RESOLUCIÓN del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la solicitud de registro del convenio de la coalición parcial denominada Coalición Por México al Frente para postular candidatura a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cincuenta y ocho fórmulas de candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa y doscientos sesenta y nueve fórmulas de candidaturas a Diputados por el principio de mayoría relativa, presentado por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el partido político nacional denominado Movimiento Ciudadano, para contender bajo esa modalidad en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG633/2017.

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE LA COALICIÓN PARCIAL DENOMINADA "COALICIÓN POR MÉXICO AL FRENTE" PARA POSTULAR CANDIDATURA A PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CINCUENTA Y OCHO FÓRMULAS DE CANDIDATURAS A SENADORES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE FÓRMULAS DE CANDIDATURAS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PRESENTADO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y EL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA CONTENDER BAJO ESA MODALIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018
ANTECEDENTES
I.        El Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano (en adelante Movimiento Ciudadano) se encuentran en pleno goce de sus derechos y sujetos a las obligaciones previstas en Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en la Ley General de Partidos Políticos.
II.       El ocho de septiembre del año en curso, en sesión extraordinaria, se aprobó el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establece el periodo de precampañas para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como diversos criterios y plazos de procedimientos relacionados con las mismas", identificado con la clave INE/CG427/2017, el cual fue publicado el veintinueve de septiembre de esta anualidad en el Diario Oficial de la Federación.
III.      El treinta de octubre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria, fue aprobado el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Instructivo que deberán observar los Partidos Políticos Nacionales que busquen formar Coaliciones para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa, en sus diversas modalidades, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018", identificado con la clave INE/CG504/2017, publicado el veinticuatro de noviembre de este año en el Diario Oficial de la Federación. En lo sucesivo, a dicho instrumento se denominará el Instructivo.
IV.      A través de escrito de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, presentado en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el entonces Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, la entonces Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática y el Coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano solicitaron el registro del convenio de coalición parcial para postular candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cincuenta y ocho fórmulas de candidaturas a senadores y doscientos sesenta y nueve fórmulas de candidaturas a diputados, en ambas elecciones por el principio de mayoría relativa, y presentaron la documentación respectiva a su aprobación.
V.       Mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3902/2017 y la tarjeta ejecutiva INE/DEPPP/DPPF/0429/2017, ambas de doce de diciembre de esta anualidad, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Directora de Partidos Políticos y Financiamiento, respectivamente, remitieron al Director General de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización y al Director de Pautado, Producción y Distribución, el convenio de coalición parcial suscrito entre los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para que fuera analizado en el ámbito de su respectiva competencia.
VI.      El doce de diciembre de dos mil diecisiete se recibió en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos el escrito MC-INE-395/2017, a través del cual el Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General, con motivo de la entrega del convenio de coalición, remite documentación a fin de acreditar los términos en que fueron aprobados, la Plataforma Electoral, el programa de gobierno y el reglamento de la coalición.
VII.     El doce de diciembre del año que transcurre, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante los oficios INE/DEPPP/DE/DPPF/3898/2017 e INE/DEPPP/DE/DPPF/3899/2017, requirió a los representantes propietarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución
Democrática ante el Consejo General, respectivamente, a fin de que en un término de veinticuatro horas, presentaran diversa documentación que acredite la sesión estatutaria de sus respectivos órganos competentes para aprobar el convenio de coalición.
VIII.    Con fecha trece de diciembre del presente año, los representantes propietarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática ante el Consejo General, mediante los escritos RPAN2-0284/2017 y RTG-379/2017, respectivamente, remitieron a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos la documentación que les fue requerida.
IX.      El trece de diciembre del año en curso, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3900/2017, comunicó el resultado de la revisión del convenio de coalición y requirió a los órganos directivos competentes de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, por conducto de sus respectivos representantes propietarios ante el Consejo General, para realizar diversas modificaciones a dicho convenio, a la brevedad posible, a fin de adecuarse a la normatividad aplicable.
X.       Los días trece y quince de diciembre de esta anualidad se recibieron en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos la tarjeta No. 117 y el oficio INE/UTF/DA-F/19007/17, signados, respectivamente, por el Director de Pautado, Producción y Distribución y por el Director General de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización, en los cuales comunican el resultado del análisis realizado a las cláusulas del convenio de coalición relacionadas con su correspondiente ámbito de atribuciones.
XI.      El quince de diciembre del presente año fue recibido en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos escrito mediante el cual el Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, la Presidenta y Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática y los integrantes de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano comunicaron al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos una fe de erratas del convenio de coalición al tiempo que presentaron el Reglamento de la "Coalición por México al Frente", en respuesta al requerimiento realizado mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3900/2017.
XII.     El dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete se recibió en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos escrito a través del cual los representantes propietarios de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano ante el Consejo General, remiten el original de los listados que contienen el origen partidista y la adscripción al grupo parlamentario al que pertenecerían las candidaturas a senadores y diputados, en caso de resultar electas, así como el número total de candidaturas a postular en dichas elecciones por la "Coalición Por México al Frente", firmado por los dirigentes nacionales de los tres partidos políticos que la conforman.
XIII.    Mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3972/2017 y la tarjeta ejecutiva INE/DEPPP/DPPF/0439/2017, ambas de diecinueve de diciembre de esta anualidad, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Directora de Partidos Políticos y Financiamiento, respectivamente, remitieron al Director General de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización y al Director de Pautado, Producción y Distribución, el Reglamento de la "Coalición por México al Frente", para que fuera analizado en el ámbito de su respectiva competencia.
XIV.    El día veinte de diciembre de esta anualidad se recibieron en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos la tarjeta No. 122 y el oficio INE/UTF/DA-F/19801/17, signados, respectivamente, por el Director de Pautado, Producción y Distribución y por el Director General de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización, en los cuales comunican el resultado del análisis realizado a las cláusulas del convenio de coalición relacionadas con su correspondiente ámbito de atribuciones.
XV.     A través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/4013/2017, de veinte de diciembre del presente año, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos remitió al Presidente del Consejo General el anteProyecto de Resolución respecto de la solicitud del registro del convenio de coalición que nos ocupa, para los efectos señalados en el artículo 92, párrafos 2 y 3 de la Ley General de Partidos Políticos.
XVI.    El veinte de diciembre del presente año, mediante oficio INE/PC/386/2017, el Presidente del Consejo General de esta autoridad electoral administrativa instruyó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos hacer del conocimiento de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos el anteproyecto en cita, con la finalidad de que en su oportunidad, fuera sometido a consideración del órgano superior de dirección.
XVII.   En sesión extraordinaria privada efectuada el veintiuno de diciembre del presente año, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral conoció el Anteproyecto de Resolución respecto de la solicitud de registro del convenio de coalición parcial
presentado por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para contender en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Al tenor de los Antecedentes que preceden; y
CONSIDERANDO
1.       Los artículos 9 y 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionados con lo señalado en los artículos 23, párrafo 1, inciso f); 85, párrafo 2, así como 87 de la Ley General de Partidos Políticos, constituye un derecho de las entidades de interés público formar coaliciones para postular candidatos en las Elecciones Federales.
2.       El esquema institucional para actuar políticamente y participar en procesos electorales para elegir a gobernantes dentro de los marcos legales está basado en el sistema de partidos y, desde la reforma de 2014 cuenta también con la participación de candidaturas independientes. Este sistema de partidos actualmente está conformado por nueve institutos políticos registrados ante esta autoridad electoral administrativa con el carácter de Partido Político Nacional.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
3.       De conformidad con el Transitorio Segundo, fracción I, inciso f) numeral 1 del decreto de 10 de febrero de 2014 por el que se por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, la Ley General que regula los Partidos Políticos Nacionales y locales, establece un sistema uniforme de coaliciones para los Procesos Electorales Federales y locales.
4.       El derecho de asociación encuentra sustento legal en los artículos 9o., párrafo primero y 35, fracción III, al establecerse que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, además de que es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos asociarse con el objeto de participar en la vida política del país.
5.       De conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, Base I, los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.
6.       El artículo 41, párrafo segundo, Base V, en relación con los numerales 29, párrafo 1; 30, párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, indican que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo que tiene como función estatal la organización de las elecciones, es autoridad en la materia, cuyas actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
7.       El artículo 44, párrafo 1, inciso j), determina que es atribución del Consejo General vigilar que las actividades de los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con apego a la ley en cita, así como a la Ley General de Partidos Políticos, y cumplan con las obligaciones a que están sujetos.
8.       El artículo 226, párrafo 2, inciso a) y c), prevé que durante los Procesos Electorales Federales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo Federal y las dos Cámaras del Congreso de la Unión, las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección, no podrán durar más de sesenta días y darán inicio al día siguiente de que se apruebe el registro interno de los precandidatos. Sin embargo, mediante Acuerdo identificado con la clave INE/CG386/2017, aprobado en sesión extraordinaria de este Consejo General, celebrada el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, se determinó que las precampañas darán inicio el día catorce de diciembre de dos mil diecisiete a efecto de homologar los calendarios de los procesos electorales federal y locales concurrentes.
9.       Los artículos 232 al 241, establecen el procedimiento para el registro y sustitución de candidatos que deberán cumplir los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones.
10.     En los artículos 242 al 251, prevé las disposiciones a que deberán sujetarse los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones, en lo relativo al desarrollo de las campañas electorales.
Ley General de Partidos Políticos
 
11.     Los artículos 23, párrafo 1, inciso f), relacionado con el 85, párrafo 2, establecen como derecho de los partidos políticos el formar coaliciones para las elecciones federales, con la finalidad de postular candidaturas de manera conjunta; siempre que cumplan con los requisitos señalados en la ley, las cuales deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el Estatuto de cada uno de los partidos integrantes de la misma.
12.     Derivado de la reforma constitucional en materia política-electoral, publicada el diez de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, cuya consecuencia, entre otras, fue la promulgación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de la Ley General de Partidos Políticos, se establecieron nuevos Lineamientos que deberán observar los partidos políticos que deseen formar coaliciones para participar en los Procesos Electorales Federales; cuya regulación se encuentra prevista en los artículos 87 a 92.
13.     El artículo 87, párrafos 1 y 8, acota el derecho a formar coaliciones únicamente a los Partidos Políticos, a fin de participar en las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa. Por otra parte, el artículo 21 del mismo ordenamiento indica que las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en Procesos Electorales Federales mediante Acuerdos de participación con un partido político o coalición.
14.     El artículo 87, párrafo 7 señala que las entidades de interés público que se coaliguen para participar, en las elecciones ya mencionadas, deberán celebrar y registrar el respectivo convenio, en términos de lo dispuesto en el capítulo II del Título Noveno de la mencionada Ley.
15.     El párrafo 9 del mismo artículo señala que los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición en un mismo Proceso Electoral Federal.
16.     El párrafo 11 del referido artículo 87 indica que la coalición terminará automáticamente una vez concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de senadores y diputados, en cuyo caso, los candidatos a senadores o diputados de la coalición que resultaren electos quedarán comprendidos en el instituto político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio respectivo.
17.     Por su parte, el párrafo 12 del mencionado artículo 87, dispone que independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en dicha Ley.
18.     El párrafo 14 del citado artículo 87, determina que en todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y su propia lista de candidatos a senadores por el mismo principio.
19.     El párrafo 15 del mismo artículo 87, estipula que las coaliciones deberán ser uniformes, esto es, ningún partido político podrá participar en más de una coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos que las integran, por tipo de elección.
20.     El artículo 88 establece las modalidades en que se podrán celebrar convenios de coalición para las elecciones de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados por el principio de mayoría relativa, al tenor siguiente:
"Artículo 88.
...
2. Se entiende como coalición total, aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma Plataforma Electoral.
...
5. Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, al menos al cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma Plataforma Electoral.
6. Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo Proceso Electoral Federal o local, al menos a un veinticinco por ciento de candidatos a puestos de elección popular bajo una misma Plataforma Electoral."
Nota. Lo subrayado es propio.
21.     El artículo 88 numeral 3, establece que si dos o más partidos se coaligan en forma total para las
elecciones de senadores o diputados, deberán coaligarse para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
22.     Por su parte el artículo 89 señala los requisitos que deberán acreditar los Partidos Políticos Nacionales que busquen formar una coalición.
23.     El artículo 90 preceptúa que independientemente de la elección para la que se realice una coalición, cada partido conservará su propia representación en los consejos del instituto y ante las mesas directivas de casilla.
24.     El artículo 91 señala los requisitos formales que deberá contener invariablemente el convenio de coalición. Asimismo, se establece que a todos los tipos de coalición les será otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión de conformidad con el artículo 167 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Plazo de presentación del convenio de coalición
25.     Acorde con lo previsto en el artículo Transitorio Segundo, fracción I, inciso f), numeral 2 del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral, de diez de febrero de dos mil catorce, se podrá solicitar el registro de coaliciones hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas.
26.     En el Punto Tercero del Acuerdo identificado con la clave INE/CG427/2017 se estableció que las solicitudes de registro de convenios de coalición y acuerdos de participación, deberán presentarse a más tardar el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, de conformidad con los criterios que al efecto determine este Consejo General.
Documentación a presentarse con la solicitud de registro del convenio de coalición
27.     El numeral 1 del Instructivo establece que a más tardar el catorce de diciembre de dos mil diecisiete los partidos políticos que busquen coaligarse deberán presentar la solicitud de registro del convenio respectivo al Presidente del Consejo General de este Instituto y, en ausencia de éste, al Secretario Ejecutivo, acompañada de la documentación siguiente:
"(...)
1. (...)
a)    Original del Convenio de coalición en el cual conste firma autógrafa de los Presidentes Nacionales de los partidos políticos integrantes o de sus órganos de dirección nacional facultados para ello, de conformidad con sus respectivos Estatutos. En todo caso, se podrá presentar copia certificada otorgada ante la fe de Notario Público.
b)    Convenio de coalición en formato digital con extensión .doc
c)     Documentación que acredite que el órgano competente de cada partido político integrante de la coalición, sesionó válidamente y aprobó:
-      Participar en la coalición respectiva;
-      La Plataforma Electoral;
-      En su caso, el Programa de Gobierno;
-      En su caso, postular y registrar como coalición a la candidata o candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
-      En su caso, postular y registrar como coalición a las candidatas y candidatos a senadores por el principio de mayoría relativa;
-      En su caso, postular y registrar como coalición a las candidatas y candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa.
d)    Plataforma Electoral de la coalición, en medio impreso y en formato digital con extensión .doc
e)    En su caso, Programa de Gobierno que sostendrá la candidata o candidato de la coalición a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en medio impreso y en formato digital con extensión .doc
 
2.  Aunado a lo anterior, a fin de acreditar la documentación aludida en el inciso c) del numeral que precede, los partidos políticos integrantes de la coalición, deberán proporcionar original o copias certificadas, de lo siguiente:
a)    De la sesión celebrada por los órganos de dirección nacional que cuenten con las facultades estatutarias, a fin de aprobar que el partido político contienda en coalición en la elección o las elecciones que corresponda, anexando la convocatoria respectiva, orden del día, acta o minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia.
b)    En su caso, acta de la sesión del órgano competente del partido político, en el cual conste que se aprobó convocar a la instancia facultada para decidir la participación en una coalición, incluyendo convocatoria, orden del día, acta o minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia.
c)     Toda la información y elementos de convicción adicionales que permitan a esta autoridad electoral verificar que la decisión partidaria de conformar una coalición fue adoptada de conformidad con los Estatutos de cada partido político integrante.
(...)"
Requisitos del convenio de coalición
28.     El artículo 91, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos relacionado con el numeral 3 del Instructivo, el Convenio de coalición contendrá:
"(...)
3.     El convenio de coalición, a fin de ser aprobado por el Consejo General e inscrito en el libro respectivo, deberá establecer, de manera expresa y clara lo siguiente:
a)    La denominación de los Partidos Políticos Nacionales que integran la coalición, así como el nombre de sus representantes legales para los efectos a que haya lugar.
b)    La elección o elecciones que motivan la coalición, especificando su modalidad total, parcial o flexible. En caso de integrarse coalición parcial o flexible se precisará el número total de fórmulas de candidaturas a senadores o diputados a postular, así como la relación de las entidades federativas o los Distritos electorales uninominales, respectivamente, en los cuales contenderán las candidatas y candidatos.
c)     El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de los candidatos que serán postulados por la coalición.
d)    El compromiso de las candidatas y candidatos a sostener la Plataforma Electoral, aprobada por los órganos partidarios competentes.
e)    El compromiso de la candidata o candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de sostener el Programa de Gobierno aprobado por los órganos partidarios competentes, en su caso.
f)     El origen partidario de las candidatas y candidatos a senadores y diputados de mayoría relativa que serán postulados por la coalición, así como el grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en caso de resultar electos.
g)    La persona o personas que ostentan la representación legal de la coalición, a efecto de interponer los medios de impugnación que resulten procedentes.
h)    La obligación relativa a que los partidos políticos integrantes de la coalición y sus candidatos, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se fijen para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, como si se tratara de un solo partido político.
i)     La expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto de financiamiento que aportará cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes; lo anterior, con apego irrestricto a las disposiciones legales, reglamentarias y a los Lineamientos que al efecto establezca esta autoridad electoral.
 
j)     Tratándose de coalición total, el compromiso de aceptar la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión que legalmente corresponda, bajo las parámetros siguientes: el treinta por ciento del tiempo que corresponda distribuir en forma igualitaria, será utilizado por la coalición como si se tratara de un solo partido político; el setenta por ciento del tiempo que corresponda distribuir en forma proporcional a la votación obtenida en la elección para diputados federales inmediata anterior por cada uno de los partidos coaligados, se distribuirá entre cada partido político bajo los términos y condiciones establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
k)     Tratándose de coalición total, el compromiso de nombrar un representante común para la entrega electrónica de materiales de radio y televisión.
l)     Tratándose de coalición parcial o flexible, el compromiso de cada partido político de acceder a su respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo sus derechos por separado.
m)    La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión que corresponda ejercer a la Coalición, entre sus candidatas y candidatos a senadores y diputados de mayoría relativa y, en su caso, entre los de cada partido, por cada uno de esos medios de comunicación.
n)    Los integrantes del partido u órgano de la coalición encargado de la administración de los recursos de campaña y de la presentación de los informes respectivos, y
o)    El compromiso de que cada partido político asumirá las responsabilidades que, en su caso, se deriven por la expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto del financiamiento que aportará cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas.
(...)"
Presentación del convenio de coalición por los partidos políticos solicitantes
29.     La solicitud de registro del convenio de coalición, materia de la presente Resolución, se presentó mediante escrito de ocho de diciembre dos mil diecisiete, dirigida al Presidente del Consejo General de este Instituto; lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 1 del Instructivo.
30.     El artículo 92, párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el numeral 4 del Instructivo, disponen que el Presidente del Instituto integrará el expediente respectivo e informará al Consejo General, y para el análisis del convenio se auxiliará de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos así como de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización.
En ese orden, el ocho de diciembre del año en curso se recibió en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos el escrito firmado por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, la Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática y el Coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, mediante el cual solicitaron el registro del convenio de la "Coalición por México al Frente", que aunado a los escritos recibidos en dicha instancia ejecutiva el quince y dieciséis del mismo mes y año, suscritos por los representantes propietarios de dichos institutos políticos ante el Consejo General, acompañaron de manera integral la documentación soporte precisada a continuación:
Documentación conjunta:
a)    Originales:
·      Convenio de coalición parcial celebrado por los Partidos de Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano para postular candidatura a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cincuenta y ocho fórmulas de candidaturas a senadores y doscientos sesenta y nueve fórmulas de candidaturas a diputados, en ambas elecciones por el principio de mayoría relativa, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, firmado por el Presidente y el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, la Presidenta y la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática y los integrantes de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano.
 
·      Fe de erratas al Convenio de la "Coalición Por México al Frente", integrada por el Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, firmado por el Presidente y el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, la Presidenta y la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática y los integrantes de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano.
·      Reglamento de la "Coalición Por México al Frente", firmado por el Presidente y el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, la Presidenta y la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática y los integrantes de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano.
·      Relación de los doscientos sesenta y nueve, Distritos electorales uninominales federales en los que la coalición parcial postulará candidatos a diputados, así como relación de las veintinueve entidades federativas en las cuales postulará candidaturas a senadores, firmada por el Presidente y el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, la Presidenta y la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática y los integrantes de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano.
·      Texto impreso de la Plataforma Electoral que sostendrán las candidaturas de la coalición durante las campañas electorales.
·      Texto impreso del programa de gobierno que para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sostendrá la candidatura de la coalición.
b)    Diversa documentación:
·      Memoria "USB" que contiene archivos electrónicos, con extensión .doc., del convenio de coalición parcial, de la Plataforma Electoral y del programa de gobierno.
·      Disco compacto que contiene archivo electrónico, con extensión .doc., de la relación de los Distritos electorales uninominales federales y las entidades federativas en las cuales la coalición parcial postulará candidaturas a diputados y senadores, respectivamente, por el principio de mayoría relativa.
·      Disco compacto que contiene archivo electrónico, con extensión .doc., del Reglamento de la "Coalición por México al Frente".
Documentación del Partido Acción Nacional:
A.      Actos de la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional relativos al análisis, discusión y aprobación de la propuesta de la Plataforma Electoral y programa de gobierno, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, que se presentó a consideración del Consejo Nacional.
a)    Documentación certificada:
·      Convocatoria a la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente Nacional, a realizarse el quince de noviembre de dos mil diecisiete, signada por el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional.
·      Lista de asistencia a la Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente Nacional.
·      Extracto del acta de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente Nacional, celebrada el quince de noviembre del presente año.
b)    Diversa documentación:
·      Impresión de pantalla de los correos electrónicos mediante los cuales se convocó a los integrantes de la Comisión Permanente Nacional a la sesión extraordinaria celebrada el quince de noviembre de dos mil diecisiete.
B.      Actos de la sesión extraordinaria el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional referentes al análisis y discusión de la Plataforma Electoral y el programa de gobierno, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como la autorización al Comité Ejecutivo Nacional a suscribir convenios de asociación electoral con otros partidos en elecciones federales.
 
a)    Documentación certificada:
·      Convocatoria a la sesión extraordinaria del Consejo Nacional, a realizarse el dieciocho y diecinueve de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por el Presidente Nacional y el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional el día trece del mismo mes y año.
·      Lista de asistencia a la sesión extraordinaria del Consejo Nacional.
·      Extracto del acta de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional, celebrada el dieciocho y diecinueve de noviembre del presente año, donde consta la autorización al Comité Ejecutivo Nacional a suscribir convenios de asociación electoral con otros partidos políticos en elecciones federales.
·      Extracto del acta de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional, donde consta la aprobación de la Plataforma Electoral y programa de gobierno para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
b)    Diversa documentación:
·      Impresiones de pantalla de los correos electrónicos mediante los cuales se convocó a los integrantes del Consejo Nacional a la sesión extraordinaria realizada el dieciocho y diecinueve de noviembre del presente año.
C.      Actos de la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional relativa a la aprobación del convenio de colación.
a)    Documentación certificada:
·      Convocatoria a la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional, a realizarse el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, signada por el Presidente Nacional y Secretario General.
·      Lista de asistencia a la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional.
·      Extracto del acta de la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional, celebrada el ocho de diciembre del presente año.
·      Providencias tomadas por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional derivado de la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional, comunicadas mediante el documento con clave SG/206/2017.
b)    Diversa documentación:
·      Impresiones de pantalla de los correos electrónicos mediante los cuales se convocó a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional a la sesión extraordinaria efectuada el ocho de noviembre del año en curso.
Documentación del Partido de la Revolución Democrática:
A.      Actos del Décimo Segundo Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática relativo al análisis, discusión y aprobación de la conformación de la coalición electoral para el Proceso Federal Electoral 2017-2018.
a)    Documentación certificada:
·      Convocatoria a la sesión del Décimo Segundo Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional, a efectuarse el diecinueve de noviembre del año en curso, firmada por los integrantes de la Mesa Directiva de dicho consejo.
·      Acuerdo ACU-CECEN/11/151/2017, emitido por la Comisión Electoral de la Comisión Ejecutiva Nacional, mediante el cual se emite la lista definitiva de las y los Consejeros Nacionales.
·      Publicación de la convocatoria al Décimo Segundo Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional en el periódico de circulación nacional denominado "Milenio" de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.
·      Lista de asistencia a la Sesión del Décimo Segundo Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional.
·      Acta de la sesión del Décimo Segundo Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional, celebrada el diecinueve de noviembre del presente año.
 
·      Resolutivo para la consolidación del convenio de coalición con los Partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
·      Resolutivo relativo a la aprobación de la Plataforma Electoral de la coalición electoral.
·      Resolutivo relativo a la aprobación del programa de gobierno de la coalición Electoral.
b)    Diversa documentación:
·      Certificación de la vigencia del registro del Partido de la Revolución Democrática, mismo que señala que se encuentra en pleno goce de derechos y sujeto a las obligaciones que la Ley de la materia señala, expedida por el Instituto Nacional Electoral.
·      Certificación de la ciudadana María Alejandra Barrales Magdaleno como Presidenta Nacional Sustituta del Comité Ejecutivo Nacional, expedida por el Instituto Nacional Electoral.
Documentación de Movimiento Ciudadano:
A.      Actos de la sesión conjunta de la Comisión Operativa Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano, relativos al análisis, discusión y aprobación de la conformación de la coalición electoral para el Proceso Federal Electoral 2017-2018, que someterán a consideración de la Comisión Permanente.
a)    Documentación original:
Constancia de publicación por estrados de la convocatoria a la sesión conjunta de la Comisión Operativa Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, signada por la Secretaria General de Acuerdos.
Constancia de publicación en el sitio web de Movimiento Ciudadano, de la convocatoria a la sesión conjunta de la Comisión Operativa Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, signada por la Secretaria General de Acuerdos.
b)    Documentación certificada:
·      Convocatoria a la Sesión conjunta de la Comisión Operativa Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, de fecha catorce de noviembre del presente año, signada por el Coordinador y la Secretaria General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional, así como por el Presidente y el Secretario de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos.
·      Acta de la sesión conjunta de la Comisión Operativa Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, celebrada el dieciocho de noviembre del presente año.
·      Lista de asistencia a la sesión conjunta de la Comisión Operativa Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos.
B.      Actos de la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente Ampliada de Movimiento Ciudadano, relativos al análisis, discusión y aprobación de los documentos relativos a la conformación de la Coalición electoral para el Proceso Federal Electoral 2017-2018, que someterán a consideración de la Coordinadora Ciudadana Nacional.
a)    Documentación original:
·      Constancia de publicación por estrados de la convocatoria a la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente Ampliada, signada por la Secretaria General de Acuerdos.
·      Constancia de publicación en el sitio web de Movimiento Ciudadano, de la convocatoria a la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente Ampliada, signada por la Secretaria General de Acuerdos.
 
b)    Documentación certificada:
·      Convocatoria a la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente Ampliada, de fecha catorce de noviembre del presente año, signada por el Coordinador y la Secretaria General de acuerdos de la Comisión Operativa Nacional.
·      Lista de asistencia a la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente Ampliada.
·      Acta de la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente Ampliada, celebrada el dieciocho de noviembre del presente año.
C.      Actos de la cuarta sesión extraordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano, relativa al análisis, discusión y aprobación de los documentos relativos a la conformación de la coalición electoral para el Proceso Federal Electoral 2017-2018.
a)    Documentación original:
·      Constancia de publicación por estrados de la convocatoria a la cuarta sesión extraordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional, signada por la Secretaria General de Acuerdos.
·      Constancia de publicación en el sitio web de Movimiento Ciudadano, de la convocatoria a la cuarta sesión extraordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional, suscrita por la Secretaria General de Acuerdos.
b)    Documentación certificada:
·      Convocatoria a la cuarta sesión extraordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional, de fecha once de noviembre del presente año, firmada por el Coordinador y la Secretaria General de acuerdos de la Comisión Operativa Nacional.
·      Notificaciones personales de la convocatoria a la cuarta sesión extraordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional a los integrantes de la misma.
·      Lista de asistencia a la cuarta sesión extraordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional.
·      Acta de la cuarta sesión extraordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional, celebrada el dieciocho de noviembre del presente año.
c)     Diversa documentación:
·      Impresión del anexo A del acta de la cuarta sesión extraordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional, relativo al convenio de coalición aprobado.
·      Impresión del anexo B de dicha acta, relativo al Reglamento de la "Coalición Por México al Frente".
·      Impresión del anexo C del acta mencionada, relativo a la Plataforma Electoral, aprobada.
·      Impresión del anexo D de la misma acta, relativo a al programa de gobierno aprobado.
·      Certificación de la vigencia del registro del Partido Político Nacional denominado "Movimiento Ciudadano", mismo que señala que se encuentra en pleno goce de derechos y sujeto a las obligaciones que la Ley de la materia señala, expedida por el Instituto Nacional Electoral.
·      Certificación de la integración de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, expedida por el Instituto Nacional Electoral.
·      Certificación de los documentos básicos vigentes de Movimiento Ciudadano, expedida por el Instituto Nacional Electoral.
31.     Acorde con lo establecido en el artículo 55, párrafo 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 46, párrafo 1, inciso n) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos coadyuvó con la Presidencia del Consejo General en el análisis de la documentación presentada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, con el objeto de obtener el registro del convenio de coalición parcial referido.
 
Revisión de la aprobación estatutaria del convenio de coalición
32.     El Consejo Nacional del Partido Acción Nacional tiene conferida la atribución de autorizar al Comité Ejecutivo Nacional la suscripción de convenios de coalición tratándose de elecciones federales, de conformidad con lo que prevé el artículo 31, inciso n), de sus Estatutos vigentes, el cual dispone:
"Artículo 31
Son facultades y obligaciones del Consejo Nacional:
(...)
n) Autorizar al Comité Ejecutivo Nacional a suscribir convenios de asociación electoral con otros partidos en elecciones federales, de conformidad con la Legislación Electoral correspondiente;
(...)"
Por lo que hace al Partido de la Revolución Democrática es facultad del Consejo Nacional la celebración de coaliciones en el ámbito federal, en términos de los artículos 305, 306 y 307 del Estatuto vigente, los cuales a la letra establecen:
"Artículo 305. El Partido de la Revolución Democrática podrá hacer alianzas electorales con Partidos Políticos Nacionales o locales registrados conforme a la ley aplicable y en el marco de la misma.
Artículo 306. Las alianzas tendrán como instrumento un convenio, un programa común y candidaturas comunes.
Artículo 307. El Consejo Nacional tendrá la facultad de aprobar la política de alianzas y formular la estrategia electoral a ejecutarse en todo el país.
Corresponde al Consejo Nacional, a propuesta del Comité Ejecutivo Nacional, aprobar por dos terceras partes la estrategia de alianzas electorales, que será implementada por el Comité Ejecutivo Nacional."
Por lo que hace a Movimiento Ciudadano, es facultad de la Coordinadora Ciudadana Nacional, erigida en Asamblea Electoral, autorizar la celebración de coaliciones en el ámbito federal, en términos del artículo 18, numeral 7, inciso a) de los Estatutos vigentes, el cual a la letra establece:
"ARTÍCULO 18
De la Coordinadora Ciudadana Nacional.
7. Corresponde a la Coordinadora Ciudadana Nacional, autorizar coaliciones, alianzas y/o candidaturas comunes con otras organizaciones políticas durante los procesos electorales. Para tales efectos deberá:
a) Erigirse en máximo órgano electoral en materia de coaliciones, alianzas y candidaturas comunes, y constituirse en Asamblea Electoral Nacional cuando por sí misma lo considere conveniente, para aprobar, por mayoría, la realización de convenios;"
33.     La Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos verificó que al convenio de coalición se acompañara la documentación que acredite que los órganos partidistas competentes aprobaron la suscripción del convenio de coalición cuyo registro solicitan, así como la Plataforma Electoral y el programa de gobierno, apegados a sus respectivos Estatutos. A este respecto, del análisis de tal documentación se corroboró lo siguiente:
a) Respecto a los documentos presentados por el Partido Acción Nacional, acreditan:
Comisión Permanente Nacional: conforme a los artículos 39, de los Estatutos Generales así como 15 y 16 del Reglamento del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional, efectuada el quince de noviembre del presente año, se aprobaron las propuestas de Plataforma Electoral y programa de gobierno en coalición, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, a fin de someterlas a consideración del Consejo Nacional.
Asimismo, se constató que la convocatoria al Consejo Nacional fue emitida por el por el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, notificada a sus integrantes a través de correo electrónico, y celebrada el quince de noviembre del año en curso, conforme a lo previsto en el artículo 39 de los Estatutos. La aludida sesión contó con la asistencia de 31 de los 43 integrantes de dicho órgano directivo acreditados ante este Instituto, por lo contó con un quórum del 72 por ciento, así como con la aprobación por unanimidad de las propuestas de Plataforma Electoral y programa de gobierno en coalición.
 
Consejo Nacional: conforme al artículo 31, incisos n) y o), así como 32, párrafo 2 de su norma estatutaria, en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional, efectuada el dieciocho y diecinueve de noviembre del presente año, se aprobó la conformación de una coalición parcial y suscribir el convenio correspondiente.
Igualmente, se constató que la convocatoria al Consejo Nacional fue emitida por el Presidente Nacional y el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional con fecha trece de noviembre del presente año, notificada a sus integrantes a través de correo electrónico, y celebrada el dieciocho y diecinueve de noviembre del año en curso, conforme a lo previsto en el artículo 32, párrafo 2 de los Estatutos. Dicha sesión contó con la presencia de 247 de los 310 integrantes de dicho órgano directivo acreditados ante este Instituto, por lo que tuvo un quórum del 79.67 por ciento, y obtuvo la aprobación por unanimidad de los acuerdos relativos al convenio de coalición, la Plataforma Electoral y el programa de gobierno.
Comité Ejecutivo Nacional: conforme a los artículos 31, inciso n); 53, inciso p) y 54 de su norma estatutaria, en la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional, efectuada el ocho de diciembre del año en curso, se aprobó autorizar al Presidente de dicho órgano a suscribir y registrar el convenio de coalición parcial con los Partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Del mismo modo, se constató que la convocatoria al Comité Ejecutivo Nacional fue emitida por el Presidente y el Secretario General del referido órgano directivo, notificada a quienes lo conforman mediante correo electrónico, y celebrada el ocho de diciembre de este año, acorde con lo previsto en el artículo 54, de los Estatutos. La sesión de referencia contó con la asistencia de seis de los nueve integrantes registrados ante este Instituto, por lo que obtuvo un quórum del 66.66 por ciento, así como la aprobación por unanimidad de los acuerdos relativos al convenio de coalición, la Plataforma Electoral y el programa de gobierno.
b) Respecto a los documentos presentados por el Partido de la Revolución Democrática, acreditan que conforme a los artículos 91; 294 y 308 de su Estatuto vigente, así como 46 del Reglamento de los Consejos del Partido de la Revolución Democrática, en la sesión del Décimo Segundo Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional, efectuada el diecinueve de noviembre del año en curso, se aprobó la conformación de una coalición parcial y suscribir el convenio correspondiente, así como la Plataforma Electoral y el programa de gobierno de dicha coalición.
También, se corroboró que la convocatoria al Décimo Segundo Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional fue emitida por los integrantes de la Mesa Directiva de dicho consejo, publicada el día dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete en el periódico de circulación nacional denominado "Milenio", y celebrada el diecinueve de noviembre del presente año, conforme a lo previsto en los artículos 91 de los Estatutos y 46 del Reglamento de los Consejos del Partido de la Revolución Democrática. La sesión en cita contó con la asistencia de 265 de los 377 integrantes de dicho órgano directivo la acreditados ante este Instituto, por lo que tuvo un quórum del 70.29 por ciento, así como la aprobación de los resolutivos relativos al convenio de coalición, la Plataforma Electoral y el programa de gobierno.
c) Por lo que hace a la documentación presentada por Movimiento Ciudadano, la misma comprueba:
Comisión Operativa Nacional y Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos: conforme a los artículos 20, párrafo 1; 50, párrafos 1 y 3, así como 88, párrafo 1, inciso a) de los Estatutos, en la sesión conjunta de la Comisión Operativa Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, efectuada el dieciocho de noviembre de dos mil diecisiete, se aprobaron las propuestas del convenio de coalición con los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, de la Plataforma Electoral y del programa de gobierno, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, a fin de comunicarlas a la Comisión Permanente para someterlas a la consideración y ratificación de la Coordinadora Ciudadana Nacional.
Asimismo, se constató que la convocatoria a la sesión conjunta de la Comisión Operativa Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos fue emitida por el Coordinador y la Secretaria General de Acuerdos de la primera de ellas, así como por el Presidente y el Secretario de la segunda; publicada en estrados y en el sitio web de Movimiento Ciudadano, y celebrada el dieciocho de noviembre del año en curso, conforme a lo previsto en los artículos 20, párrafo 1 y 88 de los Estatutos. Dicha sesión contó con la asistencia de 16 de los 17 integrantes acreditados ante este Instituto, por lo que obtuvo un quórum del 94.11 por ciento, así como la aprobación por unanimidad de las propuestas de convenio de coalición, Plataforma Electoral y programa de gobierno.
 
Comisión Permanente: conforme al artículo 19, párrafos 2, 3 y 4, inciso s); 50, párrafos 1 y 3; así como 88, párrafo 1, inciso a) de la norma estatutaria, en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional, efectuada el dieciocho y diecinueve de noviembre del presente año, se aprobó presentar a consideración de la Coordinadora Ciudadana Nacional, para su aprobación, el convenio de coalición, la Plataforma Electoral y el programa de gobierno.
Igualmente, se constató que la convocatoria a la sesión de la Comisión Permanente fue emitida por el Coordinador y la Secretaria General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional con fecha catorce de noviembre del presente año, publicada en estrados y en el sitio web de Movimiento Ciudadano, y celebrada el dieciocho de noviembre del año en curso, conforme a lo previsto en el artículo 19, párrafos 2 y 3 de los Estatutos. La sesión comentada contó con la asistencia de 52 de los 65 integrantes de dicho órgano directivo acreditados ante este Instituto, por lo que tuvo un quórum del 80 por ciento, así como la aprobación por unanimidad del acuerdo relativo, en los términos precisados.
Coordinadora Ciudadana Nacional: conforme a los artículos 18, párrafos 3, 4, 6, inciso p) y 7, incisos a), c), d) y f); 50, párrafos 1 y 3; así como 88, párrafo 1, inciso a) de la norma estatutaria, en la sesión extraordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional, efectuada el dieciocho de noviembre del año en curso, se aprobó el convenio de coalición parcial con los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como la Plataforma Electoral y el programa de gobierno, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Del mismo modo, se constató que la convocatoria a la sesión extraordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional fue emitida por el Coordinador y la Secretaria General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional, con fecha once de noviembre del presente año, publicada en estrados y en el sitio web de Movimiento Ciudadano, y efectuada el dieciocho de noviembre de este año, acorde con lo previsto en los artículos 18, párrafos 3 y 4, así como 88, párrafo 1, inciso a) de los Estatutos. La aludida sesión contó con la presencia de 115 de los 196 integrantes registrados ante este Instituto, por lo que tuvo un quórum del 58.67 por ciento, y la aprobación por unanimidad de los acuerdos relativos al convenio de coalición, la Plataforma Electoral y el programa de gobierno.
Por tales motivos, este Consejo General considera que se cumple con lo establecido por el numeral 2 del Instructivo.
34.     En consecuencia, la Presidencia del Consejo General de este Instituto constató que los órganos partidarios facultados estatutariamente aprobaron los actos siguientes:
·      La participación en una coalición parcial;
·      El texto del programa de gobierno que sustentará su candidata o candidato a la Presidencia de la República;
·      El contenido de la Plataforma Electoral que sostendrán las fórmulas de candidatos a diputados en doscientos sesenta y nueve Distritos electorales uninominales y las fórmulas de candidatos a senadores en veintinueve entidades federativas, por el principio de mayoría relativa;
·      La autorización para que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional; la Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática y los integrantes de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano celebren y firmen, en representación de sus correspondientes institutos políticos, el convenio de coalición parcial, acorde con el artículo 89, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos, relacionado con el numeral 1, inciso c) del Instructivo.
35.     El Convenio de coalición parcial fue signado por los ciudadanos Ricardo Anaya Cortés y Damián Zepeda Vidales, entonces Presidente y Secretario General, respectivamente, del Partido Acción Nacional; Alejandra Barrales Magdaleno y Beatriz Mojica Morga, entonces Presidenta y Secretaria General, respectivamente del Partido de la Revolución Democrática; Dante Delgado Rannauro, Jorge Álvarez Máynez, Alejandro Chanona Burguete, Janet Jiménez Solano, Martha Angélica Tagle Martínez, Juan Ignacio Sampeiro Montaño, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía; Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz; Coordinador e integrantes de la Comisión Operativa Nacional, así como por Pilar Lozano Mac Donald, Secretaria General de Acuerdos de la misma.
En consecuencia, este Consejo General considera que se cumple con lo establecido por el numeral 1, inciso a) del Instructivo.
 
Verificación del apego del convenio de coalición al marco normativo electoral aplicable
36.     El Director General de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización y el Director de Pautado Producción y Distribución, mediante oficio INE/UTF/DA-F/19007/17 y tarjeta ejecutiva 117, respectivamente, comunicaron a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos el resultado del análisis realizado a las cláusulas del convenio de coalición, en su correspondiente ámbito de atribuciones.
En relación con la revisión efectuada por la Unidad Técnica de Fiscalización al convenio de coalición, sustancialmente, observó lo siguiente:
"(...)
Observaciones generales
I. Respecto al contenido de la cláusula DÉCIMO PRIMERA, que para el caso de sanciones impuestas por incumplimiento, error u omisión, en donde la conducta sea imputable a un candidato o candidata, Partido Político o su militancia, el partido político responsable deberá cubrir el 100% de la sanción, sin embargo, se debe precisar que el Convenio de Coalición no puede eximir a un partido de la sanción que le corresponderá como consecuencia jurídica de una irregularidad, ya que la facultad de la autoridad para imponer e individualizar una sanción es de interés público y no puede estar sujeta a la voluntad de los partidos políticos que suscriban un convenio, sino que ello debe apegarse a lo señalado en la ley y normatividad aplicable.
Por tanto, la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos políticos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE', misma que se transcribe a continuación:
(Se transcribe).
Más aún, una de las finalidades de la coalición es que los diversos partidos políticos que la integraron, obtienen los beneficios generados por participar en forma conjunta en un Proceso Electoral, por lo que aplica el principio general de derecho beneficium datur propter officium, es decir, quien recibe un beneficio asume también las pérdidas, por lo cual es apegado a derecho aplicar la sanción a cada partido político de acuerdo a la participación que tuvieron, es aplicable la tesis jurisprudencial emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, intitulada SANCIÓN A UNA COALICIÓN POLÍTICA DESINTEGRADA. DEBE SER IMPUESTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LA CONFORMARON, misma que a continuación se transcribe:
(Se transcribe).
Es el caso, que, para fijar las sanciones correspondientes, se deberá tener en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, pues de ninguna manera se puede eximir a los partidos políticos coaligantes de cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.
En el mismo sentido, la Sala Superior, al resolver el recurso identificado con el número de expediente SUP-RAP-625/2015 determinó en un caso similar lo siguiente:
En razón de que, atendiendo a que las faltas cometidas por una coalición, la sanción debe ser ponderada de manera individual y para ello la autoridad tomó en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, en términos del artículo 340 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, pero sin que ello tenga el alcance de dispensar o constituir una excusa absolutoria a favor del recurrente.
En consecuencia, la autoridad resolutora actuó correctamente, al desestimar la cláusula décimo tercera del convenio de coalición que refiere que en materia de responsabilidad en materia administrativa electoral cada partido asumirá la totalidad de la sanción del municipio que encabezó, y en su lugar aplicó el multicitado artículo 340 párrafo 1 el Reglamento de Fiscalización.'
 
Por las razones expuestas, se debe recomendar a la Coalición considerar la presente opinión jurídica, respecto de la cláusula DÉCIMO PRIMERA del Convenio de Coalición, pues esta no puede estar por encima de la facultad de la autoridad para imponer e individualizar una sanción, ya que es de interés público.
En este orden de ideas, se sugiere que dicha cláusula sea ajustada en el sentido de señalar claramente que las sanciones impuestas a la coalición serán cubiertas por todos los partidos políticos coaligados, de conformidad con el porcentaje de aportación de cada uno, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
(...)
III. Así mismo, se recomienda incluir la información puntual como lo establece el artículo 220, numeral 2 y 3 (del Reglamento de Fiscalización), donde establece lo siguiente:
(...)
2. Adicionalmente a lo establecido en el artículo 91, numerales 1 y 2 de la Ley de Partidos, el convenio de coalición deberá contener los criterios para la distribución de remanentes de:
a) Excedentes en cuentas bancarias;
b) Activos fijos adquiridos por la Coalición;
c) Saldos en cuentas por cobrar;
d) Saldos en cuentas por pagar, y
e) Sanciones en materia de fiscalización.
3. En ausencia de una regla específica, la distribución de los montos se asignará en porcentajes idénticos a los de la aportación realizada a la coalición, asignando y seleccionando uno a uno, entre el número de partidos coaligados.
(...)'
IV. Aunado a lo anterior, se recomienda incluir información puntual como lo establece el artículo 222, numeral 2, donde establece lo siguiente:
(...)
2. El responsable de finanzas de la coalición, determinará cómo se distribuirán tales bienes entre los partidos, de conformidad con las reglas establecidas en el convenio de coalición correspondiente, de no establecerse, se asignarán en porcentajes idénticos a los de la aportación realizada a la coalición, asignando y seleccionando uno a uno los activos, entre el número de partidos coaligados.
(...)'
Por cuanto hace al resultado de la revisión al convenio de coalición por parte de la Dirección de Pautado, Producción y Distribución, no se advirtió la necesidad de subsanar algún tema relacionado con el acceso a radio y televisión de los partidos políticos que pretenden conformar la coalición de referencia.
37.     La Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral verificó que las cláusulas del convenio de coalición parcial, con su respectivo listado de Distritos electorales y entidades federativas donde se postularán candidatos a diputados y senadores, respectivamente (convenio integrado) identificado como ANEXO UNO, en cincuenta y tres fojas, cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 91, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Partidos Políticos, relacionado con el numeral 3, del Instructivo, lo cual se acreditó por las razones que se expresan a continuación:
a)    La cláusula PRIMERA establece que la coalición parcial está conformada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
Asimismo, establece que la denominación de la coalición será "Coalición Por México al Frente".
 
b)    La cláusula SEGUNDA, en relación con el anexo del convenio, indica que el motivo de la coalición parcial es la postulación de candidaturas para los cargos de elección popular que se precisan enseguida:
·      Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
·      Cincuenta y ocho fórmulas de candidaturas a senadores de mayoría relativa, a razón de dos fórmulas por cada una de las veintinueve entidades federativas correspondientes.
·      Doscientos sesenta y nueve fórmulas de candidaturas a diputados de mayoría relativa, en los respectivos Distritos electorales uninominales federales.
c)     La cláusula CUARTA refiere los procedimientos para seleccionar y postular candidatos por parte de los partidos políticos coaligados.
Al respecto, dicha cláusula establece que la candidatura a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos corresponde definirla al Partido Acción Nacional por el voto de sus militantes. Con respecto a la elección de candidatos a senadores y diputados, el Partido Acción Nacional determina que el método aplicable será por designación de la Comisión Permanente Nacional.
El Partido de la Revolución Democrática determina en dicha cláusula que el procedimiento aplicable para la selección y postulación de sus candidatos a senadores y diputados se llevará a cabo mediante Consejo Nacional Electivo.
Por su parte, Movimiento Ciudadano expresa en la referida cláusula que el procedimiento aplicable para la selección y postulación de sus candidatos a senadores y diputados se llevará a cabo por Asamblea Electoral Nacional.
Lo anterior, se expresa en el convenio al tenor literal siguiente:
"CUARTA.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos y 276, numeral 3, inciso c) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, las partes acuerdan que de conformidad con los Estatutos de cada uno de los Partidos Políticos coaligados y acorde a las declaraciones que anteceden, los procedimientos que desarrollarán cada uno de los Partidos Políticos integrantes de la Coalición, para la selección y postulación de sus candidatos en términos del presente Convenio, atenderán lo siguiente:
1. El Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 102 y demás relativos de sus Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, determina que el procedimiento aplicable para la selección y postulación de sus candidatos a Diputados y Senadores, se llevará a cabo mediante el método de designación de la Comisión Permanente Nacional.
2. El Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 148, 149, 273 inciso b), e) y 275 inciso b) y de más relativos de su Estatuto, determina que el Procedimiento aplicable para la Selección y Postulación de sus candidatos a Diputados y Senadores, se llevará a cabo mediante Consejo Nacional Electivo.
3. Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18, numeral 7, inciso a) y demás relativos de sus Estatutos, determina que el Procedimiento aplicable para la Selección y Postulación de sus Candidatos, se llevará a cabo por Asamblea Electoral Nacional.
Por lo que hace a la candidatura a Presidencia de la República, la asignación se tomó por consenso en atención al peso electoral de cada partido. En consecuencia, la candidatura le corresponde definirla al Partido Acción Nacional, por el voto de sus militantes. La Comisión Permanente Nacional de Partido Acción Nacional determinará las especificaciones y será auxiliada por la Comisión Organizadora Electoral correspondiente.
Las partes se comprometen a postular y registrar como Coalición a la candidata o candidato a la Presidencia de la República, a las fórmulas de candidatas o candidatos a Senadores y las fórmulas de candidatas y candidatos a Diputados Federales por el principio de mayoría relativa, en los términos precisados en el presente convenio y en los anexos correspondientes. Lo anterior, será de manera supletoria ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por conducto de cada partido coaligado, según corresponda la candidatura."
 
