | |||||||||||||
| Nombre variable 1 | 1.- PBST = Media de la satisfacción con la vida para el año T | Valor variable 1 | 8.2 | Fuente de información variable 1 | Módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE) de la Encuesta Nacional de Confianza del Consumidor, INEGI 2019 | ||||||||
| Nombre variable 2 | 2.- PBST-1 = Media de la satisfacción con la vida en el periodo inmediato anterior | Valor variable 2 | 8.1 | Fuente de información variable 2 | Módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE) de la Encuesta Nacional de Confianza del Consumidor, INEGI 2018 | ||||||||
| Sustitución en método de cálculo del indicador | VB2018 = 8.1 /8.2 = 0.986 | ||||||||||||
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | |||||||||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | ||||||||||||
| Valor | 0.986 | Corresponde a la media del Bienestar Subjetivo reportado en 2018 con respecto al año 2017 | |||||||||||
| Año | 2018 | ||||||||||||
| META 2024 | Nota sobre la meta 2024 | ||||||||||||
| 0.677 | Ninguna | ||||||||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
| | | | 0.981 | 0.998 | 0.993 | 0.986 | |||||||
| METAS INTERMEDIAS | |||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
| 0.857 | 0.804 | 0.753 | 0.706 | 0.677 | |||||||||
Parámetro del Objetivo prioritario 1
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||
| Nombre | 1.2 Variación de la pobreza extrema de las personas con discapacidad | ||
| Objetivo prioritario | Contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos humanos de manera efectiva y progresiva comenzando por quienes más lo necesitan. | ||
| Definición o descripción | Cuantifica la variación en el número de personas con discapacidad en México que se encuentran en condiciones de pobreza extrema en un periodo determinado. La medición se realiza mediante la tasa de variación de la población de personas con discapacidad en pobreza extrema. | ||
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Bienal |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de datos | Enero-Diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Agosto |
| Tendencia esperada | Descendente | Unidad Responsable de reportar el avance | 20.- Bienestar 213.- Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios |
| Método de cálculo | La fórmula para el cálculo es la siguiente: ei,t = [ ( PDPEi,T / PDPEi,T-1 ) * 100 ] - 100 Donde: ei,t = Eficacia en el año t PDPEi,T = Miles de personas con discapacidad en situación de pobreza extrema en el año t PDPEi,T-1 = Miles de personas con discapacidad en situación de pobreza extrema en el año t-1 | ||
| Observaciones | El indicador es una medida de la disminución de la pobreza que se ha logrado en un sector de la población en un periodo determinado. Para el caso de las personas con discapacidad, se compara el número de la población en situación de pobreza en la medición vigente de pobreza multidimensional hecha por el CONEVAL, respecto de la misma medición inmediata anterior a la vigente. Si este indicador es menor a uno, se considera que ha sido eficaz, si es mayor a uno, se considera que no lo ha sido. Es importante mencionar que el cálculo de este indicador es bienal y se espera un comportamiento descendente, reflejando la tendencia de un menor número de personas con discapacidad en situación de pobreza extrema durante el sexenio. | ||
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE | |||||||||||||
| Nombre variable 1 | 1.- PDPEi,T = Miles de personas con discapacidad en situación de pobreza extrema en el año t | Valor variable 1 | 910372 | Fuente de información variable 1 | CONEVAL, 2018 | ||||||||
| Nombre variable 2 | 2.- PDPEi,T-1 = Miles de personas con discapacidad en situación de pobreza extrema en el año t-1 | Valor variable 2 | 877358 | Fuente de información variable 2 | CONEVAL, 2016 | ||||||||
| Sustitución en método de cálculo del indicador | ei,t = [ (910,372 / 877,358 ) * 100 ] - 100 = 3.76% | ||||||||||||
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | |||||||||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | ||||||||||||
| Valor | 3.76 | Corresponde al número de personas en situación de pobreza, de acuerdo con las mediciones 2018, realizadas por el CONEVAL | |||||||||||
| Año | 2018 | ||||||||||||
| META 2024 | Nota sobre la meta 2024 | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
| 9.55 | | 10.1 | | -9.67 | | 3.76 | |||||||
| METAS INTERMEDIAS | |||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
| | | | | | |||||||||
Parámetro del Objetivo prioritario 1
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||
| Nombre | 1.3 Variación de la pobreza extrema de las personas adultas mayores | ||
| Objetivo prioritario | Contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos humanos de manera efectiva y progresiva comenzando por quienes más lo necesitan. | ||
| Definición o descripción | Cuantifica la variación del número de personas adultas mayores en México que se encuentran en condiciones de pobreza extrema en un periodo determinado. La medición se realiza mediante la tasa de variación de la población de personas adultas mayores en pobreza extrema | ||
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Bienal |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de datos | Enero-Diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Agosto |
| Tendencia esperada | Descendente | Unidad Responsable de reportar el avance | 20.- Bienestar 213.- Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios |
| Método de cálculo | La fórmula para el cálculo es la siguiente: ei,t = [ ( PPEi,T / PPEi,T-1 ) * 100 ] - 100 Donde: ei,t = Eficacia en el año t. PPEi,T = Personas adultas mayores en situación de pobreza extrema en el año t PPEi,T-1 = Personas adultas mayores en situación de pobreza extrema en el año t-1 | ||
| Observaciones | El indicador es una medida de la disminución de la pobreza que se ha logrado en un sector de la población en un periodo determinado. Para el caso de las personas adultas mayores, se compara el número de la población en situación de pobreza en la medición vigente de pobreza multidimensional hecha por el CONEVAL, respecto de la misma medición inmediata anterior a la vigente. Si este indicador es menor a uno, se considera que se ha sido eficaz, si es mayor a uno, se considera que no lo ha sido. El cálculo de este indicador es bienal y con una tendencia descendente, por lo cual se espera que el número de personas adultas mayores en situación de pobreza extrema disminuya durante el sexenio. | ||
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE |
| Nombre variable 1 | 1.- PPEi,T = Personas adultas mayores en situación de pobreza extrema en el año t | Valor variable 1 | 704426 | Fuente de información variable 1 | CONEVAL, 2018 | ||||||||
| Nombre variable 2 | 2.- PPEi,T-1 = Personas adultas mayores en situación de pobreza extrema en el año t-1 | Valor variable 2 | 628992 | Fuente de información variable 2 | CONEVAL, 2016 | ||||||||
| Sustitución en método de cálculo del indicador | ei,t = [ (704,426 / 628,992 ) * 100 ] - 100 = 11.99% | ||||||||||||
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | |||||||||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | ||||||||||||
| Valor | 11.99 | Corresponde al número de personas en situación de pobreza extrema, de acuerdo con las mediciones 2018, realizadas por CONEVAL | |||||||||||
| Año | 2018 | ||||||||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
| -1.53 | | -8.79 | | -18.04 | | 11.99 | |||||||
| METAS INTERMEDIAS | |||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
| | | | | | |||||||||
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 2
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||
| Nombre | 2.1 Participación porcentual del personal remunerado de la economía social con relación al personal remunerado a nivel nacional | ||||||
| Objetivo prioritario | Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios. | ||||||
| Definición o descripción | Mide la proporción del personal remunerado de la economía social respecto del personal remunerado de la economía nacional | ||||||
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Anual | ||||
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico | ||||
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de datos | Enero-Diciembre | ||||
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Diciembre | ||||