La postulación de candidatos deberá atender en materia de paridad de género y acción afirmativa indígena lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG508/2017 aprobado por el Consejo General en la sesión extraordinaria del pasado 8 de noviembre y modificado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia SUP-RAP-726/2017 y acumulados dictada el 14 de diciembre de este año.
d)    La cláusula QUINTA refiere que los órganos de dirección de los partidos políticos coaligados aprobaron la Plataforma Electoral y el programa de gobierno, así como el compromiso de las candidatas y candidatos a sostener dicha plataforma, y de la candidata o candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de sostener el programa de gobierno, en los términos siguientes:
"QUINTA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 91, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos, se acompaña al presente convenio la Plataforma Electoral que sostendrán los candidatos de la Coalición y el Programa de Gobierno que sostendrá las candidatas y candidatos de la Coalición a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como los documentos en los que consta que los órganos partidistas correspondientes los aprobaron, en los términos descritos en el capítulo de las declaraciones del presente Convenio.
Las partes se comprometen a sostener la Plataforma Electoral y el Programa de Gobierno de la Coalición a la que se sujetarán las candidatas y candidatos postulados por la misma."
e)    La cláusula CUARTA, en su último párrafo, concatenado con el listado anexo al convenio de coalición, establecen el origen partidario de los candidatos a diputados federales y senadores de mayoría relativa que serán postulados por la coalición y señala el grupo parlamentario en el que quedarían comprendidos en caso de resultar electos. Igualmente precisa el origen partidista del candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
f)     La cláusula SÉPTIMA establece que para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la Ley de la materia, la representación de la coalición ante el Consejo General, los Consejos Locales y los Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral la ostentaran los representantes de cada uno de los partidos políticos coaligados.
Asimismo, dispone que los representantes legales señalados contarán con la personalidad jurídica para que promuevan los medios de impugnación que resulten legalmente procedentes y para participar en los juicios administrativos y jurisdiccionales, así como ante las autoridades competentes para conocer, sustanciar y resolver las controversias jurídicas derivadas del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
g)    La cláusula NOVENA establece que los partidos integrantes de la coalición se obligan a sujetarse al tope de gasto de campaña que acuerde el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, diputaciones y senadurías por el principio de mayoría relativa, en los términos siguientes:
"NOVENA.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos y 276, numeral 3, inciso g) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, los Partidos Políticos coaligados convienen que los candidatos de la Coalición Electoral Parcial se sujetarán a los topes de gastos de campaña que aprobó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo identificado con la clave INE/CG505/2017, denominado "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan los topes máximos de gastos de precampaña y campaña, para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de diputaciones y senadurías por el principio de mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018" de fecha 30 de octubre de 2017, acorde a la legislación aplicable."
En esta cláusula, invariablemente se entenderá que los topes de gastos de campaña determinados por este Consejo General serán aplicables a los partidos políticos coaligados y los candidatos de la coalición, como si se tratara de un solo partido político, en apego a lo que dispone el artículo 91, párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos.
h)    La cláusula DÉCIMA, párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y octavo expresa en porcentajes las aportaciones de financiamiento de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, la forma de reportarlo en los informes correspondientes, así como el mecanismo de asignación de remanentes de las aportaciones al término de las campañas electorales, como sigue:
 
"DÉCIMA.- (...)
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos y 276, numeral 3, inciso h) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, los Partidos Políticos coaligados convienen en aportar en lo individual, al menos el 94% de los recursos que reciban por concepto de gastos de campañas, de conformidad con lo siguiente:
a) Los Partidos Políticos coaligados podrán realizar aportaciones en efectivo o en especie en los términos que establece la Ley General de Partidos Políticos y demás ordenamientos en la materia, previo acuerdo de la Coordinadora Nacional Ejecutiva de la Coalición.
b) Las aportaciones de los Partidos Políticos coaligados serán destinadas a solventar los gastos de campaña de los candidatos de la Coalición, su distribución será conforme a las determinaciones que para tal efecto apruebe la Coordinadora Nacional Ejecutiva de la Coalición, observando en todo momento la normatividad electoral aplicable. El Consejo de Administración determinará los porcentajes de los gastos para las campañas respectivas.
El Consejo de Administración tendrá la facultad de modificar los porcentajes antes referidos, de acuerdo a las necesidades de la propia Coalición.
(...)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 220 del Reglamento de Fiscalización, en caso de que existan remanentes al término de la campaña, los montos se asignarán en porcentajes idénticos a los de la aportación realizada a la coalición, asignando y seleccionando uno a uno, entre el número de partidos coaligados."
i)     La cláusula DÉCIMO SEGUNDA, párrafo primero, expresa, al tratarse de una coalición parcial, el compromiso de cada partido político de acceder a su respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo sus derechos por separado, como se aprecia enseguida:
"DÉCIMO SEGUNDA.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 91, numerales 3 y 4 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 160, 167, numerales 2, inciso b) y 3, 171 y 172 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 276, numeral 3, incisos k) y l), del Reglamento de Elecciones y 16 numeral 1 inciso c) del Reglamento de Radio y Televisión, ambos del Instituto Nacional Electoral; las partes integrantes de la Coalición acuerdan que cada Partido Político accederá a su respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo su derecho por separado y promoverán a los candidatos de la Coalición conforme a la cobertura en las entidades federativas y Distritos electorales a los que refiere el presente Convenio.
(...)"
j)     La cláusula DÉCIMO SEGUNDA, párrafos segundo al sexto, por ser una coalición parcial, determina la forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión que corresponda ejercer a la coalición, entre sus candidatas y candidatos a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados de mayoría relativa, en la cual se estipula que la coalición aprobará la estrategia, diseño e imagen de campaña de los candidatos de la coalición, en los términos siguientes:
"DÉCIMO SEGUNDA.- (...).
Asimismo, las partes acuerdan destinar el tiempo que les corresponda de la prerrogativa de acceso a tiempo de radio y televisión en los términos siguientes:
Durante la campaña el 30% del tiempo que le corresponda a la Coalición se destinara a las campañas de Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, y el 70% a la campaña de Presidente de la República. En todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de la Coalición deberán identificar esa calidad y el Partido responsable del mensaje.
 
La Coordinadora Nacional Ejecutiva de la Coalición conformará el Comité de Radio y Televisión, asimismo aprobará la estrategia, diseño e imagen de campaña de los candidatos de la Coalición a fin de potenciar la difusión de las campañas de la Coalición; y sugerirá a los Partidos Políticos la distribución de mensajes a campañas, candidaturas y para cada entidad federativa y Distrito Electoral en los que participe.
Para Presidente de la República, el diseño y aprobación de los contenidos, corresponderá al Partido Acción Nacional.
Por lo que hace a las precampañas, hasta el 70% de la pauta de radio y televisión, será destinado por los partidos al proceso de selección de Presidente de la República."
De conformidad con lo señalado en el artículo 167, párrafo 2, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tratándose de coaliciones parciales el convenio de coalición establecerá la distribución de tiempo en radio y televisión para los candidatos de coalición y para los de cada partido.
De igual forma la Tesis XLII cuyo rubro es "COALICIÓN. ASPECTOS MÍNIMOS QUE DEBE ESTABLECER EL CONVENIO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO DE RADIO Y TELEVISIÓN", señala que en el caso de coaliciones parciales o flexibles, cada uno de los partidos políticos coaligados establecerá la distribución de tiempos que destinarán tanto a los candidatos de la coalición como a los propuestos separadamente. Por ello, a fin de generar certeza y claridad en dicha asignación, se debe especificar al menos el porcentaje de mensajes que destinará a cada uno de los medios de comunicación según el tipo de elección en los que no participa coaligado.
En este tenor, los partidos materia de la presente coalición deberán aclarar el porcentaje que corresponderá a los candidatos a diputados y senadores que no participan en la coalición.
k)     La cláusula DÉCIMA, párrafos primero, sexto y séptimo, indica que el responsable del registro y control del gasto y las cuentas concentradoras de la campaña de la candidata o candidato a la Presidencia de la República será el Partido Acción Nacional, que a su vez es el responsable del órgano de finanzas de la Coalición; en tanto que respecto a las candidatas y candidatos a senadurías y diputaciones será el partido político que los postuló. Asimismo, precisa la integración del órgano de la coalición encargado de la administración de los recursos de campaña y de la presentación de los informes respectivos, de conformidad con lo siguiente:
"DÉCIMA.- Que de conformidad con el artículo 276, numeral 3, inciso m) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para la administración y reporte de los gastos de campaña en los informes correspondientes, las partes acuerdan constituir un Consejo de Administración que estará conformado por un representante propietario y un suplente, designados por cada uno de los Partidos Políticos coaligados, y un representante designado por el Candidato a la Presidencia de la República; el representante designado por el Partido Político Acción Nacional será el responsable del órgano de finanzas de la Coalición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 247 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
(...)
Las partes acuerdan que el responsable del registro y control del gasto de campaña de la candidata o candidato a la Presidencia de la República y las cuentas concentradoras de campaña, será el Partido Político responsable del órgano de finanzas de la Coalición, en tanto que de las candidatas y candidatos a Senadurías y Diputaciones Federales será el Partido Político que los postuló, bajo la vigilancia y supervisión del Consejo de Administración de la Coalición.
Asimismo, las partes acuerdan que el Partido Político responsable del órgano de finanzas de la Coalición será el encargado de dar respuesta a los oficios de errores y omisiones; en coordinación con los demás Partidos Políticos integrantes de la misma.
(...)"
 
l)     Por otro lado, la cláusula DÉCIMO PRIMERA manifiesta el compromiso de que en caso de responsabilidad de la coalición cada partido político coaligado asumirá las responsabilidades que, en su caso se deriven, conforme al porcentaje del monto del financiamiento que aportará para el desarrollo de las campañas respectivas, en los términos que se precisan a continuación:
"DÉCIMO PRIMERA.- Para el caso de sanciones impuestas por incumplimiento, error u omisión, en donde la conducta sea imputable a un candidato o candidata, Partido Político o su militancia, el Partido Político responsable deberá cubrir el 100% de la sanción. En caso de que la responsabilidad se atribuya a la Coalición, cada Partido Político asumirá las responsabilidades que se deriven en proporción al monto de financiamiento que aporte a la campaña de que se trate."
Al respecto el artículo 340 del Reglamento de Fiscalización establece:
"Artículo 340.
Individualización para el caso de coaliciones
1. Si se trata de infracciones cometidas por dos o más partidos que integran o integraron una coalición, deberán ser sancionados de manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de responsabilidad de cada uno de dichos entes políticos y sus respectivas circunstancias y condiciones. Al efecto, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en términos del convenio de coalición."
De tal suerte, esta cláusula se entenderá en el sentido de que las sanciones impuestas por las autoridades electorales competentes a la coalición serán cubiertas por todos los partidos políticos coaligados, de conformidad con el porcentaje de aportación de cada uno de ellos. Lo anterior, acorde con las observaciones formuladas por la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización en el oficio Núm. INE/UTF/DA-F/19007/17, señalado en el considerando 36 de esta Resolución.
En consecuencia, para todos los efectos legales a que haya lugar, este Consejo General estima que esta cláusula deberá interpretarse a la luz de lo señalado en el Reglamento de Fiscalización.
m)    La cláusula VIGÉSIMA precisa que el convenio de coalición podrá ser modificado únicamente con la aprobación de sus respectivos órganos competentes; para lo cual será necesario acreditar la instalación, desarrollo y determinaciones con apego a la normatividad estatutaria aplicable y al Instructivo, de conformidad con lo siguiente:
"VIGÉSIMA.- Una vez aprobado el presente convenio por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, podrá ser modificado hasta un día antes del inicio del periodo de registro de candidaturas objeto de este instrumento.
Para tal efecto, las modificaciones al presente convenio deberán de ser aprobadas por los órganos internos con facultades estatutarias de cada uno de los Partidos Coaligados e instrumentadas por la Coordinadora Nacional Ejecutiva, debiendo presentar las mismas en términos de lo dispuesto en los artículos 276 numerales 1) y 2, así como el 279 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral."
38.     La Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral corroboró que el texto de la Plataforma Electoral adjunta al convenio de coalición parcial cumple con lo señalado en los artículos 39, párrafo 1, inciso g) y 88, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; toda vez que es congruente con los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postulan los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en su respectiva Declaración de Principios y Programa de Acción; documento identificado como ANEXO DOS que en cuarenta fojas forma parte integral de la presente Resolución.
39.     Por otro lado, el Presidente del Consejo General de este Instituto constató que el texto del programa de gobierno adjunto al convenio de coalición parcial cumple con lo señalado en los artículos 89, párrafo 1, inciso a) y 91, párrafo 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; toda vez que las propuestas de acciones y políticas públicas que contiene, de manera general, son acordes con los principios ideológicos de carácter político,
económico y social que postulan los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en su correspondiente Declaración de Principios y Programa de Acción; documento identificado como ANEXO TRES que en sesenta y siete fojas forma parte integral de la presente Resolución.
40.     Finalmente, en relación con el Reglamento de la "Coalición por México al Frente", firmado por los dirigentes nacionales de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, si bien es cierto que de conformidad con lo que prevén los artículos 89 y 91 de la Ley General de Partidos Políticos no existe la obligación de presentar una reglamentación de la coalición, adicional a la que sea pactada en el convenio relativo, también lo es que no existe restricción legal al respecto, además, conforme al derecho de autoorganización de los institutos políticos, están facultados para aprobar las normas que estimen pertinentes para regir el funcionamiento de sus propios órganos directivos, lo cual se estima que es extensivo para determinar la organización y el funcionamiento interno de la coalición cuyo registro soliciten, siempre que su aprobación se lleve a cabo por los órganos directivos competentes en términos estatutarios, así como que las mismas no contravengan el marco jurídico electoral aplicable ni el convenio de coalición correspondiente.
En mérito de lo anterior, el Director General de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización y el Director de Pautado Producción y Distribución, mediante oficio Núm. INE/UTF/DA-F/19801/17 y tarjeta ejecutiva 122, respectivamente, comunicaron el veinte de diciembre del presente año a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos el resultado del análisis realizado a los artículos del reglamento de la coalición, en su correspondiente ámbito de atribuciones.
Con respecto al análisis efectuado por la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización, sustancialmente, formuló las recomendaciones siguientes:
a)    En el artículo 1 del reglamento, especificar que en materia de fiscalización serán aplicables la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Fiscalización, Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el Manual General de Contabilidad vigente, lo aplicable para el registro de operaciones mediante el Sistema Integral de Fiscalización, así como los acuerdos de la Comisión de Fiscalización y del Consejo General.
b)    Con respecto al artículo 14, segundo párrafo del reglamento, precisar que será el responsable del órgano de finanzas, el designado para la presentación de los informes, en términos de lo establecido en el artículo 153 del Reglamento de Fiscalización, en correlación con los artículos 238, 239, 240, 241 del mismo ordenamiento; y en coordinación con el Consejo de Administración, determinarán el uso y control de los recursos aportados por los partidos políticos a la coalición.
c)     En relación con el artículo 15, párrafo primero del reglamento, tomar en consideración los topes de gastos de campaña en la autorización del presupuesto para la campaña del candidato a Presidente de la República, Senadores y Diputados.
d)    Respecto al artículo 16, numeral 10 del reglamento, se sugiere agregar los artículos 154 y 222 del Reglamento de Fiscalización.
e)    En el artículo 18 del reglamento, agregar un numeral 18 que establezca la función del Consejo de Administración de vigilar que los registros contables se realicen en tiempo real.
f)     Con respecto al artículo 23, párrafo primero del reglamento, se sugiere agregar algunas formalidades para documentar los contratos de aportaciones en especie.
g)    Por lo que hace al artículo 30 del reglamento, se recomienda agregar que los folios de los recibos para amparar las cuotas o aportaciones de los candidatos deberán apegarse a los formatos establecidos en el "Manual General de Contabilidad", aprobado por la Comisión de Fiscalización.
h)    En el artículo 33, párrafo primero del reglamento, se sugiere modificar la redacción para permitir la identificación de los datos personales del aportante, para pagos que rebasen la cantidad equivalente a 90 Unidades de Medida y Actualización mediante cheque nominativo.
 
i)     Por lo que corresponde al artículo 39 del reglamento, se recomienda agregar un párrafo final para establecer que la coalición se encuentra obligada a informar lo relativo a la propaganda consistente en diarios, revistas y otros medios impresos, gastos de producción de mensajes para radio y televisión, anuncios espectaculares y propaganda en salas de cine e Internet durante el periodo objeto del informe, que aún no hayan sido pagados al momento de la presentación de los informes de precampaña o campaña, acorde con el artículo 280, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Fiscalización.
j)     En relación con el artículo 38 del reglamento, se recomienda agregar un inciso que establezca que los candidatos son responsables solidarios del cumplimiento de la presentación de los informes, en términos del artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos.
k)     Se sugiere establecer en el reglamento de la coalición nuevas disposiciones para ajustarse a los Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, monitoreos de anuncios espectaculares y demás propaganda; eventos políticos y casas campaña; y procedimiento relativo a los Avisos de Contratación, con sujeción al Reglamento de Fiscalización.
Al respecto, en virtud de que el reglamento en análisis:
·      Es accesorio al convenio de coalición, el cual, en lo general se encuentra apegado a la Ley General de Partidos Políticos y al Instructivo;
·      Es congruente con los compromisos asumidos en las cláusulas del convenio correspondiente; y
·      Establece normas operativas para el funcionamiento de la Coordinadora Nacional Ejecutiva, del Consejo de Administración y demás órganos internos de la coalición.
Atento a la brevedad del plazo legal para emitir la resolución sobre la solicitud de registro del convenio de coalición, este Consejo General considera procedente el registro del Reglamento de la "Coalición Por México al Frente", en la inteligencia de que el mismo queda sujeto y deberá interpretarse, invariablemente, conforme a las normas establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; el Reglamento de Fiscalización; el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; el Manual General de Contabilidad; la normatividad para el registro de operaciones mediante el Sistema Integral de Fiscalización; los acuerdos de la Comisión de Fiscalización; el Reglamento de Radio y Televisión; a los acuerdos del Comité de Radio y Televisión, y los acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Por lo que hace la revisión del reglamento de la coalición por parte del Director de Pautado, Producción y Distribución, no advirtió la necesidad de subsanar algún tema relacionado con el acceso a radio y televisión de los partidos políticos que pretenden conformar la coalición de referencia.
En consecuencia, procede el registro del Reglamento de la "Coalición Por México al Frente" como documento accesorio del convenio relativo, identificado como ANEXO CUATRO, que en veintiocho fojas, forma parte integrante de esta Resolución.
Conclusión
41.     Por lo expuesto y fundado, la Presidencia de este Consejo General arriba a la conclusión de que la solicitud del convenio de coalición parcial para postular candidatura a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cincuenta y ocho fórmulas de candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa y doscientos sesenta y nueve fórmulas de candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa, presentada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para contender en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, reúne los requisitos exigidos para obtener su registro. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 87, 88, 89 y 91 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el Instructivo emitido por el Consejo General para tal efecto.
En consecuencia, el Consejero Presidente somete a consideración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionados con los artículos 43, 44, párrafo 1, incisos i), j) y ff); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 23, párrafo 1, inciso f); 85, párrafo 2; 87; 89; 91 y 92 de la Ley General de Partidos Políticos, así como el multicitado Instructivo, la siguiente:
 
RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Procede el registro del convenio integrado de la coalición parcial denominada "Coalición Por México al Frente" para postular candidatura a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cincuenta y ocho fórmulas de candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa y doscientos sesenta y nueve fórmulas de candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa, presentado por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para contender bajo esa modalidad en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, mismo que como ANEXO UNO forma parte integral de la presente Resolución; con la precisión mencionada en el considerando 37, inciso l), por los motivos expresados en los considerandos que anteceden.
SEGUNDO.- Se ordena a la "Coalición por México al Frente" para que, a más tardar el 10 de Marzo del 2018 adecue la cláusula DÉCIMA SEGUNDA del convenio, a efecto de clarificar la distribución de tiempo en radio y televisión que se otorgará a los candidatos que no participan en la coalición. Lo anterior respecto a lo señalado en el considerando 37, inciso j) de la presente Resolución.
TERCERO.- En el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presente la coalición, deberá cumplirse con lo dispuesto en el diverso Acuerdo de este Consejo General identificado como INE/CG508/2017 aprobado en la sesión extraordinaria el pasado 8 de noviembre, modificado en la materia de impugnación, en la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 14 de diciembre de 2017, en los autos de los expedientes SUP-RAP-726/2017 y acumulados.
CUARTO.- La postulación y registro de las candidaturas a senadores y diputados de la coalición parcial denominada "Coalición Por México al Frente" se sujetará, invariablemente, a los criterios en materia de paridad y acción afirmativa, previstos en el Acuerdo de este Consejo General, identificado con la clave INE/CG508/2017. En virtud de que el número de fórmulas de candidaturas a diputados que postulará dicha coalición no es par, lo que impide lograr la paridad, la fórmula impar remanente será integrada por mujeres, en aplicación de la acción afirmativa de género. El mismo principio se aplicará para las candidaturas individuales de los partidos políticos que integran la coalición.
QUINTO.- Para efectos del registro de la candidatura a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de las fórmulas de candidaturas a diputados y senadores de mayoría relativa, se tiene por registrada la Plataforma Electoral que sostendrán durante las campañas electorales los candidatos de la coalición parcial denominada "Coalición Por México al Frente", la cual como ANEXO DOS forma parte integrante de esta Resolución, acorde con lo establecido en el artículo 236, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por las razones expuestas en el considerando 38 de esta Resolución.
SEXTO.- Para los efectos legales conducentes, se tiene por registrado el programa de gobierno que sostendrá durante la campaña electoral la persona que sea registrada para contender al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de la coalición parcial denominada "Coalición Por México al Frente", mismo que como ANEXO TRES forma parte integral de esta Resolución, acorde con lo manifestado el considerando 39 de la presente Resolución.
SÉPTIMO.- Para los efectos legales conducentes, se tiene por registrado el Reglamento de la "Coalición Por México al Frente", mismo que como ANEXO CUATRO forma parte integral de esta Resolución, en términos de lo expresado en el considerando 40 de esta Resolución.
OCTAVO.- Notifíquese personalmente la presente Resolución a los representantes ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral de los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
NOVENO.- Inscríbase el convenio integrado de la "Coalición Por México al Frente" en el libro respectivo que al efecto lleva la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto.
DÉCIMO.- Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 22 de diciembre de 2017, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
El Consejero Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.
 
ANEXO UNO
CONVENIO INTEGRADO
CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL PARCIAL QUE PARA POSTULAR CANDIDATOS Y CANDIDATAS EN LAS ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SENADURÍAS Y DIPUTACIONES FEDERALES, ESTOS ÚLTIMOS QUE INTEGRARÁN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, MISMOS QUE SERÁN ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE CELEBRAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 41, BASE I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 12 NUMERAL 2 Y 44 NUMERAL 1 INCISO I) DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; 23 NUMERAL 1 INCISO F), 85 NUMERAL 2, 87, 88 NUMERALES 1 Y 5, 91 Y 92 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS; 275, 276, 277, 278, Y 279 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
CONSIDERANDOS
1. Que de conformidad con los artículos 41 segundo párrafo Bases I, II y III, 50, 51, 56, 80, 81 y Transitorios Segundo y Décimo Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 numeral 4, 12, 13, 14 numerales 1 y 2, 207 y Transitorio Décimo Primero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; en relación con lo establecido en el Acuerdo identificado con la clave INE/CG390/2017 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, el día 1° de julio del año 2018, se elegirán al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los integrantes de las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión.
2. Que en términos de los artículos 41, Base I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, 23, numeral 1, incisos a), b), c), d), e) y l) de la Ley General de Partidos Políticos; los Partidos Políticos Nacionales, tienen intervención en los procesos electorales y como fin el de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, por lo que cuentan con personalidad jurídica y gozan de los derechos y de las prerrogativas que la Constitución y la Ley les confieren, teniendo la libertad de organizarse y determinarse conforme a sus Estatutos.
3. Que los artículos 23 numeral 1, inciso f), 85 numeral 2 y 87 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 275, 276, 277, 278 y 279 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, señalan como uno de los derechos de los Partidos Políticos para fines electorales, el de formar Coaliciones para postular a los mismos candidatas y candidatos en las Elecciones Federales de Presidente, Senadores y Diputados por el Principio de Mayoría Relativa.
4. Que en Sesión Ordinaria de fecha 30 de octubre de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo identifcado con la clave INE/CG504/2017 denominado "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el instructivo que deberán observar los partidos políticos nacionales que busquen formar coaliciones para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa, en sus diversas modalidades para el proceso electoral federal 2017-2018", mismo que entre otras cuestiones, en el punto identificado con el numeral Segundo, se establece que se aprueba el instructivo que observarán los Partidos Políticos Nacionales que soliciten el registro de los convenios de coalicion, en la modalidad de Coalición Parcial, para postular, entre otras elecciones las siguientes, al menos 32 fórmulas de candidaturas a Senadores de Mayoría Relativa, a razón de dos fórmulas por cada una de las entidades federativas correspondientes (16 entidades) y al menos 150 fórmulas de candidaturas a diputados de Mayoría Relativa y candidata o candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Que en términos de lo establecido en los artículos 87 numerales 1, 7, 8, 12 y 15, 88 numerales 1 y 5, 89, 91 y 92 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, los Partidos Políticos que deseen participar bajo la figura de Coalición en sus diversas modalidades, deberán de celebrar y registrar el Convenio respectivo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para todos los efectos legales a que haya lugar; por lo tanto los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano han decidido conformar la Coalición Electoral Parcial para las elecciones de las candidatas y candidatos a Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, fórmulas de candidatas y candidatos a las Senadurías y de Diputaciones Federales, éstos últimos que integrarán la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, mismos que serán electos por el Principio de Mayoría Relativa, para participar en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
6. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 89 y 91 de la Ley General de Partidos Políticos, y 276 y 279 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en relación con el Acuerdo identificado con la clave INE/CG504/2017 denominado "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el instructivo que deberán observar los Partidos Políticos Nacionales que busquen formar coaliciones para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de Senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa, en sus diversas modalidades, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.", en específico el punto de acuerdo Segundo, numeral 3, que dispone que el Convenio de Coalición, a fin de ser aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral e inscrito en el libro respectivo, deberá establecer, de manera expresa y clara lo siguiente:
1.     Partidos Políticos que integran la Coalición, así como el nombre de sus representantes legales;
2.     Proceso electoral que le da origen, especificando la modalidad de la Coalición;
3.     Procedimiento que seguirá cada Partido para la selección de sus candidatas y candidatos que serán postulados por la Coalición;
4.     El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de las candidatas y candidatos que serán postulados por la Coalición;
5.     El origen partidario de las candidatas y candidatos a las Senadurías y Diputaciones Federales de mayoría relativa que serán postulados por la Coalición, así como el Grupo Parlamentario o Partido Político en el que quedarían comprendidos en caso de resultar electos;
6.     Acompañarse la Plataforma Electoral y el Programa de Gobierno que sostendrá la Coalición;
7.     El señalamiento de la o las personas que ostentarán la representación de la Coalición para efectos de la interposición de los medios de impugnación;
8.     La manifestación de los Partidos Políticos integrantes de la Coalición y sus candidatas y candidatos, de sujetarse a los topes de gastos de campaña como si se tratará de un solo Partido;
9.     El señalamiento en cantidades líquidas y porcentajes del monto de las aportaciones de cada Partido Político coaligado para el desarrollo de la campaña electoral; así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes;
10.   La firma autógrafa de los presidentes de los Partidos Políticos integrantes o de sus órganos de dirección facultados para ello;
11.   Compromiso de las candidatas y candidatos de sostener la Plataforma Electoral y el Programa de Gobierno;
12.   Tratándose de coalición parcial o flexible, el compromiso de cada Partido Político de acceder a su respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo sus derechos por separado;
13.   El compromiso de aceptar la prerrogativa de acceso a tiempos en radio y televisión que legalmente corresponda otorgar a la Coalición;
14.   La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempos en radio y televisión que corresponda ejercer a la Coalición, entre sus candidatas y candidatos a senadores y diputados de mayoría relativa y, en su caso, entre los de cada partido, por cada uno de esos medios de comunicación.
15.   Los integrantes del Partido Político u órgano de la Coalición encargado de la administración de los recursos de campaña y de la presentación de los informes respectivos; y
16.   El compromiso de que cada partido político asumirá las responsabilidades que, en su caso, se deriven por la expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto del financiamiento que aportará cada Partido Político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas.
7. Que en ese tenor, las partes manifiestan su voluntad en suscribir el presente Convenio de Coalición Electoral Parcial para las elecciones de Presidente de la República, fórmulas de candidatos a senadores, y de diputados federales por el principio de mayoría relativa, en el proceso electoral federal 2017-2018, cuya jornada electoral tendrá verificativo el próximo 1°. de julio de 2018, formulando en consecuencia las siguientes:
DECLARACIONES
 
PRIMERA.- DECLARA EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE NACIONAL EL C. RICARDO ANAYA CORTÉS, QUE:
I. Que el Partido Acción Nacional, que en lo sucesivo se denominará "PAN", es un Partido Político Nacional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido por la Asamblea reunida los días 14 al 17 de septiembre de mil novecientos treinta y nueve en la Ciudad de México, Distrito Federal, tal y como, consta en la escritura pública número 18,689 de fecha primero de marzo de mil novecientos cuarenta, ante la fe del Notario Público con jurisdicción en el Distrito Federal, Licenciado Mario García Lecuona.
II. Que es un Partido Político Nacional en pleno ejercicio de sus derechos y sujeto a las obligaciones que establece la Constitución y las leyes que de la misma emanen, con registro nacional vigente, el cual consta en los archivos de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, circunstancia que se encuentra debidamente acreditada ante el Instituto Nacional Electoral, tal y como consta en la certificación expedida por el Licenciado José Eduardo Lavoignet Vásquez, Director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral.
III. El PAN ajusta sus actividades a lo dispuesto en los Estatutos Generales aprobados por la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria; a la Declaración de Principios y a su Programa de Acción, registrados ante el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, con el objeto de promover la participación del pueblo en la vida democrática, la integración de la representación nacional y de hacer posible el acceso de los ciudadanos mexicanos al ejercicio del poder público con estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.
IV. Que en este acto, el Partido Acción Nacional es representado por el C. Ricardo Anaya Cortés, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, circunstancia que se encuentra debidamente acreditada ante el Instituto Nacional Electoral, tal y como consta en la certificación expedida por el Licenciado José Eduardo Lavoignet Vásquez, Director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral.
V. Que para efectos del presente convenio, se señala como domicilio las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional ubicada en la calle Avenida Coyoacán 1546, Colonia del Valle, Código Postal 03100, Delegación Benito Juárez en Ciudad de México.
VI. El Partido Acción Nacional se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave PAN400301JR5.
VII. Que en sesión extraordinaria de fecha 18 de noviembre de 2017, el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 31, incisos n) y o), de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional adoptó entre otros acuerdos los siguientes:
·      "Se autoriza al Comité Ejecutivo Nacional, así como a la Comisión Permanente Nacional, para suscribir convenios de asociación electoral con otros partidos políticos, para el proceso electoral federal 2017-2018, de conformidad con el artículo 31, inciso n) de los Estatutos Generales del Partido y de conformidad con la legislación correspondiente.
·      El Consejo Nacional aprueba, en todas y cada una de sus partes, la Plataforma Electoral común, así como, el Programa de Gobierno común 2018-2024, de una eventual coalición para el proceso electoral federal 2017-2018; lo anterior con fundamento en el artículo 31, inciso o) de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional y en los términos de los considerandos anteriores."
VIII. Que en sesión extraordinaria de fecha 08 de diciembre de 2017, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, autorizó a su Presidente Nacional suscribir y registrar el convenio de coalición del Partido Acción Nacional con los Partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53, inciso a), de los Estatutos del Partido Acción Nacional, mediante los siguientes acuerdos:
·      "PRIMERO. Se autoriza al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, auxiliado por el Secretario General, a suscribir y registrar el presente convenio de coalición parcial con los Partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para el proceso electoral federal 2017-2018 y en su defecto extraordinarios.
·      SEGUNDO. Se faculta al Presidente y Secretario General a modificar el convenio, en caso de que exista alguna observación por las autoridades administrativas o jurisdiccionales.
·      TERCERO. Publíquese la presente determinación en los estrados físicos y electrónicos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional."
IX. Que por providencias de fecha 8 de diciembre de 2017, la Comisión Permanente Nacional, autorizó en todas y cada una de sus partes el convenio de coalición con los Partidos de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano; y autorizó al Presidente Nacional, para la suscripción y registro ante la autoridad administrativa electoral. En el momento en el que sean ratificadas las providencias por la Comisión Permanente Nacional, serán informadas al Instituto Nacional Electoral.
TERCERA.- DECLARA EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR CONDUCTO DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, la C. MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, QUE:
I.- En términos de lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Partido de la Revolución Democrática, que en lo sucesivo se denominará "PRD", es un Partido Político Nacional, el cual se constituyó el 5 de mayo de 1989, mediante Asamblea Nacional Constitutiva, y cuenta con su registro vigente ante el Instituto Nacional Electoral, tal y como se acredita con la certificación, de fecha 27 de octubre del 2017, emitida por el Licenciado José Eduardo Lavoignet Vásquez, Director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, que se adjunta al presente convenio, por lo que, se encuentran en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones que establecen las leyes de la materia y cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio y con capacidad jurídica para celebrar el presente Convenio de Coalición Electoral.
II.- EL "PRD" se apega a sus actividades a lo dispuesto en su Estatuto, su Declaración de Principios, Línea Política, Reglamentos y Programas de Acción, registrados ante el Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de luchar por la República, por la vigencia plena de los principios constitucionales y los derechos humanos, y con el fin de fundar las Instituciones en la libertad, la justicia, la equidad, la razón, la tolerancia y la legalidad; propone el ejercicio del poder público basado en la decisión de la ciudadanía y en la libre organización de la sociedad para construir un mejor futuro para todas las mexicanas y mexicanos, con apego estricto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanen.
III.- El "PRD" está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave PRD-890526-PA3.
IV.- El "PRD", establece para efectos del presente instrumento el domicilio de su Sede Nacional, ubicado en Avenida Monterrey 50, Col. Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.
V.- El "PRD" es representado por la C. María Alejandra Barrales Magdaleno, en su calidad de Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, como consta en la certificación, de fecha 27 de octubre del 2017, emitida por el Licenciado José Eduardo Lavoignet Vásquez, Director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral.
VI.- Los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre de 2015, tuvo verificativo la celebración del XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, en donde se aprobaron el nuevo Estatuto, la Declaración de Principios y Programa de Acción, así como la línea política del Partido de la Revolución Democrática, conteniendo lo siguiente: "Sólo en determinadas condiciones y para propósitos políticos específicos se considerarán, excepcionalmente, alianzas electorales más allá de la izquierda y las fuerzas progresistas, pero en ningún caso con el Partido Revolucionario Institucional".
VII.- De conformidad con lo establecido en los artículos 294, 305, 306, y 307 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, el Noveno Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, en sesión de fecha 03 de septiembre de 2017, aprobó por más de dos terceras partes de las y los consejeros, la política de alianzas para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, estableciendo lo siguiente:
"PRIMERO.- Se aprueba la Política de Alianzas del Partido de la Revolución Democrática para las elecciones federales y locales 2017-2018, en términos de lo establecido en la Línea Política del Partido, aprobada en el XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, celebrado en la Ciudad de México los días diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte de septiembre de dos mil quince, de conformidad a lo citado en el Considerando V del presente resolutivo."
VIII.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 294, 305, 306, y 307 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, el Décimo Segundo Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, en sesión de fecha 19 de noviembre de 2017, aprobó por más de dos terceras partes de las y los consejeros, los criterios para la consolidación del convenio de coalición de los Partidos Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, la Plataforma Electoral de la Coalición, el Programa de Gobierno que sostendrá su candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se da cumplimiento a lo establecido en los artículos 89, numeral 1, incisos a), b), y c), y 91, numeral 1, inciso d), de la Ley General de Partidos Políticos:
Lo anterior se acredita con la copia certificada del acta de la Décimo Segunda sesión extraordinaria del IX Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, que se adjunta al presente convenio.
De igual forma, se adjuntan al presente Convenio los siguientes documentos aprobados en la Décimo Segunda Sesión del IX Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática:
·      Resolutivo del Decimo Segundo Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional relativo a la aprobación de la plataforma electoral de la coalición electoral para el proceso electoral federal ordinario 2017-2018, con el que se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 89, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, en el que se establece:
(...)
PRIMERO.- Se aprueba la coalición electoral entre el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional y el Partido Movimiento Ciudadano para las elecciones federales y locales 2017-2018, en los términos aprobados por este Consejo sobre política de alianzas de fecha tres de septiembre de dos mil diecisiete y de conformidad con lo establecido en la Línea Política del Partido, aprobada en el XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática celebrado en la Ciudad de México los días diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte de septiembre de dos mil quince, de conformidad a lo citado en el Considerando V del presente Resolutivo.
SEGUNDO.- En su momento, el convenio de coalición debe garantizar los equilibrios políticos en la definición de las candidaturas a senadores y diputados federales.
TERCERO.- Se deberá hacer el compromiso de que todas las candidaturas postuladas por la coalición recaigan en personas honorables, con reconocido prestigio y con arraigo e influencia en sus respectivos territorios, sin que necesariamente tenga militancia partidista.
CUARTO.- El Consejo Nacional manifiesta que es indispensable que los partidos de la coalición acuerden un método democrático y transparente para decidir la candidatura de la coalición a la Presidencia de la República. El PRD asumirá responsablemente el resultado de un método con esas características.
QUINTO.- Se faculta a la Presidenta Nacional del Partido de la Revolución Democrática para continuar en la búsqueda de acuerdos y consenso con los partidos de la Coalición para que una vez concluidas, suscriba el Convenio y lo presente a las instancias correspondientes.
·      Plataforma Electoral de la Coalición, aprobada mediante el resolutivo del Decimo Segundo Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional relativo a la aprobación de la plataforma electoral de la coalición electoral para el proceso electoral federal ordinario 2017-2018, con el que se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 89, numeral 1, inciso a), y 91, numeral 1, inciso d), de la Ley General de Partidos Políticos, en el que se establece:
(...)
UNICO.- Se aprueba la plataforma electoral de la coalición electoral para el proceso electoral federal ordinario 2017-2018, en los siguientes términos:
PLATAFORMA ELECTORAL
ÍNDICE
Introducción: La transformación que México requiere con urgencia
I. La transformación del actual régimen político y el impulso a la democracia ciudadana.
II. El combate total y frontal a la corrupción y a la impunidad.
III. La pacificación del país, con seguridad, respeto a los derechos humanos y justicia para todas las personas
IV. La necesidad de un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad
V. El fortalecimiento de la posición de México en el mundo
(...)
·      Programa de Gobierno que sostendrá su candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado mediante resolutivo del Decimo Segundo Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional relativo a la aprobación de la plataforma electoral de la coalición electoral para el proceso electoral federal ordinario 2017-
2018, con el que se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 89, numeral 1, inciso a), y 91, numeral 1, inciso d), de la Ley General de Partidos Políticos, en el que se establece:
(...)
ÚNICO.- Se aprueba el Programa de Gobierno de la coalición electoral para el proceso electoral federal ordinario 2017-2018., en los siguientes términos:
PROGRAMA DE GOBIERNO
NOVIEMBRE DE 2017
APUNTES PARA UN PROGRAMA DE GOBIERNO
I. Por un programa de gobierno digno
II. Por un programa de gobierno con principios
III. Por un programa de gobierno para la igualdad
IV. Por un programa de gobierno para la seguridad
V. Por un programa de gobierno honesto
(...)
CUARTA.- Que la Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional cuenta con las facultades de representación suficientes para suscribir y registrar el presente instrumento, así como sus anexos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104, inciso e) de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, cuya constancia de nombramiento, se exhibe mediante la certificación expedida por el C. Lic. Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez, Director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral.
QUINTA.- DECLARA MOVIMIENTO CIUDADANO POR CONDUCTO DEL COORDINADOR DE LA COMISIÓN OPERATIVA NACIONAL DANTE ALFONSO DELGADO RANNAURO, Y DE LOS INTEGRANTES DE LA MISMA, DIP. JORGE ÁLVAREZ MAYNEZ, ALEJANDRO CHANONA BURGUETE, JANET JIMÉNEZ SOLANO, MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, JUAN IGNACIO SAMPERIO MONTAÑO, MA. TERESA ROSAURA OCHOA MEJÍA, JÉSSICA MARIA GUADALUPE ORTEGA DE LA CRUZ y CHRISTIAN WALTON ÁLVAREZ, ASI COMO LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, MARÍA DEL PILAR LOZANO MAC DONALD, QUE:
I.     Es una entidad de interés público, con registro Nacional de Partido Político, en los términos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones que establecen las Leyes de la materia, cuyo registro ante el Instituto Nacional Electoral, acreditan con la certificación expedida por el C. Lic. Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez, Director del Secretariado de dicho organismo, misma que se anexa al presente para los efectos legales a que haya lugar; y que en términos de lo dispuesto en el inciso e), párrafo 1 del artículo 25 y los incisos a), b) y c) del numeral 1, del artículo 89 de la Ley General de Partidos Políticos; manifiestan:
a) Que el día 18 de noviembre de 2017, en su Cuarta Sesión Extraordinaria, la Coordinadora Ciudadana Nacional, erigida en Asamblea Electoral Nacional, aprobó celebrar Convenio de Coalición con los Partidos Políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
b) Que en esa misma sesión, la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano, erigida en Asamblea Electoral Nacional, aprobó los siguientes puntos de acuerdo:
·      Aprobación del Convenio de Coalición Electoral Parcial con los Partidos Políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática para las elecciones de los candidatos y candidatas a Presidente de la República, a Senadores en al menos 16 Entidades Federativas, y de Diputados Federales en al menos 150 distritos electorales, por el Principio de Mayoría Relativa, durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
·      Aprobación del Reglamento de la "Coalición Por México al Frente".
·      Aprobación de la Plataforma Electoral de la Coalición Electoral Parcial que sostendrán los candidatos y candidatas a Presidente de la República, Senadores y Diputados por el Principio de Mayoría Relativa que habrá de registrar la "Coalición Por México al Frente".
·      Aprobación del Programa de Gobierno que habrá de registrar la "Coalición Por México al Frente".
 
·      Aprobación, en su momento, de la postulación y el registro de determinado candidato para la elección presidencial en Coalición.
·      Aprobación, en su momento, de la postulación y el registro como Coalición, de las fórmulas de candidatos a Senadores en al menos 16 Entidades Federativas, y de Diputados Federales en al menos en 150 Distritos Electorales por el principio de Mayoría Relativa.
·      Facultar al Coordinador de la Comisión Operativa Nacional, mediando propuesta de la Comisión Jurídica (integrada por las y los C.C. María del Pilar Lozano Mac Donald, Julieta Macías Rábago, Nancy Yael Landa Guerrero, Mario Ramírez Bretón, Juan Miguel Castro Rendón, Agustín Rejón Gómez y Roberto Mancilla Castro) para que realice, en su caso, las modificaciones al Convenio de Coalición Electoral Parcial con los Partidos Políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática para las elecciones a Presidente de la República, fórmulas de Senadores en al menos 16 Entidades Federativas y de Diputados Federales en al menos 150 Distritos Electorales por el Principio de Mayoría Relativa durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como para que subsanen las posibles observaciones que llegará a realizar la autoridad electoral; y
·      Autorizar al Coordinador y a los integrantes de la Comisión Operativa Nacional, así como a la Secretaria General de Acuerdos para que suscriban y rubriquen el Convenio de Coalición Electoral Parcial de Movimiento Ciudadano con los Partidos Políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
c) Declarando que el domicilio de Movimiento Ciudadano, se ubica en el predio marcado con el número 113 de la Calle de Louisiana, en la Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810 de la Ciudad de México y que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, con la clave MCI-990630-JR7, que cuenta con la infraestructura, así como con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para cumplir los compromisos que se adquieren en virtud del presente acuerdo de voluntades.
SEXTA.- Que el Coordinador, los integrantes y la Secretaria General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional cuentan con las facultades de representación suficientes para la suscripción y registro de este instrumento, así como sus anexos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de los Estatutos vigentes de Movimiento Ciudadano, cuya constancia de nombramiento, se exhibe mediante la certificación expedida por el C. Lic. Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez, Director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral.
SÉPTIMA.- Las partes declaran que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan; así como que el presente Convenio de Coalición Electoral Parcial está fundado en la buena fe y en los principios generales del derecho y que en el mismo no existen vicios de consentimiento que lo pudieran invalidar.
OCTAVA.- Las partes declaran que es intención de sus representados constituir la Coalición Electoral Parcial para la elección de las candidatas y candidatos a Presidente de la República, Senadores y Diputados por el Principio de Mayoría Relativa al Congreso de la Unión, en términos del presente Convenio, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, al tenor de las cláusulas que a continuación se mencionan:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 91, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, los Partidos Políticos Nacionales integrantes de esta Coalición Electoral Parcial, son:
a)    Partido Acción Nacional;
b)    Partido de la Revolución Democrática; y
c)    Movimiento Ciudadano.
La denominación de la coalición será: "Coalición Por México al Frente".
SEGUNDA.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos y 275, numeral 2, inciso b) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; las partes convienen constituirse en Coalición Electoral Parcial, para participar en las elecciones constitucionales a celebrarse el 1º de julio de 2018; lo que motiva la realización de la misma, son las elecciones a Presidente de la República, fórmulas de Senadores y de Diputados Federales por el principio de mayoría relativa al H. Congreso de la Unión, en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
TERCERA.- Las partes convienen en conformar como órgano superior de dirección de la Coalición Electoral Parcial, la Coordinadora Nacional Ejecutiva que se integra con los Presidentes Nacionales o su equivalente de los Partidos Políticos coaligados, con derecho a voz y voto, el Candidato a la Presidencia de la República o la persona a quien él designe, con derecho a voz, así como por el Titular de la Coordinación
General de Acuerdos designado/a por la Coordinadora Nacional Ejecutiva, con derecho a voz.
La toma de decisiones se realizará por consenso de los tres integrantes con derecho a voz y voto, tomando en cuenta la opinión del Candidato a Presidente de la República.
CUARTA.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos y 276, numeral 3, inciso c) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, las partes acuerdan que de conformidad con los Estatutos de cada uno de los Partidos Políticos coaligados y acorde a las declaraciones que anteceden, los procedimientos que desarrollarán cada uno de los Partidos Políticos integrantes de la Coalición, para la selección y postulación de sus candidatos en términos del presente Convenio, atenderán lo siguiente:
1. El Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 102 y demás relativos de sus Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, determina que el procedimiento aplicable para la selección y postulación de sus candidatos a Diputados y Senadores, se llevará a cabo mediante el método de designación de la Comisión Permanente Nacional.
2. El Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 148, 149, 273 inciso b), e) y 275 inciso b) y de más relativos de su Estatuto, determina que el Procedimiento aplicable para la Selección y Postulación de sus candidatos a Diputados y Senadores, se llevará a cabo mediante Consejo Nacional Electivo.
3. Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18, numeral 7, inciso a) y demás relativos de sus Estatutos, determina que el Procedimiento aplicable para la Selección y Postulación de sus Candidatos, se llevará a cabo por Asamblea Electoral Nacional.
Por lo que hace a la candidatura a Presidencia de la República, la asignación se tomó por consenso en atención al peso electoral de cada partido. En consecuencia, la candidatura le corresponde definirla al Partido Acción Nacional, por el voto de sus militantes. La Comisión Permanente Nacional de Partido Acción Nacional determinará las especificaciones y será auxiliada por la Comisión Organizadora Electoral correspondiente.
Las partes se comprometen a postular y registrar como Coalición a la candidata o candidato a la Presidencia de la República, a las fórmulas de candidatas o candidatos a Senadores y las fórmulas de candidatas y candidatos a Diputados Federales por el principio de mayoría relativa, en los términos precisados en el presente convenio y en los anexos correspondientes. Lo anterior, será de manera supletoria ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por conducto de cada partido coaligado, según corresponda la candidatura.
QUINTA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 91, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos, se acompaña al presente convenio la Plataforma Electoral que sostendrán los candidatos de la Coalición y el Programa de Gobierno que sostendrá las candidatas y candidatos de la Coalición a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como los documentos en los que consta que los órganos partidistas correspondientes los aprobaron, en los términos descritos en el capítulo de las declaraciones del presente Convenio.
Las partes se comprometen a sostener la Plataforma Electoral y el Programa de Gobierno de la Coalición a la que se sujetarán las candidatas y candidatos postulados por la misma.
SEXTA.- De conformidad con el artículo 276, numeral 5 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, cada Partido Político integrante de la Coalición mantendrá a sus representantes ante el Consejo General, Consejos Locales y Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral y acreditarán a sus respectivos representantes ante las Mesas Directivas de Casilla.
SÉPTIMA.- Las partes acuerdan que de conformidad con lo que se establece en los artículos 91, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos y 276, numeral 3, inciso f) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y 13 numeral 1, inciso a), fracciones I, II y III de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con lo dispuesto en el Punto de Acuerdo Segundo numeral 3 inciso g) del Acuerdo identificado con la clave INE/CG504/2017, denominado "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el instructivo que deberán observar los partidos políticos nacionales que busquen formar coaliciones para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa, en sus diversas modalidades para el proceso electoral federal 2017-2018"; para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la Ley de la materia, la representación de la Coalición la ostentarán los representantes de cada uno de los Partidos Políticos coaligados ante el Consejo General, Consejos Locales y Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral de que se trate.
De igual manera, de conformidad con el artículo 13, numeral 1, inciso a) fracción I, II y III de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la presentación de medios de impugnación corresponderá a los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, entendiéndose como éstos las personas registradas formalmente ante el órgano electoral responsable, los miembros de los comités nacionales, estatales, distritales, municipales o equivalentes y, a los que tengan facultades de representación conforme a sus estatutos o mediante poder otorgado en escritura pública, lo anterior en correlación con el
criterio adoptado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los Juicios de Revisión Constitucional identificados con la clave SUP-JRC-201/2017 y acumulados.
En virtud de lo anterior, los representantes legales que han quedado señalados en los párrafos anteriores contarán con la personalidad jurídica para que promuevan los medios de impugnación que resulten legalmente procedentes y, para participar en los juicios administrativos y jurisdiccionales, así como ante las autoridades competentes para conocer, sustanciar y resolver las controversias jurídicas derivadas del proceso Electoral Federal 2017-2018.
Lo anterior, en el entendido de que cada partido será responsable de la defensa legal de sus candidatas y candidatos en contra de las impugnaciones que se generen.
OCTAVA.- Cada Partido Político coaligado atenderá los medios de impugnación con motivo de los resultados de los procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, conforme a los procedimientos establecidos en su normatividad estatutaria, los que deberán quedar resueltos en definitiva a más tardar catorce días naturales después de la fecha de realización de la Convención, Consejo, Sesión o Asamblea en que se haya adoptado la decisión sobre las candidaturas controvertidas.
NOVENA.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos y 276, numeral 3, inciso g) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, los Partidos Políticos coaligados convienen que los candidatos de la Coalición Electoral Parcial se sujetarán a los topes de gastos de campaña que aprobó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo identificado con la clave INE/CG505/2017, denominado "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan los topes máximos de gastos de precampaña y campaña, para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de diputaciones y senadurías por el principio de mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018" de fecha 30 de octubre de 2017, acorde a la legislación aplicable.
DÉCIMA.- Que de conformidad con el artículo 276, numeral 3, inciso m) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para la administración y reporte de los gastos de campaña en los informes correspondientes, las partes acuerdan constituir un Consejo de Administración que estará conformado por un representante propietario y un suplente, designados por cada uno de los Partidos Políticos coaligados, y un representante designado por el Candidato a la Presidencia de la República; el representante designado por el Partido Político Acción Nacional será el responsable del órgano de finanzas de la Coalición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 247 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos y 276, numeral 3, inciso h) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, los Partidos Políticos coaligados convienen en aportar en lo individual, al menos el 94% de los recursos que reciban por concepto de gastos de campañas, de conformidad con lo siguiente:
a) Los Partidos Políticos coaligados podrán realizar aportaciones en efectivo o en especie en los términos que establece la Ley General de Partidos Políticos y demás ordenamientos en la materia, previo acuerdo de la Coordinadora Nacional Ejecutiva de la Coalición.
b) Las aportaciones de los Partidos Políticos coaligados serán destinadas a solventar los gastos de campaña de los candidatos de la Coalición, su distribución será conforme a las determinaciones que para tal efecto apruebe la Coordinadora Nacional Ejecutiva de la Coalición, observando en todo momento la normatividad electoral aplicable. El Consejo de Administración determinará los porcentajes de los gastos para las campañas respectivas.
El Consejo de Administración tendrá la facultad de modificar los porcentajes antes referidos, de acuerdo a las necesidades de la propia Coalición.
Las partes acuerdan que el responsable del registro y control del gasto de campaña de la candidata o candidato a la Presidencia de la República y las cuentas concentradoras de campaña, será el Partido Político responsable del órgano de finanzas de la Coalición, en tanto que de las candidatas y candidatos a Senadurías y Diputaciones Federales será el Partido Político que los postuló, bajo la vigilancia y supervisión del Consejo de Administración de la Coalición.
Asimismo, las partes acuerdan que el Partido Político responsable del órgano de finanzas de la Coalición será el encargado de dar respuesta a los oficios de errores y omisiones; en coordinación con los demás Partidos Políticos integrantes de la misma.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 220 del Reglamento de Fiscalización, en caso de que existan remanentes al término de la campaña, los montos se asignarán en porcentajes idénticos a los de la aportación realizada a la coalición, asignando y seleccionando uno a uno, entre el número de partidos coaligados.
DÉCIMO PRIMERA.- Para el caso de sanciones impuestas por incumplimiento, error u omisión, en donde la conducta sea imputable a un candidato o candidata, Partido Político o su militancia, el Partido Político responsable deberá cubrir el 100% de la sanción. En caso de que la responsabilidad se atribuya a la Coalición, cada Partido Político asumirá las responsabilidades que se deriven en proporción al monto de financiamiento que aporte a la campaña de que se trate.
DÉCIMO SEGUNDA.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 91, numerales 3 y 4 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 160, 167, numerales 2, inciso b) y 3, 171 y 172 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 276, numeral 3, incisos k) y l), del Reglamento de Elecciones y 16 numeral 1 inciso c) del Reglamento de Radio y Televisión, ambos del Instituto Nacional Electoral; las partes integrantes de la Coalición acuerdan que cada Partido Político accederá a su respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo su derecho por separado y promoverán a los candidatos de la Coalición conforme a la cobertura en las entidades federativas y distritos electorales a los que refiere el presente Convenio.
Asimismo, las partes acuerdan destinar el tiempo que les corresponda de la prerrogativa de acceso a tiempo de radio y televisión en los términos siguientes:
Durante la campaña el 30% del tiempo que le corresponda a la Coalición se destinara a las campañas de Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, y el 70% a la campaña de Presidente de la República. En todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de la Coalición deberán identificar esa calidad y el Partido responsable del mensaje.
La Coordinadora Nacional Ejecutiva de la Coalición conformará el Comité de Radio y Televisión, asimismo aprobará la estrategia, diseño e imagen de campaña de los candidatos de la Coalición a fin de potenciar la difusión de las campañas de la Coalición; y sugerirá a los Partidos Políticos la distribución de mensajes a campañas, candidaturas y para cada entidad federativa y distrito electoral en los que participe.
Para Presidente de la República, el diseño y aprobación de los contenidos, corresponderá al Partido Acción Nacional.
Por lo que hace a las precampañas, hasta el 70% de la pauta de radio y televisión, será destinado por los partidos al proceso de selección de Presidente de la República.
DÉCIMO TERCERA.- Los Partidos Políticos coaligados convienen que del total de las candidaturas para Senadores y Diputados por el Principio de Mayoría Relativa al Congreso de la Unión, cuyo registro se solicite al Instituto Nacional Electoral y que a cada Partido coaligado corresponda postular, el cincuenta por ciento de candidatos de un mismo género, por fórmulas compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, de conformidad con el acuerdo identificado con la clave INE/CG508/2017, denominado "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del instituto, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018".
DÉCIMO CUARTA.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos y 276, numeral 3, inciso e) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, se hará el señalamiento del Partido Político al que pertenece originalmente cada uno de las candidatas y candidatos a Senadores y a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa materia del presente Convenio, que serán postulados y registrados por la Coalición y el señalamiento del Grupo Parlamentario o Partido Político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos, así como en las respectivas solicitudes de registro de cada una de las candidaturas.
Los Partidos Políticos coaligados se comprometen a presentar la solicitud de registro de las candidatas y candidatos a Presidente de la República, Senadores y Diputados por el Principio de Mayoría Relativa al Congreso de la Unión a que refiere el presente Convenio, con las formalidades, requisitos y dentro de los plazos legales establecidos en relación con el Acuerdo identificado con la clave INE/CG508/2017, denominado "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del instituto, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018".
De conformidad con el contenido del artículo 91, numeral 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos, las partes aceptan el compromiso de postular y registrar, a través de la coalición, a las y los candidatos para todos los cargos de elección popular, de conformidad con el anexo correspondiente.
 
En la definición de las candidaturas a que se refieren los párrafos anteriores, cada uno de los Partidos Políticos coaligados observará lo previsto en sus convocatorias respectivas y sus normas estatutarias, en los términos señalados en el presente convenio.
DÉCIMO QUINTA.- Las partes convienen en conformar una amplia alianza electoral con organizaciones sociales, así como suscribir acuerdos de participación con agrupaciones políticas nacionales, tendentes a participar en el Proceso Electoral Federal de referencia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Partidos Políticos.
DÉCIMO SEXTA.- Los Partidos Coaligados convienen en conformar una amplia alianza no sólo de carácter electoral sino de Gobierno, a efecto de que, junto con los ciudadanos, se pueda instrumentar y consolidar un proyecto de País que lleve a la transformación democrática, por una causa común que genere condiciones de justicia, un techo de legalidad que ponga un alto a la impunidad que permita pasar de la República de la exclusión a un México que incluya a todos y cada uno de los mexicanos.
En este sentido, los propósitos específicos a promover por la Coalición de Gobierno serán la conformación y consolidación de un nuevo régimen, cuya base sea la participación ciudadana en el centro de las decisiones para modificar el acto de gobernar, el ejercicio pleno de las libertades, el debate público, la transparencia, sistema de pesos y contrapesos, la rendición de cuentas y la vigencia del Estado de Derecho, que incidan en todos los niveles, procesos y decisiones de Gobierno.
Para tal efecto, las partes acuerdan, en su momento, conformar un Gobierno de Coalición que deberá guiarse por los principios plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetará de forma obligatoria a ratificación del Poder Legislativo, lo que llevará a la construcción de un nuevo régimen teniendo como ejes el poner a las personas en el centro de la vida pública, gobernanza ciudadana, incentivar la movilidad social y libertad personal para el pleno desarrollo de las personas, la innovación en el combate de la desigualdad y desarrollo humano y crecimiento con equidad.
DÉCIMO SÉPTIMA.- Las partes convienen que de conformidad con las legislaciones electorales de las entidades federativas en donde se realicen elecciones locales concurrentes con la Elección Federal y durante el año 2018, los Partidos Políticos integrantes de la Coalición, procurarán participar de manera conjunta bajo los principios y compromisos de la Coalición Electoral del ámbito Federal.
DECIMO OCTAVA.- El domicilio legal para oír y recibir toda clase de notificaciones de la Coalición, será el ubicado en Av. Coyoacán No. 1546, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P.03100, Ciudad de México.
DÉCIMO NOVENA.- De conformidad con lo establecido en los artículos 91 y 92 de la Ley General de Partidos Políticos y 276, numeral 1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, el presente Convenio de Coalición será presentado ante el Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para su registro, aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
VIGÉSIMA.- Una vez aprobado el presente convenio por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, podrá ser modificado hasta un día antes del inicio del periodo de registro de candidaturas objeto de este instrumento.
Para tal efecto, las modificaciones al presente convenio deberán de ser aprobadas por los órganos internos con facultades estatutarias de cada uno de los Partidos Coaligados e instrumentadas por la Coordinadora Nacional Ejecutiva, debiendo presentar las mismas en términos de lo dispuesto en los artículos 276 numerales 1, y 2, así como el 279 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.
VIGÉSIMA PRIMERA.- Para el caso de que alguno de los Partidos Políticos coaligados decida separarse de la Coalición, deberá dar el aviso por escrito al órgano de gobierno de la Coalición y al Instituto, sin que esto modifique los contenidos y alcances del presente convenio respecto del resto de los Partidos coaligados, quedando a salvo los derechos de cada uno de los Partidos Políticos y en su caso, el o los procesos internos del Partido que se separa, recobrarán vigencia.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- En caso de existir discrepancias en la interpretación y aplicación del presente Convenio de Coalición, los Partidos Políticos coaligados se comprometen a resolverlas de común acuerdo, ya que el mismo ha sido suscrito de buena fe.
Leído que fue el presente Convenio de Coalición Electoral Parcial y enteradas las partes del valor legal de su contenido, ratifican y firman de conformidad al calce, en la Ciudad de México, a los 08 días del mes de diciembre de 2017 para los efectos legales a los que haya lugar.
"Por una Patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos"
Por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional: Comité Ejecutivo Nacional: el Presidente, Ricardo Anaya Cortés.- El Secretario General, Damián Zepeda Vidales.
¡Democracia ya, Patria para todos!
 
Por el Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática: Comité Ejecutivo Nacional: la Presidenta, Sen. Alejandra Barrales Magdaleno.- La Secretaria General, Beatriz Mojica Morga.
Por México en Movimiento
Por la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano: Comisión Operativa Nacional: el Coordinador, Dante Delgado.- Integrantes: Dip. Jorge Álvarez Máynez.- Dr. Alejandro Chanona Burguete.- Mtra. Janet Jiménez Solano.- Martha Angélica Tagle Martínez.- Juan Ignacio Samperio Montano.- Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía.- Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz.- Christian Walton Álvarez.- La Secretaria General de Acuerdos, Dra. Pilar Lozano Mac Donald.
Ciudad de México a 8 de diciembre de 2017.
ANEXO REFERIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA
Siglado que debe considerarse parte integrante del Convenio de Coalición denominado ¨Por México al
Frente", suscrito entre los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano.
 
NÚMERO TOTAL DE CANDIDATURAS A POSTULAR
DISTRITOS ELECTORALES FEDERALES
269
SENADURÍAS
29
 
SIGLADO
CARGO
PARTIDO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PARTIDO ACCION NACIONAL
 
 
 
Entidad
Distrito
Federal
Cabecera
PAN
PR
D
MC
Grupo
Parlamentari
o
AGUASCALIENTES
1
JESÚS MARÍA
 
1
 
PRD
AGUASCALIENTES
2
AGUASCALIENTES
1
 
 
PAN
AGUASCALIENTES
3
AGUASCALIENTES
1
 
 
PAN
BAJA CALIFORNIA
1
MEXICALI
1
 
 
PAN
BAJA CALIFORNIA
2
MEXICALI
1
 
 
PAN
BAJA CALIFORNIA
3
ENSENADA
 
1
 
PRD
BAJA CALIFORNIA
4
TIJUANA
1
 
 
PAN
BAJA CALIFORNIA
5
TIJUANA
1
 
 
PAN
BAJA CALIFORNIA
6
TIJUANA
1
 
 
PAN
BAJA CALIFORNIA
7
MEXICALI
1
 
 
PAN
BAJA CALIFORNIA
8
TIJUANA
 
 
1
MC
BAJA CALIFORNIA SUR
1
LA PAZ
1
 
 
PAN
BAJA CALIFORNIA SUR
2
LOS CABOS
1
 
 
PAN
CAMPECHE
1
CAMPECHE
 
1
 
PRD
CAMPECHE
2
CARMEN
1
 
 
PAN
CHIHUAHUA
1
JUÁREZ
1
 
 
PAN
CHIHUAHUA
2
JUÁREZ
 
1
 
PRD
CHIHUAHUA
3
JUÁREZ
1
 
 
PAN
CHIHUAHUA
4
JUÁREZ
1
 
 
PAN
CHIHUAHUA
5
DELICIAS
1
 
 
PAN
CHIHUAHUA
6
CHIHUAHUA
1
 
 
PAN
CHIHUAHUA
7
CUAUHTÉMOC
1
 
 
PAN
CHIHUAHUA
8
CHIHUAHUA
 
 
1
MC
CHIHUAHUA
9
HIDALGO DEL PARRAL
1
 
 
PAN
CIUDAD DE MÉXICO
1
GUSTAVO A. MADERO
 
1
 
PRD
CIUDAD DE MÉXICO
2
GUSTAVO A. MADERO
1
 
 
PAN
 
CIUDAD DE MÉXICO
3
AZCAPOTZALCO
 
1
 
PRD
CIUDAD DE MÉXICO
4
IZTAPALAPA
 
1
 
PRD
CIUDAD DE MÉXICO
5
TLALPAN
1
 
 
PAN
CIUDAD DE MÉXICO
6
LA MAGDALENA CONTRERAS
1
 
 
PAN
CIUDAD DE MÉXICO
7
GUSTAVO A. MADERO
 
 
1
MC
CIUDAD DE MÉXICO
8
CUAUHTÉMOC
 
1
 
PRD
CIUDAD DE MÉXICO
9
TLÁHUAC
 
1
 
PRD
CIUDAD DE MÉXICO
10
MIGUEL HIDALGO
1
 
 
PAN
CIUDAD DE MÉXICO
11
VENUSTIANO CARRANZA
 
 
1
MC
CIUDAD DE MÉXICO
12
CUAUHTÉMOC
1
 
 
PAN
CIUDAD DE MÉXICO
13
IZTACALCO
 
1
 
PRD
CIUDAD DE MÉXICO
14
TLALPAN
 
1
 
PRD
CIUDAD DE MÉXICO
15
BENITO JUÁREZ
1
 
 
PAN
CIUDAD DE MÉXICO
16
ÁLVARO OBREGÓN
 
1
 
PRD
CIUDAD DE MÉXICO
17
CUAJIMALPA DE MORELOS
 
 
1
MC
CIUDAD DE MÉXICO
18
IZTAPALAPA
 
1
 
PRD
CIUDAD DE MÉXICO
19
IZTAPALAPA
 
1
 
PRD
CIUDAD DE MÉXICO
20
IZTAPALAPA
 
1
 
PRD
CIUDAD DE MÉXICO
21
XOCHIMILCO
 
 
1
MC
CIUDAD DE MÉXICO
22
IZTAPALAPA
 
1
 
PRD
CIUDAD DE MÉXICO
23
COYOACÁN
 
1
 
PRD
CIUDAD DE MÉXICO
24
COYOACÁN
1
 
 
PAN
COAHUILA
1
PIEDRAS NEGRAS
1
 
 
PAN
COAHUILA
2
SAN PEDRO
 
 
1
MC
COAHUILA
3
MONCLOVA
1
 
 
PAN
COAHUILA
4
SALTILLO
1
 
 
PAN
COAHUILA
5
TORREÓN
1
 
 
PAN
COAHUILA
6
TORREÓN
1
 
 
PAN
COAHUILA
7
SALTILLO
 
1
 
PRD
COLIMA
1
COLIMA
 
1
 
PRD
COLIMA
2
MANZANILLO
1
 
 
PAN
DURANGO
1
DURANGO
1
 
 
PAN
DURANGO
2
GÓMEZ PALACIO
 
 
1
MC
DURANGO
3
GUADALUPE VICTORIA
 
1
 
PRD
DURANGO
4
DURANGO
1
 
 
PAN
GUANAJUATO
1
SAN LUIS DE LA PAZ
 
 
1
MC
GUANAJUATO
2
SAN MIGUEL DE ALLENDE
1
 
 
PAN
GUANAJUATO
3
LEÓN
1
 
 
PAN
GUANAJUATO
4
GUANAJUATO
1
 
 
PAN
GUANAJUATO
5
LEÓN
1
 
 
PAN
GUANAJUATO
6
LEÓN
1
 
 
PAN
 
GUANAJUATO
7
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN
1
 
 
PAN
GUANAJUATO
8
SALAMANCA
1
 
 
PAN
GUANAJUATO
9
IRAPUATO
1
 
 
PAN
GUANAJUATO
10
URIANGATO
 
1
 
PRD
GUANAJUATO
11
LEÓN
1
 
 
PAN
GUANAJUATO
12
CELAYA
1
 
 
PAN
GUANAJUATO
13
VALLE DE SANTIAGO
 
1
 
PRD
GUANAJUATO
14
ACÁMBARO
1
 
 
PAN
GUANAJUATO
15
IRAPUATO
1
 
 
PAN
GUERRERO
1
PUNGARABATO
 
1
 
PRD
GUERRERO
2
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
1
 
 
PAN
GUERRERO
3
ZIHUATANEJO DE AZUETA
 
1
 
PRD
GUERRERO
4
ACAPULCO DE JUÁREZ
 
 
1
MC
GUERRERO
5
TLAPA DE COMONFORT
 
 
1
MC
GUERRERO
6
CHILAPA DE ÁLVAREZ
 
1
 
PRD
GUERRERO
7
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 
1
 
PRD
GUERRERO
8
AYUTLA DE LOS LIBRES
 
1
 
PRD
GUERRERO
9
ACAPULCO DE JUÁREZ
 
1
 
PRD
HIDALGO
1
HUEJUTLA DE REYES
 
1
 
PRD
HIDALGO
2
IXMIQUILPAN
 
1
 
PRD
HIDALGO
3
ACTOPAN
 
1
 
PRD
HIDALGO
4
TULANCINGO DE BRAVO
 
 
1
MC
HIDALGO
5
TULA DE ALLENDE
1
 
 
PAN
HIDALGO
6
PACHUCA DE SOTO
1
 
 
PAN
HIDALGO
7
TEPEAPULCO
1
 
 
PAN
JALISCO
1
TEQUILA
 
 
1
MC
JALISCO
2
LAGOS DE MORENO
1
 
 
PAN
JALISCO
3
TEPATITLAN DE MORELOS
1
 
 
PAN
JALISCO
4
ZAPOPAN
 
 
1
MC
JALISCO
5
PUERTO VALLARTA
 
 
1
MC
JALISCO
6
ZAPOPAN
 
 
1
MC
JALISCO
7
TONALÁ
 
 
1
MC
JALISCO
8
GUADALAJARA
 
1
 
PRD
JALISCO
9
GUADALAJARA
 
 
1
MC
JALISCO
10
ZAPOPAN
 
 
1
MC
JALISCO
11
GUADALAJARA
 
 
1
MC
JALISCO
12
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA
 
 
1
MC
JALISCO
13
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 
 
1
MC
JALISCO
14
GUADALAJARA
 
 
1
MC
JALISCO
15
LA BARCA
1
 
 
PAN
JALISCO
16
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
1
 
 
PAN
 
JALISCO
17
JOCOTEPEC
 
 
1
MC
JALISCO
18
AUTLÁN DE NAVARRO
 
1
 
PRD
JALISCO
19
ZAPOTLÁN EL GRANDE
 
 
1
MC
JALISCO
20
TONALÁ
 
 
1
MC
MÉXICO
1
JILOTEPEC
 
 
1
MC
MÉXICO
2
TULTEPEC
 
1
 
PRD
MÉXICO
3
ATLACOMULCO
1
 
 
PAN
MÉXICO
4
NICOLÁS ROMERO
1
 
 
PAN
MÉXICO
5
TEOTIHUACÁN
1
 
 
PAN
MÉXICO
6
COACALCO DE BERRIOZÁBAL
 
1
 
PRD
MÉXICO
7
CUAUTITLÁN IZCALLI
 
 
1
MC
MÉXICO
8
TULTITLAN
 
1
 
PRD
MÉXICO
9
SAN FELIPE DEL PROGRESO
 
 
1
MC
MÉXICO
10
ECATEPEC DE MORELOS
 
1
 
PRD
MÉXICO
11
ECATEPEC DE MORELOS
1
 
 
PAN
MÉXICO
12
IXTAPALUCA
 
1
 
PRD
MÉXICO
13
ECATEPEC DE MORELOS
 
1
 
PRD
MÉXICO
14
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
1
 
 
PAN
MÉXICO
15
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
1
 
 
PAN
MÉXICO
16
ECATEPEC DE MORELOS
 
1
 
PRD
MÉXICO
17
ECATEPEC DE MORELOS
 
1
 
PRD
MÉXICO
18
HUIXQUILUCAN
1
 
 
PAN
MÉXICO
19
TLALNEPANTLA DE BAZ
1
 
 
PAN
MÉXICO
20
NEZAHUALCÓYOTL
 
1
 
PRD
MÉXICO
21
AMECAMECA
 
 
1
MC
MÉXICO
22
NAUCALPAN DE JUÁREZ
1
 
 
PAN
MÉXICO
23
LERMA
1
 
 
PAN
MÉXICO
24
NAUCALPAN DE JUÁREZ
1
 
 
PAN
MÉXICO
25
CHIMALHUACÁN
 
1
 
PRD
MÉXICO
26
TOLUCA
1
 
 
PAN
MÉXICO
27
METEPEC
 
1
 
PRD
MÉXICO
28
ZUMPANGO
1
 
 
PAN
MÉXICO
29
NEZAHUALCÓYOTL
 
1
 
PRD
MÉXICO
30
CHIMALHUACÁN
 
1
 
PRD
MÉXICO
31
NEZAHUALCÓYOTL
 
1
 
PRD
MÉXICO
32
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 
1
 
PRD
MÉXICO
33
CHALCO
 
1
 
PRD
MÉXICO
34
TOLUCA
 
1
 
PRD
MÉXICO
35
TENANCINGO
 
 
1
MC
MÉXICO
36
TEJUPILCO
 
1
 
PRD
MÉXICO
37
CUAUTITLÁN
1
 
 
PAN
 
MÉXICO
38
TEXCOCO
 
 
1
MC
MÉXICO
39
LA PAZ
 
1
 
PRD
MÉXICO
40
ZINACANTEPEC
 
 
1
MC
MÉXICO
41
TECÁMAC
1
 
 
PAN
MICHOACÁN
1
LÁZARO CÁRDENAS
 
1
 
PRD
MICHOACÁN
2
PURUANDIRO
 
1
 
PRD
MICHOACÁN
3
ZITÁCUARO
 
1
 
PRD
MICHOACÁN
4
JIQUILPAN
1
 
 
PAN
MICHOACÁN
5
ZAMORA
1
 
 
PAN
MICHOACÁN
6
HIDALGO
 
1
 
PRD
MICHOACÁN
7
ZACAPU
 
1
 
PRD
MICHOACÁN
8
MORELIA
 
 
1
MC
MICHOACÁN
9
URUAPAN
 
1
 
PRD
MICHOACÁN
10
MORELIA
1
 
 
PAN
MICHOACÁN
11
PÁTZCUARO
 
1
 
PRD
MICHOACÁN
12
APATZINGÁN
1
 
 
PAN
NAYARIT
1
SANTIAGO IXCUINTLA
 
1
 
PRD
NAYARIT
2
TEPIC
 
 
1
MC
NAYARIT
3
COMPOSTELA
1
 
 
PAN
OAXACA
1
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
1
 
 
PAN
OAXACA
2
TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN
 
 
1
MC
OAXACA
3
HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN
DE LEÓN
 
1
 
PRD
OAXACA
4
TLACOLULA DE MATAMOROS
1
 
 
PAN
OAXACA
5
SALINA CRUZ
 
1
 
PRD
OAXACA
6
HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO
 
1
 
PRD
OAXACA
7
CIUDAD IXTEPEC
 
1
 
PRD
OAXACA
8
OAXACA DE JUÁREZ
 
1
 
PRD
OAXACA
9
SAN PEDRO MIXTEPEC
 
1
 
PRD
OAXACA
10
MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ
1
 
 
PAN
PUEBLA
1
HUAUCHINANGO
 
1
 
PRD
PUEBLA
2
ZACATLÁN
 
 
1
MC
PUEBLA
3
TEZIUTLÁN
1
 
 
PAN
PUEBLA
4
AJALPAN
 
1
 
PRD
PUEBLA
5
SAN MARTÍN TEXMELUCAN
1
 
 
PAN
PUEBLA
6
PUEBLA
1
 
 
PAN
PUEBLA
7
TEPEACA
1
 
 
PAN
PUEBLA
8
CHALCHICOMULA DE SESMA
 
 
1
MC
PUEBLA
9
PUEBLA
1
 
 
PAN
PUEBLA
10
SAN PEDRO CHOLULA
1
 
 
PAN
PUEBLA
11
PUEBLA
1
 
 
PAN
 
PUEBLA
12
PUEBLA
 
1
 
PRD
PUEBLA
13
ATLIXCO
1
 
 
PAN
PUEBLA
14
ACATLÁN
1
 
 
PAN
PUEBLA
15
TEHUACÁN
1
 
 
PAN
QUERÉTARO
1
CADEREYTA DE MONTES
1
 
 
PAN
QUERÉTARO
2
SAN JUAN DEL RÍO
 
1
 
PRD
QUERÉTARO
3
QUERÉTARO
1
 
 
PAN
QUERÉTARO
4
QUERÉTARO
1
 
 
PAN
QUERÉTARO
5
CORREGIDORA
1
 
 
PAN
QUINTANA ROO
1
SOLIDARIDAD
 
 
1
MC
QUINTANA ROO
2
OTHÓN P. BLANCO
1
 
 
PAN
QUINTANA ROO
3
BENITO JUÁREZ
 
1
 
PRD
QUINTANA ROO
4
BENITO JUÁREZ
 
1
 
PRD
SAN LUIS POTOSÍ
1
MATEHUALA
 
 
1
MC
SAN LUIS POTOSÍ
2
SOLEDAD DE GRACIANO
SÁNCHEZ
 
1
 
PRD
SAN LUIS POTOSÍ
3
RIOVERDE
 
1
 
PRD
SAN LUIS POTOSÍ
4
CIUDAD VALLES
1
 
 
PAN
SAN LUIS POTOSÍ
5
SAN LUIS POTOSÍ
1
 
 
PAN
SAN LUIS POTOSÍ
6
SAN LUIS POTOSÍ
 
1
 
PRD
SAN LUIS POTOSÍ
7
TAMAZUNCHALE
1
 
 
PAN
SINALOA
1
MAZATLÁN
1
 
 
PAN
SINALOA
2
AHOME
1
 
 
PAN
SINALOA
3
SALVADOR ALVARADO
 
1
 
PRD
SINALOA
4
GUASAVE
1
 
 
PAN
SINALOA
5
CULIACÁN
 
 
1
MC
SINALOA
6
MAZATLÁN
1
 
 
PAN
SINALOA
7
CULIACÁN
1
 
 
PAN
SONORA
1
SAN LUIS RIO COLORADO
1
 
 
PAN
SONORA
2
NOGALES
1
 
 
PAN
SONORA
3
HERMOSILLO
1
 
 
PAN
SONORA
4
GUAYMAS
 
1
 
PRD
SONORA
5
HERMOSILLO
 
 
1
MC
SONORA
6
CAJEME
 
 
1
MC
SONORA
7
NAVOJOA
1
 
 
PAN
TABASCO
1
MACUSPANA
 
1
 
PRD
TABASCO
2
CÁRDENAS
 
1
 
PRD
TABASCO
3
COMALCALCO
 
1
 
PRD
TABASCO
4
CENTRO
1
 
 
PAN
TABASCO
5
PARAÍSO
 
1
 
PRD
TABASCO
6
CENTRO
 
 
1
MC
 
TAMAULIPAS
1
NUEVO LAREDO
1
 
 
PAN
TAMAULIPAS
2
REYNOSA
1
 
 
PAN
TAMAULIPAS
3
RIO BRAVO
1
 
 
PAN
TAMAULIPAS
5
VICTORIA
 
 
1
MC
TAMAULIPAS
6
EL MANTE
1
 
 
PAN
TAMAULIPAS
7
CIUDAD MADERO
 
1
 
PRD
TAMAULIPAS
8
TAMPICO
1
 
 
PAN
TAMAULIPAS
9
REYNOSA
1
 
 
PAN
TLAXCALA
1
APIZACO
1
 
 
PAN
TLAXCALA
2
TLAXCALA
 
1
 
PRD
TLAXCALA
3
ZACATELCO
1
 
 
PAN
VERACRUZ
1
PANUCO
1
 
 
PAN
VERACRUZ
2
TANTOYUCA
1
 
 
PAN
VERACRUZ
3
TUXPAN
1
 
 
PAN
VERACRUZ
4
VERACRUZ
1
 
 
PAN
VERACRUZ
5
POZA RICA DE HIDALGO
 
1
 
PRD
VERACRUZ
6
PAPANTLA
 
 
1
MC
VERACRUZ
7
MARTÍNEZ DE LA TORRE
 
 
1
MC
VERACRUZ
8
XALAPA
1
 
 
PAN
VERACRUZ
9
COATEPEC
 
1
 
PRD
VERACRUZ
10
XALAPA
 
1
 
PRD
VERACRUZ
11
COATZACOALCOS
1
 
 
PAN
VERACRUZ
12
VERACRUZ
1
 
 
PAN
VERACRUZ
13
HUATUSCO
 
 
1
MC
VERACRUZ
14
MINATITLÁN
1
 
 
PAN
VERACRUZ
15
ORIZABA
 
 
1
MC
VERACRUZ
16
CÓRDOBA
 
 
1
MC
VERACRUZ
17
COSAMALOAPAN
1
 
 
PAN
VERACRUZ
18
ZONGOLICA
 
1
 
PRD
VERACRUZ
19
SAN ANDRÉS TUXTLA
 
1
 
PRD
VERACRUZ
20
COSOLEACAQUE
1
 
 
PAN
YUCATÁN
1
VALLADOLID
1
 
 
PAN
YUCATÁN
2
PROGRESO
1
 
 
PAN
YUCATÁN
3
MÉRIDA
1
 
 
PAN
YUCATÁN
4
MÉRIDA
1
 
 
PAN
YUCATÁN
5
TICUL
 
1
 
PRD
ZACATECAS
1
FRESNILLO
 
1
 
PRD
ZACATECAS
2
JEREZ
1
 
 
PAN
ZACATECAS
3
ZACATECAS
 
1
 
PRD
ZACATECAS
4
GUADALUPE
 
 
1
MC
 
ESTADO
FORMULA SENADO
PARTIDO DE ORIGEN
GRUPO PARLAMETARIO
AGUASCALIENTES
1
PAN
PAN
 
2
PAN
PAN
 
 
 
 
BAJA CALIFORNIA
1
PAN
PAN
 
2
PAN
PAN
 
 
 
 
BAJA CALIFORNIA SUR
1
PAN
PAN
 
2
PAN
PAN
 
 
 
 
CAMPECHE
1
PAN
PAN
 
2
PAN
PAN
 
 
 
 
CHIHUAHUA
1
PAN
PAN
 
2
PAN
PAN
 
 
 
 
CIUDAD DE MEXICO
1
PRD
PRD
 
2
PAN
PAN
 
 
 
 
COAHUILA
1
PAN
PAN
 
2
PAN
PAN
 
 
 
 
COLIMA
1
MC
MC
 
2
PAN
PAN
 
 
 
 
DURANGO
1
MC
MC
 
2
PAN
PAN
 
 
 
 
GUANAJUATO
1
PAN
PAN
 
2
PAN
PAN
 
 
 
 
GUERRERO
1
PRD
PRD
 
2
MC
MC
 
 
 
 
HIDALGO
1
PRD
PRD
 
2
MC
MC
 
 
 
 
JALISCO
1
MC
MC
 
2
MC
MC
 
 
 
 
MÉXICO
1
PRD
PRD
 
2
PAN
PAN
 
 
 
 
 
MICHOACÁN
1
PRD
PRD
 
2
PAN
PAN
 
 
 
 
NAYARIT
1
PAN
PAN
 
2
PRD
PRD
 
 
 
 
OAXACA
1
PRD
PRD
 
2
PAN
PAN
 
 
 
 
PUEBLA
1
PAN
PAN
 
2
PAN
PAN
QUERÉTARO
1
PAN
PAN
 
2
PAN
PAN
 
 
 
 
QUINTANA ROO
1
PAN
PAN
 
2
PRD
PRD
 
 
 
 
SAN LUIS POTOSÍ
1
PRD
PRD
 
2
PAN
PAN
 
 
 
 
SINALOA
1
MC
MC
 
2
PAN
PAN
 
 
 
 
SONORA
1
PAN
PAN
 
2
MC
MC
 
 
 
 
TABASCO
1
PRD
PRD
 
2
PRD
PRD
 
 
 
 
TAMAULIPAS
1
PAN
PAN
 
2
PAN
PAN
 
 
 
 
TLAXCALA
1
PRD
PRD
 
2
PAN
PAN
 
 
 
 
VERACRUZ
1
PAN
PAN
 
2
PRD
PRD
 
 
 
 
YUCATÁN
1
PAN
PAN
 
2
MC
MC
 
 
 
 
ZACATECAS
1
PRD
PRD
 
2
PRD
PRD
ANEXO DOS
Plataforma Electoral
COALICIÓN
POR MÉXICO
 
AL FRENTE
PLATAFORMA
ELECTORAL 2018
Coalición Por México al Frente
PLATAFORMA ELECTORAL
ÍNDICE
Introducción: La transformación que México requiere con urgencia
I.     La transformación del actual régimen político y el impulso a la democracia ciudadana.
II.     El combate total y frontal a la corrupción y a la impunidad.
III.    La pacificación del país, con seguridad, respeto a los derechos humanos y justicia para todas las personas
IV.   La necesidad de un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad
V.    El fortalecimiento de la posición de México en el mundo
Introducción:
La transformación que México requiere con urgencia
La Coalición Por México al Frente participamos de todas las inquietudes y preocupaciones que hoy afligen a la ciudadanía. Somos plenamente conscientes de la necesidad de transformar nuestra realidad, ya que la situación actual del país es muy delicada y amenaza con agravarse.
Hoy padecemos:
·      Un sistema político excluyente, restrictivo, con tendencia a acotar las libertades, la movilidad social y el desarrollo, sin los incentivos adecuados para los acuerdos y que propicia la fragmentación política en el poder legislativo, así como gobiernos minoritarios, sin legitimidad política, electos por bajos porcentajes de votación.
·      Una profunda crisis de legitimidad social que aqueja, cada día que pasa, a las instituciones del Estado, incluyendo a los partidos políticos. Crisis que atenta contra la estabilidad social, la gobernabilidad política y el orden democrático.
·      Una generación de gobernantes que carece por completo de valores como la honestidad, la transparencia o la ética, aunado a la ausencia de un sistema efectivo de pesos, contrapesos y rendición de cuentas. Esa nefasta combinación ha dado pie a inéditas redes de corrupción que invaden y corroen impunemente las estructuras de autoridad.
·      Un gobierno autoritario que persigue a sus opositores; que utiliza los recursos de la inteligencia para espiar a activistas y defensores de los derechos humanos; que no sabe convivir en la pluralidad democrática; y que ha violado sistemáticamente las garantías de libertad de expresión y seguridad para ejercer un periodismo crítico y sin miedo.
·      Una pobreza y desigualdad que impiden a millones de mexicanos casi la mitad del total de la población- acceder a una vida digna. Los crecientes recursos presupuestales en los programas sociales no han logrado reflejarse en un mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos. La pobreza lastima a más de 50 millones de mexicanos, pues ha prevalecido una visión clientelar por encima de la más elemental sensibilidad ante el sufrimiento de millones.
·      La mayor violencia e inseguridad de la historia reciente de nuestro país, la cual lastima a comunidades enteras y nos coloca frente a la ausencia de un Estado que ha sido incapaz de garantizar la seguridad de las personas en multitud de localidades.
Frente a este escandaloso deterioro de nuestra vida política y frente a los dramáticos desequilibrios económicos y sociales que atentan contra el bien común, son necesarias medidas drásticas que transformen democráticamente las actuales estructuras sociales, económicas y políticas de nuestro país. México reclama un cambio de manera urgente. Las grandes debilidades institucionales que hoy refleja el Estado mexicano requieren de una transformación de fondo y a fondo, para frenar el deterioro de la vida nacional y atender los reclamos ciudadanos.
El agotamiento institucional que vive nuestro país es producto de un sistema disfuncional que ha alentado el quebranto del Estado de Derecho, la impunidad, la corrupción y los privilegios de unos cuantos a costa de excluir a las mayorías. El actual régimen, anclado a un pasado autoritario, excluye a la ciudadanía y a sus agendas de la toma de decisiones y de las acciones de gobierno, provocando repetidas crisis multidimensionales: sociales, políticas, de legitimidad, económicas, de seguridad, pero sobre todo una gran crisis moral. La transición democrática de México continúa trunca y el país enfrenta riesgos de regresión autoritaria.
Derivado de la carencia de valores democráticos como la transparencia y la ausencia de un sistema de pesos, contrapesos y rendición de cuentas, hoy el Estado muestra grandes debilidades y un importante déficit de capacidad en su actuar frente a los retos que se han presentado. Esos vacíos han dado pie a redes de corrupción que invaden las estructuras de autoridad y han construido un presidencialismo autoritario, sin frenos y reacio al pluralismo, donde el poder ciudadano ha sido secuestrado, lo que ha generado una pérdida de credibilidad y confianza ciudadana en las instituciones y en los gobernantes.
Cambiar este estado de cosas requiere que los partidos con vocación democrática, a partir de nuestras convicciones, enfaticemos nuestras coincidencias y adoptemos una agenda común, partiendo de la premisa de colocar a las personas en el centro de las decisiones. Es indispensable transitar hacia la obligación de quien gobierna para ejercer el poder público guiándose por el principio de que la ciudadanía manda y de que nadie, por poderoso que sea, puede estar por encima de la ley.
No nos podemos conformar con un simple cambio en las élites y las oligarquías gobernantes. Es apremiante que la participación solidaria de la ciudadanía transforme de fondo la realidad actual de país y derrote las estructuras anquilosadas que han impedido una auténtica vida democrática.
Quienes conformamos la Coalición Por México al Frente no vemos el futuro de México con resignación ni estamos dispuestos a renunciar a nuestra responsabilidad de participar en la construcción de alternativas para el país. Partimos de tres premisas básicas: ni la corrupción es cultural, ni la desigualdad es natural, ni la violencia es inevitable. Para nosotros la función del gobierno no es administrar la crisis. No apostamos por un cambio de partido en el poder ni de personas en los cargos. Nos unen causas y el propósito de construir un nuevo régimen. Nuestra prioridad es erradicar la impunidad, crear condiciones para que a los honestos les vaya bien, a los corruptos mal y para que todas las personas tengamos una vida digna y con plena seguridad jurídica, personal y patrimonial.
Queremos transformar a México en un país en el que todos y todas podamos gozar de nuestro derecho al bienestar, la libertad y la seguridad en un marco democrático. Un México en el que prime un Estado de Derecho. Un país en donde la corrupción y la impunidad no tengan cabida. Un México en el que el gobierno esté verdaderamente al servicio de la sociedad. Un nuevo régimen caracterizado por un sistema político incluyente, comprometido con garantizar las libertades, que promueva el bienestar social y el desarrollo de todas y todos los mexicanos.
La Coalición Por México al Frente
La solución a la situación antes descrita no puede venir de los mismos que la han generado, pero tampoco de quienes piensan que la acción providencial de un Mesías es suficiente. Las soluciones tienen que venir desde la sociedad y a través de las organizaciones ciudadanas y los partidos que estén dispuestos a dejar de lado sus diferencias para anteponer las coincidencias ante el escenario de urgencia que vive nuestro país. Es en ese contexto en el que ha surgido la Coalición Por México al Frente.
Los partidos políticos que integramos esta Coalición hemos sido parte fundamental de la lucha democrática de este país. A pesar de nuestras distintas visiones ideológicas, compartimos un mismo origen: la sociedad organizada frente al poder omnímodo del Estado autoritario.
Las luchas sociales han sido fundamentales en la democracia de nuestro país. Y en estos años hemos sido testigos de la movilización ciudadana a favor de grandes causas como la lucha contra la corrupción y la impunidad y la exigencia de que los gobiernos garanticen y respeten los derechos humanos. Durante décadas, las y los ciudadanos, grupos y movimientos han luchado por un cambio de régimen que permitiera a México vivir una auténtica democracia. Los partidos que hoy conformamos la Coalición por México al Frente hemos sido testigos y protagonistas de esas luchas cívicas. Las corrientes políticas de donde procedemos han coincidido en eventos en los que lo que estaba en juego era la democratización del país: el movimiento estudiantil de 1968; la reconstrucción de la Ciudad de México después de los sismos de 1985; la lucha contra los fraudes electorales de Chihuahua en 1986 y en todo el país en 1988; las sucesivas reformas políticas que dieron paso a la ciudadanización de las autoridades electorales y, con ello, a la pluralización del Poder Legislativo y la alternancia en el Poder Ejecutivo; o las coaliciones electorales en los estados contra el autoritarismo y la corrupción de los gobernadores priistas. Hoy, la Coalición Por México al Frente pretende aglutinar el legado de todas estas expresiones, junto con aquellas otras que, desde la sociedad civil, coinciden en la tarea de lograr la transformación de México.
Los partidos políticos que integramos la Coalición no pretendemos mimetizarnos, ni renunciar a nuestra historia y principios, es decir, a nuestra identidad como organizaciones políticas autónomas. Pero sí estamos dispuestos, ante la situación de urgencia que vive el país, a poner por delante aquello que nos une. Experiencias similares han sido tremendamente exitosas en países como Alemania, Chile o Uruguay, en donde partidos demócrata-cristianos, humanistas y socialdemócratas han hecho alianzas políticas, electorales y de gobierno que, en su momento, permitieron terminar con regímenes dictatoriales o para generar desarrollo humano a partir de intereses comunes y siempre de la mano con la sociedad.
Cambiar este régimen requiere poner a las personas en el centro de las decisiones y de las políticas públicas, para transformar el significado del acto de gobernar, para que los gobernantes ejerzan el poder público, a partir de la máxima democrática de que las y los ciudadanos mandan.
Nuestro interés va más allá de una coalición electoral. Hemos establecido el compromiso de conformar un gobierno de coalición que permita impulsar en los poderes ejecutivo y legislativo la agenda de transformación que hoy ponemos a disposición de la ciudadanía. Conformamos la Coalición Por México al Frente con el compromiso de emprender un proyecto de transformación del país de largo plazo, en el que el interés general y el bienestar estén por encima de cualquier interés particular y por encima de las diferencias y las ideologías. Nuestro compromiso es con las legítimas demandas ciudadanas de transformación de la vida pública y de la realidad nacional.
Una plataforma para las personas.
En la Coalición Por México al Frente proponemos retomar, impulsar y concretar juntos la transformación democrática, a fin de lograr un piso de bienestar que genere condiciones de justicia, un techo de legalidad que ponga un alto a la impunidad y cuatro paredes de armonía social que nos permitan pasar de la República de la Exclusión a un México incluyente, estable y en paz.
Hoy en México requerimos:
·      La conformación y consolidación de un nuevo régimen sustentado en un verdadero Estado de Derecho, con una división de poderes efectiva, un nuevo federalismo que involucre realmente a las entidades federativas y a los municipios en la responsabilidad de lo público, y cuya base sea la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y el ejercicio pleno de las libertades en igualdad de condiciones.
·      Un sistema político con mecanismos que incentiven el buen desempeño, sancione la falta de resultados y garantice la gobernabilidad y gobernanza democrática en nuestro país, desechando la cultura, prácticas y estructuras del verticalismo.
·      Un sistema económico en crecimiento e incluyente que combata la desigualdad, que genere igualdad de oportunidades y distribuya los beneficios del crecimiento con justicia, equidad y respetando el medio ambiente.
·      Transitar a una sociedad en la que se generen las oportunidades y condiciones para ejercer sus derechos en la que se incentive la movilidad social, se respete la eminente dignidad humana y la libertad personal.
·      Un sistema educativo que eduque durante y para toda la vida, comprenda la dimensión integral de la persona, en inteligencia, afectividad, libertad y sociabilidad, y nos prepare para la convivencia, la participación y la competencia mundial.
·      Instituciones de seguridad y procuración de justicia honestas, confiables y eficaces para poner fin al caos, la violencia y la inseguridad.
El nuevo sistema político debe construirse, no en función de partidos ni de candidaturas, sino a partir de un proyecto de Estado que establezca las nuevas reglas de convivencia social, las instituciones que se necesitarán para hacerlas valer y los mecanismos para asegurar que tendrán las facultades y condiciones para lograrlo, a partir del principio de la subsidiariedad y de la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad.
Nuestra plataforma política y electoral incorpora propuestas de la ciudadanía y de diversas organizaciones de la sociedad civil, recabadas a través de diversos foros, encuentros y documentos. Es pues, una plataforma enriquecida por la sociedad.
En este sentido, impulsaremos un nuevo modelo de Estado teniendo como ejes:
1)    La transformación del actual régimen político y el impulso a la democracia ciudadana.
2)    El combate total y frontal a la corrupción y a la impunidad.
 