| Tendencia esperada | Ascendente | Unidad Responsable de reportar el avance | 20.- Bienestar L00.- Instituto Nacional de la Economía Social | ||||
| Método de cálculo | La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: PPPRT = ( PREST / PRENT ) * 100 Donde: PPPRT = Participación porcentual del personal remunerado de la economía social con relación al personal remunerado a nivel nacional en el año T PREST = Personal remunerado de la Economía Social para el año T PRENT = Personal remunerado de la Economía Nacional para el año T | ||||||
| Observaciones | Estimación de la proporción que representa el personal remunerado del sector social de la economía en el año de referencia con respecto al total del personal remunerado a nivel nacional en los sectores de actividad económica. La unidad de medida son personas remuneradas. La frecuencia de este indicador es anual y con una tendencia ascendente, por lo cual se espera que la participación porcentual del personal remunerado de la economía social aumente durante el sexenio. | ||||||
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE | |||||||
| Nombre variable 1 | 1.- PREST = Personal remunerado de la Economía Social 2013 | Valor variable 1 | 1180847 | Fuente de información variable 1 | INEGI, 2018 | ||
| Nombre variable 2 | 2.- PRENT = Personal remunerado de la Economía Nacional 2013 | Valor variable 2 | 36615312 | Fuente de información variable 2 | INEGI, 2018 | ||
| Sustitución en método de cálculo del indicador | PPPR2013 = ( 1,180,847 / 36,615,312 ) * 100 = 3.23% | ||||||
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | ||||||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | |||||||||
| Valor | 3.23 | Una vez realizada la actualización del estudio de la cuenta satélite de la Economía Social en México se podrá contar con información disponibles para los años subsiguientes hasta el 2018 | ||||||||
| Año | 2013 | |||||||||
| META 2024 | Nota sobre la meta 2024 | |||||||||
| 4.47 | La cifra presentada es resultado de una estimación lineal con una razón de crecimiento del 3% anual. Sin embargo, dicha cifra será actualizada una vez que el estudio de la cuenta satélite del periodo correspondiente sea entregado | |||||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | ||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| | 3.23 | | | | | | ||||
| METAS INTERMEDIAS | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| 3.97 | 4.09 | 4.21 | 4.34 | 4.47 | ||||||
Parámetro del Objetivo prioritario 2
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||
| Nombre | 2.2 Variación de la población en pobreza extrema a nivel nacional | ||
| Objetivo prioritario | Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios. | ||
| Definición o descripción | Mide la variación de la población total del país que cuentan con más de tres carencias sociales y se encuentran por debajo de la línea de bienestar | ||
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Bienal |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de datos | Enero-Diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Agosto |
| Tendencia esperada | Ascendente | Unidad Responsable de reportar el avance | 20.- Bienestar 614.- Dirección General de Desarrollo Regional |
| Método de cálculo | La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: ei,t = PPEi,T-1 / PPEi,T Donde: ei,t = Eficacia en el año t PPEi,T = Miles de personas en situación de pobreza extrema en el año T PPEi,T-1 = Miles de personas en situación de pobreza extrema en el año T-1 | ||
| Observaciones | El indicador es una medida de la disminución de la pobreza extrema que se ha logrado a nivel nacional en un periodo determinado. Se compara el número de la población en situación de pobreza extrema en la medición vigente de pobreza multidimensional hecha por el CONEVAL, respecto de la misma medición inmediata anterior a la vigente. Si este indicador es mayor a uno, se considera que se ha sido eficaz, si es menor a uno, se considera que no lo ha sido. En este sentido, si es mayor a la unidad se considera que la población en situación en pobreza extrema disminuyó entre los periodos comparados, si es menor, la población en situación en pobreza extrema aumentó de un periodo a otro. El cálculo de este indicador es bienal y con una tendencia ascendente, por lo cual se espera que el número de personas en situación de disminuya en relación con el año anterior a la última medición de la pobreza de CONEVAL. En el presente indicador no se incluyen metas intermedias (casos inferiores de la presente ficha) ya que lo que se busca medir es que la variación en condiciones de pobreza extrema a nivel nacional disminuya de manera bienal conforme a la medición que se establece en el presente indicador, es decir, lo que se busca es que a partir de cada medición se tenga menos población a nivel nacional que presente condiciones de pobreza extrema, motivo por el cual no se establecen metas intermedias ya que el objetivo central del presente indicador es medir que efectivamente este porcentaje disminuya y no tener únicamente metas intermedias que muy probablemente se aleje de la realidad por la cual atraviesa nuestro país. | ||
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE | |||||||||||||
| Nombre variable 1 | 1.- PPEi,T = Miles de personas en situación de pobreza extrema en el año T | Valor variable 1 | 9310.153 | Fuente de información variable 1 | Resultados de la medición de la pobreza, CONEVAL 2018 | ||||||||
| Nombre variable 2 | 2.- PPEi,T-1 = Miles de personas en situación de pobreza extrema en el año T-1 | Valor variable 2 | 9375.581 | Fuente de información variable 2 | Resultados de la medición de la pobreza, CONEVAL 2018 | ||||||||
| Sustitución en método de cálculo del indicador | ei,t = 9,375.581 / 9,310.153 = 1.0070 | ||||||||||||
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | |||||||||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | ||||||||||||
| Valor | 1.007 | Corresponde al número de personas en situación de pobreza extrema, de acuerdo con las mediciones 2018, realizadas por CONEVAL | |||||||||||
| Año | 2018 | ||||||||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
| 1.1245 | | 1.0076 | | 1.2204 | | 1.007 | |||||||
| METAS INTERMEDIAS | |||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
| | | | | | |||||||||
Parámetro del Objetivo prioritario 2
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||
| Nombre | 2.3 Porcentaje de personas pertenecientes a los Organismos del Sector Social de la Economía que se ocupan en una actividad económica mediante un Proyecto Productivo Social y/o la Constitución de Cadenas Productivas para el Bienestar | ||
| Objetivo prioritario | Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios. | ||
| Definición o descripción | Mide el porcentaje de personas pertenecientes a los Organismos del Sector Social de la Economía que se ocupan en una actividad económica mediante un Proyecto Productivo Social y/o la Constitución de Cadenas Productivas para el Bienestar en municipios con presencia indígena y/o afromexicana, altos grados de marginación e índices de violencia | ||
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Anual |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de datos | Enero-Diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Enero |
| Tendencia esperada | Ascendente | Unidad Responsable de reportar el avance | 20.- Bienestar 210.- Dirección General de Opciones Productivas |
| Método de cálculo | La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: POSSEt= ( PAt / POt ) * 100 Donde: POSSEt = Porcentaje de personas pertenecientes a los Organismos del Sector Social de la Economía que se ocupan en una actividad económica mediante un Proyecto Productivo Social y/o la Constitución de Cadenas Productivas para el Bienestar PAt = Total de personas apoyadas en Proyecto Productivo Social y/o la Constitución de Cadenas Productivas para el Bienestar POt = Total de personas ocupadas, por actividad económica y municipio apoyado, durante el ejercicio fiscal | ||