3)    La pacificación del país, con seguridad, respeto a los derechos humanos y justicia para todas las personas.
4)    La necesidad de un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad.
5)    El fortalecimiento de la posición de México en el mundo.
I.     La transformación del actual régimen político y el impulso a la democracia ciudadana.
Los últimos años del siglo XX significaron para México toda una serie de cambios en los más distintos ámbitos de la vida política y social. Con las reformas electorales se avanzó en la democracia y en especial en la competitividad entre los partidos por el voto de la ciudadanía en la representatividad, la alternancia en el poder presidencial, y en la pluralidad política. Pero en el ejercicio del poder se mantuvo la concentración del poder, el presidencialismo y se preservaron también las estructuras locales de poderes, que sin ningún contrapeso, derivaron en gobiernos autoritarios y corruptos. En 2000 México pasó de un régimen autoritario a una democracia incipiente con grandes expectativas, pero como país cometimos el error de confundir el cambio de una sola persona al frente del régimen con el cambio de régimen.
Actualmente la sociedad no encuentra en la democracia su bienestar, al contrario, ha sufrido una profunda regresión en sus condiciones de vida, sumergida además en un sistema de violencia, corrupción e impunidad. Esto ha desembocado en una creciente desafección política de parte de la ciudadanía en general y en particular de las y los jóvenes, así como una creciente distancia entre la clase gobernante y la sociedad en su conjunto. Esta distancia, obliga a los partidos y al gobierno a cambiar la forma de gobernar, a pasar de un régimen que busque mecanismos para hacer valer sus decisiones, a uno en el que las decisiones estén sustentadas en el bienestar colectivo, orientadas por la democracia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, las libertades políticas, el desarrollo social y la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
El actual régimen político mexicano está rebasado y es por completo inviable para las actuales necesidades y retos del país. A pesar de los enormes avances democráticos de los últimos veinte años, producto del impulso ciudadano y de los partidos políticos con origen y vocación democráticos, el México de hoy es uno de concentración del poder en manos de una sola persona y que responde a intereses detentadores de monopolios económicos y promotores de la corrupción. Esta visión de restauración, nos ha acercado peligrosamente a las peores experiencias autoritarias del siglo XX, antes que proyectarnos con visión democrática hacia el futuro. La democracia mexicana se encuentra en una encrucijada entre más de lo mismo, el regreso al pasado o el tránsito hacia un régimen verdaderamente democrático.
Los peores lastres para el país como la corrupción, la pobreza, la inseguridad y la violencia, así como el enorme déficit en la construcción de un Estado de Derecho no se lograrán superar con el actual sistema político presidencialista y metaconstitucional. México requiere de acciones que favorezcan las decisiones plurales por encima de las de imposición. Para ello buscamos un cambio de régimen, que vaya más allá de personajes y partidos, para sustituir el actual modelo por uno en el que la ciudadanía tenga mayor capacidad para influir en las decisiones del país, comenzando por aquellas que inciden en la calidad de vida de la gente. Un gobierno de la ciudadanía y no uno del Presidente de la República, es el objetivo de la Coalición Por México al Frente. Impulsaremos un nuevo régimen que parta del establecimiento de un gobierno de coalición que permita los consensos y estabilidad necesarios para dar forma a un gobierno eficaz.
El régimen actual está agotado y no será suficiente para afrontar los retos del futuro, se requiere un nuevo esquema que permita el avance nacional a través de la construcción de una ciudadanía fuerte, crítica, informada y participativa. La participación ciudadana es la vía para el cambio de régimen político en México, cuya base serán las personas opinando, incidiendo y decidiendo.
Para ello es indispensable establecer una amplia agenda digital transversal que amplíe y facilite el ejercicio del derecho a la información de toda la ciudadanía y la comunicación digital entre gobernantes y gobernados, facilitando y transparentando todos los trámites que hoy se prestan a un manejo opaco y corrupto.
Hay que empoderar a la sociedad y abrir mayores espacios para la participación ciudadana en la vida pública, tanto en la toma de decisiones como en la vigilancia del cumplimiento de las metas de gobierno. Por ello, la Coalición Por México al Frente plantea como uno de sus ejes fundamentales apuntalar nuestra democracia mediante el acotamiento del presidencialismo imperante, una distribución efectiva del poder y mejores mecanismos de control entre los tres niveles, así como en las relaciones entre las regiones y la federación. Nuestra propuesta es ampliar y robustecer los mecanismos de democracia participativa como la consulta popular, el plebiscito, el referéndum, el presupuesto participativo, gobierno abierto, parlamento abierto y la ratificación y revocación de mandato.
 
En la Coalición Por México al Frente nos proponemos:
I.1. Fortalecimiento del Estado de Derecho.
I.2. Consolidar una sociedad de derechos en la que se incentive la movilidad social, se respete la dignidad humana y la libertad personal para el pleno desarrollo de las personas.
I.3. Incluir como eje central de las políticas y programas de gobierno un enfoque transversal de igualdad sustantiva de género desde la perspectiva de los derechos humanos.
I.4. Fortalecer el federalismo estableciendo pesos y contrapesos entre los Poderes de la Unión y los órdenes de gobierno, con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
I.4.1. Promover modificaciones constitucionales que desmantelen el sistema presidencialista vigente, sustituyéndolo por uno que garantice la participación de la sociedad en los temas trascendentes para el país.
I.4.2. Establecer reformas constitucionales que favorezcan la construcción de mayorías parlamentarias estables y sólidas para fortalecer al Congreso de la Unión como contrapeso efectivo del Ejecutivo y corresponsable en la toma de decisiones, garantizando que el periodo para los órganos de gobierno de las Cámaras de Diputados y Senadores que se integren duren una legislatura completa y no un año.
I.4.3. Reestructurar de manera integral el funcionamiento interno de los tres órdenes de gobierno y de los organismos autónomos; así como sus mecanismos de coordinación.
I.4.4. Revisar y adecuar el régimen de distribución de competencias y responsabilidades entre el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios.
I.4.5. Promover una reforma al Poder Judicial, tanto a nivel federal como local, para garantizar su autonomía e independencia y al mismo tiempo impulsar en su interior, la transparencia y rendición de cuentas sobre su desempeño y renovación, y en lo exterior, el combate a la corrupción y a la impunidad.
I.4.6. Establecer la obligatoriedad de la ratificación por parte del Congreso de la Unión del Plan Nacional de Desarrollo, con una visión de Estado y de largo plazo.
I.5. Fortalecer el sistema democrático.
I.5.1. Fomentar que la participación ciudadana sea elemento fundamental en la toma de decisiones y la rendición de cuentas, a través de mecanismos como la iniciativa ciudadana, plebiscito, referéndum, ratificación, revocación de mandato, planeación y presupuestos participativos con transparencia y rendición de cuentas.
I.5.2. Establecer debates públicos permanentes entre los partidos políticos, los gobernantes y la ciudadanía, con formatos flexibles, para contrastar las ideas y las decisiones sobre políticas públicas, y volver tales debates obligatorios, sin limitación alguna.
1.5.3 Eliminar toda forma de violencia política contra la mujer y ampliar los espacios de representación y participación de las mujeres en la vida pública, impulsando que todo órgano colegiado se integre de manera paritaria.
I.5.4. Fortalecer el marco de operación de las organizaciones sociales.
I.6. Promover leyes que fundamenten y reglamenten la constitución de gobiernos de coalición.
I.6.1. Conformar un gabinete de composición plural e integrado con criterios de equidad de género, capacidad, méritos, profesionalismo y honestidad, estableciendo la obligatoriedad legal de la ratificación de sus integrantes por el Congreso de la Unión, una vez instalada la Legislatura.
I.6.2. El titular de la Secretaría de Gobernación fungirá como Jefe de Gabinete. Será propuesto por fuerzas políticas distintas a la del Presidente de la República, dentro de los que integran la coalición, con el fin de garantizar la pluralidad.
I.7. Fortalecer las funciones de control y fiscalización del Congreso.
I.7.1. Presentación de informes periódicos de las Secretarías de Estado.
I.7.2. Comparecencias obligatorias ante el pleno o ante comisiones de ambas Cámaras, de manera indistinta, de los titulares de las Secretarías de Estado, dependencias y organismos de la Administración Pública Federal.
I.8. Establecer e impulsar buenas prácticas de buen gobierno en los tres niveles de la administración
pública.
I.8.1. Establecer estándares claros de buen gobierno que incluyan la medición de sus políticas y acciones a través de indicadores y metas que esté obligado a cumplir.
I.8.2. Intensificar el empleo y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información para los trámites de gobierno (gobierno electrónico).
I.8.3. Fortalecer el Servicio Profesional de Carrera en los tres órdenes de gobierno, en los tres poderes y en los organismos autónomos.
I.8.4. Privilegiar el mérito, la idoneidad y el esfuerzo como los elementos sustantivos para ocupar cargos públicos.
1.8.5 Desarrollar un modelo de simplificación administrativa para que la ciudadanía acceda a los servicios de gobierno de una manera más sencilla y con mayor transparencia.
I.9. Reformar el sistema electoral.
I.9.1. Revisar la cantidad y calidad del gasto público en el sistema electoral mexicano bajo los principios de la austeridad y eficiencia.
I.9.2. Establecer un mecanismo de representación plural en el Congreso de la Unión que sea fiel reflejo de las preferencias electorales de la ciudadanía.
I.10. Garantizar la libertad religiosa y el pleno respeto y tolerancia de las creencias de cada uno de los mexicanos, en el marco de la vigencia del Estado laico y de la Constitución.
II.     El combate total y frontal a la corrupción y a la impunidad.
La corrupción es uno de los principales flagelos del México contemporáneo. Lo mismo ocurre con la deformación jurídica que le da origen: la impunidad. Con frecuencia la ley no se aplica, se aplica selectivamente, o se simula que se aplica como resultado de la corrupción. La corrupción y la impunidad lastiman al país y ofenden a la sociedad, socavan la confianza ciudadana en las instituciones y el servicio público y minan el Estado de Derecho, propician inseguridad jurídica, se asocian con la violencia, frenan la capacidad de la economía para reactivarse, producen injusticia y constituyen graves atentados a la convivencia armónica. Ninguna transformación positiva del país tendrá éxito si antes no se da la batalla de manera decidida contra ambos terribles fenómenos. La corrupción y la impunidad se han convertido en una puerta abierta para que las acciones delictivas proliferen, y la ciudadanía percibe que en México hay un clima generalizado de incapacidad e impunidad en la persecución y castigo de los criminales. Urgen acciones para recuperar la paz y tranquilidad de las y los mexicanos.
En la Coalición Por México al Frente tenemos claro que la corrupción y la impunidad no son fenómenos culturales, como se ha afirmado desde el poder con profunda frivolidad e incluso complicidad, sino de verdaderas afrentas que deben ser derrotadas con visión de Estado, inteligencia y voluntad política. Tampoco es algo a lo que la sociedad mexicana esté condenada indefectiblemente. Estamos de acuerdo que si bien esta lucha la debe encabezar el Estado, por ser quien cuenta con los recursos para ello, es la sociedad quien debe de determinar el rumbo y las acciones a seguir. Tenemos claro también que ninguna propuesta efectiva de combate a la corrupción puede diseñarse sin eliminar el fuero de impunidad institucional de que gozan los gobernantes y representantes populares, comenzando por el Presidente de la República.
La corrupción se combate con base en el cumplimiento irrestricto de la ley, en la aplicación de una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, y en la construcción de un sistema anticorrupción autónomo y con total independencia para combatir este flagelo. Pero tenemos claro, que el modelo de combate a la impunidad pasa por una reforma profunda al sistema de procuración, administración e impartición de justicia, que vaya más allá de la modernización de las leyes y de los procedimientos, y se centre en la transformación del Poder Judicial y de los ministerios públicos de la Federación y de las entidades federativas, para acercarlas a la ciudadanía, y dotarlas de plena legalidad, autonomía frente al poder, transparencia y rendición de cuentas, tanto de manera institucional, como por parte de los servidores públicos que forman parte de ellas. La nueva Fiscalía General de la República debe ser autónoma, apartidista, capaz e independiente y contar con mejores herramientas y controles efectivos para desempeñar adecuadamente sus funciones.
El buen gobierno debe ser transparente y rendir cuentas. Asumimos el compromiso con el combate a la corrupción y la impunidad, con un esquema de fiscalización en el que la ciudadanía sea parte de los procesos de transparencia, rendición de cuentas, para romper con el abuso de poder y la impunidad en el país. Por ello, una de nuestras propuestas en transparencia y rendición de cuentas es la obligación real de todos los servidores públicos de presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, iniciativa que fue impulsada por distintas organizaciones de la sociedad civil. Buscaremos que los servidores públicos corruptos sean inhabilitados de por vida para ocupar cualquier puesto público y la devolución de los bienes apropiados, poniendo el ejemplo tanto en las instancias más altas del poder público -no más casas blancas-, como en los funcionarios de menor nivel no más mordidas.
En la Coalición Por México al Frente nos proponemos:
II.1. Establecer una campaña nacional en favor del establecimiento de un genuino Estado de Derecho y de combate a la impunidad, como mecanismos para favorecer nuestra democracia, la seguridad, inversión, creación de empleos, calidad de vida y marca país, entre otros.
II.2. Perfeccionar y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción.
II.2.1. Dotar a la Auditoría Superior de la Federación de autonomía constitucional plena, e integrarla con profesionistas de sobrada solvencia moral, buena reputación, capacidad técnica e independencia y dotar al nuevo organismo de un alcance nacional, para castigar desvíos de recursos no sólo de origen federal sino local.
II.2.2. Reformar el marco legal que da vida a la Fiscalía General de la Nación, y aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía, para que quien la encabece sea una persona que cuente con sobrada solvencia moral, buena reputación, capacidad técnica e independencia.
II.2.3. Fortalecer y ampliar los programas y mecanismos de cooperación internacional en materia de combate a la corrupción.
II.2.4. Revisar integralmente el sistema de responsabilidades y sanciones de los servidores públicos y de los agentes privados que interactúan con ellos.
II.2.5. Prohibir el uso de dinero en efectivo para cualquier transacción gubernamental, a nivel federal, de los tres poderes de la Unión, de las entidades federativas y en los municipios, de los organismos constitucionales autónomos, y de los sindicatos y personas privadas vinculadas a entes públicos por cualquier causa.
II.2.6. Hacer obligatoria la presentación y publicación de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal para todas aquellas personas que ejerzan el servicio público.
II.2.7. Instituir la "muerte civil" a servidores públicos y empresas privadas que hayan sido condenadas por actos de corrupción, esto es, inhabilitarlos para desempeñar cargos públicos o para participar en la contratación de compras y de obras gubernamentales, mediante un Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados.
II.2.8. Eliminar la prescripción de los delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
II.2.9. Transparentar la actuación de los juzgados, de la administración y procuración de justicia y del poder judicial en general.
II.2.10. Transparentar el cabildeo en los congresos.
II.2.11. Impulsar una Comisión Ciudadana para la Investigación de Actos de Corrupción, que ayude a poner al descubierto la verdad sobre los casos notables, pasados y presentes, de actos de corrupción y exponer públicamente a los corruptos, a fin de que se inicie el proceso judicial correspondiente.
II.3. Eliminar el fuero constitucional para todas y todos los servidores públicos del país, y reformar el segundo párrafo del artículo 108 constitucional, para que durante el tiempo de su encargo, quien ejerza la Presidencia de la República pueda ser acusado y enjuiciado por delitos de corrupción y los considerados no graves del orden común y federal, con penas de destitución y responsabilidad penal, administrativa y civil.
II.4. Fortalecer la transparencia de la acción pública.
II.4.2. Promover una Ley General de Contratos y Obras Públicas, alineada con el Sistema Nacional Anticorrupción.
II.4.1. Establecer Observatorios Ciudadanos con capacidad de supervisar y fiscalizar en tiempo real la legalidad, transparencia y rendición de cuentas de los contratos de adquisiciones y obras públicas celebrados por el gobierno.
II.4.3. Simplificar los mecanismos de acceso de las personas a la información pública gubernamental, y modificar el marco legal, a efecto de minimizar la posibilidad de que por
opacidad, los entes o funcionarios públicos declaren reservada información pública, o peor aún, la declaren como inexistente.
II.4.4. Identificar los trámites y procesos que con mayor frecuencia se prestan a la opacidad y a la discrecionalidad y simplificarlos, sujetándolos a controles tecnológicos y de digitalización.
II.4.5. Hacer que todos los entes públicos se apeguen a la Ley de Contabilidad Gubernamental (con un solo catálogo de cuentas para el registro de los activos, pasivos, ingresos y gastos) como un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas.
III.    La pacificación del país, con seguridad, respeto a los derechos humanos y justicia para todas las personas
Los últimos años representan sin duda los más violentos de nuestra historia contemporánea. El Estado mexicano no está cumpliendo con su función de brindar seguridad y protección a las personas y sus bienes. Desde hace varios años grandes porciones de nuestro territorio se encuentran bajo el control de grupos ajenos al Estado. La ciudadanía vive temerosa por la escalada de violencia y crímenes que atentan contra la paz y seguridad en su entorno. La violencia es un problema nacional y sistémico, cuyas causas son multifactoriales, e incluyen la falta de oportunidades, y un sistema económico que produce más pobreza en vez de combatirla. La violencia, la delincuencia y la impunidad minan la confianza de la población en las capacidades del Estado, en los órganos de procuración e impartición de justicia y en las corporaciones policiales.
El sistema de justicia mexicano está debilitado y corrompido, y es ineficiente e ineficaz. Requiere de un rediseño que incluya un replanteamiento desde su concepción. El ministerio público ha dejado de ser garante de un sistema penal, los jueces administran la justicia, pero no la imparten, y los centros de reclusión no buscan reintegrar a los delincuentes a la sociedad, sino sólo mantenerlos alejados de ella, con la amenaza permanente de que al regresar, serán nuevamente un peligro para su comunidad.
En la Coalición Por México al Frente somos conscientes de que a pesar de los enormes esfuerzos desplegados en la última década en materia de seguridad y combate a la violencia en todo el país, tanto en el ámbito jurídico, como en el de la acción de los gobiernos, no se han obtenido los resultados esperados, y la sociedad vive en un permanente estado de indefensión frente a los delincuentes y las mafias del crimen organizado, que crecen sin parar en número y capacidad de daño. Creemos que es momento de cambiar paradigmas en esta materia, para que el Estado restituya la más importante de sus obligaciones, que es la de brindar seguridad a las personas, con un enfoque que priorice la prevención de los fenómenos de violencia y delincuencia; redefiniendo actuación, para atender de forma prioritaria los delitos que más lastiman a la sociedad, como son el robo con violencia, la extorsión, el secuestro, los homicidios y los feminicidios. Nuestra política de seguridad se enfocará en proteger a las personas, garantizar los derechos humanos y la convivencia social en un marco democrático donde se fortalezca la participación ciudadana, tanto en el diseño de las políticas como en su seguimiento y evaluación.
La lucha contra el delito también pasa por la educación y la formación cívica en valores. Por eso instrumentaremos una verdadera campaña nacional en favor de la legalidad, la convivencia cívica y los derechos humanos.
La nueva estrategia de seguridad ciudadana de la Coalición Por México al Frente privilegiará la investigación científica, la desarticulación de las bases económicas y financieras de las redes delincuenciales nacionales y sus vínculos con las internacionales; la prevención del delito, el respeto total de las leyes, y el castigo ejemplar a los delincuentes. Haremos énfasis en la profesionalización y dignificación de la carrera policial como parte fundamental de la estrategia. El combate a las organizaciones de delincuencia organizada incluirá una nueva política de drogas de reducción de daños y riesgos, acompañada con un mayor uso de la inteligencia para la desarticulación de dichas organizaciones y esquemas de cooperación y coordinación internacional bajo el principio de responsabilidad compartida.
En la Coalición Por México al Frente nos proponemos:
III.1. Diseñar e implementar una política de seguridad humana de carácter integral, para que todos los mexicanos y mexicanas gocen de su derecho inalienable a vivir en un entorno seguro y libre de violencia, atendiendo las causas estructurales de la violencia y la delincuencia.
III.1.1. Hacer el cumplimiento del Estado de Derecho un eje fundamental de la seguridad ciudadana.
III.1.2. Rediseñar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de una nueva instancia de seguridad ciudadana, separada de la Secretaría de Gobernación.
 
III.1.3. Consolidar un mecanismo de coordinación interinstitucional entre las instancias encargadas de la seguridad.
III.1.4. Concentrar los esfuerzos en combatir los delitos que más lastiman a la sociedad, comenzando con el homicidio, robo con violencia, los feminicidios, el secuestro y la extorsión.
III.1.5. Combatir los abusos y violaciones a derechos humanos tales como: la trata de personas, la desaparición forzada, la desaparición, la afectación de derechos en contextos de movilidad humana, las ejecuciones extrajudiciales y todas aquellas privaciones de la libertad contrarias a la ley.
III.1.6. Establecer a nivel nacional programas para prevenir y reducir la violencia en todas sus dimensiones, a través de políticas y acciones de prevención de la violencia y el delito, la recuperación de espacios públicos y el fomento a la cultura de la legalidad.
III.1.7. Implementar programas de inclusión y atención para niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en contextos y entornos de violencia.
III.1.8. Recuperar espacios públicos creando entornos seguros de convivencia.
III.1.9. Reconsiderar las prioridades del gasto en seguridad dando prioridad al gasto estratégico tareas de investigación, inteligencia y procuración y administración de justicia.
III.1.10. Garantizar el acceso a la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género con la finalidad de hacer realidad el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
III.2. Implementar una política de seguridad ciudadana que garantice el pleno respeto de los derechos humanos, proteja a las víctimas y se sustente en la participación ciudadana.
III.2.1. Fortalecer la participación de la sociedad civil en el Sistema y el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad; así como en la supervisión del sistema penitenciario del país, sea del fuero federal o local
III.2.2. Fomentar y fortalecer la participación de la ciudadanía en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad de sus comunidades.
III.2.3. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y atención de las recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos.
III.2.4. Proteger la integridad de las víctimas de la violencia y la delincuencia, a partir del compromiso con la plena aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia, la Ley General de Víctimas, y la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares.
III.2.5. Garantizar el debido proceso y la erradicación de la tortura o la coerción para obtener declaraciones de los acusados.
III.2.6. Combatir la trata de personas en sus diversas modalidades y establecer programas específicos de atención a las víctimas de estos delitos, proporcionándoles el apoyo necesario para su reinserción social.
III.2.7. Garantizar a las mujeres el derecho de acceso a la justicia mediante el diseño e implementación de protocolos de actuación por parte de las autoridades de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia, para erradicar el grave flagelo de los feminicidios y de la violencia contra las mujeres. Los diversos agentes del Estado relacionados con esta problemática recibirán la capacitación adecuada para la correcta e inmediata implementación de dichos protocolos.
III.3. Fortalecer a las instituciones policiales para enfrentar al delito y recuperar la confianza de la sociedad.
III.3.1. Definir e instrumentar un modelo de carrera policial en los tres órdenes de gobierno, con los recursos financieros y humanos para su capacitación, equipamiento e infraestructura.
III.3.2. Fortalecer las capacidades policiales mediante la capacitación permanente y el uso de tecnología e inteligencia, como elementos fundamentales para abatir los delitos.
III.3.3. Mejorar los mecanismos de colaboración y coordinación de los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno, para lograr que éstos sean eficientes y atiendan la demanda ciudadana
de combate a los delitos.
III.3.4. Fomentar el respeto y la confianza en las policías, a través del proceso de certificación, evaluación y controles de confianza abierto al escrutinio y a la participación de la sociedad civil.
III.3.5. Dignificar y enaltecer a los miembros de las corporaciones policiales, a través de salarios dignos, prestaciones sociales y protección para el personal de las instituciones policiales y sus familias.
III.3.6. Fortalecer a las policías municipales, de proximidad y comunitarias, para el desempeño de las tareas de seguridad ciudadana como la contención de los delitos del fuero común y tareas para preservar la paz pública y la convivencia social.
III.3.7. Relanzar la propuesta de contar con un mando mixto policial a partir del principio de subsidiariedad. Mejorar los mecanismos de colaboración y coordinación de los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno, para lograr que éstos sean eficientes y atiendan la demanda ciudadana de combate a los delitos.
III.4. Implementar, con relación al consumo y tráfico de drogas, una política integral enfocada en la reducción de daños y riesgos y en la desarticulación de las organizaciones de delincuencia organizada.
III.4.1. Fortalecer las capacidades técnicas, de equipamiento y de operación estratégica de las policías para hacer frente a la delincuencia y mejorar la coordinación entre los distintos órganos de gobierno encargados de la seguridad.
III.4.2. Reformular la estrategia contra las organizaciones de delincuencia organizada, privilegiando el uso de la información de inteligencia para la desarticulación de los grupos delictivos y el combate al lavado de dinero.
III.4.3. Fortalecer los programas de cooperación internacional para enfrentar a las diversas modalidades de delincuencia organizada y redes ilícitas transnacionales, a partir de los principios de responsabilidad compartida y solidaridad.
III.4.4. Identificar y desarticular las redes de corrupción entre políticos, funcionarios públicos, empresarios y organizaciones criminales, reforzando la unidad de inteligencia financiera y su coordinación con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), castigando severamente a quienes participen en los actos de corrupción y colusión de dichas redes.
III.4.5. Promover una reforma electoral y penal que tipifique penalmente y castigue el uso de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales.
III.4.6. Impulsar un amplio programa nacional de prevención y reducción de riesgos en torno al consumo de estupefacientes y otras sustancias psicotrópicas, así como garantizar la calidad de los servicios públicos en materia de prevención, atención, rehabilitación y reducción de daños.
III.4.7. Profesionalizar y fortalecer los cuerpos policiales municipales y estatales para que en todo el territorio nacional reasuman y cumplan sus funciones constitucionales de seguridad pública.
III.4.8. Mejorar las capacidades de la policía federal para enfrentar la delincuencia organizada; así como su coordinación con las autoridades estatales.
III.5. Combatir las malas prácticas, la impunidad, y la corrupción en el sistema de impartición y procuración de justicia.
III.5.1. Reforzar la oralidad de los juicios en las distintas materias del quehacer jurídico.
III.5.2. Supervisar la correcta implementación del sistema de justicia penal acusatorio, teniendo como prioridad la capacitación permanente de todos los servidores públicos que participan en él.
III.5.3. Fortalecer las capacidades de los ministerios públicos para la investigación y consignación de los delincuentes.
III.5.4. Promover la armonización de las legislaciones penales de los estados.
III.5.5. Promover que la legislación penal contemple prisión preventiva en los casos de acopio, transporte y portación de armas.
III.5.6. Supervisar el tránsito de la PGR a una Fiscalía General que sea autónoma, apartidista,
capaz e independiente y que cuente con mejores herramientas y controles efectivos para desempeñar adecuadamente sus funciones.
III.5.6.1. Vigilar que la transición de la PGR a la Fiscalía General de la República se haga sin pase automático.
III.5.6.2. Asegurar que la Fiscalía General de la República nazca como una institución profesional, con solidez técnica y mejores herramientas para investigar y perseguir el delito.
III.5.6.3. Promover una transferencia ordenada y gradual de los recursos humanos, materiales, preservando la integridad de los expedientes.
III.5.6.4. Garantizar la independencia política del Fiscal General y los titulares de las fiscalías especializadas en anticorrupción, delitos electorales y derechos humanos, incorporando criterios de selección para recuperar la legitimidad frente a la ciudadanía y estén libres de prácticas de control político.
III.5.6.5. Revisar a profundidad la forma en que operan los servicios técnico forenses.
III.5.6.6. Hacer que la Fiscalía General de la República cuente con las facultades necesarias para evitar que casos relacionados con violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos queden impunes.
III.5.6.7. Incorporar facultades para que la Fiscalía General atraiga casos del fuero común que revistan importancia para el ámbito nacional.
III.7. Reestructurar el sistema penitenciario e implementar medidas para abatir la posibilidad de que se conviertan en centros de operación de la delincuencia.
III.7.1. Ampliar y modernizar los centros penitenciarios del país, así como clasificar de forma clara los centros de reclusión, para atender los problemas de hacinamiento e inseguridad al interior de los centros penitenciarios.
III.7.2. Utilizar herramientas tecnológicas para evitar la comisión de delitos desde las cárceles. Establecer la obligación nacional del bloqueo de señales de teléfono celular e internet al interior y en las periferias de tales centros.
III.7.3. Impulsar la profesionalización, capacitación del personal de los centros penitenciarios de reinserción y establecer controles de confianza y evaluación permanente.
III.7.4. Establecer medidas eficaces contra la corrupción, el trato discriminatorio y/o diferenciado de las personas en reclusión, las violaciones a sus derechos humanos, el consumo y el tráfico de drogas, la inducción a la comisión de delitos al interior de los centros de reclusión.
III.7.5. Hacer obligatorios el trabajo y la educación penitenciarias e implementar mecanismos de seguimiento y evaluación de los programas de reinserción social.
IV.   La necesidad de un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad
México no es un país pobre; es un país de pobres. Los esfuerzos del Estado mexicano para mejorar las condiciones económicas de la gran mayoría de la población han fracasado. No han conseguido organizar una economía que simultáneamente produzca riqueza y la distribuya con equidad. México requiere una política de crecimiento económico sostenido que permita erradicar la pobreza y fortalecer a las clases medias, con altos niveles de empleos dignos, y una recuperación del poder adquisitivo del salario.
Para la Coalición Por México al Frente es una prioridad generar crecimiento económico, abatir la pobreza, el hambre y proveer de oportunidades a las familias, a las comunidades y a las personas para que se desarrollen plenamente. Sostenemos que cualquier acción promovida por el Estado en aras de tales propósitos, debe hacerse sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras y sin menoscabar la dignidad de las personas en el presente.
Tenemos claro que la política social de los últimos veinticinco años a favor de los más desfavorecidos solamente ha administrado la pobreza, pero no la ha erradicado, y ni siquiera disminuido de manera contundente. Hoy existe prácticamente el mismo número de pobres con respecto a la población que en 1992: poco más del 50% del total de la población, conforme a cifras oficiales. Especial atención merece la feminización de la pobreza, pues las cifras revelan que son las mujeres sobre todo aquellas de medios rurales quienes enfrentan mayores condiciones de precariedad y pobreza. Por esa razón impulsaremos una reforma estructural a la política de combate a la pobreza en el país, hoy desperdigada y asistencialista, con muchos agentes intermediarios entre el Estado y los beneficiarios y poco efectiva en sus fines.
En la Coalición Por México al Frente daremos prioridad a la protección del ingreso de las familias mexicanas. Por esa razón nos comprometemos a instrumentar una política fiscal responsable, evaluar y rectificar la política recaudatoria que tanto daño ha hecho a la sociedad, inhibiendo sudesarrollo, empobreciéndola y comprometiendo el futuro y el nivel de vida de las familias. Nos comprometemos por ello a revisar tales acciones y a emprender un uso responsable del dinero de los contribuyentes.
En la Coalición por México al Frente impulsaremos una economía social de mercado, a través de una estrategia de desarrollo que garantice el crecimiento de la economía a largo plazo y fomente la creación de empleos dignos. Abandonaremos las políticas asistencialistas que propician el clientelismos y que no sólo no resuelven la pobreza, sino que, en conjunto, contribuyen a profundizarla. Nos proponemos una estrategia de crecimiento económico más dinámica, en la que el sector público junto con los empresarios y el sector social, propicien el fortalecimiento del mercado interno y el desarrollo de las regiones más rezagadas del país, que estimule el desarrollo tecnológico y la innovación, y procure un valor agregado nacional creciente y el tránsito hacia una economía del conocimiento. Implantaremos una política de desarrollo de infraestructura que detone la inversión, y fomentaremos al sector agropecuario y agroindustrial nacional. Impulsaremos, además, un cambio en la base energética del país, impulsando las energías limpias y amigables con el medio ambiente.
Las políticas sociales de la Coalición Por México al Frente pondrán énfasis en la importancia del desarrollo de las capacidades de las personas. Su efectividad deberá medirse a partir de la ampliación de oportunidades para que las personas gocen de un nivel de vida digno. Proponemos un enfoque de derechos humanos, centrado en las personas, en el que de forma transversal se planteen los objetivos de crecimiento y desarrollo económicos, bienestar e inclusión social y cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. En otras palabras, una política pública basada en el enfoque de desarrollo humano y en el desarrollo sostenible. Para ello proponemos una renta básica universal que atienda las necesidades de las personas y garantice su libertad.
La educación de calidad en todos los niveles, el fortalecimiento de un sistema de salud integrado e incluyente, de acceso universal, y el derecho a una vivienda digna para todos los mexicanos formarán parte fundamental de dicha política. Para nosotros, el desarrollo social y la protección del medioambiente son interdependientes e inseparables. La política ambiental de México dejará de ser reactiva y establecerá una perspectiva de largo plazo a partir de los principios del desarrollo sostenible.
En la Coalición Por México al Frente nos proponemos:
IV.A. Una economía para la inclusión y el bienestar.
IV.A.1. Impulsar un modelo de desarrollo inspirado en los principios de la economía social de mercado orientada al crecimiento económico con equidad.
IV.A.2. Establecer una política de Estado que combata la pobreza, la desigualdad y la marginación en todas sus dimensiones y manifestaciones.
IV.A.2.1. Establecer un salario mínimo digno, decente y suficiente para las personas que trabajan.
IV.A.2.2. Garantizar el derecho a una renta básica universal que atienda las necesidades de las personas y garantice su libertad.
IV.A.2.3. Asegurar la igualdad salarial entre mujeres y hombres por trabajos iguales. Sancionar el requisito de la prueba de embarazo para acceder a un trabajo, así como el despido por la misma razón.
IV.A.2.4 Fomentar programas de apoyo a las madres trabajadoras para facilitar que puedan continuar con su vida laboral, mientras sus hijos están bajo cuidado de personal capacitado en centro de desarrollo infantil.
IV.A.2.5. Combatir el fenómeno de la feminización de la pobreza mediante políticas públicas y planes de gobierno tendientes a promover la participación de las mujeres en la vida económica del país, estableciendo programas de becas, de capacitación y créditos para emprender negocios, así como estímulos fiscales a empresas que tengan programas que colaboren con este propósito.
IV.A.3. Establecer una estrategia de desarrollo que garantice un crecimiento sostenido de la economía mexicana a largo plazo y que fomente la creación de empleos dignos, a partir de la
transformación de la estructura productiva de poco valor a una de alto valor agregado.
IV.A.3.1. Fortalecer el mercado interno como palanca del desarrollo nacional, frente a los ciclos de la economía mundial.
IV.A.3.2. Relanzar los factores de producción nacional, con una lógica de libre comercio e integración plena al mundo.
IV.A.3.3. Implementar políticas de Estado que impulsen el incremento sostenido de la productividad y competitividad de la economía nacional.
IV.A.3.4. Establecer una política de Estado para acelerar la industrialización del país, con igualdad de oportunidades para todos los inversionistas privados, libre de cualquier favoritismo.
IV.A.3.5. Poner en práctica acciones que permitan incrementar sustantivamente el ingreso de divisas para el país a través del turismo.
IV.A.3.6. Incentivar el desarrollo de la capacidad productiva y tecnificación progresiva de los sectores agropecuario y pesquero, para incrementar la producción nacional de alimentos y una mejor calidad de vida y el bienestar de sus trabajadoras y trabajadores.
IV.A.3.7. Impulsar estrategias que estimulen a la planta productiva nacional hacia actividades con mayor valor agregado, para generar externalidades positivas y mayor competitividad a nivel internacional.
IV.A.3.8. Fomentar la creación de empresas proveedoras de insumos intermedios y bienes de capital.
IV.A.3.9. Promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas e industrias, procurando que en ellas se creen empleos dignos, buscando encadenarlas con la industria manufacturera de exportación y la transferencia de capacidades tecnológicas y organizacionales.
IV.A.3.10. Impulsar el desarrollo de la economía social, colaborativa y solidaria.
IV.A.3.11. Recrear a la banca e instituciones financieras de desarrollo, otorgándoles recursos suficientes para a dar viabilidad económica a proyectos industriales y agroindustriales estratégicos detonadores del desarrollo de los principales sectores de la economía y las regiones.
IV.A.3.12. Fomentar la integración de cadenas productivas para incrementar un mayor valor agregado nacional en las exportaciones.
IV.A.3.13. Garantizar la seguridad energética del país, con certeza de abasto, calidad, precio y sostenibilidad, procurando una creciente industrialización y tecnificación del sector energético.
IV.A.3.14. Impulsar el desarrollo e incorporación de energías limpias y renovables en la matriz energética del país.
IV.A.3.15. Elaborar e instrumentar un Plan Nacional de Infraestructura, con la participación del sector privado y las organizaciones sociales, para incrementar sustancialmente la inversión pública, privada y mixta en la infraestructura estratégica del país.
IV.A.3.16. Crear un Sistema Nacional de Innovación que permita transformar los conocimientos en bienes y servicios socialmente útiles y económicamente rentables.
IV.A.3.17. Impulsar el tránsito hacia una economía digital y del conocimiento.
IV.A.4. Ejercer una auténtica planeación democrática de corto, mediano y largo plazos a través de un Consejo Económico y Social incluyente con participación del sector empresarial, laboral, académico y liderazgos sociales.
IV.A.5. Establecer una política fiscal integral orientada al bienestar social de las familias y el desarrollo económico.
IV.A.5.1. Diseñar un sistema fiscal promotor del desarrollo económico y social, que estimule la
inversión, el ahorro interno y distribuya la riqueza de forma equitativa, que favorezca el ingreso de las familias mexicanas colocándolo como una prioridad por encima de los ingresos del gobierno, convirtiéndose en un verdadero instrumento del desarrollo nacional.
IV.A.5.2. Replantear las políticas de gasto público para que se gaste mejor y de manera más racional, prestando servicios de mejor calidad y más oportunos; y se impulsen y promuevan el crecimiento económico equilibrado y el desarrollo social.
IV.A.5.2.1. Establecer como criterio rector del gasto público el máximo beneficio para la ciudadanía.
IV.A.5.2.2. Manejar las finanzas públicas de manera responsable, eficaz, eficiente y transparente, evitando duplicidades y estableciendo con claridad y justificación los rubros en los que será aplicado el gasto público.
IV.A.5.2.3. Vigilar que el gasto público tenga un efecto de redistribución de la riqueza.
IV.A.5.2.4. Reducir la participación del gasto corriente en el gasto total e incrementar el gasto de capital para el desarrollo de infraestructura.
IV.A.5.2.5. Mejorar la distribución directa de lo recaudado entre los diferentes órganos de gobierno (federal, estatal y municipal), con mecanismos adecuados de control, transparencia sobre el origen del ingreso y el destino de los gastos, y rendición de cuentas, manteniendo una coordinación fiscal efectiva y eficaz.
IV.A.5.2.6. Erradicar los actos de corrupción en la asignación del gasto público.
IV.A.5.3. Establecer un sistema tributario eficaz, eficiente, progresivo, con una mayor base de recaudación fiscal, y con políticas de administración tributaria claras y simples.
IV.A.5.3.1. Simplificar el sistema de recaudación tributaria.
IV.A.5.3.2. Ampliar la base de contribuyentes, incorporando al régimen fiscal a los sectores informales de la economía.
IV.A.5.3.3. Mejorar los mecanismos de control en la recaudación, combatiendo la evasión y elusión en el pago de impuestos, en particular por parte de los grandes contribuyentes.
IV.A.5.3.4. Corresponsabilizar a los estados y municipios de la recaudación tributaria.
IV.A.5.3.5. Revisar el impuesto a las gasolinas, tomando en cuenta el impacto que ha tenido sobre los ingresos del gobierno federal y de los costos de la economía en general.
IV.A.5.4. Disminuir y transparentar el origen, contratación y pago o renegociación de la deuda pública a nivel federal, estatal y municipal. Establecer límites de endeudamiento por sector, dependencia y estado.
IV.A.6. Desarrollo regional.
IV.A.6.1. Implementar una estrategia de desarrollo nacional que permita reducir la desigualdad entre regiones del país, prestando especial atención a la región Sur-Sureste del país, con la participación de actores locales que permita diseñar programas para resolver problemas específicos con la participación de los actores regionales.
IV.A.6.2. Desarrollar una estrategia integral de inclusión productiva de integración territorial, a través de un conjunto congruente de apoyos productivos e inversiones.
IV.A.6.3. Promover agrupamientos regionales integrales, de acuerdo con las prioridades definidas en la política de mediano y largo plazo, que vinculen a industrias, centros de investigación e instituciones de educación superior.
IV.A.6.4. Fortalecer las capacidades institucionales y de recaudación de los municipios para hacer funcional su participación en el desarrollo regional.
IV.B. Desarrollo humano.
IV.B.1. Redefinir la política social del país, para que efectivamente contribuya a reducir en números absolutos la pobreza, la marginación y la desigualdad, y que mejore la vida de las familias; bajo criterios de subsidiariedad, garantizando el desarrollo humano.
 
IV.B.2. Atacar las causas estructurales de la pobreza.
IV.B.3. Transformar la política asistencialista, adoptando una perspectiva de derechos humanos que garantice la igualdad de oportunidades y de acceso a los bienes y servicios básicos para el desarrollo humano, como la salud, la educación, la alimentación, la vivienda y la cultura.
IV.B.4. Procurar que toda la población tenga acceso a una alimentación saludable, con una ingesta calórica y nutricional diaria satisfactoria.
IV.B.5. Desarrollar un sistema de educación pública, laica y gratuita, de calidad mundial.
IV.B.5.1. Colocar a las y los estudiantes en el centro de toda política educativa.
IV.B.5.1.1. Garantizar que la educación obligatoria deberá ser accesible para todas y todos los habitantes del país, favoreciendo una localización geográfica razonable y el uso de tecnologías de la información y la comunicación que faciliten el acceso al sistema educativo.
IV.B.5.1.2. Se establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con el fin de asegurar su permanencia en el sistema educativo.
IV.B.5.2. Mejorar los programas de atención a la población con rezago educativo.
IV.B.5.3. Incrementar la calidad de los contenidos y medios educativos, como segunda etapa de una reforma educativa a fondo.
IV.B.5.4. Fortalecer la participación de padres, madres de familia, tutores y personal docente en el sistema educativo, garantizando la libertad educativa que impulse la innovación pedagógica y la vigencia del principio constitucional del interés superior de la niñez.
IV.B.5.5. Garantizar que hombres y mujeres tengan acceso por igual a la educación en todos sus niveles.
IV.B.5.6. Mejorar la educación para la apropiación tecnológica en todos los niveles.
IV.B.5.7. Reformular los planes de estudio de la educación media y media superior, vinculándolos con las actividades productivas mediante esquemas de educación dual, haciendo énfasis en la adquisición de competencias, la valoración del trabajo técnico y la alfabetización digital, como herramientas de estímulo a la inteligencia y la creación.
IV.B.5.8. Reformar la educación superior, creando un nuevo marco normativo que estimule y permita la flexibilidad, adaptabilidad, vinculación entre instituciones, internacionalización, investigación y creación del conocimiento, la seguridad jurídica y la seguridad financiera de las instituciones a cargo del Estado.
IV.B.5.9. Promover programas de dignificación magisterial, que aseguren el pleno cumplimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación y aseguren la capacitación, profesionalización y actualización continua, así como el conjunto de condiciones indispensables que deben cumplirse en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente.
IV.B.5.10. Promover la cultura cívica y la formación ciudadana.
IV.B.5.10.1.Recuperar el papel de la educación en la formación cívica de la sociedad, con un sentido nacional que fomente la tolerancia y el respeto por la diversidad cultural y las diferencias, tanto al interior de nuestro país como en el contexto de la globalización.
IV.B.5.10.2. Educar para la democracia a través de programas que formen en el pensamiento crítico y promuevan los valores democráticos y la formación de una cultura ciudadana.
IV.B.6. Establecer una política cultural de Estado que estimule la producción y consumo de bienes y servicios culturales nacionales, que afiance nuestra identidad cultural y proyecte la producción cultural de México en el mundo.
IV.B.6.1. Democratizar el acceso a los bienes y servicios culturales como derechos humanos.
IV.B.6.2. Incorporar el enfoque de industrias culturales, en las políticas públicas sobre cultura, y vincularlas con las políticas de desarrollo económico.
 
IV.B.6.3. Fortalecer la diversidad cultural regional del país, descentralizando los programas culturales, para estimular que las instituciones estatales y privadas sean copartícipes en el diseño y financiamiento de las actividades culturales.
IV.B.6.4. Promover valores de identidad cultural que promuevan la cohesión social y el orgullo nacional.
IV.B.6.5. Promover el desarrollo cultural y la creatividad entre la niñez y la juventud, por medio de la educación y su participación en eventos culturales.
IV.B.6.6. Recuperar los espacios públicos promoviendo en ellos programas culturales.
IV.B.6.7 Establecer un programa de inversión en cultura, con participación del sector público y privado, para llevar adelante intervenciones culturales en zonas marginadas para influir en la recuperación de los espacios públicos a través de la generación de cohesión social.
IV.B.6.8 Promover la generación de cultura a nivel local a través del fortalecimiento de la participación ciudadana y otorgando estímulos y beneficios a los productores.
IV.B.6.9 Promover canales comerciales (internos y externos) sin intermediarios para los productos artesanales fabricados por diversas comunidades del país, con el que se garantice la remuneración justa por el trabajo realizado.
IV.B.7. Establecer una política de Estado que fomente la ciencia y la tecnología mexicanas, orientándola con visión estratégica a contribuir al desarrollo nacional.
IV.B.7.1. Incrementar los presupuestos públicos destinados a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, incluyendo programas de divulgación científica y técnica, dándoles continuidad a lo largo del tiempo.
IV.B.7.2. Priorizar programas y proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico orientados al beneficio social.
IV.B.7.3 Consolidar una política de ciencia y tecnología de largo plazo, orientada a sectores estratégicos prioritarios y a proyectos socialmente significativos, mejorando el presupuesto asignado a esa área.
IV.B.7.4 Promover la vinculación entre la generación de conocimiento (los centros de investigación y el desarrollo científico y tecnológico) con los sectores productivos y con la sociedad.
IV.B.8. Consolidar un sistema de salud universal y de calidad internacional.
IV.B.8.1. Promover una integración verdadera de las instituciones de salud que elimine la actual fragmentación de la atención a la salud, constituyendo un Fondo Único para la Salud.
IV.B.8.2. Transitar hacia un modelo que priorice la prevención de las enfermedades, fortaleciendo los programas de educación para la salud y prevención en la atención primaria, dotándolos de recursos suficientes.
IV.B.8.3. Fortalecer la figura del médico general.
IV.B.8.4. Establecer un programa integral de consulta y hospitalización en domicilio.
IV.B.8.5. Crear condiciones para propiciar una mejor distribución regional de la infraestructura y los recursos profesionales para la atención a la salud.
IV.B.8.6. Revisar el sistema de formación médica, buscando jornadas más humanas que reduzcan los riesgos asociados a la falta de descanso de los médicos internos de pregrado y los residentes médicos de especialidad.
IV.B.8.7. Garantizar el abastecimiento de medicamentos en la red hospitalaria pública a partir de convenios con farmacéuticas para crear un sistema de surtido por prescripción de dosis exactas, para eliminar desperdicios.
IV.B.9. Formular una política de vivienda con enfoque de derechos humanos, para que las y los mexicanos gocen de vivienda digna, de calidad, acorde con sus necesidades, convivencia comunitaria y acceso a internet.
 
IV.B.9.1. Desarrollar soluciones habitacionales urbanas asequibles para la población, localizadas en zonas que permitan reducir los tiempos de traslado entre los hogares y los centros de actividad laboral y otras.
IV.B.9.2. Implementar acciones y promover nuevas normas jurídicas para impedir la especulación desmedida de los suelos para vivienda urbana.
IV.B.9.3. Crear un programa que proporcione asistencia técnica para esquemas de autoconstrucción y extensión de vivienda.
IV.B.9.4. Instrumentar un Sistema Nacional de Vivienda, e incrementar el número de créditos que puedan disponer sus derechohabientes.
IV.B.10. Elaborar un plan integral de desarrollo de la infraestructura de transporte urbano e interurbano con visión de largo plazo.
IV.B.10.1. Promover un mayor uso de los ferrocarriles en el transporte de carga, sobre todo en las corridas largas.
IV.B.10.2. Establecer un amplio programa de caminos intensivos en mano de obra para comunicar a comunidades aisladas.
IV.B.10.3. Aprovechar la extensión de los litorales del país para intensificar el transporte marítimo de cabotaje.
IV.B.10.4. Privilegiar las soluciones de transporte público en los centros urbanos.
IV.B.10.5. Fortalecer la infraestructura logística para la operación intermodal.
IV.B.10.6. Intensificar las tareas de mantenimiento de la infraestructura de transporte ya existente.
IV.B.10.7. Eliminar la discrecionalidad y la falta de transparencia (corrupción) en las licitaciones de las obras de infraestructura de transporte.
IV.B.11. Reformar el sistema de pensiones del país, para garantizar una pensión suficiente para el retiro digno de trabajadores y trabajadoras.
IV.B11.1. Incrementar las aportaciones para el fondo de retiro.
IV.B.11.2. Reducir las comisiones de las Afores.
IV.B.11.3. Fusionar o hacer intercambiables para el derechohabiente los fondos de vivienda y pensiones.
IV.B.12. Establecer políticas públicas transversales que garanticen los derechos de las mujeres, los niños, niñas y jóvenes, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad; con un enfoque de inclusión social, sin discriminación o algún tipo de violencia.
IV.B.12.1. Establecer políticas públicas para garantizar la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.
IV.B.12.2. Afirmar un criterio de transversalidad de género en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas.
IV.B.12.3. Garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de políticas públicas encaminadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra ellas.
IV.B.12.3.1. Crear fiscalías especializadas con personal capacitado para atender delitos relacionados con la violencia hacia las mujeres.
IV.B.12.4. Garantizar el enfoque de juventud en las políticas públicas, e impulsar la participación de las y los jóvenes en el diseño, instrumentación y evaluación de éstas.
IV.B.12.4.1. Garantizar el acceso de las y los jóvenes a la educación y la capacitación, promoviendo que desarrollen una actitud emprendedora y creativa.
IV.B.12.4.2. Promover mecanismos de inserción laboral, económica, política, social y cultural de las personas jóvenes en México.
 
IV.B.12.5. Establecer políticas públicas que promuevan una calidad de vida digna y saludable para las personas adultas mayores, con un enfoque de derechos humanos.
IV.B.12.6. Implementar políticas públicas orientadas a garantizar los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas y erradicar su marginación social y económica.
IV.B.12.6.1. Desarrollar programas para apuntalar la cultura y usos y costumbres de las comunidades indígenas, sin más límite que el respeto al marco legal del país, a los derechos humanos, a la equidad de género y a la igualdad de oportunidades para sus integrantes.
IV.B.12.6.2. Instrumentar estrategias de desarrollo que permitan sacar del atraso y de la pobreza a nuestras comunidades indígenas, respetando su cultura y usos y costumbres.
IV.B.12.7. Promover la inserción social y económica de las personas con alguna discapacidad, y adecuar la infraestructura pública y privada para contribuir a dicho propósito.
IV.B.12.7.1. El diseño y la elaboración de las políticas públicas para las personas con discapacidad, debe sustentarse en una nueva visión en donde se resalten sus valores, capacidades y derechos, con el firme objetivo de erradicar las viejas prácticas asistencialistas y se promueva en todo momento las oportunidades reales de superación y se promueva una cultura de respeto y su inclusión en la sociedad.
IV.B.12.7.2. Iniciar el proceso de armonización legislativa que se requiere para que toda la legislación nacional y las leyes estatales, retomen y garanticen los derechos, principios y acciones afirmativas consagradas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
IV.B.13. Fortalecer la libertad y democracia sindicales, y las instancias de defensa de justicia laboral. Y desmantelar el sindicalismo corporativo adscrito a partidos políticos, gobiernos y a grupos de interés contrarios a los intereses de la sociedad.
IV.B.14. Garantizar los derechos laborales de las personas que trabajan en la maquila y realizan labores en el hogar.
IV.B.15. Implementar mecanismos en el ámbito del trabajo que permitan avanzar en la conciliación de la vida familiar con la vida laboral.
IV.B.16. Promover el acceso universal a las tecnologías de la comunicación y la información como un derecho, reduciendo la brecha digital.
IV.B.16.1. Impulsar el desarrollo de ciudades y pueblos digitales.
IV.B.16.2. Promover el derecho a la privacidad y la seguridad cibernética.
IV.B.16.2.1 Establecer políticas y herramientas que garanticen la seguridad de los datos personales, la información, las transacciones y la privacidad en las redes digitales.
IV.B.16.3. Defender la libertad de expresión sin censura gubernamental en las redes sociales digitales.
IV.B.16.4. Establecer una amplia agenda digital para el desarrollo económico que contribuya a profundizar la inclusión financiera y el desarrollo de la economía digital.
IV.C. Medio ambiente y desarrollo sostenible.
IV.C.1. Poner al desarrollo sostenible en el centro de la estrategia de desarrollo nacional.
IV.C.2. Incorporar los principios de justicia intergeneracional, precautorio, evaluación ambiental estratégica y el que contamina paga para toda explotación de los recursos naturales o cualquier tipo de proyecto productivo, recreativo o turístico.
IV.C.3. Fortalecer el marco jurídico y las instituciones encargadas de salvaguardar los ecosistemas del país y de revertir su degradación, así como de cuidar el medio ambiente y la protección a los animales.
IV.C.4. Instrumentar políticas de Estado que aseguren que el país cumpla con sus compromisos internacionales en materia de cambio climático y calentamiento global, así como de protección de la biodiversidad.
 
IV.C.5. Incorporar en las políticas de desarrollo económico consideraciones de sostenibilidad ambiental.
IV.C.5.1. Integrar a las comunidades en el diseño, ejecución y supervisión de los planes y proyectos de desarrollo que afectan los recursos naturales de sus localidades, respetando sus derechos, formas de vida, usos y costumbres, desde un enfoque intercultural.
IV.C.5.2. Los proyectos de desarrollo turísticos y de inversión públicos o privados, deberán contar con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.
IV.C.5.3. Establecer regulaciones para que la explotación de los recursos naturales de pueblos originarios y comunidades indígenas sea sostenible y beneficie a las propias comunidades.
IV.C.5.4. Llevar a la práctica el principio de que quien contamina paga en toda explotación de los recursos naturales o proyecto productivo, recreativo o turístico.
IV.C.5.5. Impulsar el desarrollo de empresas limpias y ambientalmente sostenibles que contribuyan al desarrollo económico y social del país, basadas en la explotación racional de los recursos, con evaluaciones ambientales estratégicas, límites de contaminación, gestión de residuos y condiciones saludables para los trabajadores.
IV.C.5.6. Fomentar proyectos ambientalmente sostenibles en zonas marginadas, evitando prácticas de explotación irracional que ponen en riesgo sus recursos naturales.
IV.C.5.7. Promover el turismo ambientalmente sostenible y comprometido con el desarrollo de las comunidades locales.
IV.C.5.8. Impulsar vínculos de cooperación internacional que favorezcan el intercambio y desarrollo de nuevas tecnologías que mejoren la producción industrial y resulten amigables con el medio ambiente
IV.C.5.9. Establecer impuestos ecológicos.
IV.C.6. Favorecer esquemas financieros de apoyo a los centros de investigación e instituciones educativas, para realizar estudios específicos sobre medio ambiente y biodiversidad.
IV.C.7. Poner en marcha acciones que detengan la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos del país (y en lo posible los recuperen), aprovechando racionalmente el agua y garantizando su abasto suficiente en las distintas regiones del país.
IV.C.8. Fortalecer y supervisar el cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial.
IV.C.8.1. Crear un nuevo modelo de desarrollo urbano y territorial en el país, con la participación y vigilancia de la sociedad, que fomente la creación de ciudades y la adecuación de las ya existentes, bajo criterios de sostenibilidad, viabilidad y resiliencia en materia de crecimiento ordenado, asentamientos humanos, seguridad, protección civil, infraestructura, servicios públicos, transporte, movilidad, y calidad de vida de sus habitantes.
IV.C.8.2. Establecer mecanismos de gestión (coordinación institucional) y gobernanza urbana, y en donde resulte aplicable, de carácter metropolitana y megalopolitana.
IV.C.8.3. Propiciar el reagrupamiento y fusión en el país de los municipios poco poblados o dispersos, para garantizar su viabilidad política, y su desarrollo económico y social sostenibles.
IV.C.9. Incorporar a la matriz energética fuentes alternativas, limpias y renovables, realizando en ellas un esfuerzo importante de desarrollo tecnológico propio.
IV.C.10. Planear e implementar programas de protección civil y prevención de desastres, con participación y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, así como con la participación de la sociedad.
V.    El fortalecimiento de la posición de México en el mundo
En el actual contexto internacional, la política exterior de los Estados adquiere un nuevo significado. Una política exterior de Estado, fincada en los más altos intereses de nuestro país debe constituirse como palanca del desarrollo nacional. Hoy como nunca en su historia, México está en condiciones de convertirse en uno de los principales protagonistas de la escena internacional. El saldo demográfico favorable, nuestro peso económico global siendo una de las quince mayores economías del mundo, y nuestra ubicación geográfica privilegiada, hacen de nuestro país un actor con un potencial e influencia crecientes en los próximos treinta años.
 
Llegar hasta ahí será un camino arduo, que nos obliga a ser conscientes sobre la enorme responsabilidad y también oportunidad que ello representa para México, en términos económicos y de política internacional. Por esa razón debemos buscar desplegar una estrategia de Estado para que nuestra participación y nivel de influencia en los organismos multilaterales internacionales corresponda al creciente grado de importancia del país.
Esa ruta implica también fortalecer nuestra soberanía, a través de intensificar nuestra relación con otras regiones amigables y con potencial de oportunidad para México, a efecto de contrarrestar la vulnerabilidad económica y de seguridad que supone nuestra enorme dependencia respecto de la que hasta hoy es la primera potencia global. Buscaremos posicionar a México en los foros y organismos internacionales y promover nuestros intereses, para apoyar los objetivos del país en materia desarrollo humano y desarrollo sostenible, y fomentar la cooperación en áreas fundamentales como el desarrollo científico tecnológico y el combate a las amenazas a la seguridad. Instrumentaremos una política exterior fincada en los más altos intereses sociales, económicos, políticos y culturales de nuestro país; una política exterior que influya en la construcción de un orden internacional con paz, seguridad, desarrollo y respeto a los derechos humanos.
En ese camino estratégico, debemos también promover los valores que como país nos han dado prestigio en el mundo, como son nuestra vocación de pacifismo, solidaridad y cooperación internacionales. Pero adecuando también nuestro marco de actuación internacional a los valores que son irrenunciables en el siglo XXI, es decir, los de la democracia plena como forma de gobierno, el del respeto irrestricto a los derechos humanos, la gobernanza y el trabajo decente.
En la Coalición Por México al Frente nos proponemos:
V.1. Consolidar una política exterior de Estado, que defina con claridad y promueva y defienda activamente los intereses nacionales, orientándola a apoyar el desarrollo nacional.
V.1.1. Mantener una política exterior independiente y soberana definida en función de los principios e intereses nacionales. Reconocer la creciente importancia y complejidad de los asuntos de política exterior.
V.1.2. Incluir entre los objetivos de la política exterior nacional la defensa y promoción de los principios democráticos y los derechos humanos en el mundo.
V.1.3. Hacer de la política exterior un instrumento eficaz para fortalecer nuestros vínculos económicos, comerciales y de cooperación con otras naciones y regiones del mundo.
V.1.4. Ampliar las facultades del Senado de la República, en la conducción y evaluación de la política exterior.
V.1.5. Establecer un Comité Consultivo Ciudadano de Política Exterior, que permita y promueva una mayor participación de la sociedad en los asuntos de política exterior, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
V.1.6. Poner en marcha un sistema de inteligencia estratégica para la planeación y toma de decisiones en materia de relaciones exteriores, con el fin de fortalecer el posicionamiento de México en el mundo.
V.1.7. Fortalecer la coordinación y la actuación de las diferentes dependencias del gobierno federal en materia de política exterior.
V.1.8. Destinar mayores recursos para el desempeño de las embajadas y consulados de México en el exterior. De manera especial, incentivar la asignación presupuestal destinada a la protección consular de connacionales en el exterior.
V.2. Redefinir la relación estratégica con Estados Unidos, con un enfoque integral, desarrollado a partir de nuestra dependencia mutua y vecindad geográfica, y priorizando los intereses nacionales.
V.2.1. Incorporar en los acuerdos de libre comercio que suscriba México, en particular en aquellos con Estados Unidos, cláusulas relativas al flujo migratorio, a los derechos de los trabajadores y a los asuntos medioambientales.
V.2.2. Impulsar el cabildeo en el Congreso de Estados Unidos para posicionar el interés nacional de México en temas sensibles como la política migratoria, la seguridad y el libre comercio en América del Norte.
V.2.3. Fortalecer la defensa de los derechos humanos y laborales de las personas migrantes mexicanos en Estados Unidos y el resto del mundo.
 
V.2.4. Empoderar a las comunidades de origen mexicano dentro de los Estados Unidos, apoyando su agenda y fortaleciendo su contribución a los intereses de México y generar acciones para apoyar la regularización de los llamados dreamers.
V.2.5. Evaluar y diseñar nuevos programas de apoyo a migrantes mexicanos para identificar áreas no cubiertas, priorizando el apoyo legal y la asesoría.
V.2.6. Promover un nuevo programa de cooperación en materia de seguridad entre México-Estados Unidos, bajo el enfoque de la reducción de la violencia y la seguridad ciudadana, que trate con la misma importancia los tráficos ilícitos de ambos lados de la frontera (estupefacientes hacia Estados Unidos, armas desde Estados Unidos hacia México).
V.3. Garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas inmigrantes, principalmente centroamericanos, en su tránsito por nuestro país. Especialmente, promover los esquemas de cooperación que contemplen el desarrollo local de capacidades en los lugares de origen de la migración.
V.4. Fortalecer los programas que faciliten la movilidad educativa, permitan el intercambio y mediante la educación fortalezcan los vínculos que nos unen con todas las naciones.
V.5. Consolidar los esquemas de cooperación internacional y coordinación inter agencial en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada transnacional, a partir de los principios de solidaridad, responsabilidad compartida y respeto a la soberanía nacional.
V.5.1. Continuar impulsando a nivel internacional el debate sobre las políticas de drogas y el cambio de paradigma del prohibicionismo a la reducción de daños y riesgos.
V.6. Diversificar las relaciones de México con otros países y regiones.
V.6.1. Reforzar y diversificar la presencia internacional de México en organismos multilaterales.
V.6.2. Fortalecer de manera prioritaria las relaciones de México con los países de América Latina y el Caribe, incrementando su participación en los mecanismos y foros subregionales.
V.6.2.1 Impulsar un mecanismo de integración regional con América Latina y el Caribe que promueva el libre comercio, la migración ordenada, la inversión en infraestructura y el desarrollo sostenible en la región.
V.6.3. Profundizar en la relación política y comercial con la Unión Europea, a fin de atraer inversiones que favorezcan el desarrollo de México.
V.6.4. Definir una relación estratégica con África y Medio Oriente.
V.6.5. Fortalecer la presencia de México en la Alianza del Pacífico a través de proyectos de cooperación en ciencia y tecnología, integración de empresas y un mecanismo de diálogo político más eficiente.
V.6.6. Establecer una mayor cooperación económica y de inversión con China y el Pacífico asiático.
V.6.7. Ampliar las relaciones políticas, comerciales, culturales y de cooperación con regiones estratégicas y economías emergentes.
V.6.8. Promover los lazos de cooperación entre los gobiernos subnacionales.
V.6.9. Desarrollar y utilizar activamente la imagen de México, y promover a través de nuestras embajadas y consulados lo mejor de la cultura y de las aportaciones de México al mundo.
V.7. Defender y fortalecer el multilateralismo.
V.7.1. Contribuir al fortalecimiento y eficacia de los organismos internacionales como los mejores instrumentos para afrontar los retos actuales de la humanidad.
V.7.2. Incrementar la presencia y el liderazgo de México en los organismos internacionales.
V.7.3. Aprovechar nuestra membresía en los organismos internacionales para promover e impulsar los objetivos e intereses nacionales de México y hacer de nuestra política exterior y nuestra participación en el marco multilateral una verdadera palanca para la promoción del desarrollo nacional.
 
ANEXO TRES
Apuntes para un Programa de Gobierno
COALICIÓN
POR MÉXICO
AL FRENTE
APUNTES PARA UN
PROGRAMA DE GOBIERNO
APUNTES PARA UN PROGRAMA DE GOBIERNO
I.     Por un programa de gobierno digno
II.     Por un programa de gobierno con principios
III.    Por un programa de gobierno para la igualdad
IV.   Por un programa de gobierno para la seguridad
V.    Por un programa de gobierno honesto
I.     Por un programa de gobierno digno
México padece tres problemas principales: la desigualdad, la inseguridad y la corrupción. Los tres están concatenados y son causa de las muy diversas dificultades que afronta nuestro país y cuyas manifestaciones se expresan en cada uno de los diagnósticos que los describen, caso por caso. Este programa está construido para enfrentar esos problemas desde una concepción radicalmente distinta a la que ha prevalecido hasta ahora. Afirmamos que:
1.     La desigualdad no puede seguir siendo atendida desde una política social de carácter asistencialista ni compensatoria, sino que debe asumirse como el eje conductor de todas y cada una de las decisiones del Estado mexicano, incluyendo el modelo de desarrollo y la política económica que se han seguido hasta ahora.
2.     La seguridad es la función primaria de cualquier Estado y, en consecuencia, no puede seguir ceñida únicamente al combate contra la delincuencia organizada, sino que debe extenderse hacia la protección de las personas en los aspectos cotidianos, para el pleno goce de sus derechos y frente a amenazas nacionales o externas.
3.     La corrupción es la consecuencia de la captura de los puestos y los presupuestos públicos para fines diferentes a los que justifican su existencia y, por lo tanto, controlarla y combatirla exige una profunda reforma de los gobiernos federal, estatales y municipales.
No hemos podido resolver esos problemas, porque el régimen que se construyó al final del siglo XX, si bien logró romper décadas de hegemonía de un partido casi único, inyectar pluralidad a la vida nacional y abrir nuevos espacios para la crítica y la participación de la ciudadanía en la vida pública, también fue capturado por una clase política que desnaturalizó la vinculación entre la sociedad política y la sociedad civil. Los integrantes de la Coalición Por México al Frente reconocemos que la mecánica de la competencia electoral generó un creciente distanciamiento entre la clase política y la ciudadanía, porque no fuimos capaces de cancelar en definitiva las prácticas clientelares, el mal uso de los recursos públicos, la captura de los puestos públicos y la polarización de nuestros conflictos.
La alternancia en la Presidencia de la República abrió expectativas de cambio que no lograron colmarse, en parte por los candados impuestos por la mayoría legislativa de aquellos años pero, en parte, también, porque las modificaciones principales que se impulsaron en los primeros años del nuevo siglo debieron hacerse en la periferia del régimen, sin que se haya logrado erradicar el sistema presidencialista, modernizar los gobiernos de los estados o modificar la debilidad estructural de los municipios. Tampoco fue posible establecer una visión de largo aliento para el nuevo siglo, capaz de dejar atrás para siempre las viejas prácticas de captura y abuso de atribuciones y presupuestos públicos ni, en consecuencia, impedir que las peores expresiones del pasado político del país volvieran a presentarse como una opción electoral válida.
El conflicto de las elecciones de los últimos lustros no sólo ha puesto en jaque las instituciones electorales y generado una polarización sin salida, sino que sembró el terreno para la vuelta del PRI al Ejecutivo Federal en el año 2012. El triunfo del otrora partido hegemónico canceló todas las expectativas de cambio democrático y quebró la esperanza de modificar nuestro régimen político desde la raíz. El desencanto y la desconfianza se impusieron sobre cualquier visión de futuro: el encono y la vuelta al pasado acrecentaron la mecánica del conflicto en la que todavía estamos inmersos-e interrumpieron la construcción de un nuevo proyecto democrático para México.
Los partidos de la Coalición reconocemos la que ha sido, a nuestro juicio, nuestra mayor responsabilidad: en aras de impedir la vuelta al predominio del PRI o de someternos a los designios de una sola persona, caímos en el juego de la disputa enconada entre partidos y contribuimos a generar un ambiente que alejó a las y los ciudadanos de la vida política del país. Y en el camino, los tres problemas principales de México se profundizaron, generando mayor desigualdad social y más pobreza, mayor inseguridad y corrupción. Ponemos por delante este reconocimiento porque México necesita una transformación definitiva en su régimen político, para consolidar la democracia con la participación consciente y activa de las y los ciudadanos. México necesita un nuevo régimen.
Este programa se sostiene en la convicción de que es urgente modificar esa mecánica de conflicto, reconocer las causas de los problemas que nos agobian y no sólo sus efectos- y abrir las puertas de la política, bloqueada por las dirigencias de los partidos y los intermediarios, a la participación de la sociedad en todos los planos de la vida pública. Es urgente distribuir y controlar el poder público de una manera diferente: desbloquearlo de quienes lo han convertido en patrimonio de unos cuantos ya sean los aparatos o los líderes-- para someterlo a la soberanía del pueblo. Es urgente que la concepción del Estado abandone la confusión que todavía prevalece con la gestión de los gobiernos, para avanzar hacia la consolidación de un espacio político que nos abarque a todos. Es urgente hacer valer los derechos conquistados por las personas, sin restricciones burocráticas ni corrupción; es urgente romper las barreras que siguen sometiendo a los pobres y eternizando el poder de los acaudalados; es urgente combatir todas las formas de discriminación y es urgente potenciar la riqueza económica y cultural del país. Nada de esto sucederá mientras prevalezcan las prácticas políticas y burocráticas que han minado la democracia mexicana y mientras siga creyéndose que todas las soluciones podrán venir desde la Presidencia de la República. Las soluciones no residen en un cambio de gobernantes, sino en un cambio de principios, valores y formas de abordar los problemas.
Nos hace falta un nuevo pacto político y social capaz de dejar atrás esa quimera, para consolidar el paso hacia la democracia, con la más amplia colaboración posible entre la sociedad y los gobiernos. El programa del cambio que aquí se propone ha de ser resultado de la deliberación y el consenso entre todos los grupos sociales, con la convicción de vencer la corrupción y la impunidad, de acabar con la violencia y desterrar la desigualdad y la pobreza, con una economía que crezca, pero que crezca para todos con salarios dignos.
II.     Por un programa de gobierno con principios
México es un país largamente diagnosticado, pero al que le han faltado soluciones. En ausencia de un hilo conductor que afirme los principios sobre los cuales han de plantearse las políticas indispensables para afrontar los problemas que nos agobian y a falta de definiciones claras, se ha cometido el error de diseñar leyes e instituciones fragmentarias para salir del paso. Un programa de gobierno no es una lista de buenos propósitos ni, mucho menos, de ocurrencias. Esa forma de hacer frente a los grandes problemas nacionales ha sido una de las causas que han impedido contar con un gobierno capaz de ofrecer buenos resultados. Y esto, a su vez, ha creado una barrera de desconfianza entre sociedad y gobiernos. Para evitar ese error repetido sexenio tras sexenio, es preciso poner por delante los principios a partir de los cuales habrá de organizarse la República y reconocer, sin dejar lugar a dudas, que la desigualdad, la inseguridad y la corrupción son consecuencia de los errores cometidos. En la Coalición Por México al Frente:
1.     Nos declaramos demócratas porque reconocemos la fuerza de la pluralidad, del diálogo, la deliberación y de la construcción y el control del poder a partir de la voluntad y la participación ciudadana.
2.     Nos declaramos republicanos porque reconocemos el mérito como única vía para ocupar cargos públicos.
3.     Nos declaramos a favor de un cambio de régimen de gobierno donde el poder público resida en la soberanía del pueblo, en el que no tengan cabida los funcionarios que responden a intereses diferentes del bienestar de la población.
4.     Nos declaramos partidarios de una sociedad de derechos que incentive la movilidad social y respete la dignidad humana y la libertad personal para el pleno desarrollo de las personas
5.     Nos declaramos en favor de un federalismo con pesos y contrapresos entre los Poderes de la Unión y los órdenes de gobierno, sustentado en la participación ciudadana y que esté a salvo de la captura de intereses particulares.
6.     Nos declaramos por la dignificación de la política como el espacio de todos abierto e incluyente, sobre la base del respeto a la ley justa para hacer valer los derechos.
7.     Nos declaramos en favor del respeto de las formas de organización política, económica y cultural de
los pueblos indígenas.
8.     Nos declaramos en contra de las prácticas y personajes que capturan y corrompen la representación política.
9.     Nos declaramos por la apertura democrática de los medios masivos, electrónicos y digitales de comunicación y de la más absoluta libertad de prensa.
10.   Nos declaramos a favor de la obligación de los gobiernos para garantizar una distribución justa de la riqueza, y para combatir la pobreza y la marginación en todas sus dimensiones y manifestaciones.
11.   Nos declaramos a favor de una política fiscal más justa y equitativa que promueva la generación de riqueza y el abatimiento de la desigualdad
12.   Nos declaramos a favor de un modelo de desarrollo inspirado en los principios de la economía social de mercado orientada al crecimiento económico con equidad.
13.   Nos declaramos en favor de la iniciativa privada producto del legítimo esfuerzo, de la innovación y de la construcción de oportunidades para hacer crecer a la economía y generar empleos dignos.
14.   Nos declaramos en favor de un desarrollo sostenible que fomente el equilibrio ecológico, promueva la responsabilidad ambiental en las acciones individuales y garantice los derechos ambientales de las futuras generaciones. Estamos en contra del predominio de objetivos económicos a costa del medio ambiente.
15.   Nos pronunciamos porque los recursos que utiliza el Estado sean utilizados primordialmente para la igualdad y la protección de los grupos vulnerables de la sociedad. El desarrollo sin igualdad es inaceptable.
16.   Nos declaramos en favor de un Estado de Derecho que combata a la corrupción desde sus causas e impida la captura de puestos y presupuestos para favorecer trayectorias y grupos políticos, porque rechazamos la impunidad.
17.   Nos pronunciamos por un Estado que garantice la seguridad a cada persona con pleno respeto a los derechos humanos y que revierta las condiciones sociales que propicien el crimen.
18.   Nos pronunciamos por el reconocimiento e indemnización a las familias víctimas de la violencia y negligencia del Estado, para no olvidar, aprender del pasado y construir un futuro libre de violencia.
19.   Nos declaramos en favor de la rendición de cuentas ante la sociedad de todos los poderes públicos y de todas las personas que utilicen recursos públicos, tanto en función de la congruencia entre lo que se ofrece y se entrega, como de la calidad y la transparencia para obtener resultados.
20.   Nos declaramos en favor de la igualdad de género, así como nos manifestamos contra toda violencia en cualquiera de sus expresiones.
21.   Nos pronuniciamos en contra de toda clase de discriminación. Rechazamos las barreras invisibles para la plena igualdad entre todas las personas.
22.   Nos declaramos en favor de la libertad religiosa y el pleno respeto y tolerancia de las creencias las personas, en el marco de la vigencia del Estado laico.
23.   Nos pronunciamos por un Estado que atienda de manera incluyente las necesidades de los grupos más vulnerables de la sociedad.
24.   Nos declaramos a favor de un sistema de procuración y administración de justicia libre de malas prácticas, corrupción e impunidad.
25.   Nos declaramos a favor del derecho inalienable de todas las personas a vivir en un entorno seguro y libre de violencia.
26.   Nos pronunciamos por un Estado que impulse el desarrollo científico y tecnológico nacional orientándolo con visión estratégica al desarrollo nacional y el beneficio social.
27.   Nos pronunciamos por un sistema de pensiones que asegure un retiro digno a los trabajadores.
28.   Nos pronunciamos por una política exterior de Estado, que defina con claridad, promueva y defienda activamente los intereses nacionales, orientándola a apoyar el desarrollo nacional.
29.   Nos declaramos en favor del universalismo porque concebimos a la humanidad como una sociedad global fraterna. Somos solidarios y abiertos al derecho de asilo para todo ser humano en busca de seguridad y condiciones dignas de vida.
 
30.   Nos declaramos en favor de que el Estado garantice el acceso universal, gratuito y de calidad a la protección de la salud; así como a la educación pública, gratuita, laica y de calidad en todos sus niveles, para formar seres humanos íntegros, libres y solidarios.
31.   Nos declaramos a favor de una Agenda Digital transversal para el desarrollo. Promoveremos una amplia política pública digital, con la finalidad de acelerar el crecimiento de un México incluyente, competitivo, justo y más democrático.
El programa de gobierno que habrá de ponerse a deliberación entre los ciudadanos los que militan y los que no militan en partidos, haciendo del diálogo y la acción compartida los instrumentos fundamentales para cambiar a México se ajustará a esos principios y será consecuente con cada uno de ellos. Las políticas que aquí se enuncian para atajar los efectos más nocivos de nuestros yerros, pondrán al país a salvo de los vicios acumulados durante el siglo XX y lo situarán en la ruta del futuro democrático, justo, equitativo y digno que nos merecemos.
III.    Por un programa de gobierno para la igualdad
El mayor problema de nuestro país es la desigualdad. México no es un país pobre, sino un país de pobres: uno en el que las oportunidades para el crecimiento igualitario y para la movilidad social han sido bloqueadas por quienes han dominado durante décadas los espacios de decisión política y la economía.
Nuestro país es el más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y se encuentra dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el ingreso en el mundo. El 10% más rico de la población en México gana 20 veces más que el 10% más pobre, en tanto que en los países de la OCDE el promedio es de cerca de 8 veces más.(1) El resultado del indicador aumentó en contraste con las mediciones registradas para 2007 y 2010.
Coeficiente de Gini para medir desigualdad en el ingreso en países de la OCDE.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Distribución del Ingreso en países de la OCDE: Coeficiente de Gini, pobreza, ingreso, métodos y conceptos. http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm
En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que en México la distribución de la riqueza es muy inequitativa, ya que el 80% de los activos financieros se concentran en el 10% de las familias y el 10% de las empresas del país concentran el 93% de los activos físicos. (2)
De acuerdo con el informe Desigualdad extrema en México de OXFAM(3), desde mediados de los noventa, en México el ingreso per cápita ha crecido al igual que la pobreza, debido a la desigualdad en la distribución de los ingresos, concentrada en los deciles más altos de ingreso de la población.
Con base en las diversas mediciones de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la pobreza por dimensión de ingreso en México relacionada a la adquisición de la canasta básica de alimentos y los gastos necesarios para acceder a salud, educación, vestido, vivienda y transporte llegó a su máximo en 1996 y, tras su nivel más bajo en 2006, empezó a crecer nuevamente.
Evolución de la pobreza por la dimensión de ingreso(4), 1992-2016

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las ENIGH de 1992 a 2016, el MCS-ENIGH 2008-2014 y el MEC 2016 del MCS-ENIGH.
De acuerdo con el reporte más reciente del CONEVAL(5), 4 de cada 10 personas en México se encuentran en situación de pobreza, es decir, 43.6% de la población nacional (53,418,151 personas). A pesar de que esta cifra representa una disminución del 3.5% con respecto a 2014 con el uso del nuevo modelo estadístico para la medición de pobreza, resulta muy relevante identificar dos grandes áreas de oportunidad que existen en relación al combate a la pobreza.
En primer lugar, existe más pobreza en regiones específicas de la República. En estados como Guerrero, Michoacán, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, el porcentaje de pobreza alcanza a más del 50% de la población y, en el caso de Chiapas y Oaxaca, a más del 70%.

En segundo lugar, a pesar de que la medición de pobreza ha disminuido someramente a nivel nacional, ésta ha incrementado en regiones específicas del país. De 2014 a 2016, cinco estados incrementaron su porcentaje de habitantes en situación de pobreza: Veracruz (4.1%), Oaxaca (3.6%), Tabasco (1.2%), Chiapas (0.8%) y Campeche (1.7%). En el caso de los primeros cuatro, estados con un alto porcentaje de habitantes pobres en ambas mediciones.
 

De forma complementaria a las áreas de oportunidad relacionadas exclusivamente al ingreso, en la medición del Índice de Desarrollo Humano (IDH)(6) que contempla tres dimensiones básicas para el desarrollo de las personas: esperanza de vida, educación e ingreso per cápita, México obtuvo una medición de 0.762 para 2016, lo que clasifica como "desarrollo humano muy alto". Sin embargo, esta medición presenta especificidades relevantes para entender la desigualdad.
Primero, en términos comparativos a nivel internacional, México se encuentra en el lugar 77 de desarrollo humano de 188 países(7), habiendo descendido tres lugares respecto al informe de 2015 y cinco respecto al de 2010. A pesar de haber mejorado en los tres indicadores que conforman el Índice, el progreso ha sido lento y desigual, por la exclusión de algunos sectores de la población y territorios.
Segundo, a pesar de estar clasificado con desarrollo humano alto, las condiciones de bienestar en México no son homogéneas al interior de su territorio. La desigualdad en desarrollo humano existe entre entidades federativas y llega a ser mucho mayor entre municipios, que se encuentran incluso dentro de un mismo estado.
Índice de Desarrollo Humano 2,456 municipios y delegaciones de México.

Fuente: PNUD, México
Los programas asistencialistas no han resuelto los problemas sustantivos de quienes los reciben.Es urgente modificar desde la raíz esa falsa concepción y asumir, en cambio, que la desigualdad se manifiesta en todas las relaciones sociales que mantenemos entre las y los mexicanos, determinada incluso por el simple lugar de nacimiento y que se manifiesta además: 1) en la distancia social que se ha venido acrecentando entre la educación pública y la educación privada, en casi todas las áreas del conocimiento; 2) en la prestación de servicios de salud, que separan y segmentan a quienes pueden pagar por la calidad de esos servicios, de quienes la reciben a cuentagotas y con tratos discriminatorios; 3) en el acceso a los empleos, divididos por décadas entre la informalidad y la formalidad, así como entre los empleos del campo y la ciudad; 4) en la desigualdad de trato en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública de México, que hace de la discriminación uno de los fenómenos más lacerantes de nuestros vínculos; 5) en el acceso a los derechos, que acaban sometidos a la estratificación social y promoviendo el uso de influencias, cercanías o dinero para ser garantizados.
A pesar del incremento constante en el gasto público en desarrollo social(8) desde inicio de los noventas, más de la mitad de la población se ha mantenido en situación de pobreza. Lo anterior refleja que el gasto público que se ha invertido en mejorar la calidad de vida de las y los habitantes del país, no ha mejorado el ingreso, el rezago educativo, ni el acceso de las personas a los servicios de salud, la seguridad social, la vivienda y los servicios básicos.

Fuentes: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Análisis Funcional Económico del Gasto Programable. (Neto) 1992 - 2016. Estimaciones de pobreza del CONEVAL, 1992 -2016. Datos de presupuesto a pesos del año correspondiente, sin deflactar.
Lo anterior, puede explicarse a través de las principales características que presenta la política social en México:
a)    Se trata de un conjunto de instrumentos dispersos, descoordinados y desiguales y no de sistema integral y coordinado para el acceso efectivo de los derechos de la población.
b)    Los principales programas, apoyos productivos y sistemas de seguridad social enfrentan retos en términos de cobertura, equidad y viabilidad financiera debido a los costos y discrecionalidad del acceso. Excluyen a la población más pobre y vulnerable, principalmente, población en el mercado informal o zonas de alta dispersión geográfica.
c)     Existe un gran número de programas, apoyos y subsidios con gran peso presupuestal que resultan regresivos, es decir, no contribuyen al objetivo de reducir el déficit de bienestar de las personas más pobres del país.
d)    Su planeación no contempla establecer un piso mínimo de derechos en las distintas etapas de vida (niñez, adolescencia, juventud, edad productiva y adultez mayor); dimensiones (salud, educación, vivienda, seguridad social y acceso a servicios) y causas de vulnerabilidad (ingreso, sexo, origen étnico o discapacidad).
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Incluir como eje central de las políticas y programas de gobierno un enfoque transversal de igualdad sustantiva de género desde la perspectiva de los derechos humanos.
·  Establecer políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres, los niños, niñas y jóvenes, los adultos mayores y las personas con discapacidad; con un enfoque de inclusión social, sin discriminación o algún tipo de violencia..
·  Redefinir la política social del país, para que efectivamente contribuya a reducir en números absolutos la pobreza, la marginación y la desigualdad, bajo criterios de subsidiaridad, garantizando el desarrollo humano.
·  Atacar las causas estructurales de la pobreza.
·  Transformar la política asistencialista, adoptando una perspectiva de derechos humanos que garantice la igualdad de oportunidades y de acceso a los bienes y servicios básicos para el desarrollo humano, como la salud, la educación, la alimentación, la vivienda y la cultura.
·  Establecer políticas públicas para garantizar la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.
·  Afirmar un criterio de transversalidad de género en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas.
·  Garantizar el enfoque de juventud en las políticas públicas, e impulsar la participación de las y los jóvenes en el diseño, instrumentación y evaluación de éstas.
·  Garantizar el acceso de las y los jóvenes a la educación y la capacitación, promoviendo que desarrollen una actitud emprendedora y creativa.
·  Garantizar la libertad religiosa y el pleno respeto y tolerancia de las creencias de cada uno de los mexicanos, en el marco de la vigencia del Estado laico y de la Constitución.
 