| Observaciones | El número anual de proyectos productivos será variable porque está sujeto al presupuesto fiscal. La frecuencia de cálculo de este indicador es anual y con una tendencia ascendente, por lo cual se espera que el número de personas pertenecientes a los Organismos del Sector Social de la Economía aumente durante el sexenio. El presente indicador no establece metas intermedias (casos inferiores de la presente ficha) ya que lo que se busca medir es que año con año las personas pertenecientes a los Organismos del Sector Social de la Economía que se ocupan en una actividad económica mediante un Proyecto Productivo Social y/o la Constitución de Cadenas Productivas para el Bienestar aumente; es decir, lo que se busca con el presente indicador es demostrar que las personas pertenecientes a los Organismos del Sector Social de la Economía aumente y no únicamente tener metas para los años futuros que no reflejen la realidad social por la que atraviesa nuestro país. | ||
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE | |||||||||||||
| Nombre variable 1 | 1.- PAt = Total de personas apoyadas anualmente en Proyecto Productivo Social y/o la Constitución de Cadenas Productivas para el Bienestar | Valor variable 1 | 4683 | Fuente de información variable 1 | Padrón anual de personas beneficiarias de la Dirección General de Opciones Productivas (DGOP) de la Secretaría de Bienestar | ||||||||
| Nombre variable 2 | 2.- POt = Total de personas ocupadas, por actividad económica y municipio apoyado, durante el ejercicio fiscal | Valor variable 2 | 3249987 | Fuente de información variable 2 | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada por el INEGI | ||||||||
| Sustitución en método de cálculo del indicador | POSSEt= ( 4,683 / 3,249,987 ) * 100 = 0.14% | ||||||||||||
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | |||||||||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | ||||||||||||
| Valor | 0.14 | Se modificaron las reglas de operación para 2020 por ello el valor del año 2019 podría ser modificado | |||||||||||
| Año | 2018 | ||||||||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
| | | | | | | 0.14 | |||||||
| METAS INTERMEDIAS | |||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
| | | | | | |||||||||
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 3
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||
| Nombre | 3.1 Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingreso en el ámbito rural | ||
| Objetivo prioritario | Contribuir al bienestar social mediante ingresos suficientes, impulsar la autosuficiencia alimentaria, la reconstrucción del tejido social y generar la inclusión productiva de los campesinos en localidades rurales para hacer productiva la tierra. | ||
| Definición o descripción | Mide la población por debajo de la línea de pobreza por ingreso en el ámbito rural | ||
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Bienal |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Millones de personas | Periodo de recolección de datos | Enero-Diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Agosto |
| Tendencia esperada | Descendente | Unidad Responsable de reportar el avance | 20.- Bienestar 600.- Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional |
| Método de cálculo | La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: PSLPIt+k = PLPI2018 - PLPIt+k Donde: PSLPIt+k = Población que permanece por debajo de la línea de pobreza por ingreso en el ámbito rural en el año t+k PLPI2018 = Número de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos en el ámbito rural en 2018 PLPIt+k = Número de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos en el ámbito rural en el año t+k | ||
| Observaciones | Los datos se obtienen a partir de los indicadores desarrollados por CONEVAL, no se manipula en ningún sentido. Las variables para el método de cálculo están expresadas en millones de personas. Este indicador es bienal y se espera un comportamiento descendente, por lo cual se calcula que el espera que la población por debajo de la línea de pobreza por ingresos en el ámbito rural disminuya a partir del cálculo de su año base, que es 2018. | ||
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE | |||||||||||||
| Nombre variable 1 | 1.- PLPI2018 = Número de personas en el ámbito rural con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos en 2018 | Valor variable 1 | 17.4 | Fuente de información variable 1 | Resultados de la medición de la pobreza, CONEVAL 2018 | ||||||||
| Sustitución en método de cálculo del indicador | PSLPI2018 = 17.4 - 0 = 17.4 | ||||||||||||
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | |||||||||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | ||||||||||||
| Valor | 17.4 | Se establece la línea base para el año 2018 en 17.4 millones derivado de que se pretende comenzar las mediciones del presente indicador posterior al año 2018 | |||||||||||
| Año | 2018 | ||||||||||||
| META 2024 | Nota sobre la meta 2024 | ||||||||||||
| 15.9 | Corresponde al número de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingreso en el ámbito rural en 2024 | ||||||||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
| | | | | | | 17.4 | |||||||
| METAS INTERMEDIAS | |||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
| 16.9 | | 16.4 | | 15.9 | |||||||||
Parámetro del Objetivo prioritario 3
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||
| Nombre | 3.2 Población con carencia de acceso a la alimentación en el ámbito rural | ||
| Objetivo prioritario | Contribuir al bienestar social mediante ingresos suficientes, impulsar la autosuficiencia alimentaria, la reconstrucción del tejido social y generar la inclusión productiva de los campesinos en localidades rurales para hacer productiva la tierra. | ||
| Definición o descripción | Mide la población con carencia por acceso a la alimentación en el ámbito rural | ||
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Bienal |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Millones de personas | Periodo de recolección de datos | Enero-Diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Agosto |
| Tendencia esperada | Descendente | Unidad Responsable de reportar el avance | 20.- Bienestar 600.- Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional |
| Método de cálculo | La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: PSCAAt+k = PCAA2018 - PCAAt+k Donde: PSCAAt+k = Número de personas que permanecen en situación de carencia por acceso a la alimentación en el ámbito rural en el año t+k PCAA2018 = Número de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación en el ámbito rural en 2018 PCAAt+k = Número de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación en el ámbito rural en el año t+k | ||
| Observaciones | Los datos se obtienen a partir de los indicadores desarrollados por CONEVAL, no se manipula en ningún sentido. Las variables para el método de cálculo están expresadas en millones de personas. El cálculo de este indicador es bienal y con una tendencia descendente, por lo cual se espera que el número de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación en el ámbito rural disminuya durante el sexenio, considerando su año base que es 2018. | ||
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE | |||||||||||||
| Nombre variable 1 | 1.- PCAA2018 = Número de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación en el ámbito rural en 2018 | Valor variable 1 | 7.9 | Fuente de información variable 1 | Resultados de la medición de la pobreza, CONEVAL 2018 | ||||||||
| Sustitución en método de cálculo del indicador | PSCAAt+k = 7.9 - 0 = 7.9 | ||||||||||||
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | |||||||||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | ||||||||||||
| Valor | 7.9 | Se establece la línea base para el año 2018 en 7.9 millones derivado de que se pretende comenzar las mediciones del presente indicador posterior al año 2018 | |||||||||||
| Año | 2018 | ||||||||||||
| META 2024 | Nota sobre la meta 2024 | ||||||||||||
| 6.4 | Corresponde al número de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación en el ámbito rural en 2024 | ||||||||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
| | | | | | | 7.9 | |||||||
| METAS INTERMEDIAS | |||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
| 7.4 | | 6.9 | | 6.4 | |||||||||
Parámetro del Objetivo prioritario 3
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||
| Nombre | 3.3 Población en situación de pobreza en el ámbito rural | ||
| Objetivo prioritario | Contribuir al bienestar social mediante ingresos suficientes, impulsar la autosuficiencia alimentaria, la reconstrucción del tejido social y generar la inclusión productiva de los campesinos en localidades rurales para hacer productiva la tierra. | ||