Para dar cuenta del rezago educativo, el informe "Panorama Educativo de México: Indicadores del Sistema Educativo Nacional de 2015"(9), presenta el Índice de Pobreza Educativa en los Hogares (IPEH)(10). En este índice se identifican la incidencia, intensidad y desigualdad de las carencias educativas en los hogares, además de que se exponen desagregaciones a nivel estatal y municipal. Es posible observar que en el periodo 2010-2015, el 56% de los hogares cuentan con al menos un miembro en rezago educativo. Es de destacar que Chiapas presenta el porcentaje de incidencia de hogares con carencias más alto con 74.4%, mientras que el Distrito Federal registra la menor tasa con 37.4%. Por su parte, Sonora tuvo la mayor reducción respecto a 2010 (23.4%), seguido de Nuevo León (22.2%) y Chihuahua (21.9%). Por otro lado, Baja California Sur registró el menor avance (9.5%) junto con Morelos (12.2%) y Michoacán (12.6%).
Intensidad en la pobreza educativa en hogares por entidad federativa (2010 y 2015)
Entidad Federativa
Intensidad total
2010
2015
Disminución porcentual
Aguascalientes
74.9
61.7
17.6
Baja California
65.9
55.8
15.4
Baja California Sur
60.2
54.5
9.5
Campeche
95.7
80.4
16
Coahuila
64.2
51.5
19.7
Colima
80.7
67.8
16.1
Chiapas
161.8
137.7
14.9
Chihuahua
78.8
61.6
21.9
Distrito Federal
47.7
37.3
21.9
Durango
87.1
71.0
18.5
Guanajuato
112.5
93.2
17.2
Guerrero
136.4
118.9
12.8
Hidalgo
101.8
85.5
16
 
Jalisco
88.9
73.5
17.2
México
77.3
63.5
17.8
Michoacán
126.3
110.4
12.6
Morelos
80.7
70.9
12.2
Nayarit
90.3
74.0
18
Nuevo León
57.9
45
22.2
Oaxaca
145.3
121.6
16.3
Puebla
117.7
100.0
15
Querétaro
82.4
66.3
19.6
Quintana Roo
70.2
58.0
17.3
San Luis Potosí
98.3
81.8
16.9
Sinaloa
87.0
73.4
15.7
Sonora
68.8
52.7
23.4
Tabasco
88.5
73.5
17.0
Tamaulipas
73.8
62.8
14.9
Tlaxcala
84.9
70.7
16.7
Veracruz
120.1
104.6
12.9
Yucatán
104.7
87.6
16.4
Zacatecas
104
82.5
20.7
Nacional

76.9
16.4
Fuentes: INEE, cálculos con base en la Muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI (2011a), y en la Encuesta Intercensal 2015, INEGI (2015a).
De acuerdo con el CONEVAL(11), para 2010 la distribución de la asistencia escolar se encuentra entre el 20% de la población con menores ingresos. La brecha entre éstos y el nivel nacional era más pronunciada en el grupo de edad correspondiente a los mayores de 15 años, donde la diferencia alcanza 15 puntos porcentuales. La menor discrepancia se encontraba en el grupo de seis a 11 años de edad, donde alcanzaba apenas 1.5%. Las variaciones más pronunciadas ocurrieron a las edades más tempranas: la asistencia de los niños entre tres y cinco años era de 40.7 en 1992 y de 86.2% en 2006, mientras que la de los jóvenes entre 15 y 17 años pasó de 28.3 a 51.8% en dichos años. No obstante, a partir de 2006 no se han presentado nuevas mejoras en el nivel de asistencia.
Por su parte, la población indígena presentó un rezago educativo del 49 % Además, 27 % de los jóvenes indígenas mayores de 15 años es analfabeta, 13 % de niños y niñas entre seis y 14 años no asisten a ningún circuito escolar y sólo 70.5 % de éstos tiene aptitud para leer y escribir (el porcentaje infantil más bajo, tanto rural como urbano); sólo 1 % de jóvenes indígenas acceden a la educación superior.
La educación es un factor central para el desarrollo de una nación, por lo que debe ser un asunto prioritario, de ahí la importancia de analizar la estructura y destino del gasto público en educación. Mexicanos Primero realizó un estudio en torno al (mal)gasto educativo en México, en el cual muestra su comportamiento. En 2012, el gasto educativo nacional registró su mayor nivel, ascendiendo a 975,723.3 millones de pesos, de los cuales: 62.3% lo aportó la federación, 16% las entidades federativas, 0.2% los municipios y 21.5% el sector privado. Hoy el gasto nacional en educación es más alto en comparación con el pasado. En 2012, representó 6.3 puntos porcentuales del PIB, en tanto que en 1990 representaba 4%. Incluso en el comparativo internacional, los recursos educativos medidos como porcentaje del gasto público total ubican a México por arriba del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Sin embargo, la cifra global del gasto únicamente presenta un panorama parcial sobre el financiamiento educativo. En el caso del gasto por estudiante a nivel internacional, el país se coloca en el penúltimo lugar de los países de la OCDE. Inclusive al desglosar el gasto promedio anual por alumno y nivel educativo, los países de la OCDE erogan en promedio niveles superiores a lo destinado en el sistema mexicano. Esta condición no es privativa de México; países como Brasil, Argentina y Chile muestran un comportamiento similar.
Gasto anual por estudiante y nivel educativo 2009.
(Dólar ajustado por paridad de poder adquisitivo)
País/ Nivel educativo
Educación primaria
Educación secundaria
Educación terciaria
Promedio OCDE
7,718.0
9,312.5
13,727.5
México
2,717
3,065
8,020.3
Brasil
2,405.1
2,235.4
11,740.7
Chile
2,981.4
2,891.9
6,862.6
Argentina
2,753.5
3,931.6
4,578.9
Fuente: Mexicanos Primero con datos de OCDE, 2012.
Gasto anual por estudiante y nivel educativo 2014
(Dólar ajustado por paridad de poder adquisitivo)
País/ Nivel educativo
Educación primaria
Educación secundaria
Educación terciaria
Promedio OCDE
8,733
10,106
16,143
México
2,896
3,219
8,949
Brasil
3,799
3,837
11,666
Chile
4.321
4,478
6,952
Argentina
3,356
4,790
5,085
Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE,2014
Hoy no existe herramienta más poderosa de transformación social que la Internet, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las telecomunicaciones; éstas son un servicio público y un derecho fundamental para las personas. La teléfonía fija necesitó más de 100 años para dar cobertura a mil millones de ciudades y el teléfono móvil requirió 25 años para cubrir 7 mil millones de personas. Los cambios han sido cada vez más acelerados: en sólo 10 años Facebook (fundada en 2004) alcanzó 1,200 millones de usuarios; en 5 años WhatsApp (2009) superó los 500 millones de usuarios; Twitter (2006) necesitó 8 años para sumar 300 millones de usuarios; en 10 años YouTube (2005) alcanzó mil millones de suscriptores; y en sólo 4 años Netflix (2011) superó 50 millones de suscriptores. Y siguen creciendo conforme más personas se suman a la conectividad.
Cada vez que existe un 10% de incremento en penetración de banda ancha, el PIB crece 1.38% (Ericsson-Banco Mundial); cada 1,000 conexiones de banda ancha generan 80 nuevos empleos (Ericsson-Arthur D. Little); duplicar la velocidad de banda ancha hace crecer el PIB 0.3% (Ericsson) y 10% de incremento en penetración de banda ancha móvil, impacta positivamente 0.5 por ciento del PIB. En los próximos 10 años, 80% de los trabajos necesitarán habilidades digitales.
México es un país con 120 millones de personas, contamos con 104 millones de líneas móviles (poco más de la mitad son usuarios únicos), 68 millones de smartphones, 13 millones de notebooks, tenemos escasamente 64 millones de usuarios de Internet. Tenemos el ancho de banda más rápido de América Latina y entre los precios fijos y móviles más bajos de la región, estamos en la posición 69 en el índice del World Economic Forum, pero aún somos una economía digital en desarrollo. En cobertura móvil solo estamos por encima de Cuba y Haití, con apenas 90 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Esto queda confirmado por el Índice de innovación de la sociedad de 2016 para México de Qualcomm que indica, entre otros temas, que la penetración de smartphones es aún muy baja, que la inversión en educación es mayor al promedio de América Latina pero las habilidades digitales no han sido ampliamente difundidas por instituciones educativas. Nuestro mundo es de quienes tenemos el privilegio de estar conectados. El resto de las personas que viven en México está excluido de los beneficios de la digitalización y la conectividad. Hoy apenas 15% de las conexiones residenciales y 22% de las conexiones no residenciales en el territorio nacional son de fibra óptica. Claramente, se requieren estímulos a la inversión para que la fibra óptica comience a llegar a todos los hogares y negocios del país.
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Desarrollar un sistema de educación pública, laica y gratuita, de calidad mundial.
·  Colocar a las y los estudiantes en el centro de toda política educativa.
·  Garantizar que la educación obligatoria deberá ser accesible para todas y todos los habitantes del país, favoreciendo una localización geográfica razonable y el uso de tecnologías de la información y la comunicación que faciliten el acceso al sistema educativo.
·  Se establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con el fin de asegurar su permanencia en el sistema educativo.
·  Mejorar los programas de atención a la población con rezago educativo.
·  Reformular los planes de estudio de la educación media y media superior, vinculándolos con las actividades productivas mediante esquemas de educación dual, haciendo énfasis en la adquisición de competencias, la valoración del trabajo técnico y la alfabetización digital, como herramientas de estímulo a la inteligencia y la creación.
·  Reformar la educación superior, creando un nuevo marco normativo que estimule y permita la flexibilidad, adaptabilidad, vinculación entre instituciones, internacionalización, investigación y creación del conocimiento, la seguridad jurídica y la seguridad financiera de las instituciones a cargo del Estado.
·  Promover programas de dignificación magisterial, que aseguren el pleno cumplimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación y aseguren la capacitación, profesionalización y actualización continua, así como el conjunto de condiciones indispensables que deben cumplirse en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente.
·  Mejorar la educación para la apropiación tecnológica en todos los niveles.
·  Incrementar la calidad de los contenidos y medios educativos, como segunda etapa de una reforma educativa a fondo.
·  Fortalecer la participación de padres, madres de familia, tutores y maestros en el sistema educativo, garantizando la libertad educativa que impulse la innovación pedagógica.
·  Garantizar que hombres y mujeres tengan acceso por igual a la educación en todos sus niveles.
·  Impulsar el tránsito hacia una economía digital y del conocimiento.
·  Promover el acceso universal a las tecnologías de la comunicación y la información como un derecho a fin de reducir la brecha digital.
·  Mejorar la educación para la apropiación tecnológica en todos los niveles.
·  Establecer una amplia agenda digital para el desarrollo económico que contribuya a profundizar la inclusión financiera y el desarrollo de la economía digital.
·  Establecer políticas y herramientas que garanticen la seguridad de los datos personales, la información, las transacciones y la privacidad en las redes digitales.
·  Incrementar los presupuestos públicos destinados a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, incluyendo programas de divulgación científica y técnica, dándoles continuidad a lo largo del tiempo.
·  Priorizar programas y proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico orientados al beneficio social.
·  Consolidar una política de ciencia y tecnología de largo plazo, orientada a sectores estratégicos prioritarios y a proyectos socialmente significativos, mejorando el presupuesto asignado a esa área.
·  Promover la vinculación entre la generación de conocimiento (los centros de investigación y el desarrollo científico y tecnológico) con los sectores productivos y con la sociedad.
·  Crear un Sistema Nacional de Innovación que permita transformar los conocimientos en bienes y servicios socialmente útiles y económicamente rentables.
 
Otro tema muy relevante que integra un componente del desarrollo humano es la salud. A pesar que la esperanza de vida al nacimiento ha crecido sustancialmente en México a 79.6 años debido a la reducción en la mortalidad infantil y a la mejor atención y control de enfermedades transmisibles. Sin embargo, nuestro país aún se encuentra entre los últimos lugares de la OCDE, ya que este indicador ha aumentado con menos velocidad que muchos otros, incluyendo países de América y América Latina donde actualmente rebasa los 80 años.
En relación al perfil epidemiológico del país, las enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, enfermedades cardiacas y cerebrovasculares, hipertensión, cirrosis y cáncer son los padecimientos que originan las principales causas de mortalidad, de forma general y específicamente entre adultos mayores de 40 años.(12) Más del 15% de las personas adultas tienen diabetes, más del doble del promedio de la OCDE (6.9%). Las muertes por padecimientos cardiacos bajaron sólo 1% desde 1990, en gran contraste con la reducción de 48% observada en muchos otros países OCDE(13).
Algunos de los padecimientos anteriores se relacionan con que México presenta una de las mayores prevalencias de obesidad y sobrepeso infantil en el mundo y más de 70% de sus adultos tiene sobrepeso(14). Las tasas de sobrepeso u obesidad en la población adulta aumentaron de 62% en 2000 a 71% en 2012 y en 2016 una de cada tres niñas y niños en México tenía sobrepeso u obesidad.
Si bien entre 2003 y 2013 el gasto público en atención médica pasó de 2.4% del PIB a 3.2%, un mayor gasto no siempre se traduce en mejoras en los niveles de salud. El porcentaje del presupuesto de salud en México dedicado a la administración (casi 10%) y los pagos directos por servicios de salud que salen de los bolsillos de las personas (cerca de 40%) siguen siendo los más altos de la OCDE. Estos indicadores muestran que el sistema mexicano de salud aún puede mejorar sus niveles de eficiencia.
En relación a la provisión de los servicios de salud por parte del Estado, la población usuaria reporta una tasa de satisfacción del 97%.(15) Sin embargo, el acceso a los servicios de salud y sus indicadores aún tienen muchas áreas de oportunidad. En México hay 2.2 médicos por cada 1000 habitantes, debajo del promedio OCDE de 3.3, y sólo una tercera parte del número de enfermeras por cada 1000 habitantes.
Uno de los retos más relevantes para el Sistema Mexicano de Salud es su incorporación y funcionamiento, ya que es un grupo de subsistemas que no operan de manera coordinada. Cada institución y esquema de aseguramiento ofrece distinto nivel de cobertura de servicios y precios, con resultados muy desiguales. Las personas no pueden elegir el tipo de seguro ni el proveedor de servicios, ya que éstos se definen previamente por su empleo: público, privado, formal, informal o inexistente.
Institución
Número de personas
derechohabientes
Porcentaje de la
población mexicana
IMSS
59,487,144
49.42%
ISSSTE
12,803,817
10.64%
IMSS Prospera
11,664,723
9.69%
Seguro Popular
57,300,000
47.61%
PEMEX, SEMAR y SEDENA
1,881,466
1.56%
Fuente: Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto
Mexicano Del Seguro Social 2014 2015.(16)
De acuerdo a la institución de seguridad social y/o salud que atiende a cada perfil de población, se presenta un acceso diferenciado a prestaciones y coberturas de los servicios de salud para las mujeres y hombres en los diferentes niveles de atención. Lo anterior, representa una de las críticas más relevantes hacia el sistema de salud mexicano, ya que su fragmentación y diferenciación en la provisión de servicios de salud representa desigualdades concretas en cómo se puede ejercer el derecho a la salud de acuerdo a la condición laboral, la institución en la que se encuentra asegurada una persona, las enfermedades que se pueden atender en el sistema de cada una o el número de unidades médicas y personal que se encuentra disponible para brindar atención a la población.
Los grupos socioeconómicos menos favorecidos son los que cuentan con menor acceso a los servicios de salud, entre ellos, personas que se encuentran en la informalidad, particularmente mujeres; población indígena; y población que habita en los estados menos favorecidos, especialmente al sur del país. En este sentido, las características demográficas de la población también se convierten en retos muy relevantes para poder materializar el derecho a la salud de forma igualitaria.
México tiene como reto construir un sistema de salud pública más equitativo, eficiente y sostenible. Los desafíos pendientes deben abordarse con reformas de gran alcance, como las que México ha impulsado en otros ámbitos.
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Consolidar un sistema de salud universal y de calidad internacional.
·  Promover una integración verdadera de las instituciones de salud que elimine la actual fragmentación de la atención a la salud, constituyendo un Fondo Único para la Salud.
·  Transitar hacia un modelo que priorice la prevención de las enfermedades, fortaleciendo los programas de educación para la salud y prevención en la atención primaria, dotándolos de recursos suficientes.
·  Fortalecer la figura del médico general.
·  Establecer políticas públicas que promuevan una calidad de vida digna y saludable para personas adultas mayores, con un enfoque de derechos humanos.
·  Garantizar el abastecimiento de medicamentos en la red hospitalaria pública a partir de convenios con farmacéuticas para crear un sistema de surtido por prescripción de dosis exactas, para eliminar desperdicios.
·  Establecer un programa integral de consulta y hospitalización en domicilio.
·  Crear condiciones para propiciar una mejor distribución regional de la infraestructura y los recursos profesionales para la atención a la salud.
·  Revisar el sistema de formación médica, buscando jornadas más humanas que reduzcan los riesgos asociados a la falta de descanso de los médicos internos de pregrado y los residentes médicos de especialidad.
 
En lo que respecta a la movilidad social, y de acuerdo con el "Informe sobre Desarrollo Humano México 2016, desigualdad y movilidad" del PNUD(17), la movilidad igualadora de oportunidades fue positiva para las entidades federativas entre 1950 y 1980; se redujo en el periodo 1980-2000, y comenzó a restituirse a partir del año 2000. Por otra parte, entre 2000 y 2010, el aumento en el IDH de los municipios al interior de los estados y de las delegaciones políticas del Distrito Federal estuvo acompañado de un proceso de igualación de oportunidades. En cuanto a los individuos, pese a que la desigualdad entre las personas se magnifica con la edad, ésta se redujo en todos los grupos etarios entre 2008 y 2012. En las entidades federativas, se detectó la mayor movilidad igualadora de oportunidades en las dimensiones de educación y salud. En cambio, la dimensión de ingresos presentó baja movilidad igualadora y, por momentos, se convirtió en motor de desigualdades. Este último fenómeno requiere especial atención. Una dinámica similar puede identificarse en los municipios entre 2000 y 2010, donde la dimensión con mayor movilidad igualadora fue la de salud, seguida de la educación y, finalmente, la de ingreso.
Si bien la reciente movilidad igualadora en entidades federativas, municipios e individuos abre la posibilidad de seguir cerrando las brechas en bienestar que aún persisten en el país, esta ventana de oportunidad es estrecha y de una duración incierta.
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Consolidar una sociedad de derechos en la que se incentive la movilidad social, se respete la dignidad humana y la libertad personal para el pleno desarrollo de las personas.
·  Establecer una política de Estado que combata la pobreza, la desigualdad y la marginación en todas sus dimensiones y manifestaciones.
·  Procurar que toda la población tenga acceso a una alimentación saludable, con una ingesta calórica y nutricional diaria satisfactoria.
 
En la Coalición comprendemos que la desigualdad ha sido producto de nuestro modelo de crecimiento, que en aras de asegurar la estabilidad financiera del país a la que por supuesto, nos comprometemos- ha cancelado sin embargo las opciones para generar empleos bien pagados, servicios públicos de calidad y para promover la movilidad social con todos los medios disponibles por el Estado mexicano. La desigualdad social es el fruto más amargo de la pésima conducción económica del país. Sostenemos que no sólo es posible, sino que es urgente corregir ese modelo, afirmando la estabilidad financiera, pero convocando también a todos los sectores de la producción a un nuevo pacto económico que privilegie la eliminación definitiva de la pobreza extrema del país, que incremente la calidad de la educación, la salud y los servicios públicos, que genere empleos estables y bien remunerados y que potencie la competitividad de México, a partir de sus ventajas comparativas.
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Establecer un salario mínimo digno y suficiente para las personas que trabajan.
·  Garantizar el derecho a una renta básica universal que atienda las necesidades de las personas y garantice su libertad.
·  Ejercer una auténtica planeación democrática de corto, mediano y largo plazos a través de un Consejo Económico y Social incluyente con participación del sector empresarial, laboral, académico y liderazgos sociales.
 
Es mentira que nos falten recursos para combatir todas las formas de desigualdad y erradicar a la pobreza. Lo que ha sucedido es que ese dinero ha sido malgastado, como lo prueban los múltiples estudios que han probado la ineficiencia del gasto educativo, la captura y la corrupción en los presupuestos asignados a la salud y la pésima asignación del gasto en materia de servicios públicos e infraestructura. Para paliar esos despropósitos, el Estado ha incrementado los programas sociales asistencialistas que, a lo largo de décadas, no sólo han probado ser ineficientes y discriminatorios, sino que, en conjunto, han producido aún mayor desigualdad. Un dato que evidencia estos argumentos es que, de los programas sociales federales que se han evaluado, 19% no identifican a su población potencialmente beneficiaria a la que van dirigidos.
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Replantear las políticas de gasto público para que se gaste mejor y de manera más racional, prestando servicios de mejor calidad y más oportunos; y se impulsen y promuevan el crecimiento económico equilibrado y el desarrollo social.
·  Establecer como criterio rector del gasto público el máximo beneficio para la ciudadanía.
·  Formular una política de vivienda con enfoque de derechos humanos, para que las y los mexicanos gocen de vivienda digna, de calidad, acorde con sus necesidades, convivencia comunitaria y acceso a internet.
·  Desarrollar soluciones habitacionales urbanas asequibles para la población, localizadas en zonas que permitan reducir los tiempos de traslado entre los hogares y los centros de actividad laboral y otras.
·  Implementar acciones y promover nuevas normas jurídicas para impedir la especulación desmedida de los suelos para vivienda urbana.
·  Crear un programa que proporcione asistencia técnica para esquemas de autoconstrucción y extensión de vivienda.
·  Instrumentar un Sistema Nacional de Vivienda, e incrementar el número de créditos que puedan disponer sus derechohabientes.
·  Elaborar un plan integral de desarrollo de la infraestructura de transporte urbano e interurbano con visión de largo plazo.
·  Promover un mayor uso de los ferrocarriles en el transporte de carga, sobre todo en las corridas largas.
·  Establecer un amplio programa de caminos intensivos en mano de obra para comunicar a comunidades aisladas.
·  Aprovechar la extensión de los litorales del país para intensificar el transporte marítimo de cabotaje.
·  Privilegiar las soluciones de transporte público en los centros urbanos.
·  Fortalecer la infraestructura logística para la operación intermodal.
·  Intensificar las tareas de mantenimiento de la infraestructura de transporte ya existente.
·  Eliminar la discrecionalidad y la falta de transparencia (corrupción) en las licitaciones de las obras de infraestructura de transporte.
·  Reformar el sistema de pensiones del país, para garantizar una pensión suficiente para el retiro digno de trabajadores y trabajadoras.
·  Incrementar las aportaciones para el fondo de retiro.
·  Reducir las comisiones de las Afores.
·  Fusionar o hacer intercambiables para el derechohabiente los fondos de vivienda y pensiones.
·  Combatir el fenómeno de la feminización de la pobreza mediante políticas públicas y planes de gobierno tendientes a promover la participación de las mujeres en la vida económica del país, estableciendo programas de becas, de capacitación y créditos para emprender negocios, así como estímulos fiscales a empresas que tengan programas que colaboren con este propósito.
·  Implementar políticas públicas orientadas a garantizar los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas y erradicar su marginación social y económica.
·  Instrumentar estrategias de desarrollo que permitan sacar del atraso y de la pobreza a nuestras comunidades indígenas, respetando su cultura y usos y costumbres.
Nos negamos a aceptar una política social basada en la captura clientelar de quienes menos tienen. Nos negamos a confundir el combate a la desigualdad con la demagogia. Pero también nos oponemos a las tesis que suponen que la disminución de la presencia del Estado puede ser la solución a la pobreza, dejando todo en manos de un mercado mal regulado y abusivo. Nos oponemos a la abdicación de las obligaciones del gobierno para conducir la economía, con la más amplia colaboración de empresarios, universidades y sociedad civil, para poner por delante de cualquier política la conquista de una sociedad igualitaria.
El gobierno encabezado por la Coalición modificará la política económica que se ha seguido hasta ahora, para enfrentar la desigualdad como el eje fundamental de todas sus acciones. Las políticas de educación y de salud estarán destinadas a equiparar la calidad de los servicios que ofrecen a toda la población, sin ninguna discriminación. La orientación del gasto público especialmente en materia de infraestructura y prestación de los servicios públicos, tanto federales como locales y municipales-estará determinada por el mismo propósito de erradicar a la pobreza e igualar las condiciones de desarrollo entre regiones, grupos y personas. Y finalmente, el Estado mexicano empleará los medios de los que dispone para impulsar una nueva política fiscal más justa y una política económica que no solo cancele los monopolios, sino que evite la acumulación excesiva de la riqueza en detrimento de los grupos desfavorecidos. El Estado buscará que haya empleos bien pagados, que se incremente la capacidad adquisitiva de los salarios y que tanto el sistema financiero como la
banca de desarrollo contribuyan, decididamente, a promover las mejores condiciones para la inversión destinada a combatir la pobreza extrema y reducir la desigualdad en el ingreso. En el mismo sentido, todo el gasto público estará orientado por ese principio rector.
El poder adquisitivo de la población mexicana ha tenido una tendencia decreciente de 2007 a 2014, cuando alcanzó su mínimo histórico desde 2005. Lo anterior, debido a la disminución del ingreso laboral y el incremento de la inflación, que merma los bienes y los servicios a los que puede acceder la población mexicana.
Poder Adquisitivo del Ingreso Laboral

Fuente: CONEVAL con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)y el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC).
De igual manera, es posible apreciar que el valor de la línea de bienestar, conformada por los bienes que integran la canasta alimentaria y no alimentaria, ha crecido de forma permanente desde 1992, caso contrario al aumento del salario mínimo que ha sufrido un estancamiento de más de tres décadas.
Evolución mensual del valor de la canasta alimentaria más la no alimentaria (línea de bienestar) *
enero 1992 - septiembre 2017

Fuente: CONEVAL. Evolución de las Líneas de Bienestar y de la Canasta Básica. 2017.
Adicionalmente, la política fiscal actual favorece a las personas que perciben mayores ingresos, ya que no genera un efecto redistributivo en la población. Por ello, se requiere una reforma con visión de largo plazo, que vincule de manera más responsable las potestades de ingreso fiscal y la responsabilidad de gasto de las entidades estatales y federativas.
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Mejorar la distribución directa de lo recaudado entre los diferentes órganos de gobierno (federal, estatal y municipal), con mecanismos adecuados de control, transparencia sobre el origen del ingreso y el destino de los gastos, y rendición de cuentas, manteniendo una coordinación fiscal efectiva y eficaz.
·  Manejar las finanzas públicas de manera responsable, eficaz, eficiente y transparente, evitando duplicidades y estableciendo con claridad y justificación los rubros en los que será aplicado el gasto público.
·  Vigilar que el gasto público tenga un efecto de redistribución de la riqueza.
·  Reducir la participación del gasto corriente en el gasto total e incrementar el gasto de capital para el desarrollo de infraestructura.
·  Erradicar los actos de corrupción en la asignación del gasto público.
·  Disminuir y transparentar el origen, contratación y pago o renegociación de la deuda pública a nivel federal, estatal y municipal. Establecer límites de endeudamiento por sector, dependencia y estado.
·  Establecer una política fiscal integral orientada al bienestar social de las familias y el desarrollo económico.
·  Establecer un sistema tributario eficaz, eficiente, progresivo, con una mayor base de recaudación fiscal, y con políticas de administración tributaria claras y simples.
·  Revisar el impuesto a las gasolinas, tomando en cuenta el impacto que ha tenido sobre los ingresos del gobierno federal y de los costos de la economía en general.
·  Simplificar el sistema de recaudación tributaria.
·  Ampliar la base de contribuyentes, incorporando al régimen fiscal a los sectores informales de la economía.
·  Mejorar los mecanismos de control en la recaudación, combatiendo la evasión y elusión en el pago de impuestos, en particular por parte de los grandes contribuyentes.
·  Corresponsabilizar a los estados y municipios de la recaudación tributaria.
 
Si bien la política económica del país tiene como finalidad primordial garantizar el bienestar de las personas en sus capacidades individuales, la crisis económica-financiera global no ha permitido que se logre en su totalidad tal propósito. La concentración de la riqueza ha contribuido a ampliar las brechas de la inequidad; la incapacidad para impulsar el crecimiento económico sostenido ha traído consigo la falta de creación de empleos, y la ineficacia para combatir la pobreza y la desigualdad.
Es momento de impulsar una política económica orientada a garantizar la equidad, el bienestar y la justicia distributiva.
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Impulsar un modelo de desarrollo inspirado en los principios de la economía social de mercado orientada al crecimiento económico con equidad.
·  Establecer una estrategia de desarrollo que garantice un crecimiento sostenido de la economía mexicana a largo plazo y que fomente la creación de empleos dignos, a partir de la transformación de la estructura productiva de poco valor a una de alto valor agregado.
·  Impulsar el desarrollo de la economía social, colaborativa y solidaria.
·  Fortalecer el mercado interno como palanca del desarrollo nacional, frente a los ciclos de la economía mundial.
·  Relanzar los factores de producción nacional, con una lógica de libre comercio e integración plena al mundo.
·  Implementar políticas de Estado que impulsen el incremento sostenido de la productividad y competitividad de la economía nacional.
·  Fomentar la integración de cadenas productivas para incrementar un mayor valor agregado nacional en las exportaciones.
·  Establecer una política de Estado para acelerar la industrialización del país, con igualdad de oportunidades para todos los inversionistas privados, libre de cualquier favoritismo.
·  Diseñar un sistema fiscal promotor del desarrollo económico y social, que estimule la inversión, el ahorro interno y distribuya la riqueza de forma equitativa, que favorezca el ingreso de las familias mexicanas colocándolo como una prioridad por encima de los ingresos del gobierno, convirtiéndose en un verdadero instrumento del desarrollo nacional.
·  Promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas e industrias, procurando que en ellas se creen empleos dignos, buscando encadenarlas con la industria manufacturera de exportación y la transferencia de capacidades tecnológicas y organizacionales.
·  Poner en práctica acciones que permitan incrementar sustantivamente el ingreso de divisas para el país a través del turismo.
·  Impulsar estrategias que estimulen a la planta productiva nacional hacia actividades con mayor valor agregado, para generar externalidades positivas y mayor competitividad a nivel internacional.
·  Fomentar la creación de empresas proveedoras de insumos intermedios y bienes de capital.
·  Asegurar la igualdad salarial entre mujeres y hombres por trabajos iguales. Sancionar el requisito de la prueba de embarazo para acceder a un trabajo, así como el despido por la misma razón.
·  Fomentar programas de apoyo a las madres trabajadoras para facilitar que puedan continuar con su vida laboral, mientras sus hijos están bajo cuidado de personal capacitado en centro de desarrollo infantil.
·  Promover mecanismos de inserción laboral, económica, política, social y cultural de las personas jóvenes en México.
·  Fortalecer la libertad y democracia sindicales, y las instancias de defensa de justicia laboral. Y desmantelar el sindicalismo corporativo adscrito a partidos políticos, gobiernos y a grupos de interés contrarios a los intereses de la sociedad
·  Garantizar los derechos laborales de las personas que trabajan en la maquila y realizan labores en el hogar.
·  Implementar mecanismos en el ámbito del trabajo que permitan avanzar en la conciliación de la vida familiar con la vida laboral.
 
La política de gasto público no sólo debe promover una hacienda pública responsable, sino que además tiene que garantizar la progresividad en la distribución de los recursos, a fin de contribuir al desarrollo social, en especial los programas en materia de salud, educación, seguridad social y combate a la pobreza, a efecto de mejorar las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades para todos. Asimismo, el desarrollo e impulso de la infraestructura social debe ser uno de los ejes fundamentales en el financiamiento destinado a obras para beneficio directo de la población en pobreza extrema.
A fin de elevar el nivel de bienestar social de la población, fomentar el crecimiento económico e incrementar la competitividad de un país, se deben crear condiciones necesarias para incentivar el desarrollo de todas las regiones y sectores del país. Contar con infraestructura e instalaciones de vanguardia para la movilidad de bienes, servicios y personas en diversas vías, las comunicaciones, la generación de energía, la provisión de servicios básicos de salud, la vivienda, el equipamiento urbano e, incluso, desarrollo turístico.
De acuerdo al Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial(18), en 2017, México se ubica en la posición 51 de 148 países, con una calificación de 4.34 puntos de un máximo de 7. El país incrementó 4 lugares su posición desde 2013 y 7 desde 2006, lo cual refleja que el país no ha mejorado de forma significativa su nivel de competitividad en los últimos años. Uno de los factores que explica esta baja
competitividad que presenta el país es la dotación y calidad de la infraestructura, al ser el segundo pilar de los 12 que conforman el Índice Global de Competitividad. En materia de infraestructura, México se ubica en la posición 62 de 148 países, tan solo tres posiciones más abajo que en 2014.
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Elaborar e instrumentar un Plan Nacional de Infraestructura, con la participación del sector privado y las organizaciones sociales, para incrementar sustancialmente la inversión pública, privada y mixta en la infraestructura estratégica del país.
·  Promover la inserción social y económica de las personas con alguna discapacidad, y adecuar la infraestructura pública y privada para contribuir a dicho propósito.
·  El diseño y la elaboración de las políticas públicas para las personas con discapacidad, debe sustentarse en una nueva visión en donde se resalten sus valores, capacidades y derechos, con el firme objetivo de erradicar las viejas prácticas asistencialistas y se promueva en todo momento las oportunidades reales de superación y se promueva una cultura de respeto y su inclusión en la sociedad.
·  Iniciar el proceso de armonización legislativa que se requiere para que toda la legislación nacional y las leyes estatales, retomen y garanticen los derechos, principios y acciones afirmativas consagradas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
De acuerdo con el Banco Mundial, la mitad de la población mexicana actualmente se encuentra fuera del sistema financiero formal y regulado, por lo que no cuenta con acceso a servicios financieros. Únicamente, 44% de las personas adultas mexicanas (29 millones de adultos) posee una cuenta bancaria, de acuerdo a la recientemente publicada Encuesta Nacional de Inclusión Financiera.
En relación al sistema financiero, el principal problema de México radica en la penetración de los servicios y el acceso a financiamientos a personas y negocios que se encuentran fuera del sector financiero regulado, en especial en áreas marginales de 1,250 municipios, específicamente mujeres, poblaciones vulnerables, poblaciones indígenas, poblaciones de las áreas rurales, micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES)
A pesar de la existencia del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 para México, existen importantes áreas de oportunidad relacionadas al financiamiento de actividades rurales y agropecuarias y de proyectos industriales, de producción y exportación, con perspectiva innovadora y sustentable de largo plazo.
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Recrear a la banca e instituciones financieras de desarrollo, otorgándoles recursos suficientes para a dar viabilidad económica a proyectos industriales y agroindustriales estratégicos detonadores del desarrollo de los principales sectores de la economía y las regiones.
·  Desarrollar una estrategia integral de inclusión productiva de integración territorial, a través de un conjunto congruente de apoyos productivos e inversiones.
·  Promover agrupamientos regionales integrales, de acuerdo con las prioridades definidas en la política de mediano y largo plazo, que vinculen a industrias, centros de investigación e instituciones de educación superior.
·  Fortalecer las capacidades institucionales y de recaudación de los municipios para hacer funcional su participación en el desarrollo regional
·  Implantar una estrategia de desarrollo nacional que permita reducir la desigualdad entre regiones del país, prestando especial atención a la región Sur-Sureste del país, con la participación de los actores locales que permita diseñar programas para resolver problemas específicos
·  Incentivar el desarrollo de la capacidad productiva y tecnificación progresiva de los sectores agropecuario y pesquero, para incrementar la producción nacional de alimentos y una mejor calidad de vida y el bienestar de sus trabajadores.
 
La desigualdad no sólo se combatirá a través de la política económica, sino que, además, formará parte de las prioridades que seguirá el Estado en materia cultural y educativa, para impedir la discriminación en cualquiera de sus múltiples manifestaciones y para reconocer y potenciar las expresiones culturales de los pueblos originarios, el más amplio respeto a usos y costumbres y luchar contra la segmentación social de cualquier naturaleza.
En términos de accesibilidad a bienes y servicios culturales, la "Encuesta Nacional de Consumo Cultural de México (ENCCUM) 2012", da a conocer el comportamiento del gasto realizado por hogares para acceder a eventos culturales disponibles en el país. Los resultados arrojan que, en el año 2012, el 62% de la población considerada asistió en el último año al menos en una ocasión a algún sitio o evento cultural. Y se compone por un 53% de mujeres y un 47% de hombres. La encuesta señala que el monto de las erogaciones por el disfrute de las prácticas culturales es superior a los 30 mil millones de pesos, y se observa que son los hombres quienes realizan el 56% de dicho gasto, mientras que las mujeres ejercen el 44% restante. También se observa, de acuerdo a la distribución por edades, que las personas cuya edad oscila en el intervalo de entre 30 y 49 años realizan el 37% de este gasto. Asimismo, la distribución del gasto por el nivel escolar de los asistentes, se aprecia que la mayor proporción fue ejercida por las personas que cuentan con estudios de nivel básico, con el 39%; en segundo lugar, se encuentran las personas con estudios de nivel superior, con el 34%; y, finalmente, se ubican las personas con estudios de nivel medio, las cuales realizaron el 26% del gasto total por presenciar espectáculos culturales en la vía pública.
En cuanto al gasto total por asistir a fiestas tradicionales, ascendió a poco más de 476 millones de pesos en el año 2012. En este sentido, por cada 100 pesos gastados, los hombres gastaron 62 pesos y las mujeres 38 pesos. Por otro lado, considerando la clasificación por rangos de edad, quienes realizaron el mayor desembolso fueron las personas cuyo rango de edad oscila entre los 30 y 49 años de edad, puesto que, por cada 100 pesos gastados, aportaron 52 pesos; en contraste, las personas con edades entre los 6 y 11 años aportaron tan sólo 1 de cada 100 pesos gastados. Finalmente, a partir de los resultados clasificados por nivel de escolaridad, se observa que, por cada 100 pesos gastados, 40 pesos fueron por personas con nivel superior, 30 pesos fueron gastados por personas con nivel medio, y 27 pesos por aquellas con nivel básico.
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Establecer una política cultural de Estado que estimule la producción y consumo de bienes y servicios culturales nacionales, que afiance nuestra identidad cultural y proyecte la oferta cultural material e inmaterial de México en el mundo.
·  Democratizar el acceso a los bienes y servicios culturales como derechos humanos.
·  Incorporar el enfoque de industrias culturales, en las políticas públicas sobre cultura, y vincularlas con las políticas de desarrollo económico.
·  Fortalecer la diversidad cultural regional del país, descentralizando los programas culturales, para estimular que las instituciones estatales y privadas sean copartícipes en el diseño y financiamiento de las actividades culturales.
·  Promover valores de identidad cultural que promuevan la cohesión social y el orgullo nacional.
·  Promover el desarrollo cultural y la creatividad entre la niñez y la juventud, por medio de la educación y su participación en eventos culturales.
·  Recuperar los espacios públicos promoviendo en ellos programas culturales.
·  Establecer un programa de inversión en cultura, con participación del sector público y privado, para llevar adelante intervenciones culturales para influir en la recuperación de los espacios públicos a través de la generación de cohesión social.
·  Promover la generación de cultura a nivel local a través del fortalecimiento de la participación ciudadana y otorgando estímulos y beneficios a los productores.
·  Promover canales comerciales (internos y externos) sin intermediarios para los productos artesanales fabricados por diversas comunidades del país, con el que se garantice la remuneración justa por el trabajo realizado.
·  Establecer una política de Estado que fomente la ciencia y la tecnología mexicanas, orientándola con visión estratégica a contribuir al desarrollo nacional.
·  Promover la cultura cívica y la formación ciudadana
·  Recuperar el papel de la educación en la formación cívica de la sociedad, con un sentido nacional que fomente la tolerancia y el respeto por la diversidad cultural y las diferencias, tanto al interior de nuestro país como en el contexto de la globalización.
·  Educar para la democracia a través de programas que formen en el pensamiento crítico y promuevan los valores democráticos y la formación de una cultura ciudadana.
·  Desarrollar programas para apuntalar la cultura y usos y costumbres de las comunidades indígenas, sin más límite que el respeto al marco legal del país, a los derechos humanos, a la equidad de género y a la igualdad de oportunidades para sus integrantes.
·  Impulsar el desarrollo de ciudades y pueblos digitales.
·  Defender la libertad de expresión sin censura gubernamental en las redes sociales digitales.
·  Promover el derecho a la privacidad y la seguridad cibernética.
 
 
Las políticas de desarrollo en México no han considerado los costos económicos y sociales de la degradación ambiental; resultado del crecimiento demográfico, de la explotación irracional de los recursos y de la contaminación resultado de las actividades antropogénicas. Ello ha traído consigo problemas ambientales que se traducen en: la degradación de los suelos y destrucción de los recursos naturales, y deforestación en zonas rurales.
Ante esta situación el tema de desarrollo sostenible cobra importancia, ya que debe convertirse en el instrumento transversal del modelo de desarrollo en este país. La política ambiental de México debe dejar de ser reactiva para establecerse como una política con enfoque precautorio y de equidad social, a fin de privilegiar la prevención de los riesgos y de desastres, lo que implica impulsar un marco regulatorio que permita establecer una normatividad clara con sustento en medidas de protección ambiental propuestas por organismos internacionales.
Uno de los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, es reducir la desigualdad en y entre los países(19), al respecto existe el consenso de que el crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza si éste no es inclusivo, y no tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Otro de los objetivos referidos, es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. En este sentido, el acceso universal a la energía es central para enfrentar desafíos en materia de empleo, seguridad, cambio climático, y la producción de alimentos o para aumentar los ingresos.
Pactos internacionales, como la Cumbre de la Tierra de Estocolmo en 1972(20) y la Cumbre de la Tierra en Río en 1992(21), parten de la premisa de que un desarrollo respetuoso del medio ambiente es posible si se hacen compatibles las necesidades y aspiraciones de las sociedades humanas, con la preservación de la integridad de los sistemas naturales. Además, reconocen que el deterioro ambiental de las actividades humanas no es un fenómeno homogéneo, sino que depende de los estilos de desarrollo, el modo de vida y las condiciones del entorno.
En México, la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales ha ido en aumento. De acuerdo con el Informe de la Situación del Medio Ambiente en México 2015(22), el crecimiento poblacional y fenómenos como la urbanización y la migración han contribuido a incrementar la densidad poblacional de manera asimétrica en el territorio. Las densidades poblacionales más altas se encuentran en las zonas urbanas, y en particular dentro de las zonas metropolitanas. Las zonas metropolitanas con la mayor densidad poblacional en 2015 fueron la Zona Metropolitana del Valle de México (2,669 hab/km2), Guadalajara (1,769 hab/km2), Puebla-Tlaxcala (1,240 hab/km2), Oaxaca (1,088 hab/km2), León (1,015 hab/km2) y la Zona Metropolitana de Toluca (993 hab/km2).
En el mismo informe referido, se señala que la concentración de la población en estas zonas del país está relacionada con la degradación ambiental. La recurrencia, acumulación y la extensión de las actividades humanas produce impactos significativos sobre el medio ambiente. Si se calcula la proporción del territorio de las entidades federativas con huellas humanas altas, es decir, con zonas en donde existen afectaciones importantes por actividades agropecuarias, acuícolas, mineras o por la presencia de zonas urbanas e infraestructura se observa que guardan una relación positiva con su densidad poblacional. Entidades con bajas densidades poblacionales, como Baja California Sur, Coahuila, Sonora y Durango, muestran porcentajes reducidos de sus territorios con huellas humanas altas. Mención aparte merece la Ciudad de México, la entidad con la mayor densidad poblacional del país y en donde el 60% de su superficie muestra huellas humanas altas.
De acuerdo con un estudio realizado por Animal Político(23), y con base en estimaciones del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), las autoridades mexicanas han destinado al rubro de "gastos en protección ambiental" sólo 1 billón 366 mil 276 millones de pesos, es decir, un equivalente a 10% de lo que se ha perdido por fenómenos como contaminación del aire y del agua, por la generación de residuos sólidos, por la degradación del suelo, así como por el agotamiento de recursos naturales como los forestales o los hidrocarburos. Estas estadísticas dejan ver el marcado desequilibrio en la balanza entre los recursos ambientales amenazados y la inversión pública para protegerlos: en 2015, por ejemplo, se perdieron recursos naturales con valor estimado en 907 mil 473 millones de pesos, mientras que el gobierno invirtió ese año en la protección ambiental sólo 141 mil 933 millones.
Bajo este panorama, en la Coalición Por México al Frente estamos convencidos de que el bienestar de las personas y la protección del medio ambiente, deben ser elementos fundamentales en un modelo de desarrollo integral, incluyente y sostenible, basado en el respeto a la naturaleza, y a las comunidades.
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Poner al desarrollo sostenible en el centro de la estrategia de desarrollo nacional.
·  Incorporar los principios de justicia intergeneracional, precautorio, evaluación ambiental estratégica y el que contamina paga para toda explotación de los recursos naturales o cualquier tipo de proyecto productivo, recreativo o turístico.
·  Fortalecer el marco jurídico y las instituciones encargadas de salvaguardar los ecosistemas del país y de revertir su degradación, así como de cuidar el medio ambiente y la protección a los animales.
·  Instrumentar políticas de Estado que aseguren que el país cumpla con sus compromisos internacionales en materia de cambio climático y calentamiento global, así como de protección de la biodiversidad.
·  Impulsar el desarrollo de empresas limpias y ambientalmente sostenibles que contribuyan al desarrollo económico y social del país, basadas en la explotación racional de los recursos, con evaluaciones ambientales estratégicas, límites de contaminación, gestión de residuos y condiciones saludables para los trabajadores.
 
·  Crear un nuevo modelo de desarrollo urbano y territorial en el país, con la participación y vigilancia de la sociedad, que fomente la creación de ciudades y la adecuación de las ya existentes, bajo criterios de sostenibilidad, viabilidad y resiliencia en materia de crecimiento ordenado, asentamientos humanos, seguridad, protección civil, infraestructura, servicios públicos, transporte, movilidad, y calidad de vida de sus habitantes.
·  Establecer mecanismos de gestión (coordinación institucional) y gobernanza urbana, y en donde resulte aplicable, de carácter metropolitana y megalopolitana.
·  Propiciar el reagrupamiento y fusión en el país de los municipios poco poblados o dispersos, para garantizar su viabilidad política, y su desarrollo económico y social sostenibles.
·  Establecer regulaciones para que la explotación de los recursos naturales de pueblos originarios y comunidades indígenas sea sostenible y beneficie a las propias comunidades.
·  Llevar a la práctica el principio de que quien contamina paga en toda explotación de los recursos naturales o proyecto productivo, recreativo o turístico.
·  Fomentar proyectos ambientalmente sostenibles en zonas marginadas, evitando prácticas de explotación irracional que ponen en riesgo sus recursos naturales.
·  Integrar a las comunidades en el diseño, ejecución y supervisión de los planes y proyectos de desarrollo que afectan los recursos naturales de sus localidades, respetando sus derechos, formas de vida, usos y costumbres, desde un enfoque intercultural.
·  Incorporar en las políticas de desarrollo económico consideraciones de sostenibilidad ambiental.
·  Los proyectos de desarrollo turísticos y de inversión públicos o privados, deberán contar con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.
·  Promover el turismo ambientalmente sostenible y comprometido con el desarrollo de las comunidades locales.
·  Garantizar la seguridad energética del país, con certeza de abasto, calidad, precio y sostenibilidad, procurando una creciente industrialización y tecnificación del sector energético.
·  Favorecer esquemas financieros de apoyo a los centros de investigación e instituciones educativas, para realizar estudios específicos sobre medio ambiente y biodiversidad.
·  Impulsar vínculos de cooperación internacional que favorezcan el intercambio y desarrollo de nuevas tecnologías que mejoren la producción industrial y resulten amigables con el medio ambiente.
·  Establecer impuestos ecológicos.
·  Impulsar el desarrollo e incorporación de energías limpias y renovables en la matriz energética del país.
·  Poner en marcha acciones que detengan la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos del país (y en lo posible los recuperen), aprovechando racionalmente el agua y garantizando su abasto suficiente en las distintas regiones del país.
·  Fortalecer y supervisar el cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial.
·  Incorporar a la matriz energética fuentes alternativas, limpias y renovables, realizando en ellas un esfuerzo importante de desarrollo tecnológico propio.
·  Planear e implementar programas de protección civil y prevención de desastres, con participación y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, así como con la participación de la sociedad.
 