| Definición o descripción | Mide la población que se encuentra en situación de pobreza en el ámbito rural en relación con la población total del país en un año determinado | ||
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Bienal |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de datos | Enero-Diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Agosto |
| Tendencia esperada | Descendente | Unidad Responsable de reportar el avance | 20.- Bienestar 600.- Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional |
| Método de cálculo | La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: PPSPt = ( PRPt / PTt) * 100 Donde: PPSPt = Proporción de personas en situación de pobreza en el ámbito rural en el año t PRPt = Población en situación de pobreza en el ámbito rural en el año t PTt = Población total del país en el año t | ||
| Observaciones | Las variables para el método de cálculo están expresadas en millones de personas. Este indicador es bienal y con una tendencia descendente, por lo cual se espera que el número de personas en situación de pobreza en el ámbito rural disminuya durante el sexenio, a partir de su año base que es 2018. En el presente indicador no se incluyen metas intermedias (casos inferiores de la presente ficha) ya que lo que se busca medir es que la variación en condiciones de pobreza en el ámbito rural a nivel nacional disminuya de manera bienal conforme a la medición que se establece en el presente indicador, es decir, lo que se busca es que a partir de cada medición se tenga menos población a nivel nacional que presente condiciones de pobreza en el ámbito rural, motivo por el cual no se establecen metas intermedias ya que el objetivo central del presente indicador es medir que efectivamente este porcentaje disminuya y no tener únicamente metas intermedias que muy probablemente se aleje de la realidad por la cual atraviesa nuestro país. | ||
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE | |||||||||||||
| Nombre variable 1 | 1.- PRPt = Población en situación de pobreza en el ámbito rural en el año 2018 | Valor variable 1 | 16.96 | Fuente de información variable 1 | CONEVAL. Medición de la pobreza, 2018 | ||||||||
| Nombre variable 2 | 2.- PTt = Población total del país en el año 2018 | Valor variable 2 | 125.08 | Fuente de información variable 2 | CONEVAL. Medición de la pobreza, 2018 | ||||||||
| Sustitución en método de cálculo del indicador | PPSP2018 = ( 16.96 / 128.08 ) * 100 = 13.56% | ||||||||||||
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | |||||||||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | ||||||||||||
| Valor | 13.56 | El valor del indicador tiene a fluctuar a lo largo del tiempo, no obstante se espera que la población en situación de pobreza en el ámbito rural disminuya a lo largo del sexenio | |||||||||||
| Año | 2018 | ||||||||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
| 14.27 | | 14.17 | | 13.47 | | 13.56 | |||||||
| METAS INTERMEDIAS | |||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
| | | | | | |||||||||
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 4
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||
| Nombre | 4.1 Porcentaje de personas jóvenes en situación de pobreza multidimensional | ||
| Objetivo prioritario | Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que enfrentan los grupos poblacionales históricamente excluidos. | ||
| Definición o descripción | Mide el porcentaje de personas de 12 a 29 años que presentan por lo menos una carencia social o económica (acceso a servicios básicos en la vivienda, a la educación, a los servicios públicos de salud, a ingresos por encima de la línea de pobreza por ingresos) | ||
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Bienal |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de datos | Enero-Diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Agosto |
| Tendencia esperada | Descendente | Unidad Responsable de reportar el avance | 20.- Bienestar VUY.- Instituto Mexicano de la Juventud |
| Método de cálculo | La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: PJPM12-29 = ( JPM12-29 / PJ12-29 ) * 100 Donde: PJPM12-29 = Porcentaje de personas jóvenes de 12 a 29 años en situación de pobreza multidimensional JPM12-29 = Personas jóvenes de 12 a 29 años en situación de pobreza multidimensional PJ12-29 = Población joven total de 12 a 29 años | ||
| Observaciones | Veáse la metodología para la medición de la pobreza multidimensional del CONEVAL: https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/InformesPublicaciones/Documents/Metodologia-medicion- multidimensional-3er-edicion.pdf Este indicador se calcula de manera bienal y con una tendencia descendente, por lo cual se espera que el número de personas jóvenes en situación de pobreza disminuya durante el sexenio. | ||
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE | |||||||||||||
| Nombre variable 1 | 1.- JPM12-29 = Personas jóvenes de 12 a 29 años en situación de pobreza multidimensional | Valor variable 1 | 16196064 | Fuente de información variable 1 | CONEVAL. Medición de la pobreza, 2018 | ||||||||
| Nombre variable 2 | 2.- PJ12-29 = Población joven total de 12 a 29 años | Valor variable 2 | 38222901 | Fuente de información variable 2 | CONEVAL. Medición de la pobreza, 2018 | ||||||||
| Sustitución en método de cálculo del indicador | PJPM12-29 = (16,196,064 / 38,222,901) * 100 = 42.4% | ||||||||||||
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | |||||||||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | ||||||||||||
| Valor | 42.4 | - | |||||||||||
| Año | 2018 | ||||||||||||
| META 2024 | Nota sobre la meta 2024 | ||||||||||||
| 38.8 | El supuesto es que haya reducciones de 1.2 puntos porcentuales bienalmente, en el entendido de que el trabajo para la reducción de la pobreza sea más intenso en este sexenio. En el sexenio pasado se presentó un promedio bienal de disminución de la pobreza del 0.8%. | ||||||||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
| 44.9 | | 47.1 | | 44.3 | | 42.4 | |||||||
| METAS INTERMEDIAS | |||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
| 41.2 | | 40.0 | | 38.8 | |||||||||
Parámetro del Objetivo prioritario 4
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||
| Nombre | 4.2 Porcentaje de personas con discapacidad en situación de pobreza | ||||||
| Objetivo prioritario | Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que enfrentan los grupos poblacionales históricamente excluidos. | ||||||
| Definición o descripción | Mide las personas con discapacidad en situación de pobreza con respecto a la población total de personas con discapacidad | ||||||
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Bienal | ||||
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico | ||||
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de datos | Enero-Diciembre | ||||
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Agosto | ||||
| Tendencia esperada | Descendente | Unidad Responsable de reportar el avance | 20.- Bienestar VRW.- Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad | ||||
| Método de cálculo | La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: PPcDt = ( PcDPt / TPcDt ) *100 Donde: PPcDt = Porcentaje de personas con discapacidad en situación de pobreza PcDPt = Total de personas con discapacidad en pobreza en el año t TPcDt = Total de personas con discapacidad en el año t | ||||||
| Observaciones | Las variables para el método de cálculo están expresadas en millones de personas. El cálculo de este indicador es bienal y con una tendencia descendente, por lo cual se espera que el número de personas con discapacidad en situación de pobreza disminuya durante el sexenio. | ||||||
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE | |||||||
| Nombre variable 1 | 1.- PcDPt = Total de personas con discapacidad en pobreza en 2018 | Valor variable 1 | 4.5 | Fuente de información variable 1 | CONEVAL. Medición de la pobreza, 2018 | ||
| Nombre variable 2 | 2.- TPcDt = Total de personas con discapacidad en 2018 | Valor variable 2 | 9.25 | Fuente de información variable 2 | CONEVAL. Medición de la pobreza, 2018 | ||
| Sustitución en método de cálculo del indicador | PPcDt = ( 4.5 / 9.25 ) * 100 = 48.6% | ||||||
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | ||||||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | |||||||||