La política exterior de México tiene la encomienda primordial de garantizar la soberanía de nuestro país, para ello su conducción debe basarse en los principios que se instituyen en nuestra Constitución Política, entre los que destacan: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales (Artículo 89, Fracc.X).
La gestión de gobierno, en esta materia, debe responder a dos prioridades fundamentales. Por un lado, defender los intereses de México en el exterior, e impulsar su desarrollo al posicionar por medio de la cooperación, las relaciones comerciales, de inversión y de turismo. Por otro lado, fortalecer el diálogo y negociación con la comunidad internacional, a través de de los foros multilaterales. Es sabido que el desempeño de una política exterior depende en gran medida de los acuerdos que se logren concretar.
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Consolidar una política exterior de Estado, que defina con claridad y promueva y defienda activamente los intereses nacionales, orientándola a apoyar el desarrollo nacional.
·  Mantener una política exterior independiente y soberana definida en función de los principios e intereses nacionales. Reconocer la creciente importancia y complejidad de los asuntos de política exterior.
·  Incluir entre los objetivos de la política exterior nacional la defensa y promoción de los principios democráticos y los derechos humanos en el mundo.
·  Hacer de la política exterior un instrumento eficaz para fortalecer nuestros vínculos económicos, comerciales y de cooperación con otras naciones.
·  Ampliar las facultades del Senado de la República, en la conducción y evaluación de la política exterior.
·  Establecer un Comité Consultivo Ciudadano de Política Exterior, que permita y promueva una mayor participación de la sociedad en los asuntos de política exterior, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
·  Poner en marcha un sistema de inteligencia estratégica para la planeación y toma de decisiones en materia de relaciones exteriores, con el fin de fortalecer el posicionamiento de México en el mundo.
·  Fortalecer la coordinación y la actuación de las diferentes dependencias del gobierno federal en materia de política exterior.
·  Destinar mayores recursos para el desempeño de las embajadas y consulados de México en el exterior. De manera especial, incentivar la asignación presupuestal destinada a la protección consular de connacionales en el exterior.
·  Reforzar la presencia internacional de México en organismos multilaterales, y fortalecer nuestros vínculos comerciales, económicos y de cooperación con otras naciones.
·  Redefinir la relación estratégica con Estados Unidos, con un enfoque integral desarrollado a partir de nuestra dependencia mutua y vecindad geográfica, y priorizando los intereses nacionales.
·  Impulsar el cabildeo en el Congreso de Estados Unidos para posicionar el interés nacional de México en temas sensibles como la política migratoria, la seguridad y el libre comercio en América del Norte.
·  Fortalecer la defensa de los derechos humanos y laborales de las personas migrantes mexicanos en Estados Unidos y el resto del mundo.
·  Evaluar y diseñar nuevos programas de apoyo a las personas migrantes mexicanos para identificar áreas no cubiertas, priorizando el apoyo legal y la asesoría.
·  Empoderar a las comunidades de origen mexicano dentro de los Estados Unidos, apoyando su agenda y fortaleciendo su contribución a los intereses de México y generar acciones para apoyar la regularización de los llamados dreamers.
·  Incorporar en los acuerdos de libre comercio que suscriba México, en particular aquellos con Estados Unidos, cláusulas relativas al flujo migratorio, a los derechos de los trabajadores y a los asuntos medioambientales.
·  Promover un nuevo programa de cooperación en materia de seguridad entre México-Estados Unidos, bajo el enfoque de la reducción de la violencia y la seguridad ciudadana, que trate con la misma importancia los tráficos ilícitos de ambos lados de la frontera (estupefacientes hacia Estados Unidos, armas desde Estados Unidos hacia México).
 
·  Garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas inmigrantes, principalmente centroamericanos, en su tránsito por nuestro país. Especialmente, promover los esquemas de cooperación que contemplen el desarrollo local de capacidades en los lugares de origen de la migración.
·  Fortalecer los programas que faciliten la movilidad educativa, permitan el intercambio y mediante la educación fortalezcan los vínculos que nos unen con todas las naciones.
·  Continuar impulsando a nivel internacional el debate sobre las políticas de drogas y el cambio de paradigma del prohibicionismo a la reducción de daños y riesgos.
·  Ampliar las relaciones políticas, comerciales, culturales y de cooperación con regiones estratégicas y economías emergentes.
·  Diversificar las relaciones de México con otros países y regiones.
·  Fortalecer de manera prioritaria las relaciones de México con los países de América Latina y el Caribe, incrementando su participación en los mecanismos y foros subregionales. .
·  Impulsar un mecanismo de integración regional con América Latina y el Caribe que promueva el libre comercio, la migración ordenada, la inversión en infraestructura y el desarrollo sostenible en la región.
·  Fortalecer la presencia de México en la Alianza del Pacífico a través de proyectos de cooperación en ciencia y tecnología, integración de empresas y un mecanismo de diálogo político
·  Profundizar en la relación política y comercial con la Unión Europea, a fin de atraer inversiones que favorezcan el desarrollo de México.más eficiente.
·  Definir una relación estratégica con África y Medio Oriente.
·  Establecer una mayor cooperación económica y de inversión con China y el Pacífico asiático.
·  Promover los lazos de cooperación entre los gobiernos subnacionales.
·  Desarrollar y utilizar activamente la imagen de México, y promover a través de nuestras embajadas y consulados lo mejor de la cultura y de las aportaciones de México al mundo.
·  Defender y fortalecer el multilateralismo.
·  Contribuir al fortalecimiento y eficacia de los organismos internacionales como los mejores instrumentos para afrontar los retos actuales de la humanidad.
·  Incrementar la presencia y el liderazgo de México en los organismos internacionales.
·  Reforzar y diversificar la presencia internacional de México en organismos multilaterales.
·  Aprovechar nuestra membresía en los organismos internacionales para promover e impulsar los objetivos e intereses nacionales de México y hacer de nuestra política exterior y nuestra participación en el marco multilateral una verdadera palanca para la promoción del desarrollo nacional.
 
IV.   Por un programa de gobierno para la seguridad
La inseguridad que vive México es producto de múltiples factores: la impunidad, los muy profundos defectos de nuestro sistema de justicia; la estrategia de combate a las organizaciones criminales centrada de manera casi exclusiva en la detención o abatimiento de sus líderes y la desigualdad. El combate a la delincuencia organizada atrajo la mayor parte de la atención de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano durante muchos años, llevó a las fuerzas armadas a suplir las deficiencias de las policías especialmente de las locales y municipales-y concentró las tareas de la procuración de justicia en la desarticulación de las principales bandas delincuenciales del país. Sin embargo, al mismo tiempo generó el aumento de los índices de violencia en el país y sembró una creciente percepción de impotencia de la sociedad ante la impunidad de los grupos criminales.
Los delitos del fuero federal relacionados directamente con el narcotráfico(24) fueron en 2016 de 6.03 por cada 100 mil habitantes, cifra muy inferior a la registrada en 2012 que fue de 36.12. De igual manera, los crímenes relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se han reducido de 16.24 por cada 100 mil habitantes en 2012 a 10.16 en 2016. Aunque se tienen resultados positivos en estos indicadores, no reflejan la complejidad de la situación en materia de seguridad que vive el país, ya que los crímenes y homicidios violentos han ido en aumento.
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Consejo Nacional de Población
Desde 2015 los homicidios dolosos han aumentado considerablemente.(25). Salvo el robo de vehículos sin violencia, las tasas por cada 100 mil habitantes de los delitos de alto impacto(26) del fuero común registran cifras a la alza. Entre 2006 y 2016 el homicidio doloso pasó de 10.89 a 16.80; el secuestro de 0.68 a 0.92; la extorsión de 2.91 a 4.31; el robo de vehículo con violencia 23.21 a 36.93 y robo de vehículo sin violencia 112.21 a 95.37. Este 2017 será considerado el más violento de México, ya que en lo que va del año se han registrado 18,505 homicidios dolosos(27), los Estados en los que más se ha incrementado este delito son Colima , Guerrero, Baja California, Baja California Sur y Morelos.
En todo México hay zonas críticas en donde se hace necesario reestablecer el Estado de Derecho y poner en marcha estrategias para enfrentar a la delincuencia y la violencia desde sus causas estructurales lo que incluye recuperar espacios públicos, mejorar la calidad de vida de las personas, crear empleos y atraer inversiones. Sin seguridad no habrá crecimiento económico y sin desarrollo social y reducción de las desigualdades tampoco tendremos éxito en la estrategia de seguridad.

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Consejo Nacional de Población
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Consejo Nacional de Población
El 76% de la población percibe que su entidad federativa es insegura, cifra que ha crecido desde el año 2014 cuando el 67% lo consideraba de esta manera. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, la población no considera que esta situación vaya a cambiar en el corto plazo. Para septiembre de 2017, 37.4% de la población consideraba que la situación será peor y 35.5% que seguirá igual de mal.

Fuente: INEGI Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Diseñar e implementar una política de seguridad humana, de carácter integral para que todos los mexicanos y mexicanas gocen de su derecho inalienable a vivir en un entorno seguro y libre de violencia, atendiendo las causas estructurales de la violencia y la delincuencia.
·  Hacer el cumplimiento del Estado de Derecho un eje fundamental de la seguridad ciudadana.
·  Implementar una política de seguridad ciudadana que garantice el pleno respeto de los derechos humanos, proteja a las víctimas y se sustente en la participación de la ciudadanía.
·  Establecer a nivel nacional programas para prevenir y reducir la violencia en todas sus dimensiones, a través de políticas y acciones de prevención de la violencia y el delito, la recuperación de espacios públicos y el fomento a la cultura de la legalidad.
·  Implementar, con relación al consumo y tráfico de drogas, una política integral enfocada en la reducción de daños y riesgos y en la desarticulación de las organizaciones de delincuencia organizada.
·  Rediseñar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de una nueva instancia de seguridad ciudadana, separada de la Secretaría de Gobernación.
·  Consolidar un mecanismo de coordinación interinstitucional entre las instancias encargadas de la seguridad.
·  Concentrar los esfuerzos en combatir los delitos que más lastiman a la sociedad, comenzando con el homicidio, robo con violencia, los feminicidios, el secuestro y la extorsión.
·  Combatir los abusos y violaciones a derechos humanos tales como: la trata de personas, la desaparición forzada, la desaparición, la afectación de derechos en contextos de movilidad humana, las ejecuciones extrajudiciales y todas aquellas privaciones de la libertad contrarias a la ley.
·  Implementar programas de inclusión y atención para niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en contextos y entornos de violencia.
·  Recuperar espacios públicos creando entornos seguros de convivencia.
·  Reformular la estrategia contra las organizaciones de delincuencia organizada, privilegiando el uso de la información de inteligencia para la desarticulación de los grupos delictivos y el combate al lavado de dinero.
·  Promover la armonización de las legislaciones penales de los estados.
·  Promover que la legislación penal contemple prisión preventiva en los casos de acopio, transporte y portación de armas.
·  Identificar y desarticular las redes de corrupción entre políticos, funcionarios públicos, empresarios y organizaciones criminales, reforzando la unidad de inteligencia financiera y su coordinación con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), castigando severamente a quienes participen en los actos de corrupción y colusión de dichas redes.
·  Promover una reforma electoral y penal que tipifique penalmente y castigue el uso de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales.
 
Si bien es cierto que la violencia tiene un mayor número de víctimas hombres, es necesario reconocer que la violencia que afecta a las mujeres tiene características muy particulares que deben ser atendidas de manera prioritaria y particular. De acuerdo con el INEGI, en México, 66% de las mujeres de 15 años y más ha sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida(28). Algunos delitos como la trata de personas afectan de manera desproporcionada a las mujeres, pues 83% del total de víctimas de trata de personas en México son mujeres(29).
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no clasifica los delitos del fuero común según género; sin embargo, es posible identificar los delitos sexuales, especialmente las violaciones, los cuales afectan principalmente a las mujeres. El número de violaciones por cada 100 mil habitantes en el país es de 10.59 para 2016. Existen estados como Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca y Querétaro en donde estos crímenes han aumentado en el mismo periodo de tiempo. Según los datos del INEGI, las defunciones por homicidio de mujeres han aumentado de 2010 a 2016 pasando de 2,418 a 2,813 homicidios. Por ello, resulta indispensable combatir la violencia en contra de las mujeres y perseguir de manera prioritaria aquellos delitos que perpetúan las desigualdades de género e impiden alcanzar un país más igualitario para todos sus habitantes.
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Consejo Nacional de Población

Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de políticas públicas encaminadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las ellas.
·  Eliminar toda forma de violencia política contra la mujer y ampliar los espacios de representación y participación de las mujeres en la vida pública, impulsando que todo órgano colegiado se integre de manera paritaria.
·  Combatir la trata de personas en sus diversas modalidades y establecer programas específicos de atención a las víctimas de estos delitos, proporcionándoles el apoyo necesario para su reinserción social.
·  Garantizar el acceso a la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género con la finalidad de hacer realidad el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
·  Garantizar a las mujeres el derecho de acceso a la justicia mediante el diseño e implementación de protocolos de actuación por parte de las autoridades de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia, para erradicar el grave flagelo de los feminicidios y de la violencia contra las mujeres. Los diversos agentes del Estado relacionados con esta problemática recibirán la capacitación adecuada para la correcta e inmediata implementación de dichos protocolos.
·  Crear fiscalías especializadas con personal capacitado para atender delitos relacionados con la violencia hacia las mujeres.
En la Coalición estamos conscientes de que la política en materia de seguridad debe modificarse desde la raíz. Es preciso admitir los errores cometidos a lo largo de este siglo y reconocer que hoy vivimos una crisis en el sistema de procuración y de administración de la justicia que, a su vez, se acompaña de las debilidades de nuestros cuerpos de seguridad y policía. La oferta de seguridad que ha de ofrecer el Estado mexicano no puede ceñirse a combatir la violencia de los criminales, con más violencia. El trabajo que debe emprenderse de inmediato está en la corrección de esos defectos que recorren el sistema de justicia en su conjunto. Es nuestra más profunda convicción que ofrecer seguridad equivale a combatir la impunidad, con la más amplia vigilancia y participación ciudadana en todos los procesos que involucran la salvaguarda de todos sus derechos.
Las personas quieren vivir en paz, en armonía y gozar de una vida con justicia y libertad. El programa de gobierno que nos proponemos encabezar convocará a la ciudadanía a participar en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad de sus comunidades. Los modelos de policía que hoy siguen vigentes se modificarán para que la sociedad recupere la confianza en los cuerpos policiales: Nos comprometemos a promover políticas de profesionalización policial, con un enfoque que incluya la dignificación de los policías, mejorar sus capacidades para hacer frente a los delitos que más dañan a la comunidad y que permita recuperar la confianza ciudadana.Estamos ciertos de que una parte sustantiva para el éxito de las políticas contra la delincuencia y la violencia, es el acompañamiento de la sociedad. Se debe también incorporar la inteligencia social y operativa que describe los patrones criminales y anticipa sus acciones, así como de inteligencia financiera para erradicar las causas que han permitido el crecimiento de la delincuencia en todas sus facetas.
La actual administración inició su mandato con el ambicioso proyecto de retirar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública a través de la sustitución de elementos militares por agentes de la Gendarmería Nacional. El carácter de dicha instancia, su composición, carácter civil -con entrenamiento y doctrina como fuerza intermedia- y hasta su adscripción fueron asuntos contenciosos desde un inicio. La institución se constituyó como una división de la Policía Federal, proyectándose originalmente que fuera compuesta por 40,000 elementos, mismos que serían capaces en el mediano plazo de sustituir y asumir las tareas y misiones que hasta ese momento eran encargadas a elementos militares. Para 2017, el resultado de este proyecto ha sido todo menos satisfactorio. Actualmente la Gendarmería Nacional se encuentra compuesta por 5,125 elementos(30) de los 40,000 prometidos. Asimismo, lejos de constituir una fuerza independiente la Gendarmería, terminó convertida en un pequeño apéndice de la Policía Federal, institución que no ha mostrado crecimiento desde el año 2014. Estos resultados de la política de seguridad demuestran el crónico anquilosamiento y baja inversión que ha recibido el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad pública.
La participación ciudadana es fundamental para alcanzar un sistema de justicia que atienda y cubra cada una de las necesidades en materia de seguridad. Son las personas los que mejor conocen sus problemas y quienes entienden las dinámicas sociales que se generan al interior de su comunidad, por lo que las autoridades siempre deben mantener los canales de comunicación abiertos. Las Casas de Justicia y Convivencia Social en Colombia, son un ejemplo de cómo se puede mejorar el acceso de las personas a la administración de justicia y mejorar la convivencia social, a través de instrumentos como la socialización de los servicios legales, las intervenciones urbanas de rescate del espacio público, el empoderamiento ciudadano y el desaqrrollo de estrategias de prevención social del delito y la violencia.(31) Gracias a esta política, Colombia logró reducir significativamente los crimines del fuero común en ciudades asoladas por lo que se creía violencia ya endémica, como Bogotá y Medellín. Sólo en la ciudad de Bogotá, se logró reducir los homicidios de 4,378 en 1993 a 1,380 en 2006.(32)
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Fomentar y fortalecer la participación de la ciudadanía en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad de sus comunidades
·  Fortalecer la participación de la sociedad civil en el Sistema y el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad; así como en la supervisión del sistema penitenciario del país, sea del fuero federal o local.
·  Reestructurar el sistema penitenciario e implementar medidas para abatir la posibilidad de que se conviertan en centros de operación de la delincuencia.
·  Fortalecer a las instituciones policiales para enfrentar al delito y recuperar la confianza de la sociedad.
·  Definir e instrumentar un modelo de carrera policial en los tres órdenes de gobierno, con los recursos financieros y humanos para su capacitación, equipamiento e infraestructura.
·  Fortalecer las capacidades policiales mediante la capacitación permanente y el uso de tecnología e inteligencia, como elementos fundamentales para abatir los delitos.
·  Mejorar los mecanismos de colaboración y coordinación de los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno, para lograr que éstos sean eficientes y atiendan la demanda ciudadana de combate a los delitos.
·  Relanzar la propuesta de contar con un mando mixto policial a partir del principio de subsidiariedad. Mejorar los mecanismos de colaboración y coordinación de los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno, para lograr que éstos sean eficientes y atiendan la demanda ciudadana de combate a los delitos.
·  Fomentar el respeto y la confianza en las policías, a través del proceso de certificación, evaluación y controles de confianza abierto al escrutinio y a la participación de la sociedad civil
·  Fortalecer a las policías municipales, de proximidad y comunitarias, para el desempeño de las tareas de seguridad ciudadana como la contención de los delitos del fuero común y tareas para preservar la paz pública y la convivencia social.
·  Dignificar y enaltecer a los miembros de las corporaciones policiales, a través de salarios dignos, prestaciones sociales y protección para el personal de las instituciones policiales y sus familias.
·  Reconsiderar las prioridades del gasto en seguridad dando prioridad al gasto estratégico tareas de investigación, inteligencia y procuración y administración de justicia.
·  Fortalecer las capacidades técnicas, de equipamiento y de operación estratégica de las policías para hacer frente a la delincuencia y mejorar la coordinación entre los distintos órganos de gobierno encargados de la seguridad.
·  Profesionalizar y fortalecer los cuerpos policiales municipales y estatales para que en todo el territorio nacional reasuman y cumplan sus funciones constitucionales de seguridad pública.
·  Mejorar las capacidades de la Policía Federal para enfrentar la delincuencia organizada; así como su coordinación con las autoridades estatales.
 
El sistema penitenciario mexicano se encuentra en el ojo del escrutinio nacional e internacional por los pobres resultados de la política de reinserción social, los alarmantes niveles de reincidencia que se reportan en el país, y las condiciones deplorables en que se encuentran los más de 188 mil reos del fuero local y federal. De todos los esfuerzos reformadores, así como de inversión pública en materia de seguridad, el último rubro de atención siempre ha sido los reclusorios y centros penitenciarios. Motines, condiciones infrahumanas, consumo de estupefacientes, suicidio, actividades delictivas y autogobiernos han sido la norma y no la excepción. Para el año 2016, la sobrepoblación en el sistema penitenciario nacional alcanzó el 41.4%(33), hecho que vuelve ingobernables a los penales, y hasta un problema de seguridad nacional de la mayor urgencia. Es necesario reestructurar, reformar e invertir cuantiosos recursos en un nuevo modelo penitenciario, acorde a las mejores prácticas internacionales, el respeto irrestricto a los derechos humanos como un eje de la reinserción social, y la búsqueda de modelos evaluables y replicables que mejoren las condiciones al interior de los penales. Esto pondría énfasis en la calidad de vida de las familias de los reos para que se conviertan en un detonante de los procesos de prevención y reinserción a nivel nacional.
Una reforma integral del sistema de seguridad pública debe considerar necesariamente reformar el sistema penitenciario, cuyas condiciones actuales resultan inaceptables. Los principales problemas de los centros penitenciarios son la violación de derechos humanos, presencia de incidentes violentos y actividades ilícitas, sobrepoblación, malas condiciones de las instalaciones, e insuficiencia de personal.(34) Al cierre de 2016, 188,262 personas se encontraban recluidas en centros penitenciarios estatales y 1,913 en centros de tratamiento y/o internamiento para adolescentes; de éstos, 34.5% no cuenta con sentencia y/o resolución. Durante 2016, de las 108,870 personas que ingresaron a los centros penitenciarios y a los centros para adolescentes, 15.2% fueron reincidentes y 9.4% fueron reingresos.(35)

Fuente: Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, julio 2016. CNS

Fuente: Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2016, CNDH
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Ampliar y modernizar los centros penitenciarios del país, así como clasificar de forma clara los centros de reclusión, para atender los problemas de hacinamiento e inseguridad al interior de los centros penitenciariosImpulsar la profesionalización, capacitación del personal de los centros penitenciarios y establecer controles de confianza y evaluación permanente.
·  Utilizar herramientas tecnológicas para evitar la comisión de delitos desde las cárceles. Establecer la obligación nacional del bloqueo de señales de teléfono celular e internet al interior y en las periferias de tales centros.
·  Impulsar la profesionalización, capacitación del personal de los centros penitenciarios y establecer controles de confianza y evaluación permanente.
·  Establecer de medidas eficaces contra la corrupción, el trato discriminatorio y/o diferenciado de las personas en reclusión, las violaciones a sus derechos humanos, el consumo y el tráfico de drogas, la inducción a la comisión de delitos al interior de los centros de reclusión.
·  Hacer obligatorios el trabajo y la educación penitenciarias e implementar mecanismos de seguimiento y evaluación de los programas de reinserción social.
 
 
La procuración de justicia reclama una acción de la mayor envergadura. Como han probado los diagnósticos recientes emitidos en esta materia, el problema es de fondo y requiere decisiones inmediatas. De un lado, en la Coalición estamos convencidos de la enorme importancia que tiene otorgar plena autonomía a la nueva Fiscalía General de la República y garantizar que el nombramiento de su titular no responda sino a las credenciales profesionales, al mérito y al compromiso republicano de quien habrá de ocupar el cargo. En el mismo sentido, afirmamos la necesidad de que los fiscales especializados en los delitos electorales y de corrupción, sean personas independientes, profesionales y honestas, al margen de cualquier compromiso político y de la captura de intereses ajenos a su cometido. Sabemos que la procuración eficaz y honesta de justicia dependerá tanto de los titulares de las dependencias responsables de ofrecerla, sobre todo, de la reforma interna a las instituciones que la brindan.
Sostenemos que no habrá una procuración de justicia eficaz y honesta mientras no haya reformas de fondo a la legislación, para armonizar los procedimientos penales con los medios disponibles por el Estado para asegurarla. Y desde luego, es urgente emprender un proyecto de amplio calado para profesionalizar y ofrecer seguridad laboral de largo aliento a los fiscales, a la policía de investigación y a los peritos que encarnan la justicia que se procura cada día. El mayor desafío en la transición entre la PGR y la nueva Fiscalía General de la República está en la operación cotidiana del ministerio público, en el refuerzo de su capacidad de atención y de investigación, en la construcción de blindajes efectivos para evitar que se corrompan o se dobleguen ante los poderes fácticos o los grupos criminales y en la colaboración sistemática y organizada de las autoridades, con la sociedad organizada.
En esta fase de transición y consolidación del nuevo sistema de justicia penal y la transición de procuradurías a fiscalías, sólo el 6.3% de los asuntos ingresados a estas instancias llega a ser judicializado. En promedio, a nivel nacional solamente el 6.6% de las investigaciones abiertas concluye con el ejercicio de la acción penal, y sólo el 18.1% de las carpetas de investigación iniciadas se resuelve efectivamente. Tenemos un escenario de baja formalización de investigaciones. De todos los casos efectivamente entablados, solamente se ejecutan y cumplen el 45% de las órdenes de aprehensión obtenidas por las fiscalías(36). Según datos del propio Consejo de la Judicatura Federal, alrededor de 99% de las causas penales fueron iniciadas con detenidos en flagrancia, cuestión que desnuda la crisis en capacidad y voluntad de investigación por parte del Ministerio Público(37).
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública,(38) los delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa (cifra negra) alcanza el 93.6%.
A ese panorama de la operación del sistema de procuración de justicia tenemos que sumar que la probabilidad de que se denuncie y esclarezca un delito en nuestro país es actualmente del 0.90%, cifra que pone en toda su dimensión la crisis y el tamaño del reto por venir. La cifra negra de la inseguridad actualmente se encuentra calculada en alrededor del 93.6%, por lo que sólo 6.4% de delitos cometidos son denunciados(39). Estas cifras refrendan la necesidad de consolidar las instituciones mexicanas en materia de justicia y darle la vuelta a la crisis crónica de confianza que sufren sus autoridades.
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Combatir las malas prácticas, la impunidad, y la corrupción en el sistema de impartición y procuración de justicia.
·  Garantizar el debido proceso y la erradicación de la tortura o la coerción para obtener declaraciones de los acusados.
·  Reformar el marco legal que da vida a la Fiscalía General de la Nación, para que quien el funcionario que la encabece sea una persona que cuente con sobrada solvencia moral, buena reputación, capacidad técnica e independencia respecto a partidos políticos y poderes fácticos.
·  Supervisar el tránsito de la PGR a una Fiscalía General que sea autónoma, apartidista, capaz e independiente y que cuente con mejores herramientas y controles efectivos para desempeñar adecuadamente sus funciones.
·  Vigilar que la transición de la PGR a la Fiscalía General de la República se haga sin pase automático.
·  Asegurar que la Fiscalía General de la República nazca como una institución profesional, con solidez técnica y mejores herramientas para investigar y perseguir el delito.
·  Garantizar la independencia política del Fiscal General y los titulares de las fiscalías especializadas en anticorrupción, delitos electorales y derechos humanos, incorporando criterios de selección para recuperar la legitimidad frente a la ciudadanía y estén libres de prácticas de control político.
·  Hacer que la Fiscalía General de la República cuente con las facultades necesarias para evitar que casos relacionados con violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos queden impunes.
·  Incorporar facultades para que la Fiscalía General atraiga casos del fuero común que revistan importancia para el ámbito nacional.
·  Promover una transferencia ordenada y gradual de los recursos humanos, materiales, preservando la integridad de los expedientes.
·  Reforzar la oralidad de los juicios en las distintas materias del quehacer jurídico.
·  Fortalecer las capacidades de los ministerios públicos para la investigación y consignación de los delincuentes.
·  Revisar a profundidad la forma en que operan los servicios técnico forenses
 
El gobierno de coalición que encabezaremos iniciará, además, una profunda reforma al sistema judicial de México. Esta es una decisión que no puede demorarse más y que forma parte de las acciones indispensables para combatir la impunidad que ha dañado todas las relaciones sociales del país. No sólo por los imperativos de la transición hacia el nuevo modelo penal acusatorio que exige la Constitución, sino por el reclamo ciudadano de una justicia cotidiana capaz de resolver los conflictos entre particulares de manera honesta y expedita, a salvo de la morosidad y la corrupción de los procesos jurisdiccionales. Es imperativo emprender la reforma largamente aplazada al sistema judicial de México, para someter a los jueces y los juzgados de todas las materias justiciables del país al escrutinio de la sociedad, a los contrapesos que garanticen su desempeño eficiente e impecablemente honesto y a la rendición de cuentas.
Nos oponemos a permitir el sometimiento del sistema judicial a los imperativos de la política o del dinero. Nos pronunciamos por un Poder Judicial independiente, estable y profesional, basado en el mérito y en la permanente vinculación de cada una de sus acciones y decisiones a la supervisión social. Afianzaremos los sistemas de reclutamiento, capacitación y evaluación de todos los integrantes del sistema judicial para impedir que los juicios de cualquier naturaleza sean resueltos por personas que no acrediten todas las competencias y las cualidades indispensables para honrar esa labor.
De acuerdo con las labores de seguimiento del CIDAC al Sistema de Justicia Penal, del total de carpetas de investigación iniciadas en la PGR, sólo 30% ingresan como asuntos conocidos al Poder Judicial y de éstos, únicamente 55.8% se convierten en causas penales iniciadas. En promedio, diariamente se inician 12.8 casos penales y se finalizan 3 causas, lo cual representa una productividad de 23.4% en el SJPA en el ámbito federal. Por último, del universo total de carpetas iniciadas, sólo 0.18% llega a juicio oral.(40) Estas cifras implican un rezago que puede amenazar con sobre saturar el sistema de justicia en el mediano plazo.
 

Fuente: Seguimiento y evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal en México. Hallazgos 2016. CIDAC

Fuente: Seguimiento y evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal en México. Hallazgos 2016. CIDAC
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Establecer una campaña nacional en favor del establecimiento de un genuino Estado de Derecho y de combate a la impunidad, como mecanismos para favorecer nuestra democracia, la seguridad, inversión, creación de empleos, calidad de vida y marca país, entre otros.
·  Transparentar la actuación de los juzgados, de la administración y procuración de justicia y del poder judicial en general.
·  Supervisar la correcta implementación del sistema de justicia penal acusatorio, teniendo como prioridad la capacitación permanente de todos los servidores públicos que participan en él.
·  Transparentar la actuación de los juzgados, de la administración y procuración de justicia y del poder judicial en general.
·  Transparentar el cabildeo en los Congresos.
·  Impulsar una Comisión Ciudadana para la Investigación de Actos de Corrupción, que ayude a poner al descubierto la verdad sobre los casos notables, pasados y presentes, de actos de corrupción y exponer públicamente a los corruptos, a fin de que se inicie el proceso judicial correspondiente.
 
Desde la Coalición convocaremos a una amplia campaña entre sociedad y gobierno para garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos contemplados en la Constitución. Emprenderemos una política nacional para informar y capacitar a las personas para que sepan defenderlos a través del uso colectivo y justo de las leyes y para romper, en definitiva, la separación que hoy prevalece entre los sistemas de seguridad, procuración e impartición de justicia y la desconfianza de los social.
Subrayamos que la impunidad es la causa principal de las múltiples manifestaciones de la inseguridad que prevalece en el país y que ésta, a su vez, exige la mayor apertura y el mayor profesionalismo. Será una tarea prioritaria del gobierno emanado de la Coalición garantizar las condiciones para que el sistema de justicia mexicano se modifique radicalmente, con el más pleno respeto y salvaguarda de los derechos humanos de todas las personas que radiquen en nuestro territorio y de nuestros connacionales en el extranjero.
De acuerdo con cifras de la CNDH, en el año 2016 se contabilizaron 7,658 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, de los cuales 548 fueron detenciones arbitrarias, 528 tratos crueles, inhumanos o degradantes.(41)
Aunado a la crisis de inseguridad y violaciones a los derechos humanos, en el año 2016 el Gobierno Federal eliminó las partidas presupuestales para el Programa Nacional para la Prevención del Delito y recortó los fondos e iniciativas de reconstrucción del tejido social. Con esto, el actual gobierno se alejó de una política de prevención no policial del delito, optando por invertir en la militarización de la seguridad pública, tal como muestran sus prioridades de gasto e inversión para el año 2018. Tan solo busca combatir los efectos y no atacar las causas.
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Fortalecer los mecanismos de seguimiento y atención de las recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos.
·  Proteger la integridad de las víctimas de la violencia y la delincuencia, a partir del compromiso con la plena aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Víctimas y a la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares.
·  Establecer a nivel nacional programas para prevenir y reducir la violencia en todas sus dimensiones, a través de políticas y acciones de prevención de la violencia y el delito, la recuperación de espacios públicos y el fomento a la cultura de la legalidad.
·  Impulsar un amplio programa nacional de prevención y reducción de riesgos en torno al consumo de estupefacientes y otras sustancias psicotrópicas, así como garantizar la calidad de los servicios públicos en materia de prevención, atención, rehabilitación y reducción de daños.
 
Asumimos que proteger la seguridad de las personas es la función primordial del Estado mexicano y, de ahí, que esa tarea no se limite a combatir las distintas formas de violencia que se han arraigado dentro de las relaciones sociales internas, sino que ha de abarcar también el concepto más amplio de la seguridad nacional y orientar la política exterior del país. En la Coalición consdieramos que la salvaguarda de la soberanía consiste tanto en la garantía de la cohesión social territorial, como en la defensa de los intereses de México en el exterior.
Se estima que México recibe de Estados Unidos entre 19 y 29 mil millones de dólares anuales producto del tráfico ilegal de drogas entre ambos países.(42) De acuerdo con la DEA, las organizaciones mexicanas de delincuencia organizada transnacional representan la amenaza criminal relacionada con drogas más importante en Estados Unidos. Estas organizaciones controlan grandes regiones de México utilizadas para el cultivo, producción, importación y transporte de drogas ilegales. Asimismo, controlan amplios corredores de venta y distribución en Estados Unidos a lo largo del lado oeste de la frontera con México. Anualmente, se trafican toneladas de drogas ilícitas que incluyen heroína, metanfetaminas, cocaína, marihuana y fentanyl. Además del tráfico de drogas, estas organizaciones se encargan de distribuir la droga en Estados Unidos y cuentan con extensas redes de lavado de dinero(43). En otras palabras, las organizaciones criminales que operan en México presentan un serio riesgo a la seguridad no sólo de las y los mexicanos, sino de todo el hemisferio.
Por otro lado, se estima que alrededor de 212,887 armas de fuego se compran y trafican actualmente de Estados Unidos a México. Los gobiernos de México y Estados Unidos sólo confiscan alrededor de 18% del tráfico ilegal de armas y la mayor parte de las armas confiscadas en México provienen de Arizona, California y Texas.(44) Se sabe que alrededor de 70% de las armas confiscadas en México entre 2009 y 2014 se originaron en Estados Unidos(45). La adquisición ilegal de armas provenientes de Estados Unidos por parte de organizaciones criminales complica la ya delicada situación de seguridad en todo el continente. Asimismo, la estrecha relación entre el tráfico de armas y de drogas obliga a México y a Estados Unidos a trabajar de la mano para hacer frente a estos flagelos.
Además del tráfico de armas y drogas, la migración es uno de los componentes más relevantes en la relación México-Estados Unidos. Si bien el número de personas migrantes de origen mexicano viviendo en Estados Unidos ilegalmente se ha reducido en más de 1 millón desde 2007; éstos aún constituyen alrededor de la mitad de los migrantes no autorizados en Estados Unidos. Las personas migrantes mexicanas viviendo ilegalmente en Estados Unidos representan 75% del total en tres estados: Nuevo México (91%), Idaho (87%) y Arizona (81%). Por otro lado, México no es sólo fuente de migrantes, sino que funge como puente de tránsito para la migración centro y sudamericana que busca llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas. Muestra de ello es que, en 2016, hubo más personas migrantes no mexicanos que mexicanos arrestados en la frontera México-Estados Unidos.(46).
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Fortalecer los programas de cooperación internacional para enfrentar a las diversas modalidades de delincuencia organizada y redes ilícitas transnacionales, a partir de los principios de responsabilidad compartida y solidaridad.
·  Promover un nuevo programa de cooperación en materia de seguridad entre México-Estados Unidos, bajo el enfoque de la reducción de la violencia y la seguridad ciudadana, que trate con la misma importancia los tráficos ilícitos de ambos lados de la frontera (estupefacientes hacia Estados Unidos, armas desde Estados Unidos hacia México).
·  Consolidar los esquemas de cooperación internacional y coordinación inter agencial en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada transnacional, a partir de los principios de solidaridad, responsabilidad compartida y respeto a la soberanía nacional.
 
La seguridad se expresa tanto en la capacidad del Estado mexicano para conjurar cualquier amenaza interna a la vida y los derechos de las personas, como en todas las relaciones con otros países del mundo. Nos oponemos a la idea según la cual las relaciones exteriores actuales se cifran en los intercambios comerciales y financieros con otros países. Si bien habremos de incrementar la presencia de México en el mundo, reconociendo y continuando las mejores expresiones de la diplomacia y la política exterior de México, también habremos de reconocer el principio de universalismo y la globalidad, como herramientas que favorezcan la defensa de los intereses nacionales en todos los planos de la vida nacional, teniendo a las personas y a la igualdad social como los principios rectores de las decisiones que habrán de tomarse en esa materia.
V.    Por un programa de gobierno honesto
La condición fundamental para emprender los cambios que nos proponemos es que el gobierno de la República, los gobiernos estatales, los municipales, los partidos políticos, entidades de interés público y los órganos autónomos del Estado mexicano actúen con profesionalismo y honestidad. Ninguna política democrática puede prosperar con éxito en un ambiente donde los puestos y los presupuestos públicos son sistemáticamente capturados por el sistema de partidos y cuyos objetivos se desvían para obtener ventajas financieras o electorales. Nos proponemos erradicar esas prácticas definitivamente, asumiendo que las administraciones públicas les pertenecen a la ciudadanía, mientras que la representación política de cualquier naturaleza, debe rendirle cuentas al conjunto de la sociedad y no someterse al mandato imperativo de ningún grupo político.
Nuestras aspiraciones democráticas, de igualdad, de prosperidad y de confianza en las instituciones continuarán como sueños lejanos si quienes trabajan en los gobiernos no tienen una vocación de servicio público. Las consecuencias de esta falta de ética en las administraciones públicas nos han dejado gobiernos ineficaces y malversación de recursos.
En los últimos años hemos sido testigos de cientos de casos de corrupción(47). Desde casos como "La Casa Blanca"(48) y el desvío de recursos públicos y abuso de autoridad de gobernadores como Javier Duarte, Cesar Duarte, Tomás Yarrington, Mario Villanueva, Roberto Borge o Andrés Granier(49), hasta los casos cotidianos que vulneran directamente a la ciudadanía y profundizan la crisis de desconfianza hacia las instituciones públicas y hacia el sistema político mexicano. De acuerdo con Transparencia Internacional, México es el país de América Latina y el Caribe con el mayor porcentaje en casos de soborno, involucra a más del 51% de la población.(50)
El vínculo de estos actores con los partidos políticos, profundiza la desconfianza en estas entidades de interés público. En los últimos cuatro años la percepción de desconfianza ha prevalecido o se ha agravado. En 2014, el Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Cámara de Diputados, reportó que 41% de los encuestados no confía nada en los partidos políticos, 34% confía poco, y el restante confía algo o mucho. Es decir, 75% de la población tenía una percepción negativa de los partidos.(51)
De acuerdo con el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México del INE, 40.9% de los mexicanos no confía nada en los partidos políticos y 42.9% en los diputados. Un informe posterior de Parametría, reportó que ocho de cada diez decían tener poca o nada de confianza en los partidos políticos. Ésta elevada desconfianza se traduce en una distorsión de los ideales de pluralidad democrática, pues según estos mismos datos, igualmente ocho de cada diez personas creen que tenemos demasiados partidos políticos. De 75% en 2014, la percepción negativa hacia los partidos se elevó a 80%.(52)
En un visible deterioro de representatividad y confianza, la encuestadora Buendía y Laredo, publicó en marzo de 2017 que 51% de las personas no confían nada en los partidos políticos y 33% confían poco en estos. En agregado, el 84% de la población tiene una percepción negativa de los partidos y la mitad no confía absolutamente nada en ellos.(53)
Las administraciones deficientes reflejan preocupantes resultados también en sus finanzas públicas con deudas inmanejables por las administraciones entrantes, las cuales, en el mejor de los escenarios, se dedican a remediar las fallas de la administración previa. En 2017, la SHCP dio a conocer el Sistema de Alertas de la Entidades Federativas, el cual clasifica el endeudamiento de los entes públicos locales que tienen financiamientos y obligaciones financieras.(54) La única entidad en semáforo rojo fue Coahuila, cuyo ex-gobernador, Humberto Moreira, dejó con una deuda histórica de 33 mil millones de pesos, una deuda de 11,196% con respecto a sus ingresos.(55) Los estados en semáforo amarillo, que están en observación, cumplen un patrón similar al de Coahuila en cuanto a escándalos de corrupción, otros sufren de la inercia dejada por administraciones pasadas en cuanto a la mala administración de sus finanzas.(56)
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Fortalecimiento del Estado de Derecho.
·  Fortalecer el sistema democrático
·  Perfeccionar y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción.
·  Fomentar que la participación ciudadana sea elemento fundamental en la toma de decisiones y la rendición de cuentas, a través de mecanismos como la iniciativa ciudadana, plebiscito, referéndum, ratificación, revocación de mandato, planeación y presupuestos participativos con transparencia y rendición de cuentas.
·  Establecer debates públicos permanentes entre los partidos políticos, los gobernantes y la ciudadanía, con formatos flexibles, para contrastar las ideas y las decisiones sobre políticas públicas, y volver tales debates obligatorios, sin limitación alguna.
·  Fortalecer el marco de operación de las organizaciones sociales.
·  Prohibir el uso de dinero en efectivo para cualquier transacción gubernamental, a nivel federal, de los tres poderes de la Unión, de las entidades federativas y en los municipios, de los organismos constitucionales autónomos, y de los sindicatos y personas privadas vinculadas a entes públicos por cualquier causa.
·  Instituir la "muerte civil" a funcionarios públicos y empresas privadas que hayan sido condenadas por actos de corrupción, esto es, inhabilitarlos para desempeñar cargos públicos o para participar en la contratación de compras y de obras gubernamentales, mediante un Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados.
·  Eliminar la prescripción de los delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
·  Fortalecer y ampliar los programas y mecanismos de cooperación internacional en materia de combate a la corrupción.
 
Rescatar a los gobiernos de la captura de intereses privados es uno de los mayores reclamos de la sociedad. Pero es también una de las razones principales del desencanto social con la democracia y una causa central de la ineficiencia de los malos resultados ofrecidos. La Coalición Por México al Frente se pronuncia por formar un gobierno de profesionales comprometidos con los principios aquí enunciados, sobre la base del mérito y las competencias plenamente acreditadas. Asumimos que no será posible erradicar la corrupción mientras las causas que la generan sigan intactas y mientras los puestos públicos no sean ocupados por quienes hayan probado trayectorias, conocimientos, capacidades y cualidades personales indiscutibles para llegar a ellos. Nos opondremos con toda firmeza a reproducir ese vicio que ha dañado la vida de la República durante buena parte de su historia. El origen de la corrupción es la captura de las oficinas públicas para fines diferentes a los que justifican su existencia. Conscientes de esa causa, los gobiernos emanados de la Coalición estarán formados por profesionales, estarán basados en el mérito y su desempeño estará sujeto invariablemente al escrutinio y la vigilancia de la sociedad.
En México, desde 2003, existe una Ley del Servicio Profesional de Carrera. Uno de los argumentos para su creación fue que "la dirección profesional del capital humano es el eje vital de la gestión pública, y con éste, los logros para contar con funcionarios públicos profesionales orientados a resultados y con vocación de servicio."(57) Asimismo, en un Estado democrático en el que la alternancia es una posibilidad permanente, es indispensable contar con un servicio civil consolidada que no dependa de los movimientos políticos.
Actualmente existen ejemplos sobresalientes de profesionalización y desarrollo de servicios profesionales de carrera. Esto ocurre especialmente en dependencias que requieren de perfiles técnicos para llevar a cabo sus labores, tal es el caso del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o el Banco de México. Igualmente, otras dependencias han adoptado esquemas, en los cuales la meritocracia y la preparación son imprescindibles para su desempeño profesional y su prestigio. Esto ocurre con la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo cuerpo diplomático es ejemplo de excelencia desde el proceso de admisión o en el Instituto Nacional Electoral, cuyo servicio profesional ha sido ejemplo para otras instituciones.
A pesar de estos ejemplos de servicios profesionales sustentados en la meritocracia, aún existe una enorme discrecionalidad para la conformación de los equipos que ocupan las oficinas públicas del país, especialmente las de más alto nivel. Y en general, la permanencia de la mayor parte de los funcionarios en sus puestos de trabajo no depende de su esfuerzo ni de sus resultados, sino de sus vínculos políticos y sus redes de lealtad. Desde nuestro punto de vista, no hay una expresión más nítida de la captura de los espacios públicos por intereses políticos de corto plazo, que la inexistencia de servicios profesionales de carrera consolidados en todos los niveles de gobierno y capaces de subrayar, sin dejar lugar a dudas, que el mérito y los resultados probados han de ser los únicos argumentos para conformar el servicio público de todo el país.
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Fortalecer el Servicio Profesional de Carrera en los tres órdenes de gobierno, en los tres poderes y en los organismos autónomos.
·  Privilegiar el mérito, la idoneidad y el esfuerzo como los elementos sustantivos para ocupar cargos públicos.
 
Entendemos la rendición de cuentas como un proceso que inicia desde el momento en que se toman decisiones públicas, de cualquier naturaleza, y termina hasta el punto en que se extinguen las consecuencias de esas decisiones. No aceptamos versiones mínimas de la rendición de cuentas, construidas para justificar la negligencia o el burocratismo. Los gobiernos emanados de la Coalición: 1) documentarán todas y cada una de las acciones y las decisiones que lleven a cabo, para poner la evidencia de sus actos a disposición y evaluación de la sociedad; 2) pondrán en marcha una política nacional de archivos y gestión documental, para facilitar a la ciudadanía el acceso a la información, el seguimiento y la participación activa en las decisiones y las acciones tomadas por cualquier oficina de gobierno; 3) asignarán los presupuestos públicos sobre la base de las políticas prioritarias enunciadas en este programa de gobierno, para combatir la desigualdad, erradicar la pobreza, garantizar todos los derechos, afirmar la seguridad de todas las personas y promover el crecimiento igualitario de la economía, en una lógica de gobierno abierto y participativo, sin excepciones; 4) fortalecerán los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción, para que cualquier ciudadano pueda supervisar a sus gobiernos y contribuir a crear un ambiente de honestidad en todas nuestras relaciones, 5) y promoverán políticas de fiscalización y evaluación del desempeño y de resultados, en aras de inyectar inteligencia institucional a cada uno de los procesos administrativos del país.
Desde hace varios años se han promovido reformas de fondo para la creación de sistemas institucionales capaces de perfeccionar la vigilancia sobre las acciones y decisiones tomadas por el gobierno, la sanción de aquellos servidores que realizan actos de corrupción y la participación mucho más activa de la sociedad civil en la creación de procesos de gobernanza. El Sistema Nacional de Transparencia fue creado para permitir a la ciudadanía acceder de manera fácil y expedita a la información que genera el gobierno y para garantizar el derecho fundamental a saber. Los partidos que integramos la Coalición hemos formulado un firme compromiso con la consolidación de ese sistema. Sin embargo, entendemos que aún no se ha interiorizado una cultura de la transparencia que haga comprender a los sujetos obligados la importancia de facilitar la información de manera proactiva y con una lógica inequívoca de gobierno abierto.
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Fortalecer la transparencia de la acción pública.
·  Promover una Ley General de Contratos y Obras Públicas, alineada con el Sistema Nacional Anticorrupción.
·  Establecer Observatorios Ciudadanos con capacidad de supervisar y fiscalizar en tiempo real la legalidad, transparencia y rendición de cuentas de los contratos de adquisiciones y obras públicas celebrados por el gobierno.
 