| Valor | 48.6 | El dato se refiere a la Población con discapacidad en situación de pobreza, el cual se encuentra en el Informe de CONEVAL en el Cuadro 16 de los tabuladores que presenta. (Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza en la población con discapacidad 2010-2018) | ||||||||
| Año | 2018 | |||||||||
| META 2024 | Nota sobre la meta 2024 | |||||||||
| 46.2 | Basados en el comportamiento de años anteriores se hace la siguiente estimación. Se podría esperar que en los próximos años el porcentaje de PcD en situación de pobreza sea menor que el último dato reportado en 2018. Sin embargo, la pobreza está correlacionado con el crecimiento económico, lo que significa que la disminución de la pobreza depende del crecimiento económico. A un mayor crecimiento económico se espera una mayor disminución de la pobreza | |||||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | ||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| 51.2 | | 54.1 | | 49.4 | | 48.6 | ||||
| METAS INTERMEDIAS | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| 47.8 | | 47 | | 46.2 | ||||||
Parámetro del Objetivo prioritario 4
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||
| Nombre | 4.3 Proporción de población indígena en situación de pobreza | ||
| Objetivo prioritario | Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que enfrentan los grupos poblacionales históricamente excluidos. | ||
| Definición o descripción | Mide la proporción que hay entre la población indígena y la no indígena que se encuentra en situación de pobreza en un año determinado | ||
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Bienal |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de datos | Enero-Diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Agosto |
| Tendencia esperada | Descendente | Unidad Responsable de reportar el avance | 20.- Bienestar 600.- Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional |
| Método de cálculo | La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: PPIyNIt = ( PIPt / PNIPt ) * 100 Donde: PPIyNIt = Proporción entre personas indígenas y no indígenas en situación de pobreza en el año t PIPt = Población indígena en situación de pobreza en el año t PNIPt = Población no indígena en situación de pobreza en el año t | ||
| Observaciones | Las variables para el método de cálculo están expresadas en millones de personas. Se espera que la población indígena en situación de pobreza disminuya en relación con la no indígena por lo tanto el indicador es descendente. | ||
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE | |||||||||||||
| Nombre variable 1 | 1.- PIPt = Población indígena en situación de pobreza en el año 2018 | Valor variable 1 | 8.4 | Fuente de información variable 1 | CONEVAL. Medición de la pobreza, 2018 | ||||||||
| Nombre variable 2 | 2.- PNIPt = Población no indígena en situación de pobreza en el año t | Valor variable 2 | 44.1 | Fuente de información variable 2 | CONEVAL. Medición de la pobreza, 2018 | ||||||||
| Sustitución en método de cálculo del indicador | PPIyNI2018 = ( 8.4 / 44.1 ) * 100 = 19.0% | ||||||||||||
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | |||||||||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | ||||||||||||
| Valor | 19.0 | El valor del indicador tiene a fluctuar a lo largo del tiempo, no obstante, se espera que la población indígena en situación de pobreza tenga a ser menor en relación con la no indígena a lo largo del sexenio por lo tanto el indicador muestre una tendencia a la baja | |||||||||||
| Año | 2018 | ||||||||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
| 18.2 | | 18.7 | | 18.3 | | 19.0 | |||||||
| METAS INTERMEDIAS | |||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
| | | | | | |||||||||
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 5
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||
| Nombre | 5.1 Percepción de inseguridad en la población residente en los estados donde operan los programas de la Secretaría de Bienestar | ||
| Objetivo prioritario | Contribuir a una cultura para la paz para incidir en la disminución de la violencia en comunidades y territorios. | ||
| Definición o descripción | Mide el porcentaje de personas 18 años y más que perciben inseguridad en su cuidad en términos de delincuencia | ||
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Anual |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de datos | Enero-Diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Diciembre |
| Tendencia esperada | Descendente | Unidad Responsable de reportar el avance | 20.- Bienestar VUY.- Instituto Mexicano de la Juventud |
| Método de cálculo | La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: PIPBt = ( PIt / PPEt ) * 100 Donde: PIPBt = Percepción de inseguridad en la población residente en los estados donde operan los programas de la Secretaría de Bienestar en el año t PIt = Promedio de la población que declaró percibir que, en términos de delincuencia, su ciudad es insegura para los cuatro trimestres PPEt = Promedio de la población encuestada (de 18 años y más) para los cuatro trimestres | ||
| Observaciones | Promedio de los 4 trimestres de la población que declaró percibir que, en términos de delincuencia, su ciudad es insegura/Promedio de los cuatro periodos de la población encuestada. El cálculo de este indicador es anual y con una tendencia descendente, por lo cual se espera que la percepción de inseguridad para la población residente disminuya durante el sexenio, considerando su año base que es 2018. | ||
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE | |||||||||||||
| Nombre variable 1 | 1.- PIt = Promedio de la población que declaró percibir que, en términos de delincuencia, su ciudad es insegura para los cuatro trimestres | Valor variable 1 | 28066875 | Fuente de información variable 1 | Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana | ||||||||
| Nombre variable 2 | 2.- PPEt =Promedio de la población encuestada (de 18 años y más) para los cuatro trimestres | Valor variable 2 | 37277210 | Fuente de información variable 2 | Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana | ||||||||
| Sustitución en método de cálculo del indicador | PIPB2018 = ( 28,066,875 / 37,277,210) * 100 = 75.3% | ||||||||||||
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | |||||||||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | ||||||||||||
| Valor | 75.3 | - | |||||||||||
| Año | 2018 | ||||||||||||
| META 2024 | Nota sobre la meta 2024 | ||||||||||||
| 65 | Se espera que reduzca diez puntos porcentuales y en seis años el valor corresponda al de seis años atrás, es decir, en 2013 | ||||||||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
| | 64.9 | 69.4 | 68.2 | 71.6 | 74.5 | 75.3 | |||||||
| METAS INTERMEDIAS | |||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
| 73.3 | 71.3 | 69.3 | 67.3 | 65 | |||||||||
Parámetro del Objetivo prioritario 5
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||
| Nombre | 5.2 Proporción de las y los artesanos de México que logran mejorar su bienestar de acuerdo a una perspectiva multidimensional (económico-cultural) del fenómeno artesanal | ||
| Objetivo prioritario | Contribuir a una cultura para la paz para incidir en la disminución de la violencia en comunidades y territorios. | ||
| Definición o descripción | Identifica el porcentaje de artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros en pobreza que incrementaron su producción, que la llevaron a otros espacios comerciales y que generaron los fondos económicos para continuar produciendo después de dos años de haber recibido la intervención gubernamental | ||
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Bienal |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de datos | Enero-Diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Febrero |
| Tendencia esperada | Ascendente | Unidad Responsable de reportar el avance | 20.- Bienestar VZG.- Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías |
| Método de cálculo | La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: PAt = ( NABt / NTAt ) * 100 Donde: PAt = Proporción de las y los artesanos de México que logran la independencia económica NABt = Número de artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza que mejoraron su bienestar después de dos años de haber recibido la intervención gubernamental NTAt = Número total de artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza que recibieron un apoyo económico a través de una intervención gubernamental | ||