En la Coalición no confundiremos el combate a la impunidad con el control de la corrupción. No creemos en la posición que asegura que la corrupción solamente se combate castigando selectivamente, desde una visión política arraigada en el predominio moral de un solo individuo; tampoco convalidamos la idea según la cual la corrupción es solamente un asunto cultural que sólo puede controlarse en el largo plazo, como si los gobiernos no tuvieran responsabilidad alguna en la materia. El derecho fundamental de acceso a la información es un recurso para combatir la opacidad e imprimir orden a los procedimientos administrativos, desde el nivel nacional hasta el municipal.
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Dotar a la Auditoría Superior de la Federación de autonomía constitucional plena, e integrarla con profesionistas de sobrada solvencia moral, buena reputación, capacidad técnica e independencia y dotar al nuevo organismo de un alcance nacional, para castigar desvíos de recursos no sólo de origen federal sino local.
·  Eliminar el fuero constitucional para todas y todos los servidores públicos del país, y reformar el segundo párrafo del artículo 108 constitucional, para que durante el tiempo de su encargo, quien ejerza la Presidencia de la República pueda ser acusado y enjuiciado por delitos de corrupción y los considerados no graves del orden común y federal, con penas de destitución y responsabilidad penal, administrativa y civil.
 
La transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción son tareas concatenadas, pero cada una de ellas debe evolucionar con instrumentos y recursos diferentes. El acceso pleno a la información pública es una condición sin la cual no podría garantizarse la rendición de cuentas; y ésta, por su parte, exige que los servidores públicos tengan claro el mandato que reciben y respondan por las atribuciones y los recursos que la sociedad les entrega para honrarlo. Por su parte, la lucha contra la corrupción exige la construcción de pesos y contrapesos institucionales y sociales que aseguren que ningún funcionario se apropiará de los recursos públicos. Es indispensable plantear un diseño institucional para que los gobiernos y los ciudadanos vigilen el desempeño de las oficinas públicas para erradicar los espacios de discrecionalidad, opacidad y monopolio del ejercicio de la autoridad. Esto significa mantener una inteligencia institucional para modificar las normas, los procedimientos y las prácticas que hayan servido como plataforma para desviar o capturar atribuciones o recursos que pertenecen a la sociedad.
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Hacer obligatoria la presentación y publicación de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal para todas aquellas personas que ejerzan el servicio público.
·  Revisar integralmente el sistema de responsabilidades y sanciones de los servidores públicos y de los agentes privados que interactúan con ellos.
·  Hacer que todos los entes públicos se apeguen a la Ley de Contabilidad Gubernamental (con un solo catálogo de cuentas para el registro de los activos, pasivos, ingresos y gastos) como un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas.
 
El gobierno de la Coalición emprenderá una profunda reforma del gobierno, bajo los principios de apertura, rendición de cuentas y máxima publicidad, para garantizar que las políticas públicas de este programa de transformación no se vean interrumpidas por estructuras burocráticas obsoletas. Entendemos que las claves de la honestidad están fincadas en una administración pública profesional, impecable en sus procedimientos cotidianos y abierta siempre a la participación social.
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Simplificar los mecanismos de acceso de las personas a la información pública gubernamental, y modificar el marco legal, a efecto de minimizar la posibilidad de que por opacidad, los entes o funcionarios públicos declaren reservada información pública, o peor aún, la declaren como inexistente.
·  Identificar los trámites y procesos que con mayor frecuencia se prestan a la opacidad y a la discrecionalidad y simplificarlos, sujetándolos a controles tecnológicos y de digitalización.
 
Estas políticas no sólo se llevarán a cabo en el ámbito del gobierno federal, sino que serán impulsadas para revisar el funcionamiento completo del federalismo mexicano, atascado hoy entre las contiendas partidarias y la captura de los espacios públicos de decisión por élites políticas y económicas. El federalismo mexicano reclama una revisión de fondo que incluya, desde luego, la renovación del espíritu municipalista que quedó sepultado por el centralismo, lo cual anuló las amplias posibilidades de participación social en los asuntos que atañen de manera directa a la calidad de vida de todas las personas que habitan en nuestro territorio. La reforma del gobierno será también una reforma del federalismo, para asignar competencias, funciones y recursos de manera organizada, en función de las prioridades establecidas en este programa de gobierno.
La Coalición Por México al Frente propone:
·  Fortalecer el federalismo estableciendo pesos y contrapesos entre los Poderes de la Unión y los órdenes de gobierno, con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
·  Promover modificaciones constitucionales que desmantelen el sistema presidencialista vigente, sustituyéndolo por uno que garantice la participación de la sociedad en los temas trascendentes para el país.
·  Promover leyes que fundamenten y reglamenten la constitución de gobiernos de coalición.
·  Conformar un gabinete de composición plural e integrado con criterios de equidad de género, capacidad, méritos, profesionalismo y honestidad, estableciendo la obligatoriedad legal de la ratificación de sus integrantes por el Congreso de la Unión, una vez instalada la Legislatura.
·  El titular de la Secretaría de Gobernación fungirá como Jefe de Gabinete. Será propuesto por fuerzas políticas distintas a la del Presidente de la República, dentro de los que integran la coalición, con el fin de garantizar la pluralidad.
·  Establecer reformas constitucionales que favorezcan la construcción de mayorías parlamentarias estables y sólidas para fortalecer al Congreso de la Unión como contrapeso efectivo del Ejecutivo y corresponsable en la toma de decisiones, garantizando que el periodo para los órganos de gobierno de las Cámaras de Diputados y Senadores que se integren duren una legislatura completa y no un año.
·  Fortalecer las funciones de control y fiscalización del Congreso.
·  Presentación de informes periódicos de las Secretarías de Estado.
·  Comparecencias obligatorias ante el pleno o ante comisiones de ambas Cámaras, de manera indistinta, de los titulares de las Secretarías de Estado, dependencias y organismos de la Administración Pública Federal.
·  Reestructurar de manera integral el funcionamiento interno de los tres órdenes de gobierno y de los organismos autónomos; así como sus mecanismos de coordinación.
·  Revisar y adecuar el régimen de distribución de competencias y responsabilidades entre el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios.
·  Establecer e impulsar buenas prácticas de buen gobierno en los tres niveles de la administración pública.
·  Establecer estándares claros de buen gobierno que incluyan la medición de sus políticas y acciones a través de indicadores y metas que esté obligado a cumplir.
·  Intensificar el empleo y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información para los trámites de gobierno (gobierno electrónico).
·  Desarrollar un modelo de simplificación administrativa para que la ciudadanía acceda a los servicios de gobierno de una manera más sencilla y con mayor transparencia.
·  Reformar el sistema el sistema electoral
·  Revisar la cantidad y calidad del gasto público en el sistema electoral mexicano bajo los principios de la austeridad y eficiencia.
·  Establecer un mecanismo de representación plural en el Congreso de la Unión que sea fiel reflejo de las preferencias electorales de la ciudadanía.
·  Promover una reforma al Poder Judicial, tanto a nivel federal como local, para garantizar su autonomía e independencia y al mismo tiempo impulsar en su interior, la transparencia y rendición de cuentas sobre su desempeño y renovación, y en lo exterior, el combate a la corrupción y a la impunidad.
·  Establecer la obligatoriedad de la ratificación por parte del Congreso de la Unión del Plan Nacional de Desarrollo, con una visión de Estado y de largo plazo.
 
México necesita una profunda reforma del gobierno, capaz de poner al día el marco normativo, la distribución de competencias entre niveles y órganos de Estado, así como las prácticas y los procedimientos de todas las administraciones públicas. Desde la Coalición, comprendemos que esa reforma requiere, sin embargo, de una firme conducción que defienda los principios por encima de los intereses, que enfrente a los aparatos políticos y a los intermediarios que se han adueñado de la vida pública y que diseñe e implemente las políticas públicas aquí enunciadas desde el reconocimiento explícito de los errores cometidos por los gobiernos anteriores y sobre la base de la colaboración democrática entre gobernantes y ciudadanos.
ANEXO CUATRO
REGLAMENTO DE LA COALICIÓN "POR MÉXICO AL FRENTE"
Disposiciones Generales
Artículo 1. El presente reglamento regula el funcionamiento de los Órganos Superiores de Decisión de la Coalición "Por México al Frente", y tiene por objeto distribuir competencias entre los Partidos Políticos que la integran, en relación con las campañas electorales del candidato a Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales, por el Principio de Mayoría Relativa postulados por la misma, observando en todo momento las disposiciones del Convenio de Coalición que le da origen, así como las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
De los Órganos de la Coalición
Artículo 2. Para el cumplimiento de sus funciones, la Coalición contará con los siguientes órganos:
·      La Coordinadora Nacional Ejecutiva;
·      La Comisión de Coordinación Política;
·      La Coordinación General de Acuerdos;
·      El Consejo Consultivo Nacional y los Consejos Consultivos Estatales;
·      El Consejo de Administración; y
·      El Comité de Radio y Televisión;
Además de los anteriores, la Coordinadora Nacional Ejecutiva podrá crear los órganos necesarios para el cumplimiento de sus propósitos y fines.
De la Coordinación Nacional Ejecutiva
Artículo 3. De conformidad con lo establecido en la Cláusula Tercera del Convenio de Coalición, la Coordinadora Nacional Ejecutiva es la máxima instancia y órgano superior de dirección y representación de la misma.
Dicha Coordinadora se encontrará integrada por:
a) Los Presidentes Nacionales de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática y el Coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, mismos que contarán con derecho de voz y voto;
b) El Candidato a la Presidencia de la República o la persona que él designe para tal efecto, mismo que contará con derecho a voz; y
c) La persona designada como Titular de la Coordinación General de Acuerdos de la Coalición, misma que contará con derecho a voz.
La toma de decisiones de la Coordinadora será de carácter colegiado y siempre privilegiando el consenso, tomando en consideración la opinión del Candidato a Presidente de la República.
Artículo 4. Corresponde a la Coordinadora Nacional Ejecutiva:
I.        La representación común de la Coalición;
II.       Aprobar los acuerdos necesarios para el mejor desarrollo de los objetivos de la Coalición;
III.      Convocar a los Órganos de la Coalición;
IV.      Designar y sustituir a la persona Titular de la Coordinación General de Acuerdos;
V.       Determinar los recursos de operación de la Coalición que el Consejo de Administración aplicará;
VI.      Recibir los informes de los Órganos de la Coalición;
VII.     Convocar a ciudadanos y dirigentes de organizaciones sociales, cívicas y culturales a sumarse a los objetivos de la Coalición o a que formen parte de los Órganos Consultivos;
VIII.    Firmar los acuerdos y las comunicaciones dirigidas a las autoridades electorales de forma colegiada; y
IX.      Las demás que se deriven del Convenio de Coalición y del presente Reglamento.
Artículo 5. La persona designada como Titular de la Coordinación General de Acuerdos será la responsable de dar seguimiento a los objetivos y estrategias de la Coalición, quien tendrá las mismas funciones tanto en la Coordinadora Nacional Ejecutiva como en todas las Comisiones y Comités regulados por el presente Reglamento.
La persona designada como Titular de la Coordinación General de Acuerdos tendrá las siguientes funciones:
I.        Dar seguimiento y supervisar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por los Órganos Superiores de decisión de la Coalición, y en su caso, informar sobre el desarrollo de los avances de los mismos;
II.       Coordinar los trabajos de los diferentes Órganos de la Coalición;
III.      Participar, con derecho a voz y sin derecho a voto, en las reuniones de la Coordinadora Nacional Ejecutiva, la Comisión de Coordinación Política, los Consejos Consultivos Nacional y Estatales, el Consejo de Administración y el Comité de Radio y Televisión de la Coalición;
IV.      Elaborar las convocatorias a las sesiones de la Coordinadora Nacional Ejecutiva, de la Comisión de Coordinación Política, de los Consejos Consultivos Nacional y Estatales, del Consejo de Administración y del Comité de Radio y Televisión de la Coalición y notificar a cada uno de los integrantes de dichos órganos, según corresponda, las mismas;
V.       Llevar el libro de actas y/o minutas de las reuniones de la Coordinadora Nacional Ejecutiva, de la Comisión de Coordinación Política, de los Consejos Consultivos Nacional y Estatales, del Consejo de Administración, y del Comité de Radio y Televisión de la Coalición;
VI.      Aquellas que le pudieran ser encomendadas de manera específica y expresa por los Órganos Superiores de Decisión de la Coalición; y
VII.     Las demás que se requieran para el cumplimiento de sus funciones ordenadas por la Coordinadora Nacional Ejecutiva y aquellas que deriven de este Reglamento y del Convenio de la Coalición.
De la Comisión de Coordinación Política
Artículo 6. La Comisión de Coordinación Política es la instancia de opinión y consulta de la Coalición, la cual es la encargada de coadyuvar en la determinación de las acciones políticas a realizar por la Coalición para alcanzar los objetivos de la misma.
Dicha Comisión se encontrará integrada por:
a)       Los miembros de la Coordinadora Nacional Ejecutiva;
b)       Dos representantes por cada uno de los Partidos Políticos que integran la Coalición;
c)       Los Coordinadores Parlamentarios de los Partidos Políticos de la Coalición en las Cámaras de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión;
d)       Por Gobernadores de los Partidos Políticos que integran la Coalición, los cuales podrán ser distintos en cada sesión.
e)       El responsable de la Coordinación de Autoridades Municipales por cada uno de los Partidos Políticos que integran la Coalición;
f)        El responsable de la Coordinación de los Diputados a las Legislaturas de los Estados por cada uno de los Partidos Políticos que integran la Coalición;
g)       Al menos tres destacadas personalidades de la sociedad, mismas que serán invitadas a propuesta consensada de la Coordinadora Nacional Ejecutiva;
h)       Al menos tres representantes de Movimientos Sociales u Organizaciones no Gubernamentales con presencia nacional, mismos que serán invitados a propuesta consensada de la Coordinadora Nacional Ejecutiva; y
i)        Los demás que determine la Coordinadora Nacional Ejecutiva, proveyendo la más amplia representación social.
Artículo 7. Corresponde a la Comisión de Coordinación Política:
I.        Analizar la situación política nacional e internacional;
II.       Discutir y proponer las estrategias y métodos de operación política a implementar por la Coalición y que consideren necesarias para alcanzar los objetivos de la misma;
 
III.      Hacer recomendaciones sobre aquellos asuntos que por su importancia y trascendencia así lo ameriten;
IV.      Las demás que se deriven del Convenio de Coalición y el presente Reglamento.
De los Consejos Consultivos
Artículo 8. Los Consejos Consultivos son órganos auxiliares en la toma de decisiones de la Coordinadora Nacional Ejecutiva, soportados en la Plataforma Electoral y el Programa de Gobierno presentados por la Coalición; que realizarán de entre la más amplia consulta popular que permita la definición de Políticas Sectoriales y de Desarrollo Regional, Estatal y Municipal, que llevarán a la Coalición al triunfo de la Elección Presidencial y de la mayoría del Congreso de la Unión.
El resultado de ésta consulta popular permitirá presentar a consideración y aprobación del Congreso de la Unión, el Plan Nacional de Desarrollo que ejecutarán el Presidente de la República y el Gobierno de Coalición.
Los Consejos se dividen para su ejercicio en:
·      Consejo Consultivo Nacional; y
·      Consejos Consultivos Estatales
Artículo 9. El Consejo Consultivo Nacional y los Consejos Consultivos Estatales, al ser órganos de deliberación plural podrán invitar a los trabajos de los mismos a la más amplia representación de los sectores de la sociedad, dirigentes, académicos, intelectuales, artistas, científicos, empresarios y especialistas en diversos temas que tengan ámbito de competencia ya sea regional o estatal.
Artículo 10. La integración del Consejo Consultivo Nacional y de los Consejos Consultivos Estatales que deberán instalarse, será determinada por la Coordinadora Nacional Ejecutiva, tomando en consideración los perfiles y nivel de participación de los ciudadanos y personalidades en cada una de ellas.
Artículo 11. El Consejo Consultivo Nacional y los Consejos Consultivos Estatales tendrán como objetivos:
A.    Contribuir a posicionar y consolidar el contenido esencialmente ciudadano de la Coalición;
B.    Buscar incluir a personajes relevantes e influyentes de la sociedad civil en los propósitos generales de la Coalición y en la realización del Proyecto de País que esta impulsa;
C.    Propiciar el que sectores diversos de la sociedad mexicana puedan integrarse en los esfuerzos para instrumentar y consolidar el proyecto de País de la Coalición y alentar que estos sectores de la pluralidad nacional contribuyan en la construcción de la propuesta programática de la misma;
D.    Alentar el que las y los ciudadanos con mayor prestigio y autoridad ética en cualquiera de sus ámbitos laborales, artísticos, profesionales, culturales, empresariales, educativos, puedan fortalecer la propuesta electoral de la Coalición, participando como sus candidatos en los diversos cargos de elección popular;
E.    Contribuir en la construcción del Programa de Gobierno de la Coalición, que deberá incluir necesariamente los propósitos y objetivos sectoriales, el Plan Nacional de Desarrollo del nuevo Gobierno de Coalición y los contenidos fundamentales del proyecto de País.
Artículo 12. El Consejo Consultivo Nacional será un órgano permanente de consulta de la Coordinadora Nacional Ejecutiva y tendrá a su cargo:
A.    Elaborar, a solicitud de la Coordinadora Nacional Ejecutiva, propuestas que contribuyan a atender asuntos específicos de la agenda nacional, estatal, regional para su inclusión en el proyecto de País de la Coalición.
B.    Llevar a cabo aquellos estudios e investigaciones que la Coordinadora Nacional Ejecutiva requiera para sustentar iniciativas legislativas, propuestas de políticas públicas, propuestas de gobierno que deba contener el Plan Nacional de Desarrollo de la Coalición.
C.    Presentar ante la Coordinadora Nacional Ejecutiva aquellas propuestas de ciudadanas y ciudadanos que no tengan filiación partidista y que deseen participar como candidatos de la Coalición.
D.    Proponer a la Coordinadora Nacional Ejecutiva reuniones, eventos, foros y debates sobre temas de relevancia nacional, cuyas conclusiones puedan ser incluidas en el Programa de Gobierno de la Coalición y del Plan Nacional de Desarrollo.
E.    Contribuir desde las diversas plataformas y medios en las propuestas que se deriven de las
deliberaciones del propio Consejo Consultivo Nacional y de los respectivos estatales de la Coalición.
Los integrantes del Consejo Consultivo Nacional tendrán su propio régimen interno para la realización de sus fines.
Artículo 13. El Consejo Consultivo en el desarrollo de sus trabajos procurará conducirse bajo las siguientes premisas:
A.    Con la máxima transparencia y publicidad en sus actos, resoluciones y deliberaciones;
B.    Con actitud incluyente, alentando siempre la participación de ciudadanas y ciudadanos que lo integran, lo anterior para el eficaz cumplimento de sus objetivos y tareas;
C.    Como un órgano de coordinación diaria; y
D.    Privilegiar el mayor consenso al momento de tomar sus resoluciones, procurando que las mismas en su totalidad sean aprobadas de ésta forma.
Del Consejo de Administración
Artículo 14. El Consejo de Administración es el órgano responsable de vigilar el origen y destino de los recursos de la Coalición y de sus candidatos, está a cargo de la vigilancia y del manejo eficiente y transparente del patrimonio que la constituye, en los términos del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y demás normatividad aplicable.
El uso y control de los recursos aportados por los Partidos Políticos Nacionales a la Coalición, serán autorizados y administrados directamente por éste Consejo.
El Consejo de Administración está integrado por un representante propietario y un suplente, designados por cada uno de los Partidos Políticos coaligados, así como un representante designado por el Candidato a la Presidencia de la República, que fungirá como su responsable de finanzas.
Artículo 15. Los Partidos Políticos coaligados convienen en que el Consejo de Administración autorizará el presupuesto para la campaña del candidato a Presidente de la República y de conformidad con el convenio de coalición los de Senadores y Diputados. Los presupuestos podrán ser ajustados durante la campaña de conformidad con la estrategia que establezca la propia coalición.
El Consejo de Administración vigilará y coadyuvará con el responsable de finanzas del Candidato a la Presidencia de la República y el partido que lo postuló en el ejercicio de ese presupuesto. Los responsables financieros y el candidato deberán sujetarse a los montos aprobados en el presupuesto.
Para el caso de la elección de Presidente de la República, respecto de activos fijos, se procurará celebrar contrataciones de arrendamiento y comodato. En los demás casos serán adjudicados al Partido Político que haya determinado la aplicación de los recursos correspondientes.
A la conclusión del proceso electoral no deberán existir pasivos, sin embargo en el caso de que un Partido Político integrante de la Coalición que por moto proprio contrate un pasivo, será el único responsable de su liquidación total y, en caso de existir saldos por pagar al término de las campañas, deberán ser registrados en su contabilidad y pagados con los ingresos de su operación ordinaria, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Fiscalización vigente, los candidatos no podrán celebrar contratos o pasivos, salvo autorización expresa del Consejo de Administración. La contratación celebrada en contravención a éste artículo, será responsabilidad de quien la realice y asumirá las consecuencias de manera solidaria y subsidiaria.
Artículo 16. El Consejo de Administración tendrá las siguientes funciones y responsabilidades:
1.     Vigilar que se aperturen las cuenta bancaria a través de la cual se administrarán los ingresos y gastos de la Coalición, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
2.     Vigilar que se aperture una cuenta bancaria a nombre del Partido responsable de la Coalición por cada candidato registrado por la Coalición y que éstas sean conciliadas mensualmente.
3.     Vigilar que se presenten por el responsable de la administración de la Coalición, los avisos a la Unidad Técnica de Fiscalización, señalados en los artículos 280, 281 y 282 del Reglamento de Fiscalización.
 
4.     Vigilar que se transfiera el recurso público para las campañas de la Coalición a más tardar 15 días hábiles posteriores a la fecha en que los Partidos Políticos coaligados lo reciban por parte del Instituto Nacional Electoral.
5.     Aprobar las aportaciones adicionales que los Partidos Políticos integrantes de la Coalición realicen en beneficio de la candidatura a la Presidencia de la República.
6.     Vigilar que el Partido Político responsable de la Coalición o quienes él faculte, sean los únicos que celebren contratos u obligaciones a nombre de la misma.
7.     Vigilar que los comprobantes se expidan a nombre del Partido responsable de la Coalición y cuenten con el "complemento INE" de conformidad con la normatividad en material fiscal y electoral.
8.     Vigilar que al término de la campaña, las cuentas contables del rubro de activos y pasivos estén debidamente saldadas.
9.     Supervisar, que para el caso de la campaña para Presidente, de existir remanentes en las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de la campaña y activos fijos que hayan sido adquiridos por la Coalición, éstos sean distribuidos o reintegrados de manera proporcional en función del porcentaje de ingresos aportados a la Coalición por cada Partido Político coaligado.
En el caso de Diputados y Senadores, el remanente se asignará para el partido postulante.
10.   Cumplir con lo dispuesto en los artículos 150 bis, 153, 221, 223, 243 y 247 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
11.   Recibir copia de conocimiento del proyecto de respuesta para los oficios de errores y omisiones.
12.   Recibir de los Partidos Políticos integrantes de la Coalición, el reporte de los informes de campaña presentados para todas las candidaturas y sus inconsistencias.
13.   Previo a sus transmisiones, recibir de cada Partido Político integrante de la Coalición aquellos materiales audiovisuales que como parte de las prerrogativas de Radio y Televisión tienen derecho los Partidos Políticos se transmitan.
Para tal efecto, cada Partido Político coaligado, a través de su representante del Comité de Radio y Televisión ante el Instituto Nacional Electoral, será responsable de entregar al Consejo de Administración los materiales audiovisuales para efectos de fiscalización, debiendo identificar el nombre de quien lo solicitó, el proveedor que lo elaboró y el testigo correspondiente.
14.   Vigilar el estricto cumplimiento del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
15.   Vigilar que se presenten los Informes de Campaña de cada uno de los candidatos postulados por la Coalición.
16.   Vigilar que se respeten los límites de aportaciones a los que hacen referencia el artículo 56, párrafo 2, incisos b) y d) de la Ley General de Partidos Políticos.
17.   Vigilar que no se realice facturación conjunta de bienes y servicios a nombre de un Partido coaligado cuyo beneficio sea tanto para el propio Partido como para la Coalición.
Artículo 17. Las partes acuerdan que el responsable del registro y control de los gastos de campaña del candidato a Presidente de la República y las cuentas concentradoras de campaña, será el Partido Político responsable del Órgano de Finanzas de la Coalición, en tanto que los de las Candidatas y los Candidatos a Senadores y Diputados Federales serán responsabilidad del Partido Político que los postuló, bajo la vigilancia y supervisión del Consejo de Administración de la Coalición.
Artículo 18. Las partes acuerdan que el Partido Político responsable del Órgano de Finanzas de la Coalición será el encargado de dar respuesta a los oficios de errores y omisiones, del candidato a Presidente de la República y las cuentas concentradoras de campaña, y en su caso, presentar las aclaraciones o rectificaciones que le sean requeridas por la autoridad; en tanto que de los Candidatos a Senadores y Diputados Federales será el Partido Político que los postuló en la entidad que corresponda, el encargado de dar respuesta a los oficios de errores y omisiones, y en su caso, presentar las aclaraciones o rectificaciones que le sean requeridas por la autoridad, en coordinación con los demás Partidos Políticos integrantes de la misma.
Los Partidos Políticos deberán entregar al responsable de Finanzas de la Coalición, sus proyectos de respuesta al oficio de resolución en los tiempos que para ello establezca el Consejo de Administración.
 
Para el caso de sanciones impuestas por incumplimiento, error u omisión, en donde la conducta sea imputable a la Coalición, esta será distribuida en razón del porcentaje establecido en el Convenio de Coalición de conformidad con el artículo 91, numerales 1 y 2 de la Ley General de Partidos Políticos y el artículo 220 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; cuando la conducta sea imputable a un candidato, Partido Político o su militancia, el Partido Político responsable deberá cubrir el 100% de la sanción.
Artículo 19. Las cuentas bancarias a que se refieren los artículos 54 y 57 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, se abrirán a nombre del Partido Político Acción Nacional, conteniendo el RFC del mismo, con identificación de la "Coalición Por México al Frente".
Los representantes de los Partidos Políticos integrantes del Consejo de Administración, deberán recabar la documentación comprobatoria de los egresos que realicen, tanto para la Coalición como para los candidatos, la cual será expedida a nombre del Partido Político Acción Nacional, y deberá contener su clave del Registro Federal de Contribuyentes y domicilio fiscal.
Las partes acuerdan que el Partido Acción Nacional registrará en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en los plazos establecidos, toda la documentación comprobatoria relativa a los gastos e ingresos de campaña de la Coalición del candidato a la Presidencia de la Republica; en tanto que de los Candidatos a Senadores y Diputados Federales será el Partido Político que los postuló, conforme a la normatividad aplicable.
Artículo 20. El Consejo de Administración de la Coalición se reunirá de manera ordinaria cuando menos una vez a la semana y de manera extraordinaria, cuando sea citada por el Coordinador General de Acuerdos de la Coalición, con 72 horas de anticipación.
Artículo 21. Para el adecuado manejo de las cuentas de campaña, se contará con los delegados administrativos que determine el Consejo de Administración, a propuesta del Representante de cada Partido Político en el mismo.
Los delegados administrativos serán encargados de coadyuvar en las funciones del Consejo de Administración de la Coalición, para la asistencia y asesoría en materia contable a los candidatos y sus representantes financieros. De igual forma, serán responsables de recabar la documentación para la comprobación de gastos de campaña, a fin de remitirla al Partido Político responsable de su registro e integración en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
Artículo 22. En los registros contables de la Coalición, se deben separar en forma clara los ingresos que se obtengan en especie, de aquellos que se reciban en efectivo.
Artículo 23. Las aportaciones que se reciban en especie, deberán documentarse en contratos escritos que contendrán cuando menos, los datos de identificación del aportante y del bien aportado, así como el costo de mercado o estimado del mismo bien, la fecha y lugar de entrega y el carácter con el que se realiza la aportación respectiva según su naturaleza, idealmente con la factura que soporte la propiedad del bien aportado.
Las aportaciones de simpatizantes y militantes que se otorguen en especie, y no así en efectivo, durante los procesos electorales se considerarán efectuados para el proceso electoral correspondiente, no así para gasto ordinario.
Artículo 24. Se consideran aportaciones en especie:
a)    La entrega a la Coalición o sus candidatos de bienes muebles o inmuebles en comodato;
b)    El uso gratuito de un bien mueble o inmueble distintos al comodato;
c)     Los servicios prestados al Partido Político a título gratuito, con excepción de los servicios personales otorgados gratuita y desinteresadamente por personas físicas que no tengan actividades mercantiles ni se trate de servicios profesionales.
d)    Las permitidas por la normatividad electoral.
Artículo 25. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia las personas a las que se refieren los artículos 54 y 55 de la Ley General de Partidos Políticos, podrán realizar aportaciones en efectivo o en especie a las campañas, los candidatos y los Partidos Políticos.
Artículo 26. El financiamiento que no provenga del erario público deberá cumplir con lo establecido en el artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos; así como con los artículos 104 y 104 bis del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
 
Artículo 27. El financiamiento privado de la Coalición para las campañas estará conformado por las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, de sus simpatizantes y por las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas, mismo que deberá ser depositado conforme a la normatividad electoral vigente.
Artículo 28. El financiamiento privado deberá ajustarse a los límites establecidos que para ese efecto apruebe mediante acuerdo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Artículo 29. Los candidatos podrán realizar aportaciones en efectivo directamente a las cuentas bancarias de campaña designadas para su candidatura, conforme a lo establecido en la normatividad electoral; asimismo para las aportaciones en especie, deberán entregar al Partido Político integrante de la Coalición que los postuló, la documentación que compruebe la propiedad de los bienes o servicios.
Artículo 30. El representante del Partido Acción Nacional, como responsable del Órgano de Finanzas, deberá controlar los folios de los recibos que se expedirán para amparar las cuotas o aportaciones de los candidatos, recibidas en los términos establecidos por la normatividad electoral.
Artículo 31. Los egresos deberán registrarse contablemente y estarán soportados con la documentación original en PDF y XML que expida a nombre del Partido Político Acción Nacional. Dicha documentación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen las disposiciones fiscales y electorales aplicables.
Artículo 32. Los egresos que efectúe la "Coalición Por México al Frente" en la campaña electoral federal por concepto de viáticos y pasajes, podrán ser comprobados hasta en un diez por ciento, a través de bitácoras de gastos menores en cumplimiento a lo establecido en los artículos 48, 49, 50 y 51 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
Artículo 33. Todo pago que efectúe la "Coalición Por México al Frente" que rebase la cantidad equivalente a 90 UMAs, deberá realizarse mediante cheque nominativo expedido a nombre del prestador del bien o servicio, y que contenga la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" o "transferencia electrónica de fondos"; mismos que deberá integrarse al Sistema Integral de Fiscalización, anexando a la documentación comprobatoria correspondiente, la copia fotostática del cheque o transferencia.
Artículo 34. En caso de que alguno de los Partidos Políticos coaligados efectúen más de un pago a un mismo proveedor o prestador de servicios en la misma fecha, y dichos pagos en su conjunto sumen la cantidad señalada en el articulo inmediato anterior, los pagos deberán ser cubiertos mediante transferencia bancaria o cheque nominativo a favor del beneficiario.
Artículo 35. En caso que un comprobante rebase la cantidad equivalente al límite de 90 UMAs y el pago se realice en parcialidades, éstas deberán ser cubiertas mediante transferencia o cheque nominativo expedido a nombre del prestador del bien o servicio, y que contenga la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" o "transferencia electrónica de fondos", a partir del monto por el cual se exceda el límite referido; mismo que deberá integrarse al Sistema Integral de Fiscalización, anexando a la documentación comprobatoria, la copia fotostática del cheque o transferencia.
Cada pago realizado, deberá ser plenamente identificado con la o las operaciones que le dieron origen, así como con los comprobantes respectivos.
Artículo 36. El Partido Político responsable de la Coalición formulará, con la información que le remitan los representantes del Candidato Presidencial y los de los Partidos Políticos coaligados, una relación de los proveedores y prestadores de servicios con los cuales realice operaciones que superen las 500 UMAs durante el periodo de campaña, en la cual deberá precisar el nombre comercial de cada proveedor, así como el nombre asentado en las facturas que expida; su clave del Registro Federal de Contribuyentes; su domicilio fiscal completo; los montos de las operaciones realizadas y los bienes o servicios obtenidos. Esta relación deberá presentarse en el momento en que se presenten los informes de campaña, dentro del Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
De la misma manera, formulará una relación de los proveedores y prestadores de servicios con los cuales realice operaciones que superen los 5,000 UMAs durante el periodo de campaña, en la cual deberá conformar e integrar un expediente por cada uno de ellos, que presentará a la autoridad electoral cuando le sea solicitado. Dicha relación deberá presentarse dentro del Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El expediente de cada proveedor deberá incluir:
a)    Nombre o denominación social, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio completo y número de teléfono;
 
b)    Los montos de las operaciones realizadas y los bienes o servicios obtenidos;
c)     Copia del alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de la Cédula de Identificación Fiscal;
d)    Copia del acta constitutiva en caso de tratarse de una persona moral, que cuente con sello o datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio que corresponda; y
e)    Nombre del o de los representantes o apoderados legales, en su caso.
Sólo se podrán celebrar operaciones con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 356, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
Artículo 37. Los informes de campaña deberán ser presentados por cada periodo de 30 días a más tardar dentro de los 3 días siguientes contados a partir del día en que concluye dicho periodo, conforme a lo establecido en la normatividad electoral y a los acuerdos que para ese efecto apruebe el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El del candidato a la Presidencia de la República será firmado por el Partido Acción Nacional, en el caso de los Diputados y Senadores por el Partido Político que los postuló.
Artículo 38. Se deberá presentar un informe por cada una de las campañas en las elecciones, especificando los gastos que la Coalición y el candidato hayan ejercido en el ámbito territorial correspondiente, así como el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar la campaña; para lo cual deberá entregarse lo siguiente:
a)    Un informe por la campaña de su candidato para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
b)    Un informe por cada fórmula de candidatas y candidatos a Senadores de la República por el principio de mayoría relativa que hayan registrado ante las autoridades electorales; y
c)    Un informe por cada fórmula de candidatas y candidatos a Diputados Federales por el principio de mayoría relativa que hayan registrado ante las autoridades electorales.
Los candidatos por el principio de representación proporcional que realicen gastos de campaña, deberán presentar el informe respectivo; para lo cual, de los gastos reportados por los candidatos plurinominales, deberán identificar la campaña beneficiada de los candidatos de mayoría relativa, los cuáles serán prorrateados entre las campañas beneficiadas de la circunscripción correspondiente.
Artículo 39. Los gastos que deberán ser reportados en los informes de campaña serán los ejercidos dentro del período comprendido entre el inicio y hasta el fin de las campañas electorales, correspondientes a los siguientes rubros:
a)    Gastos de propaganda: los ejercidos en bardas, mantas, volantes o pancartas que hayan de utilizarse, permanecer en la vía pública o distribuirse durante el periodo de las campañas electorales; renta de equipos de sonido, o locales para la realización de eventos políticos durante el periodo de las campañas electorales; propaganda utilitaria que haya de utilizarse o distribuirse durante el periodo de las campañas electorales, así como los aplicados en anuncios espectaculares en la vía pública, salas de cine y páginas de internet, y otros similares,
b)    Gastos operativos de campaña: comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares, que hayan de ser utilizados o aplicados durante el periodo de las campañas electorales;
c)    Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: comprenden los ejercidos en cualquiera de estos medios tales como mensajes, anuncios publicitarios y sus similares, tendientes a la obtención del voto, difundidos durante el periodo de las campañas electorales.
d)    Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo.
e)    Gastos de anuncios pagados en internet: Comprenden los realizados en inserciones, banners, tweets, anuncios, cuentas de redes sociales, páginas de Internet, así como otros similares por los que se haya efectuado un gasto y tengan como finalidad promover la campaña de un partido político o candidato.
f)     Los estudios, sondeos y encuestas que den a conocer, durante la campaña, preferencias
electorales contratadas por los partidos, candidatos o candidatos independientes o que les hayan sido aportados.
g)    Gastos de jornada electoral comprenden: las aportaciones y los pagos en dinero y en especie que realicen a los representantes de casilla y generales; así como las encuestas de salida o conteos rápidos en términos del artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
Artículo 40. En los informes de campaña serán reportados la totalidad de los ingresos recibidos y de los gastos efectuados por cada uno de los candidatos dentro del periodo de campaña.
Artículo 41. El Consejo de Administración de la Coalición, notificará a las candidatas y candidatos y a sus representantes financieros, la obligación de proporcionar relaciones de ingresos obtenidos y gastos ejercidos en sus campañas, así como de recabar los soportes documentales correspondientes y remitirlos al delegado financiero del Consejo de Administración, señalándoles los plazos para el cumplimiento de estas obligaciones, de manera que el Partido Político postulante esté en posibilidad de cumplir en tiempo y forma con la entrega de sus informes de campaña. Asimismo, deben instruir a sus diferentes candidatos a cargos de elección popular que compitan en elecciones federales, para que manejen sus recursos en efectivo a través de las cuentas bancarias designadas para esos fines.
Artículo 42. Es obligación de los Partidos Políticos integrantes de la Coalición y de las candidatas y candidatos postulados, el pleno cumplimiento de la normatividad electoral vigente y lo establecido en el presente Reglamento y en el Convenio de Coalición.
Del Comité de Radio y Televisión
Artículo 43. El Comité de Radio y Televisión es el órgano encargado de pautar y dar seguimiento a las estrategias de comunicación que autorice la Coordinadora Nacional Ejecutiva.
Artículo 44. El Comité estará integrado por los representantes de Radio y Televisión acreditados ante el Instituto Nacional Electoral, y en su momento, un representante del Candidato a Presidente.
Artículo 45. Los representantes del Comité de Radio y Televisión deberán reunirse, al menos una vez a la semana, para definir el ejercicio de la pauta que corresponde a cada uno de los Partidos Políticos coaligados en el posicionamiento de la Coalición, la que deberá ser puesta a consideración de la Coordinadora Nacional Ejecutiva.
Del Registro de Precandidatos y Candidatos
Artículo 46. Por cuanto hace al Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SRN) del Instituto Nacional Electoral, los Partidos Políticos coaligados se obligan en lo individual a designar a un responsable nacional para la supervisión, captura, modificación y validación de los registros de los aspirantes a precandidatos de la Coalición.
El o los registros anteriores, deberán ser previamente acordados y aprobados por el Órgano de Control que determina, en cada uno de los Partidos Coaligados, la procedencia de las solicitudes de registro de precandidatos.
De la precampaña
Artículo 47.- Los precandidatos de la Coalición, de conformidad con lo establecido en el artículo 227, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, independientemente del Partido Político al que pertenezcan, podrán realizar actividades de precampaña con militantes y simpatizantes de los Partidos integrantes de la Coalición para darse a conocer entre los mismos.
Los Partidos Políticos Coaligados facilitarán lo conducente para la realización de estas acciones.
Artículo 48. Cualquier asunto no previsto por el presente Reglamento será resuelto por la Coordinadora Nacional Ejecutiva.
Transitorio
Artículo Único. El presente Reglamento entrará en vigor a partir de su aprobación.
"Por una Patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos"
Por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional: Comité Ejecutivo Nacional: el Presidente, Ricardo Anaya Cortés.- El Secretario General, Damián Zepeda Vidales.
¡Democracia ya, Patria para todos!
 
Por el Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática: Comité Ejecutivo Nacional: la Presidenta, Sen. Alejandra Barrales Magdaleno.- La Secretaria General, Beatriz Mojica Morga.
Por México en Movimiento
Por la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano: Comisión Operativa Nacional: el Coordinador, Dante Delgado.- Integrantes: Dip. Jorge Álvarez Máynez.- Dr. Alejandro Chanona Burguette.- Mtra. Janet Jiménez Solano.- Martha Angélica Tagle Martínez.- Juan Ignacio Samperio Montano.- Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía.- Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz.- Christian Walton Álvarez.- La Secretaria General de Acuerdos, Dra. Pilar Lozano Mac Donald.
 
1      OCDE, Estudios Económicos de la OCDE México. Visión General, OCDE, México, enero 2017.
2      CEPAL. Panorama Social en América Latina. 2016.
3      Esquivel Hernández, Gerardo. Desigualdad Extrema en México. Concentración del Poder Económico y Político. OXFAM, 2016.
4      A continuación, se definen las diferentes mediciones de pobreza con base en el ingreso de acuerdo al CONEVAL:
Pobreza alimentaria: insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes.
Pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud, educación, vestido, vivienda y transporte, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo: personas que no pueden adquirir el valor de una canasta alimentaria con su ingreso corriente.
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar: personas que no pueden adquirir el valor de la suma de una canasta alimentaria más una canasta de bienes y servicios con su ingreso.
5      CONEVAL. Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas, 2016. http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_16/Pobreza_2016_CONEVAL.pdf
6      El IDH es un indicador del desarrollo humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que va de 0 a 1 mide los logros en las tres dimensiones fundamentales del desarrollo humano: salud, que se mide según la esperanza de vida al nacer; educación, que se mide por los años promedio de escolaridad de adultos de 25 años o más y por los años esperados de escolaridad de los niños en edad escolar; y nivel de vida que se mide con el ingreso per cápita.
7      Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe sobre Desarrollo Humano, 2016.
8      El rubro de gasto público en desarrollo social del gasto programable incorpora los siguientes apartados: educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda y desarrollo regional, agua potable y alcantarillado y asistencia social.
9      Panorama Educativo de México: Indicadores del Sistema Educativo Nacional de 2015. http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/114/P1B114.pdf
10    Surge a partir de una colaboración entre el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con el propósito de incorporar un indicador que mida el rezago educativo como parte de la medición multidimensional de la pobreza, conforme lo estipula la Ley General de Desarrollo Social (LGDS).
11    Informe de evaluación de la política de desarrollo social en México en materia de rezago educativo 2011.
12    Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Dirección General de Evaluación del Desempeño. Informe sobre la salud de los mexicanos. 2015.
13    OCDE. Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: México 2016.
14    Organización Panamericana de la Salud. Situación de Salud en las Américas - Indicadores Básicos. 2016
15    OCDE. Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: México 2016.
16    Instituto Mexicano del Seguro Social. 2015. Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano Del Seguro Social 2014 2015. http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20142015/21-InformeCompleto.pdf
17    Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) México. http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/
home/library/poverty/informe-nacional-sobre-desarrollo-humano-mexico-2016.html
18    Foro Económico Mundial Índice Global de Competitividad, 2017.
19    Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible. Objetivos de desarrollo sostenible. 17 objetivos para transformar nuestro mundo. Naciones Unidas.
20    Cumbre de la Tierra es la expresión que se utiliza para denominar las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo. Celebrada en Estocolmo, Suecia, del 5 al 16 de junio de 1972.
21    Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo. Celebrada en Río de Janeiro, Brasil del 2 al 13 de junio de 1992.
22    Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe15/
23    Paris Martínez, Animal Político, Febrero, 2017. http://www.animalpolitico.com/2017/02/costos-de-la-degradacion-ambiental-en-mexico/
24    Se consideran delitos relacionados con el narcotráfico los tipificados en el Código Penal Federal como delitos contra la salud, los relacionados con narcomenudeo y los tipificados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada como delitos contra la salud.
25    Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, Tasas por cada 100 mil habitantes 1997-2017, 2017. Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/tasas%20por%20cada%20100%20mil%20habitantes/Tasas092017.pdf
26    Se consideran crimines violentos los siguientes: despojo con violencia, violación, homicidios dolosos, lesiones dolosas, secuestro, robo común con violencia, robo en carreteras con violencia y robo en instituciones bancarias con violencia.
27    Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.
28    Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016. INEGI
29    Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México. Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2013.
30    Presidencia de la República, 5º Informe de Gobierno.
31    https://www.casasdejusticia.gov.co
32    Informe: Casos exitosos de seguridad en gobiernos locales. OEA, 2007.
33    Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional. Comisión Nacional de Seguridad. Julio 2016.
34    Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016. CNDH
35    Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017. INEGI
36    Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías. México, Impunidad Cero, 2017.
37    Seguimiento y evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal en México. Hallazgos 2016. CIDAC
38    INEGI. la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). México. 2017.
39    Ibid.
40    Seguimiento y evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal en México. Hallazgos 2016. CIDAC
41    Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe Anual 2016.
42    United States of America Mexico. Bi-National Criminal Proceeds Study. US Department of Homeland Security.
43    National Drug Threat Assessment 2016. DEA
44    Topher L. Mc Dougal, et. al. The Way of the Gun: Estimating Firearms Trafficking across the US Mexico Border. Journal of Economic Geography, Vol 15-2. Marzo 2015, pp. 297-327.
45    U.S. Efforts to Combat Firearms Trafficking to Mexico Have Improved, but Some Collaboration Challenges Remain. (GAO-16-223). Government Accountability Office. Enero 2016.
46    Ana González-Barrera y Jens Manuel Krogstad. What we know about ilegal immigration from Mexico. PEW Research Center, 2 de marzo 2017.
 
47    Corrupción entendida como la apropiación ilegal e ilegítima de lo público
48    La casa blanca de Enrique Peña Nieto (investigación especial), Aristegui Noticias, 2014.
49    Corrupción envuelve a 11 exgobernadores, Excélsior, abril 17, 2017. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/17/1158092
50    Las Personas y la corrupción: América Latina y el Caribe, Transparencia Mexicana, 2017
51    Reporte de la encuesta telefónica sobre confianza en las instituciones, CESOP, 2014.
52    Encuesta nacional en vivienda, Parametría, 2015.
53    Confianza en instituciones Encuesta nacional trimestral, Buendía y Laredo, 2017. https://www.eleconomista.com.mx/politica/Hilan-siete-anos-de-bajas-en-credibilidad-20161127-0011.htmlhttp://buendiaylaredo.com/publicaciones/404/confianza_instituciones1.pdf
54    Comunicado 118 de la SHCP, Gobierno Federal, 2017
55    Humberto Moreira, el gobernador que dejó más deuda, El Siglo de Torreón, enero 15, 2016.
56    Deudas estatales, mucho camino por recorrer, El Financiero, julio 13, 2017
57    Servicio Profesional de Carrera, SFP. http://www.spc.gob.mx/antecedentes4.htm