| Observaciones | El cálculo de este indicador es bienal y con una tendencia ascendente, por lo cual se espera que el número de las y los artesanos de México que logren su independencia económica sea cada vez mayor durante el sexenio. | ||
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE | |||||||||||||
| Nombre variable 1 | 1.- NABt = Número de artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza que mejoraron su bienestar después de dos años de haber recibido la intervención gubernamental | Valor variable 1 | 12893.6 | Fuente de información variable 1 | Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del ejercicio 2020, y La Encuesta: "Levantamiento de encuestas para los indicadores de la MIR y seguimiento físico y operativo de los programas del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías", realizada cada año de conformidad con el numeral 7 de las Reglas de Operación del Programa y que es supervisada por la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS) de la Secretaría de Bienestar | ||||||||
| Nombre variable 2 | 2.- NTAt = Número total de artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza que recibieron un apoyo económico a través de una intervención gubernamental | Valor variable 2 | 21489 | Fuente de información variable 2 | Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del ejercicio 2020, y La Encuesta: "Levantamiento de encuestas para los indicadores de la MIR y seguimiento físico y operativo de los programas del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías", realizada cada año de conformidad con el numeral 7 de las Reglas de Operación del Programa y que es supervisada por la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS) de la Secretaría de Bienestar | ||||||||
| Sustitución en método de cálculo del indicador | PAt = ( 12,893.60 / 21,489 ) * 100 = 60.0% | ||||||||||||
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | |||||||||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | ||||||||||||
| Valor | 60.0 | Se tiene estimado que sean 21,489 artesanas y artesanos a apoyar en el ejercicio 2020 | |||||||||||
| Año | 2018 | ||||||||||||
| META 2024 | Nota sobre la meta 2024 | ||||||||||||
| 90.0 | Ninguna | ||||||||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
| | | | | | | 60.0 | |||||||
| METAS INTERMEDIAS | |||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
| 60.0 | | 80.0 | | 90.0 | |||||||||
Parámetro del Objetivo prioritario 5
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||
| Nombre | 5.3 Porcentaje de mujeres en situación de violencia que han acudido por ayuda a alguna institución pública o autoridad | ||
| Objetivo prioritario | Contribuir a una cultura para la paz para incidir en la disminución de la violencia en comunidades y territorios. | ||
| Definición o descripción | Mide el porcentaje de mujeres en situación de violencia de 15 años y más que han acudido por ayuda a una institución pública o autoridad | ||
| Nivel de desagregación | Nacional | Periodicidad o frecuencia de medición | Quinquenal |
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico |
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de datos | Enero-Diciembre |
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Diciembre |
| Tendencia esperada | Ascendente | Unidad Responsable de reportar el avance | 20.- Bienestar D00.- Instituto Nacional de Desarrollo Social |
| Método de cálculo | La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: PMSV = ( MSV / TMSV ) * 100 Donde: PMSV = Porcentaje de mujeres en situación de violencia que han acudido por ayuda a alguna institución pública o autoridad MSV = Mujeres de 15 años y más en situación de violencia que declararon haber sufrido algún episodio de violencia durante los últimos 12 meses y que acudieron por ayuda a una institución u autoridad TMSV = Total de mujeres de 15 años y más en situación de violencia que declararon haber sufrido algún episodio de violencia durante los últimos 12 meses | ||
| Observaciones | El levantamiento de la ENDIREH depende del INEGI. El cálculo de este indicador es quinquenal y con una tendencia ascendente, por lo cual se espera que aumente el número de mujeres en situación de violencia que acuden a alguna institución pública o autoridad empezando su proceso de empoderamiento para salir del círculo de la violencia a la que se ven sometidas. | ||
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE | |||||||||||||
| Nombre variable 1 | 1.- MSV = Mujeres de 15 años y más en situación de violencia que declararon haber sufrido algún episodio de violencia durante los últimos 12 meses y que acudieron por ayuda a una institución u autoridad | Valor variable 1 | 2014880 | Fuente de información variable 1 | ENDIREH 2016 | ||||||||
| Nombre variable 2 | 2.- TMSV = Total de mujeres de 15 años y más en situación de violencia que declararon haber sufrido algún episodio de violencia durante los últimos 12 meses | Valor variable 2 | 20855531 | Fuente de información variable 2 | ENDIREH 2016 | ||||||||
| Sustitución en método de cálculo del indicador | PMSV = (2,014,880 / 20,855,531) * 100 = 9.66% | ||||||||||||
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | |||||||||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | ||||||||||||
| Valor | 9.66 | Este indicador se empezó a considerar para el objetivo de fin del PAIMEF, con base en la información de la ENDIREH 2011. La ENDIREH depende del INEGI y su periodo de levantamiento es quinquenal (se prevé que el próximo se realice en 2021 y se den a conocer los resultados en 2022). Las metas no dependen de ese programa | |||||||||||
| Año | 2016 | ||||||||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
| | | | | 9.66 | | | |||||||
| METAS INTERMEDIAS | |||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
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9.- Epílogo: Visión hacia el futuro
Por el bien de todos, primero los pobres
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
La política pública atenderá de manera efectiva el mejoramiento del nivel de ingreso de las familias y hará efectivo el cumplimiento de los derechos humanos, contribuyendo a elevar el nivel general de bienestar de la población y la distribución del ingreso nacional.
El Estado retomará la rectoría de la conducción en materia económica que garantizará el crecimiento con desarrollo sustentable para la población, con un mejoramiento en la distribución del ingreso, una mayor inclusión social y disminución de la pobreza. El camino hacia una sociedad incluyente e igualitaria dependerá del sistema de bienestar que pueda garantizar el Estado, incluyendo a diversos actores para impulsar un conjunto de derechos efectivos para todas las personas. El bienestar de la población se transformará en un compromiso nacional, convirtiéndose en una serie de deberes y responsabilidades compartidas para consolidar el sistema de bienestar para todas las personas.
Los programas de la Secretaría de Bienestar permitirán cumplir con las metas establecidas bajo cuatro ejes estratégicos:
· En primer lugar, la Política de Bienestar se basará en políticas que aseguren el cumplimiento, pleno goce y efectividad de los derechos humanos durante todo el ciclo de vida con el propósito de construir un país con igualdad, equidad, justicia social, reconocimiento de la diversidad, cohesión comunitaria e integración social.
· En segundo lugar, se trabajará en políticas transversales que garanticen la seguridad alimentaria de la población, una política salarial que recupere el poder adquisitivo y una política de regeneración ambiental.
· En tercer lugar, se priorizarán esfuerzos en los grupos de población que han sido marginados históricamente: la población indígena, afromexicana, los migrantes, los jornaleros agrícolas y sus familias, las personas con discapacidad, las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, con discapacidad y población LGBTTTI, serán los grupos de atención prioritaria.
· En cuarto lugar, se buscarán dinamizar las economías locales, desde las prácticas y los principios de la economía social, de tal manera que se conviertan en territorios productivos y generadores de ingresos sostenibles para sus habitantes, a partir del desarrollo territorial que asegure procesos de desarrollo local, dotación de infraestructura social, caminos rurales y comunicaciones, inclusión financiera y finanzas populares.
La política de bienestar será respetuosa de los pueblos originarios, sus usos y costumbres, garantizando su derecho a la autodeterminación y a la preservación de sus territorios; haciendo efectiva la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, respetando y valorando la dignidad de las personas adultas mayores y el derecho de los jóvenes a tener un lugar de pertenencia en el mundo; rechazando enérgicamente toda forma de discriminación por características físicas, posición social, escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de origen, preferencia política e ideológica, identidad de género, edad, discapacidad, situación migratoria, antecedentes penales, orientación y preferencia sexual, considerándolos como sujetos de derechos en el ejercicio y priorizando las zonas de población mayoritariamente indígena, con alto o muy alto grado de marginación o con altos índices de violencia.
Partiendo del principio que la mayor riqueza de las naciones reside en su población, la política de bienestar ofrecerá a las y los mexicanos las condiciones adecuadas para que puedan vivir con dignidad y seguridad en el lugar donde nacieron.
El reto consiste en revalorar el papel rector del Estado en la planeación del desarrollo, en cumplimiento al mandato constitucional, reparando los daños de décadas de crisis. Emprenderemos el proceso de recuperación de la tierra, retomando la senda del crecimiento económico sustentable a largo plazo, con una progresiva redistribución del ingreso social y regional que conduzca al establecimiento de un sistema de bienestar que haga efectivos los derechos de las y los mexicanos que permita la reducción de las brechas de desigualdad económica que deriven en el desarrollo igualitario de toda la población.
Conforme lo que se establece el diagnóstico del presente PSB, el Gobierno de México plantea la construcción de un sistema equitativo de bienestar con cobertura completa en todo el ciclo de vida de las personas, lo que implica ir generando las condiciones para que, de forma progresiva, pero constante y estructurada, toda mexicana y mexicano sepa que en un futuro cercano contará con la capacidad real de ejercer en plenitud todos sus derechos sociales y de que la integralidad de sus derechos humanos deberá ser escrupulosamente respetada.
El nuevo enfoque de la política de bienestar está basado en el impulso del desarrollo sostenible, definido en el PND 2019-2024 como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las necesidades, esto considerando en todo momento los impactos que tendrán las políticas y programas en el tejido social, en la ecología y en los horizontes políticos y económicos del país, sin soslayar un esquema de desarrollo local y comunitario que subsane las injusticias sociales e impulse el crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno.
Resultado de dichas políticas, se traducirán en beneficios sociales concretos cuyo objetivo sea específicamente el de generar las bases para que toda la persona que lo desee, tenga las condiciones reales de salir adelante en la vida, sin exclusiones ni riesgos de violencia, sobre una cultura de paz, con acciones que fortalezcan y coadyuven a la cohesión social y la regeneración del tejido social, que los verdaderos impulsores sociales en México sean el esfuerzo, la constancia, el estudio y la dedicación en las que el Estado sea el fiel de la balanza que equilibre y reduzca las desigualdades. También erradicar las prácticas discriminatorias e instaurar una dinámica efectiva de ejercicio de políticas de derechos humanos en el país.
Esta serie de beneficios sociales implican participar activamente en el cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU, construyendo las bases concretas, en continuidad con los programas presentados para:
1. Poner fin efectivo a la pobreza;
2. Una meta real consiste que en 2030 ninguna persona mexicana viva bajo el miedo del hambre y con programas efectivos de soberanía alimentaria, así como un esquema integral y trasversal de alimentación sana, a través de dinámicas de educación, producción y consumo;
3. Una política integral y efectiva, pero basada en el respeto irrestricto de los derechos humanos sobre reducción de las desigualdades y una conexión del presente PSB con el PND para el cumplimiento de cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de dicha agenda 2030.
Finalmente, será fundamental referir que el conjunto de políticas sociales que se estarán llevando a todas las personas a través de un verdadero y efectivo estado de bienestar, tendrá como resultado lógico, la consolidación de un esquema de cero delincuencia organizada en 2050, bajo la premisa que sin causas de fondo que la generen, las condiciones y factores que permiten y fomentan la delincuencia organizada se eliminen.
10.- Anexos
Anexo I. Participación social en la elaboración del PSB
Nos dotaremos de una democracia participativa para socializar
el poder político e involucrar a la sociedad en las grandes decisiones nacionales
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
En el artículo 20 de la Ley de Planeación, se establece que en el Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas que determina la citada Ley a través de foros de consulta popular que se organizarán en los diferentes lugares de la República. También se establece que las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades.
En cumplimiento con dicha Ley, el Gobierno de México impulsó la realización de 84 foros de consulta en las diferentes entidades federativas de la Republica y en consulados mexicanos ubicados en los Estados Unidos de América, con la finalidad de elaborar el PND, así como sus programas sectoriales y especiales. Cabe mencionar que estos foros de consulta se identificaron de la siguiente forma: 29 foros especiales en diferentes entidades federativas, 31 foros estatales y 24 foros que se realizaron en los consulados mexicanos en Estados Unidos de América.
Por lo que corresponde a los 29 foros especiales, en la Ciudad de México se realizó un foro en materia de Derechos de las Personas con Discapacidad, cuya institución responsable fue el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS). En éste se presentaron 90 propuestas por escrito y efectuaron 3 paneles de discusión en los que se trataron los siguientes temas: capacidad jurídica, derechos políticos electorales, acceso a la justicia, protección civil, educación, vivienda, salud, aspectos recreativos y deporte, derechos, cultura, inclusión laboral, transporte, acceso a servicios financieros, acceso a las telecomunicaciones, turismo, infraestructura, aspectos indígenas, jóvenes y perspectiva de género; en estos paneles participaron 318 personas.
Para alcanzar la igualdad de género el PND propone, el reconocimiento de las mujeres como protagonistas del desarrollo, como actoras clave de la cuarta transformación. En este sentido y con el objetivo de incorporar una visión integral sobre los derechos de las mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) fue el responsable de organizar el Foro Especial Mujeres, en el que se abordaron, entre otros, los siguientes temas: violencia política, paridad en la participación política, interseccionalidad, rutas de participación desde las organizaciones, los derechos irrenunciables de las mujeres, salud, educación, enfoque intercultural, violencia de género con enfoque multidimensional, su participación en la economía y protección al medio ambiente, entre otros temas. Se realizaron 9 paneles de discusión y una reunión plenaria en la que participaron 425 mujeres y hombres, entre las que se encontraron representantes de diversas organizaciones y especialistas en la materia, esto permitió la presentación de 159 propuestas relativas a la atención de los problemas sociopolíticos que enfrentan las mujeres.
En nuestra sociedad uno de los problemas de alto impacto, es la violencia contra las mujeres y las niñas, por este motivo, la Secretaría de Gobernación fue la encargada de realizar dos eventos en la Ciudad de México, denominados Foro Nacional de Enlaces Estatales con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), en los que se abordaron los temas de la violencia de género, órdenes de protección, marco jurídico internacional y nacional para la recopilación, armonización y utilización de datos de mujeres y niñas y, la presentación del BANAVIM como medio para atender las recomendaciones de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, experiencia que fue presentada por las entidades de Chiapas, Sinaloa y Zacatecas. Se realizaron 11 paneles de discusión en los que participaron 203 personas que generaron 19 propuesta para la atención de esta problemática.
Cabe mencionar que en diversos foros se abordó la problemática que enfrentan la juventud en México, en estos se trataron prioritariamente los siguientes temas: i) La cultura en los jóvenes, lo que más se destacó fue la importancia que tiene fomentar su participación actividades artísticas, culturales y educativas para facilitar su integración social con especial atención en la población indígenas y afromexicana, ya este aspecto les permitirá definir correctamente la expresión de sus habilidades, y ii) El desempleo en la juventud fue una de las principales problemáticas detectadas, planteándose la prioridad de lograr la inclusión de los jóvenes a las actividades productivas mediante la capacitación para el trabajo, creando y garantizando empleos para jóvenes profesionistas, dando prioridad a la población de indígenas y afromexicanos, con ello se garantiza el acceso a la seguridad social y las condiciones de no discriminación.
Lo relativo a situación de las niñas y los niños en nuestro país fue un tema de suma importancia que se trató en los foros especiales, con la participación de organismos gubernamentales y de asociaciones especialistas en la materia. Se obtuvieron las siguientes recomendaciones: la política pública integral dirigida a la primera infancia debe generar dinámicas y procesos que permitan la articulación entre sectores para que los recursos destinados y existentes para este núcleo de población puedan ser maximizados, con un enfoque que tome como base el interés superior de la niñez; aplicar el catálogo de atenciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para la atención de la primera infancia; fortalecer el trabajo en familias y comunidades para el cuidado de la primera infancia; incrementar y mejorar la cobertura de educación preescolar de calidad a nivel nacional, capacitando al personal que los atiende y priorizando a los sectores marginados; difundir, promover y reconocer el derecho a la participación de niñas y niños, desde la diversidad de infancias para institucionalizar sus derechos a fin de que sean considerados como un deber transversal en todos los programas de gobierno, así como, garantizarles una vida libre de violencia fortaleciendo institucional y presupuestalmente a las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como los Centros de Asistencia Social.
Los pueblos indígenas expresan que históricamente han sido excluidos en el diseño de las políticas públicas del país y que esta situación ha repercutido en condiciones de extrema pobreza y marginación, por este motivo se realizaron 25 foros especiales en diferentes entidades federativas de la República, con el fin analizar la problemática que tienen los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En estos foros se realizaron 25 reuniones plenarias, 101 mesas de trabajo en las que participaron 10,680 personas, cabe mencionar que un número significativo de estos asistentes fueron mujeres, hombres y representantes de los pueblos indígenas. Este importante sector de la población generó 327 propuesta para atender sus necesidades sociales, económicas, políticas, culturales, mujeres y violencia de género, discapacitados, adultos mayores, jóvenes, así como de niñas y niños.
Por lo que corresponde a los 24 foros que se realizaron en los Consulados Generales de México ubicados en diferentes ciudades de los Estados Unidos de América, se trataron temas relativos a: i) Justicia y Estado de Derecho, ii) Bienestar, y iii) Desarrollo Económico. Es pertinente mencionar que para el desahogo de éstos tres temas se realizaron 10 foros, en los cuales se presentaron 167 propuestas por escrito y se dieron 62 ponencias, asimismo se realizaron 30 mesas de trabajo en las que participaron 1,684 personas que generaron 159 propuestas sobre estos temas. Para tratar exclusivamente el tema de Justicia y Estado de Derecho se realizaron 3 foros, en los que se presentaron 35 propuestas por escrito y se dieron 9 ponencias, también se realizaron 3 mesas de trabajo en las que participaron 168 personas que generaron 25 propuestas. Para tratar el tema de Desarrollo Económico se realizaron 5 foros, en los que se presentaron 52 propuestas por escrito y se dieron 19 ponencias, también se realizaron 5 mesas de trabajo en las que participaron 788 personas que generaron 89 propuestas. En lo que corresponde a Bienestar se realizaron 6 foros, en los que se presentaron 63 propuestas por escrito y se dieron 22 ponencias, también se realizaron 6 mesas de trabajo en las que participaron 1,238 personas que generaron 96 propuestas.
Anexo II. Bibliografía y fuentes de información
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2 Ortiz Mena, A. (1970). Desarrollo estabilizador: una década de estrategia económica en México. El Trimestre Económico, Vol. 37, No. 146(2), pp. 417-449.
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3 Ortiz Mena, A. (1970). Op. cit.
Tello, C. (1979). La política económica en México, 1970-1976. Siglo XXI, México.
Tello, C. (2010). Op. cit.
4 Tello, C. (1979). Op. cit.
5 Reynolds, C. W. (1977). Por qué el Desarrollo Estabilizador de México fue en realidad desestabilizador (Con algunas implicaciones para el futuro). El Trimestre Económico, Vol. 44, No. 176 (4), pp. 997-1023.
Tello, C. (2010). Op. cit.
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6 Tello, C. (1979). Op. cit.
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8 CONEVAL. (2018). Op. cit.
9 Haughton, J., & Khandker, S. (2009). Handbook Poverty + Inequality, The World Bank, Washington
10 CONEVAL. (2018). Op. cit.
11 CONEVAL. (2018). ídem.
12 Esquivel Hernández, G., López-Calva, L., F., & Vélez Grajales, R. (2003). Crecimiento económico, desarrollo humano y desigualdad regional en México 1950-2000, Estudios sobre Desarrollo Humano, PNUD, México.
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17 CONEVAL. (2018). Op. cit.
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30 González Llamas, J. C. (2007). Op. cit.
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33 Abeldaño Zúñiga, R. A., & González Villoría, A. M. (2018). Op. cit.
34 Abeldaño Zúñiga, R. A., & González Villoría, A. M. (2018). ídem.
35 Rodríguez Esteves, J. M. (2004). Op. cit.
36 Abeldaño Zúñiga, R. A., & González Villoría, A. M. (2018). Op. cit.
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38 Rodríguez Esteves, J. M. (2004). Op. cit.
Abeldaño Zúñiga, R. A., & González Villoría, A. M. (2018). Op. cit.
39 López Obrador, A. M. (2019). Op. cit.
40 López Obrador, A. M. (2019). ídem.
41 Valenzuela Feijóo, J., Ortega Herrera, J. M., Ortiz Velásquez, S., & Hernández Calvario, L. C. (2015). Crisis neoliberal y alternativas de izquierda en América Latina II: México. Universidad de Chapingo-Instituto Politécnico Nacional.
42 López Obrador, A. M. (2019). Op. cit.
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45 CONAPO. (2016). ídem.
46 CONAPO. (2016). íbid.
47 CONAPO. (2016). íbid.
48 CONAPO. (2016). íbid.
49 López Obrador, A. M. (2019). Op. cit.
50 CONEVAL. (5-08-2019). Op. cit.
51 Valenzuela Feijóo, et al. (2015). Op. cit.
52 CONAPO. (2016). Op. cit.
53 CONAPO. (2016). ídem.
54 López Obrador, A. M. (2019). Op. cit.
55 López Obrador, A. M. (2019). ídem.
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